Durante la semana surgió, de nueva cuenta, el debate sobre la educación superior publica en nuestro país. Mientras que el rector de la UNAM, José Ramón Narro Robles, demandaba mayores recursos para la institución que él dirige, algo que cualquiera en dicha posición debe de hacer, el senador panista por Chihuahua, Gustavo Enrique Madero Muñoz respondió que es el momento de dar resultados y rendir cuentas. Esto último bastó para que algunos exaltados demandaran una inmediata disculpa por parte del ciudadano Madero, a la par que le endilgaban el sambenito de hereje por atreverse a criticar a lo que ellos califican de “sacrosanta” institución educativa. Al unísono, otros advertían que se trata de una nueva embestida sobre la educación pública. Desde nuestra perspectiva las reacciones fueron exageradas y tanto le damos la razón al ciudadano Narro al demandar mayores recursos para la UNAM, como de igual manera apoyamos la postura el ciudadano Madero, permítanos explicar el sustento de nuestra aseveración.
Es de todos conocido que nunca los recursos asignados serán suficientes para satisfacer las necesidades de las instituciones educativas públicas.

Sin embargo, en el caso específico de la UNAM hay algunos aspectos que debemos de considerar. A pesar de que se nos quiere presentar a esta institución como una entidad monolítica en donde la excelencia académica prevalece, eso no es cierto del todo. Desde el momento en que una gran cantidad de quienes a ella ingresan lo hacen por la vía del “pase automático,” ese
argumento se tambalea. En la UNAM existen, aun cuando públicamente no se quiera aceptar, dos mundos. En uno de ellos se encuentra la gran mayoría de los estudiantes y en el otro se hallan quienes reciben instrucción en los grupos de excelencia académica. Las diferencias de conocimientos entre unos y otros son significativas y confirman lo que siempre hemos expresado, a las instituciones de educación superior deberían de tener acceso todos aquellos que posean las capacidades y estén dispuestos a someterse al rigor académico que en ellas habría de imperar.

Por lo que concierne a los investigadores, nadie pone en tela de duda la importancia del trabajo que realizan. Sin embargo, en igual forma, debe de mencionarse que alrededor de ellos se han creado “círculos de poder” en donde el amiguismo, no los conocimientos y la preparación académica, se ha convertido en la norma que determina quienes pueden desarrollar o no tales encomiendas. Esto es lo que eluden mencionar quienes se rasgan las vestiduras porque el senador Madero demanda “necesitamos que nos informen, nos platiquen, nos actualicen de cómo se utilizan todos estos recursos, que son cuantiosos, son el 50% de toda la investigación que se hace en el país, y precisamente en qué patentes, en qué investigaciones, en qué resultados en donde se está teniendo más éxito”. Desde nuestro punto de vista, el reclamo del ciudadano Madero es totalmente válido y en nada atenta en contra de la educación superior de nuestro país.

En diversas ocasiones hemos comparado el caso de la UNAM con el de aquel hijo entrado en edad adulta que continúa dependiendo económicamente del sustento paterno y se niega a informarle a su proveedor de la forma en que dispone de tales caudales, ya que alega es mayor de edad. Así, se comportan los funcionarios de la UNAM, exigen más recursos, pero a la hora en que el Gobierno federal, o mejor dicho la sociedad mexicana que es la verdadera proveedora, solicita rendición de cuentas, los universitarios se muestran ofendidos e invocan la autonomía y evitan darnos pormenores al respecto.

Creemos firmemente que las instituciones de educación superior apoyadas por el estado mexicano deben de existir. Pero a la par, estamos convencidos de que la autonomía universitaria no implica extraterritorialidad o disponer de los recursos públicos asignados sin dar cuentas claras del destino de ellos. En igual forma, dado que se trata de instituciones públicas, en el entorno académico debe de prevalecer el debate de las todas las corrientes de pensamiento, se esté o no de acuerdo con ellas o formen o no parte de la moda, no hacerlo es caer en lo que critican a otros.

En síntesis, solicitar claridad en el uso de recursos públicos destinados a la educación superior no implica conspiraciones en contra de esta última. Pero tal vez, lo que el ciudadano Narro requiera no sea demandar mayores recursos. A lo que urgentemente debería de abocarse es a iniciar una reforma de la institución que dirige. Ello, le permitiría sacudirse antiguos atavismos que ayudarían a mejorar tanto los niveles de eficiencia académica, como el uso de los recursos presupuestarios. Este es el verdadero lastre que impide se brinde una educación superior a la altura de la que publicitariamente nos ofertan.

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