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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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19 Noviembre 2017 04:00:00
La SCJN y la publicidad gubernamental
El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en esta semana acerca de la publicidad oficial es histórico porque, por primera vez, se concede un amparo por omisiones legislativas.

Lo interpuso Artículo 19 porque el Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la publicidad gubernamental.

Independientemente de su importancia histórica, la extensa sentencia contiene consideraciones que trascienden ese tema –de pronto, de manera que parece excesiva– que concitan una reflexión más profunda.

Hace alusión ese tribunal a diversos criterios propios y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contiene también consideraciones que invitan a la reflexión sobre el tema de los medios, aunque en rigor nada tengan que ver con el tema central de la omisión legislativa.

En uno de esos temas se concentra esta entrega, que en ocasión distinta se ocupará seguramente de los otros. Hoy toca, por su relevancia, al que tiene que ver con las directrices normativas que, según el fallo, acotan la difusión hecha por las autoridades del país.

“La simple propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”, dice la resolución.

Por eso, insiste, “los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente (y por lo tanto), una democracia deliberativa requiere de medios de comunicación profesionales e independientes que informen y den a conocer los distintos puntos de vista…sobre un problema de interés público”, para que así los ciudadanos puedan formar su propia opinión, en tanto que supone que la ausencia de regulación “propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión”.

Por esa razón, el órgano jurisdiccional estimó que la “dimensión colectiva” de la libertad de expresión (noción discutible en su contenido y significado) impone al Estado el deber de actuar neutralmente al asignar recursos “entre los medios de comunicación” y concluyó que “es imprescindible que existan reglas que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de una manera completa y justa”.

Hasta aquí, todo parece marchar bien, pero las cosas se confunden cuando se abordan cuestiones tales como ¿qué tiene que ver la libertad de expresión, per se, con la inconstitucionalidad de la omisión legislativa? Si la propia resolución afirma que “ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial” ¿a qué viene tan extensa consideración sobre ese rubro, como la que se contiene en las consideraciones del fallo?

Es verdad que la libertad de expresión es básica, pero ¿sin cortapisas? Los agentes gubernamentales pueden usar el presupuesto no sólo para restringir o “castigar” a los medios no afines a ellos, pero también para combatir corrientes o personas incómodas a quienes consideren adversarios y aún existe la posibilidad de que algún medio busque presionar para obtener mejores condiciones de financiamiento presupuestal, y estos últimos supuestos –quizás porque pueden incomodar susceptibilidades mediáticas– no los aborda el ponente ni los incorpora la sala, a pesar de ser cuestiones torales en la materia ¿Debe ocuparse de ello la legislación reglamentaria de la Constitución?

La importancia y la trascendencia de esas cuestiones para la realidad política contemporánea obligan a una referencia específica, que habrá que dejar para la próxima entrega.

Mientras tanto, que tengan una buena semana.

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