×
Vicente Bello
Vicente Bello
ver +

" Comentar Imprimir
08 Octubre 2016 04:00:00
La trata de personas y la complicidad de las autoridades mexicanas
Javier Bolaños Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo:  “108 mil mujeres, según el Inegi, fueron forzadas, obligadas a realizar  trabajo sexual en 2009”.

Y apostillaba: “Es la población de una ciudad pequeña o mediana, y aquí la pregunta es: ¿qué hacen las autoridades para evitar este tipo de circunstancias?”

Era su participación en el Foro Internacional La Explotación Sexual: Violación de Derechos Humanos, celebrado ayer en San Lázaro. El diputado federal del PAN advirtió: “Estos (datos) van a permanecer mientras no tengan como consecuencia las acciones correspondientes”.

Luego dijo que en los territorios del Congreso mexicano “se han venido proponiendo cambios a la legislación, hay más de 30 iniciativas de la anterior legislatura y 15 de la actual que ya se están procesando”.

Y entonces arengó a los senadores a trabajar en comisiones para dictaminar la Minuta de  reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que los diputados aprobaron desde el 3 desde diciembre de 2014.

Ese día, en la tribuna de San Lázaro, el dictamen aportó los siguientes datos:
“De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, dijo la entonces diputada federal del PRI por Coahuila Miriam Cárdenas Cantú, “la trata de personas es un problema de gran repercusión trasnacional, (porque) se identifican claramente a 152 países de origen y 124 de destino, y el 53 por ciento de las víctimas globales de este fenómeno lo son bajo la forma de explotación sexual, advirtiéndose en los últimos años incrementos alarmantes para el caso de los trabajos forzados, mendicidad y diversas formas de servidumbre”.

En términos cuantitativos, continuó la coahuilense, “se estima que este delito genera ingreso  anuales por más de 32 mil millones de dólares. (Pero además) de acuerdo con la ONU al menos 27 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito, de las cuales se calcula que de dos a cuatro millones de personas son captadas anualmente para estos fines, y, de éstas, entre 800 mil y 900 mil son trasladadas a través de las fronteras para ser sometidas a algún tipo de explotación”.

La argumentación de Miriam no tuvo desperdicio. “Quienes trafican con personas”, añadió la diputada, “engañan a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad”.

Fue esa diputada quien aportó la definición de trata de personas elaborada por el Protocolo de Palermo: “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción. (También) al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. A la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de las personas que tengan autoridades sobre otra con fines de explotación”.

La entonces diputada federal del PT Lilia Aguilar, dijo también el 3 de diciembre de 2014: “La ONU tiene catalogado a México, en el delito de la trata de personas, como un país de origen, tránsito y destino para la trata. Y, en México, los principales propósito de la trata son la explotación sexual y los trabajos forzados”.

Ese día, Lilia Aguilar lanzó una pregunta que enmudeció al Pleno: “¿Quiénes se benefician de la trata de personas?”

Y ella misma se respondió: “Los falsificadores de documentos y los servidores públicos, las autoridades municipales, la policía ministerial que congela las denuncias u operativos, empresarios hoteleros y todos aquellos que hacen un negocio de los trabajos forzados, de la explotación sexual y, sobre todo, de la venta de órganos”.

Lilia Aguilar fue una de las diputadas más críticas de la 62 Legislatura.

Continuó: “Podemos concluir que (el delito de la trata es) un problema estructural, lo que no solamente tiene que ver con delincuentes, con empresarios que han hecho un negocio de la trata de personas, sino también tiene que ver con la complicidad de las autoridades, con todos aquellos que ayudan a que extranjeros vengan a México para que sean tratados ya sea como modelos, como edecanes y para que presten servicios sexuales, para que todas aquellas autoridades que se hacen del ojo chiquito y que no denuncian y no tratan de ninguna manera el delito de la trata”.

Fue Lilia quien puso el cascabel al gato: “Existen en México 363 municipios donde la población, en especial las mujeres, las niñas, los indígenas y los migrantes viven en condiciones de alta vulnerabilidad para la trata de personas.

Y las entidades con mayor riesgo de incidencia de la trata son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo”.

No citó nombres de ciudades, pero generalizó con todas las de las dos fronteras del país, en donde “existe zonas llamadas de tolerancia, que yo llamaría de impunidad, en donde se desarrolla el comercio sexual, permitido por la población y las autoridades, y donde el delito de la trata es rey”.

Aquella reforma del 3 de diciembre de 2014 fue convertida en una fiesta legislativa. Más de 40 reservas de modificación de artículos en lo particular se presentaron. Y al final fue enviada la minuta al Senado de la República.

A esta modificación, desde entonces, le ha faltado el dictamen de los senadores.

Y es a la que se ha referido este viernes 7 de octubre de 2016 el diputado presidente.

" Comentar Imprimir


COMENTARIOS


columnistas

top-add