Si se generalizara el IVA, entonces sí se podría reducir el ISR o el IETU

Para nadie es un secreto que entre Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, existen diferencias de criterio sobre cómo manejar ciertos capítulos de la política económica. Pero son pocos los que dudan que ellos, con todo y sus diferencias, son, en muy buena medida, los responsables de la cierta estabilidad que ha logrado la economía mexicana en los últimos años, aún ante la durísima crisis que nos ha tocado vivir.

Por eso, más importante que destacar las diferencias sobre el porcentaje de decrecimiento de la economía mexicana, de si será de menos 0.8 por ciento o de 1.8 por ciento o si habrá (vaya eufemismo) un crecimiento cero (cifras que además no dicen nada porque nadie, con certidumbre, puede predecir cómo evolucionará en el corto plazo la economía mundial y tampoco, por lo tanto, puede hacer previsiones realmente sustentables), lo más destacado de la participación de ambos en el foro convocado en el senado sobre la crisis y luego en el Foro Mundial de Davos, es la coincidencia que mostraron en un punto: para poder sortear y salir de la crisis se requieren reformas de fondo en empleo, sistema de licitaciones, simplificación administrativa, inversiones, recaudación fiscal, que el Congreso ha ido postergando año con año sin otorgarle al Estado los instrumentos que éste requiere para crecer y afrontar las situaciones difíciles como las que estamos viviendo.

Los ex mandatarios de España y Uruguay, Felipe González y Julio María Sanguinetti, lo dijeron con toda claridad: sin inversión (pública y privada, nacional y extranjera) simplemente no habrá crecimiento. Y un Estado debe buscar e implementar todas las medidas posibles, sobre todo en una crisis, para incentivar las inversiones. Y no lo estamos haciendo. Crear un empleo es demasiado costoso, establecer regímenes especiales de contratación es una opción que prácticamente no existe, como la contratación de tiempo parcial. Por supuesto que todo eso ocurre pero en la informalidad o con sistemas que ni protegen a los trabajadores ni le otorgan a las empresas la flexibilidad que necesitan sobre todo en épocas como las actuales. Hoy sería más importante para los trabajadores conservar los empleos, aunque sea a tiempo parcial, que perderlos. Y hoy para las empresas existen más estímulos para deshacerse de sus trabajadores que para conservarlos.

Algo similar sucede con el sistema de licitaciones: es tan tortuoso y lento que puede tomar meses decidir por una opción, provoca que los inversionistas se desalienten y busquen otros mercados y terminan postergándose, como ha ocurrido con el ambicioso proyecto de Punta Colonet. Como ocurre con el empleo esa burocratización y complejización del proceso genera un fenómeno aún más dañino: el abuso de muchos gobiernos, sobre todo estatales y municipales, incluyendo el DF, en la adjudicación directa de tramos de obras para no tener que pasar por las licitaciones, agilizar las cosas en algunos casos y beneficiar a empresas amigas en otros y, finalmente, encarecer todo el proceso a costa de los contribuyentes.

Con motivo de la crisis se ha vuelto a hablar del IETU, un impuesto que nunca le ha gustado a los empresarios, y de la posibilidad de reducirlo para impulsar la economía. Podría ser posible, aunque en esta coyuntura muchos coinciden en que es más importante impulsar el gasto que reducir la recaudación, sobre todo cuando buena parte de ese gasto tendrá que provenir del sector público. Pero la verdad es que el IETU y muchos otros impuestos o regímenes especiales podrían ser eliminados si se tuviera mayor sensatez y se apelara al impuesto al consumo que es el que norma la economía de todos los países que tienen una recaudación eficiente, sin excepciones. En otras palabras, si se generalizara el IVA, entonces sí se podría reducir el ISR o el IETU y eliminar los regímenes especiales. Durante la pasada reforma hacendaria el tema se satanizó y se tuvo que crear toda una estructura fiscal para compensar los ingresos que requiere el Estado, cuando la única forma real de universalizar el compromiso fiscal en un país como el nuestro, donde son más los que no pagan impuestos que quienes sí lo hacen, es a través del consumo.

Si además se está en una estrategia de tratar de impulsar el gasto y facilitar las inversiones, todos esos capítulos: flexibilización y reforma laboral, sistema de licitaciones, regímenes fiscales simplificados, podrían ser casi imprescindibles, como de una u otra forma lo expresaron tanto Carstens como Ortiz, y los principales invitados al foro convocado por el Senado.

Si nuestros funcionarios viven en una zona de confort sin comprometerse demasiado, lo mismo puede decirse de nuestros legisladores. Es verdad que cada país tiene una forma de hacer sus cosas, de acomodar sus acuerdos políticos y que en nuestro caso tenemos que alegrarnos, aunque parezca demasiado poco, con que por lo menos se hayan logrado acuerdos legislativos luego de una década de parálisis. Pero lo cierto es que esos acuerdos en muchos temas, como el fiscal o la reforma del Estado (que quedó en sólo un esbozo de lo que había propuesto Beltrones), se han quedado en lejanas aproximaciones a lo que realmente requiere el país, a las reformas de las que tanto se ha hablado y sobre las que tan poco se ha hecho.

O que cuando se concretan, como la educativa, sufren todo tipo de agresiones (sin tomar en cuenta, por ejemplo, que la educación, desde los maestros y los sistemas hasta la infraestructura, será uno de los pilares del plan de reactivación económica, por ejemplo, de Obama). Y allí hay responsabilidades compartidas. Es prácticamente imposible ahora hacer todo eso, pero por lo menos se tendría que hacer un esfuerzo para sacar en estos meses, en el periodo que comienza el lunes, algo de esa interminable lista de pendientes.