Libertad o elecciones

Primero es la libertad, luego la democracia, porque ésta, sencillamente, no puede existir bajo un régimen que constriña los derechos humanos y determine su voluntad política. Como en el Porfiriato, por ejemplo, cuando el viejo dictador ganaba los comicios arreglados a su gusto para jactarse de su popularidad y mantenerse en el poder... incluso cuando admitió, en la famosa entrevista con Crelman, su deseo de darle la bienvenida a distintos partidos como muestra de madurez cívica... con el visto bueno de la suprema voluntad. Aquello, desde luego, fue una falacia que llegó a su fin con el maderismo y los primeros comicios “creíbles” de nuestra historia, obviamente a favor del caudillo.

La anotación viene bien porque, por el revuelo de crear instituciones con las consiguientes reformas electorales, algunos que se encumbran como magistrados o consejeros consideran inexpugnables sus cargos y absolutas sus decisiones, sobre todo las del Trife que absurdamente son consideradas “inatacables” por cuanto con ello se pretende evitar conflictos a posteriori, sobre todo después de los tremendos desaseos de 2006 y la asunción presidencial de Calderón a trompicones, como si se tratara de un corral de comedias.

La torpeza llega a tal punto que el IFE y el Trife, dos órganos que marchan en líneas paralelas a pesar de sus supuestas autonomías –de hecho, los dirigentes partidistas, incluso los del gobernante PAN, no dejan de dudar sobre los perfiles de algunos de sus integrantes que no se ofrecen como incondicionales de determinada causa-, consideran que pueden imponer sus criterios incluso a los medios de información que pugnan, o debieran pugnar, por defender, en todo momento y hora, su derecho a la libre expresión de ideas. Cualquier cosa que vaya a contrasentido de esta regla, moralmente incontrovertible, lastima profundamente el ámbito de libertades en el que únicamente puede crecer la vida democrática. Es decir: Al prohibir emitir tal o cual acto proselitista, como lo han hecho respecto a debates supuestamente internos entre precandidatos, están maniatando a la opinión pública y actuando igual a como lo hubiera hecho la Gestapo, persiguiendo y sancionando con saña a los emisores de noticias. Tal actitud no puede, de modo alguno, ser aceptable.

De la misma manera, en algunas entidades se persigue, con ferocidad, a quienes, de acuerdo con el criterio cerrado de las “autoridades electorales” –con pretensiones de ser absolutas-, divulguen encuestas de salida o tendencias una vez terminado el plazo para votar. La coerción llega, en ciertos casos, hasta a penas carcelarias y a multas millonarias que sólo pueden ser pagadas por instituciones solventes, como los partidos que reciben participaciones generosas por parte del Estado, no por periodistas, por citar ejemplos, limitados a sus propios ingresos.

Recuérdese siempre: primero es la libertad; no podría ser de otra manera, insisto, porque sin ella los tiranos de todos los tiempos –incluso en el presente en donde no pocos personajes mesiánicos se prolongan el poder avasallando a sus pueblos-, imponen su ley. Véase lo sucedido en Venezuela: Cuando Hugo Chávez recibió el primer “no” respecto a sus reformas constitucionales para reelegirse, insistió, una y otra vez, hasta que se salió con la suya y sus opositores fueron sencillamente arrollados, o encarcelados, al más puro estilo de los cubanos hermanos Castro –los de México, por fortuna, son grandes cantantes e histriones-.

Las simulaciones políticas y comiciales llevaron también al PRI a mantener una larga hegemonía extendida a siete décadas. Y al PAN, una versión corregida y aumentada de los antiguos vicios, a apostar por la continuidad política creando el clima ideal para ello: El caos que obligaría a los presuntos electores a inhibirse para posibilitar los ejercicios de laboratorio que se consumaron en 2006 con el manejo de una franja de un millón de votos. La proeza fue, en todo caso, que el partido en el gobierno logró situarse a la par con la izquierda cuya vanguardia comenzó a hacer agua en cuanto la soberbia obnubiló al abanderado. Lo demás fue tan sencillo como aplicar la vieja metodología de los votos hasta de los muertos y los ausentes –en tiempos de “pizca” en Norteamérica-, para reducir y superar la desventaja y evitar la arribazón del “peligro” para México.

Quizá por ello son los mismos quienes operan las campañas a favor del PAN. Sin rubor alguno, Josefina Vázquez Mota se “blindó” ante el presidencialismo que enarbola Ernesto Cordero, contratando –o “fichando” como se dice en el argot hispano-, al español Antonio Solá, estratégicamente nacionalizado “mexicano” por decisión discrecional del señor Calderón, esto es para que nadie pidiera, para él, como debió hacerse desde 2006 la condición de “persona non grata” y con ella retornar a sus arrabales de la calle de Conde de Peñalver, en Madrid, muy cerca de la Plaza de Felipe II y el insustituible “Corte Inglés”, uno de los almacenes más amplios y prósperos del mundo sobre todo en tiempo de crisis.

Poco ha cambiado entonces, salvo la filosofía que privilegia los argumentos de algunos “especialistas” intocables –magistrados, consejeros-, que olvidan cuáles son los verdaderos principios torales y se arrogan facultades aprovechando, por supuesto, las lagunas jurídicas y los vacíos de poder. Son expertos en estas males artes que los habilitan a hacer y actuar como les da la gana. Y luego negocian, como lo hizo Luis Carlos Ugalde, ex presidente consejero del IFE, con el gobierno calderonista, a punta de insinuaciones escritas con sabor a chantaje; y le pararon los pies antes de que diera más patadas al pesebre. ¡Vaya función de pobres diablos!

Así, ahora, se limita al periodismo y a los medios masivos por puro afán de protagonismo, o por capricho o acaso por torpeza, el sello más socorrido del presente. Pero se ahoga a la libertad y es ello lo que no debe, ni puede consentirse.


Debate

Los colegios electorales en el pasado eran muy cuestionados porque imperaba el “mayoriteo”, obviamente priísta, que determinaba el cauce de cada caso más por consigna que por la riqueza de los debates. Era frecuente, en una cámara baja integrada por 500 miembros, que la defensa personal no fuera suficiente, ni siquiera presentando pruebas, cuando las negociaciones al respecto no habían prosperado. Y lo contrario: La entrega de alguna curul o de algún escaño, aun sin discusiones sólidas y convincentes, si tal se acordaba entre la superioridad política.

Fue ésta la razón por la cual se optó por la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en el que siete “sabios”, supuestamente apartidistas –ninguno de ellos lo es en esencia como he demostrado en “Nuestro Inframundo”, Jus, 2011, el libro censurado por las editoriales con capital español por órdenes de la Presidencia-, se toman las atribuciones necesarias para determinar recorridos, tiempos y límites no sólo para los postulantes de cada partido –sobre sí deben imperar ciertas reglas- sino también para manipular a los medios informativos y a la opinión pública, restándoles el derecho a la libertad de conocer y seguir a quienes pretenden ocupar cargos de elección popular sin distingos de debates privados o públicos, calificados así por los propios “sabios” inatacables.

En sentido estricto, los vicios del mayoriteo grosero obligaron a reducir las calificaciones electorales de 500 interventores a sólo siete, lo que democráticamente es sencillamente un absurdo aun cuando pueda comprenderse el porqué. Y lo peor: El hecho de que el Tribunal tenga la última palabra, sin apelación posible como en todos los demás renglones de la vida judicial, reduce sensiblemente el ámbito de la justicia y de la libertad.
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