No debe ser condición la fluidez de los recursos según la filiación política

Hay gobernadores que se achican de buenas a primeras y alcaldes que se agigantan, también, a las primeras de cambio. Pasa en Nuevo León, donde Fernando Larrazábal y Mauricio Fernández empezaron a eclipsar al bisoño mandatario estatal Rodrigo Medina –herencia de José Natividad González apadrinada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari–, tan pronto asumieron las presidencias de Monterrey y San Pedro el domingo pasado.

Medina ganó con facilidad la gubernatura, pero su partido, el PRI, perdió los municipios clave: la capital y San Pedro con el PAN. Si el candidato de Acción Nacional al gobierno es Larrazábal, quizá Medina no despacharía hoy en el Palacio de 5 de Mayo. Alcalde por segunda ocasión, Fernández le disputó sin éxito el gobierno a González Parás hace seis años. El liderazgo del flamante ejecutivo neoleonés ya es contrastado con el de los alcaldes conurbados.

La zona metropolitana de Nuevo León es blanco, como otras del país –Saltillo-Ramos Arizpe y Torreón-Gómez Palacio, en los casos de Coahuila y La Laguna–, de la delincuencia especializada en narcotráfico, extorsión y secuestro. En ese contexto llamó la atención que en su primer discurso Fernández anunciara que a más de 900 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México aparecieron muertos el líder y varios secuaces de una banda que tenían asolada a la ciudad de San Pedro y que a él mismo lo había amenazado.

Mientras el gobernador Medina se encoge, al tiempo que unos aplauden la energía y efectividad del Alcalde y otros hablan ya de escuadrones de la muerte, Fernández se sostiene: asegura que combatirá el narcotráfico y el plagio aun fuera de los ámbitos de su competencia. La pregunta de cómo supo de las ejecuciones en la capital del país antes de que las autoridades informaran sobre el hallazgo de los cuerpos, tiene respuesta para cada gusto. Sin embargo, jamás será la acción directa, proceda de la sociedad o del Gobierno, alternativa contra la delincuencia.

En tanto que Medina lidia con Fernández y Larrazábal, en Coahuila los alcaldes panistas de Torreón y Ramos Arizpe no representaron para Humberto Moreira mayor problema, y menos lo serán Jericó Abramo y Eduardo Olmos. José Ángel Pérez, por sus ansias futuristas, y Ricardo Aguirre, por hacer méritos al margen de su partido, fueron enemigos de sí mismos y, por consiguiente, de sus respectivos municipios. Ser gobernador después de ocupar la Alcaldía de Saltillo le permite a Moreira entender mejor los problemas de cada cabecera.

Aunque no es ni debe ser condición que los recursos a los municipios fluyan según la filiación política de sus alcaldes, sí lo es que la convivencia entre autoridades de distinto partido se finque en la colaboración y el respeto mutuos, pues de lo contrario sobreviene la ruptura; o, por lo menos, la falta de acuerdos que deviene en suspensión de proyectos y menos obras, como sucedió en Torreón. Ahora que la capital lagunera será gobernada por el PRI de nuevo, y ya que con el alcalde del PAN no hubo entendimiento, debe esperarse que Moreira no sólo tenga mayor presencia, sino que, como en Saltillo, también se sientan los efectos de una relación constructiva entre el Alcalde y el Ejecutivo. De respeto y cooperación, insisto.

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