Las personas morales en México —sobre todo las grandes empresas—, suelen ser muy inmorales a la hora de pagar sus contribuciones.

Hasta antes de la reforma fiscal que estableciera el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), de cada 10 pesos que los contribuyentes aportábamos al fisco, las personas morales sólo ponían 30 centavos.

En cambio, los asalariados contribuíamos con 6 pesos y los particulares dedicados a alguna actividad por cuenta propia (médicos, abogados, taxistas, vendedores, consultores) aportaban alrededor de 3 pesos con 90 centavos. Así lo expuso un estudio publicado a principios de 2006 por el Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas del ITAM.

Por debilidad del Estado mexicano y también por maña de los estrategas fiscales de las grandes compañías, México se convirtió en un paraíso para los más poderosos empresarios mexicanos. Tal cosa ha provocado que seamos los ciudadanos de a pie —asalariados y profesionistas independientes— quienes carguemos con la mayor parte de la responsabilidad a la hora de financiar las actividades de las instituciones públicas.

Fue principalmente por esta razón que el secretario de Hacienda del gobierno calderonista, Agustín Carstens Carstens, propusiera la ingeniosa invención del IETU; un impuesto llamado de control porque sirve para combatir la endémica elusión fiscal que las grandes empresas hacen con respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En un lapso muy breve el antídoto de Carstens resultó eficaz. Gracias al IETU, el Estado mexicano recaudó el año pasado casi 100 mil millones de pesos adicionales. Sin exagerar, podría afirmarse que de esa cuantía era el tamaño de la elusión a la que estas compañías estaban acostumbradas.

Era de esperarse, sin embargo, lo que sucedió después. Poco más de 31 mil empresas optaron por recurrir al amparo fiscal para recuperar su dinero. Tal como lo han hecho siempre, prefirieron pagar exorbitantes sumas a sus abogados con tal de evitarse el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Según la nota de Carlos Avilés, publicada hoy en EL UNIVERSAL, los amparados quieren de vuelta en sus arcas privadas alrededor de 71 mil millones de pesos.

Después de haber sido derrotado este asunto por los jueces de primera instancia, ahora los 31 mil juicios se encuentran en las manos de la Suprema Corte de Justicia.

Cabe temer por el criterio que la cabeza del Poder Judicial vaya a aplicar a la hora de interpretar la constitucionalidad del IETU. La Corte se ha prestado ya en el pasado para privar al Estado de sus ingresos, protegiendo a los contribuyentes más influyentes del país; aquellos que, a diferencia de los pobres mortales, sí pueden sufragar los costos exigidos por sus turbo-abogados.

A la hora de decidir sobre este espinoso caso, los actuales ministros habrían de tener en cuenta que está en su facultad prolongar, o ponerle punto final, al paraíso fiscal en el que se nos convirtió el país, para beneficio de unos cuantos lucradores del derecho.

La equidad en las contribuciones fiscales, principio fundamental en todo sistema tributario democrático, es antagónica con el hecho de cargarle —a quienes no pueden pagarse el lujo de contratar amparistas profesionales— la gran mayoría de las contribuciones que los ciudadanos hacemos al Estado. Algo más que 30 centavos por cada 10 pesos deberían aportar las personas morales al erario público.

En este mismo contexto vale la pena destacar la iniciativa que recientemente presentaron los tres líderes de las más importantes bancadas parlamentarias en la Cámara Baja —Héctor Larios (PAN), Javier González Garza (PRD) y Emilio Gamboa Patrón (PRI)—, la cual tiene por objeto reformar el artículo 107 de la Constitución, justamente a propósito del juicio de amparo de naturaleza fiscal.

Hasta ahora, la inequidad se ha visto ampliada por la capacidad que tienen los jueces para otorgar amparos de manera diferenciada. Dada la cláusula Otero (la cual determina que los efectos de cada sentencia sólo benefician a quien emprendió dicho juicio y no a todos los afectados por una situación idéntica), nuestros tribunales han podido discriminar entre los potenciales o reales afectados por las autoridades hacendarias.

Nuevamente en este caso, sólo quienes cuentan con los servicios de los mejores abogados logran eludir sus respectivas responsabilidades. Porque la igualdad ante la ley y ante el Estado merece más que un discurso, valga aquí hacer votos para que esta iniciativa prospere pronto.

Analista político