Los 628 legisladores federales se reunirán mañana, miércoles, en San Lázaro, en sesión de Congreso General, para dar inicio al segundo periodo ordinario de sesiones de lo que ya es el tercero y último año de la 61 Legislatura.

Primero: sesionarán los 37 legisladores que integran la Comisión Permanente para la clausura del receso; segundo: los 500 diputados federales y 128 senadores se concentrarán en el recinto grande de San Lázaro en lo que se ha dado en llamar Sesión de Congreso General.

Y tercero: los diputados realizarán su primera sesión ordinaria, en la que presumiblemente sólo recibirán comunicaciones que suele enviar el Ejecutivo Federal, para después dar por concluida la asamblea y citar a la siguiente, la del jueves, en la que entonces no sólo se conocerán comunicaciones y las primeras proposiciones de exhortos (puntos de acuerdo), sino también algunas iniciativas de reformas de ley y hasta alguno que otro debate.

El periodo ordinario en cierne sólo constará de 25 sesiones y estará, sin duda, atiborrado de temas que tendrán que ver, por necesidad, con sus dos funciones básicas: la legislativa y la de control político. ¿Qué tantos beneficios para la mayoría de la población saldrán de todo ese trabajo político legislativo? Es una pregunta que irá recogiendo respuestas conforme avance el periodo ordinario. Y entre tales respuestas, a no dudar, se irán entreverando también los costos, sean éstos políticos, sociales o económicos.

En el periodo legislativo y parlamentario que por comenzar está, los diputados y senadores se toparán con algo mucho más que meros molinos de viento: se toparán con ese gran río turbulento en que ya se ha transfigurado la sucesión presidencial.

No vayamos lejos: este lunes, cimbró los territorios de San Lázaro la noticia de que la Procuraduría General de la República ha lanzado una alerta para que todas las instituciones que tengan que ver con aduanas, aeropuertos y fronteras impidan que los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –los tres, de filiación priísta- salgan del país, porque, según la argumentación judicial, están bajo sospecha de que han tenido que ver con el crimen organizado y porque ninguno de los tres ha querido comparecer judicialmente ante el Ministerio Público federal para contribuir con las investigaciones sobre el asesinato, el 8 de junio de 2010, del que fue candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.

Y otro leño al fuego: La PGR detuvo en el aeropuerto de Toluca, el pasado viernes, a dos empleados del primer círculo de gobierno del gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte, a quienes les decomisaron dos maletas con dinero en efectivo por 25 millones de pesos.

La versión de que el efectivo lo envió Duarte a Enrique Peña Nieto –para la campaña presidencial del candidato priísta- se extendió como la niebla ayer, en San Lázaro. Y se cerraba todavía más cuando la PGR advertía que retendrían el dinero hasta que fuera plenamente esclarecido el origen y destino de los 25 millones de pesos.

En un comunicado, el gobierno de Javier Duarte respondió que el dinero de marras viajaba en ese avión -con matrícula oficial del Gobierno del Estado de Veracruz- para la contratación de “artistas, montaje de escenarios y producción de materiales de promoción de fiestas populares, incluyendo el carnaval veracruzano”; dinero que sería repartido así: “dos millones para las fiestas de La Candelaria, 15 millones para el Carnaval y ocho para la Cumbre Tajín”.

Ayer, el mismo Duarte exigía la devolución del dinero; pero, monolítica, la PGR exigía pruebas del origen y destino de las dos maletas de dinero en efectivo, so pena de decomiso.

En tres días, el Gobierno federal ha castigado con dos chicotazos de vuelta completa a los lomos del PRI, y las consecuencias políticas de estos dos hechos se han incorporado a los estribos de las agendas legislativas que los diputados y senadores habrán de presentar esta misma semana, en sus respectivas sedes.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, José Ramón Martel López, exigió a voz en cuello a Acosta Naranjo que presentase pruebas “contundentes”. Y se reunieron ayer. Martel declaró: “se me mostró una foto de una caja, como de cajeta, o del tamaño de un queso de tuna, que me dijeron se llama ´pollo”. Esto, en alusión a dos cables sostenidos con pinzas de otro más, y que dan la impresión de que son las patas de un pollo colgado en el rastro, descabezado.

Detrás de su aparente ignorancia sobre el tema (“no soy un experto en el tema”, decía en la entrevista múltiple), era evidente que Martel intentaba poner en ridículo a Acosta Naranjo. A su vez, el nayarita tiene su turno este martes, cuando presente las otras pruebas que ha asegurado tener.
Comparte ese artículo: Facebook Favicon Facebook Google Bookmarks Favicon Google Bookmarks Twitter Favicon Twitter YahooMyWeb Favicon YahooMyWeb