El impulso y multiplicación de grupos y corrientes cívicas responde a la negligencia gubernamental, al empantanamiento legislativo y a los vicios del aparato judicial. Más allá del deterioro institucional, la sociedad se moviliza porque desea un México mejor. Puede extrañar la tranquilidad relativa del pasado, pero rechaza pactar con los delincuentes por ser quienes trastocan la paz y el orden públicos, a veces en complicidad con las autoridades.
Decepcionados de la política y de los gobiernos de todo signo ideológico, los ciudadanos se organizan no sólo para exigir a las autoridades locales y federales el cumplimiento de sus obligaciones, sino para participar de manera activa en el ejercicio de la democracia. Solo así pueden cumplirse los derechos constitucionales y devolver su sentido real al principio de representatividad.
La indignación social es el combustible que mueve las corrientes ciudadanas de México. Si hasta hoy el descontento contra las estructuras de poder no ha alcanzado la contundencia que en otros países, sería un error grave descartarlo. Ya fuese por conformismo crónico, por su proclividad a la ley del mínimo esfuerzo o por falta de cultura democrática –aceptar que el Gobierno lo decida todo a su manera y según los intereses del grupo en el poder–, la sociedad reaccionaba en el pasado sólo ante situaciones de emergencia u otras que la afectaban directamente; incluso no siempre.
Esa era la actitud que más convenía a los partidos, considerados a sí mismos garantes de la democracia. Todo lo que amenace sus privilegios y reduzca sus parcelas de poder, es anatema. Valga como ejemplo la mutilación de la reforma política, a la cual el Congreso despojó de los elementos más sustantivos para la ciudadanía.
Los candidatos a puestos de elección no dudan en vulnerar los principios de sus partidos y apuestan al populismo, al acarreo y a la coacción. En casos extremos recurren incluso al padrinazgo del narcotráfico. El trapecismo y la simulación en las cuotas de género, creadas teóricamente para brindar a la mujer mayor participación en la toma de decisiones, degradan aún más la política.
La movilización ciudadana –libre, crítica, responsable– debe alentarse y tomarse como lo que es: consecuencia de la crisis institucional. También es condición para reivindicar garantías constitucionales incumplidas durante siete décadas de partido único y 10 años en los que la oposición en el poder emuló las peores prácticas del contrario. Así lo confirma la revista “Time” cuyo personaje de 2011 es “The Protester”, el ciudadano que se manifiesta alrededor del mundo y entre los cuales menciona al poeta mexicano Javier Sicilia, líder del MPJD.
Una de las notas más esperanzadoras del año que declina la dieron las organizaciones y movimientos sociales –locales y nacionales– que se levantan para construir un país verdaderamente libre, justo y democrático, cosa que los partidos y la mayoría de los gobiernos no hacen.
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