Modernidad

“El Partido Acción Nacional sostiene que la actuación de los servidores públicos debe siempre enmarcarse en la legalidad y en la honradez. En los hechos, no sólo en el discurso, nuestro instituto político rechaza cualquier acto de corrupción, impunidad, tráfico de influencias u otros que puedan afectar los intereses de la sociedad,” dice el boletín difundido ayer por esa agrupación política, y la primera pregunta de ahí derivada es por qué no exige a Felipe Calderón que pida licencia en tanto el referendo decide la revocación del mandato.

Pero si Felipe Calderón se molesta y protagoniza ridículas escaramuzas tuiteras porque el poder judicial no siempre viola ni principios ni normas jurídicas para satisfacer sus ocurrencias, a quién puede extrañar que sus empleados comisionados al frente del PAN se crean autorizados a ordenar a funcionarios de elección popular renunciar a los cargos que esos votos les encomendaron. Recuérdese también que cuando los burócratas federales exceden las conductas delictivas, si se trata de protegidos de Fecal, en vez de ser castigados son transferidos al comité ejecutivo nacional panista; v. gr. Caso Molinar

Roberto Correa Méndez, director general adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación en el equipo de Francisco Ramírez Acuña, hoy sucesor de Josefina Vázquez Mota, benefició a Atracciones y Emociones Vallarta, propietaria del Casino Royale saltillense, con un permiso para abrir 41 centros de juego, un día antes de renunciar al cargo por orden de Fernando Gómez Montt; actualmente es abogado de la asociación de permisionarios, operadores y proveedores de la industria del entretenimiento y juego de apuesta en México. María Guadalupe Gómez Mares, quien le sucedió en el cargo, renunció un mes después junto con tres subdirectores y un jefe de departamento, tan pronto la secretaría de la función pública inició una auditoría.

Juan José Rojas Cardona, el llamado Zar de los Casinos es un verdadero peso completo alguna de cuyas empresas ha sido inaugurada por Norberto Rivera y, de acuerdo con un reporte de Proceso, “algunos de sus ex socios aseguran que él suele apoyar campañas políticas de panistas de Nuevo León, como los ex alcaldes de Monterrey, Adalberto Madero, y de San Nicolás, Zeferino Salgado Almaguer, así como de senadores”. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, alcalde regiomontano; Raúl Gracia Guzmán, consejero de la Judicatura nuevoleonesa y Zeferino Salgado Almaguer, delegado de Comunicaciones y Transportes en la entidad, se explica en el mismo texto, según una fuente del PAN ”recibieron una orden de Felipe Calderón: respaldar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en sus aspiraciones presidenciales”.

¿A qué tanto escándalo por las faltas de ortografía de Esperanza Aguirre? Hay que oír hablar a Rajoy, Rodríguez Zapatero, Moratinos, Cospedal, Pérez Rubalcaba, entre otros, para verificar que en la España de hoy no es el castellano la lengua en uso habitual. ¡Ay, profesor Tierno Galván, cómo se le extraña, don Enrique! Pocos gobiernos como el israelí han recogido como herencia directa las prácticas hegemónicas del III Reich y por eso Egipto expulsa al embajador de Tel Aviv.

Jesús Aranda informa en La Jornada del lunes 5 de septiembre, que por primera vez, el pleno de la Suprema Corte revisará un amparo que exige a los legisladores “abstenerse de afectar” a la ciudadanía con tributos onerosos que afecten la existencia digna de los trabajadores o, dicho de otra manera, “sobre el derecho que tienen los ciudadanos al llamado mínimo vital, que marca límites al Congreso para la imposición de impuestos” para que “el Estado mexicano cumpla con su compromiso, nacional e internacional, de encargado de ‘remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona’ y de evitar que el propio Estado afecte a la ciudadanía con impuestos desproporcionados. De manera concreta, el amparo impugna el artículo 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, producto de la reforma legal de 2007 que creó el llamado ‘subsidio para el empleo”.

Sin presupuesto y con personal prestado nace la Procuraduría Social para Víctimas del Delito. Igual que el llamado seguro popular, sin presupuesto y con personal prestado nace la denominada procuraduría social (federal) para víctimas del delito. Sexenio de ocurrencias propagandísticas, rapiña sin límite, autoritarismo como el prevaleciente tras el asesinato de Madero y Pino Suárez por aquél pistolero de los gringos llamado Victoriano Huerta. Modernidad, dicen ahora.

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