El martes pasado, en la Cámara de Diputados se iniciaron los trabajos del primer Foro sobre el Parlamento Abierto, para analizar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos foros durarán hasta el próximo 25 de agosto, por lo que en total se desarrollarán 23, en los que se debatirán 49 iniciativas constitucionales en materia electoral, sobre todo las propuestas del Mandatario mexicano.

Tal cual lo he mencionado en esta columna, la iniciativa de reforma del Presidente contempla 18 modificaciones a la Constitución y siete artículos transitorios, de las que destacan: la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); la elección de consejeros electorales mediante el voto ciudadano; la desaparición de los organismos y tribunales electorales locales y la reducción y elección de los legisladores federales por medio de listas.

Estos nuevos foros ideados por la nueva Administración federal, han sido creados con la supuesta intención de lograr una interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo.

Sin embargo, los resultados que arrojó el foro para la reforma eléctrica, no fueron en lo absoluto los que se esperaban, ya que si bien en los mismos intervinieron distintas voces de expertos, funcionarios y otros interesados, al final, terminó siendo una simulación, ya que solo se debatió la propuesta del Presidente, la cual en San Lázaro no pasó.

Así pues, y entre las precariedades o desventajas de estos nuevos foros en materia electoral se observan ciertas inasistencias, como las de los gobernadores, de funcionarios federales, y del propio Lorenzo Córdova, quien es el consejero presidente del INE, al cual dada la materia, debiera tomársele en cuenta, aunque sea para aparentar una discusión legítima del tema electoral.

Aunado a lo anterior, es evidente que a los organizadores de esta mesa de discusión se les ha olvidado, o quieren olvidar, que desde el 9 de junio pasado, los presidentes nacionales de la coalición Va por México, Jesús Zambrano del PRD, Marko Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, presentaron un documento en el cual anunciaron una “moratoria constitucional”, la cual tiene como finalidad advertir que desde ese día, no dejarán pasar ninguna reforma de carácter constitucional.

Es decir, que los legisladores de esos partidos no aprobarán ninguna iniciativa que implique modificaciones a la Constitución, tal cual sucede con la pretendida reforma electoral.

Así pues, y ante las evidentes contrariedades para llevar a cabo la soñada reforma del Presidente, aunque él no lo quiera, será de vital importancia alcanzar con sus opositores una negociación suficiente, si lo que quiere es lograr verdaderamente la aprobación de sus iniciativas.

De no hacerlo, sucederá lo ocurrido con la reforma eléctrica, en la cual debido a su nula vocación conciliadora, no pudo lograr los votos necesarios para su aprobación, aunque sí le dio bastante material para denostar e insultar a quienes no estuvieron de acuerdo con su propuesta, aprovechando electoralmente los calificativos para las elecciones celebradas en seis estados el presente año. O será acaso que, ¿pensando en las elecciones del próximo año en nuestro estado, es precisamente eso lo que está buscando el Presidente con esta nueva ocurrencia?