El 28 de agosto, el sector privado de La Laguna en pleno publicó una carta abierta al presidente Felipe Calderón para pedirle –“de nueva cuenta”– acudir “a esta región a fin de que ejecute las acciones inmediatas para continuar combatiendo el alto índice de inseguridad que nos aqueja”. El mensaje se tornó áspero y crítico con los gobernadores Jorge Torres y Jorge Herrera, de Coahuila y Durango:
“Es preciso señalar a ustedes la inconformidad de la ciudadanía en general en el ejercicio que están realizando en el manejo de la seguridad (...) ha faltado atención de su parte en ejercer la responsabilidad que les compete en la lucha y combate del flagelo de la violencia e inseguridad en general, recordándoles que La Laguna también formamos parte de sus estados. (...) exigimos de todos ustedes, a la brevedad, su presencia en nuestra Región, para que hagan de nuestro conocimiento las nuevas acciones a seguir a favor de la paz y la tranquilidad (...) que es su obligación otorgarnos”.
El Presidente no acudió el emplazamiento, pero debió tomar nota. Sólo así se explica que en las últimas semanas, líderes de los sectores privado y social empezaran a viajar a la capital, como antes lo hicieron sus predecesores, en busca de soluciones a problemas que a escala local no se resuelven sino que, por el contrario, se agravan con el tiempo. La presión social dio por resultado la firma de la Operación Coordinada Laguna Segura, primera de largo aliento, carácter interinstitucional, mando único y objetivos precisos.
Es significativo que el anuncio se hiciera en la Secretaría de Gobernación, pues implica que esta vez los gobiernos federal y estatal han asumido el compromiso de trabajar juntos y en la misma dirección, para abatir la alta incidencia delictiva en la Comarca Lagunera. El mando recae en una de las instituciones más acreditadas y mejor calificadas del país por su honradez, disciplina y espíritu de servicio: las fuerzas armadas. Coahuila, Durango y los municipios laguneros tendrán que depurar sus policías y emprender reformas que aseguren avances duraderos en materia de seguridad y de justicia.
La Federación, los estados y los municipios no pueden evadir por más tiempo las responsabilidades que la Constitución les asigna, por diferencias partidistas o disputas personales. Laguna Segura representa, de alguna manera, el triunfo de una región que empieza a despertar de nuevo después de un largo letargo. También es un acierto, aunque tardío, de las autoridades de los tres niveles. Es la aceptación, irrefutable, de que cuando los alcaldes, los gobernadores y el Presidente de la República toman caminos distintos y en ocasiones confrontados, todos pierden. Pero más la sociedad, por indefensa; pero no silente.
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