Ya hemos contado que, en 1986, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid fue acusado de haber realizado escandalosos depósitos a una cuenta personal en Suiza –la denuncia se dio a través de un artículo publicado en un centenar de diarios estadounidenses, “México hace Millonarios a sus Presidentes”, por Jack Anderson-, requirió de todo el aparato de la Cancillería, durante un accidentado periplo por Washington, no sólo para aclarar cuanto pudo sobre su supuesta honorabilidad sino igualmente exigiendo “respeto” a la soberanía nacional como si ésta dependiera únicamente de la imagen presidencial. La fascinación por el absolutismo no repara en límites de ninguna naturaleza.

Entrado en negociaciones, aquel mandatario fue conminado, más bien presionado, a destrabar los candados para que las policías norteamericanas pudieran extender dominio sobre territorio mexicano bajo el supuesto de localizar y, en su caso, perseguir a los capos y sus cárteles. Tales eran los objetivos principales en aquellos días y no el terrorismo en cierne que comenzaría a darse con las sacudidas en Nueva York hasta alcanzar el clímax en septiembre de 2001, ni ninguna otra amenaza semejante, entre ellas los grupos subversivos extendidos por la tercera parte de nuestra geografía.

Es necesario subrayar, de nueva cuenta, que fue durante la administración delamadridiana cuando se dio el primero de los “booms” del narcotráfico, retratado incluso en una exitosa serie de televisión, “La Guerra de las Drogas”, en donde se señalaba a funcionarios de elevada estirpe, como el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, por sus enlaces soterrados con los grandes mafiosos. La insistencia de la entrometida DEA norteamericana sobre el particular parecía el presagio sobre una mayor injerencia de la Casa Blanca en nuestros asuntos domésticos.

De la Madrid, por ende, rechazó con vehemencia cualquier tipo de expansión policiaca del Gobierno estadounidense hacia el sur de sus fronteras. Alegó que no era factible vulnerar la razón misma de nuestra preeminencia nacional, esto es el respeto a la autodeterminación de los pueblos que es sustento de la Doctrina Estrada, acaso la más elevada joya de la diplomacia mexicana. Habló y habló, mientras se diluían las acusaciones periodísticas sobre las transferencias a los bancos helvéticos... y acordaba debajo del agua para ampliar el número de efectivos militares en la embajada de los Estados Unidos en México. Un camuflaje, desde luego, ideal. La historia de las grandes simulaciones es la crónica del presidencialismo en nuestro país.

(Por cierto, en esos días igualmente, la DEA llevó a cabo el secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain, de Jalisco, quien fue llevado ante los tribunales norteamericanos sin la menor consideración a la legislación mexicana y los tratados internacionales. Sencillamente, la poderosa agencia antinarcóticos pasó sobre cualquier limitante soberana con tal de introducirse en suelo mexicano y perpetrar así un operativo supuestamente encaminado a descubrir las secuelas del crimen contra el agente de la misma corporación, Enrique “Kike” Camarena Salazar. Las notas de protesta, en este caso, no pasaron del mero esbozo rutinario).

Con este antecedente, por demás significativo, puede explicarse la “nueva era” de las relaciones bilaterales entre México y su poderoso vecino norteño, marcadas por la militarización de la frontera y el consiguiente agobio de nuestros compatriotas que viven en la franja limítrofe y mantienen intereses, negocios y familias en dos países. Esto es, como suele ocurrir frecuentemente, se persiguen los efectos sin adentrarse en las causas de la conflictiva general. Hipocresías, falacias.

Dicho de otro modo: aumentar los efectivos militares significará bien poco si no se atacan los orígenes del mal, de la violencia. Por ejemplo: ¿Acaso las mil doscientas armerías instaladas a lo largo de la frontera, del lado estadounidense claro, no captan, sobre todo, el interés de cuantos, en México, requieren de estos pertrechos para delinquir abiertamente más que para cuidarse? Una y otra vez se ha insistido sobre ello y las respuestas, por parte de legisladores y miembros de la Casa Blanca, han sido, por decir lo menos, ambiguas, evasivas; alegan que no pueden coartar la libertad de los consumidores ni la de los comerciantes aun cuando con ello se disparen los índices de violencia... en México por supuesto.

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