Nos preocupan sobremanera tres asuntos contingentes: la descomposición acelerada de las garantías para ejercer el periodismo en Veracruz, el enfoque de las investigaciones por los feminicidios de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González en el DF y las intenciones en el Congreso de la Unión de constreñir más la libertad de expresión y la libertad de prensa en las propuestas de Ley de Seguridad Nacional y de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y leyes orgánicas, como de la Armada.

Declara lo anterior la comunidad periodística en su conjunto al término de un encuentro consigo misma y representantes tanto de la burocracia federal como de la sociedad civil y la comunidad internacional, a propósito de la grave crisis de inseguridad que este gremio vive en México, el país con más alto grado de descalificación en este rubro. La reunión tuvo lugar durante dos días en la Casa de Derechos de Periodistas. Enseguida, puntos relevantes de la declaración resultante:

Padecemos circunstancias comunes derivadas de la vulnerabilidad estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, por la inexistencia de leyes que reconozcan nuestros derechos laborales y profesionales, por la debilidad jurídica para la protección del ejercicio, por malas prácticas de gobernantes, las fuerzas de seguridad de todas las corporaciones y de muchos empresarios de medios; cada día se vulnera más el derecho a la información de todos los mexicanos porque siguen creciendo las zonas de silencio informativo en la mayoría de las entidades del país. Especialmente en el corredor de tierra caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México así como en los estados de Veracruz, Tamaulipas y una región de Chihuahua, como consecuencia de las amenazas, agravios y asesinatos no sólo criminales de la delincuencia organizada sino también servidores públicos de todos los niveles.

Este panorama tiene su mayor y creciente campo en la provincia. Se requieren, no sólo medidas de seguridad como reacción rápida ante amenazas o riesgos inminentes, sino, esencialmente, leyes, políticas públicas y proyectos de nuestra propia iniciativa para la protección correctiva y preventiva en todos los aspectos.

Nos comprometemos a continuar impulsando, y extender a otros periodistas, las coincidencias que hemos encontrado en este seminario; a promover en cada entidad la construcción de comités de protección como primera instancia de auxilio, para atender colegas en riesgo y gestionar que sean atendidos sin dilación por los órganos de gobierno responsables de garantizar la seguridad; a impulsar redes estatales de periodistas y de organizaciones, especialmente en espacios electrónicos, y promover uno o varias conexiones nacionales hasta contar con una red de redes de alerta temprana y de reacción rápida ante riesgos y amenazas; a promover que los periodistas organizados sean reconocidos como interlocutores legales en cada entidad para trazar y verificar la aplicación de propuestas de ley y de políticas públicas tanto para la protección correctiva como preventiva, que eleven la fortaleza profesional del periodismo.

La Casa de Derechos de Periodistas debe continuar sus tareas de gestoría, facilitación, creación de puentes y estimulo de sinergias entre los periodistas de todo el país entre sí y con entidades del Estado, organismos internacionales y nacionales para proporcionar refugio, protección, asesorías y acompañamiento jurídico. Uno de las primeras acciones que le requerimos es un plan inmediato para realizar una jornada de cursos itinerantes de autoprotección, de prevención para impedir acosos y demandas judiciales cuando se ejerce el periodismo y para la asesoría legal y acompañamiento en aquellas entidades donde se promuevan leyes e instancias oficiales de protección.

Se formulan planteamientos específicos para el Gobierno federal en sus áreas de Gobernación y procuración de justicia, al poder legislativo, al GDF y la ALDF, así como a los gobernadores estatales y los correspondientes órganos legislativos, fecha. Al Senado, un diálogo sobre la necesaria ley federal de protección de los derechos para el ejercicio profesional del periodismo y revisar los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados para federalizar los delitos contra la libertad de expresión y otros postergados, a la cual se requiere también iniciar el dialogo para saber el estado que guarda la iniciativa de reforma a su reglamento interior para convertir en comisión ordinaria, capaz de dictaminar leyes, a la comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas. Al GDF y la ALDF, que intensifiquen sus procesos, tanto legislativo como de políticas públicas, para la construcción de garantías, mecanismo y protocolo de protección para que la capital del país se consolide como el sitial para el refugio de periodistas en riesgo.

Infortunadamente aun no está disponible el portal de la Casa de Derechos de Periodistas, pero el lector puede encontrar el documento aquí verificado así como otro denominado Reunión Extraordinaria de Periodistas de los Estados, Pronunciamiento Especial por el Periodismo en Veracruz en http://zapateando.wordpress.com.

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