Pobres Soberanías

La Secretaría de Marina mantiene el misterio sobre las razones por las cuales supuestamente está habilitada para realizar operativos fuera de las costas y del mar patrimonial de nuestro país. No se olvide el principio rector que fundamenta el Estado de Derecho: Los servidores públicos –los miembros de la Armada lo son-, sólo pueden hacer lo que les está específicamente ordenado. Esto es: Las interpretaciones sesgadas respecto al imperativo de preservar la seguridad nacional no debe transgredir los límites territoriales ni las facultades expresas que la ley otorga.

¿O acaso los policías municipales de Ecatepec podrán actuar, con los mismos fueros, en Ciudad Juárez, alegando que un miembro de su comunidad ha sido afrentado allí? En la misma línea, cualquier funcionario que se pretenda responsable podrá arrogarse el derecho de armarse y proceder con la fuerza contra sus vecinos sospechosos aduciendo que actúa en beneficio global como si siguiera el papel de un gendarme o el de un agente judicial o del Ministerio Público. En este escenario, con seguridad, la anarquía sería total y la ciudadanía quedaría al garete, en estado de indefensión.

En 1985, en Michoacán, un destacamento del ejército y centenares de agentes judiciales, sin aviso previo a las autoridades estatales, rodearon el rancho “El Marengo” con la intención de aprehender al “capo” Rafael Caro Quintero y sus secuaces tras los secuestros y asesinatos del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto mexicano. Fuera del imperativo de actuar contra el entonces célebre “cártel de Guadalajara”, bajo la presión creciente del gobierno de Washington, el entonces gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Cárdenas, protestó enérgicamente contra el proceder incorrecto de soldados y policías federales al violentar la soberanía de la entidad.

Por supuesto, siguiendo el protocolo en boga durante la hegemonía priísta, el serio diferendo, con altos decibeles por la actitud de Cárdenas --esto es fuera de los cartabones de la disciplina y el sometimiento al poder central, no culminó, como era de esperarse, con una seria sacudida institucional y la consiguiente consignación de los culpables que habían pasado por uno de los principios rectores de la ida republicana. Sin embargo, como podemos apreciar en la perspectiva actual, quedó como un referente, de la mayor importancia, para señalar la trascendencia de respetar el llamado “pacto federal” por encima de circunstancias y condiciones perentorias.

Por supuesto, en aquel tiempo, esto es a lo largo del deplorable sexenio de Miguel de la Madrid, no había gobernador alguno que no perteneciera al PRI y eran muy contados los alcaldes y legisladores opositores –en la Cámara Alta apenas unos escaños habían sido tomados por ellos-. Tal facilitaba la operatividad excesiva del presidencialismo y de sus brazos ejecutores sobre todo cuando se pretendían justificar los excesos en aras, insisto, de mantener la estabilidad... ad hoc con intereses y estrategias de la administración central.

En el horizonte actual, las aguas se salen de cauce con frecuencia aun cuando no se da el debido seguimiento para erradicar excesos y sancionar a los funcionarios abusivos. En buena medida, la pluralidad política, marcada por la presencia de veintisiete mandatarios estatales, de treinta y dos posibles incluyendo al jefe del gobierno defeño, contrarios, en cuanto a filiaciones partidistas, al titular del Ejecutivo federal. Una relación que no concuerda con el continuismo en el gobierno federal considerando, además, que el núcleo, en donde se generan más votos, el Distrito Federal, es gobernado por el PRD desde 1997.

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