Bien haría el vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, si deja las declaraciones para mejor ocasión y pasa a los hechos, porque la ostentosa incapacidad gubernamental, la falta de respuesta real al reclamo ciudadano suele terminar en patéticas justificaciones como las divulgadas por el citado funcionario en torno al editorial (“¿Qué quieren de nosotros?”) publicado por “El Diario” de Ciudad Juárez el pasado domingo: “no cabe en modo alguno que algún actor pueda pactar, promover una tregua o negociar con los criminales, que son justamente los que provocan la angustia de la población, los que generan los secuestros, los que extorsionan, asesinan y envenenan”.

Eso dijo, en nombre del Gobierno federal, Alejandro Poiré, para quien el angustiante llamado (“ya no nos maten…”) de los integrantes del rotativo juarense al crimen organizado, amo y señor de esa ciudad, es sinónimo de “negociación”. Por eso, lo procedente no es reprender, sino enseñar con el ejemplo, de tal suerte que tal funcionario en lugar de lanzar encendidas declaraciones patrioteras desde un edificio federal perfectamente protegido, como él mismo lo está, de inmediato debería hacer maletas, mudarse a esa localidad fronteriza, con todo y familia, sin aparato de seguridad, sin camioneta blindada, sin arcos detectores, y desde allí –al igual que los periodistas de la región– abiertamente arriesgar el pellejo para realizar su chamba como vocero del Gobierno federal en materia de seguridad, y asumir las consecuencias”.

A la velocidad de la luz lo mismo tendría que hacer el inquilino de Los Pinos, acompañado por el procurador Chávez, el actor García Luna, los secretarios de Gobernación, de la Defensa y de Marina, el Gobernador del estado y, en fin, todo aquel funcionario dedicado a combatir al crimen organizado desde un cómodo escritorio rodeado de guaruras. Cada uno de los integrantes de este ramillete de funcionarios que “no negocia” con el crimen organizado cuenta con un impresionante aparato de seguridad (comenzando por Felipe Calderón y sus, oficialmente, mil 800 guardias del Estado Mayor Presidencial, más las aportaciones de la Sedena y la Semar); despacha en edificios y residencias seguras; realiza sus recorridos en verdaderos búnkeres móviles por aire, mar y tierra; un mundo de distancia los separa de la zonas de guerra, y tiene la boca muy grande, cada día más.

¿Estaría dispuesto el vocero Poiré a despachar en tales condiciones en aquella zona de guerra del norte mexicano, y arriesgar su vida, la de su familia, porque él “no negocia” con el crimen organizado? ¿Lo harían todos los demás? Difícilmente, porque entonces cada uno de ellos tendría que asumir las terribles consecuencias de ser ciudadano de a pie, como los periodistas de “El Diario de Juárez”, a quienes el crimen organizado ya les cobró dos vidas, y cuya solicitud se limita a “no nos maten más”. El citado vocero aseguró ayer que “es deber de todos los actores de la sociedad y del Gobierno federal combatir (al crimen organizado), por ser el responsable del clima de inseguridad”.
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