No fue sólo una parodia pero llegó al teatro. La señora Marta Sahagún, en el frenesí por reemplazar a su marido en el ejercicio de la Presidencia, buscó y obtuvo consejo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari más allá de las filiaciones partidistas; y éste se dejó querer mientras consolidaba, de nuevo, su propia posición en el palenque político nacional cerrándose de esta manera, siempre en lo oscurito, cualquier sospecha sobre él que pudiera derivar de los magnicidios de 1993 –contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo- y 1994 –con Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu como víctimas-.

No olvidemos que, durante la administración de Ernesto Zedillo, hoy intocable, el procurador Antonio Lozano Gracia, panista y muy cercano a Diego Fernández de Cevallos, quien en su condición de ex candidato presidencial rechazó convertirse en el “abogado de la nación”, buscó a Salinas, detuvo a su hermano Raúl y en varias ocasiones reiteró que el homicidio de Colosio había sido consecuencia de un acto “desde el poder” sin atreverse a señalar, directamente, a quien podría haber encabezado la conjura. Finalmente, Lozano renunció alegando que, de no hacerlo, habría denunciado a su jefe, el presidente, por violar la Constitución.
Eso me dijo Lozano –“El Gran Simulador”, Grijalbo-, y espero que no se desdiga.
De cualquier manera cuento con la grabación al respecto.

El caso es que el propio Lozano le respondió a Salinas que no se preocupara, que no “iría por él”, como tanto temía el ex mandatario en su refugio de Dublín, aun cuando le requiriera para una diligencia ministerial, en torno al asesinato de Colosio, en la embajada mexicana de la capital de Irlanda. Durante varias horas, sin que hubiese antecedente sobre ello, un ex jefe de Estado mexicano fue sometido a un interrogatorio que, con todo y la decantada transparencia, sigue bajo los siete candados de la impunidad so pretexto de ser una cuestión de Estado, como si México fuese a ponerse en riesgo por perseguir a un personaje específico ya sin el poder presidencial.

Tal criterio, por desgracia, no ha variado. Abundan quienes consideran un deber institucional proteger la figura de los ex presidentes porque sólo así pueden asegurar otro tanto cuando pasen a esta condición. Pese a ello, a Luis Echeverría se le arraigó durante la administración foxista, en su enorme residencia de San Jerónimo, antes de que ganara el amparo y fuera exculpado de la tremenda acusación por genocidio formulada con base a sus intervenciones en las matanzas de Tlatelolco y el Jueves de Corpus de 1971 –sobre todo esta última, cuando “Los Halcones”, al servicio del Departamento del Distrito Federal, cuyo titular entonces era el neoleonés Alfonso Martínez Domínguez, remataron a los heridos en los hospitales-.

Por cierto, no se olvide el tremendo diferendo entre Salinas y Echeverría para encontrar el origen del episodio narrado. La influencia de Carlos, el gnomo de Dublín, fue determinante para que los Fox quisieran colgarse al cuello una medalla, la de romper con la inviolabilidad de cuantos habían pasado por Los Pinos. Pero no fue a más, y don Luis acabó por recluirse, por decisión propia, para vivir su ancianidad sin dar lástima ni ofrecer una versión propia sobre aquellos sucesos degradantes. Optó, más bien, por insinuar, una y otra vez, en que toda la culpa la tuvo su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, imposibilitado para defenderse desde la tumba.

Con la transferencia sexenal, así fuera entre militantes del mismo partido, el PAN, Ernesto Zedillo, bien parapetado en Washington sobre todo como consejero de la ONU y de las empresas transnacionales a las que privilegió durante su mandato, recuperó presencia e influencia dentro de la estructura oficial. Fueron sintomáticas sus reuniones “privadas”, pero muy bien publicitadas en Davos, Suiza, con Felipe Calderón en momentos coyunturales en los que se hablaba de la economía global, un tema poco conocido por el actual mandatario, y la situación de México, aunque se hablara de blindajes inexistentes, pendía del hilo de las ambiciones de los inversionistas –y banqueros- del exterior. Zedillo le aconsejó, luego fue designado para presidir una comisión contra la pobreza en la ONU –él que había depauperado a los mexicanos bajo el simplismo del neoliberalismo- y ganó espacios preponderantes en la nueva camarilla gobernante, tantos que comenzó a hablarse de una influencia mayor a la de Salinas en razón a sus múltiples amarres y contactos en la sede del poder estadounidense.

Zedillo, eso sí, no ha vuelto a fincar en su país, optando por permanecer muy alejado del territorio nacional, y cuando el abogado José Antonio Ortega, quien lleva la causa del cardenal Posadas, pretendió interrogarle al respecto, su respuesta fue lacónica:
--Yo ya no vivo en México e ignoro cómo van las pesquisas.

Evasivo, mordaz, Zedillo es visto como un personaje de trato difícil porque sólo concede importancia a interlocutores que él estima son de su talla y evade los diálogos incómodos por considerarlos perversos y sin importancia. Considera que la trascendencia la marca él y sólo él, mientras siguen desarrollándose sospechas sobre sus actuaciones más ruidosas, como varios actos represivos, entre ellos la matanza de 45 campesinos en Acteal y “crímenes de guerra”, Chiapas, a él atribuidos y que conforman el expediente con el que fue acusado en los juzgados de Connecticut, Estados Unidos, por genocidio. Por supuesto, como los avestruces y con el más puro estilo delamadridiano –él fue quien inició la secuela de impunidad en los tribunales norteamericanos-, prefiere esconder la cabeza.

Debate
Bajo ninguna circunstancia puede admitirse que se conceda a un ex presidente mexicano la condición de “inmunidad diplomática”, con privilegios mayores a los del fuero constitucional porque se extiende fuera de nuestras fronteras, porque no tiene ninguna función relacionada con el servicio exterior mexicano ni un solo encargo plenipotenciario que le otorgase tal. Si bien es funcionario honorario de la ONU, sería esta organización la que debería responder al respecto aun cuando, insisto, no existe reglamentación alguna para extender la prerrogativa fuera de los representantes diplomáticos. Y Zedillo, sencillamente, no lo es.

Desde luego, en ello priva otra clase de intereses: El imperativo de sumar al ex presidente a la causa del continuismo soterradamente a cambio de que el gobierno de Calderón saque la cara por él. Ello, al considerar que el candidato priísta, Enrique Peña Nieto, ha optado por acercarse más a Carlos Salinas aunque mantiene cerca de no pocos zedillistas claves como el coahuilense Enrique Martínez e incluso al ex secretario del ex presidente, el sinuoso Liébano Sáenz Ortiz, acusado por la DEA de haber sido infiltrado desde los días de campaña de Colosio por la Presidencia. La DEA exigió la cabeza de éste a Colosio, y las de otros de sus colaboradores, y días después ocurrió el crimen de Lomas Taurinas que deshizo algunas de las tramas más peligrosas contra quienes mandaban y acaso mandan en México.

Zedillo, acobardado, prefiere la impunidad, en fin, a la posibilidad de demostrar su inocencia ante los tribunales, algo que también hizo De la Madrid cuando fue acusado por el columnista Jack Anderson por desviaciones multimillonarias, en dólares, hacia los bancos suizos. De la Madrid alegó que, como presidente, no podía someterse a otra soberanía... pero tampoco lo hizo cuando terminó su gestión y quedó infamado.

La denuncia no hace necesariamente responsable al indiciado. En buen número de casos, el acusado puede utilizar esta misma vía para exhibir las pruebas que, históricamente, resulten irrefutables en defensa de su honor con algo más que la parodia aquella de la huelga de hambre de Carlos Salinas en una barriada de Monterrey.

Mientras nuestro sistema no sea capaz de perseguir y encarcelar a los grandes predadores de la vida nacional, no habrá nacido la democracia en México.

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