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Vicente Bello
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12 Noviembre 2016 04:00:00
Presupuesto sellado por las contradicciones y la corrupción 
Fue un presupuesto construido a matacaballo, en conciliábulos y sin el conocimiento de la mayoría. La autorización del gasto público, supuestamente el ejercicio de contrapeso constitucional más relevante que tiene el Congreso mexicano a través de la Cámara de Diputados, caminó otra vez por el sendero de la simulación.

No debería sorprender. Así sucede cada año, cuando el ejercicio de la dictaminación del presupuesto es raptado virtualmente por los diputados de las cúpulas parlamentarias, en connivencia con la Secretaría de Hacienda, a donde desde el 2012 van los sujetos interesados en el presupuesto de egresos.

Ya no es la Cámara de Diputados el centro de la discusión del gasto, contrario a lo que debería por ley ocurrir. No al menos en lo que va del sexenio. Ni siquiera los diputados que integran la comisión dictaminadora, la de Presupuesto y Cuenta Pública, suelen participar. A ellos también les escamotean información y los hacen esperar para conocer el dictamen. Un dictamen casi siempre hecho, o palomeado, por el secretario de Hacienda y por quién sabe cuántas manos más del gabinete presidencial.

El de 2017, aprobado por el Pleno de los 500 diputados a las cuatro de la madrugada de este viernes 11 de noviembre, será un presupuesto resellado por las contradicciones.

Verbigracia: por un lado, continuarán los altísimos salarios de la más alta burocracia del país. Salarios de 100 mil pesos para arriba, hasta llegar a los casi 350 mil que ganan los ministros de la Corte.

Por otro lado, hay partidas del nuevo presupuesto inexplicables, como aquella de los 128 mil 530 pesos que le destinaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Una cantidad muy parecida a lo que ganará en 2017 un director general de cualesquiera de las áreas de la burocracia federal, mensualmente.

Irrebatibles se vieron algunos opositores de Movimiento Ciudadano y de Morena cuando dijeron que el estado de indefensión en que dejarán a la Conagua, fue a propósito, para acelerar la privatización del vital líquido en todo el país.

Un reclamo opositor recurrente y muy airado fue el hecho de que la mayoría que lo aprobó no consideró verdaderamente enfocar las baterías del presupuesto para el fortalecimiento del mercado interno.

Por el contexto en que actualmente está la economía nacional –amenazada con el desastre a partir del triunfo de Donald Trump, quien asumirá la presidencia de los Estados Unidos de América el 20 de enero próximo-, los opositores han argumentado que este era momento clave para el país para modificar el modelo económico prevaleciente en México, y virar hacia el robustecimiento de la economía en los ámbitos de las regiones, de la localía; del mercado interno.

Este presupuesto tenía una muy importante oportunidad para derivar con gran determinación hacia la inversión pública y hacia la inversión en infraestructura. Pero además, estos cambios de enfoque tenían que pasar, rigurosamente, por el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Nada de esto sucedió. Los diputados mexicanos se hicieron otra vez los tiololos. Los occisos. Y optaron por repetir lo que han repetido estos años: la elaboración de un presupuesto imposible de vigilar, y de revisar en tiempo actual, incluso cuando la denominada reforma anticorrupción ya considera que la Auditoría Superior de la Federación (el órgano máximo, mayor, de vigilancia del ejercicio del gasto público) pueda a partir de 2017 auditar el ejercicio del gasto en el preciso momento que se ocupa.

Los diputados, en vez de sustentar con rigor la función de control político, han optado la mayoría por seguir beneficiándose de prácticas inmorales y corruptas, como la creación de una partida presupuestal que les otorga, a cada uno de los 500 diputados, la opción de decidir cómo se aplica, cuándo y dónde recursos por 20 millones de pesos.

A esta partida le han dado en llamar “moche”, que reparten como si ellos fueran parte del Poder Ejecutivo.

Es un recurso que en 2012 propuso el entonces flamante secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Así lo denunciaron en 2013 diputados de la oposición. Videgaray pretendió con ello controlar a los diputados, prostituyéndolos con la partida de los moches. Y haciéndose el desentendido cuando los diputados pidieran dinero a gobernadores y a presidentes municipales a cambio de incluir sus demandas en las partidas del presupuesto.

El plan de Videgaray era un plan con maña. Tipo corrupto y desvergonzado hasta las cachas, pretendió desflemar así a la de por sí subordinada Cámara de Diputados para conseguir –de acuerdo con los intereses políticos del presidente Enrique Peña Nieto- lo que sí consiguieron en 2013 y 2014: reformas como la energética, la de educación y la de telecomunicaciones.

La corrupción continuará traslapada en el ejercicio del presupuesto. Mucho de ese dinero que se destinó a inversiones carreteras podría haberse convertido en un gran detonador de economías locales y regionales, si verdaderamente ese dinero se quedase allí, entre la gente.

No ocurre así porque en realidad la mayor parte de esos recursos se queda en las constructoras. Y es sabido desde hace muchos años que muchas de ellas pertenecen a sujetos que pertenecen a la élite de la clase política mexicana, quienes mediante prestanombres se agandallan grandes mesadas del presupuesto.

Entre los dueños de constructoras han estado, a lo largo de estos años, desde presidentes municipales, hasta diputados, senadores y gobernadores. ¿Quién los vigilará, para que hagan sus compañías trabajos de calidad, si son ellos mismos?

El monto astronómico del presupuesto en México obliga al Congreso a fortalecer la rendición de cuentas. No lo hace porque muchos de esos legisladores están en los dos lados de la mesa.

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