¿Quién manda en los penales?

Durante años, todo aquel que mantenía una relación elemental con el sistema penitenciario del Distrito Federal –sea por tener preso a un pariente o por sostener una relación laboral– sabía que en las cárceles capitalinas mandaban las mafias criminales.

En el día a día de las prisiones –sean de la capital del país, sean federales o estatales–, todo cuesta. Cuesta el aire que se respira; cuesta la luz del día, el pedazo de tierra que se pisa y, claro, la comida, la cama, el agua y, no se diga, cuesta mucho cumplir necesidades humanas básicas como orinar, defecar y tener sexo.

Vivir la vida en una prisión mexicana cuesta mucho a muchos presos que suelen no tener nada. Pero significa un negocio fabuloso para las mafias –un puñado de personas–, que gracias a la fuerza que ejercen sus grupos mafiosos, se hacen del control de las prisiones. Pero los grandes negocios están en los pequeños vicios, como el tabaco, el alcohol, la droga y los privilegios, de consumo masivo en las prisiones de todo el país.

En las cárceles del Distrito Federal, durante años –no sabemos si eso aún existe– el lugar más seguro para almacenar droga y armas eran las cárceles capitalinas. Y era posible –y acaso siga siendo posible– porque igual que ocurre en las prisiones de todo el país, en las prisiones del Distrito Federal mandan los criminales; las bandas cuyos integrantes se reagrupan en prisión –luego de ser desarticuladas, consignados sus integrantes– como si estuvieran en su casa.

Muchos saben que en muchas cárceles mexicanas son mera figura decorativa los directores y subdirectores de los penales, jefes de celadores, carceleros y custodios. ¿Por qué? Porque los criminales, sus bandas y pandillas, los someten, los compran, amenazan, amedrentan y, al final, los convierten en servidores de los presos. Los ejemplos están a la vista de todos. Los ejemplos extremos están en la memoria periodística.

Basta recordar que Margarita Rojas Rodríguez fue condecorada –como Mujer del Año 2010, en mayo de 2010– por el Gobierno de Durango gracias a su trabajo en las cárceles estatales. Meses después, cuando debió intervenir la Policía Federal en el Cereso 2 de Gómez Palacio a causa de una ola de asesinatos de jóvenes, se descubrió que la directora del Penal, Margarita Rojas Rodríguez, permitía que los presos salieran del Centro de Readaptación Social para cumplir con “trabajitos” de la mafia a la que pertenecían. ¿Y cuáles eran esos “trabajitos”? Asesinar por encargo.

Pero lo más escalofriante del asunto fue que “La Mujer del Año, Durango 2010” era la pareja sentimental del mafioso que mantenía el control del penal. Y claro, quien en realidad mandaba. Más aún, las armas que utilizaban para “los trabajitos” eran las armas oficiales de los custodios. En pocas palabras, el círculo completo; el Penal era la guarida perfecta de los criminales.

Y viene a cuento porque en la cárcel de Apodaca –en donde la mafia asesinó a 44 presos, integrantes del cártel del Golfo– no manda el Gobierno municipal, tampoco el estatal y menos el federal. En esa cárcel mandaba uno de los principales grupos de la delincuencia –y seguramente siguen mandando–, grupo criminal que planeó la fuga masiva de una treintena de sus integrantes, mientras que otros del mismo grupo se encargaban de eliminar a los adversarios. ¿Y dónde estaban, desde el director de Seguridad Pública estatal, el similar en el rango municipal; el director del Penal… y toda la estructura de mando?

Todos conocen la respuesta. Toda la estructura administrativa del Penal trabajaba para ese mismo grupo que planeó la fuga, ordenó la hora del escape, encontró las puertas abiertas para emboscar a sus enemigos y, como si nada, la fuga se llevó a cabo. ¿Quién manda en el Penal de Apodaca? Los mismos que mandan en todas o casi todas las cárceles; los mismos que estimulan la corrupción, la impunidad, la violencia, los cañonazos en económico y las amenazas. Mandan los criminales.

Y entonces de nada sirve que el Ejército y la Marina, además de la Policía Federal, se jueguen la vida persiguiendo y capturando criminales de todos los rangos y de todas las bandas, si a unos los liberan los jueces, a otros los dejan ir los policías o militares corruptos y los pocos que llegan a las cárceles, hacen de las prisiones su centro de operaciones. Y eso ocurre lo mismo en los gobiernos azules, amarillos y tricolores.

Pero de eso no hablan los candidatos a puestos de elección popular. Y, claro, tienen el pretexto de que se les prohíbe hablar.

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