La participación en las elecciones de medio sexenio ha sido casi siempre menor que en las presidenciales. En 2012, cuando Enrique Peña Nieto fue electo presidente, se registró una participación de 63.1 por ciento. En 2015, las últimas intermedias, la cifra bajó a 47.7 por ciento. En 2018, en el proceso que ganó Andrés Manuel López Obrador, subió otra vez a 63.4 por ciento.

Nadie sabe si las elecciones de este próximo 6 de junio romperán esta tradición. En estas intermedias, hay un número mayor que nunca de gobiernos estatales en contienda, 15 en total, además de mil 063 diputaciones estatales y mil 923 presidencias municipales. Es la “elección más grande de la historia”, como no se cansan de señalar el INE y los politólogos. Esto puede elevar la participación.

Otro factor que podría ayudar es el hecho de que el propio presidente López Obrador, ha estado en campaña a todo lo largo del proceso. Con esto ha convertido los comicios en una suerte de referéndum sobre su régimen. “Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores, ni al sabiondo (Gabriel) Zaid, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable”, declaró el 30 de mayo. Esta “presidencialización” de los comicios puede aumentar el deseo de votar.

Del lado negativo está la apatía de tantos ciudadanos que gustan de quejarse del Gobierno y de los políticos, pero que no están dispuestos a caminar dos calles para sufragar. Esta actitud es particularmente notable entre los jóvenes. También el temor de muchos ciudadanos a contraer Covid en los centros de votación puede ahuyentar a los votantes.

Los partidos en el Gobierno han sufrido casi siempre un deterioro en las elecciones intermedias. Le pasó al PRI, aunque en pequeña medida, en 2015, cuando obtuvo 30.7% de los votos para diputados frente a 31.9% en 2012. Su número de diputados bajó significativamente de 241 a 209. En 2009 el PAN recibió solo 28% de los votos, contra 33.5% en 2006. La gran excepción en la historia reciente fue el PRI de Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio en 1991, que obtuvo 61.4% de los sufragios contra 49.3% de 1988 (quizá menos antes del fraude). Hay que señalar que en 1991, la participación del electorado fue 65.5%, mientras que en la elección presidencial de 1988, alcanzó apenas 52 por ciento.

El Presidente ha hecho en esta ocasión campaña abierta, a pesar de que las leyes supuestamente lo impedirían, porque considera muy importante obtener una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados, por lo menos absoluta (más del 50%), pero de preferencia calificada (dos terceras partes), para seguir impulsando su proyecto de transformación del país. De su lado tiene la gran popularidad personal, sustentada por su estilo personal de comunicar, sus “mañaneras” y los subsidios a personas de la tercera edad, estudiantes, ninis, campesinos y demás. Del otro lado, la aprobación de Morena, su partido, es bastante más baja que la suya.

Como en todas las elecciones, el resultado de este 6 de junio dependerá en buena medida de la capacidad de cada partido para sacar a sus electores a votar. El PRI de los viejos tiempos tenía la fuerza para acarrear incluso a los muertos a las urnas.

Hoy, con un INE autónomo, es mucho más difícil. Por eso la participación se convierte en un tema fundamental.

En riesgo
El presidente López Obrador ha violado las leyes que restringen la difusión de propaganda gubernamental en la campaña. El propio Tribunal Electoral lo ha señalado. Pero nadie tiene la fuerza para obligar al Mandatario a cumplir la ley. En 2006 el Tribunal declaró que Vicente Fox puso en riesgo la elección por su intervención en el proceso. Pero ni entonces ni hoy, puede anular la elección.