SATEC: caja de Pandora

Coahuila renegoció sus pasivos con la banca nacional y extranjera a 20 años, con dos de gracia. Para que el Gobierno alcanzara ese objetivo, el Congreso hizo juegos malabares. En tiempo récord, y aun en sesiones sabatinas, aprobó una nueva Ley de Deuda Pública. Doce días después la reformó, por presiones de los acreedores, mediante el polémico decreto 534. El mandato compromete al estado a cumplir obligaciones por 33 mil 867 millones de pesos, tres cuartas partes de las cuales tenían vencimientos a corto plazo; de ahí la urgencia.

La deuda se pagará, igual que lo hacen todos los estados, con participaciones federales. Nuevo León, Michoacán, Quintana Roo y otros comprometieron incluso ingresos propios. Mas como la situación de Coahuila era extraordinaria, el Fideicomiso de Administración y Medio de Pago, que se constituyó para el efecto, podría disponer también del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y hasta el cien por ciento del Impuesto Sobre Nóminas.

El secretario de Finanzas, Jesús Ochoa, explica que para afectar recursos del FAFEF y del ISN tendría que “sobrevenir una catástrofe; no en el estado, sino en el país”. Desde esa perspectiva, Coahuila y los bancos salvaron una crisis de enormes dimensiones. Sin embargo, deberán someterse: el primero, a un control riguroso sobre sus gastos y a elevar los ingresos propios; y los segundos, a políticas que cuiden el crédito a los estados, los cuales, en conjunto, acumulan deudas por más de 316 mil millones de pesos.

Salvada la emergencia, ¿qué sigue? Pagar, por supuesto, pero también procesar a los funcionarios estatales, federales y bancarios que gestionaron, autorizaron y concedieron financiamientos irregulares a partir de decretos presuntamente falsos. La Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentaron denuncias ante la PGR “contra quien resulte responsable” por la contratación de créditos cuyo monto excede ya los cinco mil millones de pesos, incluidos indebidamente en la reestructuración.

El Gobierno pudo refinanciar sus pasivos y asegurar con ello el funcionamiento del estado, presente y futuro, pero ¿cómo dar satisfacción a los coahuilenses que no fueron informados oportunamente de la deuda, hasta que los bancos reclamaron y se destapó la caja de Pandora? ¿Cómo recuperar la confianza ciudadana, bancaria e institucional, después de confirmarse el uso de documentos falsos, por parte del SATEC y su anterior titular, Javier Villarreal Hernández?

Los bancos deben descontar los 5 mil millones de pesos que prestaron en operaciones fraudulentas. ¿Por qué han de pagar los coahuilenses también por su avaricia? Para cumplir con los acreedores y brindar seguridad a la sociedad, el futuro gobierno tendrá que privilegiar la transparencia, ser eficiente, cortar burocracia, modificar sus estructuras operativas y de administración. El ahorro disminuirá el impacto de la deuda y sus efectos en los programas sociales y de infraestructura serán menores. Pero sobre todo, es preciso castigar a los responsables de llevar al estado a esta situación. El tema no ha dejado de escalar y mientras más tarden las respuestas, la presión será mayor. Tampoco faltarán grupos que aprovechen la coyuntura para saldar viejos agravios y obtener ventajas nuevas.

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