“La seguridad de los pueblos a mi mando, es el más sagrado de los deberes”. José de San Martín

Hace 11 años, cuando los mandos militares comenzaron a salir a las calles en apoyo a las labores policiacas, hubo voces de organizaciones civiles que cuestionaron esta acción como impropia del Ejército Mexicano.

Para todos es conocido que la institución del Estado mexicano mejor calificada, hoy por hoy, son nuestras Fuerzas Armadas.

Permanentemente tenemos evidencias de cómo el Ejército se esfuerza para realizar sus labores en la lucha contra el narcotráfico y apoyar a la población en caso de desastre; sin embargo, la ausencia de un marco normativo que regule su actuación en materia de seguridad ha sido una gran debilidad.

Por ello, en noviembre del 2013, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, pidió al Congreso una Ley que pusiera las bases y diera certeza a las actividades que sobre seguridad interior debieran realizar.

Desde hace más de un año, distintas fuerzas políticas presentaron iniciativas para dar respuesta a esa solicitud. Se hicieron consultas a expertos, a las áreas responsables del Gobierno de la República y, finalmente, el jueves pasado derivó en la aprobación de la Ley sobre Seguridad Interior basada, principalmente, en la presentada por los diputados priistas César Camacho y Martha Tamayo.

Dicha ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes del Estado y niveles de Gobierno.

Algunos partidos opositores han pretendido confundir a la población con diversos argumentos de claro tinte partidista. Hay incluso quien dice que vamos a militarizar al país, nada más absurdo que eso. El Ejército está hoy apoyando en estas tareas sólo donde se le ha solicitado, ya está en las calles, pero sin reglas de su actuación en las mismas.

Por ello quisiera hacer algunas precisiones:

Para la intervención de las Fuerzas Armadas debe darse una declaratoria de seguridad interior. Ello implica una serie de condiciones que la ley precisa con claridad, entre ellas que debe ser a petición de las legislaturas locales, gobernadores o el Presidente de la República, por supuesto el Consejo de Seguridad Nacional tiene la última palabra, ahí las autoridades participan para coordinar acciones, definir la temporalidad de la medida que no puede exceder de un año, entre otras.

También establece, con especial énfasis, que las movilizaciones de protesta social o de carácter político no podrán ser consideradas como amenazas a la seguridad interior.

Por supuesto estas medidas no sustituyen, mucho menos eximen de su responsabilidad a las autoridades de otros órdenes de gobierno debidamente establecidas en las leyes respectivas.

Esta ley permitirá tener protocolos y mecanismos que eviten las violaciones a los derechos humanos, cabe destacar que las Fuerzas Armadas han reducido, entre 2012 y 2016, en un 68% las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a las garantías individuales.

Aún hay que esperar la ratificación del Senado, pero me atrevería a decir que tendrá un apoyo favorable porque se trata de un logro para todos los mexicanos, ya que hace posible que las Fuerzas Armadas actúen con fundamento en la ley a favor de la seguridad interna.

Muchas gracias.