La deuda de Coahuila causa molestia y reacciones en distintos sectores. Así lo reflejan los medios de comunicación, las redes sociales, los corrillos políticos, los cafés y las mesas familiares. Las manifestaciones responden a motivos evidentes: 1) el monto, inédito, acumulado en seis años; 2) la falta de información oportuna y puntual sobre la aplicación de los recursos; 3) los efectos a corto, mediano y largo plazo en las finanzas del Estado y los programas de inversión, y 4) la facilidad con que los funcionarios pueden librar sus responsabilidades, mientras al ciudadano común muchas veces se le trata como criminal de alta peligrosidad y a los que realmente lo son, ni quién los toque.

Javier Villarreal Hernández, titular del SATEC cuando se contrataron créditos presuntamente irregulares por más de 3 mil millones de pesos, no es el único responsable. Maquinaciones así resultan imposibles sin un entramado de complicidades igualmente complejo que involucra a funcionarios de Hacienda –por lo pronto se tiene identificado Jaime René Jiménez Flores, director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, hasta julio pasado– y ejecutivos de los bancos acreedores cuya voracidad es proverbial.

La detención de Villarreal, por parte de la Fiscalía General del Estado, el 28 de octubre, generó suspicacias, las cuales fueron confirmadas tras su casi inmediata liberación. La actuación de la FGE ocurrió entre dos acontecimientos: 1) el punto de acuerdo que el Senado aprobó el 25 de octubre para que la PGR acelere las averiguaciones por las denuncias de Hacienda y el Tribunal Fiscal de la Federación, relacionadas con el uso de documentos presumiblemente apócrifos, y para que la Auditoría Superior de la Federación audite la deuda; y 2) el Sexto Informe de la administración 2005-2011 que el gobernador Jorge Torres rendirá el jueves próximo.

Si otros estados registran también altos niveles de endeudamiento (Guanajuato, PAN; Veracruz y Nuevo León, PRI; Distrito Federal y Michoacán, PRD) ¿por qué la atención se centra sólo en Coahuila? Por el ritmo y el volumen que adquirieron de los pasivos, y porque Humberto Moreira es la cabeza visible del partido que hasta hoy encabeza las preferencias para las elecciones presidenciales de 2012. Hasta ahí se entendería el uso electoralista del tema, por parte del PAN. Sin embargo, la supuesta falsificación de documentos agrava el caso, resta peso a las réplicas del PRI y su presidente y unifica a sus adversarios, incluso del mismo partido.

Coahuila es uno de los estados con mejores resultados en los indicadores nacionales de abatimiento a la pobreza, competitividad, atracción de capitales extranjeros, generación de empleo, promedio de escolaridad, infraestructura, salud y crecimiento del PIB. Esos datos son tan reales como la deuda. Las reacciones, por su tamaño, son propias de una sociedad democrática. El silencio sería peor para todos, incluso para el Gobierno. ¿Qué procede? Escuchar a la ciudadanía y brindarle satisfacción. Si la mayor parte de la deuda se invirtió en obras y acciones para atenuar los efectos de la recesión de 2008 y 2009, como argumenta el Estado, entonces deben castigarse los créditos irregulares con quitas a los acreedores y cárcel a los funcionarios (estatales, federales y bancarios) que incurrieron en delito.

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