El ex presidente Felipe Calderón se tardó todo su sexenio sin definir qué hacer con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, que como se recordará se creó a raíz de la crisis de la deuda de 1995, después de que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se quedara sin recursos tras el quebranto de Banca Unión.

El problema de origen del IPAB es que por insistencia y miopía de los entonces legisladores -entre ellos el propio Felipe Calderón- no se aceptó la propuesta de Ernesto Zedillo de crear, por un lado, un organismo que manejara exclusivamente el seguro del depósito bancario y, por el otro, un instituto que vendiera los activos  tanto de los bancos que dejaron de operar como de los créditos incobrables.

El Congreso decidió que el IPAB tuviera ambas funciones: vender activos y manejar el seguro del depósito e impuso, además, un artículo transitorio y aberrante que impedía al entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández, participar en la Junta de Gobierno.

Al iniciar el sexenio de Calderón se comenzó a analizar la transformación del IPAB porque ya se vendió la gran mayoría de los activos de créditos emproblemados, y porque el sistema de alertas tempranas permite detectar mejor y más rápido si un banco llegara a presentar problemas de liquidez y tuviera que ser intervenido.

Calderón nunca tomó la decisión. No ratificó a los vocales ni nombró sustitutos cuando terminaron sus periodos y se llegó al absurdo total de que la Junta de Gobierno del IPAB hoy sólo tiene a dos de sus cinco miembros: al secretario ejecutivo, José Luis Ochoa, y al vocal Benito Solís, quien termina su gestión al cierre de diciembre.

El problema es que se generó un vacío legal porque tampoco propuso modificar la ley para transformar al IPAB, ni tampoco presentó una nueva Ley de Quiebras bancarias, lo que generó la renuncia de Tere Fernández como secretaria ejecutiva, en marzo de 2011

Enrique Peña Nieto terminó con la incertidumbre jurídica y el jueves envió al Senado la propuesta de cuatro vocales al mismo tiempo.

Hopkins, Montaño, Quijano, Levin

Las propuestas de vocales para el IPAB que tienen son: Guillerrmo Hopkins, ex secretario de Hacienda de Sonora quien termina su periodo el 31 de diciembre de 2013; Luis Miguel Montaño, ex oficial mayor de la SHCP, que concluirá a fines de 2014; José Gerardo Quijano, ex director de Sistemas Operativos y Pagos del Banco de México (Banxico), que terminará en diciembre de 2015, y Óscar Levin Coppel, ex presidente de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quien sustituirá a Benito Solís y por lo tanto tendrá un periodo de cuatro años que concluye en diciembre de 2016. (Excélsior)

En cuanto a José Luis Ochoa, se mantiene aún como secretario ejecutivo y, desde luego, lo que se tendrá que definir es qué hacer con el IPAB, porque la estructura actual de vocales resulta demasiado costosa considerando que prácticamente lo único que hace hoy es administrar el seguro del depósito.

Club de toby en Banxico

El presidente Peña Nieto propuso a Javier Guzmán Calafell, director del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), como subgobernador del Banco de México en sustitución de José Julián Sidaoui, quien termina su periodo el próximo 31 de diciembre.  Qué lástima que haya desaprovechado esta primera oportunidad de romper el Club de Toby en el Banco Central.

Cobertura petrolera

Y una muestra más de que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, continuará con la misma política de finanzas públicas como una de las fortalezas del país, es la contratación del seguro de cobertura de los ingresos petroleros en 2013.

En el contexto de volatilidad de los mercados financieros ante la incertidumbre de fiscal cliff y la deuda de la eurozona, es fundamental contar con este tipo de coberturas, más aún si se considera que los ingresos petroleros están petrolizados.

La cobertura son puts u opciones de venta de petróleo a un precio promedio de 86 dólares por barril, contratadas a cargo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. En caso de que el precio de la mezcla mexicana bajara de 86 dólares por barril, el gobierno no tendrá ya que realizar ajustes al gasto público