Transiciones azarosas

Ningún cambio de Gobierno en el Estado había resultado tan azaroso como el de este año, por el volumen de la deuda y sus secuelas jurídicas, políticas y sociales. El quid que la convierte en escándalo nacional es la supuesta utilización de documentos falsos para obtener créditos de una banca inescrupulosa, inmoral y ávida de ganancias, a la que nada parece importarle el bienestar de casi 3 millones de coahuilenses. Por lo tanto, también merece castigo.

Cambios de gobierno así, en medio de turbulencias, tienen precedentes. En noviembre de 1975, luego de rendir su último informe, el gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño –hijo de Eulalio Gutiérrez Ortiz, presidente provisional por la Convención de Aguascalientes– fue informado por el secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, de una deuda por 350 millones de pesos. El estado había dispuesto de esos recursos, provenientes del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, en lugar de enterarlos a la Federación.

El gobierno de Óscar Flores Tapia asumió el pasivo que, sumado a otras deudas, creció a 500 millones de pesos. No hubo castigo para los responsables. Carlos Ayala, tesorero de Gutiérrez Treviño, abandonó el estado. En diciembre de 1999, Enrique Martínez, subordinado suyo en la Tesorería, lo nombró director del Instituto Estatal del Deporte.

Flores Tapia renunció en agosto de 1981 –dos meses y medio antes de terminar su mandato–, acusado de “enriquecimiento ilícito”. Lo hizo para aplacar la iracundia del presidente López Portillo, provocada por una discrepancia del gobernador con la secretaria de Turismo y supuesta amante presidencial, Rosa Luz Alegría, sobre un proyecto en la presa de La Amistad, municipio de Acuña. Flores Tapia no era un dechado de virtudes, pero hoy se le reconoce como el “constructor del Saltillo moderno”. López Portillo, en cambio, devino en piltrafa.

El escándalo no sorprendió a Rogelio Montemayor como gobernador, apadrinado por Salinas de Gortari, sino en Pemex, donde lo instaló el presidente Zedillo. El desvío de mil millones de pesos para la campaña presidencial del PRI de 2000, por conducto del sindicato petrolero, le costó 20 años de inhabilitación, la ignominia y acaso el fin de su carrera política. Lo que a media administración le estalló fue el affaire de “Pajaritos” (Fertimex), que un grupo de empresas de la familia Montemayor Seguy adquirió del Gobierno federal a precio de ganga. Al poco tiempo, el complejo agroquímico pasó al Grupo Acerero del Norte, dueño de AHMSA –privatizada también por Salinas, Pedro Aspe y Jacques Rogozinski.

Los costos que pagó fueron políticos. En las elecciones de 1996, el PRI y sus candidatos recibieron la peor reprobación ciudadana: perdieron Torreón, Saltillo, Monclova, Ramos Arizpe y otra media docena de alcaldías, así como la mayoría del Congreso local, catástrofe que hasta hoy no se ha repetido. El ex director de Pemex fue absuelto después de una defensa onerosa, el riesgo de pisar la cárcel y una multa impagable de mil 421 millones de pesos. Una vez rehabilitado, Rogelio Montemayor se convirtió en consultor. Actualmente colabora en la Universidad Autónoma de Coahuila.

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