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Vicente Bello
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28 Octubre 2016 04:00:00
“Un proceso legislativo hecho mierda que ahora quisieron aromatizarlo”
PRI, PAN y PRD hicieron ayer una de las más “grandes marranadas” que se recuerde en los territorios del Congreso de la Unión, cuando ayer el Senado de la República fue insuflado por los coordinadores parlamentarios de esos tres partidos políticos para modificar los periodos de los magistrados electorales que fueron elegidos aquí mismo el martes pasado, incluso cuando no han asumido el cargo.

Salida de la nada, de la oscuridad, una modificación súbita al artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación puso de pestañas al Senado, y soliviantó el debate parlamentario.

“Es un acto partidista”, sentenció Manuel Bartlett Díaz. “Es un asalto a las instituciones electrorales. Están prefijando un fraude electoral en 2018”.
Fue una reforma que dividió al PAN escandalosamente. Una reforma que apoyó irrestrictamente el PRI y el PRD. Y que “envenenará” irremisiblemente los tiempos políticos y electorales de aquí al 2018.

Comenzaba el debate cuando ni siquiera se conocía el dictamen. Un dictamen construido no en la Comisión de Justicia, que preside el priísta Fernando Yunes, sino en el seno de la Junta de Coordinación Política del Senado, pero sólo con la participación de los coordinadores del PRI, PAN y PRD.

Prohijada por el senador del PAN Roberto Gil, esta reforma repentina –fuera de tiempo, ambiciosa y convenenciera, juzgaban opositores- tuvo un rechazo importante de senadores panistas como María Luisa Calderón, Jorge Luis Preciado y Héctor Larios.

David Monreal centró: “Con estas modificaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría siendo rebasada, ya que las ternas que propuso y en la calidad que los envió a este Senado eran con base y en el entendido de que los cargos serían elegidos para periodos escalonados, razón por la que todo el procedimiento debería declararse ilegal o
inconstitucional”.

Aseguró Monreal: “Genera muchas dudas la forma de actuar del Gobierno federal y sus aliados, porque han ido acomodando a sus allegados en lugares estratégicos quienes tienen asegurado sus cargos públicos transexenales e inamovibles por el próximo gobierno federal”.

Y remachó: “¿A qué le temen? ¿No les basta con el 2018? ¿También quieren el 2024?”

Un estupefacto Héctor Larios (PAN) argumentó en contra de un dictamen que había sido avalado por su coordinador Herrera y por su correligionario Roberto Gil: “La duración de los magistrados es de nueve años, y renovando un tercio aproximadamente del tribunal cada tres años se garantizaba un perfecto escalonamiento”.

Y resellaba: “Ahora se pretende modificar ese esquema, pero se pretende modificar una vez que fueron electos los integrantes del nuevo tribunal. Y aquí me parece que ese es el  meollo del asunto, el tratar de que una ley que define instituciones, la ley que define la institución del Tribunal Electoral tenga que modificarse en función de personas”.

Roberto Gil argumentaba en favor del dictamen: “Unos cuantos meses, después de calificar la elección presidencial, dos magistrados van a estar en proceso de
renovación.

¿Qué incentivos manda el sistema? ¿Qué incentivos manda la ley con respecto a esos dos magistrados? El incentivo y la certidumbre. La incertidumbre de ser sometidos a la presión política; la incertidumbre de ser otra vez presa de las consecuencias políticas de la elección”.

Y entonces lanzaba un dardo al destinatario de esta ley, Andrés Manuel López Obrador, a quien sin mencionarlo aludió clavándole un punzón envenenado: “No se nos olvide que este Congreso, el poder revisor de la Constitución, en su momento, ha descabezado órganos electorales como presión y como chantaje de quien no ha querido aceptar los resultados electorales, y eso no va a volver a suceder en México, no debe volver a suceder en México”.

Entonces, a la tribuna, Layda Sansores, con quien Roberto Gil no se la acabó: “El senador que me precedió, tan devoto de la ley, pero cuando le conviene, todo esto que dijo podrá tener razón, pero por qué ahora, por qué no lo dijo y esgrimió con esa vehemencia sus argumentos en el momento de la discusión y antes de venir a dejar en ridículo a este Senado, porque esto es un asunto cerrado.

Después pasa y vuelve a venir con esa misma vehemencia a decir
sus mentiras”.

Argumentadora invicta, Layda insistió: “Como dijo el Senador Larios: ‘Nadie habló de este tema’. ¿Por qué no metieron uno de sus famosos addéndum que siempre aparecen en el último momento de las votaciones? Había otras maneras.

Habían negociado como se les dio la gana. Habían convertido el proceso en una mierda y ahora quieren aromatizarlo”.

Y el apostille final: “Se trata de una ley privativa, ya lo dijeron, con dedicatoria para cuatro ciudadanos, ‘para mis cuatro cuates con amor’... El amor ciega y el poder los envilece”.

Gil intentó interpelar a Layda, pero al final ya no preguntó. “Usted no entiende de cuestiones constitucionales”, dijo el panista a la petista.

Y la petista le reviró: “Yo tal vez no entienda demasiado de leyes, yo no soy abogada como usted presume serlo, pero no respeta las leyes de la abogacía y del derecho, usted viene aquí a sus conveniencias y acomoda la ley de acuerdo a sus intereses. Eso es lo que le debería de dar vergüenza. Y lo que sí tengo conocimiento, más que usted, es de moral pública que a usted le falta”.

Una docena de oradores más. Pero aquí se habían dicho ya todo. Al final, la aprobaron los del PRI, PAN, PRD y Pvem.

Por el recinto se esparcía el olor de una loción cara…

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