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Vicente Bello
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07 Diciembre 2016 04:00:00
Una ley que beneficiará a productores e investigadores nacionales de semillas
Con una reforma a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que ayer aprobó la Cámara de Diputados –el Senado tendrá que refrendarla o rechazarla-, el país estaría dando un gran paso para que empresas nacionales e instituciones universitarias y de investigación públicas puedan competir con productoras trasnacionales de semillas como Monsanto, Sygenta, Bayer, Pyonner y Dow Agrosciences, que controlan el 94 por ciento del mercado de las semillas en México, cuyo valor es de 1,850 millones de dólares anuales.

El danzón está dedicado, fundamentalmente, para dar impulso al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Colegio de Postgraduados, Universidad Nacional Autónoma Chapingo, Universidad Agraria Antonio Narro y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). Y para todos los sectores privado, público y social dedicados a multiplicar, disminuir y vender las semillas que se siembran en los campos de México.

“La agricultura es el sector más afectado por el cambio climático”, se lee en los considerandos de un dictamen que el pasado 28 de abril presentó José Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y diputado federal del PAN.

Y precisaba: “Los resultados de los análisis multimodelo indican que la combinación del incremento en la temperatura con el estrés nutricional por la falta de nitrógeno, reducirán de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos en las regiones productores de nuestro país”.

Ayer, durante la discusión y aprobación plenaria, Omar Noé Bernardino Vargas, diputado del PVEM, dijo: “El 94 por ciento de la producción de semilla que se concentra en nuestro país, lamentablemente la tiene un oligopolio de empresas privadas extranjeras como el caso de Monsanto, de origen alemán, de Syngenta de Suiza y dos empresas norteamericanas como es Hainer y Car Works, y solamente el seis por ciento están en empresas nacionales y públicas”.

En el agregado a la ley, artículo 18, que la Comisión dictaminadora refrendó, refiere que “en los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, se incluirá la formación de recursos humanos, y (sic) redes de conocimiento para la generación de empresas semilleros nacionales con apoyo de instituciones de enseñanza superior y tecnológica y centros de investigación, la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y tecnología de semillas”.

Entonces el pvemista habló de los beneficios: “Primero, se van a impulsar la creación de empresas nacionales para que se dediquen a la producción y mejoramiento de semillas a efecto que puedan competir con mayores ventajas a estas empresas extranjeras”.

Y otro beneficio, según el pvemista: “Se van a vincular a las instituciones de educación superior dedicadas al estudio de agricultura, pero ya en el ámbito agropecuario, abriéndoles un nicho de empleos a los egresados de esas instituciones, profesionalizándose la producción del principal insumo de los productos agroalimentario”.

Y otro más: “Al controlarse la producción de semillas se va a dejar de depender de las empresas extranjeras, también se va a impedir la manipulación de precios y por ende los productores ya no van a estar a merced de la voracidad comercial de estos oligopolios que lamentablemente controlan en la actualidad el mercado”.

Por el PRD habló Felipe Reyes: “México tiene un déficit de semillas certificadas en cultivos básicos”. Y reiteró: “El 85 por ciento de las semillas de maíz son producidas en México; sin embargo, el 95 por ciento de las semillas de hortalizas que utilizamos, son importadas”.

Fue él quien dijo que en México hay más de 300 variedades de semillas para los principales cultivos, muchas de las cuales se producen en centros de investigación mexicanos y universidades, que no tienen los canales de comercialización y distribución debidas y no hacen contacto con los agricultores marginados y de bajos recursos.

En México, insistió el perredista, el mercado de las semillas es de 1,850 millones de dólares; genera 100 mil empleos directos y 300 mil indirectos, e involucra a 10 millones de agricultores mexicanos de manera directa.

Entonces, en la tribuna, el promoverte de la reforma, el panista José Erandi Bermúdez dijo: “Hoy queremos que esta iniciativa lleve esa transferencia de tecnologías a esas instituciones que le han dado gloria también a este país, a la UNAM, al Politécnico, a la Narro, a Chapingo, al Colegio de Posgraduados, a estas instituciones agrarias que se han dedicado a la investigación durante muchos años para que nuestro país, para que nuestros agricultores tengan las condiciones adecuadas para poder generar”.

El PRI a través de José Hugo Cabrera Ruiz, dijo estar convencido de que “no hay mejor cosecha que la sembrada en casa”…

Y añadía: “México tiene 22 millones de hectáreas cultivables y el sexto país con mayor número de tierras fértiles; sin embargo, el 94 por ciento de la semilla original se concentra en empresas privadas”.

Y el mensaje del PRI: “Debemos impulsar que más empresas e instituciones mexicanas sean productoras y distribuidoras de semillas y apoyar a las que ya existen con más financiamiento público para el desarrollo, investigación y producción para estar a la vanguardia”.

Al final, Natalia Karina Barón, del PRD, decía que esta reforma representa una oportunidad histórica para corregir el modelo orientado a las exportaciones y redirigir nuestro desarrollo a fortalecer el mercado interno y el apoyo del productor nacional”.

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