Hace ya ocho días, el Tribunal Electoral de Coahuila decidió conceder la razón a los partidos PRD y PAN, que solicitaron revocar el acuerdo emitido por los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila de fecha 13 de enero, en el cual se aprobó el convenio de la coalición Juntos Haremos Historia por Coahuila.

Este convenio se encuentra signado por los partidos Morena, Unidad Democrática y del Trabajo, que buscaban contender juntos en esta elección 2021, para la renovación de los ayuntamientos. Así pues y a pesar de lo anterior, el Tribunal local consideró que dos de los tres partidos fallaron al presentar documentación incompleta al momento de registrar el convenio de alianza. Razón por la cual, ordenaron la revocación del acuerdo del IEC.

En la resolución, los magistrados del Tribunal Electoral local establecieron con claridad que los partidos coaligantes no presentaron conforme a derecho ni dentro del plazo de ley, sus solicitudes de registro del convenio de coalición, toda vez que, la documentación que acreditara la voluntad de los mismos partidos para conformar la coalición no fue adjuntada. Además de que, ni UDC ni PT expresaron alguna imposibilidad para cumplir oportunamente con dicho requisito.

Y que lo hicieron parcialmente y después del plazo, aprovechándose de que el IEC les hizo la valona con una prórroga ilegal.

Sin duda, algo de razón tiene el Tribunal local cuando considera que la documentación faltante es un requisito de carácter esencial, por lo que es ineludible la obligación de presentarse con todo y dentro del plazo legal, ya que por su naturaleza no puede ser susceptible de ser prevenido como si los plazos fueran flexibles. Además de que las documentales faltantes constituyen la prueba necesaria que acredita que las dirigencias de los partidos tenían la voluntad de celebrar el Convenio de Coalición.

Y es que considerar lo contrario sería tanto como pretender iniciar un proceso de divorcio presentando un escrito de demanda con fotocopias de las actas y sin las firmas de los solicitantes; y que el juez te llamara después, para saber si aquello no había sido una broma.

En fin, motivos quizá tuvieron los partidos para incumplir con los requisitos esenciales al momento de presentar su convenio de coalición, y las consecuencias de sus omisiones sin duda ahora las enfrentan.
De igual forma, creo que también existen razones por parte del Tribunal para considerar revocable el acuerdo que había admitido en primera instancia un convenio incompleto. Lo que nos lleva a pensar que hasta aquí todo marcha de manera normal, así que solo resta esperar el desenlace de este embrollo.

La gran ventaja es que, sea cual sea la solución de dicho problema, en nada nos perjudica y ni nos beneficia a los ciudadanos comunes. Razón por la cual la ciudadanía poca atención ha destinado a esta situación que solo compete a los partidos participantes. Y es que la verdad, a quién le importa si en este momento se emite o no una sentencia injusta o que violente los principios rectores de la democracia, cuando lo de hoy es permitir las reelecciones, las campañas anticipadas, la compra y coacción de voto y hasta la utilización de los programas sociales y de salud como sistema clientelar de los partidos en el poder. O lo que es lo mismo: ¿a quién le importa que le pinten una raya más al tigre?