El pasado viernes, Miguel Álvarez Gándara recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 de manos del Presidente de la República en Los Pinos. El premiado es un hombre sencillo, austero y de profunda espiritualidad que ha dedicado su vida a la mediación de conflictos y a la lucha por la paz en México y otros países.

En esa ocasión leyó un texto lúcido que, entre otras cosas, propone una estrategia distinta a la que han seguido los dos últimos gobiernos, para enfrentar la violencia. Sostiene que “es imprescindible enfrentarla con otro concepto y estrategia de seguridad que no se basen en la guerra ni en el uso de las Fuerzas Armadas, sino en una visión integral vinculada a la paz y los derechos humanos”.

Y añade que “llevamos 10 años de una estrategia de concentración de mandos y fuerzas para confrontar el poder de los criminales más organizados. Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad demuestra lo contrario; más fuerza termina generando más muertes, ciudadanos inhibidos y atemorizados, dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades encargadas de protegerlos”.

En su visión, tiene más de 30 años trabajando en temas de seguridad y paz, se tiene “que construir una nueva política y sistema nacional de seguridad que desde una concepción de seguridad humana y ciudadana articulen las dimensiones económicas, sociales, políticas e institucionales en los tres órdenes de gobierno, con un énfasis local en la proximidad social”.

Miguel, somos amigos desde hace 45 años, se manifiesta en contra de la actual propuesta de Ley de Seguridad Interior, ya aprobada por los diputados, porque ésta “no debe responder a la lógica de coyuntura para continuar la actual estrategia de seguridad: lo que hace falta es cambiar esa lógica y estrategia” y añade que “la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona; significa darle a la emergencia y fuerza la categoría de permanencia. Esta ley no debe prosperar”.

El premiado, que estudió en la Universidad Iberoamericana, demanda que el Gobierno, los partidos, el Ejército y el Senado “profundicen el diálogo y la escucha; por el bien del país, no se cierren”. Y pide que en el caso de que esa ley fuera promulgada “sin perjuicio de las acciones legales que ciudadanos y organizaciones sociales puedan emprender, desde ahora animo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en concordancia con lo que ha manifestado al respecto, y con la posibilidad que le otorga el Artículo 105 constitucional, ejercite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Inconstitucionalidad que abra el camino para su invalidez”.

Miguel, que es presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), asegura que “como Nación nos urge generar condiciones pacíficas a la tensión polarizada y la conflictividad política y social que ahora crecen. Recordemos que la paz requiere de la seguridad, pero no se agota ni es sinónimo de ella, pues la paz obedece a un concepto y paradigma que la construye inseparable y basada en la Justicia, la democracia y los derechos humanos. México requiere no solamente un nuevo esquema de seguridad, sino un prioritario y profundo enfoque de Paz, que conllevará los avances en otros campos que propiciarán a su vez la seguridad misma”. Hay que escucharlo y actuar en consecuencia.