El miércoles pasado, el Instituto Electoral de Coahuila llevó a cabo un ejercicio de discusión, al cual identificaron como conversatorio, denominado Reelección: Retos Para el Proceso Electoral 2018, en dicho evento, intervinieron la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela Eugenia del Valle Pérez; Jorge Sánchez Morales, magistrado en la misma Sala Regional Guadalajara, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el coordinador general de asesores de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marco Antonio Zavala Arredondo.

En dicho evento, la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez consideró que la reelección no es un nuevo derecho, sino que la reforma político –electoral de 2014– más bien levantó una restricción para que los servidores públicos en funciones puedan participar en los procesos electorales en igualdad de circunstancias; Más o menos en el mismo sentido el magistrado Jorge Sánchez Morales hizo un recorrido histórico de las reelecciones en México, para concluir que la reelección nada tiene de malo.

Finalmente, Marco Antonio Zavala trató de hacer entender, que la prohibición a la reelección no debe considerarse como una violación a un derecho humano, ya que hasta hoy ningún ordenamiento constitucional o internacional la reconoce como tal; incluso consideró que la no reelección es un mecanismo necesario para mantener un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder.

Dignos representantes del Tribunal Electoral Federal resultaron los magistrados participantes en el mentado conversatorio, ya que las opiniones vertidas por los mismos, llevaron sin duda implícitos los criterios incongruentes con los que ahora el citado tribunal resuelve las controversias que les son sometidas a discusión.

Y como muestra la resolución dictada por dicha autoridad respecto a la posibilidad legal de que en Coahuila un alcalde, en la próxima elección 2018, haga campaña sin la necesidad de desprenderse de su cargo, esto, a pesar del inminente riesgo de que el funcionario disponga de los recursos públicos del municipio, para desviarlos a su campaña política–electoral, lo que traerá como consecuencia una elección por demás desigual e ilegal. “No hay conflicto de intereses porque la ley lo permite. Habría que ver caso por caso y ser muy cuidadoso de lo que se puede y lo que no se puede hacer, se establecerían las reglas y tendrán que seguirlas. Obviamente si alguien no está de acuerdo, presentará la denuncia respectiva y será analizada”, aseveró la magistrada.

Pareciera que desconocen que quien sancionará el proceso electoral local en el cual se renovaran los 38 municipios, con candidatos alcaldes en funciones, lo es el Instituto Electoral de Coahuila, y que el mismo carece de facultades para auditar o fiscalizar los gastos de campaña, por ser esta una labor reservada al Consejo General de INE, aunque a decir verdad, es evidente que también desconocen que ellos mismos coartaron al mismo INE en el ejercicio de esa labor fiscalizadora, lo que trajo tantos conflictos a Coahuila en la elección de Gobernador.

En fin, ciertamente hay algo que debemos reconocer a los magistrados visitantes y lo es el gran valor o descaro de venir a una entidad a la cual bastante han lastimado con sus ocurrentes resoluciones.