Hace una semana, por ejemplo, Carlos Salinas, invitado a dar una conferencia muy bien retribuida -las agencias promotoras suelen centrar sus objetivos en quienes encabezan los grupos dominantes para dotarles de presencia y escenarios ad hoc-, alegó, no sé si en su descargo, que su sucesor, Ernesto Zedillo, para cobijarse y protegerse en los grandes consorcios multinacionales, se había dado a la gratificante tarea de proporcionar información financiera confidencial, esto es para que los avisados pudieran especular a sus anchas, antes de la debacle económica de 1994 con la que se cerró el año de la barbarie depauperando a los mexicanos.
El tal conocido “error de diciembre”, cuando el gobierno anunció una grave crisis de liquidez como si fuese el fin del festín salinista, acabó siendo el detonante para la consolidación de las empresas que son claves hoy al amparo de sus complicidades públicas, primero con la hegemonía priísta y después con los sucedáneos panistas. Los dividendos fueron cuantiosos para ellas mientras la mayor parte de los mexicanos perdían la mitad de sus ahorros de un plumazo, un golpe del que muchos no logran todavía levantarse porque los escenarios actuales siguen contaminados por la sed especulativa que sólo se apaga cuando surgen los amarres soterrados entre los intereses corporativos y el poder público.
Al respecto, no son pocos los dueños de poderosos medios informativos nacionales que fueron igualmente beneficiados, incluyendo las cada vez más influyentes cadenas de televisión privada y dos de las empresas periodísticas originarias de Monterrey y emplazadas en la ciudad de México cuya supervivencia se debió, en buena medida, al estratégico anuncio que las puso a salvo. De allí, por supuesto, la singular fidelidad editorial en pro de la causa zadillista con todo y los favores hacia los promotores de la primera alternancia. Hasta hoy, naturalmente.
No es por otra cosa, claro, que los ex presidentes mejor tratados por sus respectivos sucesores hayan sido Zedillo, ante quien los panistas se santiguan observándolo como santón de la democracia falsaria, y Vicente Fox, ahora acaudalado restaurantero rural, sin ser objetivos de indagatoria alguna sobre desviaciones, complicidades y desfalcos en sendas administraciones marcadas por la parálisis y la negligencia oficiales. Doce años perdidos, nada menos.
También al final del echeverriato, y después en 1982 con José López Portillo, los grandes socios de la clase política priísta fueron oportunamente advertidos sobre los previsibles sacudimientos financieros y sus consecuencias devaluatorias e inflacionarias. Aun así, las autoridades no actuaron con celeridad y permitieron que los inversionistas “aliados” -los mismos ayer y hoy-, se blindaran en el exterior empobreciendo a sus empresas, saqueándolas como igual sucedió a los bancos.
Varias veces, acaso como si se tratara de expiar el alma atormentada, López Portillo explicó a este columnista que, en la hora crítica de su sexenio, hasta los miembros de su gabinete, aprovechando la información confidencial y el uso ilegal de la misma, optaron por especular sin recato para duplicar o triplicar sus fortunas sin el menor esfuerzo y bajo las siete llaves de la impunidad:
Tengo la lista de los saqueadores -me dijo don José, una y otra vez-, y voy a divulgarla cuando lo crea conveniente. Empieza con algunos de quienes fueron secretarios de Estado durante mi Presidencia.
Pero, al fin, se murió y nadie ha podido situar el documento en las cajas fuertes de su hipotecado legado. La justificación, en esta línea, acabó siendo una anécdota más en el panteón de las frivolidades. Más porque, por supuesto, los beneficiarios, muchos de ellos todavía en activo a través de ellos mismos o de sus herederos como los Hank Rhon, supieron atar cabos y extender alianzas hacia el futuro sin necesidad de la menor alteración. Tal es, desde luego, el mayor “secreto” de la apacible vida institucional.
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