Asociada o no a ese fenómeno, la violencia política registra hasta hoy su máxima expresión el 23 de marzo de 1994 con el homicidio de Luis Donaldo Colosio, en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, donde celebró un mitin. Durante su velación, en la sede nacional del PRI, militantes indignados corearon: “¡Él fue!… ¡Él fue!”. Apuntaban a Carlos Salinas de Gortari, que en ese momento montaba guardia ante el féretro del candidato.
Por esos días turbulentos, el fiscal especial Miguel Montes anunció en cadena nacional que el atentado obedecía “a una acción concertada” (conjuración, sin eufemismos). La certeza de que la ejecución fue por desarreglos en la cúpula del poder, arraigó en el imaginario colectivo. Cuando Montes cambió de parecer, ya era tarde. El caso tuvo un final muy mexicano: Mario Aburto Martínez fue condenado a 50 años en calidad de “asesino solitario”.
Entre los móviles del crimen se mencionaron celos y discrepancias de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari con Colosio y una presunta venganza del narcotráfico. Según parece, el candidato habría rechazado entrevistarse con emisarios de uno de los cárteles más poderosos de la época, en una cena en Monterrey y en el salón Candilejas, de Saltillo, que otros habían programado.
El 28 de septiembre del mismo año, el diputado y secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, fue asesinado a bordo de su auto, al salir de una reunión en el hotel Casablanca de la Ciudad de México. El autor material, Daniel Aguilar Treviño, involucró en la trama al diputado Manuel Muñoz Rocha, cercano a Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente.
En marzo de 1995, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la PGR detuvo a Raúl Salinas como presunto autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, quien había sido su cuñado. También se le acusó de lavado de dinero por más de 160 millones de dólares, obtenidos presuntamente por dos vías: narcotráfico y fondos de la partida presidencial secreta. Los recursos los transfirió a bancos de Europa bajo nombres falsos.
Sin embargo, Salinas fue absuelto. El 14 de junio de 2005 —penúltimo año del gobierno panista de Vicente Fox— volvió a la calle tras 10 años de prisión. Jamás volvió a saberse de Muñoz Rocha. Humberto Hernández Haddad, ex cónsul de México en San Antonio, sostiene que avisó de su presencia en esa ciudad, sin que la Cancillería ni la PGR movieran un dedo para localizarlo y pedir su extradición.
Sobre el asesino material, sentenciado, como Aburto, a 50 años, el investigador Lorenzo Aldrete escribe en su ensayo La idea del crimen de Estado: el caso Ruiz Massieu: “Como parte de la zarabanda política, hoy Daniel Aguilar Treviño, un mísero ejidatario analfabeto y torpe en el uso de un arma, purga condena en una prisión de máxima seguridad. Su clasificación es la de reo de alta peligrosidad y se encuentra recluido al lado de los secuestradores y narcotraficantes más feroces del país”.
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