Violencia política (II)

Antes de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, ocurridos entre marzo y septiembre de 1994, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, fue acribillado en el estacionamiento del aeropuerto “Miguel Hidalgo”, el 23 de mayo de 1993, en un supuesto duelo entre bandas de narcotraficantes. La versión oficial es que los Arellano Félix lo “confundieron” con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

Abogados de la Arquidiócesis sostienen que el magnicidio fue también obra del Estado. Carlos Salinas de Gortari, por su parte, culpa a la masonería, según distintas fuentes. A Posadas se le “dispensó” la autopsia, pese a la gravedad del caso.

La violencia política empezó seis años antes, como lo consigna el diario “Respuesta de Michoacán”:

“Al anochecer del 2 de julio de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas cerraba en Pátzcuaro su campaña en pos de la Presidencia de la República, para posteriormente en el Hotel Mansión Iturbe ofrecer una entrevista a la prensa extranjera. A esa misma hora, en una zona popular de la Ciudad de México, caían acribillados sus colaboradores Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez; cuatro días más tarde se celebrarían las elecciones…” (2-7-11).

Las izquierdas formaron el Frente Democrático Nacional para postular a Cárdenas, expulsado del PRI por oponerse a la imposición de Carlos Salinas como candidato a la Presidencia para las elecciones de ese año. Los asesinatos de Ovando y Gil marcaron el inicio de una nueva etapa de represión política —en el sexenio de Salinas— que, según el PRD, cobró la vida de alrededor de 500 líderes, militantes y simpatizantes cardenistas.

El clima social y político vuelve a enrarecerse en vísperas de las elecciones presidenciales, con un agravante: si antes era por ambiciones y diferencias entre partidos y grupos antagónicos de la misma formación política, donde la injerencia del crimen organizado era tangencial, hoy su influencia económica y política es mayor e incluso incide directamente en las elecciones.

Aunque el presidente Felipe Calderón ha variado su discurso y ahora afirma que respetará el resultado de los comicios del 1 de julio próximo, quien quiera que resulte ganador, antes había advertido sobre el riesgo de que le sucediera un representante del narcotráfico. El triunfo del PRI en Michoacán, el 13 de noviembre de 2011, ratificado por el Trife, estuvo en duda por la presunta participación de la delincuencia, denunciada por el PAN y el PRD.

Por esa y otras irregularidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la victoria del PRI en Morelia. Previamente, la Cámara de Diputados había desaforado al diputado perredista Julio César Godoy –hermano del gobernador– por sus nexos con un cartel local. En este escenario, las autoridades que pacten o no con la delincuencia organizada, y con mayor razón las que la afrontan, corren peligro por los intereses económicos y políticos que afectan. La amenaza es real e incluye a líderes sociales y religiosos, como el obispo de Saltillo, Raúl Vera. Por tanto, debe tomarse en cuenta para no lamentar sucesos como los de 1988, 1993, 1994 y 2011.

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