¿Y la confianza?

Al paso que vamos el desafío no será pedirle a la ciudadanía su voto para tal o cual partido, sino convencerla de ejercerlo. La descomposición política, que parecía haber tocado fondo, avanza inmisericorde y, por si fuera poco, exhibe sus peores frentes, con la corrupción exacerbada a la vanguardia, colocando a la sociedad en virtual estado de indefensión contra los excesos del poder público. Y nada es peor, desde luego, a la negligencia y la torpeza, sellos característicos de la administración federal en cierne. La derecha, sencillamente, ha caducado en el ejercicio del Gobierno.

¿Alianzas? Lo peor no es que se den, sin riña con el concepto democrático destinado a hacer viable la conducción nacional, sino que se consumen entre elementos sin identidad alguna y, para colmo, con los más aviesos y perversos representantes de los bandos adversarios. ¿Cómo podrá justificar Felipe Calderón, por ejemplo, su matrimonio político con Elba Esther, la “novia de Chucky”? En línea semejante será imposible que Jesús Ortega, dirigente perredista, alcance el perdón histórico luego de caer en el absurdo de mantener su desconocimiento al Gobierno federal panista pero aliarse con el mismo grupo en regiones estratégicas. Y de igual manera, el PRI no podrá superar jamás el estigma de confabularse para depauperar a los mexicanos por la vía fiscal por el prurito de asegurar las ambiciones del gobernador mexiquense, Enrique Peña, tras la Primera Magistratura.

Los galimatías demuestran, sin género de duda, cuál lejos están los órganos de representación política de una madurez que eleve la ponderación, la coherencia y el buen juicio por encima de los vanos y circunstanciales intereses sectarios. Insisto: Los partidos y, sobre todo, sus dirigencias les quedan muy chicos a los mexicanos quienes exigen opciones válidas para el futuro y, más que eso, la garantía de viabilidad nacional por parte de cuantos han recibido el mandato general, en los niveles Ejecutivo y Legislativo, y deben cernirse, por encima de cualquier otra facultad o función, precisamente a la soberanía popular.

Para algunos las formas se han desquiciado a través de las descalificaciones, y las injurias incluso, entre supuestos líderes de distintas fracciones partidistas. En la Cámara Baja -nunca mejor el término-, hace apenas una semana, una diputada panista, María Elena Pérez de Tejada Romero, llegó al exceso de señalar a Peña Nieto -“no lo digo yo, lo dicen muchos medios y todos los mexiquenses”-, como “acusado” de “haber matado a su mujer”.

Fuera del tópico en el que se encasilla al gobernador que ya se siente presidente, acaso como efecto de otros episodios similares jamás indagados a fondo -por ejemplo, con relación al ex gobernador hidalguense Manuel Ángel Núñez Soto-, la legisladora en cuestión tiene el deber primigenio, más allá de la simpleza de una disculpa superficial, de presentar la denuncia conducente, con las pruebas respectivas, sobre cualquier hecho delictivo del que tenga noticia, máxime si se involucra a funcionarios públicos. Pero no lo hizo: Sencillamente se quedó en el exabrupto contrariando su propia jerarquía de legisladora y demostrando, con ello, que adolece de principios y perfiles para desempeñar su encargo. Debiera, sí, ser sometida a un juicio de procedencia... si de verdad la justicia se respetara.

Lejos de ello, los priístas, y el propio aludido, dejaron pasar la afrenta elevando los chantajes soterrados con este pretexto. Prefirieron la negociación, otra vez, sobre el prurito de despejar dudas sobre un hecho que pare estar encaminado a convertirse en bandera de quienes se opongan a Peña. Con o sin razón, pues ésta parece determinada en razón a las cortinas de humo elevadas a la quinta potencia. ¿No sería más razonable actuar en consecuencia y proceder, si se tienen elementos claro en la mano, contra la diputada hablantina? ¿No es peor la difamación aviesa que tirar una barda en Tecamachalco -pretexto para el precipitado linchamiento del jefe de Gobierno en 2005-?

No hay sentido ni decoro. ¿Y qué decir de la vergonzosa parodia priísta por la que se increpó a Calderón, llamándole espurio -el calificativo usado por la izquierda afrentada en 2006-, tres años y medio después de consumado el veredicto final sobre los desaseados comicios presidenciales avalados por el propio PRI y sus cuadros de mando? Esto es: Este partido, otrora invencible y en lisa de reconquistar la Presidencia, se manifiesta tardíamente sobre un suceso que sojuzgó la voluntad ciudadana, bajo la crispación y la radicalización, confirmando con ello que actuó sectariamente en contra del interés colectivo. ¿Podrán siquiera pedir perdón? ¿Será suficiente ante el daño infringido a la democracia con saldos nefastos en el presente?

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