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Luis Rubio
Luis Rubio
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14 Abril 2013 04:06:50
Credibilidad e impacto
“Muchos son los andantes,” dijo Sancho. “Muchos,” respondió don Quijote, “pero pocos los que merecen nombre de caballeros”. Las instituciones no nacen siendo fuertes: van ganando fortaleza -o perdiéndola- en la medida en que avanzan en su cometido y se ganan el respeto de la ciudadanía. No basta con que existan las instituciones (producto de un acto político, usualmente en la forma de una decisión legislativa); las instituciones se vuelven parte de la fibra social si la sociedad las abraza y acepta como suyas. Cuando esto no ocurre, las instituciones se tornan en edificios vacíos sin credibilidad. La mayoría de nuestras entidades “autónomas” y regulatorias (pero ciertamente no todas) ha fallado en lograr el reconocimiento y legitimidad popular porque no han comprendido el momento, su función o las circunstancias por las que atraviesa el país. Un ejemplo de ello es la Comisión Federal de Competencia, Cofeco.

La monarquía española a partir de la muerte de Franco es un buen ejemplo de cómo se constituye y afianza una institución. Aunque el dictador organizó su sucesión utilizando al hoy rey Juan Carlos como medio de continuidad, la monarquía se consolidó y fue aceptada por la sociedad sólo cuando se dio la intentona de golpe de Estado por parte de Tejero, un lustro después. Fue en ese momento, cuando el rey se convirtió en el factor clave de estabilidad y retorno a la normalidad democrática, que la monarquía demostró su trascendencia y la importancia de su función.

La viabilidad y credibilidad de una institución dependen de la forma en que se conducen quienes la encabezan. El IFE se ganó su lugar en parte por la labor de su consejo, pero no es posible ignorar que la suerte jugó un papel estelar: de no haber ganado en 2000 el candidato políticamente correcto, su credibilidad habría sido ínfima. No por casualidad sufrió un embate brutal y visceral en 2006, tan grande que hizo factible la remoción de su consejo, como si éste no tuviera valía. Nunca logró consolidar su legitimidad.

Cuando es joven, una institución tiene que ganarse la credibilidad en su ámbito de acción. En países con instituciones fuertes y bien desarrolladas, la creación de una nueva entidad no constituye un desafío mayúsculo y, aunque también tiene que ganar su espacio, el ambiente tiende a facilitarlo. La situación es muy distinta en un país como el nuestro, donde la concentración de poder ha sido tan vasta, la vida política dominada por un solo partido y la separación de poderes tan endeble. En un contexto de opacidad, corrupción, cacicazgos, líderes “fueres” y “morales”, no es fácil la incorporación de entidades diseñadas para profesionalizar el ejercicio del poder, arbitrar disputas, garantizar el acceso a la información, regular la actividad económica o la transparencia de la actividad pública y política. Se trata de un choque de conceptos, principios, prácticas, tradiciones y, no menos importante, intereses. Es, por decir lo menos, una enorme contradicción.

En un contexto así, una nueva entidad tiene que desarrollar una estrategia para acreditar su viabilidad, ganar la aceptación de la población y construir su legitimidad. La Cofeco nació en el momento en que comenzaba la liberalización económica: el gobierno abandonaba una forma de control y supervisión directa y comenzaba a construir un nuevo esquema, fundamentado en una economía abierta, procesos de privatización de empresas y una desregulación generalizada. La nueva comisión nació con el mandato crucial de asegurar que los mercados en la economía mexicana fuesen competitivos, es decir, que no hubiera prácticas monopólicas, que las regulaciones no favorecieran a unos jugadores sobre otros, todo para el beneficio del consumidor.

No era un mandato fácil, dada la naturaleza ya de por sí oligopólica de la economía. Tampoco era sencillo por la existencia de enormes empresas, algunas recién privatizadas, controlando sectores enteros y concentrando la atención de los consumidores, analistas y críticos. La Comisión tenía dos opciones: irse contra los grandes asuntos o contra otros menos visibles pero igualmente importantes. No hay que perder de vista que el fenómeno de concentración se reproduce en todos los niveles, regiones y sectores. Ir contra los grandes implicaba irse contra entidades con mucho dinero y mucho poder; irse contra las menos grandes habría implicado golpes quizá menos efectistas pero tal vez más certeros. La relación de poder ciertamente habría sido distinta.

La Cofeco optó por lo visible sin reconocer el riesgo en que incurría. Al irse contra los grandes, también se fue contra los poderosos: con bolsas grandes para contratar abogados y procurar amparos, relaciones políticas por todos lados y una infinita capacidad de corromper. No por casualidad, luego de años de intentos fallidos, tiene muy poco que mostrar como resultados tangibles. Abrió procesos contra la mayoría de las empresas y sectores que, correctamente o no, más se asocian con prácticas monopólicas o abusos al consumidor. Sin embargo, las pocas batallas que ganó acabaron siendo pírricas. Algunas todavía están en veremos. Dos décadas después de su creación tiene muy poco o nada que mostrar como beneficio al consumidor que es, supuestamente, su mandato. No es casual que su credibilidad sea tan endeble y que, por lo tanto, los políticos anden viendo cómo la modifican una vez más. El caso del IFE es sugerente.

Por supuesto, no hay nada de malo de concentrarse en los asuntos más grandes y visibles, excepto que, tratándose de asuntos de poder -una institución endeble frente a unos monstruos perfectamente establecidos- la probabilidad de ganar es poca. Quizá la nueva ley de amparo abra espacios hasta ahora imposibles, pero incluso en esa circunstancia no es posible ignorar la obviedad y la ironía para una entidad que se cree autónoma: ese cambio sólo fue posible gracias a la imposición presidencial.

Quizá el resultado hubiera sido otro, de concentrarse la comisión en mercados más limitados, pero con mayor probabilidad de éxito. Algunas obvias para mí, pero claramente no exclusivas, son: la industria de gases industriales, dominada por dos entidades que, según parece, se comunican entre sí; la del transporte de carga y de pasajeros, que se dividen el mercado; la de los famosos “tags” para las carreteras, que permiten monopolios individuales. No faltan ejemplos de abuso al consumidor y de inoperancia de la Cofeco.

Unos cuantos triunfos perceptibles para el consumidor habrían creado una comisión efectivamente autónoma, no una siempre dependiente de la venia gubernamental. Habrá que comenzar de nuevo, una vez más.

31 Marzo 2013 04:04:38
Algunas lecturas
La semana santa es un buen momento para reflexionar sobre mis lecturas recientes. Aquí van algunas de las que me hicieron pensar y cambiar puntos de vista.

Conrad Black es un magnate de la prensa escrita a nivel mundial que acabó en una cárcel de EU. En “A Matter of Principle” hace un inteligente -y rudo- análisis de las acusaciones y condena que sufrió con especial énfasis en el sistema penal estadounidense donde, en aras de acelerar los procesos, una persona que se considera inocente con la mayor de las frecuencias tiene que aceptar algún cargo menor para evitar los costos punitivos de un juicio. El extraordinario valor del libro reside en la forma en que desnuda las prácticas del sistema criminal de ese país, que se considera ejemplo para el mundo. Es uno de esos libros que lo dejan a uno por demás preocupado.

En The Locavore’s Dilemma, Pierre Desrochers y Hiroko Shimizu critican lo que consideran como modas: “comer local” y “agricultura sustentable”, dos medios que supuestamente permiten resolver problemas de la industria de los alimentos a través de una alimentación saludable. Su argumento es que no son los productores pequeños los que pueden abatir el costo de los alimentos o asegurar su disponibilidad o higiene, sino que eso requiere una industria profesional apegada a estándares rigurosos de calidad.

Anne Applebaum describe la forma en que el régimen soviético fue sometiendo a las poblaciones del este de Europa. Al inicio, los comunistas rusos, creyentes en su sistema, supusieron que los europeos que habían quedado bajo su yugo al final de la guerra se sumarían al comunismo sin chistar. Aunque el proceso en cada país fue distinto, el Estado pronto controló todos los aspectos de la economía, la policía, la prensa y el aparato estatal. Para la autora de Iron Curtain, el error soviético residió en querer controlarlo todo: las escuelas, las organizaciones sociales, los sindicatos, las iglesias. Con ello, cualquier conflicto o dificultad se tradujo en una fuente de ilegitimidad para el sistema en su conjunto. La represión acabó siendo inevitable y, con ello, desapareció cualquier pretensión de democracia o popularidad. El libro es particularmente interesante cuando uno contrasta con el sistema priista. Aunque duro, el PRI nunca llegó a dominar toda la sociedad ni lo pretendió. Esa quizá sea una parte de la explicación de su capacidad de adaptación y sobrevivencia.

El libro más fascinante que leí este año trata sobre una nueva revolución industrial. En “Makers”, Chris Anderson dice que la próxima etapa del desarrollo industrial vendrá de la conjunción de modelos abiertos de diseño que permiten, vía internet, mejorar los productos, todo ello desde un escritorio. Su argumento es que la nueva revolución será tan importante como la de las computadoras personales y cambiará toda la concepción de la producción porque permitirá una flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y del mercado que son inconcebibles para el modelo actual de fabricación. Empleando impresoras de tercera dimensión y acceso a financiamiento, la nueva revolución permitirá que surja un nuevo empresariado basado en la micro manufactura que acabará con el monopolio de la manufactura masiva, de la misma manera que internet acabó con el de los medios masivos tradicionales.

Para cerrar, Plutocrats, de Chrystia Freeland, es un libro interesante porque explica un fenómeno poco entendido en los últimos años. En lugar de enfocarse al famoso 1% más rico del mundo, su enfoque es hacia el 1% del 1%. Para esta autora, el verdadero fenómeno de nuestra era reside en la concentración de nueva riqueza sobre todo originada en el desarrollo de tecnologías y en el sector financiero. El libro presagia tiempos difíciles de adaptación tanto por los desajustes que genera la nueva riqueza como por el impacto de esas nuevas fuentes de riqueza sobre los mercados de trabajo.
16 Septiembre 2012 04:10:58
¿Oportunidad?
Dos visiones -¿serán fantasmas?- recorren la discusión pública en anticipación al inicio de la nueva administración. Una enfatiza y evoca el conflicto, las diferencias y los supuestos atropellos al proceso democrático. La otra privilegia la oportunidad de romper la parálisis político-legislativa que ha caracterizado al país en las últimas décadas y colocarlo en el umbral de una nueva era de crecimiento. ¿Estamos ante un abismo infranqueable, o meramente ante una diferencia de percepciones: si el vaso se encuentra medio lleno o medio vacío?

La elección del primero de julio produjo tres circunstancias: a) la necesidad de coaliciones para poder avanzar una agenda legislativa; b) una nueva fuente de conflicto político: y c) una gran oportunidad.

La necesidad de coaliciones no es algo novedoso. Las reformas de los años 80 y 90 inauguraron una era de cooperación entre partidos a nivel legislativo y ese ha sido el tenor de lo que ha avanzado y de lo que ha se ha quedado atorado. La pretensión de unanimidad y consenso impidió que prosperaran iniciativas trascendentes, pero el hecho de negociar alianzas ya es parte inherente al proceso legislativo nacional. De hecho, ha habido un enorme número de decretos constitucionales aprobados (64 desde 1997), todos ellos producto de votos multipartidistas, pero la abrumadora mayoría de esas iniciativas se refiere a derechos políticos y sociales. Es decir, a pesar de que funciona el proceso, los partidos han sido reacios a afectar intereses reales en el terreno económico o político, que es, por definición, la naturaleza de las reformas estructurales en terrenos como el fiscal, laboral o energético.

La nueva fuente de conflicto no es tan nueva. Aunque, al menos en concepto, algunos de los reclamos de la coalición de izquierda ameritan una discusión seria (y digo en concepto porque el uso del dinero no fue privativo de un solo partido), la demanda presentada ante el Tribunal Electoral claramente no fue sobre las reglas o sobre los recursos. La pobreza jurídica de la demanda habla por sí misma. A pesar de ello, mostró que no hay límites al daño que están dispuestos a causar a la reputación de personas e instituciones con tal de lograr avanzar la causa del conflicto. Es claro que el reclamo fue estrictamente por el poder: es nuestro turno y punto. Las reglas no importan, la legislación es lo de menos y el conflicto no cejará hasta que el resultado sea otro. Todo esto sugiere que el gobierno de Enrique Peña no debería dispendiar su tiempo o recursos en nuevas reformas electorales o políticas que nunca podrían atender el verdadero fondo del asunto. Haría bien en concentrarse en cambiar la realidad económica del país para acelerar el crecimiento pero también para que eso fuerce a una radical modernización de la izquierda mexicana.

La oportunidad que se presenta se deriva en parte del resultado de la elección de este año pero es en mucho producto de la combinación del cambiante contexto internacional y de los cambios que ha experimentado el país, casi a sotto voce, en las últimas dos décadas. Por lo que toca a los cambios internos, ha habido extraordinarias inversiones en infraestructura, las exportaciones han transformado la estructura productiva, la población es cada vez más de clase media, el TLC se ha consolidado como un ancla de confianza para la inversión y el crecimiento y la estabilidad financiera ha favorecido el crecimiento del consumo y afianzado la credibilidad de instituciones clave para el desarrollo. A su vez, la gradual desaceleración de la economía china ha afectado a sus proveedores de materias primas (como Brasil y Australia), abriendo un espacio para que México se convierta en un gran pivote de crecimiento en los próximos años. Si el nuevo gobierno despliega las capacidades de negociación y articulación de alianzas -capacidad de operación política- que le ha caracterizado, el potencial transformador sería inmenso.

La clave de los próximos meses reside en las prioridades que Enrique Peña Nieto decida enfatizar. Es obvio que se requieren acciones en muchos frentes, pero la capacidad de cualquier gobierno es siempre limitada. De ahí que tenga que definir sus prioridades y la estrategia idónea para alcanzarlas. A la fecha, el equipo del futuro gobierno ha esbozado dos grupos de temas: aquellos vinculados con la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas y los relativos a las reformas económicas. Los dos son importantes y ambos requieren atención e, incluso, podrían ser medios para construir coaliciones con distintos contingentes legislativos. La gran pregunta es de definición: se trata de imitar a Lampedusa (que todo cambie para que todo siga igual) o de realizar reformas que, aunque afecten intereses en el corto plazo, sean susceptibles de transformar la realidad de la población y del país en el curso de un sexenio. No hay definición más transcendente.

Parte del dilema que enfrenta el nuevo gobierno reside en su visión del mundo. Hay el riesgo de que intente avanzar la transparencia y la rendición de cuentas, así como reducir la corrupción, por medios burocráticos: más comisiones, más regulaciones más burocracia. La experiencia histórica es transparente: lo único que eleva la eficiencia, reduce la corrupción y obliga a la transparencia es la eliminación de regulaciones e impedimentos. El ejemplo de la Secofi en los ochenta y noventa es ilustrativo: con la eliminación del requisito de permiso previo para importar, exportar e invertir, se acabó la burocracia y virtualmente desapareció la corrupción. Tanto en temas regulatorios como en los estructurales, el cómo es tan importante como el qué. De hecho, como muestran los (relativamente pobres) resultados de muchas de las reformas y privatizaciones de los ochenta, el cómo es en ocasiones mucho más trascendente pues es lo que determina los niveles de competencia, productividad y, por lo tanto, el dinamismo de la economía y su ritmo de crecimiento.

La gran oportunidad para el nuevo gobierno se deriva precisamente de que no comanda una mayoría absoluta en el legislativo. Los principales obstáculos a las reformas son todos priistas o cercanos al PRI. La necesidad de construir coaliciones le permite al nuevo presidente separarse de ellos para llevar a cabo cambios de gran calado que le rindan a él y al país.

En contraste con los gobiernos anteriores, Enrique Peña es un operador político nato. Ese es el factor que puede destrabar al país para iniciar la transformación que hace años se nos ha escapado. De ahí que sea crucial la definición que adopte y el orden de prioridades en su gestión política y legislativa.

http://www.cidac.org
@lrubiof
09 Septiembre 2012 04:08:35
Obama y Echeverría
Al presidente (y ahora candidato) Obama le preocupan los pobres, le disgustan las empresas grandes y cree que el gobierno puede solucionar todos los problemas. Por encima de todo, rechaza la importancia de la creatividad empresarial, sataniza la creación de riqueza y considera que la confrontación social es un instrumento útil para avanzar su proyecto económico, social y político. Me recuerda cada día más a Echeverría, un presidente lleno de buenas intenciones que acabó por destruir todo lo que funcionaba bien en el país.

Al iniciar su mandato, Echeverría se encontró con una situación inusual para la economía: por primera vez en décadas, su desempeño se encontraba por debajo del 4%. Aunque esa tasa de crecimiento nos podría parecer extraordinaria en estos días, el crecimiento en el año 1970 fue sensiblemente inferior al 6.5% que había promediado en las cuatro décadas anteriores. Como todos los presidentes desde entonces, Echeverría intentó recuperar altas tasas de crecimiento. El problema fue cómo lo hizo y las consecuencias que tuvo su actuar.

La economía mexicana ya venía mostrando signos de debilidad desde mediados de los sesenta. 1965 fue el último año en que el país exportó maíz, uno de los muchos granos y productos minerales cuyas exportaciones financiaban la importación de insumos para la industria. La economía requería cambios estructurales para mantener su ritmo de crecimiento y satisfacer las necesidades de la población. Dentro del gobierno se desató un agudo debate sobre cómo responder y muy rápido se conformaron dos visiones: una, la de quienes proponían un proceso de liberalización gradual que no pusiera en riesgo la supervivencia de la industria sino que le diera viabilidad de largo plazo; y otra, que proponía un fuerte estímulo a la economía por medio del gasto público. Echeverría enarboló la segunda y utilizó al movimiento estudiantil de 1968 para cambiar la lógica del gobierno, subordinar a la sociedad y crear un clima de antagonismo contra el sector privado.

El crecimiento del gasto público no se hizo esperar y para el cuarto año era ya era casi cuatro veces superior al de 1970. Con la explosión del gasto se multiplicaron las secretarías, empresas públicas y fideicomisos. Además, se modificaron regulaciones y se aprobaron leyes, todas las cuales tenían por objetivo afianzar la presencia de la burocracia en las decisiones económicas, limitar el ámbito de actividad del sector privado y reducir al mínimo la presencia de la inversión extranjera.

En unos cuantos años, Echeverría modificó el perfil de la economía pero también de la sociedad. El crecimiento del gasto deficitario y del Gobierno trajo consigo dos males que tomaron décadas en resolverse: la deuda externa y la inflación. Por otro lado, Echeverría inauguró un estilo retórico que no había sido parte de la política mexicana en más de medio siglo: la lucha de clases. Como parte de lo anterior, modificó los libros de texto para incorporar su filosofía política, factor que sembró las semillas de la confrontación que vivimos activamente hasta el día de hoy. Su estrategia de confrontación permanente con el empresariado destruyó la legitimidad de los empleadores y únicos creadores de riqueza, e inició quizá el peor de los males que dejó como legado: la desconfianza. El resultado de su gestión fue inflación, crisis y una sociedad profundamente dividida.

Toda proporción guardada, Obama está teniendo el mismo efecto en su sociedad. Tratándose de una nación plenamente institucionalizada, el impacto de un presidente estadounidense es mucho menor en su país de lo que eran los presidentes (casi) omnipotentes en el nuestro; sin embargo, Obama se ha dedicado a sembrar el mismo tipo de conflictividad que Echeverría hizo en México.

Lo que pase en EU tiene consecuencias: nuestras exportaciones a ese país son el principal motor de nuestra economía. De debilitarse su tradición pro-empresarial disminuiría su crecimiento y los mexicanos sufriríamos las consecuencias. Sin aprobación social, la creación de riqueza se torna imposible porque nadie está dispuesto a tomar riesgos en un contexto hostil.

Aunque no cabe duda de que Obama recibió una crisis económica de enormes dimensiones, su desempeño en estos cuatro años ha sido desastroso: en lugar de atender las causas de la crisis, se ha dedicado a dispendiar los recursos destinados a estimular el crecimiento y a pelearse con sus contrincantes políticos, pero sobre todo atacar a los únicos potenciales creadores de riqueza: los empresarios.

Parte del actuar del presidente estadounidense refleja su falta de experiencia como político. Por ejemplo, en lugar de controlar el uso del dinero que se destinó al estímulo económico, dejó que la entonces líder del congreso hiciera de las suyas y repartiera los fondos de poco más de un trillón de dólares (equivalente al 100% del PIB mexicano) entre sindicatos, grupos afines y proyectos favoritos de su contingente legislativo. Lo anterior no es bueno ni malo, excepto que los proyectos que típicamente le gustan a los políticos y a los grupos de interés normalmente no son los más productivos o los que, en palabras de los economistas, tienen el mayor efecto multiplicador. Quienes defienden el actuar de Obama dicen que no haber emprendido ese monto de gasto hubiera provocado un colapso económico.

Como es imposible probar lo que no ocurrió, la sociedad americana se la vive disputando a) si debe haber un nuevo paquete de estímulo; b) si debe atenderse el brutal crecimiento de la deuda pública; o c) si deber revisarse toda la estructura de la economía. El debate estadounidense no es muy distinto, en concepto, al que ha caracterizado a México desde finales de los sesenta.

Como decía Milton Friedman, los programas públicos deben evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones. El resultado de la gestión de Echeverría fue desastroso: décadas de antagonismo, casi hiperinflación, un gobierno ineficiente y la legitimación del conflicto como estrategia de lucha permanente. El resultado de la gestión de Obama todavía está por verse pero no me queda ni la menor duda de que ha incorporado un elemento novedoso en la política estadounidense: el de la lucha de clases.

Para observadores privilegiados como Lipset y de Tocqueville, lo que ha distinguido a los estadounidenses en sus más de dos siglos de existencia es su excepcional capacidad para adaptarse y asimilar personas e ideas, así como la creencia en la igualdad de oportunidades que legitima su vitalidad empresarial. Obama está amenazando eso que Echeverría enterró: la credibilidad de quienes pueden hacer posible transformar a su país.

26 Agosto 2012 04:06:47
Comisiones perniciosas
En El extranjero, Camus cuenta la historia de un hombre alienado del mundo que asesina a un árabe en Argelia por la simple razón de que el sol le molestaba los ojos. Meursault, el protagonista, es condenado a la guillotina y en su celda comienza a meditar sobre el absurdo de la existencia. Algo así me pasa con las comisiones e instituciones de regulación económica o política que se han venido creando en los últimos años y, sobre todo, en la insistencia de hacerlas “ciudadanas”.

Ninguna sociedad nace con todos sus problemas o contingencias resueltas: el tiempo y las circunstancias van obligando a que se ajusten leyes, se modifiquen prácticas o se construyan formas de interactuar que permitan lograr estabilidad y funcionalidad. Es así que se van construyendo mecanismos, procesos e instituciones que tienen por propósito resolver problemas, dar continuidad a cosas que se valoran, limitar los excesos de la burocracia, evitar abusos: lo que se llama institucionalizar.

El sometimiento de los reyes al parlamento fue una forma de institucionalizar al poder, así como la adopción de reglas para la continuidad del presupuesto público cuando el cuerpo legislativo no se pone de acuerdo fue una forma de estabilizar el funcionamiento de un gobierno. Lo que en Inglaterra tomó 700 años y en EU 200, en México lo hemos tenido que ir construyendo en un lapso muy breve en buena medida porque el sistema autoritario obviaba toda necesidad (o posibilidad) de institucionalización.

El marco político-legal que se construyó a lo largo del siglo 20 fue de absoluta arbitrariedad. Las autoridades tenían enorme latitud para decidir cualquier asunto: las leyes establecían engorrosos requerimientos, pero siempre le conferían vastos poderes a la burocracia para justificar cualquier decisión, misma que usualmente respondía al interés político del jefe en turno o al pecuniario del propio funcionario. La transición política y económica que hemos experimentado ha obligado a acotar esas facultades, pero persiste un enorme potencial de abuso.

Esto lo entendí hace algunos años cuando tuve la oportunidad de observar la forma en que funciona la comisión de valores de EU (la SEC). Las facultades de esa entidad no son sólo vastas, sino que cuenta con un brutal margen de discrecionalidad. Sin embargo, en el proceso me percaté de una cosa que parece simple pero que contrasta radicalmente con nuestra realidad: esa entidad cuenta con facultades discrecionales pero jamás es arbitraria. La razón de la diferencia es que sus resoluciones (cada una un tabique) explican su decisión, pero también por qué arribaron a ésta y cómo modificaron los precedentes existentes. En nuestro caso, por ejemplo, la Comisión de Competencia emite una resolución en una carta y no explica nada, negando toda certeza a los regulados y haciendo factible cualquier cambio posterior sin explicación alguna. Esa es la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad.

El objetivo de institucionalizar se puede observar en entidades e instituciones tan diversas y disímbolas como el TLC norteamericano, las Comisiones de Derechos Humanos, las comisiones de regulación económica (en Competencia, Comunicaciones, Hidrocarburos y Energía), el Instituto Federal Electoral, el IFAI y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Estas instituciones y mecanismos se vinieron a sumar a otras previamente existentes como la Comisión Nacional Bancaria.

La construcción de instituciones y arreglos políticos es un componente crucial del proceso civilizatorio de cualquier sociedad y constituye una mojonera del proceso de desarrollo mismo. Nadie, excepto quien prefiriera la arbitrariedad gubernamental como principio de autoridad, podría objetar la existencia de este tipo de cuerpos y estructuras de regulación, supervisión y observación.

Por supuesto, el grupo de entidades y procesos con los que intento ilustrar el fenómeno constituye una canasta de cosas disímbolas, muchas de las cuales nada tienen que ver en naturaleza o concepto con las otras. El TLC es un arreglo comercial y de inversión pero uno de los objetivos primordiales en su concepción fue el de conferirle certeza a los inversionistas y, en ese sentido, constituye un mecanismo para institucionalizar a la economía. Las comisiones de derechos humanos se crearon para observar y criticar a las autoridades, sobre todo judiciales, para evitar abusos y excesos en esos sub mundos. Las comisiones de regulación existen para supervisar el funcionamiento de los mercados. Cada una de estas instancias tiene sus instrumentos, procesos y formas de ser. Algunas son en realidad mecanismos descentralizados del gobierno para actuar como autoridad, en tanto que otras tienen por propósito no más que ejercer presión moral sobre diversos actores o autoridades.

A pesar de la diversidad de estas entidades e instituciones, es frecuente el llamado, tanto por parte de la sociedad como de los políticos, para constituir instituciones “ciudadanas” o para darle a personas de la sociedad civil, en vez de a funcionarios públicos, la voz cantante en sus consejos. Yo difiero. Aunque hay entidades donde son los ciudadanos quienes deben jugar el papel estelar, pues su objetivo es el de ejercer presión moral (como las comisiones de derechos humanos), las comisiones de regulación, comenzando por las económicas y siguiendo por las electorales, deben encargarse a funcionarios públicos profesionales, experimentados y con un récord que demuestre competencia, honestidad y compromiso con la función pública. Si uno observa el panorama de hoy, la diferencia es muy simple: quienes son funcionarios públicos de carrera no andan buscando los reflectores y sólo se dedican a su trabajo. Quienes son “ciudadanos” en estas funciones tienden a cuidar su espalda y emplear a los medios para satisfacer su vanidad.

Una sociedad moderna requiere instituciones y entidades sólidas, muchas de ellas autónomas, pero en general administradas y conducidas por funcionarios profesionales en la materia, cuyo único interés sea el debido funcionamiento de la actividad y sector. Por la misma razón, estas entidades requieren contrapesos muy bien estructurados que obliguen a los comisionados o consejeros a apegarse a la normatividad y a cumplir con su función no con protagonismo sino con resultados.

Uno de nuestros grandes retos hoy es el de construir un sistema de pesos y contrapesos eficiente que consolide a todas estas entidades de regulación, pero en forma tal que se elimine todo vestigio de arbitrariedad. Esa es una chamba para profesionales, no para ciudadanos sin experiencia en asuntos de Estado.
19 Agosto 2012 04:08:16
El gen priísta
El triunfo del PRI tiene muchas posibles explicaciones pero, más allá de la coyuntura específica -el desempeño de los gobiernos anteriores y la extraordinariamente bien organizada campaña- hay un ángulo que amerita un análisis más profundo: el de la cultura política que construyó ese partido a lo largo del siglo pasado y que, a juzgar por el resultado, podría seguir impreso en el código genético del mexicano.

Viendo hacia atrás, la característica central del régimen priísta del siglo 20 fue su capacidad para administrar y mantener el poder de la mano con su incapacidad para construir un Estado. No se trata de un juego de palabras: la clave de la estructura priísta fue el poder unipersonal que, aunque no absoluto, le confería enormes facultades a quien ocupaba la silla presidencial. Como escribió Roger Hansen, el gran éxito del PRI fue el de reproducir el porfiriato pero acotado a un periodo sexenal.

Para mantener ese poder, “el sistema” construyó una hegemonía cultural que no sólo legitimó ese poder, sino que le permitió desarrollar un sistema de lealtades y una credibilidad que trascendía con mucho al ámbito estrictamente político.

¿Será esa hegemonía cultural de antaño la que ahora logró capitalizar Enrique Peña Nieto? Peña sin duda capitalizó la noción de que bajo el PRI el país funcionaba bien, que las cosas marchaban y que luego (quién sabe cuándo o por qué) dejaron de funcionar: una bola de nieve sólo equiparable a la aseveración de aquel priísta en el sentido de que “seremos corruptos pero sabemos gobernar”.

En una lectura menos benigna o alentadora, Robert Conquest, uno de los grandes historiadores de la Unión Soviética, afirmaba que “una de las cosas más difíciles de explicarle a la gente joven es cuan repugnante era la vieja clase dirigente soviética: mezquina, traicionera, mentirosa sin pudor, cobarde, aduladora e ignorante”. ¿Cuál PRI regresa, el que construyó el andamiaje de un país moderno o el que lo ordeñó a más no poder hasta que casi acaba con él?

De lo que no me queda duda es que existe un gen priísta y que éste es más penetrante y omnipresente de lo aparente. Mi impresión es que hay dos explicaciones posibles: una es que, efectivamente, se trata de un fenómeno cultural que subyace a todo lo demás. Algunos estudiosos de hace décadas afirmaban que el PRI había logrado capturar la naturaleza del mexicano y la había convertido en su propia razón de ser; es decir, que el PRI y el mexicano eran lo mismo.

Yo tiendo a dudar de esa manera de ver las cosas porque, por ejemplo, en la prensa de las primeras décadas del priismo el país era mucho más libre en términos de expresión escrita, de lo que fue en las siguientes. La censura comenzó en los 50 y se fue agudizando hasta que comenzó a amainar, pero sólo desapareció con la derrota de ese partido en 2000.

Desde esta perspectiva, no es tanto que el PRI se haya mimetizado con la naturaleza del mexicano, sino que tuvo una extraordinaria capacidad para construir toda una historia y cultura que el mexicano hizo suya. De ahí la verdad oficial y la verdad única que muy pocos sea atrevían a desafiar. De ahí la importancia del texto único y el control de los medios.

Algún secretario de Gobernación afirmó que “en México se puede pensar cualquier cosa, se pueden decir algunas y escribir muy pocas”. Todo para el control y el mito.

La otra explicación al fenómeno es quizá más pedestre pero no menos significativa: pese a la alternancia, el viejo sistema priísta quedó intacto, nunca se reformó ni se construyó un nuevo régimen, entendiendo por esto una nueva estructura institucional que redefiniera las relaciones entre los poderes públicos, le confiriera poder real al ciudadano y garantizara rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. El sistema quedó igual, excepto que el presidente dejó de ser tan poderoso cuando el PRI dejó de ser un componente integral, permanente, del aparato político presidencial.

Sin embargo, dada la ausencia de una verdadera reconstrucción institucional, el resultado de ese “divorcio” fue un sistema disfuncional de gobierno, una presidencia débil y un pésimo desempeño gubernamental. Más allá de las personas, la persistencia del viejo sistema bajo administradores inexpertos produjo un pobre resultado.

Quizá la primera conclusión de estas disquisiciones es que la democracia no ha penetrado en las estructuras institucionales y en la cultura del mexicano y que, más bien, lo que el ciudadano añora es el gobierno eficaz que hace que las cosas funcionen.

Sin desdeñar sus logros en materia de transparencia, hipotecas y lucha contra el crimen organizado, los gobiernos panistas no cambiaron al sistema político ni fortalecieron a su base histórica y razón de ser: la ciudadanía. Mantuvieron la estabilidad económica pero no resolvieron el problema de competencia en la actividad productiva -sobre todo en energía o comunicaciones- ni modificaron (para bien) la dirección del desarrollo del país. En adición a ello, fueron gobiernos sumamente incompetentes y limitados pero, eso sí, adoptaron muchos de los vicios priístas.

A la vista de eso, lo racional para un votante era mudarse hacia una administración que ofrecía lo mismo pero bien. Es decir, no es tanto que la cultura priísta siga siendo tan dominante, sino que el mexicano simplemente quiere un gobierno efectivo. Eso es lo que Peña prometió y eso es lo que parece haber convencido al electorado. Sus primeros pasos muestran extraordinario pragmatismo; el tiempo dirá.

Hay dos casos similares en la historia reciente del mundo que nos permiten una perspectiva comparativa: Rusia y Nicaragua. En ambos, el partido dominante perdió el poder pero eventualmente acabó retornando por razones similares: porque la gente quería orden y certeza respecto al futuro.

No es que los rusos querían volver al estalinismo o que los nicaragüenses añoraran a los sandinistas, sino que los gobiernos interinos resultaron más benignos en términos de libertades, pero tan incompetentes que acabaron por fatigar a todo mundo. Quizá la explicación para México no sea tanto más complicada que eso.

Pero la pregunta inexorable es si los mexicanos sufriremos las privaciones de libertad, medios controlados o intentos sistemáticos de imposición que han caracterizado a esos regímenes.

Si es un gobierno eficaz lo que desea el mexicano, eso es lo que seguramente recibirá. ¿La eficacia vendrá acompañada de todo eso que Robert Conquest resume tan bien: la forma por encima de la sustancia, el control por encima de los derechos, la aplanadora por encima de las libertades? Revocando a Talleyrand, ¿demostrarán que sí aprendieron de su pasado?

12 Agosto 2012 04:00:34
Encuestas
Las encuestas fueron un protagonista central en la pasada elección. Sin embargo, en lugar de ser un instrumento de medición y fundamento de confiabilidad, adquirieron una trascendencia inusual y altamente perniciosa. Acabaron siendo medios que manipularon la elección e impidieron conferirle certidumbre. Ante esto, es evidente que vendrán llamados a regular el servicio. Yo discrepo: lo que hace falta es apertura, transparencia y competencia.

¿Es posible manipular una elección con las encuestas? Según el diccionario de la Real Academia, manipular significa “Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares”. El elemento clave de esta definición es la búsqueda consciente de un determinado objetivo: distorsionar. La pregunta evidente es si es posible utilizar a las encuestas para manipular al votante. Según Edward L. Bernays, experto en propaganda, “la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un importante componente de las sociedades democráticas”. En otras palabras, se trata de un asunto por demás sutil donde el factor crucial reside en el objetivo: si se trata de distorsionar de manera intencional la información estamos ante un caso de manipulación; sin embargo, si se trata de influir en los hábitos y opiniones no. El punto central no es, pues, si las encuestas influyen en el comportamiento de los votantes, sino si se utilizaron consciente y deliberadamente por quienes las produjeron o publicaron con el objetivo expreso de alterar e inducir percepciones entre los ciudadanos.

Hay dos temas clave: la diferencia entre las últimas encuestas y el resultado final; y la manipulación a que sirvieron las mismas. Son temas distintos que ameritan un análisis diferenciado porque no son lo mismo.

Un gran mito de las pasadas elecciones residió en la suposición de que el margen de ventaja con que inició el proceso se mantendría hasta el final. Cualquiera que haya observado elecciones alrededor del mundo sabe que las elecciones siempre se cierran, generalmente entre dos contendientes. Las excepciones a esta regla tienen explicaciones perfectamente obvias. Un ejemplo fue la elección, en segunda vuelta, entre Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen, en Francia. En lugar de la tradicional confrontación izquierda-derecha, la elección acabó siendo entre la derecha y la extrema derecha, lo que llevó a que la izquierda votara por la derecha. Chirac arrasó con más del 80% del voto. Otro caso similar fue el de Eruviel Ávila en el Edomex: ahí tanto el PAN como el PRD se confiaron, suponiendo que el PRI nominaría a alguien cercano al entonces gobernador Peña Nieto y no construyeron candidatura propia. De hecho, muchos apostaron a que el propio Eruviel podría ser el candidato de una alianza de oposición. El resultado no fue tan abrumador como el de Chirac, pero casi.

Todas las elecciones se cierran al final y muchas de las encuestas no logran capturar la evolución que se da en el votante en los últimos días antes de la elección. La elección de este año acabó definiéndose por el voto anti-PRI y anti-López Obrador y eso llevó a que el PAN cayera muy por debajo de lo que decían las encuestas: este es un patrón típico y nada tiene que ver con manipulación alguna. Los votantes ajustan sus preferencias en función de sus deseos pero también de sus miedos, factores que claramente modificaron los resultados finales respecto a las últimas encuestas publicadas.

Mucho más complejo es el tema de la presunta manipulación. En nuestro país hay toda clase de encuestas, muchas de ellas pagadas por partidos y candidatos, que se publican como si fueran ciencia, cuando en muchas ocasiones reflejan marcos muestrales construidos ex profeso para promover a sus clientes. Otras simplemente reflejan una menor calidad y habilidad técnica de los encuestadores. La forma de tratar a indecisos y a quienes no contestan influye mucho la determinación de los resultados. El caso es que la diversidad de encuestas permite que éstas se presenten como iguales y comparables, cuando muchas claramente no lo son. O sea, algunas constituyen intentos expresamente diseñados para manipular al votante.

La gran novedad en la contienda fue la aparición de una encuesta diaria, algo que nunca antes se había presentado en México y que, hasta donde sé, no existe en el mundo. Una encuesta diaria que arroja cambios de hasta ocho puntos porcentuales en un solo día es inmediatamente sospechosa. La encuesta puede ser técnicamente impecable, pero su aparición diaria se presta a toda clase de interpretaciones. Peor cuando la manera de presentar las noticias cotidianas en el mismo diario y, en algunos casos, las opiniones de sus columnistas, coincide con los resultados de la encuesta, todo lo cual genera una inevitable suspicacia de que hay mar de fondo y conexiones inconfesas entre una cosa y la otra.

Ante esto, yo anticipo que se dará el llamado típico para prohibir o regular las encuestas, sancionar a los medios que las publican o, en cualquier caso, seguir afianzando el régimen prohibicionista que es tan pernicioso para el desarrollo de un país democrático. Peor porque no se lograría nada, como se ha demostrado en el caso del dinero.

Otra respuesta, muy distinta, consistiría en obligar a los encuestadores a publicar su historial técnico, es decir, a hacer pública en cada encuesta la comparación entre sus predicciones en contiendas anteriores y el resultado final. La autoridad electoral podría emular la forma en que se advierte al consumidor de cigarros sobre el cáncer con un letrero claro e inconfundible con una leyenda como “esta encuesta falló en X puntos en la elección anterior”. Con esos datos, el elector tendría la información necesaria para poder discriminar entre los profesionales de las encuestas y los vulgares manipuladores.

No hay solución perfecta, pero el grado de conflictividad que nos caracteriza obliga a pensar en medios creativos que le confieran certidumbre al proceso. La competencia es la única solución posible y ésta entraña apertura y transparencia. Así también se avanza hacia la legitimidad plena de los procesos políticos, evidenciando a los charlatanes y manipuladores profesionales.

05 Agosto 2012 04:08:43
La cruda: Mex vs EUA
El sistema presidencial, que nosotros adoptamos de los estadounidenses, fue diseñado para hacer difícil cualquier cambio

‘Alicia en el País de las Maravillas’, la novela de Lewis Carroll, fue escrita por un profesor de lógica simbólica, lo que quizá explique el extraño comportamiento de la protagonista en el “país de las maravillas” así como su peculiar, y frecuentemente ilógica, forma de razonar. Como observan los filósofos de la lógica, no son infrecuentes los comportamientos irracionales en el mundo real. En ese contexto me pregunto qué pasaría si Alicia visitara el mundo de las interpretaciones que hoy caracterizan a nuestra política: por qué no todas son lo lógicas que parecieran.

Un buen ejemplo de esquizofrenia es el contraste entre dos naciones: tanto en México como en EUA se habla de una gran polarización política y disfuncionalidad gubernamental. Pero las causas no son las mismas y la comparación es iluminadora.

El sistema presidencial, que nosotros adoptamos de los estadounidenses, fue diseñado para hacer difícil cualquier cambio. Su estructura fue concebida por los autores de Los Federalistas como un sistema diseñado para evitar excesos y abusos de un poder sobre otro. Este hecho ha llevado a muchos estudiosos y opinadores a concluir que el sistema parlamentario -diseñado para ser flexible y adaptarse con facilidad a los vientos cambiantes- es superior en calidad de gobierno. La realidad es que se trata de sistemas con dinámicas lógicas muy distintas. Así como Ferdinand LaSalle decía, en su famoso libro sobre las constituciones, que cada constitución refleja la realidad política concreta, cada sistema político empata a su sociedad. Los estadounidenses no construyeron una democracia sino una república porque querían evitar potenciales abusos por parte de intereses particulares o de la muchedumbre. Eso es lo que adoptamos en 1824 y de ahí para el real.

La discusión en EUA, no muy distinta a la nuestra, es por qué su sistema funcionaba antes y ahora ya no. La principal similitud reside en la polarización que caracteriza a las dos sociedades y que, aunque se manifiesta de maneras muy diferentes, tiene el efecto de paralizar la toma de decisiones legislativas. Las semejanzas parecen abrumadoras. Pero la realidad es muy diferente.

Dos fotografías explican la realidad estadounidense. Por un lado, si uno analiza las encuestas de opinión, lejos de caracterizarse por una gran polarización, la ciudadanía de aquella nación experimenta una distribución normal, como dirían los estadísticos, donde la mayoría se concentra en el centro y unos cuantos se polarizan en los extremos. Es decir, la sociedad no experimenta polarización alguna, al menos no extrema. Si no la sociedad, entonces ¿por qué tanto ruido en los medios y tanta parálisis en el congreso?

Hay dos tipos de explicaciones para el fenómeno. Por un lado, la gestión del presidente Obama ha sido muy ideológica y eso ha generado una enorme reacción. Quienes sostienen esta postura la ilustran con ejemplos como la forma en que se instrumentó el paquete de estímulo económico (que no se enfocó a áreas con gran impacto económico), o a su decisión de no aceptar las recomendaciones de la comisión Simpson-Bowles respecto al presupuesto. Según esta lógica, el movimiento del tea party, que le profirió una mayoría legislativa a los republicanos en 2010, no fue sino una reacción de la sociedad a Obama. Es decir, la polarización se debe a lo que ha hecho Obama.

La otra explicación es de carácter estructural. Según esta visión, la polarización se remite a la forma en que se asignan los distritos legislativos y que, desde los ochenta, se ha exacerbado. Cada estado es distinto pero, típicamente, son las legislaturas estatales las que definen los distritos y cada diez años, respondiendo al censo, éstos se reconstituyen. Los partidos que dominan las legislaturas se han dedicado a construir distritos electorales cada vez más partidistas, es decir, dominados por un partido. Un distrito en Georgia mide más de 69 millas de largo y en ocasiones no más de algunos metros de ancho, todo ello para asegurar que un partido se quede ahí permanentemente. Esa lógica ha propiciado un creciente extremismo tanto por parte de la derecha como de la izquierda. La mejor muestra de lo anterior se puede ver en la decisión del poderoso (y, para muchos, extremista) congresista Barney Frank, de no buscar la reelección porque su distrito fue modificado (respondiendo al censo de 2010 y que entra en funcionamiento este año) y ahora ya no tiene certeza de ganar. El sistema premia el extremismo o, puesto en otros términos, la fuente de la polarización en EUA tiene que ver con la forma en que se asignan los distritos electorales y no con un cambio fundamental en la realidad de su sociedad.

La gran diferencia entre EUA y México reside en la fortaleza de sus instituciones. Aunque el congreso de ese país se polariza, los presidentes van y vienen y el sistema aguanta cualquier cosa. Los pesos y contrapesos son tan sólidos que impiden el abuso por parte de cualquier individuo. El precio que se paga por eso es que es difícil llevar a cabo cambios relevantes pero, se podría decir, ese es el objetivo último de su sistema.

En nuestro caso la situación es muy distinta. Allá el problema se podría resolver con un rediseño de las reglas que determinan la composición del congreso. En México el problema es que no existe un arreglo sobre la forma en que debe organizarse y distribuirse el poder político. Allá es un problema de estructura, de arquitectura, aquí es de esencia. Allá se corrige con una decisión legislativa, aquí se requiere una construcción institucional que resuelva el problema de inicio. Son órdenes muy distintos de magnitud.

México vive la cruda posterior a la dictadura: años de excesos sin construcción institucional. A diferencia de EUA, para salir de su atolladero México requerirá un enorme ejercicio de interacción política que sume esfuerzos y someta ambiciones a un proyecto común. En EUA todo lo que tienen que lograr es ponerse de acuerdo para algo funcional: su cruda es de una noche, la nuestra de dos siglos. Con esto no quiero sugerir que lo de allá es fácil y lo de aquí difícil: ambos son enormes desafíos. Lo relevante es que la tarea que nos aguarda a los mexicanos es la de construir los cimientos de un sistema político funcional y eso implica capacidad y disposición para sumar voluntades, abandonar maximalismos y construir una nueva realidad.

La tarea para los mexicanos es de transformación, no de continuidad ni de retrospectiva. Quien sea que pretenda algo distinto no vive en la realidad. Y lo que viene no puede ser más que violento para regresar al pasado o intenso para ver hacia el futuro. Ninguno será agradable.

@lrubiof

29 Julio 2012 04:08:56
Pasado y futuro
Parecía estar viendo el pasado y el futuro galopando sin cesar. Una visita reciente a India me hizo percatarme del contraste tan dramático entre dos realidades sociales y políticas que yacen detrás de resultados económicos contrastantes. India y México muestran que no es sólo la política económica la que determina el crecimiento: quizá tan importante sea el reconocimiento o rechazo social a la creación de riqueza.

México resolvió muchos temas esenciales de infraestructura hace muchas décadas y, sin embargo, se atoró en el camino. Los grandes programas carreteros y de electrificación comenzaron en los treinta del siglo pasado. En India son asunto de los últimos tres o cuatro lustros. Mientras que es raro el pueblo que en México no cuenta con electricidad y hasta servicio telefónico, en India hasta hace tan sólo dos décadas esa era la norma. Independientemente de la forma en que uno quiera evaluar el éxito de los programas de desarrollo, no me cabe duda alguna de que en el siglo pasado hubo un intento claro por llevar la infraestructura hasta el último rincón.

En India la extrema pobreza que caracteriza a esa sociedad (que hace sólo unos años tenía un ingreso per cápita de menos del 10% del nuestro) fue producto de una fallida estrategia inspirada en el socialismo soviético. Tan pronto comenzó a liberarse de esas ataduras ideológicas al inicio de los noventa, su economía comenzó a crecer de manera sostenida y acelerada. En sólo veinte años, India logró cuadruplicar su producto per cápita.

Hoy India enfrenta el tipo de dilemas que han plagado nuestro proceso de desarrollo en los últimos años, pero se encuentra en mucho mejores condiciones para lidiar con ellos. Aunque en todas las naciones es difícil atacar problemas esenciales como el de la pobreza, esto es infinitamente más fácil en el contexto de una economía que se expande, pues ese sólo hecho lo favorece. Pero quizá la gran diferencia entre India y México no resida en la economía misma, sino en la actitud de su gente: aun en medio de una apabullante y lacerante pobreza, su actitud es de “cómo sí” y no de “por qué no se puede”.

Para una población que nunca antes conoció de oportunidades económicas, la prioridad es generar ingresos y un entorno de acelerado crecimiento produce una tras otra. Aunque no existen programas gubernamentales dedicados a atender problemas de pobreza y de informalidad, la población actúa; su incentivo es romper el círculo vicioso en que vive y sus respuestas no nos son ajenas: quien puede manda a sus hijos a la mejor escuela, no a la que le toca; lo importante es generar actividad, por lo que le buscan hasta que encuentran, actitud que ha procreado millones de pequeñas empresas en todos los ámbitos. Algunas crecen, otras desaparecen, pero la vida mejora, familia por familia.

Un profesor universitario mencionaba que el lenguaje más popular no es el inglés, sino “Windows”, pues esa es la forma en que muchos ven su boleto de salida hacia el futuro. Para quienes han tenido acceso a las escuelas técnicas que proliferan por todo el país, un título de ingeniero les cambia la vida en un santiamén. India muestra cómo un marco regulatorio que propicia la actividad empresarial (por diseño o por default) puede resultar imbatible. En esto China e India son contrastantes pues han seguido modelos de desarrollo que emanan de sus muy distintas características tanto sociales como políticas.

Para un agudo observador de ese país, las comparaciones entre India y China son lógicas pero poco útiles: “se trata de dos naciones que comparten una región del mundo, pero circunstancias y características radicalmente opuestas”. Lo único que parecen tener en común es que, luego de un largo periodo de anquilosamiento, súbitamente despertaron, convirtiéndose en imponentes motores de crecimiento económico. En China todo es orden, en India desorden; ambas crecen con celeridad, pero sus fuentes de crecimiento son muy distintas: en China hay mucha inversión extranjera y grandes empresas locales, esencialmente gubernamentales; en India hay una enorme y pujante clase empresarial y un gobierno que, en las últimas décadas, se ha retraído y favorecido el desarrollo de empresarios a todos niveles. El desorden en India refleja un complejísimo sistema democrático que contrasta con el orden que emana de un gobierno autoritario en China.

Volviendo a México, me parece que la principal lección que arroja el devenir hindú de las últimas décadas es que la clave no reside en un marco regulatorio perfecto, con todas las reformas que serían deseables o con un gobierno hiper competente, aunque todo esto mejora el potencial de éxito, sino que lo crítico es un entorno que haga posible el crecimiento. Lo que parece animar el éxito de India tiene más que ver con el entorno de libertades, un contencioso sistema político que genera rendición de cuentas y, sobre todo, una apreciación social al auge económico y al enriquecimiento de las personas. Cuando una persona identifica éxito con enriquecimiento, su incentivo para invertir, asumir riesgos y ver el futuro con optimismo acaba siendo incontenible.

En México perdimos el camino al inicio de los setenta del siglo pasado (¡hace cincuenta años!) y, por más que ha habido avances significativos, nuestras disputas no son sobre cómo gobernarnos mejor o cómo promover el crecimiento, sino cómo llegar al poder para quedarse ahí. Comparado con India, tenemos todo para ser exitosos y lo tuvimos muchas décadas antes de que ellos siquiera lo imaginaran. Esto hace pensar que la gran diferencia entre los años económicamente exitosos del siglo XX (40-70) y la actualidad tiene menos que ver con la estrategia económica específica que con la legitimidad que le otorga la sociedad a quienes son responsables de generar la riqueza.

Naciones que en estos años se han vuelto emblemáticas por su crecimiento siguen estrategias de desarrollo tan disímbolas que es imposible atribuir el éxito a un solo factor: la forma de gastar o invertir, la existencia (o ausencia) de una estrategia contra la pobreza o la naturaleza exacta de la participación del sector privado en el proceso. Todas estas cosas obviamente hacen diferencia. Pero China, India, Sudáfrica, Indonesia, Brasil y otras naciones que han crecido con celeridad no comparten estrategia económica alguna: cada una de esas naciones sigue su propia racionalidad. Cada una ha logrado tasas elevadas de crecimiento gracias a un significativo cambio político.

Hace mucho Esopo decía que “los hombres con frecuencia aplauden las imitaciones y abuchean lo que es esencial”. Parece que entendía nuestros dilemas mejor que nosotros.
22 Julio 2012 03:00:27
Europa en México
El presupuesto, decía Schumpeter, es “el Estado desnudo de toda pretensión ideológica”. Fiel a ese principio, en México los presupuestos públicos sirven a intereses privados. Sólo un nuevo pacto fiscal federal corregiría eso.

Los presupuestos de hoy ya no son como los de antes. Hasta mediados de los 90, el Gobierno federal decidía cómo recaudar y cómo distribuir y gastar los fondos públicos. Hoy en día, la recaudación sigue siendo esencialmente federal, pero el gasto corre principalmente a cargo de los estados y municipios, creando incentivos perversos y, potencialmente, precipitando una crisis de corte europeo.

El corazón de la crisis europea yace en un problema fundamental que Alexander Hamilton ya había anticipado hace 200 años: se puede tener una alianza entre entidades soberanas o se puede tener un gobierno que gobierna a los ciudadanos de esas entidades soberanas. Lo que no se puede tener, decía el primer secretario de finanzas de la entonces naciente unión americana, es el “monstruo de un gobierno de gobiernos”. En términos financieros este modelo implica que no existe un mecanismo interconstruido que provea los fondos para pagar las deudas en que esos gobiernos incurran.

En Europa cada país tiene su gobierno que recauda y gasta, pero la moneda es común a 17 naciones disímbolas. Cada país ha conducido sus asuntos como mejor lo entiende. Así, mientras que Alemania elevó sus niveles de productividad de manera dramática en la última década, Italia se rezagó. En un mundo de monedas independientes, Italia habría acabado devaluando su moneda para compensar esas diferencias. Sin embargo, gracias a la existencia de la moneda común, Italia no puede resolver su situación mediante una devaluación. Además, por una decisión del BIS (banco de bancos centrales), todas las deudas de los países del euro se consideraron soberanas (garantizadas por sus gobiernos) y, por lo tanto, sin riesgo. Esta decisión, más política que económica, llevó a que los bancos europeos prestaran alegremente sin construir reservas en caso de que alguien no les pagara.

¿Se parece esa situación a la nuestra? Los usos y mal usos de los fondos públicos son legendarios. En México a nadie le sorprende que un gobernador utilice el dinero del erario para promover su imagen o que los fondos públicos se dispendien sin rubor. Aunque los gobernadores no pueden imprimir sus propios billetes, experiencias como la de Coahuila muestran que a través del engaño y la manipulación de la información, un gobierno estatal puede endeudarse sin límite.

El uso y distribución de los fondos públicos es por demás serio. Para comenzar, quizá una de las principales razones por las cuales el gasto público en México tiene muy poca capacidad de estimular el crecimiento económico se remite a nuestro peculiar sistema fiscal.

La federación recauda y los estados gastan. Dado el poder político que han acumulado los gobernadores en años recientes, su gasto es intocable y, para todo fin práctico, no le rinden cuentas a nadie. Desde una perspectiva económica, muchos, quizá la mayoría de sus proyectos, tienen poco impacto económico porque su lógica es frecuentemente más política y electoral que económica. Claro que construyen caminos y otros servicios, pero no necesariamente los que mayor impacto económico generan.

Sin afán de proponer volver al sistema centralizado de los 50 y 60, es importante entender las diferencias. En aquella época el secretario de Hacienda tenía enormes “bolsas” de dinero que dedicaba a proyectos de desarrollo. Con un pequeño ejército de economistas, evaluaba el costo-beneficio de cada proyecto para determinar el mayor impacto multiplicador. De esta forma, un año se dedicaban esas bolsas a la electrificación del sureste y otro a construir Cancún o la carretera a Querétaro. El punto es que el objetivo medular era lograr una elevada tasa de crecimiento económico.

La lógica de los gobernadores en la actualidad es muy distinta. Ante todo, ellos se conciben como futuros presidentes y ven al gasto como instrumento de promoción personal. En segundo lugar, aún aquellos que son más modestos en sus pretensiones personales, pocos tienen el equipo con la capacidad analítica para determinar el uso más benigno del gasto. Además, no es lo mismo la “bolsa” agregada a nivel federal que 32 presupuestos dispersos.

A todo esto hay que sumarle el “elemento europeo”: los gobernadores no recaudan, sólo gastan. Esto es muy conveniente para ellos, pero aterrador para la ciudadanía y para el crecimiento de la economía. Ese esquema le niega a la ciudadanía el derecho a increpar al gobernante: su facultad para exigirle rendición de cuentas. Al gobernador le encanta que el dinero se recaude lejos y con eso no tiene que explicarle nada a la ciudadanía local. Pero la consecuencia es un muy pobre desempeño económico.

Al mismo tiempo, por el lado de la recaudación, cambios como esos sólo serán posibles en la medida en que la ciudadanía observe una nueva relación de poder con sus gobernantes a todos niveles. En esta era es imposible una mayor recaudación sin mejorar el uso del dinero y la entrega responsable de cuentas sobre el mismo. Ese es el acertijo de nuestra realidad fiscal en la actualidad.

El poder en la sociedad mexicana se ha descentralizado de una manera tal que ha generado más capacidad de veto que oportunidades creativas. La solución no reside en una imposible recentralización del poder sino en un nuevo equilibrio federal: un nuevo arreglo político entre la federación y los estados y municipios que incorpore reglas e incentivos para que el dinero público se aboque a un solo objetivo: generar mayor crecimiento económico.

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@lrubiof
15 Julio 2012 04:06:31
Desconfiado
“El Príncipe, escribió Maquiavelo, debe ser cauto en el creer y el obrar, no tener miedo de sí mismo y proceder con moderación, prudencia y humanidad, de modo que una excesiva confianza no lo vuelva imprudente y una desconfianza exagerada intolerable”. El presidente Calderón es una persona decente, responsable y seria que ha conducido un gobierno en épocas turbulentas. Lamentablemente, lo hizo sin un sentido claro de dirección y con un equipo enclenque. Los tiempos difíciles suelen generar líderes naturales; lamentablemente para México, éste no fue el caso.

El sexenio comenzó con turbulencia y va concluyendo de manera desordenada y hasta caótica. A Felipe Calderón le debemos haber impedido que se consumara la amenaza destructiva que representaba el retorno al populismo, pero su gobierno no tuvo objetivos claros, estrategia o proyecto. Combatir al crimen organizado, un objetivo loable, no es substituto de estrategia ni puede ser la causa de un gobierno. Sin embargo, el sexenio se concentró en ese solo objetivo a costa de todos los demás. El resultado es que el país se encuentra pasmado y, una vez más, a la espera de alguien al menos no peor. Su fracaso explica que la elección no fuera sobre él sino entre anti priistas y anti amlistas.

El factor decisivo del sexenio ha sido la personalidad del propio presidente: desconfiado, obsesionado con el PRI, incapaz de reclutar personal profesional, se contentó con un equipo en lo fundamental mediocre -pero supuestamente leal- que poco a poco fue desplazando -y lastimando- a los pocos funcionarios que destacaron por su capacidad y a quienes se sumaron a su proyecto en todos los ámbitos. Seguro de entender al mexicano con clarividencia, se dedicó a imitar, quizá inconscientemente, una versión del viejo presidencialismo priista, privilegiando el culto a la personalidad por encima del desempeño de su administración. Al final, acabó comportándose como un priista pero sin la habilidad (y malicia) de aquellos y sin dejar un país en mejores condiciones de lo que lo encontró.

Si una característica definió a la administración ésta fue sin duda la desconfianza: alienó a sus contrapartes, hizo imposible negociar cambios legislativos relevantes, implicó la presencia de funcionarios opacos y limitados y conllevó una enfermiza obsesión por evitar que el PRI ganase la presidencia que, como demostró esta semana, es su verdadera naturaleza. En esa búsqueda minó a su propio equipo, ninguneó a su partido, intentó alianzas sin ton ni son y, una a una, destruyó todo vestigio de institucionalidad. La desconfianza hacia unos se tradujo en confianza desmedida hacia otros, que no lo justificaban por su capacidad o madurez. Su incomprensión del poder le llevó a ser muy decisivo en un tema -el narco- pero ajeno y distante en otros.

Como suele ocurrirle a todos los apostadores, el presidente Calderón acabó con una mala baraja. Se asoció con líderes sindicales corruptos que nunca cumplieron sus promesas, privilegió el conflicto con su único aliado legislativo posible y se cegó ante oportunidades en frentes distintos al de la seguridad -como educación, reforma judicial y política exterior- y acabó con niveles de violencia e inseguridad ciudadana sin precedente y sin visos de resolución. Apostó y perdió.

El crimen organizado no nació con el presidente Calderón. Como persona responsable, entendió la magnitud del desafío al Estado que representaban las organizaciones criminales y se abocó de lleno a combatirlas. Su estrategia puede ser discutible, pero el hecho de combatir a un enemigo tan brutal es indisputable. El problema es que la estrategia adoptada tiene consecuencias y, al no haber procurado convencer a la población de sus bondades y ganado su apoyo desde el inicio, en el momento en que la violencia comenzó a ascender y el impacto de la criminalidad a arraigarse en las familias mexicanas, el presidente se quedó sin nada.

Ahora que se acerca el ocaso de su sexenio, el presidente sigue empeñado en sus propias obsesiones, abandonando el legado histórico del PAN que son las causas ciudadanas. Peor, paradoja de paradojas, tan preocupado por un posible triunfo del PRI, abandonó a su candidata y no logró construir un andamiaje institucional y económico que contribuyera a un resultado electoral más favorable. En lugar de ser factor de unidad, conciliación e institucionalidad, favoreció el conflicto y la animadversión. En lugar de intentar el triunfo de su partido, acabó con el escenario que más lo ha obsesionado.

Dice un ex gobernador del PRI que sus colegas y los del PRD harían mal en subestimar la capacidad destructiva de Felipe Calderón cuando se empeña en avanzar sus objetivos, así quede nada después de su sexenio. Dado el resultado de la elección, se colocó en el peor lugar posible: como el ejemplo de lo que no debe ser un gobierno y, por lo tanto, como el parapeto que seguramente empleará el PRI duro que ganó la elección para hacer un contraste radical. Apostó en contra del PRI pero no hizo nada para evitar su triunfo.

Los presidentes inician su mandato seguros de que cuentan con un mundo de tiempo para organizarse y transformar al país. Pero el tiempo se agota y la pregunta típica sobre el legado se torna irrelevante. Lo único que queda es tratar de evitar una crisis y salir lo mejor librado.

Los pasivos del sexenio son bien conocidos y no es necesario abundar en ellos. Pero también hay activos que no han sido explotados en buena medida porque toda la atención se puso en objetivos inalcanzables. En lugar de las animadversiones que lo caracterizan y que con facilidad lo podrían convertir en el hazmerreír del próximo gobierno, haría bien en cuidar los activos que sí creó, sobre todo en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, construyendo acuerdos para la protección del ejército.

Las obsesiones, decía Norman Mailer, son el mayor desperdicio de las actividades del hombre. La obsesión por lograr algo que no se encuentra en su poder son fútiles y, peor, peligrosas. Felipe Calderón acaba como comenzó: sin proyecto, sin partido y sin rumbo. Lo único que le queda es confiar en que el nuevo gobierno piense en el futuro en lugar de intentar restaurar el pasado, pues sólo así Calderón tendrá algo por lo cual ser recordado con bonhomía. Pero lo suyo no es confiar.
08 Julio 2012 04:08:09
El fenómeno Peña
“Se cuidadoso con lo que deseas”, reza un viejo aforismo, “porque se podría convertir en realidad”. Tanto el electorado como el virtual presidente electo deberían meditar sobre esta advertencia. El triunfo de Enrique Peña Nieto fue impecable e indiscutible. Vista en retrospectiva, esta contienda fue un nuevo parteaguas, similar al 2000. Ahora viene lo bueno.

El resultado electoral tiene dos vertientes: lo que quería el electorado y lo que ofreció Peña. Ambos muestran a un país cambiado.

Por el lado de la ciudadanía es evidente el cansancio. Décadas de crisis seguidas por más de desorden, ausencia de liderazgo y pobre desempeño económico acabaron por aniquilar la expectativa de que la solución estaría por el camino de un gobierno dividido, una democracia incompleta o una bola de gobiernos incompetentes. Los últimos tres gobiernos, ya librados de las crisis financieras, fueron mediocres y no lograron satisfacer a nadie. Peña leyó bien al electorado que demandaba un gobierno eficaz.

La mayoría de los problemas que padece el país en la actualidad son residuos de la era priista que no se ha superado y que se han traducido en violencia, debilidad institucional, abuso burocrático y un sistema patético de gobierno. Los gobiernos panistas no tuvieron la capacidad de cambiar al país: ni construyeron instituciones democráticas ni se distinguieron por la calidad de su gestión. Pero los problemas siguen ahí.

Aunque el resultado final de la elección no arrojó el “carro completo” que anticipaban algunas encuestas, el cambio es impactante en más de un sentido. El candidato del PRI ganó de manera clara. La candidata del PAN dio una lección de democracia y entereza hasta ahora desconocida en nuestra corta historia democrática. El candidato de las izquierdas estuvo, pues, como siempre: Facundo Cabral estaría deleitándose.

El candidato ganador se preparó por años: organizó un equipo, concibió a su gubernatura como escaparate para su campaña, planeó cada paso de la construcción de su candidatura y desarrolló una operación política impecable. En lugar de desperdiciar el tiempo atacando al Gobierno federal, se dedicó a organizar a los priistas, sumar a los disidentes y eliminar toda competencia.

Anticipó ataques por sus debilidades haciéndolas públicas, propiciando la redacción de libros que lo justificaban y amenazando, así fuera de manera velada, a quienes se le oponían. Se asoció con Televisa para convertirse en la única figura pública positiva por seis años y minó a sus posibles contrincantes atrayendo y maiceando a figuras protagónicas de la izquierda y del PAN, notablemente a Fox. Peña no dejó nada al azar.

La campaña procedió como una maquinaria perfectamente aceitada y financiada que se condujo como una aplanadora. Como hace poco escribió Ivonne Melgar, anticipó diversos escenarios y preparó a un equipo diestro en el manejo de imagen, respuesta inmediata y atención hasta a las contingencias más nimias, por todos los medios. A la vista de esto, ninguno de sus contendientes, por capaces, atractivos u organizados que pudiesen haber estado, tenía oportunidad alguna. Los números así lo ilustraron desde el primer día.

Ahora vienen las consecuencias.

Peña no recibió un cheque en blanco pero sí un halo de legitimidad. En lugar del riesgo que entrañaba -para él y para el país- una mayoría aplastante, el resultado electoral lo obligará a forjar acuerdos y construir una mayoría legislativa con los partidos de oposición. El talento que desplegó en la contienda sugiere que tiene todo lo necesario para lograrlo. Al mismo tiempo, los momentos en que se encontró en apuros en la campaña (como en la Ibero) ilustran el tipo de problemas que confrontará cuando se presenten escenarios no predecibles.

Es de anticiparse que en los próximos meses veremos muchos ajustes y desajustes. La guerra soterrada entre el “centro” y los gobernadores apenas comienza. A diferencia de los años 30, estos últimos no tienen ejércitos a su alcance, pero nadie va a ceder sus privilegios con facilidad. La noción que albergan priístas nostálgicos de que se puede simplemente restaurar el matrimonio PRI-presidencia como si nada hubiera pasado en la última década es simplemente absurda. Cuando enfrentó una situación similar en Polonia, el regreso de los ex comunistas, Lech Walesa afirmó que “no es lo mismo hacer sopa de pescado a partir de un acuario que un acuario a partir de sopa de pescado”. Lo mismo será cierto del PRI: la oportunidad para Peña es inmensa.

Pronto comenzarán a hacerse visibles los poderes fácticos, unos para hacer sentir su peso y establecerle límites al nuevo gobierno, otros para cobrar favores de campaña. La respuesta que reciban, y la manera de responder, marcarán la tónica y naturaleza del gobierno entrante. La tentación de centralizar e imponer será grande. El ejemplo del Edomex -donde no se mueve una mosca sin la venia del gobernador- es sugerente.

Para Peña la disyuntiva es abocarse a recuperar lo perdido y reconstruir la hegemonía priísta -tanto como se pueda-, o dedicarse a construir un país moderno, lo que implicaría exactamente lo contrario: abandonar al viejo PRI de una vez por todas. Implicaría lograr exactamente eso que los gobiernos panistas fueron timoratos e incapaces de articular. Quien primero se organice (PAN o PRD) para construir una coalición será crucial y determinará el enfoque de la política económica y el potencial de transformación al país. No tengo duda de que habrá coaliciones funcionales. La pregunta es con quién.

Lo bueno de que el próximo gobierno no cuente con una mayoría legislativa es que eso le evita la posibilidad de decidir si quiere construir un país moderno. Lo malo es que esa posibilidad dependerá de la calidad de la oposición con que se encuentre: la oportunidad, y responsabilidad, de los partidos de oposición para forjar una coalición que transforme al país hacia la modernidad es extraordinaria. La paradoja es que todo ese poder se puede usar para transformar, pero también para retroceder. La sociedad mexicana está ávida de respuestas y de futuro. Peña tiene la oportunidad de dárselas al alcance de la mano. La pregunta es si podrá vencer al PRI para lograrlo.

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@lrubiof
01 Julio 2012 04:08:52
Pasado o futuro
Para Bismarck, el gran canciller alemán, “nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”. La tarea del ciudadano en un día de elecciones como hoy es la de dilucidar entre propuestas, imágenes y... mentiras. Todo se vale en una contienda y la que hoy concluye no fue excepción. Ahora viene el momento de la responsabilidad ciudadana.

Los candidatos hicieron su tarea y hoy le toca al ciudadano optar. Como hace seis años, en los últimos días se ha intentado generar un ambiente de descalificación de los procesos electorales. A diferencia de entonces, hoy las encuestas arrojan números muy distintos que le confieren una mayor confiabilidad al ejercicio democrático. Los dos principales candidatos no ponen en juego la estabilidad económica como sí lo estuvo entonces. El avance en este frente es sólido y la amenaza de regresión en materia económica ha amainado tanto que no fue un tema relevante en la contienda.

Hoy la tesitura es distinta. Es entre el pasado y el futuro: reconstruir lo que funcionaba antes o construir una plataforma distinta hacia el futuro. La realidad es que, a pesar de los avances democráticos que efectivamente se han dado, estamos lejos de vivir bajo un régimen democrático consolidado. Los políticos no cumplieron con su responsabilidad de construir instituciones que, al darle solidez y predictibilidad a los procesos de toma de decisiones, eliminaran el riesgo de inestabilidad que siempre acompaña a las transiciones de gobierno. Con nuestro voto los ciudadanos debemos forzar a los políticos a que construyan las instituciones clave para el desarrollo, la estabilidad y el crecimiento acelerado.

De los tres principales contendientes que hoy se presentan ante el electorado, uno no ha dejado de amenazar con el desconocimiento de los resultados y el contingente de otro sueña con la restauración del viejo régimen. Ambas situaciones son emblemáticas de la inmadurez que sigue caracterizando a nuestra democracia. En las democracias consolidadas lo que se disputa es un pequeño cambio de enfoque que no pone en entredicho la vida cotidiana de la población o la estabilidad del país. Lamentablemente, las discusiones cotidianas en las últimas semanas revelan que estamos lejos de haber arribado al punto en el que eso sea cierto. El sólo hecho de que la estabilidad (o el riesgo del retorno del PRI) sea un tema de discusión es revelador en sí mismo.

Ante esto, la ciudadanía tiene que optar por la mejor opción, o combinación de opciones, que le confiera certidumbre respecto al futuro. El caso de la economía es ilustrativo: a pesar de que ésta ha ido mejorando de manera sistemática (2011 fue el año de mayor creación de empleos de toda nuestra historia), persisten disputas sobre la dirección que ésta debe seguir. En los planteamientos que se escucharon a lo largo de la contienda un candidato idealizaba el pasado, otro planteaba un retorno a lo que funcionaba y otro más ofrecía un replanteamiento hacia el futuro. Es decir, a pesar de que México estos días vive una de las mejores circunstancias del mundo en materia económica, la efervescencia es enorme.

Detrás de muchos de los planteamientos se encuentra la idea, muy arraigada, de que es posible y deseable reconstruir momentos emblemáticos del pasado (sobre todo los sesenta o los setenta, respectivamente). Una mejor alternativa sería hacer nuestra la ola de cambio que ha caracterizado al mundo en este medio siglo: realmente asirla y romper con los obstáculos que ha generado esta economía tan polarizada y contrastante donde una parte crece con celeridad en tanto que otra languidece sin rumbo ni oportunidad. Las diferencias aparentes pueden parecer pequeñas, pero se trata de una diferencia radical de enfoque y visión. La pregunta es cómo asegurar que se avance hacia la consolidación de una plataforma de crecimiento con igualdad de oportunidad para todos. El voto es un instrumento limitado, pero excepcional, para ello.

La disyuntiva en la elección de hoy reside en el para qué del gobierno y qué implica eso para el futuro del país. Es fundamental romper, de una vez por todas, con los impedimentos al crecimiento que persisten, muchos de ellos originados en ese mundo idílico de hace décadas que, como bien dijo Cervantes, nunca fue tal. Por eso es clave quién gane pero también quién quede en segundo lugar: porque determina la orientación hacia adelante o hacia atrás.

Yo no tengo duda: México tiene que ver hacia adelante, dejando el pasado en la historia. La clave del futuro no reside en restaurar sino en liberar y darle instrumentos al ciudadano -individuo, empresario, trabajador- para que pueda competir en un mundo globalizado donde la capacidad de agregar valor está determinada por la calidad de la educación (y su naturaleza), la funcionalidad de la infraestructura física y humana y las vinculaciones con el resto del mundo. El ciudadano tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de construir con sus votos los equilibrios que mejor contribuyan a lograrlo: votar diferente para presidente y para el legislativo.

En las décadas pasadas México abandonó el modelo económico introspectivo porque éste había agotado su viabilidad. Hoy comenzamos a ver los resultados de décadas de transformación y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se ve por demás promisorio. Este es el momento de dar el gran salto hacia el futuro.

La opción en esta elección es muy clara: regresar a lo que ya fue y no funcionó, o dar el gran salto, pero con clara conducción gubernamental, hacia el cambio que no acabó de cuajar en la última década pero que es necesario y, en buena medida, inexorable. Cada votante tendrá que determinar cuál es la mejor combinación que fuerce a los políticos a actuar.

Hace días expresé mi preferencia de candidato. La tarea del votante hoy es decidirse e ir a votar por quién pueda avanzar -y no tenga alternativa de hacerlo- para crear condiciones que hagan posible un futuro diferente. La responsabilidad del resultado será toda suya.

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@lrubiof
24 Junio 2012 04:06:28
El futuro y el PRI
“En ocasiones errado, pero nunca en duda”, es una caracterización que fácilmente se podría aplicar al PRI. El partido de la revolución estabilizó al país en el siglo 20 pero nunca logró superar su pecado de origen: un sistema dedicado íntegra y exclusivamente a la llamada familia revolucionaria, a servir a los intereses del poder y sus negocios. El riesgo de la próxima elección es regresar a ese mundo de complacencia. México claramente requiere un gobierno eficaz y la forma en que evolucionaron los dos gobiernos panistas recientes fue todo menos eso. Pero la solución no reside en un gobierno en control absoluto del poder.

Los priístas se precian de su capacidad para gobernar. Sin embargo, su probada capacidad de ejecución no es lo mismo que un buen gobierno: México tuvo muchas décadas de gobiernos hábiles pero no buenos gobiernos. De haberlos tenido, el país sería rico y próspero, como Corea u otros países de similar nivel de desarrollo. Claramente, requerimos un gobierno eficaz, pero también un buen gobierno. La pregunta es cómo lograr esa combinación exitosa.

El PRI que hoy flexiona el músculo no es un PRI moderno o visionario. Su vista está decididamente concentrada en el espejo retrovisor, en lo que para muchos priistas nunca debió abandonarse. En el mundo idílico del profesor: un gobierno en control, una sociedad subordinada y una economía en crecimiento. Los 60.

Para el viejo sistema nunca existió la sociedad más que como instrumento manipulable. Esto no implica que se impidiera el crecimiento económico pues la evidencia de lo contrario es enorme, pero sí de que su función objetivo, su razón de ser, fuera la de servir a los intereses de la familia revolucionaria: mantenerse en el poder y explotarlo para su beneficio. Eso es lo que las mayorías absolutas hacen posible: la imposición.

Cuando el PRI perdió la presidencia se creó la oportunidad de transformar al sistema político, remontando los traumas previos pero construyendo sobre lo existente. Lamentablemente, las dos administraciones que sucedieron al PRI (y, de hecho, las últimas tres) no tuvieron la visión, grandeza o capacidad de trascender lo que heredaron. Los ciudadanos acabamos con una democracia enclenque que no ha satisfecho las expectativas o cambiado el rumbo del país. La conclusión de muchos es que el problema yace en la ausencia de mayorías legislativas. Yo difiero: el problema yace en la incompetencia de nuestros gobernantes recientes, en su inhabilidad para construir mayorías y transformar al sistema político. No es lo mismo.

Ese malogro es la principal explicación de la situación actual del PRI. En franco contraste con los partidos del viejo régimen en otras sociedades, el PRI la tuvo fácil: no tuvo que reformarse para volver a sobresalir en las preferencias electorales. El riesgo ahora es que sea la sociedad quien pague los platos rotos.

Más allá de las encuestas y de las diferencias de perspectiva entre jóvenes y viejos -los que vivieron la era del PRI abusivo y los que viven el desconcierto actual- el hecho tangible es que el país es un gran desorden. La propuesta del PRI para restaurar el orden ha sido convincente: un gobierno eficaz. El problema es que eficacia no implica un buen gobierno y esa es la historia del PRI. La realidad es que la incompetencia de los últimos gobiernos impidió que se sustituyeran las estructuras e intereses priistas por instituciones funcionales y pesos y contrapesos debidamente estructurados.

Nadie puede dudar que el país requiere un gobierno eficaz. En la era priista, la eficacia estaba casi garantizada porque el sistema era tan fuerte y ubicuo que permitía que hasta malos gobernantes funcionaran de manera efectiva. Sin embargo, desde que el PRI se dividió en los 80, su capacidad de imposición disminuyó drásticamente. Desde entonces, el éxito de un gobierno ha dependido de la habilidad política -individual- del presidente: no es casualidad que entre 1982 y el presente sólo Salinas haya sido efectivo.

En este tiempo el país se ha descentralizado de una manera notable pero no contamos con estructuras consolidadas de pesos y contrapesos que le den estabilidad y predictibilidad al sistema en su conjunto. Es éste el factor que crea tanta incertidumbre: la posibilidad de que el PRI regrese a restaurar el viejo sistema opresivo o que López Obrador destruya lo poco que se ha avanzado de manera decisiva. Nuestro problema es de ausencia de contrapesos y eso no se resuelve con un gobierno “eficaz” ni mucho menos con mayorías absolutas en el Legislativo. Lo que México requiere es una negociación entre las fuerzas políticas que le dé vida a un cuerpo institucional de pesos y contrapesos y nos lleve a otro estadio de desarrollo.

El reto del país consiste en desmantelar, ahora sí de manera definitiva, la estructura corporativista que persiste en las paraestatales, en el sindicalismo corrupto y en los negocios particulares, muchos de ellos ilícitos, de sus próceres. Es decir, afectar las bases de poder priista y sus estructuras de soporte. México requiere consolidar el modelo de apertura -en lo económico y en lo político- y eso implica afectar intereses fundamentalmente priístas. La pregunta es si el monstruo puede funcionar rompiéndose las entrañas y, más importante, si controlando la presidencia, el congreso y el senado tendría incentivos para hacerlo. Lo dudo.

El mexicano quiere orden, factor que ha fortalecido al PRI en esta contienda. Pero el orden sin contenido no es respuesta. Para restaurar el orden y acabar de construir el camino del crecimiento es imperativo romper con lo que por tantos años fuimos, es decir, con el sistema priísta.
17 Junio 2012 04:08:35
Mi voto
Llegó el momento de decidir: la oportunidad que cada ciudadano tiene que traducir su experiencia y responsabilidad en un voto. Cada uno de los contendientes tiene activos y pasivos y cada uno de ellos entraña una visión distinta del futuro. Explico aquí mi voto.

En una sociedad abierta, los ciudadanos deciden quién los va a gobernar por medio de una marca en una papeleta, acción que parece pequeña pero que constituye una decisión fundamental: ahí el ciudadano resume sus expectativas para mejorar su vida. Aunque un candidato nos pueda gustar más que otro, lo crucial es saber quién de ellos sabrá responder cuando venga el momento de tomar decisiones en circunstancias de crisis que, por definición, no son anticipables y no están en un “script”. En ese momento –que siempre se presenta– lo único que cuenta es la fortaleza de la personalidad y temperamento del presidente, lo que en inglés se llama+ character+. No existe traducción perfecta pero el concepto engloba la entereza, valores y visión de quien está a cargo. Por eso la persona importa.

En estos meses los candidatos nos han saturado de mensajes y discursos. Mucho de eso acabará en el basurero de la historia porque el calor de la contienda genera propuestas e ideas que no siempre son factibles (o deseables) en la realidad del gobernante. Quien gane la elección tendrá que definir no sólo objetivos y estrategias, sino el personal que será responsable de llevarlos a la práctica.

El contexto que caracteriza al país requiere habilidades muy particulares. Justo en el momento de mayor cambio y turbulencia en el país y en el mundo (1994–2012), tuvimos tres presidentes que no contaban con las habilidades políticas para sumar contrincantes y enfrentar desafíos sin parangón. En los próximos seis años el país tendrá que alcanzar al menos dos cosas: la reconciliación política interna que siente las bases para la construcción de un nuevo régimen: un país de instituciones; y la transformación de las estructuras económicas para eliminar los privilegios, monopolios y fuentes de favoritismo que resultan en tasas tan pobres de crecimiento. ¿Cuál de los candidatos tiene la capacidad y visión para avanzar estos objetivos manteniendo la estabilidad?

Desde mi perspectiva, hay cuatro factores o atributos esenciales que definen a la mejor persona para gobernarnos. Primero, valores: sus creencias, visión del mundo y concepción del ciudadano frente al gobierno. Segundo, su talento ejecutivo: capacidad de definir objetivos, armar equipos, supervisar subalternos y responder cuando las circunstancias cambian. Tercero, habilidad y disposición a negociar con los contrarios. Finalmente, la entereza para mantener la ecuanimidad y claridad de visión para no perder el rumbo en las buenas y en las malas.

Mi voto es para el candidato que reúne estos atributos. En cuanto a sus valores, cree en la libertad de las personas como esencia de la vida, respeta creencias y preferencias distintas a las suyas, tiene una profunda preocupación por la pobreza y la desigualdad y sabe que sólo sumando –una coalición– y construyendo instituciones se puede construir para el futuro. Su ética es la de una ciudadana que entró como adulto a la política y que separa lo propio de lo público con una nitidez sin parangón. Tiene una particular convicción que es la de la igualdad de oportunidades para todos, comenzando por los que llegan con mayores desventajas a la vida.

En la década pasada, observé a Josefina Vázquez Mota como secretaria de desarrollo social, de educación y como líder de su bancada: en cada uno de esos puestos mostró una impactante capacidad ejecutiva, muy superior a la de Calderón. Como jefa supo armar los mejores equipos, se deshizo de quienes no funcionaban, exigía cuentas precisas y no tenía problema de trabajar con gente más capaz que ella. Me la imagino invitando a su equipo a los mejores, independientemente de partido o ideología: quienes sumen y puedan resolver los problemas del país. No es experta en todos los asuntos y por eso busca al mejor talento, sin limitarse al que está en su grupo cercano. Cuando no conoce un tema, pregunta y tiene una prodigiosa capacidad para entender y actuar.

En la SEP demostró capacidad negociadora y no tuvo dificultad alguna para entenderse con la líder magisterial y llevarla a una reforma innovadora: fin a la venta de plazas y compensación a los maestros en función del desempeño de los niños en exámenes estandarizados, ambos anatema para el sindicato. Cuando los huracanes, conoció la pobreza y desesperanza más agudas y se abocó a resolver las causas, no sólo a atenuar los síntomas: cambió e institucionalizó Oportunidades y eliminó la politización en el reparto de víveres y otros apoyos.

Conocí a Josefina hace más de veinte años porque un día la escuché en el radio y de inmediato la busqué para invitarla a incorporarse a mi institución (no aceptó). A lo largo de todos estos años, la he visto en momentos de éxito y en momentos de dificultad. Jamás perdió la brújula. Siempre, hasta en las peores circunstancias, supo reagruparse y seguir adelante. Como todos los humanos, tiene falibilidades pero su historia muestra enorme capacidad de aprendizaje y autocontrol. Detrás de su sonrisa hay una política que calcula y que ha demostrado una y otra vez capacidad para decidir, torcer brazos y sumar a sus interlocutores, hasta a los más difíciles. Lo que muchos interpretan como suavidad no es más que disposición a escuchar y a sumar: dominó al Congreso e hizo posible la aprobación de prácticamente toda la agenda del presidente. No teme a los asuntos más peligrosos. Cuando actúa, nadie la para.

Es evidente que los tres contendientes tienen cualidades y experiencias valiosas. Sin embargo, estoy convencido que sólo ella reúne la mejor combinación de atributos, capacidades y visión. También tengo la certeza de que sólo ella tiene la capacidad de nombrar al equipo más capaz de resolver los problemas de seguridad, economía, empleo y estructura institucional porque no tiene miedo de invitar a quienes tengan las habilidades y darles la totalidad de su apoyo para lograrlo. Ya es tiempo de que tengamos en la presidencia a alguien con los pantalones bien puestos.

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03 Junio 2012 04:08:00
Alianzas y coaliciones
A lo largo de la historia, el mundo se ha construido y casi destruido, como resultado de alianzas, igual sacrosantas que sacrílegas. Las alianzas y coaliciones son la esencia del poder. Las antiguas monarquías procuraban matrimonios políticos que expandieran o afianzaran imperios, en tanto que los parlamentarios modernos construyen coaliciones para poder funcionar. Independientemente del objetivo que se persiga, el mundo se mueve con acuerdos de poder.

México ha sido una excepción a esta regla en las últimas dos décadas. Aunque ha habido mucha más actividad legislativa que en los años anteriores a 1997, el país ha presenciado a una clase política prácticamente incapaz de comprometerse y actuar en función de desafíos medulares, mismos que se han traducido en graves rezagos, sobre todo en materia económica. Ha habido infinidad de reformas relativas a derechos sociales y políticos, pero ninguna relevante en los temas que impiden el tipo de revolución económica que han experimentado nuestros principales competidores a escala global.

La explicación de esta situación es obvia: el pacto priísta que permitió décadas de estabilidad en el siglo pasado se vino abajo por la erosión que inexorablemente acompaña al poder y, en no poca medida, por la evolución de la sociedad mexicana en ese mismo periodo. Los acuerdos de los 20 con que nació el abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, eran primitivos, pero empataban el momento post revolucionario. En su esencia, aquellos arreglos entrañaban el respeto al líder “máximo” (y sucesores sexenales), un procedimiento para la sucesión presidencial y un mecanismo para la distribución de los beneficios en función de la lealtad al líder en turno. Aquel pacto se colapsó en los 80 cuando el partido se divide y desaparecen los instrumentos que hasta ese momento habían cohesionado a la clase política (priísta). Las derrotas de 1997 y 2000 no fueron sino puntillas a un sistema que había dejado de funcionar y que, más allá de las nostalgias, no se puede reconstruir.

Desde el fin de los 80, el país ha funcionado, mal o bien, en función de la destreza y capacidad de operación política de los individuos que han ocupado la Presidencia. Salinas, un político hábil, supo usar los instrumentos del poder, en tanto que sus sucesores no; al mismo tiempo, los resultados de su gestión lo dicen todo: la ausencia de pesos y contrapesos llevó a la violencia política y a una catástrofe financiera. En franco contraste con las décadas previas, el “sistema” –que había permitido la funcionalidad política independientemente de las habilidades del responsable en turno– dejó de funcionar. Nuestra parálisis no es producto de la casualidad.

El problema es, pues, uno de organización y administración del poder. La genialidad del sistema priísta consistió en que construyó un mecanismo autoritario pero que, por su naturaleza, hacía las veces de estructura institucional que era percibida como legítima. Lo necesario hoy es una construcción institucional en un entorno competitivo y democrático.

La estructura priísta funcionaba en torno al binomio PRI-Presidencia que implicaba negociaciones internas con una gran capacidad de implementación. El PRI, como sistema de control político, permitía garantizar que las decisiones a las que se llegaba dentro de ese binomio pudiesen ser instrumentadas. También incorporaba mecanismos disciplinarios que acotaban al menos los peores excesos y abusos por parte de funcionarios, líderes obreros y políticos en general. La consecuencia más evidente de una estructura autoritaria y centralizada como aquella es que nunca permitió la construcción de instituciones funcionales pues éstas hubieran acotado el poder del centro. Esta es la razón de la brutal debilidad histórica de los gobiernos estatales, factor que ha hecho posible que, con el colapso del control central, se hayan constituido réplicas primitivas del viejo sistema a nivel estatal.

¿Cómo cambiar esto? Yo veo tres respuestas: una, la favorita de los nostálgicos del viejo sistema hoy localizados en dos partidos, consistiría en reconstruir los mecanismos de control autoritario para recuperar la eficacia del viejo sistema. La segunda implicaría una gran revolución institucional –la llamada reforma política– que procuraría institucionalizar lo existente por la vía legislativa. La tercera tendría por objetivo la construcción institucional pero su planteamiento es procedimental: construir una gran coalición que permita transformar al sistema político en su conjunto. Es importante hacer notar que hay prominentes políticos de todos los partidos abogando por cada una de estas propuestas: este no es un asunto partidista.

En mi opinión, México sólo podrá evolucionar por medio de una construcción institucional. La noción de que se puede reconstruir el viejo sistema es absurda no porque no se pudiera dar un golpe autoritario, sino porque no resolvería nada. Eso nos deja con dos escenarios: el de la buena voluntad de nuestros legisladores en presencia de un efectivo liderazgo presidencial o la construcción de acuerdos previos que hagan posible lo anterior. No hay diferencia de objetivos, sólo de procedimiento.

La noción de un gobierno de coalición no es nueva, pero sí es ajena a los sistemas presidenciales por una razón evidente: mientras que una coalición en un sistema parlamentario obliga a todas las partes a participar so pena de hacer caer al Gobierno, en un sistema presidencial los funcionarios son nombrados unilateralmente por el presidente y, por lo tanto, una coalición depende de la disposición del presidente para su permanencia. Este hecho explica la reticencia a participar en el Gobierno que en años pasados –desde Zedillo con un procurador panista y Fox sin saber para qué– evidenciaron los otros partidos.

La lógica de un gobierno de coalición es muy clara: incorporar a fuerzas políticas representativas en un gobierno dedicado a la construcción institucional donde todos pierden si cualquiera abandona el carro a medio camino. Sería una respuesta equivalente, si bien tardía, a los Pactos de la Moncloa o a la Concertación chilena. El objetivo no sería mediático sino político: intentar la construcción del nuevo Estado mexicano. En esta era, eso requiere de todos los partidos porque ninguno goza de la representatividad requerida.

Churchill lo dijo muy bien en 1940, cuando tomó las riendas de un gobierno de unidad nacional: “hemos diferido y hemos estado en conflicto, pero ahora debemos estar unidos por el bien superior del país”. En nuestro caso por la reconciliación nacional y la transformación del Estado.
27 Mayo 2012 04:08:24
¿Excusa o destino?
La parálisis de la que tanto nos quejamos me recuerda a la idea de los “laboratorios de democracia” que proponía Louis Brandeis, juez de la Suprema Corte de EU. Su argumento era que no es posible establecer reglas para todo, sino que hay que dejar que las cosas fluyan y se acomoden, que se experimente hasta que triunfe la mejor manera de lograr el desarrollo de una sociedad. A veces pienso que la vertiente mexicana de ese laboratorio acabó produciendo algo parecido a la isla del Dr. Moreau, la novela de H. G. Wells sobre horrendos experimentos de vivisección en que se mezclaban hombres y bestias.

Para comenzar, no tengo duda alguna que en el país hemos confundido democracia con parálisis. Me pregunto si la causa de la parálisis es “estructural” como algunos sugieren o producto de circunstancias específicas. Por ejemplo, mientras que alguien que viola las reglas establecidas en Inglaterra (como una manifestación no autorizada) sufre el embate directo e inmisericorde de las autoridades, aquí se privilegian las marchas, los plantones y los bloqueos. Algunos dirán que se trata de una decisión política: para quien toma decisiones puede ser menos costoso atender y proteger al manifestante que sufrir el desprecio de la ciudadanía. Pero al menos en ese ejemplo no hay duda de que, primero, hay un cálculo político y, segundo, la autoridad tendría la capacidad de actuar si estuviera dispuesta.

Sin embargo, qué pasa cuando “las cosas no suceden”, cuando un gobierno propone una legislación y ésta se atasca, cuando se negocia un tratado de libre comercio y éste es rechazado en el Senado. En estos casos, ¿estamos hablando de un cálculo político o de simple incompetencia?

Vayamos al inicio, al asunto de la famosa parálisis. Si por parálisis uno se refiere al proceso legislativo y a la relación congreso-ejecutivo, no cabe duda que la presunta parálisis comenzó cuando el PRI perdió la mayoría legislativa en 1997. El entonces nuevo congreso se quiso distinguir de sus predecesores por medio de no conformarse a los deseos del presidente omnipotente de antaño. Basta recordar algunos de los discursos -pomposos, fanfarrones, absurdos y hasta ofensivos- por parte de legisladores de oposición en sus respuestas al Informe Presidencial de aquellos años para constatar que el objetivo explícito era cobrar una factura histórica, no fundamentar un mejor gobierno.

Pero no hay que exagerar: el congreso es un ente mucho más activo desde 1997 de lo que era antes. Hoy se aprueban muchas más leyes y muchas de las que se aprueban responden a toda clase de personas e intereses que nada tienen que ver con iniciativas del ejecutivo (un tema que en sí amerita un estudio serio), pero demuestran que, lejos de paralizado, el Congreso ha estado por demás activo. Pero eso también es cierto para iniciativas presidenciales: Ma. Amparo Casar ha estudiado las reformas constitucionales y aporta un número que lo dice todo: en los 15 años a partir de 1997 se aprobaron 64 decretos constitucionales, comparado con 42 en los 15 años previos. La parálisis es un mito.

Lo que sin duda sí ha cambiado es el hecho de que las iniciativas presidenciales ya no se aprueban de inmediato y algunas nunca. La famosa “congeladora” está saturada de iniciativas que no prosperaron. Sin embargo, eso no prueba parálisis ni es necesariamente malo. A mí me parece que es por demás relevante, y en muchos casos loable, que se haya terminado la pésima costumbre de que el Congreso refrendará cualquier cosa por el hecho de que la enviara el ejecutivo. Aunque estamos lejos de haber construido un sistema de pesos y contrapesos, al menos ya existe alguna limitante al potencial de abuso por parte del ejecutivo que antes era la norma.

Dicho esto, es evidente que tenemos un problema. Más allá de los números, todos sabemos que el país requiere cambios importantes en diversos rubros y que casi ninguno de estos ha prosperado en el Congreso. Si bien el Congreso ha sido hiperactivo, el país lleva años a la espera de que se modifiquen leyes en temas económicos. Esto me lleva a pensar que, una de dos: o bien los políticos están inmovilizados por una combinación de inercia y falta de espina dorsal, o simplemente no tienen la capacidad, sobre todo la habilidad, para construir los procesos políticos que hagan posible el avance de las respuestas y soluciones requeridas. Obstáculos que parecen insignificantes nuestros políticos los hacen ver como si se tratara del Himalaya.

Esta reflexión me lleva a dos conclusiones. Primero, los problemas del país nada tienen que ver con la existencia de mayorías legislativas y, por lo tanto, suponer que éstas resolverían el entuerto del desarrollo es no sólo una quimera sino un auto engaño. Y, segundo, el problema fundamental reside en la pasmosa ausencia de capacidad de operación política que han evidenciado los últimos tres gobiernos.

La noción de que todos los problemas se resuelven con una mayoría legislativa es, por decir lo menos, pueril. Implica suponer que la vieja estructura de controles políticos se puede reconstruir por el mero hecho de que un partido controle la presidencia y el congreso. Si algo es evidente hoy es que los políticos, de todos los partidos, han aprendido a utilizar su independencia relativa para no dejarse arrollar por el presidente. A la vez, la presidencia ya no cuenta con los instrumentos para imponer su voluntad. Pretender que todo se resuelve con volver al pasado es verdaderamente ingenuo.

El gran déficit de los últimos tres sexenios reside en la incapacidad o incompetencia política de nuestros gobernantes. No es un problema nuevo, pero la fortaleza de las estructuras de control de antaño permitía que hasta un incompetente gobernara. Hoy se requieren habilidades políticas que le permitan a la próxima presidencia trascender los límites de un sistema disfuncional para, idealmente, construir uno para los próximos cien años.

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20 Mayo 2012 04:08:27
Desafíos 2012
Dice un proverbio persa que “cuando está suficientemente obscuro es posible ver las estrellas”. El panorama nacional no parece tan negro como para tener capacidad de ver todo lo que ocurre, pero parece evidente que, como decía el recientemente fallecido Guillermo O’Donnell, la razón principal del desencanto reside en haber creído que “el ladrillo de la alternancia es la casa de la democracia”. La alternancia cambió la realidad del poder pero no nos ha llevado a la construcción de un sistema político funcional.

Al menos en el plano de la teoría política, hay dos formas de construir un sistema político. Una, a la usanza de los teóricos del contrato social de los siglos 17 y 18, partía del principio de que el hombre acaba reuniéndose en sociedad para resolver los problemas que enfrenta en un medio inhóspito. Para Hobbes la motivación es la necesidad de seguridad, para Locke la protección de la propiedad y para Rousseau la constitución de una sociedad organizada que garantiza la igualdad. Esos tratadistas hablaban de los momentos fundacionales de la sociedad humana.

Los países que han logrado construir sistemas políticos institucionalizados y consolidados responden a uno de dos escenarios: aquellos que llevan siglos construyendo y corrigiendo errores y ajustando procesos, poco a poco dando forma a tradiciones centenarias que garantizan su estabilidad. Si uno observa la evolución de la democracia inglesa a lo largo de los siglos, podrá observar cómo se fueron resolviendo diversas crisis, algunas de ellas violentas, hasta finalmente alcanzar el clima de civilidad que hoy se observa pero que no fue siempre así. Otros, como Francia, lograron un sistema estable fundamentado en un híbrido poco común presidencial-parlamentario a fuerza de ensayo y error.

La otra forma de construir un sistema político se remite a los esfuerzos que han realizado los grandes estadistas de nuestro tiempo al enfrentar situaciones de conflicto real o potencial en sus sociedades. Estos ejemplos muestran cómo es posible saltar décadas o incluso siglos a partir de la construcción sistemática de acuerdos políticos entre los principales actores, partidos o fuerzas políticas. Hay diversos ejemplos que ilustran esta vía. Cada uno es distinto pero lo que todos tienen en común es el hecho de que hubo una construcción intencional de acuerdos orientados a lograr una rápida consolidación democrática.

En España, Adolfo Suárez entendió que el camino para construir un futuro tenía sólo dos vías: la confrontación que surgiría de la recreación de las divisiones que llevaron a la guerra civil o un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre los mecanismos que permitirían construir y concluir un proceso de transición en un periodo breve. Su convocatoria fue a todas las fuerzas políticas, tanto las exiliadas como las residentes, incluyendo a los liderazgos más representativos de todo el espectro político e histórico, para que acordaran un conjunto de principios elementales que permitieran construir un nuevo régimen político. En Sudáfrica, Nelson Mandela enfrentaba un problema distinto: cómo contener los ánimos de venganza de las huestes negras para preservar los empleos que generaban las blancas en un marco de coexistencia civilizada. Ambos ejemplos, de una media docena de casos ilustrativos, sugieren que una transición política no tiene por qué atorarse en su primera etapa como nos ha pasado a nosotros.

En México la transición ha sido tan prolongada y compleja que no existe ni siquiera un acuerdo sobre cuándo comenzó o cómo debe concluir. Cada partido define la democracia en función de su expectativa respecto a los resultados electorales: para el PRI México siempre ha sido democrático, para el PAN la democracia comenzó en 2000 y para el PRD está todavía por iniciar. A diferencia de España, aquí no hubo un acuerdo sobre los procedimientos por lo que la única medida ha sido el resultado. Con un país dividido más o menos en tercios (la historia de dos décadas), la única posibilidad de avanzar, excepto la imposición, reside en la creación de un mecanismo que garantice una distribución equitativa de los beneficios del poder, independientemente de quién gane las elecciones. Desafortunadamente, nuestro sistema de representación proporcional no lo garantiza.

Un gran impedimento a cualquier acuerdo reside en la indisposición de todo mundo a ceder algo. Por un lado, el ánimo nacional está tan caldeado que la noción misma de ceder resulta insostenible. Si así se hubieran comportado los comunistas exiliados o los franquistas españoles, ese país jamás habría logrado los pactos que le permitieron ser la nación que hoy es. Por otro lado, cada uno de los partidos experimenta restricciones reales: el PRI no se ha reformado y sigue siendo dependiente de muchos de los intereses más recalcitrantes que impiden cualquier cambio. El PAN integra suficientes elementos dogmáticos y antipriístas como para hacer sumamente difícil cualquier entendimiento con su rival histórico. El PRD evidencia una fractura irreconciliable entre los ex priistas que siguen viviendo en el mundo lopezportillista y una emergente social-democracia. Sólo una gran coalición permitiría fortalecer y privilegiar a los grupos y liderazgos de cada partido que tienen una visión positiva del futuro del país, dejando atrás a todos aquellos que siguen hurgándose el ombligo y albergando viejos dogmas que jamás serán realidad.

Hay dos maneras de concebir un futuro promisorio. Uno, a la española, consistiría en un gran acuerdo sobre procedimientos. Allá el acuerdo consistió esencialmente en la preservación de la legalidad franquista hasta que se aprobara una nueva constitución y los procesos electorales y políticos que de ahí se derivaron. Es decir, se acordó un procedimiento, no un objetivo.

Nuestra historia de las últimas dos décadas demuestra que es imposible un acuerdo similar al español. Primero, porque la experiencia, sobre todo el 2006, así lo evidencia. Segundo y más importante, porque a diferencia de España, aquí no hay una referencia de comportamiento civilizado (así fuera bajo un régimen autoritario) como el que allá hubo y, en todo caso, porque allá murió el dictador y aquí persiste el mismo partido.

Por estas razones, dado nuestro sistema presidencial, sólo un gobierno de coalición permitiría sumar a todas las fuerzas políticas, dándole representatividad al conjunto de la sociedad y forzando a la construcción de acuerdos al interior del gobierno como medio para consolidar una plataforma de transición efectiva que rompa con la inercia paralizante y le confiera legitimidad plena al nuevo gobierno.
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13 Mayo 2012 04:04:23
¿Quién reformará?
Reflexionando sobre su gestión como primer ministro y reformador en la etapa post soviética de Rusia, Viktor Chernomyrdin hizo una afirmación lapidaria que es tan aplicable a México como lo fue a su país: “queríamos lo mejor pero resultó como siempre”. Muchas de las reformas que se han emprendido en México en los últimos 30 años anunciaban lo mejor pero acabaron como siempre: insuficientes, limitadas y muchas veces sesgadas hacia intereses particulares, igual burocráticos o políticos que privados. Ahora que estamos en temporada electoral, escucharemos muchas propuestas de cambio y reforma. Como ciudadanos, la pregunta obligada es cuál de los candidatos de verdad podría llevar a un cambio para bien.

El tema medular: México está atorado por muchas razones, incluyendo el pesimismo que todo lo paraliza, pero no tengo duda que la principal limitación tiene que ver con las amarras que impiden que innumerables oportunidades de desarrollo se materialicen. Algunas de éstas tienen que ver con la estructura fiscal del Gobierno, otras con el aislamiento en que vive una parte importante del sector industrial del que depende una abrumadora parte del empleo. El país requiere una visión transformadora que permita que toda la población se asuma como parte de un gran proceso de cambio y del cual emerjan reformas específicas que, gracias a un liderazgo efectivo, permitan que éste se materialice.

Las contiendas son oportunidades únicas para que los candidatos expliquen su propuesta de gobierno y convenzan al electorado: por qué merecen el favor de los votantes. Una manera de evaluar sus propuestas es revisar la integridad de las mismas. Otra consistiría observar lo que hicieron como funcionarios en sus actividades previas. También sería relevante analizar la dinámica que caracteriza a sus partidos y en qué medida ésta constituye un factor facilitador o limitante.

Las campañas son un ejercicio de mercadotecnia: promueven su “producto” en la forma de propuestas para lograr los objetivos que plantean. Como votantes, nuestra responsabilidad es la de evaluar la racionalidad y viabilidad de lo que nos ofrecen.

Observando el panorama, los objetivos generales que proponen los candidatos no son muy distintos entre sí: proponen una sociedad desarrollada y una transformación generalizada. Me pregunto por qué habríamos de creerles. El candidato del PRI implícitamente argumenta que “ellos si saben cómo lograrlo”: sin embargo, 70 años de gobierno prueban que no lo pudieron hacer. La candidata del PAN presenta un conjunto de propuestas que chocan con la experiencia de los últimos 12 años. El candidato del PRD promete recrear la visión del desarrollo de los 70, época en la que hubo unos cuantos años de elevadas tasas de crecimiento, pero seguidas de años (décadas) de depresión.

Los candidatos del PRI y del PAN plantean la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas. Ambos suscriben ideas como la de convertir al sector petrolero en una palanca de desarrollo y transformar al mercado interno. Aunque hay muchas diferencias que reflejan visiones contrastantes sobre la relación gobierno-sociedad, se trata de planteamientos que, en lo inmediato, no son radicalmente distintos. Donde hay una diferencia perceptible es en la forma en que proponen lograrlo: el candidato del PRI propone la constitución de un gobierno “eficaz”, capaz de lograr lo que los últimos tres gobiernos no pudieron. Por su parte, la candidata del PAN propone un “gobierno de coalición” como medio para sumar a las distintas fuerzas e intereses políticos. El candidato del PRD ha sido más circunspecto respecto a cómo lo haría, presumiblemente confiando en la fuerza de su personalidad como motor.

Ninguno ha explicado cómo es que su propuesta tiene sentido dada la historia que los precede. La propuesta de Peña Nieto me recuerda mucho al sexenio de Carlos Salinas, periodo durante el cual el país observó una gran transformación en la naturaleza del Gobierno. Por primera vez en décadas tuvimos a un gobierno que entendía al mundo como era, que la economía ya no se podía administrar como si el país fuera una miscelánea al servicio de la burocracia y se proponía elevar la tasa de crecimiento por medio de la inversión privada. Algo así es lo que hizo el hoy candidato como gobernador. Sin embargo, visto en retrospectiva, lo que hizo Salinas, pero sobre todo lo que no hizo, fue revelador de las limitaciones de un gobierno priísta: saturado de intereses sindicales, grupales y políticos, el PRI no puede reformar lo que hoy está atorado en lugares clave como Pemex, CFE, la SEP, la relación del Gobierno federal con los estados, el Poder Judicial y otros sectores y actividades cruciales para el desarrollo.

Los candidatos nos deben a los ciudadanos una explicación de por qué ellos tienen la llave de la solución para los problemas del país en este momento y que es diferente a lo que sus predecesores hicieron y lograron. No es que el pasado determine el presente o el futuro, pero en ausencia de otras mojoneras, ésta es una por demás relevante.


29 Abril 2012 04:06:37
Cómo lograr la prosperidad
Como en las familias infelices de Tolstoi, cada uno de los países pobres es infeliz a su propia manera. El misterio de la prosperidad es algo que ha entusiasmado a innumerables estudiosos y filósofos. ¿Qué es lo que hace que unos países prosperen mientras que otros permanecen pobres?

La discusión al respecto de la prosperidad es vasta e interminable y cada quien tiene su teoría. La paradoja es que, en países como México, las propuestas más llamativas suelen provenir no de estudiosos y estadistas sino de grupos interesados. Para un industrial mexicano la prosperidad es (casi) siempre producto de apoyos gubernamentales en la forma de protección arancelaria y subsidios. Para un burócrata el gasto público es el único camino hacia la prosperidad. Caricaturas sin duda, pero sugerentes de la forma en que cada quién procura justificar sus preferencias con una ornamenta que disfraza el interés pecuniario o político que yace detrás.

Los estudiosos en el mundo no se quedan atrás. Recientemente se publicaron dos libros que intentan explicar el fenómeno del desarrollo y la prosperidad. Muy distintos en su enfoque, aportan perspectivas que contribuyen a entender qué es eso del desarrollo. También muestran, quizá sin proponérselo, lo difícil que es lograrlo.

En Por qué las Naciones Fallan: El origen del poder, la prosperidad y la pobreza, Robinson y Acemoglu se preguntan por qué algunas sociedades son democráticas, prósperas y estables, mientras que otras son autocráticas, pobres e inestables.

El argumento de estos estudiosos es que el asunto de fondo en el desarrollo no es económico sino político: son las instituciones que establecen las reglas del juego y que crean incentivos las que determinan la forma de actuar de la población. De esta premisa elaboran un planteamiento interesante: hay dos tipos de instituciones económicas, aquellas que son “extractivas” y las que son “inclusivas”. Las extractivas garantizan la prosperidad de unos cuantos a costa de todos los demás. Las inclusivas favorecen la participación de todos en condiciones iguales. La esclavitud y el feudalismo ilustran el primer caso, en tanto que los sistemas de mercado sujetos a un Estado de derecho son el prototipo del segundo.

Según los autores, la naturaleza de esas instituciones queda determinada por la conformación de la estructura política de cada nación. La característica determinante de las instituciones inclusivas es la combinación de centralización con pluralismo: el Estado debe ser suficientemente fuerte para contener al poder de los intereses privados pero, simultáneamente, estar controlado por mecanismos de autoridad política ampliamente diseminados en la sociedad: pesos y contrapesos. En ausencia de cualquiera de estos componentes, el arreglo político se torna extractivo y, por lo tanto, excluyente.

La tesis del libro acaba siendo muy simple: las instituciones políticas extractivas generan modelos excluyentes de desarrollo económico, en tanto que las instituciones inclusivas generarán modelos incluyentes. El momento histórico crucial en que se logró la diferenciación entre estos dos modelos fue cuando, en 1688, el parlamento inglés se impuso sobre la autoridad del rey, abriendo paso a la revolución industrial. Quizá la parte más interesante, pero también frágil, de su argumento es la que intenta explicar el caso de China: una nación autocrática y que, sin embargo, ha logrado elevadas tasas de crecimiento y un rápido descenso en los índices de pobreza. Su explicación es que China es una nación extractiva que tarde o temprano encontrará un límite al crecimiento si no logra una transición a un Estado de derecho.

En contraste con Robinson y Acemoglu, Niall Ferguson tiene una explicación más rica para el caso de China y otras naciones: “Empezando por Japón, muchas sociedades no-occidentales se percataron que esas aplicaciones podían ser descargadas e instaladas en sistemas operativos no-occidentales”. El resultado es que la prosperidad se ha multiplicado en latitudes cada vez más diversas.

Ambas perspectivas ofrecen ángulos que permiten entender mejor las carencias y las ausencias en nuestro propio proceso de desarrollo. Todos los países enfrentan contradicciones y dificultades, incluidos los ricos. De hecho, el libro de Ferguson está dirigido a los estadounidenses, convocándolos a que reviertan el proceso de deterioro de esas seis “aplicaciones asesinas”. Según este autor, el riesgo para Occidente, sobre todo para EU es que los “alumnos” acaben siendo mucho más virtuosos y, por lo tanto exitosos.

Al leer estos dos libros me vino a la mente el argumento de otro estudioso, Nathan Rosenberg, que en los ochenta publicó un libro intitulado Cómo se hizo rico Occidente. Su argumento era lapidario y quizá más simplista si bien no menos poderoso: “El crecimiento sostenido de Occidente comenzó con la aparición de una esfera económica caracterizada por un amplio margen de autonomía respecto al control político y religioso”. En otras palabras, la prosperidad floreció cuando el Estado comenzó a dejar de imponer sus preferencias sobre los actores económicos y se limitó a lo que Robinson y Acemoglu plantean: un Estado capaz de contener los intereses privados y a la vez ser controlado por pesos y contrapesos efectivos.

Como ilustran las contradicciones de China, no hay manera de lograr la prosperidad de la noche a la mañana. Lo que sí se puede es ir construyéndola. Esa intencionalidad hace tiempo que ha estado ausente en nuestro país.

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15 Abril 2012 04:08:04
Contradicciones
“La Biblioteca de Babel”, una de las obras más provocadoras de Borges, no es una historia racional. El universo que construye, la biblioteca misma, no es algo lógico: saturado de contradicciones e inconsistencias, en el que hay vida sin comida y niños que nacen sin que haya mujeres. Sin embargo, hay una cierta lógica en el panorama aunque no sea la que un Aristóteles o un Bertrand Russell hubieran deseado: todos los libros se encuentran en alguno de los estantes, aunque no sea claro dónde. Es decir, aunque parezca una locura, hay un cierto método en el esquema que construye el gran autor argentino. Yo quisiera pensar que algo parecido ocurre con la estructura de regulaciones con la que se pretende gobernar la economía mexicana.

El problema es que se requiere más fe que evidencia para creerlo. Sólo para ilustrar, en los últimos meses se procesaron dos iniciativas de ley que conducen a dos modelos de país absolutamente opuestos: en uno, en la ley de competencia, se propone combatir la colusión y las prácticas monopólicas. En el otro, la iniciativa relativa a asociaciones público-privadas, se proponen esquemas de colaboración entre empresas y el sector público para desarrollar proyectos sobre todo de infraestructura. Por un lado se combate la colaboración, por otra se propicia. Muchos dirán que no necesariamente hay contradicción entre un concepto y el otro, y quizá tendrían razón, pero no hay duda que existe una confusión conceptual en la conducción de la política económica. Si uno ve hacia atrás, muchos de los problemas de competencia se remontan a la forma en que el Gobierno conducía la política industrial hasta los 70 y a los pactos para derrotar la inflación de los 80. En ambas instancias, el gobierno promovió la activa comunicación entre empresas para lograr sus cambiantes objetivos.

El tema de fondo no es el modelo que existe o que se adopte, sino el hecho de que vivimos en un mar de contradicciones que inexorablemente tiene el efecto de generar confusión, de abrir espacios para la violación de algunas regulaciones y, al final del día, de disminuir la inversión total. En un sentido, las regulaciones que existen entrañan contradicciones que hacen imposible que una empresa o inversionista tenga certeza del marco regulatorio que es relevante para su proyecto, lo que disuade la inversión. Por el lado negativo, una empresa puede aprovechar las diferencias, contradicciones y rendijas que quedan entre una regulación y otra para hacer su agosto.

Además, un esquema de regulación saturado de contradicciones abre oportunidades para que las comisiones responsables de hacer cumplir cada una de ellas abuse o sea excesivamente cauta: en un caso porque facilita las cruzadas personales, producto de intereses, ignorancia o motivaciones diversas; y, en el otro, porque las contradicciones la paralizan. Es decir, por donde uno le busque, lo que hoy tenemos no contribuye a un nivel mayor de inversión, una economía con más competencia interna o una mayor claridad de rumbo respecto al desarrollo del país.

En adición a las regulaciones que emanan de las leyes y decretos presidenciales, cada una de las comisiones encargadas de regulación -telecomunicaciones, Cofetel; competencia, Cofeco, y energía, CRE- sigue su propia lógica, en parte derivada de la ley que la vio nacer, pero también producto de las personas que, como presidentes o miembros de sus consejos, le han ido dando forma. Si uno se sale del entorno estrictamente económico, lo mismo es cierto de otras instancias de regulación como el IFE (elecciones) o el IFAI (transparencia). En todos los casos, la lógica que llevó a la creación y desarrollo de estos instrumentos siguió una dinámica legislativa propia: en algunos casos saturada de disputas, pero en otros siguiendo la lógica de un funcionario que pensó a su manera, distinta a la de otros que también estaban desarrollando mecanismos de regulación. El hecho es que el entorno legal y de regulación no es consistente y está lleno de incoherencias y contradicciones.

Cada uno de los comisionados o integrantes de los consejos de estas entidades está convencido de la bondad del instrumento que representa. Cada uno de ellos cree que su función es la de cumplir con el mandato -explícito o implícito, o como lo entienda cada uno de ellos- que norma la existencia de la entidad, independientemente de lo que pudiera ocurrir en otras instancias. Esa lógica borgiana quizá tenga algún sentido, pero constituye una enorme y permanente fuente de incertidumbre para los empresarios e inversionistas potenciales.

El caso me recuerda un poco lo que ocurría con el gasto público hace unos 30 o 40 años. A lo largo de los 70, los gobiernos de la docena trágica se dedicaron a incrementar el gasto (y las regulaciones) como si no hubiera restricción alguna. Se crearon programas y fideicomisos, nuevas secretarías y entidades gubernamentales, todos ellos respondiendo a alguna brillante (y cambiante) idea del presidente en turno. Poco tiempo después el gasto público se había exacerbado, el desorden era mayúsculo, el déficit se había disparado y la inflación crecía sin cesar. Todo esto disuadía la inversión hasta que acabó paralizando a la economía.

La solución terminó siendo un esfuerzo multifacético dentro del gobierno dedicado a racionalizar lo que existía, recortar lo innecesario y reforzar lo básico. Es decir, al amparo de lo que se conoció como la “comisión gasto financiamiento”, representantes de las diversas secretarías e instancias gubernamentales se abocaron a (implícitamente) definir las funciones gubernamentales y enfocar sus esfuerzos y recursos hacia las prioridades que se identificaron. El instrumento permitió retornar a la estabilidad financiera, acabar con la inflación y, a la larga, sentar las bases para el crecimiento de la economía y del desarrollo de la clase media.

Algo similar urge en el ámbito regulatorio: ver el bosque en lugar de cada uno de los árboles, definir prioridades y un sentido de dirección y dejar de ver los detalles de cada cosa para que las diversas instancias de regulación permitan, en conjunto, una mayor racionalidad gubernamental. En el camino, sería igualmente deseable fortalecer la institucionalidad de estas entidades con mecanismos tanto internos como externos de contrapeso y supervisión.

Las contradicciones son una fuente interminable de oportunidades para los escritores de ficción como Borges, pero una pesadilla para quienes no aspiran a más que crear una empresa y abrirse oportunidades en la vida. Los primeros nos deleitan, pero son los segundos los que nos dan de comer.

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08 Abril 2012 04:06:25
Muchas apuestas
En “Los Hermanos Caradura”, luego de que Jake (Belushi) la dejó vestida y alborotada frente al altar y con una comida para 300 invitados, su ex prometida le grita “¡me traicionaste!”. “No”, dice él, ahora acorralado junto a Elwood (Aykroyd). “De verdad. Se me acabó la gasolina, se me poncho la llanta, no tuve suficiente dinero para el taxi. Mi smoking no regresó de la tintorería. Un viejo amigo me vino a visitar de fuera. Alguien se robó mi coche. Hubo un terremoto. Una terrible inundación. Langostas. No fue mi culpa, te lo juro”. Así parece este inicio de año electoral. Puras excusas para lo que no se ha hecho.

Los años de elecciones son siempre el punto más vulnerable de cualquier sistema político. La transmisión de las riendas del gobierno entraña todo un conjunto de procesos, actores y decisiones, cada uno de los cuales puede generar conflicto a la menor provocación. Así, por ejemplo, no es casualidad que prácticamente todas nuestras crisis recientes -políticas o financieras, del 68 al 2006- hayan ocurrido precisamente en esos tiempos. Se trata de un momento (de meses) en el que la administración saliente ya no controla todas las instancias del gobierno y la nueva todavía no entra en funciones.

El fenómeno es prácticamente universal, aunque se agudiza en naciones con estructuras institucionales débiles, donde todo el personal clave cambia de la noche a la mañana, es decir, donde no hay un servicio profesional de carrera que hace funcionar al gobierno en las buenas y en las malas, con los políticos o sin ellos. En algunos casos, como ocurrió en Argentina hace unos años, un nuevo gobierno entró en funciones antes de su fecha legal para evitar un deterioro todavía mayor.

Los riesgos de discontinuidad son enormes porque todo el personal del aparato político ya está en otra cosa. Los legisladores -que en un sistema político más representativo estarían cerca de los electores, buscando la reelección- desde abril ya estarán concentrados en su siguiente chamba. Los funcionarios federales estarán en lo suyo cuando mucho hasta la elección y luego comenzarán a ver qué otras posibilidades existen. El hecho es que el país estará concentrado, en el mejor de los casos, en el futuro. La pregunta es quién estará en la cocina asegurándose que no falte lo esencial.

En un país institucionalizado no habría necesidad de preocuparse por estos asuntos, pero ese no es nuestro caso. En Inglaterra puede haber gobierno en funciones o no, pero la burocracia funciona sin cesar: los profesionales son permanentes y lo único que cambia es el ministro cuya responsabilidad es de línea estratégica, no de operación cotidiana. Lo mismo sucede en Francia: país más ruidoso que el anterior pero con una burocracia que funciona como reloj.

En nuestro caso, prácticamente ninguna de las últimas sucesiones recientes ha sido libre de conflicto. A pesar del levantamiento zapatista y los asesinatos políticos, en 1994 apenas la libramos y, con todo, acabamos en una profunda crisis financiera. En 2000 la libramos sólo porque ganó el candidato políticamente correcto o, de otra forma, porque perdió el PRI. En 2006 experimentamos el conflicto político más agudo desde 1968. La gran pregunta es cuál será el devenir de este año.

Los procesos políticos dependen de las reglas del juego, de la capacidad de los actores gubernamentales de hacerlas valer y del comportamiento de los actores en lo individual. Cuando todo juega en la dirección de la estabilidad (reglas del juego claras y percibidas como legítimas; un gobierno eficaz y razonablemente imparcial; y actores serios y comprometidos que no perciben alternativa más que la legal), tenemos un escenario como el que ocurrió en EU en 2000 cuando la disputa por los votos se limitó a lo legal y todo mundo se cuadró en el instante en que la Suprema Corte de ese país rindió su veredicto. El extremo contrario serían casos como el de Costa de Marfil, donde por meses coexistieron dos gobernantes en un entorno de violencia permanente. Cada quien decidirá dónde estamos en relación a ese continuo, pero es evidente que nuestras debilidades son enormes.

Para comenzar, las reglas del juego son nuevas, han sido disputadas por todos los involucrados y la autoridad electoral no siempre tiene claro cómo proceder y no goza de un respeto amplio por parte de los contendientes. En segundo lugar, la presidencia de la República se ha distinguido más por su actitud partidista que por el ejercicio de la función elemental de mantener el orden, garantizar la paz y ejercer sus facultades de manera imparcial. Finalmente, entre los actores clave de esta contienda hay de todo: desde la institucionalidad más íntegra hasta la irreverencia más consumada. Con esos burros habrá que arar.

Todos los presidentes, de antes y de ahora, creen que tienen las riendas del país en sus manos. Cincuenta años de evidencia muestran lo contrario: nadie puede imponer un resultado electoral en la actualidad y el potencial de conflicto es infinito. Los presidentes también creen que pueden manipular los procesos políticos a su antojo. Esto último es parcialmente cierto al inicio de un sexenio, cuando se comienza la construcción de un proyecto. Cinco años después la situación es muy distinta: todo está enfocado al futuro y los instrumentos y capacidades de la administración saliente se erosionan cada segundo. A estas alturas lo único que queda es intentar un final feliz. Los mexicanos sabemos que los riesgos son enormes y lo único que podemos esperar es que cada uno de los responsables del proceso contribuya a un final lo menos infeliz posible...

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@lrubiof
01 Abril 2012 04:02:46
Sociedad ¿abierta?
Desde Platón, la idea de una sociedad abierta entraña transparencia, capacidad de respuesta y un gobierno tolerante y respetuoso de la ciudadanía. Karl Popper amplió, desarrolló y acotó el concepto con sus observaciones a lo largo del siglo 20. Para él lo crucial no era la calidad del gobierno sino la capacidad de la ciudadanía de impedir que éste abusara de ella o se perpetuara en el poder. Así, la pretensión de establecer una sociedad abierta, con transparencia y rendición de cuentas, parecería mucho más optimista de lo que Popper creía posible. En un país que todavía no ha logrado acercarse a ese nivel de civilización, quizá la pregunta relevante sea qué pasa cuando, a pesar de las apariencias, todo conspira contra la apertura y la transparencia, incluso por muchos de quienes la demandan de manera constante y sistemática.

El atractivo de vivir en una sociedad abierta es enorme. Pero el primer obstáculo que México enfrenta en este sentido es que el nuestro es un país en buena medida insular y ensimismado, sobre todo entre sus élites. El contraste entre la clase política, los altos empresarios y la intelectualidad con el ciudadano común y corriente se puede apreciar de manera tajante en la migración, factor que evidencia, contundentemente, cómo la ciudadanía “de a pie” es infinitamente más cosmopolita que su contraparte más ilustrada. Mientras que un mexicano de Oaxaca que emigró en los últimos años a Nueva York sin papeles y viviendo en un entorno de incertidumbre laboral, económica y jurídica entiende el funcionamiento del mercado porque lo vive de manera cotidiana, mucho del empresariado, la intelectualidad y los políticos rechazan sus virtudes de entrada. La contraposición difícilmente podría ser mayor.

Pero Ésa es nuestra realidad. La mexicana es una sociedad menos abierta y transparente de lo que con frecuencia se presume y muchos de los mecanismos de interacción social se definen más por su naturaleza de estancos que por su funcionamiento institucional. Recojo algunos ejemplos de naturaleza diversa.

En un insigne, provocador, inteligente e ingenioso artículo intitulado “Kafkacyt”, publicado hace más de 30 años, Ruy Pérez Tamayo argumentaba que la institución creada para la promoción de la ciencia y el aprendizaje era no más que un bodrio burocrático dedicado a patrocinar grupos de interés para el sistema político o proyectos cuyo valor científico lo evaluaban personas ignorantes del tema. Décadas después, en regulaciones de adopción reciente, Conacyt sigue sin patrocinar estudios de maestría en el exterior para diversas disciplinas bajo el criterio de que en México ya las hay.

Todos los que hemos estudiado fuera sabemos que el mayor valor de hacerlo reside no en los grandes aprendizajes científicos, técnicos o teóricos, sino en la experiencia de vivir bajo otro esquema educativo, cultural y social. El mayor valor que adquiere un estudiante que sale de su país es la perspectiva cosmopolita que, por definición, nunca podría adquirir si se quedara. Esa es la razón por la que gobiernos como el coreano, chino y brasileño se desviven por encontrar espacios -en las decenas de miles de universidades- para sus jóvenes en Europa o EU. Nosotros queremos que estudien en Tuxtla. No deberían sorprendernos los resultados.

En el ámbito de la administración urbana el fenómeno es ubicuo: el gobierno no es responsable de nada. Un vehículo puede sufrir un grave percance por la existencia de hoyos en las calles, ausencia de alumbrado o señalamiento. Si se tratara de una situación excepcional, nadie se preocuparía. Pero tratándose de un país que a veces parece más una colección de baches unidos por pavimento que de calles debidamente cuidadas, el tema es serio. ¿Cuántos vehículos han sufrido desperfectos, roturas de la suspensión o de sus llantas en las calles de las principales ciudades? Seguro miles. Sin embargo, nadie es responsable. Al no haber responsabilidad, no hay incentivo alguno para evitar percances, cuidar las obras o administrar debidamente.

El asunto de fondo reside en que el país no ha experimentado lo que técnicamente se llama un cambio de régimen o, al menos, un cambio de paradigma. Además de llevar décadas administrando los problemas en lugar de resolverlos, el objetivo esencial de nuestro sistema de gobierno (de cualquier color o partido) es el de preservar a los herederos de la revolución y sus socios en los otros partidos en el poder.

Lo que México requiere es la consolidación de una sociedad abierta que sólo es posible a través de un cambio de régimen. Cualquier partido lo puede promover, pero no lo podrá lograr quien busque el poder simplemente para seguir gozándolo: se requiere un nuevo sistema de gobierno. Ese es el verdadero desafío para el país en los próximos años. De otra forma, más de lo mismo (con cualquier partido) no es solución.




18 Marzo 2012 04:10:25
Víctimas
Uno pensaría que las víctimas serían las primeras interesadas en lo que en derecho se llama el “debido proceso”. En su esencia, el concepto implica que los procedimientos que sigue la autoridad judicial en sus pesquisas e investigaciones deben apegarse estrictamente a lo establecido en la ley y no pueden ser injustos, arbitrarios o poco razonables para el individuo que está siendo acusado o investigado. Se trata de una garantía elemental concebida para proteger a una persona que, aunque esté siendo acusada, pudiera ser inocente.

El asunto en cuestión es el tan debatido caso Cassez. En su proyecto de resolución, preparado para su discusión en la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar argumenta que las violaciones a los derechos de la inculpada fueron tan vastos que no pueden ser pasados por alto. El planteamiento ha generado un enorme escándalo por parte de las víctimas que, con toda razón, esgrimen que, de aprobarse el planteamiento del ministro, se estarían ignorando sus derechos como víctimas.

En un país caracterizado por tanta violencia e impunidad, es lógico que las víctimas y sus deudos se organicen para exigir atención a sus derechos, asegurar que los culpables paguen por sus delitos y que el Estado responda ante la ola de criminalidad que padece el país. Las víctimas obviamente tienen derechos, comenzando por el de hacer valer su voz en el debate público. Lo que no me parece evidente es que su oposición al proyecto de Zaldívar sea racional o que empate con sus propios objetivos y causas.

Oponerse al debido proceso implica oponerse a la profesionalización del Ministerio Público y de las policías, es decir, a la consolidación del Estado, ente responsable de lo que las víctimas demandan: la seguridad de los ciudadanos. La consolidación del Estado es el prerrequisito para la seguridad pública, el fin de la impunidad, la corrupción y la violencia.

Es la debilidad del Estado -y su naturaleza pre moderna- lo que explica la criminalidad y la impunidad que yacen detrás de la existencia de las víctimas. Un Estado que viola las garantías y derechos de la ciudadanía no es un Estado digno de ese nombre y no es presentable en un contexto internacional del que depende nuestra economía y, en general, nuestra autoestima y prestigio como nación. ¿Con qué cara se puede impugnar la justicia estadounidense en casos como los de mexicanos inculpados allá cuando aquí no se respeta el debido proceso y otros principios elementales de cualquier sistema judicial que se respete?

Desde luego, la perspectiva de las víctimas es que un fallo favorable para el proyecto mencionado implicaría dejar en libertad a la persona en cuestión y, potencialmente, abrir un río de amparos por parte de otros delincuentes que hoy están en prisión. Las víctimas legítimamente se oponen a la liberación de quienes secuestraron, mataron y vejaron a sus parientes o a sí mismos. Nadie puede reprocharles su furia.

La principal objeción de las víctimas es que el proyecto de Zaldívar las ignora. Mi impresión es que, en su enfoque, el ministro no las ignora sino que se dirige hacia la causa del problema de criminalidad que generó esas víctimas: la debilidad del Estado, en este caso del Ministerio Público. La falta de respeto a los procedimientos -al debido proceso- dice implícitamente el postulante, es una de las causas de nuestra situación actual. Es por esta razón que me parece que la oposición al planteamiento es producto más de la furia -¿o ánimo de venganza?- que de una reflexión más fría.

Sin embargo lo que está de por medio es fundamental. El debido proceso es uno de los componentes centrales de la civilidad, baluarte del Estado de derecho y de la democracia. Todos los mexicanos sabemos que las violaciones a los procedimientos son cotidianas por parte los ministerios públicos y las policías. Ningún país puede llamarse moderno si no se respetan los derechos de los ciudadanos, incluyendo los de los acusados. Un fallo en contra de este principio nos retrotraería a la era neolítica. Un fallo a favor implicaría un cambio radical en los incentivos de las policías y ministerios públicos y abriría la puerta a una nueva era en materia judicial en el país. El asunto no es menor.

La paradoja es que el punto de partida de los activistas y de las víctimas está en que no tienen confianza en las autoridades pero, por otra parte, defienden a muerte los procedimientos a los que éstas llegan. El tema sería risible de no estar involucrado algo tan fundamental.

La falta de confianza en las autoridades es producto de la experiencia. En teoría, las autoridades son responsables de erradicar males endémicos como la corrupción, impunidad, criminalidad y violencia. Históricamente, más allá del ascenso en la criminalidad y violencia en las últimas décadas, nuestros gobiernos, a los tres niveles, jamás han sido especialmente hábiles para combatir estos males. En realidad, los incentivos que nuestro sistema político profería no eran los de un país moderno sino los de un sistema autoritario en el que la autoridad no tenía razón alguna para interesarse en los ciudadanos, excepto cuando protestaban. En otras palabras, las autoridades y gobiernos se ganaron a pulso la desconfianza de la ciudadanía.

La pregunta importante es qué queremos como país. Una posibilidad sería persistir en la estrategia del avestruz: pretender que se puede terminar con el mal gobierno y la pésima administración y procuración de la justicia quedándonos donde estamos. La alternativa sería encarar los problemas que se presenten en aras de comenzar a construir un país moderno, civilizado y democrático. El proyecto del ministro Zaldívar constituye un enorme desafío para una nación -tanto la ciudadanía como sus políticos y jueces- que no se ha distinguido por su disposición a enfrentar los problemas que entraña la construcción de un futuro digno. No es poco lo que está de por medio, así sean grandes las consecuencias con las que después habría que lidiar.

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@lrubiof
11 Marzo 2012 04:10:29
¿México vs. Brasil?
“El primer principio es que uno no debe engañarse a sí mismo, decía el físico Richard Feynman, y uno es la persona más fácil de engañar”. Así parece ser nuestra percepción de Brasil estos días: es más fácil inventar barreras sobre las semejanzas y diferencias que identificar lo relevante y adoptar una estrategia para lidiar con ello.

Sobre Brasil hay muchos mitos y al menos dos dinámicas encontradas. El primero, y más prominente en los medios, es el asunto del comercio bilateral. Ahí se reúnen todos los miedos y falacias que caracterizan a buena parte del sector industrial del país. El otro tiene que ver con la naturaleza de su política económica y sus supuestas virtudes. Engañarse a uno mismo es siempre pernicioso.

Los brasileños hace décadas adoptaron una estrategia económica dedicada a promover un cierto tipo de desarrollo industrial. Desde la era de la CEPAL en la postguerra, promovieron industria pesada, alta tecnología y una base manufacturera local. El modelo entonces adoptado no era radicalmente distinto al nuestro, excepto que ellos, en buena medida por el peso político de su ejército, dedicaron enormes recursos a proyectos como aviación y maquinaria pesada que no eran rentables pero seguían otra lógica. Algunas de sus exportaciones señeras reflejan esa prioridad, pero el costo para llegar ahí ha sido monumental.

Las principales exportaciones brasileñas, muchas de ellas de alta tecnología, tienen que ver con la agricultura y la minería. Su gran éxito de los últimos años se refiere esencialmente al enorme apetito chino por productos minerales, granos y carne. Así como nosotros tenemos una acusada dependencia de la economía estadounidense, ellos la tienen respecto a China. El tiempo dirá si alguna de las dos fue tanto mejor que la otra.

Pero la principal diferencia entre las dos naciones poco tiene que ver con sus exportaciones y mucho que ver con la estrategia. En los 80, México decidió abandonar el modelo de desarrollo fundamentado en el subsidio y protección de los productores para privilegiar al consumidor. Esa decisión se fundamentó en la experiencia: en lugar de que las décadas de protección se hubieran traducido en una industria fuerte, pujante y competitiva, la planta productiva mexicana –con muchas excepciones notables– se había anquilosado.

Se puede discutir por qué ocurrió eso o si la apertura fue la respuesta idónea, pero el hecho es que el favoritismo al productor acabó siendo extraordinariamente oneroso para los consumidores que pagábamos elevadísimos precios por productos mediocres. Mucho de la mejoría en el bienestar de la población en estos años tiene que ver con la competencia que introdujeron las importaciones. Hoy tenemos una planta productiva híper competitiva, en conjunto mucho más exitosa que la brasileña. Los brasileños optaron por otro camino. Aunque en años recientes han comenzado a liberalizar las importaciones, su modelo base sigue siendo el mismo: protección, subsidio y privilegio del productor. Así lo muestra el conflicto comercial en materia automotriz que se ha exacerbado recientemente. La decisión de imponerle cuotas a las importaciones de productos mexicanos denota una estrategia industrial menos exitosa de lo aparente y una obvia indisposición a competir. No es casualidad que el producto per cápita de México sea superior al de Brasil.

¿Cuál ha sido la respuesta mexicana? Por parte del Gobierno, la propuesta ha sido negociar un tratado comercial bilateral que impida cambios en las reglas del juego. Por parte del sector privado un rechazo absoluto a cualquier negociación. Las razones son conocidas: porque los brasileños abusan, porque hay problemas de seguridad, porque la infraestructura, porque los costos de los insumos... porque no nos da la gana.

Más allá de la retórica, la postura del sector privado mexicano es contradictoria. El argumento principal para rechazar una negociación es que los productos brasileños entran a México sin restricciones en tanto que los mexicanos están vedados en Brasil. Uno pensaría que este argumento sería, o debería ser, la principal razón para procurar un tratado que garantice el acceso de las exportaciones mexicanas a ese país. Si los brasileños cuentan con mecanismos caprichudos de control al comercio, la mejor manera de eliminar ese capricho es negociando un acceso certero y garantizado. En las últimas décadas, los tratados comerciales se han convertido en un instrumento para romper impedimentos al acceso de productos a otros mercados. Si los productos brasileños ya entran al mercado mexicano, nuestro sector privado debería estar ansioso de la consumación de un tratado con Brasil.

El aprendizaje que yo derivo de estas observaciones es que lo que nos hace falta es un gobierno capaz de hacer valer el interés general. En el país hemos acabado confundiendo la democracia con la parálisis. En el ámbito comercial, el interés colectivo y del país debería ser el del consumidor mexicano y el de los exportadores. Para los primeros debe facilitar el comercio y para los segundos debe crear condiciones para que puedan penetrar otros mercados. Paralizar las negociaciones comerciales porque uno o dos productores se oponen (por ejemplo los de chile seco, seguro un producto básico para el funcionamiento de la economía, como ocurrió con Perú) es equivalente a sacrificar a todo el resto de los mexicanos.

Nada de esto niega el derecho de los productores a proteger sus intereses, pero la función del gobierno es la de velar por el interés colectivo. Uno de los principales problemas del país es que el “viejo” sector industrial, ese que se niega a todo, está desvinculado de las exportaciones, lo que lo hace vulnerable a cualquier cambio.

Paradójicamente, para que prospere la industria mexicana es necesario dejarla volar, lo que implica desregular, reducir aranceles a la importación y, por supuesto, resolver temas como el de los costos de insumos provistos por el gobierno federal o por oferentes de servicios cuyos precios son superiores a los de otros países. Dicho esto, esos industriales que tanto se quejan deberían estudiar cómo funciona el paraíso brasileño. Si creen que la burocracia mexicana es compleja o que los precios de los insumos y los impuestos son elevados, deberían ver a Brasil: todo lo que aquí ocurre es peccata minuta comparado con lo que hay allá. Tiempo de competir.

04 Marzo 2012 05:10:41
Falsas soluciones
¿Será posible que una solución que parece perfecta en concepto no sea más que una quimera? Einstein afirmó que “no podemos resolver un problema empleando la misma manera de pensar que se usó para crear el problema”. Me parece que en las discusiones sobre cómo enfrentar al narco y al crimen organizado hemos caído en el terreno de las soluciones que parecen perfectas, excepto que ignoran el contexto en el que los problemas existen.

La legalización de las drogas resuelve todos los problemas y lo hace de una manera elegante. Con un acto legislativo se elimina la violencia, se legaliza un negocio que hoy es ilegal y, si tenemos suerte, hasta se eleva la recaudación fiscal. Por sobre todas las cosas, la noción de legalizar permite imaginar un mundo más tranquilo, menos violento y más amable. Imposible combatir tantas virtudes.

El problema, como hubiera dicho Einstein, es que la legalización constituye una forma lineal de pensar: ignora la realidad concreta en que ocurre el fenómeno. Más que nada, ignora las condiciones que serían necesarias para que la legalización pudiera funcionar.

Yo veo dos problemas centrales con la propuesta de legalización: el primero se refiere a la naturaleza del mercado de las drogas; el segundo a nuestra realidad objetiva. Respecto a lo primero, el mercado relevante no es el mexicano sino el estadounidense. Para que la legalización tuviera la posibilidad de surtir el efecto deseado, serían los americanos quienes tendrían que legalizar, pues ese es el mercado que cuenta por tamaño y dinámica regional. Aún así, no es obvio que la legalización como hoy se discute tuviera posibilidad de rendir el resultado que se anticipa, pues la mayoría de quienes propugnan por ella se limitan a la mariguana, es decir, no incluyen otras drogas como la cocaína y las metanfetaminas, que son la parte gruesa del negocio que se relaciona con México.

El otro tema es el verdaderamente relevante: nuestro problema no es de drogas sino de falta de Estado. Antes de que la violencia creciera a los niveles actuales, el problema principal no era de narcos sino de crimen organizado (que incluía desde secuestro hasta robo de coches y piratería). El gobierno, a todos los niveles, ha sido incapaz de contenerlo o someterlo. El narco no hizo sino complicar y hacer mucho más grande el reto. Nuestro problema es de falta de capacidad policiaca y judicial. El Estado se quedó chico frente al problema de la seguridad pública.

México nunca ha tenido un sistema policiaco y judicial profesional. Lo que sí tuvo, en buena parte del siglo 20, fue un sistema político autoritario que todo lo controlaba, incluyendo a la criminalidad. En lugar de construir un país moderno, el sistema priista construyó un sistema autoritario que empataba los retos de su tiempo y le confirió al país la estabilidad necesaria para lograr el crecimiento de la economía y la consolidación de una incipiente clase media. No fueron logros menores si comparamos al México de los 40 o 50 con otras naciones, pero tampoco constituyó la fundación de un país moderno.

Algunos recordarán “Los Supermachos”, historieta que reflejaba esa época. El jefe de la policía y el presidente municipal eran personajes campechanos que resolvían los problemas como la vida les había enseñado. Nadie podía acusarlos de ser poco creativos, pero su habilidad se derivaba de la experiencia, no de la existencia de un aparato profesional. Era un mundo rústico y primitivo. Así, exactamente así, era la policía y el poder judicial. No tanto ha cambiado...

Cuando los problemas eran locales y menores, el aparato estatal resultaba adecuado y suficiente para lidiar con ellos. Como con “Los Supermachos”, no es que hubiera una capacidad moderna y ampliamente desarrollada; más bien, ésta era la suficiente para mantener la paz en el país. No era un Estado moderno, sólo uno que funcionaba para lo mínimo requerido.

La gradual erosión del sistema de control político y la eventual derrota del PRI en la presidencia acabaron con la era de administración del crimen y, en una fatídica coincidencia, nos pusieron directamente frente a un conjunto de desafíos -el crimen organizado- para los cuales el país jamás se preparó y, es necesario decirlo, todavía ni siquiera comienza a prepararse. Esto no es de culpas sino de enfrentar la realidad.

El crecimiento de la criminalidad y del narco ocurrió por circunstancias diversas, pero fundamentalmente ajenas a la dinámica interna del país. El crimen organizado fue una respuesta a la demanda reprimida de bienes, en gran medida por parte de las clases medias emergentes, que demandaban satisfactores como los que consumían los más pudientes pero sin la capacidad adquisitiva de estos. El crimen organizado, de escala transnacional, empató esa demanda primero con el robo de automóviles y autopartes y luego con productos como dvds y cds, principalmente de origen chino.

El crecimiento del narco respondió en buena medida a cambios ocurridos en otras latitudes: la estructura del mercado estadounidense; el éxito del gobierno colombiano en retomar el control de su país; y el cierre que lograron los americanos sobre las rutas caribeñas. Estos tres factores concentraron al narco en México, consolidaron a las mafias mexicanas en el negocio y se convirtieron en un factor de brutal trascendencia en el territorio nacional. A esto vino a sumarse el endurecimiento de la frontera norte luego de septiembre 11, con lo que, súbitamente, el fenómeno adquirió características cada vez más territoriales y menos estrictamente logísticas.

El punto de fondo es que el gobierno no tenía instrumentos ni capacidades para responder ante estos retos. De pronto, a partir del inicio de los noventa, el país comenzó a vivir cambios profundos en su estructura de seguridad que resultaron fatídicos. Primero, un sistema de seguridad primitivo e incompetente, totalmente politizado; segundo, la erosión de los controles tradicionales; y, para colmar el plato, el rápido crecimiento de organizaciones criminales con poderío económico, armamento y disposición a usarlos a cualquier precio.

Legalizar (o “regular”) sería una respuesta concebible en un país que cuenta con estructuras policiacas y judiciales fuertes y capaces de establecer y hacer cumplir las reglas. Eso es lo que nos urge a nosotros y ese debe ser el asunto al que se aboque el gobierno en cuerpo y alma. Mientras eso no ocurra, la idea de legalizar continuará limitada a un tema de café, sin ningún viso de realidad. El problema de México es de ausencia de capacidad de Estado: la inseguridad y la violencia son consecuencia de esa carencia, no su causa.
26 Febrero 2012 05:08:31
Excepcionales
Alexis de Tocqueville, el famoso pensador y político francés, acuñó la idea de que algunos países podían ser excepcionales, es decir, cualitativamente distintos a todos los demás. De esa apreciación se han construido grandes mitos. Lo que hace distintiva a una sociedad es la naturaleza de su población, su historia y cultura y su manera de ser. En esta dimensión no existen dos sociedades iguales en el mundo. Pero esto no significa que los seres humanos estemos condenados a ser como fueron nuestros predecesores o que no haya poder en esta tierra capaz de hacernos cambiar.

La democracia, tema que apasionó a de Tocqueville, es un perfecto ejemplo. Por décadas, si no es que siglos, sólo un puñado de naciones podían llamarse democráticas; sin embargo, hoy podemos ver cómo la democracia ha logrado arraigo en sociedades tan distintas como la coreana y japonesa, chilena y española, la hindú y la mexicana. Una vez que esas otras sociedades hicieron suyas las estructuras institucionales que son necesarias para que funcione la democracia, ésta comenzó a florecer. Personas que hace algunas décadas rechazaban la posibilidad de que el mexicano pudiera discernir entre candidatos y ejercer su derecho al voto se han visto rebasadas por la devoción con la que la población ha respondido en los comicios.

Somos distintos a otras nacionalidades por los atributos culinarios, culturales, arquitectónicos e históricos que conforman la mexicanidad. Estas características con frecuencia nos hacen sentirnos excepcionales. Sin embargo, el mal entendimiento de estos atributos se ha convertido en un dogma que nos impide mejorar, desarrollar nuestra economía y ser exitosos. Muchos de los intereses más recalcitrantes en el país se han adueñado de la idea de excepcionalidad no porque la crean sino porque su objetivo es el mantenimiento del statu quo y mientras más gente lo acepte como dogma, mejor para ellos. Sentirnos excepcionales es muy bueno para la autoestima, pero pésimo para el desarrollo porque implica que medidas que funcionan en otras sociedades no serían aplicables a México, como el libre comercio, la competencia en el mercado, un buen gobierno, la ausencia de corrupción, un sistema policiaco efectivo o una sociedad más rica.

No somos únicos y excepcionales en el sentido en que no podemos duplicar los éxitos de otros países o adoptar las mejores formas de hacer las cosas. Aceptar lo contrario implicaría negar la libertad que tenemos los seres humanos de transformarnos y desarrollarnos, así como la responsabilidad sobre nuestro propio devenir. Una nación que no se adapta es una nación que acepta que otros -sus políticos, grupos de interés o, como aquí les llamamos, los poderes fácticos- decidan por los ciudadanos. Algunos ven a un partido como la causa de nuestros males, otros culpan a personas en lo individual. La verdad es que somos nosotros, los ciudadanos, quienes hemos cedido nuestro derecho, nuestra libertad, para que otros decidan por nosotros.

El cambio político de los últimos años ha sido enorme y, sin embargo, insuficiente. En la discusión pública, los mexicanos soñamos con una transición “de terciopelo” hacia la democracia, tal y como ocurrió en algunas naciones del este europeo, o por la vía del consenso, como en España. Hoy sabemos, pero quizá no hemos logrado asimilarlo, que esas soluciones elegantes ya no se dieron en nuestro país. Nuestra realidad es la de una sociedad que transitó hacia la democracia pero sin las anclas institucionales y sin la decidida participación de todas las fuerzas políticas, lo que acabó traduciéndose en un gran desencuentro que no permite avanzar: no existen las condiciones necesarias para propiciar entendidos de gran calado entre los actores políticos. Sin embargo, en lugar de procurar el mejor arreglo posible, como han hecho tantas otras sociedades, nos hemos quedado atorados por la nostalgia de la solución ideal. La alternativa sería que en lugar de buscar un acuerdo entre todos los actores, nos enfocáramos en una sola meta: crear riqueza.

Lo que México requiere es una nueva manera de entender su desarrollo, aceptando nuestras características y circunstancias. El camino en el que estamos entrampados hace por demás riesgoso el futuro toda vez que no se están satisfaciendo los requerimientos mínimos de empleo, oportunidades e ingreso que justamente exige la población.

El primer apartado que tenemos que resolver no es el de las reformas institucionales que se discuten sino el de la reactivación de la economía. Nuestra economía lleva décadas sin crecer al ritmo de que es capaz, pero sobre todo al que demanda nuestra realidad demográfica y social. Una economía creciente permite atenuar la conflictividad social y contribuye a resolver problemas ancestrales. Esto sólo se puede lograr en la medida en que todos los mexicanos adoptemos el crecimiento económico como el objetivo central de la administración pública y, en función de eso, se dediquen todos los recursos políticos y legales para que éste se acelere. Así, en lugar de dispersar esfuerzos en un sinnúmero de temas y reformas, abocarnos casi exclusivamente a hacer posible la generación de riqueza, resolviendo problemas que directamente la afecten en los ámbitos político, laboral y regulatorio.

La manera de articular este objetivo es crítica. En una nación plenamente desarrollada e institucionalizada, la discusión se llevaría a cabo esencialmente en el foro legislativo y se tomarían las decisiones pertinentes. En nuestro caso, la situación es muy distinta. México necesita un liderazgo fuerte y efectivo cuyo único interés y objetivo sea el del desarrollo del país. Ese líder se abocaría a forjar los entendidos necesarios, a imponer los acuerdos relevantes y a sumar a la población detrás de una estrategia dedicada enteramente a la transformación económica del país. Nuestra experiencia con liderazgos fuertes en las últimas décadas no es muy buena pero no veo otra manera de lograrlo.
19 Febrero 2012 05:08:46
Suertudos
En ocasiones los mexicanos no nos damos cuenta de lo suertudos que hemos sido. Preocupados por los problemas del entorno y pesimistas de todo, muchas veces no alcanzamos a reconocer que los cambios políticos y económicos de las últimas décadas han sido extraordinariamente tersos.

Cuando uno observa y analiza la lógica de supervivencia de regímenes como el cubano, chino, norcoreano o iraní, es impactante la facilidad con la que se transitó de un régimen con mentalidad de sitio y rechazo del resto del mundo hacia uno integrado en las corrientes mundiales. Tanto así que este año ostentamos la presidencia del G20, las principales naciones del mundo. Pasamos de un mundo de cerrazón casi autárquica a una integración no perfecta pero evidente.

Lamentablemente esa transición no vino acompañada de un cambio de régimen. El PRI perdió el poder en 2000 y no se dio un rompimiento con las viejas estructuras. La separación o divorcio del PRI y la presidencia cambió al país para siempre, pero no se transformaron las instituciones políticas ni se crearon condiciones para que los partidos, comenzando por el propio PRI, se modernizaran y transformaran. Dos sexenios después seguimos enfrentando riesgos de ruptura, poderes fácticos, instituciones disfuncionales y el riesgo de restauración.

La tesitura actual inevitablemente nos retrotrae a los dilemas que se enfrentaron pasada la elección en 2000 y que no acabaron resolviéndose bien. Hoy nos encontramos ante una coyuntura compleja en la que se juega la posibilidad de intentar restaurar el viejo régimen (en dos vertientes, la de los 70 para un partido, la de los 60 para el otro) o la continuación de una transición que no acaba por cuajar. Lo que el país requiere es un cambio de régimen. En palabras llanas, un cambio de régimen entraña la reorganización de las instituciones de gobierno a fin de, primero, asegurar que representen al mosaico de agrupaciones y fuerzas políticas que hoy conforman al firmamento y, segundo, ser capaces de tomar decisiones respecto a los desafíos fundamentales que enfrenta el país en todos los ámbitos. Los últimos 15 años son testamento de que el arreglo institucional prevaleciente es disfuncional y no responde a las necesidades del país, en tanto que los últimos 50 demuestran que no es ni siquiera lógico, ya no digo realista, pensar en la restauración de un gobierno fuerte, centralizado donde el presidente puede imponerle sus preferencias a la sociedad sin transparencia ni rendición de cuentas.

La gran pregunta es quién encabezaría un cambio de régimen y/o qué condiciones lo harían posible. Desafortunadamente, hoy ya no existe el factor de unidad, sorpresa y oportunidad que marcó la derrota del PRI en 2000. Las circunstancias y condiciones que hacían del 2000 una oportunidad excepcional para reconformar al sistema político fueron únicas y momentáneas. Desperdiciada la oportunidad, el gran reto ahora es construir condiciones que hagan propicia la transformación que no se logró entonces. En contraste con 2000, hoy domina el encono y la polarización, condiciones que hacen tanto más difícil la consecución de un proceso tan fundamental. Peor, en la medida en que el país no avance aumenta la posibilidad de que experimentemos ese “coletazo” de dinosaurio del que hasta hoy nos hemos salvado.

El cambio de régimen es crucial porque nuestro país está atorado por la ausencia del dúo clave de una democracia: los pesos y contrapesos. Ya no tenemos el sistema de imposición con el que el país funcionó por tanto tiempo y todavía no hemos logrado consolidar un nuevo sistema que funcione en la realidad nacional e internacional actual. Ese es el reto.

Podemos especular sobre lo que haría el candidato que resulte ganador. Sin embargo, el calor de una contienda hace poco redituable semejante ejercicio porque lo que se presenta y argumenta no es, principalmente, una propuesta integral de gobierno, sino lo que el contexto favorece, que no es sino una mezcla de personalidad, ideología y equipos, haciendo muy difícil escudriñar el fondo de las ideas que yacen detrás. Si es que hay ideas a estas alturas.

Más útil en este momento sería discutir la importancia de un cambio de régimen como condición sine qua non para el futuro del país. Pocos países logran acceder a la democracia con un acuerdo político vasto que permita la continuidad en las actividades cotidianas del gobierno mientras se transforman las instituciones. El atractivo de España en este sentido es por ello enorme. Sin embargo, lo común es que se llegue sin plan, sin liderazgo y sin visión. En esa tesitura se encuentran muchas naciones y nosotros no somos excepción.

Pero, como va el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. La única salida de donde estamos es construir la capacidad de Estado que permita renovar al aparato institucional, construir pesos y contrapesos (no sirve sólo uno de los dos componentes: nuestra parálisis es en buena medida producto de que hoy sólo funciona la mitad de la ecuación, generándole incertidumbre permanente a todos los participantes, igual ciudadanos que funcionarios, gobernadores y secretarios). La gran pregunta es cómo.

Siempre es posible que un gran liderazgo se ilumine y produzca la unificación que se requiere. Un gran liderazgo -como los de Suárez o Mandela- puede hacer maravillas, pero no es substituto de la construcción de pesos y contrapesos. Es decir, la apuesta de México tiene que ser institucional. El gran tema que tendrán que definir el actual proceso electoral es quién tiene la visión y capacidad para conducir en esa dirección.



13 Febrero 2012 05:08:17
PAN: observaciones
La clave del éxito para un estratega político es que parezca inocente y tenga una reputación de honestidad y benevolencia. El que trata de aparecer como maquiavélico simplemente no lo es. Al menos eso es lo que decía Maquiavelo. Al votar el domingo pasado, los panistas no lo hubieran defraudado.

La contienda interna del partido en el poder acabó como tenía que acabar y en el camino arrojó muchas lecciones que vale la pena analizar. Aquí van algunas de las que yo observé.

Ante todo, la noción de que las encuestas no son relevantes es de un primitivismo que hasta enternece. Peor, cayó por tierra la argumentación sistemática de que los panistas son extraterrestres, que su padrón es esotérico y que sus respuestas a los encuestadores no son confiables. Impactante que los gobernantes en el siglo 21 sigan argumentando como los priistas de hace treinta años.

La dinámica de la justa interna quedó marcada por las circunstancias, así como por las estrategias y personalidades de los contendientes. Los tres tuvieron (casi) las mismas condiciones de entrada y los tres fueron libres para decidir su estrategia de acción. Cada uno tuvo aciertos y errores, pero el resultado hace evidente que no todas las estrategias son iguales.

Josefina Vázquez Mota se concentró en el panismo y jugó en un entorno de hostilidad generado por el aparato gubernamental. Claramente, su estrategia consistió en acercarse a los panistas, mantener a raya a las estructuras controladas desde el Gobierno y evitar una confrontación con el Presidente. Su campo estratégico estuvo determinado por la necesidad de evitar reacciones extremas, circunstancia que inevitablemente exigía un elevado nivel de generalidad en el discurso.

Santiago Creel contaba con la libertad de no ser el favorito y también de abiertamente ser el candidato opositor al Presidente. Su estrategia se concentró en diferenciarse del Gobierno, en plantear políticas públicas alternativas, sobre todo en el terreno de la seguridad, y en intentar atraer al panismo lastimado por la forma en que se ha conducido la actual administración. Quizá su error principal consistió en no aprovechar las ventajas que le confería ser el tercero en discordia: en lugar de convertirse en una fuerza independiente, se concentró en atacar, al menos discursivamente, a quien iba a la cabeza, con lo que le fue imposible diferenciarse de Cordero y emerger como el fiel de la balanza. Inevitablemente acabó en tercer lugar.

Ernesto Cordero demostró que no se puede construir una candidatura a fuerzas y menos una cuya oferta es la de ser el copiloto. Su estrategia se concentró en atacar a la candidata puntera en lugar de acercarse a los panistas como una alternativa creíble. Peor, utilizando cantidades ilimitadas de recursos, apostó todo a la capacidad de las “estructuras” del partido para manipular a la militancia, contingente cuyo ADN históricamente se ha caracterizado por el repudio a la imposición.

El país requiere liderazgos fuertes y la oferta de Cordero era la de ser un economista en tiempos de turbulencia cuando hoy en día, a diferencia de hace veinte o treinta años, hay muchos economistas competentes entre los cuales el próximo presidente podrá elegir sin dificultad.

Los panistas demostraron una gran capacidad para mantenerse por encima de las pugnas entre los aspirantes a la candidatura y, mucho más importante, por encima de los flagrantes intentos por manipular el resultado. Quizá lo más impactante fue la diferencia abismal entre la base ciudadana del panismo y los liderazgos del partido: los primeros se mantuvieron fieles a la historia y tradiciones del partido; los segundos adquirieron todos los vicios y mañas que siempre le criticaron al PRI. A pesar de todo, al final lograron montar un extraordinario escenario de unidad.

Para mí lo más notable de todo el proceso que tuvo lugar a lo largo de los pasados meses fue la pasmosa inexistencia de visión estratégica en el liderazgo del partido, comenzando por el Presidente. Por meses he tratado de entender la lógica del presidente Calderón en este proceso. La evidencia me lleva a la siguiente hipótesis: a partir de la muerte del delfín original, el Presidente fue incapaz de construir una candidatura fuerte como hacían los priistas en el pasado. Cuando el tiempo le ganó, optó por una alianza con Ebrard. Independientemente de los costos y riesgos que esa estrategia podría haber implicado para el futuro del PAN, la estrategia persistió a pesar de que la izquierda nominó a un candidato distinto y no cualquier candidato: la Némesis del presidente.

Siguiendo esa lógica, nadie puede creer que el Presidente realmente imaginó a Ernesto Cordero ganando la elección constitucional. Recurrir a él tuvo que haber sido producto de su esperanza de que él sería el más fiel golpeador del candidato del PRI. Sin embargo, en un mundo en el que el candidato de la izquierda no fue Ebrard, esa estrategia era absolutamente suicida para el PAN pero sobre todo para el propio Presidente. La ausencia de visión estratégica y la inflexibilidad en la operación política resulta impactante. Extraño como el perro acaba mordiéndose la cola.

La estrategia de la candidata triunfadora fue muy criticada en el círculo rojo por seguir un script, ignorar ataques y mantenerse en un nivel de discurso vago y general. En el mundo de los debates sustantivos que presumiblemente le hubiera gustado ver a los integrantes de ese “círculo”, ese fue un déficit real. Sin embargo, la medida de una estrategia no es la satisfacción de los críticos, sino el logro del objetivo al menor costo posible. Desde esa perspectiva, la estrategia seguida por Vázquez Mota fue impecable.

En la siguiente etapa de la contienda los tres candidatos tendrán que convencer al electorado de lo que están hechos, de su visión sobre el futuro y de su capacidad para hacerla realidad. La dinámica será muy distinta a lo que vivieron los panistas hasta hoy, por lo que sus estrategias serán otras. Nada nuevo bajo el sol.

Las elecciones se ganan o se pierden por la combinación de cuatro factores: estrategia, organización, disciplina y candidato. Algunas estrategias son excelentes pero el candidato nomás no da. En algunos casos el candidato es tan excelente que supera las fallas estratégicas. Algunas veces ni la estrategia ni el candidato dan el ancho. El resultado del domingo pasado hace evidentes estas permutaciones. Cada quien evaluará qué funcionó y qué falló en la contienda del PAN, pero no cabe duda de que la suma de estrategia y candidato, tanto por el lado ganador como por el perdedor, hizo la diferencia. Maquiavelo así lo hubiera reconocido.
05 Febrero 2012 05:08:06
Nuevo camino
El futuro no es algo que se da por sí mismo. Más bien, es producto de las decisiones que se van tomando, o no tomando, día a día. El conjunto de decisiones que realiza un gobierno, así como la acumulación de acciones y decisiones que emprenden todos los miembros de una sociedad, va dándole forma a lo que será ese futuro. En este sentido, si no nos gusta el presente, tenemos que pensar en las acciones que serían necesarias hoy para que el futuro resulte no sólo muy diferente, sino mucho mejor.

El futuro se construye. Según San Agustín, el tiempo es presente en tres facetas: el presente como lo experimentamos; el pasado como memoria presente y el futuro como expectativa presente. Esta perspectiva del tiempo y del futuro nos dice que el presente determina tanto nuestra visión del futuro como la del pasado. Sin embargo, la del pasado sólo se explica en función de la memoria que hoy tenemos de lo que ocurrió antes. En el caso del futuro, lo fundamental es que nuestras acciones de hoy determinan lo que será el futuro mañana. Esta es la perspectiva que anima a la construcción de un futuro mejor.

Si aceptamos la concepción de San Agustín, el futuro no es más que lo que hagamos hoy. Esa manera de observar al mundo es igual tanto si nos dedicamos a construir ese futuro con toda conciencia como si simplemente actuamos de la misma forma en que siempre lo hemos hecho. Es decir, el futuro se construye con lo que hacemos y con lo que no hacemos: todo se acumula para dar forma a las tradiciones, políticas, construcciones y formas de organización económica y social que van conformando el futuro. En este sentido, el futuro se construye cada día. Pero si no hay un claro sentido de intención, un objetivo explícito que perseguir, cualquier camino nos llevará al futuro, pues todos son iguales.

Todas las sociedades que han logrado transformarse y modernizarse, como Singapur, España, Portugal, Chile y Corea, cada una con sus características, lo alcanzaron gracias a que se crearon condiciones propicias para ese proceso de transformación. Es decir, su éxito no se debe a que las cosas hayan cambiado de manera súbita, sino a que se hizo todo lo necesario para que eso ocurriera. Se trata de un proceso intencional que goza de amplia legitimidad social. Crear ese sentido de dirección y organizar a la población y al Gobierno para alcanzarlo es el reto fundamental que tenemos en la actualidad. Es el reto de todas las fuerzas políticas.

En medio de la vorágine democrática y descentralizadora que ha caracterizado al país a lo largo de las últimas décadas perdimos algo fundamental: el rumbo al desarrollo que el país parecía haber encontrado tras largo tiempo de indefinición. No hay nada peor para el desarrollo de una nación que la ausencia de rumbo, porque es ahí donde se pierde la sensación de claridad sobre el futuro, se destruyen expectativas y, por si lo anterior no fuera suficiente, aparecen todos los intereses particulares, cuyos beneficios medran del malestar del resto de la población.

La claridad de rumbo se perdió entre los sesenta y setenta: al inicio por problemas estructurales, luego por el conflicto político que seguimos viviendo hasta el día de hoy. La época de reformas durante los ochenta y noventa, incluyendo al TLC, fue un intento por definir un nuevo rumbo y ganar el apoyo social al mismo. Desafortunadamente, la crisis del 95 destruyó el incipiente consenso y abrió la caja de Pandora respecto al futuro. Ni la democracia ni la alternancia de partidos en el Gobierno han cambiado esta realidad. El conflicto político se ha convertido en una característica permanente. También es la causa fundamental del estancamiento económico porque es fuente de permanente incertidumbre, el peor enemigo de la inversión.

Por algunos años, la cercanía con los mercados más dinámicos le confirió a nuestra economía una ventaja competitiva excepcional. México no sólo logró un acceso privilegiado al mercado estadounidense, sino que el TLC convertía al país en una plaza de enorme atractivo para la localización de nuevas plantas industriales. Sin embargo, esas ventajas se fueron erosionando en la medida en que no elevamos la productividad de la economía interna y que otras economías nos dejaron atrás. Nosotros, dormidos en nuestros laureles, dejamos que naciones como China nos desplazaran en los mercados de exportación. Aunque se le quieran atribuir condiciones mitológicas al éxito chino, lo cierto es que México se rezagó en todos los órdenes: desde el educativo hasta el de infraestructura, pasando por lo fiscal y la eliminación de obstáculos burocráticos. Mientras que los chinos remueven impedimentos para la creación de empresas nuevas, en México hacemos cada vez más oneroso el privilegio de contribuir al crecimiento de la economía.

Ahora estamos de nuevo ante un cambio de gran magnitud en las vinculaciones económicas y comerciales del mundo, lo que genera enormes oportunidades para el desarrollo económico del país, pero éstas no van a darse por sí mismas. Lamentablemente, no parece existir la claridad de miras ni la disposición de las fuerzas políticas para convertir estas oportunidades en realidad. Esto último es particularmente relevante: la característica medular de la construcción de un futuro reside en la continuidad de las políticas públicas. El éxito de Brasil en años recientes ha sido precisamente ese: han cambiado sus gobiernos pero la estrategia de desarrollo permanece, convirtiéndose en el mayor acicate para la inversión. En otras palabras, nuestro futuro requiere un entendimiento político que permita la continuidad.

Las últimas décadas son testimonio fehaciente de que no hemos sido capaces de articular una estrategia de desarrollo que le dé sentido de dirección al país: pero el problema no reside en la incapacidad para articularla, sino en la incapacidad de lograr un consenso político en torno a su adopción. No hemos sido capaces de sostener un proceso transformador, que es la única manera en que el país se va a modernizar y, en el camino, crear los empleos y las oportunidades que la población con justicia demanda.

Es evidente que el futuro del país va a requerir cambios y reformas diversos, pero la única forma en que se puede construir un futuro positivo en el sentido de San Agustín es construyendo pactos políticos en torno a un futuro que todas las fuerzas políticas y, desde luego, la sociedad, estén dispuestas a suscribir. Nuestro problema no es de reformas específicas sino del conflicto político que impide conferirle certidumbre a una población deseosa por salir del atolladero actual y comenzar a construir un futuro diferente.
29 Enero 2012 05:11:18
Para crecer…
Oscar Wilde alguna vez afirmó que “perder a un padre puede ser considerado como una desgracia, pero perder a ambos comienza a parecer descuido”.

Valdría preguntarse qué es lo que el famoso escritor irlandés habría dicho de los niveles de inversión que caracterizan a la economía mexicana. Si algo une a todos los mexicanos, más allá de partidos y creencias, es la urgencia de lograr elevadas y sostenidas tasas de crecimiento. A su vez, todos los economistas coinciden en que la inversión es clave para el crecimiento, si bien no su única fuente. Algo debe estar muy mal para que no se haya atendido debidamente el problema. O, como hubiera dicho Wilde, para tanto descuido.

Pero no ha sido por falta de esfuerzo. En realidad, desde finales de los 60 -cuando luego de casi cuatro décadas de crecimiento sostenido la economía comenzó a desacelerarse-, todos los sexenios han intentado elevar la tasa de crecimiento. Unos lo hicieron por la vía del endeudamiento y un gasto público exacerbado, otros por la apertura de la economía y otros más a través de reformas políticas orientadas a consolidar fuentes de confianza para los empresarios e inversionistas. Muchos de esos intentos y esfuerzos son por demás loables y algunos de ellos se han convertido en fuentes sólidas y confiables de crecimiento, como ilustra el sector exportador que hace dos décadas simplemente no existía. Pero, a pesar de estos éxitos, es evidente que el problema del crecimiento no ha sido resuelto.

No sería novedoso afirmar que persiste un mundo de obstáculos a la inversión, impedimentos que seguramente explican una parte, quizá importante, de los bajos niveles de inversión privada. Algunos de estos tienen que ver con la historia, los derechos de propiedad, actos arbitrarios de gobierno, falta de liderazgo y, sobre todo, una incontenible propensión a cambiar las reglas cada vez que algún funcionario tiene una ocurrencia.

Todo esto nos revela una aguda debilidad institucional que yace en el corazón de los ciclos sexenales desde antaño: cuando un presidente (y, ahora, los gobernadores) logra ganarse la confianza de la población, su periodo de gobierno suele arrojar mejores resultados económicos. Esa historia está bien documentada pero la capacidad explicativa del tema de credibilidad tiene límites sobre todo porque con el TLC norteamericano disminuyó su relevancia.

El objetivo medular del TLC fue el de consolidar la credibilidad de las reglas en materia de inversión. Es decir, el Gobierno que lo promovió entendió que la inversión privada no fluía precisamente por el problema de confianza que genera la debilidad institucional que le permite a cualquier funcionario inventar el hilo negro cuando se levanta del lado equivocado de la cama. Con las reglas claras y permanentes que son inherentes al TLC, así como con mecanismos de resolución de disputas creíbles, la inversión fluiría sin parar y el crecimiento sería sostenido. Al menos esa era la teoría.

La práctica ha sido doble: por un lado, la inversión ha fluido sin cesar y eso es lo que explica, en buena medida, la fortaleza del sector exportador. Por otro lado, la inversión vinculada a las exportaciones beneficia muy poco al mercado interno y, por lo tanto, su impacto económico es mucho menor al que podría ser.

Es decir, el TLC resolvió el problema de la economía respecto al exterior pero no modificó la realidad de la economía interna. Ahí sobreviven formas de producir y distribuir bienes y servicios que nada tienen que ver con lo que ocurre en el resto del mundo. Ahí la economía mexicana sigue siendo cerrada, los productos y servicios tienden a ser de baja calidad y alto precio y los empresarios siguen sin adaptarse a la competencia mundial.

Este no es el momento para entrar en las causas de esa dicotomía, pero el hecho tangible es que tenemos dos economías muy diferentes. La principal consecuencia de este hecho es que no existe una vinculación entre la economía hiper competitiva del sector exportador y la economía del mercado interno. En contraste con otros países, el efecto multiplicador de las exportaciones sobre el crecimiento de la economía interna es mucho menor en México que en EU o Brasil: mientras que cada dólar exportado agrega 1.3 dólares de crecimiento en México, la cifra es de 2.3 en Brasil y 3.3 en EU. La pregunta es por qué.

Cuando uno escucha a innumerables líderes empresariales hablar de las cadenas productivas es evidente que están hablando, al menos en concepto, de esta circunstancia: la necesidad de vincular a la economía interna con la exportadora. Sin embargo, luego de casi tres décadas de apertura a las importaciones, es inevitable concluir que esas cadenas de las que hablan los próceres del sector privado ya no existen y no son las que hoy se requieren. Sin duda, la apertura rompió cadenas existentes porque permitió que nuevos proveedores entraran al sistema.

Esos nuevos proveedores hicieron posible que muchas empresas se hicieran competitivas y pudieran competir con las importaciones y exportar. Los proveedores nacionales que no se adecuaron perdieron porque no fueron capaces de competir o porque no tuvieron la capacidad o deseo de intentarlo.

Desde esta perspectiva, parece evidente que ha habido un enfoque errado en la política económica a lo largo de todo este tiempo: se espera que el sector privado mexicano haga lo que no puede hacer ni ha hecho en décadas. La teoría de que los industriales se convertirían en proveedores de los exportadores como ocurrió en Corea simplemente no ocurrió en México, por la causa que sea. Podemos seguir lamentándonos de lo que no ocurre o reconocer la naturaleza del problema.

Pero el concepto sigue siendo válido: a México le urge una industria de proveedores. Esa “nueva” industria tiene que desarrollarse y promoverse bajo las reglas que hoy existen: es decir, sin protección pero con el objetivo expreso de elevar el contenido nacional a fin de generar más crecimiento y más empleos. Mientras más bienes se produzcan en México mayor será nuestra capacidad de diversificar las exportaciones porque estaremos en posibilidad de satisfacer las reglas de origen con Europa y Asia que, en la actualidad, no cumplimos.

La implicación evidente de esto es que los industriales del futuro no serán, en términos generales, los mismos del pasado: serán quienes inviertan para ser hiper competitivos y poder engarzarse con los grandes exportadores. Muchos de ellos serán nacionales, muchos extranjeros. El punto es producir en México para enriquecer a México.

La inversión es indispensable para crecer. Lo que falta es el énfasis adecuado en la política económica para lograrlo.
22 Enero 2012 05:08:50
Desorden
Inherente a la naturaleza humana es el deseo y expectativa de mejorar en la vida. Sin embargo, menos común es el reconocimiento de lo que sería necesario hacer para que eso fuera posible. Karl Popper, filósofo de la ciencia, alguna vez dividió al mundo en dos categorías: relojes y nubes. Los relojes son sistemas ordenados que se pueden procesar de manera deductiva. Las nubes son complejas “altamente irregulares, desordenadas y más o menos impredecibles”. Para Popper, el error de mucha de la ciencia moderna reside en pretender que todo es un reloj y que siempre habrá una herramienta apropiada para resolver todos los problemas. Sin embargo, seguía, ese enfoque está condenado al fracaso porque el universo en que vivimos es más parecido a las nubes que a los relojes.

Hace algunas semanas, en este mundo surrealista que es el de la realidad mexicana, tuvimos la oportunidad de ver un ejemplo perfecto de la complejidad que implica llevar a cabo el tipo de cambios que la ciudadanía exige pero que no siempre está dispuesta a llevar a buen término. Las autoridades de la ciudad de México decidieron instalar parquímetros en diversas zonas de la urbe con el objeto doble de desincentivar el uso del automóvil y racionalizar el tránsito y el uso de los lugares de estacionamiento. Es decir, se trata de un esfuerzo por ordenar uno de los muchos temas citadinos cotidianos.

La respuesta no se hizo esperar. Por un lado, los llamados “franeleros”, las personas que se han apropiado de los espacios públicos para rentar lugares de estacionamiento, se manifestaron en contra de la medida, para lo cual bloquearon algunas calles de la ciudad. Por otro lado, innumerables usuarios del servicio se quejaron por la desaparición de un mecanismo funcional para la vida cotidiana en virtud de la ausencia de estacionamientos formales.

En este caso específico, el desorden es múltiple. Primero, se encuentra la apropiación del espacio público: si uno no le paga al virtual “dueño” de la calle, no se puede estacionar. Segundo, las personas que visitan el lugar, trabajan por ahí o van a realizar alguna actividad momentánea, utilizan el servicio de los franeleros para que les cuiden el vehículo por unos minutos o por todo el día. No es un servicio menor. Tercero, en ausencia de vigilancia policiaca efectiva, los franeleros cumplen una importante función de seguridad: está demostrado que hay menos robos de partes y automóviles donde hay franeleros. Finalmente -un fabuloso ejemplo de picardía mexicana- en una de las calles de la zona rosa que frecuento, donde hay parquímetros desde hace años, hay una persona que antes era franelero y ahora se dedica a lavar coches y a echarle monedas al aparato para cuidar que a los autos de sus clientes no le levanten una infracción. La innovación y creatividad no dejan de sorprender: pero los problemas que estos personajes resuelven no son irrelevantes.

El desorden es un gran problema porque viene asociado a la ausencia de mecanismos para la resolución de conflictos, cero respeto a las leyes y a la autoridad, muy pobre desempeño económico y, en un sentido más amplio, deriva en la crisis de seguridad que vivimos y en la enorme falta de oportunidades que nos caracteriza y que se traduce en pobreza y desigualdad. No hay tal cosa como “un poco desordenado”. El desorden es una característica general, donde lo que sí está ordenado es excepcional. De manera contraria, en un contexto de orden, lo que no funciona es percibido como una excepción.

La disyuntiva es mucho más profunda de lo aparente. Aterrizar el deseo -o el discurso- por mejorar, hacer de México un país más amable y exitoso y lograr una sustancial mejoría en los niveles de vida va inexorablemente de la mano de la disciplina, el orden y la igualdad ante la ley. Aterrizarlo implicaría que lo acepten los poderes fácticos, los ricos, los políticos y demás beneficiarios de privilegios: desde los franeleros hasta el presidente. O que se les imponga por un cambio real.

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15 Enero 2012 05:08:44
Pro mercado
La certidumbre en las reglas es clave para el funcionamiento de una economía, afirmaba yo en un artículo anterior. Con toda razón, Carlos Elizondo me hizo ver que muchos empresarios no quieren mayores reformas: con sólo algunos cambios que hicieran más eficaz y menos onerosa la regulación gubernamental ellos estarían felices. Efectivamente, la época gloriosa de la economía -los años del PRI duro- se caracterizaron por una estrategia económica pro empresa y no pro mercado. El colapso del mundo priista y de aquella estrategia económica se debe en buena medida a esa contradicción y quizá ahí resida la causa del magro desempeño económico en estas décadas. En lugar de mercados competitivos tenemos estancos protegidos y eso no hace sino inhibir nuevas inversiones, encumbrar a los privilegiados y preservar una estructura económica sin oportunidades de crecimiento elevado y sostenido.

La certidumbre en las reglas es central para que un empresario e inversionista sepa a qué atenerse y no se encuentre con sorpresas cada que cambia el viento (o el gobierno). Una economía crece cuando las reglas son permanentes, cambian poco y, cuando lo hacen, es de una manera debidamente anunciada y consecuente con el objetivo general de preservar el crecimiento y el bienestar general. En la era de oro del desarrollo estabilizador -una economía cerrada- la certidumbre era clave y sólo el gobierno la podía conferir. Reconociendo la esencia de esa ecuación, sucesivas administraciones fueron en extremo cuidadosas de preservar un marco regulatorio y político confiable para el funcionamiento de la economía.

Sin embargo, tratándose de una economía cerrada, en la que conscientemente se inhibía la competencia (por ejemplo a través de la substitución de importaciones y de la existencia de monopolios gubernamentales), la economía operaba con un conjunto limitado de empresarios y sindicatos y no se pretendía que hubiera productos buenos, precios bajos o beneficios al consumidor. Todo el esquema dependía de una cercanía entre los empresarios y la burocracia, relación que determinaba la rentabilidad de las empresas en forma mucho más directa que la calidad o precio de sus productos. El objetivo de la política económica era beneficiar al productor como medio para mantener tasas elevadas de crecimiento de la economía.

Deirdre McCloskey* describe el esquema de manera perfecta: “cuando los fabricantes de [un insumo] logran elevar los aranceles o los productores de [una industria] consiguen que se impongan cuotas a la importación, no es su productividad sino su poder político lo que les confiere el acceso a un gobierno todopoderoso”. Muchos empresarios mexicanos sueñan con retornar a aquel esquema porque al no tener que molestarse con cosas pequeñas como el consumidor, el precio o la calidad de sus productos, su vida sería más simple. Algunas de sus críticas a la política de apertura que se adoptó desde finales de los 80 son correctas, toda vez que ésta ha sido parcial, persiste una estrategia de protección discriminatoria y los monopolios gubernamentales actúan, pues, como monopolios. Sin embargo, detrás de esas quejas yace el deseo de retornar a un mundo distinto al que existe hoy, aquel que se colapsó en los sesenta simplemente porque se agotó.

La discusión sobre la apertura y la adopción de una mejor estrategia de desarrollo tiende a atorarse en dos planos. Por un lado se encuentran quienes ignoran o pretenden que es posible ignorar los cambios que ha experimentado el mundo en las últimas décadas. Una estrategia de crecimiento fundamentada en mercados cerrados y protegidos era posible porque la producción de la abrumadora mayoría de los bienes en el mundo se concentraba en fábricas que recibían materias primas por un lado y entregaban bienes terminados (coches, radios, productos químicos) del otro. En un entorno de esa naturaleza era posible forzar a los productores, tanto nacionales como extranjeros, a fabricar un bien completo en el país. Así surgió, por ejemplo, la industria ensambladora automotriz. Ese mismo ambiente propiciaba cercanía entre empresarios, líderes sindicales y políticos, donde el interés de todos residía en preservar y compartir privilegios.

El problema para los nostálgicos es que ese mundo cambió cuando los japoneses, necesitados de elevar sus niveles de productividad para compensar el ascenso en el precio del petróleo al inicio de los 70, transformaron la manera de producir. En lugar de fabricar automóviles en una sola planta, especializaron sus fábricas en motores, cajas de velocidades, etcétera, a fin de elevar la productividad de una manera dramática y, con ello, la calidad de sus productos. Así nació una nueva estructura productiva fundamentada en proveedores de partes y componentes cuya localización geográfica estaría determinada no por la nacionalidad del propietario sino por la cercanía a las materias primas o mercados finales. Imposible competir contra eso desde las fábricas que existían en los 60 en México. La única forma de sobrevivir en este mundo es competir con similares niveles de productividad. Los empresarios mexicanos que pretenden sobrevivir con favores gubernamentales no entienden que el gobierno los puede proteger pero sólo a costa de la sobrevivencia de la economía en su conjunto.

El otro lugar en que se atoran las discusiones sobre la apertura y el papel del gobierno en el desarrollo es en el de los cotos de caza y los privilegios que persisten y por los que más de un candidato presidencial jura. Otra vez la estudiosa McCloskey**: “en el largo plazo, la aceptación de la destrucción creativa disminuyó la pobreza. De hecho, ha sido la única forma efectiva de lograrlo. En sentido contrario a sus dulces (y auto complacientes) motivaciones, las regulaciones laborales y salariales, así como la protección arancelaria y otras legislaciones progresistas no hacen sino preservar la pobreza”. Un gobierno supuestamente dedicado al desarrollo general del país y preocupado por los niveles de pobreza no puede (al menos, no debe) dedicarse a proteger empresas particulares o a subsidiarlas, como tampoco debería preservar monopolios privados o estatales. La contradicción es flagrante, pero su persistencia conduce a la deslegitimación de una política económica centrada en el beneficio al consumidor y no del productor.

La prosperidad de un país sólo se logra cuando se le da la bienvenida a empresarios e inversionistas con reglas del juego que son iguales para todos, donde no se hacen distingos ni se preservan privilegios. Es decir, una estrategia pro mercado y no pro empresa. No es lo mismo ni es igual.

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08 Enero 2012 05:08:18
Manejar vs resolver
Alguna vez le preguntaron a Giovanni Giolitti, un bravo y múltiples veces primer ministro, si era difícil gobernar Italia. Su respuesta parecería emanada del viejo PRI: “nada difícil, pero es inútil”. En México, el viejo sistema, que poco se diferencia del actual, pasó décadas administrando y manejando el conflicto más que resolviendo los problemas y atacando sus causas. El resultado es un país rico con habitantes pobres, un enorme potencial pero una miserable realidad. La pregunta es si el proceso electoral actual puede arrojar un resultado distinto.

El mundo político mexicano está lleno de nostálgicos que añoran la era en que el gobierno tenía capacidad para “tomar decisiones”, es decir, para imponer la voluntad del presidente. Escuchando y observando esos lamentos -que vienen por igual de todos los partidos y muchos estudiosos- uno pensaría que México era un país modelo en que todo funcionaba bien, el progreso era tangible y la felicidad reinaba por doquier. El Nirvana pues.

Desafortunadamente la realidad es menos benigna. Si uno observa la era priista a partir de 1929, tomó más de una década llegar a estabilizar al país para comenzar a enfocar el crecimiento económico. Luego vinieron 25 buenos años de crecimiento que, sin embargo, se agotaron a finales de los 60. La década de los 70 fue un desastre de crisis, inflación y desorden, de lo que todavía no acabamos de librarnos. Ese es el pasado. Hoy un partido nos propone regresar al proyecto de los 60 (ese que se agotó), otro al de los 70 (ese que hizo explotar al país). El tercero nos propone continuar lo existente.

Visto en retrospectiva, lo que parece obvio es que, con algunos momentos excepcionales, en la vieja era todo estaba dedicado a administrar los problemas más que a construir una plataforma sólida de desarrollo. El gobierno era sin duda fuerte y aparatoso y tenía capacidad para definir prioridades, tomar decisiones y actuar. Lo relevante es que no actuaba para construir un país moderno sino para mantener su viabilidad política. Sin duda, hubo muchos buenos años de crecimiento; sin embargo, cuando en los sesenta se discutió la necesidad de reformar la economía (décadas antes de que se iniciaran, tardíamente, las famosas reformas), prevaleció el criterio de “mejor no le muevas”. El resultado fue la catastrófica docena trágica: otro intento por administrar los problemas, en ese caso a través del endeudamiento exacerbado.

De haber servido la enorme concentración de poder que tanto se añora, el país hoy se parecería en niveles de ingreso al menos a España o Corea. De haber sido tan exitosa esa época, hoy el mexicano promedio gozaría de niveles de vida tres veces superiores, la economía crecería con celeridad y nuestro sistema político sería un modelo de civilidad. El hecho, sin embargo, es que el poder concentrado servía para beneficiar a quienes lo detentaban y no a la población en general. Por eso había (y hay) tantos políticos esperando a que les “hiciera justicia” la Revolución.

Aquel sistema que manejaba los conflictos y evitaba que explotaran tenía una gran ventaja sobre la situación actual: la población veía al gobierno con respeto, si no es que con temor, algo claramente no deseable desde una perspectiva democrática, pero que sin duda permitía una convivencia pacífica. Las policías eran corruptas pero el crimen, que también se administraba, era modesto; los jueces vivían subordinados al Ejecutivo y nadie limitaba su capacidad de acción. Los narcotraficantes movían drogas del sur al norte y el sistema era suficientemente poderoso como para marcarle límites e imponer condiciones. No era perfecto pero permitía paz y estabilidad.

El colapso gradual del viejo sistema, proceso que comienza en lo político desde 1968 y en lo económico desde principios de los 70, acabó legándonos una estructura política inadecuada para lidiar con los problemas de hoy (cualitativamente muy distintos a los de entonces) y una economía mal organizada y no conducente a promover tasas elevadas de crecimiento. Además, hoy nadie le tiene miedo al gobierno o a las policías, razón por la cual ya ni siquiera es posible pretender administrar el conflicto. En otras palabras, seguimos nadando “de muertito,” pero ahora sin los beneficios de antes.

En este contexto, el atractivo que muchos le ven a un potencial retorno del PRI a la presidencia no reside en que eso resolvería los problemas (no hay ni un gramo de evidencia que sugiera que esa sea la meta que motiva a su candidato), sino la percepción de que al menos se mantendría caminando el carro. Es decir, que se lograría restablecer la mediocridad de antaño.

La verdad, lo que el país requiere no es otro gobierno priísta, perredista o panista, sino un nuevo sistema de gobierno. Lo que urge es construir la capacidad necesaria para que sea posible enfrentar y resolver los problemas que llevan décadas acumulándose y que nos han convertido en una sociedad que privilegia el atajo sobre el remedio, el “ahí se va” sobre la excelencia, el control sobre la participación, el “peor es nada” sobre elevadas tasas de crecimiento económico, la estabilidad sobre el éxito, los copilotos sobre los líderes.

El país requiere, nada más y nada menos, que un nuevo Estado. De nada serviría procurar reconstruir lo que hace tiempo dejó de funcionar como lo demuestran 40 años de intentos fallidos. Tampoco serviría un gobierno eficaz o uno amoroso. Se requiere uno que resuelva los problemas.

En la medida en que evolucione la justa electoral, los ciudadanos debemos exigir respuestas y competencia, experiencia e innovación, capacidad y, sobre todo, visión. La noción misma de que antes las cosas funcionaban bien y que bastaría con retornar a ese mundo idílico sonaba muy bien en las coplas de Jorge Manrique pero no constituye un proyecto razonable para lidiar con los enormes retos que el país enfrenta.

El reto consiste en construir un futuro diferente, proceso que llevará años, pero que tiene que comenzarse ya. Clave para su éxito será, primero, claridad de proyecto: qué es lo que se requiere, cuáles son sus componentes y cómo se construye. Segundo, un liderazgo claro y competente, capaz de visualizarlo, darle forma y sumar a todos los mexicanos, comenzando por los políticos y sus partidos, en un gran esfuerzo nacional cuya característica sea la pluralidad y la convergencia en un objetivo común. Y, tercero, la capacidad de articular sus diversos componentes: visión, recursos humanos y de otra índole y capacidad de negociación política.

El país tiene salidas, pero sólo si se enfrentan y resuelven sus problemas.

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18 Diciembre 2011 05:04:34
Carreta atascada
Cuando se atasca la carreta del crecimiento, uno debiera preguntarse si son válidas las premisas que sustentan la forma de promoverlo. Bertrand Russell, el gran filósofo británico, alguna vez afirmó que “lo que tiene que ser promovido en los países industriales es significativamente diferente de lo que siempre se ha predicado”. En materia de desarrollo, lo que siempre se ha fomentado en México es la demanda, o sea, más gasto. Es posible que, en algunas circunstancias, el gasto pudiera ser útil; sin embargo, lo que de verdad debería preocuparnos es por qué es tan baja la inversión.

La perspectiva gubernamental es, por naturaleza, desde arriba: se ve el conjunto y es muy difícil entender las partes o actuar con la precisión de un cirujano. Esa es la razón por la cual falla la mayoría de los programas de promoción sectorial o del crecimiento en general. Excepto en circunstancias muy particulares, lo que favorece o inhibe la inversión es muy distinto a lo que, desde arriba, puede entender -o resolver- un burócrata que, por fuerza, tiene que decidir sobre el conjunto.

El papelito en una galleta de la suerte china lo decía con toda claridad: “los elevadores llenos de gente le huelen distinto al enano”. Ese enano, es decir, el ciudadano común y corriente, vive problemas que comienzan en la puerta de su establecimiento pero que no acaban ahí. Él o ella tienen que lidiar con la basura en la banqueta y las variaciones en la energía eléctrica, la escasez de agua, los baches en la calle y el interminable tráfico para llegar a cualquier parte, ¿y qué decir de la violencia y la inseguridad? Antes de siquiera comenzar a pensar en establecer un negocio -igual si se trata de una planta de motores automotrices que un changarro de reparación de planchas- el empresario potencial ya ve el mundo cuesta arriba.

Ese empresario o inversionista potencial ni se imagina lo que viene: permisos de uso de suelo, evaluaciones de impacto ambiental, trámites de importación, registros ante Hacienda, el IMSS, el gobierno municipal o delegación en el DF. Si se pone a planear el proceso de manera integral, el aspirante a empresario tendrá que contemplar un equipo de abogados y contadores meses antes de que produzca el primer tornillo. A juzgar por la realidad tangible, la mayoría sucumbe antes de comenzar: por eso tenemos una economía informal tan grande.

Suponiendo que se trata de un empresario grande o de una multinacional, con capital y capacidad para lidiar con todos los trámites y costos inherentes al proceso, sus consideraciones se vuelven todavía más prácticas: cómo se compara México con países como Corea, China, Brasil, Hungría o Taiwán. Si el mercado potencial es el de Norteamérica, el intrépido inversionista comenzará a investigar qué ofrece México para su proyecto. Las ventajas serán evidentes: cercanía y acceso regido por un acuerdo comercial bilateral. Con eso vamos de gane. Sin embargo, tan pronto se ponga a comparar otras cosas, comenzará a tener que recalcular sus costos y los potenciales beneficios.

Desde el otro lado de la mesa, como aspirantes a esa inversión (aunque no siempre así lo parezca), tendríamos que preguntarnos cómo nos comparamos con naciones como las antes citadas y en qué momento esas dos enormes ventajas comienzan a erosionarse por el peso de nuestros problemas y limitaciones. En contraste con China o Corea, nuestra infraestructura es patética: vieja, de mala calidad, calles llenas de baches, un tránsito permanentemente desquiciado y una burocracia cuyos incentivos siempre privilegian el corto plazo (igual beneficios personales que los fondos para la elección del gobernante) en lugar de estar alineados con el crecimiento de la economía.

Lo que México requiere es un cambio de enfoque. Idealmente, esto podría darse a nivel global, cuando un gran líder nacional convence a la colectividad de enfocarse hacia el futuro y con criterios de crecimiento y desarrollo. Aunque atractivo, a juzgar por lo que hemos atestiguado en los últimos lustros, un enfoque de esta naturaleza parece poco realista. La función y responsabilidad del Gobierno es la de eliminar barreras, tanto internas como externas, a la inversión privada. Sin embargo, la cantidad de barreras que existen son el equivalente, dice Luis de la Calle, a los topes que los automovilistas enfrentamos todos los días: se trata de la mejor evidencia del subdesarrollo porque los topes son substitutos de lo que no existe, es decir, respeto por la ley, los semáforos y otros medios que, en la teoría, deberían servir para normar y hacer posible el desarrollo.

Una manera de intentar resolver estos entuertos entrañaría una revolución burocrática y regulatoria que, aunque concebible, no se ve posible. Sin embargo, hay otras maneras de pensar sobre estos temas. Quizá el mayor logro de las dos administraciones panistas de los últimos años sea el de haber hecho posible el mercado de hipotecas que hoy le ha permitido a varios millones de familias adquirir una casa. En lugar de pretender resolver todos los problemas que impedían el mercado inmobiliario, Fox reunió a banqueros, constructores, reguladores y burócratas para explicitar los impedimentos y definir opciones. La solución que de ahí surgió no transformó al mundo, pero sí resolvió el corazón del problema. Me parece que ese debería ser el modelo a seguir en el futuro: soluciones pequeñas pero idóneas al problema específico.

El verdadero reto del crecimiento de la economía y del empleo en el país no reside en la ausencia de ideas, proyectos y oportunidades, sino en lo errado del enfoque que norma la función gubernamental. La riqueza la crean los empresarios y son ellos los que generan empleos. Esta primera premisa debería entenderse en toda su dimensión: todo lo que obstaculiza e impide el desarrollo de inversionistas y empresarios reduce el crecimiento y la creación de empleos. Difícil ser más claro.

En la economía clásica, el crecimiento lo hacía posible la “mano invisible” del mercado. El problema es que, como dice Rafael Fernández MacGregor, en nuestro país esa mano está amarrada. La amarran los trámites y los burocratismos, las paraestatales de la energía, los proyectos políticos particulares y la impunidad que, de facto, promueve la corrupción y el estancamiento. Nuestro problema no es de ausencia de oportunidades o empresarios potenciales sino de la excesiva presencia de obstáculos e impedimentos que acaban derrotando hasta al más persistente. El éxito de países como China con la revolución que inició Deng no es producto de su perfección sino del hecho de que privilegian a quienes crean riqueza. Así de simple.

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