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Ezra Shabot
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01 Septiembre 2014 03:00:00
Fundamentalismo
El fundamentalismo es definido como aquel pensamiento considerado como una verdad absoluta, “fundamental”, revelada por la divinidad, y que por lo tanto debe ser obedecida por todos los seres humanos. El apego al dogma religioso, que en el mundo de lo privado es un derecho de cada individuo en lo particular, en el terreno político representa el triunfo de la intolerancia y el totalitarismo. La división entre religión y estado en la sociedad occidental representó el punto de quiebre que permitió a la democracia convertirse en un modo de vida a pesar de los retrocesos históricos dominados por el autoritarismo.

Es cierto que existe también un fundamentalismo laico basado en principios ideológicos, raciales o eminentemente políticos, que pretenden expulsar de la sociedad a diferentes grupos, ya sea por sus prejuicios, o por simplemente ser incompatible con su visión del mundo. Sin embargo, el reforzamiento del estado de derecho en un régimen democrático, disminuye el potencial de crecimiento de estas expresiones excluyentes. La tolerancia a los intolerantes forma parte de la democracia siempre y cuando estos últimos se ciñan a la legalidad establecida.

El fundamentalismo religioso pretende interpretar literalmente las escrituras originales desde las cuales sustenta su existencia e imponerlas a todos. Al luchar por el poder u obtenerlo, el fundamentalismo religioso parte de la premisa según la cual el fin justifica los medios, y en este sentido el valor de la vida humana es inferior al del cumplimiento de los preceptos religiosos establecidos. Bajo este régimen los infieles, homosexuales, mujeres violadas o adúlteras son ejecutados en juicios sumarios sin que exista posibilidad de defensa alguna. El totalitarismo fundamentalista ahora presente en los diferentes grupos armados en Asia y África, lleva hasta sus últimas consecuencias la práctica de exterminio del diferente.

Esta complacencia occidental con el extremismo islámico, forma parte de las culpas históricas no superadas por parte de ciudadanos de países cuyo pasado colonialista les impide diferenciar entre la barbarie islámica y el derecho a la autodeterminación de sociedades ajenas a los valores occidentales.

No se trata aquí únicamente de las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, sino de la reafirmación del Islam político como la única opción para la humanidad en su conjunto. Frente a esto no hay negociación posible, porque el objetivo último de estos grupos es la eliminación de la cultura occidental y el retorno al absolutismo religioso dispuesto incluso a aniquilar a los otros fundamentalismos distintos a su visión sectaria. Como con todo totalitarismo, la derrota de éste sólo es viable a través de una combinación de fuerza, sequía de recursos y el arrebatarles su base social también condenada a la muerte como el resto de la humanidad.
08 Octubre 2012 03:00:35
Círculo virtuoso
Desde hace muchos años las condiciones exteriores y las internas no coincidían para darle a México la posibilidad de ubicarse en el centro de la atención mundial en términos de inversión y desarrollo social y económico. En momentos de crecimiento a nivel internacional, México se hundía en sus crisis, la última en 1995, mientras que cuando finalmente alcanzaba a equilibrar sus variables de déficit del gasto y reservas internacionales, entonces la caída de la economía más grande del mundo y de la que somos totalmente dependientes –la norteamericana– se venía para abajo.

La lentitud con que la democracia mexicana ha procesado sus cambios en la legislación para modernizar sus estructuras hacía pensar que era prácticamente imposible encontrar un punto de coincidencia entre los momentos positivos internos y externos de la economía para que México pudiese entrar en una fase de crecimiento estable prolongado y sólido. Este fenómeno finalmente está por producirse en el futuro cercano, si no es que ya existen hoy indicadores claros de que se avecinan tiempos buenos para muchos mexicanos.

Internamente, y a pesar de los problemas de inseguridad y falta de incentivos para el crecimiento sostenido, el cambio de gobierno y la nueva relación existente hoy entre panistas y priístas, así como los cambios en la izquierda no lopezobradorista, parecen establecer un escenario de avance político no existente desde hace años. La forma en que se procesaron las reformas laboral y de contabilidad gubernamental, independientemente de diferencias y renegociaciones en el corto plazo, es una muestra de que la operación político–parlamentaria camina a una mayor velocidad y profundidad que durante los últimos años.

En el plano exterior, México aparece en los foros internacionales como un ejemplo de disciplina fiscal, gasto responsable y de estabilidad política en el marco de una crisis económica internacional que no termina por resolverse de raíz. Y si a esto le añadimos la caída en el crecimiento chino que afecta seriamente a nuestro competidor en captación de inversión extranjera directa –Brasil–, las posibilidades de que los flujos capitales provenientes tanto de EU como de otras latitudes se dirijan a México en mayor cantidad son sumamente altas. Como algunos analistas han expresado: “las estrellas parecen estarse alineando en torno a México como el país más rentable de la próxima década”.

Falta, por supuesto, que estas condiciones favorables en lo económico y político se mantengan durante este lapso. Respecto al panorama externo, no hay nada que se pueda hacer, sino esperar que la recuperación norteamericana sea rápida, constante y que sus excesos presupuestales se corrijan de la manera más suave posible para evitar una recaída recesiva. Sin embargo, es en el plano interno donde la tarea está por hacerse.

Una reforma hacendaria que le dé al Estado mexicano los recursos necesarios para impulsar proyectos de coinversión con la iniciativa privada para detonar crecimiento sostenido y que su vez resuelva los faltantes en seguridad social, pensiones y servicios de salud, cambiaría de tajo la fisonomía del país en unos cuantos años. Paradójicamente, lo que la debilidad política de los gobiernos de la alternancia no pudo alcanzar durante 12 años, hoy el retorno del PRI lo tiene al alcance de su mano. Convertir a México en una potencia económica, superando antes que nada la pobreza que aún afecta a millones de mexicanos, para simultáneamente hacer crecer a una clase media que es hoy la base fundamental de la sociedad.

Para ello se requiere cerrar el círculo virtuoso que parece estarse construyendo en torno a una realidad en donde el optimismo se sustenta en hechos reales, y no en sueños de políticos demagogos. Falta solamente que la voluntad política de los nuevos gobernantes se comprometa con ello, y que no piensen en regresar al viejo modelo de los privilegios y la corrupción institucionalizada. Nada más eso.
17 Septiembre 2012 03:00:44
Izquierda liberada
Habiendo estado a un paso de ganar la presidencia de la república en el 2006, y remontando en 2012 la pérdida electoral de tres años atrás, la izquierda mexicana seguía atada a la dependencia política y existencial de un caudillo redentor, símbolo de un poder que parecía insustituible, pero que al mismo tiempo le impedía acceder a la silla presidencial. Surgida de la confluencia de dos corrientes políticas: el nacionalismo revolucionario priísta y la izquierda marxista en sus diversas facciones, la izquierda aglutinada en el Partido de la Revolución Democrática, no fue capaz de construir instituciones internas ajenas a la voluntad de sus caudillos.

El padre fundador de este proyecto Cuauhtémoc Cárdenas, fue durante mucho tiempo el equivalente al presidente absoluto dentro del régimen priísta. El resolvía diferencias, establecía cuotas, y su voz era la última palabra a la hora de determinar candidaturas y nombramientos. Sus derrotas continuas en las elecciones de 1994 y 2000, acabaron con ese poder fundacional mismo que fue absorbido por otro caudillo que, al perfilarse como un candidato ganador para los comicios del 2006, se convirtió en el nuevo tlatoani con mayor poder incluso que el mismo Cárdenas.

Así surge la figura de López Obrador, con un carácter avasallador capaz de llevar a su partido al triunfo más sonado, o al abismo más profundo ante la imposibilidad de éste de separarse del caudillo una vez perdida la brújula política e irse junto con él al precipicio político durante la elección del 2009. La dependencia del PRD con respecto a AMLO fue tal, que ni siquiera la posible candidatura exitosa de Marcelo Ebrard pudo desalentar las vanas aspiraciones de un caudillo que incluso había renegado de su propio partido durante todo el sexenio. La fuerza de López Obrador era real, capaz de recuperar parte del terreno perdido, producto de sus excesos retóricos y desprecios políticos, pero que al final del camino resultó insuficiente para llevarlo al triunfo electoral.

Hoy la izquierda mexicana se debate entre el poder alcanzado en las elecciones en el Congreso y en la gubernaturas de los estados, y la descalificación institucional que los llevaría de nuevo al terreno de la marginalidad política, la violencia verbal y la imposibilidad de contar con interlocutores capaces de ejercer de manera eficiente el poder obtenido en las urnas. El abandono del PRD por parte del caudillo resuelve el problema de dos visiones confrontadas entre sí en una misma formación política, pero genera una nueva realidad al establecer claramente la competencia entre dos propuestas de izquierda diferentes.

Una, con un proyecto socialdemócrata ahora sí con posibilidades de deslindarse de los radicalismos del populismo ideológico, y la otra ligada abiertamente a los postulados del nacionalismo revolucionario, caminando al borde de la ilegalidad, y desconociendo a todo gobierno e institución no sometida su visión del mundo. El interrogante ahora se centra en la posición que adoptarán los sectores ligados a AMLO dentro del PRD y las otras agrupaciones satélites como el PT y Movimiento Ciudadano. Al interior del partido del sol azteca, y específicamente en el Congreso, la considerable fuerza del sector lópezobradorista tendrá que tomar decisiones trascendentales.

Mantenerse dentro del partido y tratar de alinearlo al movimiento de López Obrador, o aglutinarse en una fuerza nueva separada de la línea perredista que represente la competencia en torno a cuál sería el proyecto de la “verdadera izquierda”, es ahora el dilema que enfrentan los sectores afines al tabasqueño. Después de años de insistir que ambas propuestas eran compatibles dentro de un mismo partido, hoy queda claro que se trata de posturas irreconciliables en lo ideológico y lo estratégico, que tarde o temprano tendrían que confrontarse públicamente.

Para el PRD, la hora de asumirse como un partido socialdemócrata moderno ha llegado, ya no hay más excusas ni pretextos.
10 Septiembre 2012 03:00:38
El equipo
Para armar el equipo de transición entre un gobierno y otro se escoge a figuras que se pretende sean capaces de recibir la administración saliente, de manera tal que no existan sorpresas inesperadas a la hora de comenzar con el ejercicio de gobierno. Estas personas no son necesariamente aquéllas que dirigirán las distintas secretarías, pero sí representan claramente el grupo de diagnóstico que una vez estudiado el estado que guarda el gobierno que termina puede determinar si es viable comenzar a instrumentar las propuestas planteadas en la campaña del candidato ganador.

Esto fue parte de lo que Calderón se encontró al recibir el informe del estado que guardaba el país al terminar la administración Fox en materia de seguridad. Un Estado copado por el crimen organizado en los más altos niveles, derivado de la complacencia del mandatario de la alternancia y de su incapacidad para controlar el fenómeno más allá de medidas limitadas tendientes a reducir el espacio de actuación de las bandas, las cuales terminaron por ocupar cada vez más áreas estratégicas, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional de dimensiones incalculables. Del presidente del empleo al presidente de la guerra contra los criminales, la agenda de Calderón tuvo que redefinir prioridades.

Hoy, las condiciones en las que Enrique Peña Nieto recibirá la administración pública en el terreno de la seguridad, e incluso en el económico, son mucho mejores que las que tuvo Calderón. La guerra contra el crimen organizado, aunque continúa, va entrando en una fase donde el poderío armamentista de los grupos delincuenciales ha disminuido significativamente, tanto por la acción directa del Ejército y la Marina, como por las medidas de control del dinero y la caída de liderazgos poderosos de todos los cárteles. La relación directa entre el poder criminal y el propiamente político, como lo ejemplifica el caso Yarrington, se vuelve algo abiertamente conocido ante lo que ya no es posible cerrar los ojos y dejar pasar por razones de “prudencia política”.

El crecimiento económico pronosticado para éste y el próximo años abren el camino para pensar en reformas profundas. De hecho, la decisión de Calderón de impulsar las reformas laboral y de contabilidad gubernamental como parte de su prerrogativa de iniciativa preferente representan la prueba de fuego para el priísmo entrante y para el propio Peña Nieto. Meter en cintura a sindicatos y a gobernadores carentes de controles en sus gastos sería un paso importante en la modernización del país y en el proceso de mejora competitiva a nivel global.

El equipo de transición designado por el presidente electo, además de buscar integrar a distintos sectores de la clase política que lo apoyaron en campaña, pretende ser una muestra del tipo de gabinete que se podría esperar. Los dos ejes, el de Videgaray en transición gubernamental, y el de Osorio Chong en política y seguridad, delinean los canales de acción del próximo gobierno. Independientemente de sus respectivas trayectorias personales, ambos tienen ante sí la obligación no sólo de recibir la administración, sino de operar con un estilo y visión diferentes, los primeros actos de gobierno que están obligados a ser radicalmente diferentes a los del priísmo de antaño.

Es un problema de formas y de fondo. Habrá que abandonar la matraca, la banda de pueblo y el acarreo coercitivo del pasado, así como la prepotencia de funcionarios circulando en las calles con tres o cuatro camionetas que detienen el tráfico para enojo de ciudadanos de por sí irritados por los problemas de tránsito urbano. Cuidar las formas para poder llegar al fondo, lo que implica desarmar lo que queda, y que aún es mucho, del corporativismo priísta cuyos privilegios entorpecen el avance del país. Sólo el PRI puede desmontar al PRI. Hoy le toca a Peña desactivar los restos de su pasado para construir lo que llaman “el nuevo PRI”.
03 Septiembre 2012 03:00:31
Último informe
Desde que en 2006 Vicente Fox no pudo ingresar al recinto de San Lázaro para presentar su último informe, el Congreso ha estado vetado para el presidente de la República. La negativa perredista de recibir al primer mandatario en cualquier formato que se proponga, ha establecido una realidad en la cual no existe diálogo directo entre Ejecutivo y Legislativo. De la fiesta del presidente, pasamos al golpeteo del mismo, para luego clausurar la tribuna al jefe del Ejecutivo federal, en un lamentable espectáculo de sometimiento de las mayorías al dictado de una minoría intolerante.

Esta realidad amenaza con repetirse una vez validada la elección presidencial por el Trife, en la medida en que López Obrador y sus allegados seguirán impugnando la legitimidad de Peña Nieto como presidente electo y mantendrán el veto efectivo a toda presencia del mandatario ante el Congreso. El colmo del chantaje llegó a su expresión legal en el momento en que se modificó la Constitución para que la toma de posesión del presidente pudiese realizarse en recintos alternos, y así evitar tener que introducir al mandatario electo por la puerta de atrás del Congreso y de esta forma juramentar su cargo.

La incapacidad de enfrentar a los violentos derivó en la realización de informes presidenciales alternativos, llevados a cabo en Palacio Nacional con la presencia incluso de algunos representantes del Legislativo, en función de su cercanía con el Ejecutivo. Por supuesto, estos eventos terminaron siendo el relato de los logros de la administración Calderón, sin el equilibrio que requeriría al menos la expresión de una oposición capaz de dialogar y cuestionar las políticas públicas de manera civilizada y sin llegar a los extremos de la violencia verbal o física, ni tampoco la alabanza servil que genera desconfianza e incredulidad. El último informe del sexenio de Felipe Calderón, que se llevará a cabo hoy, entra en esta dinámica de complacencia y crítica que sólo el Presidente está en posibilidad de imprimirle a su discurso de despedida. Fueron seis años los que la legitimidad de la elección fue cuestionada por la oposición de izquierda, y la posibilidad de una alianza mayor con el PRI se canceló una y otra vez por el constante cálculo político de los tricolores, quienes si bien no sabotearon el quehacer cotidiano del gobierno panista, jamás estuvieron dispuestos a apoyar reformas de gran calado que pudiesen haber representado éxitos de gobierno capitalizables en procesos electorales.

A esto hay que añadirle la enorme incapacidad de los operadores políticos del panismo, quienes por su falta de experiencia y habilidad no lograron descifrar nunca el acertijo priísta en turno, además de carecer de la unidad necesaria para ejercer el poder. El pleito interno entre los jóvenes funcionarios del primer círculo del Presidente y los otros que infructuosamente intentaron acercarse a la figura presidencial, hicieron imposible la formación de un grupo compacto capaz de responder efectivamente a los grandes desafíos políticos que las reformas estructurales implicaban.

Frente a la disyuntiva de lealtad o eficiencia, Calderón se inclinó siempre por la primera, ante el temor permanente de verse traicionado por aliados que, ofreciéndole soluciones arriesgadas y complejas, no poseían el carácter de incondicionalidad que los amigos garantizaban. Pero amigos sin conocimientos, habilidad y carentes de la honestidad para reconocer limitaciones, dañan a los políticos más que sus propios enemigos.
27 Agosto 2012 03:00:08
El dinero
La discusión respecto a la validez de la elección presidencial se basa fundamentalmente en la utilización de recursos económicos que se supone sobrepasaron los límites de lo estipulado en la legislación electoral. Como es sabido, las elecciones se ganan con dinero y más dinero, y por ello las reformas electorales han tratado de limitar aquel que proviene del sector privado incluyendo el del crimen organizado, en un intento por evitar la dominación del poder político por parte del económico, y por ello la asignación de presupuestos públicos multimillonarios a los partidos por parte de la autoridad electoral.

Sin embargo, en este mecanismo de ensayo y error, la democracia mexicana fue descubriendo hoyos por donde el dinero se colaba de forma tal que favorecía al partido que lograra recaudar más de forma legal o ilegal. El acceso a medios de comunicación y la influencia de éstos en la ciudadanía hicieron de la elección del 2006 un ejemplo del despilfarro en la medida en que los spots eran costeados directamente por los partidos y terminaron por convertirse en un arma efectiva para todos ellos. La solución encontrada para acabar con estos excesos fue sacar el dinero de los medios electrónicos y asignar tiempos del Estado a la propaganda partidaria.

Sin embargo, esta medida resultó contraproducente para efectos del control monetario. Los partidos se asignaron por la vía del Congreso presupuestos multimillonarios para la elección, que si bien no podían ser utilizados directamente en publicidad electrónica, sí tenían la posibilidad de distribuir por canales paralelos en presencia mediática vía entrevistas, reportajes u otro tipo de formas mediante las cuales intentaron influir en el electorado. Además, al no poder utilizar enormes cantidades en spots, éstas se dirigieron a la movilización terrestre, factor fundamental principalmente el día de la jornada electoral.

El espionaje telefónico donde figuras cercanas a los candidatos piden dinero a empresarios para poder ganar la elección, demuestra la importancia del efectivo como medio indispensable en la obtención del triunfo. Al impedir la entrada de recursos legales a medios electrónicos no sólo se creó un mercado negro informativo, sino que simultáneamente se perdió la oportunidad de seguirle la pista al dinero a través de esa contabilidad que obligatoriamente debían reportar los partidos y los medios. Lo que se requería era más fiscalización y regulación para evitar abusos, y no la desaparición por decreto de la relación partido–dinero–medios, lo que nunca sucedió en realidad. Si en verdad se hubiese querido reducir la fuerza del dinero en las campañas, se tenían que haber recortado los recursos provenientes del IFE hacia partidos, sin permitir el incremento del financiamiento privado, y se debían haber extendido los mecanismos de fiscalización principalmente con los medios de comunicación electrónicos. Pero los partidos jamás quisieron una reforma de esa profundidad. Tan es así que se negaron a legislar de forma tal que aquel candidato que rebasase el tope de gastos de campaña quedase fuera de la contienda y, en caso de ganar, no pudiese tomar posesión del cargo. Los políticos conocen muy bien sus intenciones y por ello no pueden ir a fondo en las soluciones que los afectan personalmente o como partido.

La ley está para aplicársela al adversario, pero no a uno mismo y por ello hay que evitar sanciones extremas que puedan poner a la vista los excesos propios. En política lo que se resuelve con dinero es barato, y por ello las multas a quienes se exceden en el gasto electoral u otras faltas graves no tienen mayor trascendencia. Si para la próxima reforma política se quiere reducir en forma efectiva la fuerza del dinero en las elecciones, habrá que lograr un acuerdo previo según el cual todos estén dispuestos a perder el poder cuando sobrepasen el tope de los recursos asignados, que deben ser limitados y fuertemente vigilados por la autoridad electoral.
20 Agosto 2012 03:00:00
Romper monopolios
Una de las peores herencias del viejo régimen del presidencialismo absoluto fue el mantenimiento de monopolios públicos y privados como cotos de poder y formas de alianza entre el capital y los gobiernos del priísmo sexenal. Bajo el manto del nacionalismo revolucionario, e incluso a partir del surgimiento de la tecnocracia priísta en los 80, la necesidad de proteger económica e ideológicamente a los monopolios se convirtió en parte del concepto de “lo mexicano” más allá de los beneficios o perjuicios que esto ocasiona a las grandes mayorías nacionales.

Fue así como los monopolios públicos en electricidad, petróleo y telefonía se asociaron directamente con el principio según el cual la propiedad estatal era sinónimo de propiedad popular o ciudadana, en tanto que la privada era símbolo de ganancia ilícita, saqueo y egoísmo ajeno al nacionalismo colectivo inmerso en el concepto de la mexicanidad. En este sentido, el monopolio público era intocable. Cuando Carlos Salinas vende Telmex a Carlos Slim, el concepto de unidad entre lo estatal y lo mexicano empieza a resquebrajarse. Lo privado comienza a generar cierta legitimidad que se limita enormemente al verse este sector protegido por el propio Estado para convertirse en un monopolio privado.

La lenta y difícil apertura del sector telefónico con la irrupción de la telefonía celular, no tuvo continuidad en el sector eléctrico y en el petrolero. Las administraciones panistas de la alternancia obtuvieron éxitos limitados al conseguir acabar con el pasivo de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y al echar a andar una reforma energética que apenas le permite a Pemex sobrevivir algún tiempo más, sin poder potenciar al máximo la explotación y refinación del crudo en beneficio del país en su conjunto. En el terreno de la televisión abierta y restringida, se repitió el viejo modelo de no tocar los intereses de los dos grupos dominantes, Televisa y TV Azteca, facilitando la concentración de todo el espectro de las telecomunicaciones en tres actores fundamentales: los dueños de las dos televisoras y el dueño de la compañía telefónica.

Es éste el nudo que la administración calderonista no ha podido deshacer. La posible entrada de nuevos actores ha sido imposible en este esquema a menos que se alineen del lado de alguno de los bloques. La llegada de jugadores independientes no es aceptable para las partes, y el gobierno ha carecido de la voluntad política e instrumentos jurídicos para replantear las reglas del juego, de manera tal que todos tengan una parte competitiva del mercado, y que nadie pueda establecer condiciones de dominancia como hasta ahora.

Por lo pronto, la solución a este complejo problema queda heredada a la próxima administración priísta. Descalificaciones verbales y recursos jurídicos son hoy sólo una muestra de que el nudo no fue desenredado, lo que ocasionó un choque de trenes ante la imposibilidad de establecer una política pública de comunicación que, desde el Estado, fijara las nuevas reglas de la competencia en todos los ámbitos.

Los monopolios, públicos y privados son hoy otro de los grandes obstáculos que hacen de México un país atrasado, no competitivo y, por lo tanto, alejado de los altos niveles de productividad en los mercados internacionales. Algo que deberá atender Peña Nieto de forma rápida y efectiva.
13 Agosto 2012 03:00:19
Dos tiburones
Mucho se especula respecto a la conformación del gabinete de Peña Nieto, principalmente en el terreno de la negociación política y el manejo de la economía. Sin embargo, en este periodo de transición, donde la definición de posiciones en el Congreso se convierte en el primer mensaje a emitir por parte de quienes serán los responsables de gobernar al país a partir de diciembre, los nombramientos de Manlio Fabio Beltrones al frente de los diputados y Emilio Gamboa ante los senadores, definen claramente el nivel en el que se manejará el trabajo legislativo en la próxima administración.

Los dos personajes han tenido una amplia experiencia en estas tareas en el pasado. Son parte de esa vieja clase política priísta que operó con las reglas del modelo del presidencialismo absoluto y que no sólo sobrevivió la transición democrática, sino que aprendió a negociar en el marco de un esquema que exige capacidad de pactar con adversarios y no sólo con miembros del partido sometidos a una estricta disciplina jerárquica. Beltrones y Gamboa son dos interlocutores legítimos tanto para priístas como para buena parte del perredismo y el panismo.

Hay que recordar que fue precisamente Manlio quien lanzó las reformas desde el Senado, encontrando resistencias en la bancada priísta de la Cámara Baja. La de Beatriz Paredes y el propio Enrique Peña Nieto, quienes en ese entonces veían a Manlio como un competidor por la candidatura a la Presidencia. Y si finalmente ese PRI peñista impidió la aprobación de reformas en la administración panista; hoy, el propio Peña requiere de Beltrones y de Gamboa para obtener el apoyo del PAN y conseguir los cambios legislativos indispensables para transformar al país y de paso demostrar que los priístas sí saben cómo gobernar.

Ni Gamboa ni Manlio eran figuras cercanas a Peña Nieto. Pero la posibilidad de regresar a la Presidencia a través del ex gobernador mexiquense, generó en el PRI el fenómeno de unidad partidaria inexistente desde la elección del 2000. La designación de estos dos tiburones de la política al frente de los legisladores tricolores va exactamente en ese sentido. Políticos con capacidad excepcional para operar, ajenos al círculo cercano del próximo presidente, pero con la fuerza suficiente para controlar los intereses de los gobernadores a través de sus diputados y senadores, hacen de la dupla Gamboa–Beltrones el eje del proyecto político de Peña, con un peso mucho mayor del que tendrá quien vaya a ocupar la Secretaría de Gobernación.

Y es que si la característica principal de las dos administraciones panistas fue la ausencia de operadores eficaces capaces de conseguir acuerdos, aquí los priístas se juegan el todo por el todo. No tienen piezas de mayor calibre que estos dos personajes, por lo que queda claro que la gran apuesta está en sacar las reformas en el primer año de gobierno, aprovechando el impulso ganador y la destreza de estos operadores. El éxito de esta tarea radica en saber repartir los costos y las ganancias de estas modificaciones legislativas, de manera tal que tanto la oposición como el gobierno se vean beneficiados y, por lo tanto, estén dispuestos a compartir los riesgos.

El PAN insistirá en que lo que hoy se quiere aprobar es exactamente lo que el PRI se negó a aceptar en los últimos años de la administración de Calderón. La respuesta priísta a este argumento alude a la falta de claridad por parte de un gobierno que durante seis años careció de una voz que hablara por el presidente, y sí muchas que asumían la representatividad de diversos sectores del mismo gobierno. El fracaso de Calderón en este sentido hay que ubicarlo en la falta de operadores profesionales, y en el intento por funcionar a partir de la presencia de amigos confiables pero ineficientes.

Nadie en el espectro político puede descalificar a la dupla Beltrones–Gamboa. Podrán criticarlos por su pasado autoritario, pero no por su falta de interlocución política que es lo que hoy necesita el país.
06 Agosto 2012 03:00:04
¿Cómo empezar?
El debate sobre qué tipo de país queremos construir en los próximos años tiene que ver con la definición de prioridades. Crecer y redistribuir ingreso para reducir la pobreza y disminuir las enormes desigualdades existentes en una nación donde la concentración de la riqueza es no sólo grosera, sino que representa un obstáculo para el propio desarrollo integral del país, es el eje de la polémica que diferencia una posición política de otra. En el marco de economías globalizadas, en donde es imposible pensar en modelos fuertemente proteccionistas, las posibilidades se reducen en la medida en que la fuerza de los mercados supera por mucho la capacidad de los Estados de maniobrar para reducir los impactos procedentes del exterior.

Por supuesto que el principal obstáculo es el que reside en la necesidad de romper con los privilegios heredados del viejo modelo de crecimiento hacia adentro. Empresarios protegidos por exenciones fiscales o por la inexistencia de competidores capaces de obligarlos a mejorar calidad y precio se envuelven en la bandera nacional para evitar modificar la forma tradicional de hacer negocios. Están además los políticos que por convicción o interés insisten en mantener un sistema que les perpetúe una clientela electoral como garantía para permanecer en algún cargo.

Pero más allá de esta disputa, que se presenta incluso en el interior de los partidos políticos nacionales, está la discusión de por dónde empezar a cambiar las cosas. Hay quien plantea que el primer paso una vez garantizada la estabilidad macroeconómica es el de proporcionarle al Estado todos los recursos económicos necesarios para darle viabilidad a sus funciones de generador de infraestructura en todo sentido: seguridad, educación, transporte, vialidades, etcétera. Para ello es necesario un cambio tanto en la forma como en la cantidad de impuestos a recolectar. Cómo recaudar más y obtener más ingresos de los que más ganan, sin que esto termine por deprimir la inversión, es el dilema a resolver.

En este sentido es fundamental encontrar una fórmula que tape los hoyos por donde el Impuesto al Valor Agregado pierde capacidad de recolección, con un Impuesto Sobre la Renta relativamente bajo pero con el menor número de gastos deducibles posibles. El que más gasta más impuesto paga, y el que más gana también, sin que esto se convierta en un mecanismo inhibidor de la generación de riqueza. La eliminación de privilegios fiscales al mínimo y el retorno del IVA a los sectores más pobres de la sociedad a través de programas sociales eficientes son los elementos adicionales para una reforma fiscal integral.

Estos reacomodos políticos y fiscales forman parte de las decisiones a tomar por parte de la próxima administración encabezada por Peña Nieto y el PRI. Impulsar un pacto político con una parte de la oposición para darle la legitimidad necesaria a los cambios a realizar, u optar por avanzar con la mayoría mínima que le otorgan los aliados de los tricolores, es quizá la primera gran decisión del próximo gobierno. Si logra romper con la inercia paralizante de los últimos 12 años, Peña iniciará su sexenio en condiciones diferente a sus antecesores. El dilema sigue siendo el mismo: ¿cómo empezar?

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