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Ana Laura Magaloni
Ana Laura Magaloni
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07 Febrero 2015 04:00:47
Los oportunistas y la justicia
El próximo jueves se llevará a cabo en Monterrey el foro sobre justicia cotidiana para emprendedores convocado por varias instituciones (CIDE, Escuela de Gobierno del Tec, IMCO) a petición del presidente Enrique Peña Nieto. Para ello, junto con algunos colegas, he llevado a cabo varias entrevistas con empresarios pequeños, medianos y grandes, así como con abogados de distintas especialidades. Las historias que nos han contado me han permitido comenzar a armar un rompecabezas que explica una parte importante y poco atendida de nuestro estancamiento económico. Un sistema de justicia corrupto y manipulable como lamentablemente llega a ser el nuestro deja muchas veces indefenso al honrado y emprendedor y premia al oportunista y al abusivo. En ese contexto, las grandes empresas padecen pero pueden asumir los costos que ello tiene, las pequeñas y las medianas, en cambio, se mantienen en la cuerda floja o se caen.

Por ejemplo, según me comentaba un empresario mediano, el despido de un trabajador se le convirtió en una pesadilla. El abogado del trabajador sobornó a la Junta y con ello se determinó que su abogado no había acreditado su personalidad en juicio, a pesar de haber exhibido un poder notarial en regla. Eso significaba que ninguna de las pruebas que había exhibido se podía tomar en cuenta. Sin personalidad jurídica, era como si no hubiese existido una defensa. A través de un amparo, el abogado del empresario logró revertir esa decisión de la Junta. Sin embargo, los dos años que le tomó que ello sucediera significó que el costo del despido pasara de 300 mil a un millón de pesos. La reforma laboral no logró que los salarios caídos dejasen de ser el botín de los abogados chicaneros. Vale la pena aclarar que el principal beneficiario de ese millón de pesos no fue el trabajador sino su abogado. El trabajador muchas veces es estafado por su propio defensor.

Un abogado experto en el cobro de deudas me comentaba que cuando una empresa intenta hacer efectivo un contrato que involucra más de 3 millones de pesos, “el tamaño de la chequera de cada una de las partes es lo que generalmente determina quién gana y quién pierde”. Según este abogado, en litigios que involucran grandes sumas de dinero es frecuente que los jueces acepten sobornos y que para esconder su corrupción utilicen formalismos jurídicos que le permiten ganar el juicio a quien los sobornó. Varios abogados entrevistados sostienen que en un sistema de justicia corrupto, las formas prevalecen sobre el fondo del conflicto. Además, la batalla legal en litigios de grandes sumas de dinero, según comentan, llega a involucrar a la justicia penal: corrompiendo al MP se puede meter a la cárcel a la contraparte y corrompiendo al juez penal se logra que se le ponga en libertad, siempre y cuando haya accedido a lo que le pide su adversario. Basta un día en la cárcel para acceder a cualquier petición de la contraparte. Esta es la forma más rápida de terminar un asunto.

Pequeños, medianos y grandes empresarios se quejan amargamente del desorden regulatorio que facilita la corrupción de las autoridades administrativas de los tres niveles de Gobierno. Para evitar la clausura de un negocio o la imposición de grandes multas es necesario darle “mordidas” a inspectores y autoridades. La suma mensual de estas mordidas no es menor y va socavando la solvencia económica de las pequeñas y medianas empresas. El desamparo es total: no hay forma de controlar este tipo de corrupción a través de los procesos judiciales.

Estas historias y muchas otras que he escuchado en estos días revelan una realidad de nuestro país: hay quienes, utilizando el sistema de justicia, extraen rentas a los emprendedores. Es decir, los acaparadores de rentas se apropian, utilizando artimañas legales, del trabajo y esfuerzo de quienes buscan honradamente prosperar. Si queremos que exista productividad y crecimiento económico, tenemos que lograr que los oportunistas y sus cómplices no se salgan con la suya, sin importar de qué tamaño sea su chequera. Ese, me parece, debería ser el eje central de la reforma al sistema de justicia en el ámbito empresarial.
24 Enero 2015 04:00:41
Reformar poquito
Bajo el lema de que el Distrito Federal ponía en marcha el sistema de juicios orales, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías, pusieron en marcha un sistema para que se resuelvan de otra manera las denuncias por delitos no graves. Tal es el caso, por ejemplo, de lesiones que no ponen en peligro la vida, fraude, hostigamiento sexual, allanamiento de morada, violación de correspondencia, robos de cuantía menor, ataques a la vía pública, amenazas, entre muchos otros. Estos casos se resolverán a través de procesos de mediación y conciliación. Ya no se va a tratar de que se juzgue y sancione con cárcel a quien los comete. Lo que ahora se va a maximizar es que exista un acuerdo que repare el daño a la víctima.

Esta es una muy buena noticia para los que habitamos esta ciudad. No hace ningún sentido sancionar con cárcel este tipo de conductas. Hay que diferenciar, en términos de sanciones, a quien se roba un pan dulce de quien secuestra o mata a otra persona. Es un principio elemental de justicia.

Sin embargo, con toda la relevancia en términos sociales que tiene esta reforma, me temo que no llega al corazón de la transformación que necesita el sistema de procuración e impartición de justicia. Por la categoría, más mediática que jurídica, de “sistema de juicios orales” yo entiendo la transformación de un sistema de persecución y enjuiciamiento penal autoritario a uno propio de un régimen democrático.

En las coordenadas de un régimen autoritario con baja incidencia delictiva como fue el caso de México hasta la década de los 80, la función principal de la Procuraduría no fue la de la investigación y persecución criminal propiamente, sino la de ser el aparato coactivo del régimen político. En este sentido, las procuradurías estatales y federal, y no las Fuerzas Armadas propias de las dictaduras militares, constituyeron la principal amenaza creíble de castigo a los detractores del régimen o a los que desafiaban a los amigos del poder. Ello exigía una institución que funcionara con enormes márgenes de discrecionalidad política y con una fuerte disciplina interna por parte de la policía y los ministerios públicos con la cabeza de la institución. Asimismo, dicho aparato coactivo requería de un Poder Judicial débil y sumiso que simplemente se dedicara a avalar las acusaciones del MP y cerrara los ojos a la arbitrariedad.

La policía judicial fue (y es) la pieza clave del sistema. Podía detener a cualquiera, torturarlo y armar una acusación. El MP le daba “forma legal” a la arbitrariedad, a través de integrar un expediente con un montón de papeles. El juez era un simple ratificador de la acusación penal del MP, no ejercía ningún tipo de control a la Policía, ni tampoco era un árbitro imparcial entre el acusado y el MP.

Hoy ese mismo sistema funciona más o menos igual pero en un contexto de alta incidencia delictiva y enorme descentralización del poder. Ello hace que beneficie a quienes lo pueden manipular y corromper. La vieja disciplina interna de policías y MP con la cabeza de la institución se resquebrajó. Ahora, en mayor o menor medida, policías, MP y jueces tienen formas de vender impunidad o fabricar culpables.

Posiblemente queremos que ello cambie pero no estamos dispuestos a asumir los costos. Por un lado, están quienes piensan que, en un contexto de alta incidencia delictiva, contra los delincuentes debe valer todo. Los derechos de debido proceso del acusado son meros formalismos legales de los abogados. Lo que cuenta realmente es atraparlos. La calidad de las acusaciones y los juicios no hacen sentir más seguro a nadie. Por otra parte, están los que no les conviene una reforma de fondo al sistema penal. En México miles de pleitos de deudas, de familia o entre políticos se resuelven porque se utiliza el sistema penal y la cárcel como amenaza para someter a la contraparte. Hay muchos interesados en que ello no cambie.

Bajo estas coordenadas, lo que sucede con la reforma “de juicios orales” es lo que vemos en el DF: las salidas alternas en delitos menores, que hacen mucho sentido, pero dejan intacto el corazón autoritario de la justicia penal en México y los intereses que éste protege.
10 Enero 2015 05:12:52
El buen juez…
El triunfo del ministro Aguilar sobre el ministro Zaldívar para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no fue, en mi opinión, la victoria de los conservadores sobre los liberales en la manera en que se resuelven los casos en el máximo tribunal. En términos jurisdiccionales, el presidente de la Corte sólo tiene un voto, como todos los demás ministros. Con Aguilar o Zaldívar a la cabeza, la Corte sigue siendo la misma en términos ideológicos. Tenemos una Corte más conservadora que liberal y más apegada a la tradición que a la innovación, por decirlo de alguna manera. Este balance ideológico entre los ministros no cambia por quién ocupa la presidencia.

Lo que sí cambia, y es crucial para el Poder Judicial federal, es quién encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. Como todos sabemos, el presidente de la Corte es también el presidente del Consejo. Es en ese órgano colegiado en donde están las asignaturas pendientes más importantes de la administración del Poder Judicial y los retos más complicados para quien lo encabeza.

En mi opinión, existen dos retos cruciales para Aguilar Morales. El primero se llama corrupción. Por lo que pudimos observar hace algunos meses en el caso del Zar de los Casinos, Rojas Cardona, la corrupción de los jueces federales es un fenómeno complejo que opera en redes y, lo más preocupante, que llega hasta el Consejo de la Judicatura Federal. Hasta ahora los órganos, dentro del Consejo, encargados de investigar y sancionar los casos de corrupción judicial han mostrado su inoperancia. Nada está diseñado para que
se sancione a los corruptos. Todo lo contrario. Le toca al ministro Aguilar Morales liderar e impulsar el rediseño de los procesos de fiscalización, mejorar sustantivamente la capacidad de investigación y detección de las redes de corrupción judicial, desarticularlas, sancionar a los responsables y mandar un mensaje contundente de que no se va a tolerar ningún acto de corrupción en el Poder Judicial. Una parte importante del éxito de las reformas estructurales de la administración de Peña Nieto pasa por garantizar que existen
jueces federales imparciales, capaces y honestos para resolver cualquier conflicto que la implementación de estas reformas suscite. Sobra decir que ello es de vital importancia para atraer inversiones y para generar nuevos mercados.

El segundo gran reto de Aguilar Morales se llama meritocracia. Hay que fortalecer la carrera judicial y terminar con el amiguismo y el compadrazgo tan arraigados. En la práctica, muchos más funcionarios aprueban el examen para juez o magistrado de las plazas que se abren. Por ello, es frecuente que la relación personal de los aspirantes con los consejeros de la judicatura sea crucial para llegar a ser juez o ascender a magistrado. El ingreso, permanencia y promoción de todos los juzgadores federales todavía depende de las
relaciones personales de los aspirantes con las cabezas de la institución. Es sabido en el gremio que los consejeros tienen incidencia en las decisiones de los jueces y magistrados federales. Asuntos en donde hay mucho dinero de por medio son potencialmente asuntos en donde el juez puede recibir “instrucciones” de sus superiores. Esto da en el corazón mismo de la independencia y la credibilidad judiciales. Por la encrucijada en la que se encuentra el país, Aguilar Morales tiene una gran oportunidad para romper estas prácticas perversas.

El nuevo ministro presidente de la Corte sabe de qué están hechas todas estas prácticas judiciales que deben cambiar. Dada su trayectoria profesional, todos los jueces y magistrados federales lo miran como de casa, lo respetan a priori por ello. Esta es una ventaja que ojalá Aguilar Morales sepa aprovechar. Como dice el dicho, “el buen juez por su casa empieza”.
13 Diciembre 2014 04:00:40
Impunidad
Impunidad se ha convertido en una palabra para invocar el corazón de la crisis de seguridad y de justicia que estamos viviendo. Creo que es muy importante ponernos de acuerdo a qué nos referimos cuando hablamos de impunidad, pues de lo contrario se pueden llevar a cabo graves injusticias.

Si de lo que se trata cuando hablamos de impunidad es que todo el que viole la ley sea sancionado, me temo que estamos poniendo una meta inalcanzable. El punto de partida para diferenciar lo posible de lo deseable implica partir de una premisa elemental: las instituciones de persecución criminal y de justicia tienen capacidades limitadas. No van a poder sancionar todas y cada una de las violaciones a la ley. En el ámbito penal, por ejemplo, en Chile, sólo 8.3% de los delitos denunciados en 2008 terminaron con un responsable en la cárcel. Estoy hablando del mejor sistema de persecución criminal de América Latina. En el Distrito Federal, en ese mismo año, la tasa de castigo fue de 10%, pero con una mucho menor calidad en el proceso que en el caso chileno. Las diferencias entre entidades federativas, en el caso de México, son enormes. El Estado de México, por ejemplo, en 2008 tuvo una tasa de castigo de 3 por ciento. Mi argumento central es que es una fantasía siquiera pensar que es posible detectar, perseguir y encarcelar a todos aquellos que infringen las leyes penales (o de cualquier otro ámbito). Las limitaciones propias de la persecución criminal obligan a definir prioridades. La pregunta a hacernos, para luchar contra la impunidad, es qué delitos, entre el universo de denuncias, es imprescindible o prioritario sancionar. En Chile, por ejemplo, la tasa de castigo de homicidio es de 91%, mientras que en México el promedio nacional, según un estudio de México Evalúa, es de 20 por ciento.

En este sentido, cualquier estrategia contra la impunidad con posibilidades de éxito tiene que comenzar por priorizar conductas delictivas a perseguir y asumir que, a lo mucho y es una meta altísima, es posible sancionar con cárcel 20% de los delitos que se denuncian. ¿Cómo establecer prioridades? ¿Qué consecuencias tiene no hacerlo?

Una de las gravísimas consecuencias de pedirle a nuestro corrupto y colapsado sistema penal más casos resueltos con un responsable en la cárcel es que fácilmente ello se torna en una cacería de brujas para los jóvenes y los grupos más vulnerables. Ejemplo paradigmático de ello fue la política de la procuraduría capitalina de exigir cuotas de consignación a los MPs. Esta política se estableció en 2005, con Bátiz a la cabeza. En ese año, según la Encuesta a la Población en Reclusión del CIDE, 47% de los internos sentenciados en el DF estaban por robo simple sin violencia y de éstos 43% habían robado menos de 500 pesos. La lucha contra la impunidad, entendida como un mayor número de casos resueltos por la procuraduría, llenó la cárcel de personas que no tendrían que estar ahí, con toda la tragedia e injusticia que ello trajo consigo para ellos y sus familias. Pero, además, los recursos humanos y materiales que se dedicaron a la persecución del robo menor no se destinaron a perseguir los delitos violentos como el secuestro y el homicidio. Las cuotas de consignación generaron incentivos para que los MPs persiguieran casos fáciles y rápidos de consignar y dejaran a un lado los casos más graves y complejos.

Abatir la impunidad en nuestro país, creo yo, tiene dos prerrequisitos: 1) la construcción de un sistema confiable en donde la probabilidad de castigar a un inocente sea mucho más baja que la que hoy tenemos, y 2) definir y justificar públicamente cuál debe ser ese 20% de casos a los que se le va a dar prioridad. Si no pasan estas dos cosas, lo que va a suceder es que veremos más pobres y marginados en la cárcel. Con ello, sólo se reforzará la percepción colectiva de que la ley no es igual para todos y que hay algunos grupos sociales intocables.

29 Noviembre 2014 05:06:14
La justicia olvidada
El pasado jueves, en el mensaje a la nación del presidente Enrique Peña Nieto, habló de la relevancia de atender la demanda de justicia insatisfecha. En concreto, señaló que existe una justicia olvidada, la justicia cotidiana, a la que se enfrentan los ciudadanos ordinarios de nuestro país. Dio varios ejemplos: la mujer a la que le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su sueldo, el acreedor que no puede cobrar una deuda, el propietario al que no le pagan la renta. En todo este tipo de asuntos, el Presidente destacó que los procesos judiciales son lentos, complejos y costosos, lo que los hace inaccesibles para muchos. Solicitó al director general del CIDE, Sergio López Allyón, que organice foros y mesas de discusión con especialistas para que en 90 días exista un conjunto de propuestas para solucionar estos problemas. En la próxima legislatura, el Presidente piensa impulsar una agenda amplia de reformas legales para mejorar la justicia cotidiana.

Me dio mucho gusto escuchar al Presidente hablar de un problema que era prácticamente invisible para la agenda pública. La justicia olvidada es quizá una de las mayores asignaturas pendientes de la gobernabilidad democrática de nuestro país.

Nuestra crisis de gobernabilidad nos habla de la baja capacidad del Estado mexicano para gestionar la conflictividad social en un contexto democrático. Durante nuestro pasado autoritario, la administración y pacificación de conflictos se hizo por mecanismos que no tenían que ver propiamente con las instituciones legales. Tales mecanismos estaban centrados en la capacidad discrecional de las autoridades para administrar los premios y castigos políticos, económicos y legales. Las instituciones de justicia siempre estuvieron en la periferia.

El contexto cambió. La pluralidad democrática y la descentralización del poder hacen que tengan que ser las instituciones de justicia el centro gravitacional de la gestión y pacificación de la conflictividad social. Sin embargo, los procesos judiciales en México no fueron pensados para una sociedad de las características de la nuestra. Un buen ejemplo de ello es lo que sucede con el Juicio Ejecutivo Mercantil. A nivel normativo este proceso judicial está diseñado con tal nivel de complejidad procesal que no es posible intentar cobrar una deuda sin contratar un abogado. Ello sería razonable si estuviesen en juego grandes sumas de dinero. Sin embargo, según un estudio elaborado por el CIDE y el Banco Mundial, en el año 2000, 50% de los juicios mercantiles en el DF reclamaban sumas inferiores a 30 mil pesos. Asuntos de esa cuantía tendrían que resolverse en una sola audiencia oral, sin necesidad de un abogado y con una sentencia expedita y pragmática. Es decir, el mecanismo de solución de un conflicto de cobro de deudas no tiene nada que ver con las necesidades de al menos la mitad de los usuarios del sistema, ya ni se diga de la mayoría de la población. Los ejemplos de este desfase entre la oferta y la demanda de justicia son muchísimos.

¿Cómo queremos vivir en paz si el sistema de justicia no puede hacerse cargo de una buena parte de la conflictividad social? Para muchos, muchísimos, mexicanos las instituciones de justicia son inaccesibles e irrelevantes. Pocos tienen el dinero para contratar a un abogado y acceder a un tribunal. Además, una vez accediendo a un juez, los procesos son barrocos, oscuros e inciertos. Ello hace que las instituciones de justicia tengan un bajo impacto en la pacificación de los conflictos sociales más recurrentes.

Sin acceso a la justicia, el orden social es muy autoritario y vertical. En muchos municipios, barrios y colonias de México lo que opera es la ley del más fuerte. El que tenga la fuerza, la influencia o el dinero se impone sobre el otro. El abuso y la indefensión son la regla. La violencia siempre está latente.

Sacar de la penumbra a la justicia olvidada como lo hizo ayer el Presidente es buscar construir los nuevos asideros de gobernabilidad democrática. Se trata de pasar de un viejo y obsoleto sistema de gestión de conflictos de carácter político a uno en el que sean las instituciones legales y las normas jurídicas la forma de dirimir y pacificar nuestras diferencias. El impacto que ello puede tener en nuestra vida colectiva es enorme.
15 Noviembre 2014 05:00:35
Nuestra indolencia
Dos imágenes de estos días me han conmovido al extremo. Son imágenes opuestas pero ambas retratan a un mismo país, a una misma sociedad. Es el país de una sociedad indolente, autocontenida, con poca empatía con el dolor de otros y muy poco solidaria. También es el país de una élite, muy acomodada, en donde, en realidad, todo este dolor es “de los otros”, no nos quita el sueño. No nos indigna lo suficiente.

La primera imagen es de esta jovencita, de no más de 20 años, que acudió el martes pasado a la parroquia de San Gerardo, en Iguala, para llenar una ficha para ver si el ADN de alguno de los cadáveres recientemente encontrados en las fosas clandestinas de esa zona coincide con el de su marido, que desapareció hace dos años. La jovencita,
explica ante las cámaras de televisión, lo ha buscado incesantemente todo este tiempo. Las autoridades no han hecho nada al respecto. La ventana de oportunidad se abrió cuando, buscando a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, encontraron a “estos otros”, determinaron su ADN y, quizá, uno sea su marido. Junto a esta jovencita, había muchas otras
personas en la parroquia de San Gerardo en la misma situación: esperando que el ADN de alguno de los cadáveres encontrados sea el de su hijo o su esposo para poder, al menos, terminar la búsqueda y comenzar el duelo. ¿Por qué la tragedia de todas estas personas ha sido prácticamente invisible para el debate público y las agendas
gubernamentales?

La segunda imagen tiene que ver con los dos testimonios de los actores materiales de la cremación de los que quizá sean los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las imágenes se hicieron públicas durante la conferencia de prensa del procurador Jesús Murillo Karam el viernes pasado. Lo que más me impresiona de esos testimonios es que describen una
escena de horror como si estuviesen hablando de un trabajo cotidiano, monótono, sin importancia. Los cadáveres, para ellos, eran casi como costales de papas que movían de un lado a otro. No se siente en el tono de su voz ningún remordimiento, vergüenza o, siquiera, enojo. Lo que hay es la extrema indolencia. ¿Qué tuvo que haber pasado en la
biografía de esos jóvenes para terminar así de desconectados?

Ambas imágenes nos hablan de la característica de nuestro tiempo: la falta de empatía de unos con otros. Ello es muy fácil ver cuando se habla de los actores materiales de la cremación. Pero no así cuando hablamos de nuestra indolencia con los cientos de familias que buscan a un ser querido. Aunque no existe un dato oficial, el número, según
fuentes periodísticas, ronda entre 20 y 25 mil desaparecidos de la administración anterior. La cifra se parece a lo ocurrido en Argentina o en Colombia pero en un lapso mucho más corto. No es un escándalo nacional. Las autoridades, la prensa, la televisión, la opinión pública prácticamente no hablan de ellos, ni de sus familias, ni del desastre de las
procuradurías para siquiera abrir una averiguación. Hemos intentado poner todo este dolor debajo del tapete para imaginarnos que podemos llegar a ser un país moderno. Ayotzinapa, finalmente, empieza a sacar estos horrores con una fuerza que no había existido antes.

Tenemos una gran asignatura pendiente como país: volvernos a conectar unos con otros. No va a haber prosperidad y éxito económico sin ello. El impacto de la guerra de los buenos contra los malos del sexenio pasado terminó por demoler nuestro precario orden social. Para construir otro orden, necesitamos un proceso de reconciliación, como toda
sociedad que vive una guerra.

¿Cómo entrarle a un reto de estas dimensiones? Yo entiendo que la administración se haya quedado pasmada. Le toca al presidente Enrique Peña Nieto nada más ni nada menos que liderar este complicado proceso de reconciliación y colocar las piezas para construir un orden distinto, mucho más igualitario y justo.
01 Noviembre 2014 02:00:06
¿Para qué la CNDH?
Mucha tinta, sudor y lágrimas está tomando la elección del presidente de la CNDH. Sin embargo, antes de definir quién debe presidir la Comisión, deberíamos debatir ampliamente para qué queremos la CNDH. Los datos indican que esta institución ha perdido fuerza política y utilidad social en un momento muy complicado para el país en términos de gobernabilidad y de eficacia de derechos humanos. Necesitamos reinventar a la Comisión. En concreto, necesitamos pasar de la arena política a la arena jurisdiccional la defensa y protección de los derechos humanos de los más débiles.

La democratización y descentralización del poder han vuelto obsoletos los viejos mecanismos de control político con los que cuenta la CNDH para fiscalizar a la autoridad y proteger a los grupos más vulnerables de las violaciones a sus derechos humanos. Algunos datos básicos dan muestra de ello.

Según los informes de actividades de la CNDH, de 2009 a 2013, en promedio sólo 3.4% de las recomendaciones que emitió la Comisión cada año se cumplieron cabalmente. Estamos hablando más o menos de tres recomendaciones al año. En franco contraste, el número de recomendaciones no aceptadas por la autoridad siempre superó los dos dígitos. En 2009, el peor año en términos de no acatamiento, de 78 recomendaciones, 25 no fueron aceptadas por la autoridad, es decir, 35%. En contraste, 10 años antes, en 1995, según los informes de actividades de la CNDH, de las 166 recomendaciones, 26% fueron cumplidas a cabalidad y 52% parcialmente. Es decir, en casi una década pasamos de 26% a 3% de cumplimento cabal de las recomendaciones de la CNDH. Claramente la Comisión perdió fuerza en un contexto democrático.

También sabemos, por los informes de actividades, que la inmensa mayoría de las quejas que se presentan al año se resuelven por orientación al quejoso o por conciliación con la autoridad. Sería importante evaluar la calidad de los acuerdos a los que llega la Comisión con las autoridades y si estos se cumplen o no. Yo sospecho que si no se cumplen las recomendaciones que son visibles en términos mediáticos, tampoco se deben cumplir los acuerdos que se llevan a cabo en lo oscurito.

El problema de fondo es que los mecanismos de protección de derechos humanos que tiene la Comisión -recomendación, conciliación y orientación al quejoso- son fórmulas desgastadas y poco efectivas en un contexto democrático. Los jueces de amparo tienen mucho mejores instrumentos que la CNDH para ese propósito. De punto de partida sus sentencias sí son vinculantes jurídicamente y si la autoridad no las acata, los jueces pueden inclusive ordenar su destitución. Sin embargo, el acceso a los jueces es restringido: sólo quienes tienen dinero e información para contratar a un buen abogado pueden defenderse a través del amparo. Para que ello comience a dejar de ser así, y esta es una idea que hemos expuesto mi colega Carlos Elizondo y yo en un artículo que está por salir en la revista “Nexos” del mes de noviembre, la CNDH debería servir para garantizar a los más vulnerables el acceso real y efectivo a un tribunal. Es decir, la CNDH debería transformarse en una defensoría pública en dos ámbitos: casos penales y casos de violación a derechos humanos. Lo que tenemos en mente es una institución similar al Defensor del Pueblo de Colombia.

México está en uno de esos momentos excepcionales y necesita saber, urgentemente, que la justicia, y no la fuerza, es la mejor manera de pacificar nuestras diferencias y de volvernos a hilvanar como colectividad. No hay forma de conciliarnos con la justicia sin garantizar que el acceso a un tribunal no dependa de la capacidad económica del agraviado. Un principio elemental de igualdad que en México está muy lejos de ser garantizado.
18 Octubre 2014 03:00:51
Un duelo colectivo
Ya son 19 fosas clandestinas las que se han encontrado en Guerrero desde que desaparecieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. ¿Quiénes son esos muertos? ¿Quién los llora? ¿Quién los busca? ¿Quiénes son sus esposas, sus hijos, sus madres? No son, hasta donde sabemos, los estudiantes desaparecidos. No obstante, viendo el cementerio clandestino que es Guerrero, uno se espera lo peor. Lamentablemente no creo que aparezcan con vida.

La historia de las fosas en Guerrero no es nueva. En 2005 se descubrió una de las primeras en Tecpan. Desde ese entonces hasta antes de los acontecimientos de Iguala se habían localizado 38 fosas con más de 200 cadáveres.

La tragedia de Guerrero es inconmensurable. ¿Qué hacer frente a ello? Creo que el fin de la barbarie en nuestro país necesita de un duelo colectivo y un gesto real de solidaridad con las familias de los desaparecidos y los muertos. Quizá el caso de Iguala nos permita poder tener por primera vez este duelo pendiente, por los miles de muertos, en su inmensa mayoría jóvenes varones de bajos ingresos, que, desde 2008, han perdido la vida en esta guerra inacabable del crimen organizado. Iguala es otra historia de horror más, que se suma a las de Villas de Salvárcar, en Chihuahua, donde acribillaron a 17 jóvenes en una fiesta; la de San Fernando, en Tamaulipas, en donde mataron a 72 migrantes; a la de Veracruz, en donde un día aparecieron 35 cadáveres arrojados a la vía pública; a la de Tlatlaya, donde soldados asesinaron a 22 jóvenes detenidos, entre muchas otras.

Algo cambió en México con la administración de Peña Nieto y ello permite que pueda existir este duelo. En el sexenio de Calderón, el discurso de la autoridad y de una parte importante de la élite y la opinión pública era que estos jóvenes muertos eran pandilleros y que, por tanto, se lo merecían o, al menos, era inevitable que les sucediera. Con los estudiantes de Ayotzinapa, en cambio, el Gobierno federal no los ha criminalizado, no ha resaltado sus posibles lazos con el ERPI, ni tampoco ha creado un clima de linchamiento y venganza. Lo que está haciendo el procurador Jesús Murillo Karam es lo que se debe hacer: investigar qué pasó, armar una historia veraz, recabar las pruebas y llevar a juicio a los responsables.

La mejor manera de que las familias de los muertos y desaparecidos puedan procesar su dolor es conociendo la verdad: qué pasó, por qué, quiénes lo hicieron, cómo lo llevaron a cabo, etcétera. Ese es el trabajo central de la procuración de justicia. Las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se derivan de este asunto requieren, primero que nada, una investigación seria, de lo contrario lo que existe es una cacería de brujas o un linchamiento político.

En este sentido, me parece equivocada la propuesta del PAN de desaparecer los poderes en Guerrero. La gobernabilidad de la entidad es tan pero tan precaria que esa decisión no es de un partido político. Se requiere sobre todo que las instituciones de seguridad e inteligencia federales evalúen si ese es el mejor camino para recobrar la gobernabilidad en Guerrero. No se trata de proteger a nadie. Se trata, sobre todo, de cómo recuperar eficazmente a Guerrero lo antes posible. Anunciar a la prensa esta propuesta de desaparición de poderes y pedir, además, que se remueva a Jesús Murillo Karam es intentar sacar algún beneficio político de la tragedia sin medir los enormes costos sociales que ello puede tener en la entidad. En lo personal, creo que muy pocos podrían llevar a cabo una investigación seria y creíble del caso de Iguala y uno de ellos es Murillo Karam. Es irresponsable solicitar su remoción.

Nos alcanzó el destino. Es momento de ver qué nos dice Iguala de esta colectividad llamada México, qué nos dice de su clase política, de su élite, de sus policías, de sus instituciones. Qué nos dice Guerrero del desencanto y frustración de los jóvenes y de su capacidad de violencia y crueldad de unos contra otros. En nuestro país, hay muchos jóvenes profundamente enojados y frustrados. ¿Qué nos toca hacer a todos para que ello cambie?
04 Octubre 2014 03:00:53
Fiscalía anticorrupción
El tema de la reforma anticorrupción se ha convertido en un tema viral. En foros académicos, aulas de clase, tertulias, sobremesas se escucha de forma recurrente señalar que al presidente Enrique Peña Nieto le falta impulsar una reforma profunda en materia de corrupción y que ésta debe ir acompañada del castigo ejemplar de al menos cuatro o cinco “peces gordos”.

Me queda claro que la gente quiere ver rodar cabezas y lo entiendo. No obstante, hay que tener cuidado con que esta exigencia colectiva no entre en conflicto con el complejo proceso de implantación de una política anticorrupción que también dé resultados en el mediano y largo plazos.

Lo primero que deberíamos tener claro es que ninguna política anticorrupción puede estar divorciada de un gobierno eficaz, pues ello, para decirlo de manera coloquial, hace más caro el caldo que las albóndigas.

Hoy existen cientos de sistemas de control que no han disminuido la corrupción, pero sí, en cambio, han paralizado o hecho muy torpe y caro el quehacer administrativo. Un ejemplo de ello es la política de la mayoría de las procuradurías de que el MP tenga que apelar todas las sentencias en donde el imputado haya sido absuelto en primera instancia, tenga o no méritos jurídicos el caso para hacerlo. Esta política existe porque se sospecha que el MP se corrompió para perder el caso o que el juez vendió su sentencia.

Es posible que en algunos casos ello sea así. En otros no. Lo absurdo es que esta política de apelar todo caso de manera sistemática no ha afectado las prácticas corruptas del MP ni del juez, pero sí, en cambio, ha elevado innecesariamente los costos de la administración de justicia.

Es un despilfarro de recursos públicos apelar sentencias que no tienen ninguna probabilidad de ser revocadas en la segunda instancia. Ya basta de políticas anticorrupción ineficaces y costosas. Comencemos por quitarlas.

En segundo término, los que piden que rueden cabezas deben tener claro que una buena parte de las políticas anticorrupción no tienen nada que ver con la persecución criminal y el castigo.

La transparencia plena del ejercicio del gasto público y de los miles de procesos que se siguen en las distintas áreas de la administración pública para licitar proyectos, adjudicarlos, ejercer sus recursos y un larguísimo etcétera son un antídoto clave para cerrar las puertas a la corrupción.

Un fiscal anticorrupción sólo va a poder analizar un porcentaje muy pequeño del total de transacciones que se llevan a cabo todos los días en la administración pública.

¿Cuál debería ser entonces la función de dicho fiscal?

Una fiscalía anticorrupción efectiva es la que es una amenaza creíble para todos.

Es decir, es una fiscalía que hace sentir a las autoridades de todos los niveles que si los cacha en actos de corrupción, no hay manera de manipular el sistema.

Es decir, se trata de garantizar que la persecución criminal esté blindada de la política y, de manera particular, de los intereses del Ejecutivo en turno.

Ello, dada la debilidad histórica de nuestras procuradurías, es muy difícil de lograr en el corto plazo.

En México, erróneamente hemos creído que la autonomía política de las procuradurías es un asunto que tiene que ver exclusivamente con quién nombra al procurador.

Si bien ello es importante, la experiencia internacional demuestra que la autonomía de las procuradurías o fiscalías se construye principalmente con un servicio civil de carrera a prueba de balas.

Cuando cada uno de los ministerios públicos o fiscales que trabaja en la institución confía que son la calidad y calibre de los casos que lleva a juicio lo que los hace ascender en el escalafón, la institución se blinda de la manipulación política.

También, ese servicio civil de carrera genera condiciones para atraer talento y reputación a la institución.

No necesitamos sólo un zar anticorrupción que arme cinco casos ejemplares. Lo más importante, creo yo, es armar una política anticorrupción integral y, en el caso específico de la fiscalía, hay que buscar que estén los componentes que garanticen su autonomía política y su profesionalismo, aunque ello le quite espectacularidad en el corto plazo.
20 Septiembre 2014 03:00:42
Cambios en la CNDH
Dentro de unas semanas, el Senado llevará a cabo el proceso para ratificar o sustituir al actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este proceso debería servir para abrir un debate más amplio sobre cuál es la mejor manera de asegurar la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Yo creo que la CNDH fue muy importante para mover el statu quo de los derechos humanos en México durante los años de transición de un régimen autoritario a uno democrático. Sin embargo, hoy resulta obsoleta. Los instrumentos con los que cuenta la Comisión para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos dejan muy desprotegidas a las víctimas. La CNDH ha perdido fuerza y utilidad en un contexto de descentralización del poder y de pluralidad democrática. Necesitamos reinventarla.

¿Cómo se mide el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Según el informe de 2013 de dicho organismo, en ese año hubo 9008 quejas, de las cuales 86 terminaron en una recomendación. Ello no me parece extraño: la recomendación es el instrumento de presión política más fuerte que tiene la Comisión. No puede, por tanto, utilizarlo en exceso, pues deja de ser efectivo. Además, dado que la recomendación no es vinculante jurídicamente, el que las autoridades la acaten o no depende de la fuerza moral de dicho organismo, la cual ha ido disminuyendo poco a poco a lo largo del tiempo. Cada vez es más arriesgado para el presidente de la Comisión emitir una recomendación, pues cada vez se expone más a que no la acate la autoridad responsable. Recuerdo, porque trabajé ahí, la fuerza que tuvo la CNDH de Carpizo. Hoy, ¿qué político o autoridad se cimbra ante una recomendación de la CNDH?

Dadas las pocas recomendaciones, la pregunta relevante, para evaluar la gestión de la CNDH, es qué paso con las 9008 quejas que atendió, en cuántas de ellas se comprobó la violación de derechos humanos y en cuántas hubo una reparación. El Programa Atalaya del ITAM ha llevado a cabo, desde 2003, diversos estudios sobre qué pasa con las quejas de la CNDH y ha detectado muchas deficiencias para investigar las violaciones y para obtener alguna reparación. Sin duda, como lo ha destacado el ITAM, mucho se podría hacer por mejorar la tramitación de las quejas. Sin embargo, el problema de fondo prevalece: la CNDH no es amenazante como autoridad fiscalizadora de las violaciones a derechos humanos.

Necesitamos repensar las funciones de la Comisión. La CNDH debería servir para garantizar a los más vulnerables el acceso real y efectivo a un tribunal. Ésta es una idea que hemos venido trabajando Carlos Elizondo y yo en el CIDE. Hoy tenemos defensorías públicas de papel, sin presupuesto, sobrecargadas de trabajo y olvidadas por todos. Estas instituciones no cuentan con una plataforma básica para garantizar una defensa legal efectiva a quienes no tienen dinero para contratar a un abogado. Pero, paradójicamente, tenemos comisiones de derechos humanos que cuestan mucho más que instituciones equivalentes en América Latina, con abogados bien formados y bien remunerados. Así, para los pobres, no hay defensorías ni acceso a un tribunal pero sí, en cambio, comisiones de derechos humanos caras pero ineficaces.

Ello genera enormes asimetrías sociales: “para los ricos –dice Carlos Elizondo– una sentencia de amparo y para los pobres una queja ante la Comisión”. Los derechos humanos de los primeros están garantizados jurisdiccionalmente y si la autoridad no quiere acatar la sentencia, el juez puede inclusive ordenar su destitución. En cambio, para los miles que no pueden contratar un abogado, las violaciones a sus derechos humanos, en el mejor de los casos, se protegen con una recomendación de la CNDH que no vincula ni sanciona a nadie. Es increíble que hasta en el mundo de los derechos humanos, que por definición es el mundo de los excluidos y vulnerables, nuestras profundas asimetrías sociales prevalezcan. Esperemos que la ratificación o sustitución del presidente de la CNDH ponga este tema en la agenda pública.
06 Septiembre 2014 04:04:20
Miedo vs. respeto
En el Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se vio clarísimo el impulso que trae la actual administración. Tiene claros sus objetivos y las acciones que hay que llevar a cabo para conseguirlos. Se siente, en apenas dos años de gobierno, que el país tiene brújula y movimiento.

Uno de los componentes más importantes para que las reformas aprobadas tengan efectos concretos en la vida de las personas tiene que ver con el Estado de derecho. Necesitamos un país en paz, como lo dijo el Presidente. Ello, a pesar de la disminución de los índices delictivos, sigue siendo un enorme desafío. ¿Cómo se puede generar un orden social, con menos conflictos violentos y en donde las normas se cumplan cada vez más de manera voluntaria?

Por muchos años, en la academia se creyó que la motivación central para cumplir las normas jurídicas tenía que ver con la amenaza de castigo. Es decir, según esta postura lo que nos mueve a los seres humanos a cumplir las leyes es el miedo. Si creemos como colectividad que las violaciones a las reglas van a tener consecuencias negativas, entonces estas reglas serán acatadas mayoritariamente. Esta aproximación motivó en muchos países incluido el nuestro un conjunto de políticas de mano dura, que se tradujeron en mucha más gente en la cárcel por muchos años. Sin embargo, no está claro cuál fue el efecto positivo de todo ello.

Por esa razón, a partir de la década de los 80, comenzaron a surgir estudios empíricos, sobre todo en el ámbito de la psicología social, que descubren que la variable más importante para acatar las normas no es el miedo sino la legitimidad de las instituciones, sobre todo de los tribunales y las policías. ¿Qué se entiende por legitimidad? Es, en resumidas cuentas, el respeto/admiración que nos merecen las autoridades. Según una amplísima literatura académica al respecto, las autoridades generan legitimidad principalmente por la calidad del proceso a través del cual aplican la ley. A los ciudadanos nos importa muchísimo el cómo llegan a sus decisiones las autoridades y no sólo el resultado de las mismas. Es increíble observar, por ejemplo, que el perdedor de un litigio puede sentir que la decisión es justa si el juez lo trató respetuosamente, si tuvo posibilidad de contar su historia, si cree que el juez es honesto, si percibe que le dio un trato igualitario y que la decisión no es producto de sesgos de clase social o tratos discriminatorios. Las mismas conclusiones existen respecto de la relación policías-ciudadanos.

Todo ello tiene que ver con el nuevo discurso en torno al problema de inseguridad. Es un enorme acierto que el Presidente ya no hable de las políticas de seguridad como si se tratara una guerra de buenos contra malos, en donde el objetivo es vencer a los delincuentes, someterlos a cualquier costo y doblegarlos hasta que se arrepientan. Es decir, con Peña Nieto ya no estamos ante una estrategia de miedo, en donde la paz supuestamente se logra cuando los malos se sientan verdaderamente amenazados. Pero si no es el miedo, ¿cuál es el corazón de la actual estrategia?

Creo que a esta administración le falta dar el paso hacia la otra opción: la paz se logra con autoridades -policías, jueces, ministerios públicos- que se vinculen a la ciudadanía y ganen su respeto. Sea quien sea, a todos se les trata con dignidad, con apego a la ley, sin sesgos ni discriminaciones y se les sanciona a través de un proceso justo. Ello es el corazón de la reforma a la procuración y administración de justicia y podría ser también el corazón de la Gendarmería. Un país moderno y en paz es un país con tribunales y policías que tengan el respeto de los ciudadanos. Aunque lograr que ello sea así tomará muchos años, colocar los cimientos para que suceda puede ser un logro de esta administración.
23 Agosto 2014 03:00:39
Freno de mano
La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de trabajar con los principales partidos políticos y ponerse de acuerdo en 11 reformas estructurales en los primeros dos años de su sexenio es un logro contundente. Como todo proceso político complicado, el nuevo marco normativo tiene luces y sombras, pero, en conjunto, establece una buena plataforma normativa para mover el statu quo. Sin embargo, las normas no prefiguran la realidad. Para liberar el potencial económico de México, hay que ejecutar estrategias muy potentes de implementación. Uno de los aspectos clave de esta puesta en acción es asegurarnos de que las políticas generen oportunidades económicas para todos y no sólo para la élite. A ello se refiere el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando habla de la “democratización de la productividad”.

No obstante la visión de la actual administración de abrir oportunidades económicas para todos, las reformas estructurales, creo yo, no van a alcanzar a activar, por sí solas, los procesos de inversión que requieren las pequeñas y medianas empresas para aumentar su productividad. La administración de Peña Nieto tiene que, además, atender un aspecto nodal: la enorme debilidad del sistema de justicia para resolver los potenciales conflictos a los que se enfrenta todo empresario.

Historias de todos los días y que todos conocemos. Una señora que abre un negocio y pinta en la pared del local el nombre del mismo. El inspector de la vía pública del municipio lo clausura porque para anunciar publicidad hay que solicitar un permiso. Está claro que el nombre del negocio en el local no es publicidad. Lo que quería el inspector era una mordida mensual. La señora prefirió darle ese dinero a un abogado y pasar varios meses con el negocio clausurado. Para resolver un problema tan básico, la justicia es lenta y muchas veces inaccesible. La señora tuvo suerte, pues en el ámbito de las pequeñas empresas generalmente no se tiene dinero suficiente para siquiera contratar un abogado.

Tal fue el caso de un carpintero que tiene su pequeño taller en donde laboran ocho personas más. Él fue contratado por un arquitecto para elaborar los muebles de una sucursal bancaria en remodelación. El carpintero entregó los muebles y el arquitecto no le pagó. Por ello, el carpintero se presentó un día con su camioneta a sacar los muebles de la sucursal todavía en remodelación. Lo denunciaron penalmente y terminó en la cárcel acusado de robo. Para fabricar culpables sí sirve la justicia penal.

En el ámbito laboral, un pleito mal llevado puede significar la quiebra del negocio. Conozco a varias personas que han pasado por ello. Tratándose de conflictos mercantiles, el cobro de deudas de montos menores es prácticamente incosteable con el sistema de justicia actual. Todo está diseñado para tener que contratar a un abogado y, durante el proceso, tener que dar muchas propinas en el juzgado: al actuario, al secretario, al que saca las copias, etcétera. Y, si ganas, hay que pagarle a un contador para que determine el monto de los intereses, pagar al perito evaluador para que defina el valor de los bienes embargados y, finalmente, hay que pagar tres inserciones en algún periódico para que los bienes se vendan en subasta judicial. Todos estos gastos hacen incosteable el cobro deudas por montos pequeños, lo cual puede llevar a la quiebra a una pequeña empresa.

La debilidad de nuestro sistema de justicia le pone freno de mano al crecimiento económico. Para las pequeñas y las medianas empresas es muy arriesgado llevar a cabo las inversiones que requieren para aumentar su productividad cuando no cuentan con las instituciones adecuadas para cobrar una deuda, para dirimir un conflicto laboral o para sancionar la corrupción de las autoridades. En nuestro país, el oportunista y el gandaya fácilmente se pueden salir con la suya. Mientras que ello así, difícilmente México podrá desplegar su gran potencial económico.
12 Julio 2014 03:00:45
Amparo a policías
Ya encontraron los ministros un nuevo argumento para frenar la depuración policial. Según publicó “Reforma” esta semana, la Segunda Sala de la Corte aprobó una tesis jurisprudencial según la cual los policías pueden ampararse contra el inicio del procedimiento de separación de su cargo, lo cual sucede cuando reprueban las evaluaciones de control de confianza. El objetivo de los policías al promover el amparo es obtener la suspensión del proceso de separación. Con dicha suspensión, la autoridad tiene que mantenerlos hasta que el juez resuelva el fondo del asunto. La historia es muy conocida: con una suspensión, los abogados de los policías utilizarán todo tipo de estrategias dilatorias para que se alargue el juicio. Al final, dado que el policía reprobó las evaluaciones, el juez no va a tener de otra más que admitir que lo pueden separar del cargo, pero para ello habrán pasado al menos seis meses o quizá uno o dos años. Ello es muy grave en términos del derecho de los ciudadanos a contar con policías honestos y confiables.

La historia con respecto a la depuración policiaca y el abuso del amparo es larga. En 2010, Carlos Elizondo y yo escribimos un artículo al respecto: “La depuración de las corporaciones policiacas y el juicio de amparo” (Boletín Mexicano de Derecho Comparado). Según destacamos en el mismo, el problema de que el amparo estaba frenando la depuración de los cuerpos policiacos lo detectó Zedillo. Los jueces federales, de manera recurrente, estaban otorgando el amparo a policías corruptos despedidos y, por lo tanto, las autoridades administrativas tenían que reinstalarlos y pagarles salarios caídos. Ello motivó que, en 1997, Zedillo promoviera una reforma constitucional al artículo 123, apartado B, fracción XIII, para que los policías que ganasen el amparo sólo fuesen indemnizados pero no reinstalados. La reforma de Zedillo no rindió los frutos esperados. Los jueces federales siguieron reinstalando a los policías. Diez años después, Felipe Calderón se enfrentó al mismo problema, y decidió promover una segunda reforma constitucional, a efecto de enfatizar que no cabía la reinstalación de policías despedidos. La Segunda Sala de la Corte frenó el impacto de esta reforma.

El artículo de Carlos Elizondo y mío antes señalado contrasta la manera en la que Colombia enfrentó la depuración policiaca y el modo como su Corte Constitucional abordó el problema. En Colombia, la estrategia de depuración partió de la premisa de que se trataba de una medida de emergencia y, como tal, requería de amplias facultades excepcionales por parte del director de la policía. Era imprescindible diferenciar el proceso ordinario de despido de la estrategia de depuración. Por ello, se habló de “retiros” y no de “despidos”. Según el decreto aprobado, el director de la policía tenía facultades para retirar a cualquier elemento de la corporación, siempre que alguno de los dos comités que se crearon para ese propósito se lo recomendara. No tenía que dar ninguna explicación. De 1995 a 2001, “retiraron” a cerca de 8 mil 500 elementos, lo que equivalía al 12% de la corporación.

El decreto que facultaba al director de la Policía a depurar la corporación fue impugnado ante la Corte Constitucional de Colombia. La Corte desestimó la inconstitucionalidad del mismo. El argumento central fue que, la situación crítica que atravesaba la Policía Nacional colombiana, de corrupción e ineficacia, requería de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo, que era el responsable, ante los ciudadanos, del profesionalismo de los cuerpos de seguridad. Además, según la Corte colombiana, antes que los derechos laborales de los policías, “a la sociedad le asiste el derecho de que la Institución encargada de su defensa y protección sea depurada para que pueda cumplir a cabalidad su cometido constitucional”. La Policía Nacional logró refundarse y ganar la confianza de los colombianos. La depuración fue crucial para ello. En México, necesitamos que las autoridades administrativas entiendan que la depuración es una medida de emergencia y que se hace una sola vez y que los jueces se abstengan de interferir en ese proceso.
28 Junio 2014 04:05:45
Abogados ciudadanos
Los abogados son una pieza fundamental del desempeño del sistema jurídico en todos sus ámbitos.

Recientemente estuve en un seminario del Aspen Institute de Madrid, en donde abogados de varios países de Europa y de Estados Unidos se reunieron para discutir cómo crear las condiciones, en las grandes y poderosas firmas de abogados, para que una parte del tiempo y experiencia de los abogados se utilice al servicio de la comunidad, a favor de los intereses colectivos y, sobre todo, a favor de los miles de ciudadanos que en todos los países no tienen acceso a un servicio legal de alta calidad. Este tipo de profesionista legal se sintetiza con el término de “abogados ciudadanos”.

En esa discusión, me preguntaba, ¿dónde está México? Lamentablemente nos hemos quedado muy atrás, pero nunca es demasiado tarde para retomar con ímpetu el camino olvidado.

El dilema que enfrentan las grandes firmas de abogados para aumentar las horas de trabajo pro bono y contar con abogados ciudadanos tiene que ver con su estructura de incentivos: en estas firmas, generalmente se cobra a los clientes por hora de trabajo y, para ello, cada abogado tiene que ir reportando, día a día y hora por hora, el trabajo realizado, el tiempo invertido, el cliente para el que se trabajó, etcétera.

Los ascensos y los bonos anuales son resultado del dinero que cada abogado traiga al despacho, sea por conseguir clientes importantes, o por el número de horas trabajadas y que el despacho pudo cobrar.

Ello significa, por ejemplo, que si un abogado se tarda el doble de tiempo del que regularmente toma una tarea, la firma posiblemente sólo pueda cobrar el tiempo que le debería haber tomado hacer esa tarea.

No importa que haya trabajado el doble. Con este sistema de incentivos, todo está puesto para que tan pronto un abogado pone un pie en la firma se dedique a trabajar más de 12 horas diarias sin parar. ¿Cómo, entonces, hacer espacio al trabajo pro bono?

Los socios de grandes firmas europeas y norteamericanas que acudieron al seminario estaban convencidos de que, en el largo plazo, ese sistema de incentivos termina por generar vidas un tanto monótonas e insatisfechas.

Comentaban que una parte importante de su vocación por el derecho cuando iniciaron su carrera había tenido que ver con la justicia y el impacto que tiene la profesión legal en la cohesión, la prosperidad y la paz de la colectividad.

Arruinar, con un sistema de incentivos perverso, esa cara de la profesión legal es costoso tanto en términos personales como sociales. ¿Qué hacer al respecto?

Los que han tomado la batuta son los norteamericanos.

En Estados Unidos, las firmas de abogados están incentivadas a llevar trabajo pro bono, pues ello se ha convertido en una importante fuente de buena reputación.

Muchas veces, los mejores estudiantes de las facultades de derecho norteamericanas eligen trabajar en uno u otro despacho en función de las características y relevancia del trabajo pro bono de la firma.

Asimismo, la Barra de Abogados de Nueva York, entre otras, exige que, además de pasar el examen para poder litigar en la entidad, el abogado debe haber llevado a cabo un número importante de horas de trabajo pro bono.

Esta práctica de una profesión legal al servicio de los intereses colectivos es inexistente en México.

Inclusive las firmas de abogados internacionales con sede en México que, en otros países llevan a cabo trabajo pro bono, en México, salvo honrosas excepciones, no lo hacen.

Esta indiferencia de la élite jurídica mexicana por su impacto en la justicia social es uno de los grandes lastres de nuestro sistema jurídico.

Para que cambie, el Estado tendría que diseñar un nuevo sistema de incentivos, que puede ir desde la colegiación obligatoria, hasta la obligación de los estudiantes de Derecho de trabajar un tiempo en la defensoría pública, como lo hacen hoy los estudiantes de Medicina en los hospitales públicos.

La vocación por el interés público está en muchos estudiantes de Derecho. Ello me consta.

Busquemos los caminos para que estas vocaciones no se pierdan.

Estoy segura de que un México con muchos abogados ciudadanos será un México más potente, más próspero y menos violento.
17 Mayo 2014 04:07:44
Productividad y justicia
Esta semana se celebró el Sexto Foro Nacional de Seguridad y Justicia.

Este ha sido el foro más concurrido en seis años. Por primera vez la profesión legal está viendo que la reforma avanza: el recientemente aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales estará en vigor en todo el país a lo largo de los próximos dos años.

A pesar de este nuevo impulso que la administración de Peña Nieto le está dando a la reforma penal, me parece que ésta sigue aislada.

Es decir, la reforma penal no logra vincularse con el resto de las reformas estructurales con las que se busca reactivar la productividad del país. Dicho en otras palabras, no parecen estar construidos los vasos comunicantes entre justicia y productividad.

En efecto, el desafío mayor que tenemos enfrente es reactivar la productividad del México de la economía tradicional y familiar, la cual, de 1999 a la fecha, ha decrecido en 6.5% en promedio anual.

Es este México el que genera más empleos. Y es este México el que puede lograr que crezcamos por encima del 4% anual. Sin embargo, las pequeñas empresas familiares y tradicionales no van a poder prosperar sin un sistema de justicia más accesible y menos corrupto, sobre todo en el ámbito local.

Esto que pudiese parecer como una frase hecha -la igualdad y la justicia como condiciones de la prosperidad- es uno de nuestros mayores cuellos de botella.

Una de las funciones centrales de un sistema de justicia en un régimen democrático es precisamente hacerse cargo de las enormes desigualdades sociales a través de emparejar la cancha de los derechos.

Es decir, a pesar de las enormes diferencias económicas de la población, la justicia se encarga de que exista un mínimo común denominador de derechos que nos haga a todos iguales en el ámbito jurídico.

Esta igualdad jurídica pasa por dos factores: 1) la posibilidad de que todos, sin importar el origen social o la capacidad económica, podamos acceder a un tribunal cuando vemos afectados nuestros derechos y, 2) que una vez que llegamos a un tribunal, confiemos en que el resultado del juicio no va a depender de la capacidad económica o política de las partes para manipular al juez.

En el caso de México, hemos diseñado un sistema de justicia inaccesible para la mayoría: ¿cuántos pueden pagar un buen abogado para dirimir un conflicto jurídico con otra persona? No más del 10% de la población.

¿Quién puede tener la certeza de que el sistema de justicia no se va a corromper? Nadie, pero sobre todo los que no tienen dinero para acceder a la jurisdicción federal a través del amparo y se quedan atrapados en los débiles y corruptos tribunales locales, que son aproximadamente 80% de los litigantes del país.

Estas dos características de nuestro sistema de justicia -inaccesibilidad y corrupción- hacen que las empresas de la economía tradicional y familiar operen, con relativa frecuencia, con la ley del más fuerte: el mejor conectado, el que más dinero tenga o el que utiliza la fuerza va a ser el que se salga con la suya.

Es muy difícil proteger el patrimonio familiar, contratar un crédito o expandir el negocio si no se cuenta con las instituciones adecuadas para cobrar una deuda, para dirimir un conflicto laboral, para lidiar con la corrupción de las autoridades o para sancionar un robo.

La productividad requiere intercambios y cooperación constante entre personas. Es así como se genera valor y se produce riqueza.

Estos intercambios se entorpecen o se inhiben si no existe una forma accesible, efectiva y justa de dirimir nuestras inevitables diferencias.

Por ello, las políticas para incentivar la productividad necesitan como telón de fondo un sistema de justicia accesible y confiable.

Sin este sistema, se fractura nuestro deseo de cooperar, se acentúan las asimetrías sociales, se desarticula el tejido social y, en el extremo, se dispara la violencia.

La reforma penal en concreto y la reforma a la justicia en términos más amplios son ingredientes centrales para construir un México próspero e incluyente.
No podemos dejar la reforma penal en la periferia, tampoco podemos seguir haciendo invisibles los graves problemas de acceso a la justicia que vive la inmensa mayoría de los mexicanos. Nuestro país tiene que crecer y crecimiento y justicia van de la mano.
05 Abril 2014 04:05:55
Crecimiento y justicia
Está claro que el reto más importante que tiene enfrente el país y la administración del presidente Enrique Peña Nieto se llama crecimiento económico. Por ello resulta particularmente pertinente el estudio que elaboró el Instituto Global de McKinsey: Una historia de dos Méxicos: crecimiento y prosperidad en una economía de dos velocidades. El estudio destaca que México está dividido en dos: existe un México con una economía moderna y productiva, que compite en los mercados globales y que utiliza las prácticas de negocios propias de las empresas de economías avanzadas. Paralelamente, existe un México con una economía tradicional, de negocios familiares, que opera muchas veces en la informalidad y que además es cada vez más improductiva.

El desempeño económico de ambos Méxicos es contrastante. Mientras que el México moderno ha incrementado su productividad en 5.8% anual desde 1999 a la fecha, en el México tradicional, en cambio, la productividad ha disminuido 6.5% por año en el mismo periodo. Sin embargo, paradójicamente, el México tradicional es el que más empleos ha generado. Hoy en día es responsable de 48% de los empleos que se han creado desde 1999 a la fecha. El México tradicional, y este parece ser el corazón del problema, emplea a 42% de la fuerza laboral del país, pero esta fuerza sólo contribuye, según McKinsey, en 10% del valor añadido a la economía mexicana. Es decir, tenemos un México tradicional muy extendido y que es cada vez más improductivo. Mientras que ese México no eleve su productividad, no hay forma que nuestra economía crezca al ritmo que se necesita.

El estudio de McKinsey elabora una serie de recomendaciones para que la economía tradicional incremente su productividad. Todas ellas hacen sentido. No obstante, me parece que dejan fuera de la fotografía un aspecto medular del problema: la enorme inequidad jurídica que caracteriza a la sociedad mexicana y la debilidad de nuestro sistema de justicia para solucionarla. La cancha del juego nunca es pareja. No existe un mínimo común denominador de derechos que nos hagan a todos iguales frente a la ley. El mejor conectado, el más rico, el que tenga accesos a la clase política muchas veces puede manipular el aparato judicial a su favor, sobre todo en el ámbito local que es donde se inician 95% de las disputas entre particulares. ¿Cómo ser más productivo si no hay formas efectivas de proteger jurídicamente nuestro patrimonio ni el valor de nuestro trabajo? El reporte de McKinsey señala que hay que aumentar la capacidad del Estado de aplicar la ley. Es una afirmación muy genérica como para orientar políticas públicas al respecto. De lo que estoy hablando es de aumentar significativamente la posibilidad real que tiene una empresa familiar de carpinteros, costureras o panaderos de defender su patrimonio y el valor de su trabajo cuando éstos se encuentran amenazados por otros. En un país en donde no hay instituciones judiciales que sean accesibles para ese México tradicional y que, cuando se tiene acceso a ellas, son barrocas, incomprensibles y no brindan las certeza de que la corrupción o el amiguismo no influirán las decisiones de los jueces, es muy difícil aumentar la productividad de ese México tradicional. A falta de instituciones de justicia adecuadas, en el México tradicional el patrimonio personal y familiar es frágil y vulnerable.

Un México incluyente, que cierre la enorme brecha entre la economía moderna y la economía tradicional, es necesariamente un México más igualitario en términos jurídicos. Es urgente pensar en políticas de acceso a la justicia y en maneras efectivas, baratas para las partes y justas de pacificar los conflictos propios de una economía de pequeños negocios familiares. Estas políticas, me parece, son una importante asignatura pendiente de la presente administración y un ingrediente básico para activar la productividad de la parte más extendida de nuestra economía.
22 Marzo 2014 03:00:05
Independencia judicial
Varios magistrados electorales locales han promovido juicios para la protección de sus derechos político-electorales ante el TEPJF. Su objetivo es que se declare inconstitucional el artículo décimo transitorio de la reciente reforma constitucional en materia electoral. Según dicho artículo, todos los actuales magistrados electorales locales deben ser removidos de sus puestos para que haya nombramientos con un nuevo procedimiento. Los nuevos magistrados, según la fracción IV, inciso c, del artículo 116 constitucional, serán nombrados por dos terceras partes la Cámara de senadores, y ya no por las legislaturas locales como sucedía hasta antes de la reforma.

La racionalidad de este cambio, según los legisladores, es que los tribunales electorales locales, tal y como hoy funcionan, no tienen suficiente independencia respecto de los gobernadores. En otras palabras, la injerencia de los ejecutivos locales en la justicia electoral es común y la reforma constitucional busca terminar con esta práctica. En contraposición, el argumento central de los magistrados, según reportó El Universal, es que la Constitución protege la inamovilidad de los jueces como parte fundamental de su independencia. Removerlos antes de que termine su mandato es violentar dicha independencia judicial, además del principio de división de poderes.

Es interesante que ambos lados -los legisladores y los magistrados- utilicen la independencia judicial para defender posiciones opuestas. Sin duda, no hay árbitro creíble cuya independencia e imparcialidad esté en entredicho. La pregunta es cómo se construye dicha independencia.

La experiencia en México indica que no es cierto que siempre que se remueve a los jueces se atenta contra la independencia judicial. A veces sí y a veces no. Por ejemplo, la reforma constitucional de 1994, al inicio de la administración de Ernesto Zedillo, removió a los 26 ministros que conformaban la Corte en esos años, redujo su número y nombró a los 11 nuevos, todo al mismo tiempo. Esa reforma fue crucial para construir una Suprema Corte independiente, creíble, sin escándalos de corrupción ni injerencia del Ejecutivo. Dicho en otras palabras, la remoción de aquellos otros ministros fue crucial para tener una Corte independiente. En cambio, en franco contraste, en 1934, el General Lázaro Cárdenas reformó la Constitución para remover a los 16 ministros que conformaban la Corte, aumentar su número y nombrar a 21 ministros nuevos, también todo ello al mismo tiempo. Esta reforma fue determinante para la consolidación de una Suprema Corte al servicio del Poder Ejecutivo, como parte del andamiaje institucional de un régimen autoritario. En este caso, la remoción de ministros sí significó una fractura de la independencia del máximo tribunal.

La pregunta, entonces, es en cuáles contextos la remoción de jueces puede apuntalar la independencia judicial y en cuáles, en cambio, la fractura o la merma. En el caso de los magistrados electorales locales es posible que el recambio ayude a que los ejecutivos locales pierdan injerencia en la justicia electoral de sus entidades. Sin embargo, ello no significa que, en automático, nadie más pueda tener injerencia. Por el contrario, el riesgo mayor de esta reforma es que la justicia electoral se “partidice”, es decir, que las principales fuerzas políticas se dividan en cuotas los nombramientos de magistrados electorales y se perciba, por tanto, que esos nuevos magistrados tienen “dueño”, es decir, que son afines o “amigos” a determinado partido político.

El gran desafío de la independencia judicial es que se construye poco a poco y depende de muchas variables. Sin duda, la inamovilidad o la remuneración adecuada son algunos factores normativos básicos para que exista independencia judicial. Sin embargo, estos no bastan.

La administración de justicia es el poder personalizado por excelencia. La calidad profesional, ética y humana de cada juez es lo que al final hace la diferencia. Ojalá no se les olvide a los senadores ahora que tienen la oportunidad de reconfigurar la justicia electoral local en todo el país.
08 Marzo 2014 05:04:30
Justicia alternativa
Esta semana, durante la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que enviará al Congreso la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. ¿Qué son estos mecanismos alternativos? ¿Cuál es su importancia y su impacto en la calidad de la justicia?

Los sistemas de justicia en el mundo se construyeron bajo una premisa equivocada: todos los casos debían ser tratados procedimentalmente de manera idéntica. Es decir, no se podía diferenciar el tipo de respuesta ni la ruta a seguir según las características peculiares del caso. Ello sucede en todos los ámbitos jurisdiccionales. En materia penal, por ejemplo, esta falta de diferenciación de respuestas se traduce en un sistema de administración de casos en donde toda averiguación previa sigue exactamente el mismo procedimiento de integración, sin que existan mecanismos, al interior de las agencias del MP, para dar respuestas diferenciadas, por ejemplo, el que roba sin violencia paga lo robado y el que mata se va a la cárcel.

Tampoco se permite establecer prioridades en función de los tipos de delitos, por ejemplo, se le puede dar prioridad a los delitos violentos sobre los no violentos, o a los delitos predatorios sobre los delitos de mercado. Finalmente, las agencias del MP tampoco pueden dejar de invertir tiempo y recursos en los asuntos que tienen muy pocas probabilidades de ser resueltos, por ejemplo, un carterista en el Metro si no lo atraparon en flagrancia, es casi imposible resolverlo vía investigación ministerial. El resultado de esta no diferenciación de casos es que sólo entre 5 y 10% de las denuncias en México terminan siendo consignadas ante un juez y el resto termina en el archivo después de haberse invertido tiempo y recursos para que ello pueda suceder.

Poco a poco, esta idea de que todos los casos deben ser atendidos de forma idéntica ha ido cambiando en el mundo. Las fiscalías y los tribunales han creado sistemas de administración de casos que les permiten dar soluciones diferenciadas: “según el sapo, la pedrada”. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que va a enviar Peña al Congreso tiene como fin organizar este conjunto de salidas alternas en el ámbito penal.

Con variantes, los distintos códigos de las países de la región con sistemas de justicia oral contemplan varios tipos de salidas, que van desde el principio de oportunidad, es decir, decidir cerrar el caso por la baja probabilidad de que se resuelva (ejemplo, carterista del Metro), negociar acuerdos reparatorios entre el responsable y la víctima (ejemplo, asuntos de daño en propiedad ajena), hasta la posibilidad de que el acusado se declare culpable y se la reduzca la pena. Todas son formas alternativas al juicio de terminar un caso penal.

No hay forma de resolver las graves debilidades de la justicia penal si no se descongestiona el sistema y se permite al MP (con supervisión del juez) utilizar formas alternativas de resolución de conflictos penales. Sin embargo, los riesgos de que se corrompa el sistema y se abuse de este tipo de medidas son altos. Por ejemplo, lo que sabemos de Estados Unidos y su Plea Bargaining, es que a veces los fiscales presionan a los detenidos para que se declaren culpables y tiempo después se logra demostrar su inocencia con pruebas tan contundentes como el DNA en casos de violación. En México, estos riesgos son aún mayores, pues si algo sabe hacer bien nuestro sistema de persecución criminal es vender impunidad y fabricar culpables. La mejor manera de blindar las salidas alternas de los abusos es con defensorías públicas de enorme calidad. Sin esta pieza clave, la reforma penal no va a funcionar y las salidas alternas pueden convertirse en la forma de institucionalizar abusos y corrupción.
22 Febrero 2014 04:00:50
La Corte se necesita
Logar que México sea un país más competitivo, equitativo y próspero va a tomar tiempo. Sin minimizar la importancia de la aprobación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, creo que el desafío más complicado va a ser lograr que esas leyes rijan la conducta de los actores económicos a los que están dirigidas. Las resistencias van a ser constantes y en muchos frentes al mismo tiempo. Para muestra lo ocurrido estas semanas con la regulación de la retransmisión de señales de televisión abierta a través de la televisión de paga (conocida como must carry/must offer).

Repasando lo ocurrido: el 10 de febrero, el juez 32 civil del DF emitió un oficio al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en el que le dice que no tiene atribuciones para tomar las decisiones en relación al must carry/must offer cuando éste afecte los derechos de autor. La parálisis del Ifetel hizo que el 13 de febrero el Ejecutivo federal interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte, argumentando la invasión de competencias de la Federación. La ministra Sánchez Cordero, el 18 de febrero, admite la controversia y, sin que la Presidencia lo hubiese solicitado, le otorga la suspensión del acto reclamado, lo cual le permite al Ifetel resolver sobre la retransmisión. Además, le manda un mensaje bastante fuerte al juez: palabras más palabras menos le dice que deje de entrometerse en las facultades del Ifetel.

Lo que está en juego, en términos económicos, para muchos de los destinatarios de las reformas estructurales es mucho. Van a utilizar, como en este caso Televisa, todos los instrumentos a su alcance para resistir, dilatar o frenar la implementación de las reformas. Uno de estos instrumentos va a ser las demandas y acciones judiciales. La utilización de demandas judiciales para resistir cambios al statu quo sucede en cualquier parte del mundo. La pregunta es: ¿qué tan aptos son nuestros tribunales para resolver sin frenar las reformas la avalancha de casos que previsiblemente se les vienen encima?

A nivel local, en general, tenemos una justicia que es bastante manipulable y propensa a la injerencia de los ejecutivos locales y de los presidentes de los Tribunales Superiores de los estados. Ello puede propiciar que los actores afectados por las reformas intenten resistirlas con demandas y procesos judiciales a nivel local, los cuales, después de dos instancias, pueden llegar a nivel federal. En este nivel, la autonomía e independencia de los jueces es mucho más robusta que la local, pero es posible que los criterios de interpretación de la Constitución y las leyes en las materias de las reformas sean acartonados y formalistas, lo que tampoco ayuda a su implementación.

Por todo ello, la posibilidad de que las reformas estructurales se cimienten y transformen la conducta de los actores a los que van destinadas necesita de una Suprema Corte que, con sus razones y sus argumentos, establezca nuevos referentes colectivos que contribuyan a la renovación de los consensos fundamentales y a la pacificación duradera de los conflictos que necesariamente lleva aparejado mover el statu quo.

Concebir a la Corte como un tribunal cuya tarea central es invalidar normas inconstitucionales es no entender el papel de esta institución. No es común que exista la mayoría calificada de ocho ministros que se requiere para invalidar un precepto legal. La función de la Corte, bien entendida, es mucho más constructora y reparadora que destructiva. Las reformas estructurales necesitan de una Corte que pueda reducir la incertidumbre jurídica propia de los procesos de cambio y, al mismo tiempo, que con sus argumentos nos persuada de los beneficios sociales, políticos y económicos del nuevo marco constitucional.

Por lo pronto, el mensaje de Corte, en el caso del must carry/must offer fue contundente por su rapidez y su claridad. Pero esta historia apenas comienza. ¿Tenemos una Corte que pude jugar el papel central que está llamada a desempeñar? Ya lo iremos viendo.
08 Febrero 2014 05:04:02
El tamaño del reto
El 5 de febrero quedó aprobado el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dibuja la nueva arquitectura del sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. Este código es producto de muchos meses de trabajo por parte de funcionarios del Ejecutivo federal, abogados, diputados, senadores, organizaciones civiles y académicos. No es un texto hecho al vapor. Sin duda, tiene los ingredientes básicos de un marco normativo que permite a las autoridades implementar la reforma penal tanto a nivel local como federal.

El Código Nacional concretiza dentro de un proceso penal los principios que estableció la reforma constitucional de 2008: “un juicio penal acusatorio y oral, que se rija por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”. La presunción de inocencia, el derecho a un abogado desde la detención, a que las pruebas se desahoguen siempre frente al juez y a que la prisión preventiva sea excepcional, entre otros, son algunos de los derechos del acusado que expresamente recoge la Constitución y que el CNPP define cómo hacerlos operativos. En términos normativos, México está por primera vez en consonancia con las normas que rigen la justicia penal en cualquier democracia y ello hay que celebrarlo.

Sin embargo, las normas jurídicas no prefiguran la realidad deseable. Hacer que ese texto normativo adquiera vida en el día a día de las instituciones y de las personas que las usan es una tarea en extremo compleja. La discusión normativa, monopolizada por profesionistas del derecho, es una discusión propia del mundo del deber ser. Un juicio “debería” ser de esta manera. En ese debate normativo, a los abogados nos encanta, además, discutir por horas el lenguaje preciso, el sentido de cada término jurídico y el uso correcto de las categorías procesales. Ello tiene su utilidad, pero no ilumina en absoluto el camino de cómo transformar las instituciones para que policías, ministerios públicos, jueces y defensores puedan hacer valer esas normas. Esto último pasa por que cada uno de ellos esté en condiciones de desempeñar nuevos roles y vencer, al mismo tiempo, las inercias y rutinas de trabajo a las que están acostumbrados. Nada de ello depende de las normas. Hoy en día, la distancia entre lo que las normas vigentes postulan y lo que sucede todos los días en el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano es inconmensurable. ¿Cómo, con el nuevo código, podemos cerrar esta brecha a la que, por cierto, ya estamos acostumbrados?

Un sistema penal potente y confiable solamente se puede construir desde la convicción de determinados valores: nadie debe ser encarcelado sin un juicio justo. Ello pasa necesariamente por terminar con el discurso vengativo de “vale todo con tal de someter a los criminales”. Con este discurso, hemos permitido que policías abusen, golpeen, fabriquen pruebas y hasta torturen a los detenidos. Así han llegado a la cárcel la inmensa mayoría de quienes compurgan una sentencia. El MP y el juez han sido cómplices pasivos del abuso policiaco por muchísimos años. La pregunta clave: ¿queremos que ello cambie? Es decir, ¿queremos asumir el costo de que el juez ponga en libertad a un presunto responsable cuando la policía cometió abusos y violaciones a sus derechos humanos? ¿Estamos dispuestos, de verdad, a presumir la inocencia de cualquier acusado? Y los que ganan con el statu quo, ¿están dispuestos a asumir el costo de no tener un sistema penal manipulable y al servicio de sus intereses económicos y políticos? Mientras que estas preguntas sigan dividiendo y confrontando a la clase política y a la opinión pública, va a ser muy difícil dejar la inercia autoritaria con la que funciona todos los días la persecución criminal en México. Y si ello no cambia, es decir, si, por las razones que sean, queremos seguir metiendo personas a la cárcel a la mala, poco importa que el juicio sea oral, adversarial, contradictorio y todos esos adjetivos que tanto nos gustan a los abogados. La reforma penal será un fracaso.
25 Enero 2014 05:04:49
Libertad vs. seguridad
¿Hasta dónde es necesario reducir el ejercicio de algunos derechos en aras de maximizar las posibilidades de las autoridades de prevenir o perseguir delitos muy graves? Este debate ha sido uno de los grandes temas de discusión de la justicia constitucional en el mundo, sobre todo después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. La Suprema Corte mexicana no ha estado exenta de este complicado problema.

Esta semana resolvió un caso prototípico de la tensión entre seguridad y libertades ciudadanas. Se trata del asunto de la geolocalización: según las reformas aprobadas al Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Telecomunicaciones, la PGR, en delitos de delincuencia organizada, drogas, secuestro, extorsión y amenazas, sin previa autorización de un juez, puede solicitar directamente a las compañías telefónicas la localización en tiempo real de un teléfono celular.

La Corte debatió por cinco días si ello violaba o no los derechos constitucionales a la privacidad y a la inviolabilidad de comunicaciones privadas. El resultado final: ocho ministros votaron a favor de la constitucionalidad de la ley y tres en contra través de tres bloques de ministros distintos. Voy a hacer un resumen muy apretado de las posiciones de cada bloque, en el entendido de que el debate del Pleno fue mucho más complejo y prolijo de lo que puedo abarcar en este espacio.

El primer bloque, formado por la ministra ponente Luna Ramos, además de Aguilar, Pardo y Pérez Dayán, elude enfrentar argumentativamente la tensión entre libertad y seguridad. Para ellos, los preceptos impugnados están dirigidos a la localización de aparatos telefónicos y no implican la intervención de comunicaciones ni domicilios. La geolocalización de celulares puede ser vista como otro método más de localización de personas que utiliza el MP, producto de los avances tecnológicos. En este sentido, es una herramienta de persecución de los delitos y ello forma parte de las facultades del MP. Detrás de esta línea argumentativa descansa la premisa de que los jueces no deben intervenir, salvo quizá en casos aberrantes, en las herramientas que utiliza el Ejecutivo en la persecución de los delitos. Seguridad por encima de las libertades ciudadanas.

El segundo bloque, formado por Valls, Cossío y Sánchez Cordero, sostiene la visión opuesta. Para ellos, los preceptos en cuestión son inconstitucionales, pues afectan los derechos a la intimidad y a la vida privada de los ciudadanos. Por ello, si se quiere localizar un celular, se necesita siempre la orden previa de un juez que supervise que la medida es necesaria y justificada en el caso concreto. Para este grupo, siempre y en todos los casos prevalece la libertad sobre la seguridad.

Finalmente, el tercer bloque, formado por Zaldívar, Gutiérrez, Silva Meza y Franco, no vio el caso con categorías blanco y negro como lo hicieron los otros ministros. El problema, para ellos, es encontrar un equilibrio entre seguridad y libertad. Ellos proponen una interpretación de la ley que acote, pero no impida, la geolocalización de un celular sin orden judicial. Para estos ministros, ello debe ser posible en dos supuestos: 1) cuando está en riesgo la vida o integridad física de la víctima y 2) cuando de no hacerlo se puede afectar la localización de los objetos del delito. Si el MP no se está en alguno de estos dos supuestos, debe solicitar una orden judicial para geolocalizar un teléfono celular.

Los jueces constitucionales deben buscar el mejor acomodo posible entre valores en conflicto. Por ello me gusta la posición del tercer bloque de ministros. Si de verdad queremos que la agenda de los derechos humanos sea viable y se afiance en la sociedad, tenemos que apreciar la enorme variedad de grises que existen entre el blanco y el negro. Ello, seguramente, ayudará a que nuestro debate jurídico y las sentencias de los jueces constitucionales sean cada vez más razonables, justos y socialmente útiles.
11 Enero 2014 04:00:06
La Corte en 2014
El 2014 va a ser un año muy interesante en la Suprema Corte. Muchos de los asuntos que están en puerta para su resolución son de enorme relevancia para los ciudadanos. Por razones de espacio, sólo voy a mencionar tres de los que me resultan más interesantes.

1) La Primera Sala tiene que definir qué tan amplia o estrecha va a ser la puerta de acceso de los ciudadanos a los tribunales cuando se trata de asuntos de interés general. En términos jurídicos, la Corte tiene que determinar el alcance del “interés legítimo”, que es un requisito procedimental para que el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto en casos en donde se reclama una afectación jurídica colectiva y no individual. Ello tiene que ver con el amparo que promovimos varios ciudadanos reclamando la inconstitucionalidad de la condonación de obligaciones tributarias a los estados por parte del Congreso de la Unión. Un verdadero escándalo en términos de transparencia y rendición de cuentas.

Hasta ahora los jueces federales han decidido que la puerta de acceso es estrecha: los ciudadanos no tenemos “interés legítimo” para que un juez federal analice la cuestión constitucional planteada. El caso ya lo atrajo la Corte. Con su sentencia el máximo tribunal definirá el espacio y la profundidad del futuro involucramiento ciudadano en asuntos de interés general a través de litigios paradigmáticos.

2) También en la Primera Sala este año se decidirá el asunto de Martín del Campo. Este caso nos habla principalmente de la resistencia de los jueces inferiores a modificar criterios de decisión propios de un régimen autoritario. Martín fue sentenciado a 50 años por el homicidio de su hermana y su cuñado. Ello sucedió hace 20 años. Desde su declaración preparatoria, señaló que su confesión había sido extraída con tortura. Diversos organismos internacionales y nacionales así lo han avalado. No obstante, la Tribunal Superior de Justicia del DF, al resolver un incidente de reconocimiento de inocencia, señaló que la única manera de comprobar tortura es que exista una sentencia condenatoria en contra del policía que lo hizo. Con este criterio, sería muy improbable poder absolver a una persona torturada, pues para que exista una sentencia condenatoria primero debe existir una acusación que, paradójicamente, sólo puede formular la institución en donde trabaja el presunto torturador (la Procuraduría). La sentencia de la Corte será importante para seguir desterrando las prácticas más autoritarias de nuestro sistema penal.

3) La Primera Sala decidió atraer el caso del juez federal Efraín Cázares López, que es conocido como el juez del “Michoacanazo”. Este juez ordenó liberar a la mayoría de los funcionarios detenidos en 2009, acusados de vínculos con el crimen organizado en Michoacán. Además, fue quien concedió el amparo al hermano de Leonel Godoy, lo que le permitió tomar protesta como diputado y tener fuero. El juez Cázares fue destituido por el Consejo de la Judicatura a partir de una queja interpuesta por la PGR. La Corte va a revisar la legalidad de esa destitución. Es un caso de enorme transcendencia para que sepamos qué pasó en el “Michoacanazo”: ¿fue un asunto de politización de la justicia, de ineficacia de la PGR o de corrupción judicial?

La lista es mucho más extensa. Lo que me parece más interesante de la misma es que casi todos los asuntos tienen que ver con cuestiones de eficacia de derechos humanos y no con conflictos entre políticos como sucedía hace 10 años. También resulta llamativo que los casos más relevantes están en la Primera Sala, no en el Pleno, y que muchos de ellos fueron atraídos por los propios ministros. Todo ello nos habla de un cambio de paradigma al interior de la Corte. La agenda de los derechos humanos, esa que Silva Meza se propuso impulsar al iniciar su presidencia, lentamente va tomando forma. Todavía es frágil, hay claras tensiones internas respecto del alcance de la misma y puede debilitarse en el proceso de sucesión de la presidencia de la Corte que, paradójicamente, también sucederá a final de este año. Hay que estar atentos.
28 Diciembre 2013 05:08:11
¿Quiénes tienen éxito?
David Álvarez, un hijo de jornalero procedente de Jalisco, está a punto de ganar la elección de la alcaldía de San Diego, California. ¿Cómo fue ello posible? ¿Qué tiene que suceder para que los hijos puedan volar mucho más alto que los padres? ¿Es un asunto de talento y esfuerzo personales o tiene que ver la organización social y la fortaleza de las instituciones? ¿Cuál hubiese sido el destino de David Álvarez si hubiese crecido en México?

Geoff Colvin, en su libro Talent Is Overrated, busca entender qué es lo que separa a los profesionistas sobresalientes del resto. Según la investigación de punta al respecto, el talento y la inteligencia cuentan mucho menos de lo que se ha pensado. La diferencia más importante está en las horas de práctica, en el trabajo de todos los días, en la perseverancia. Uno de los estudios que permite a Colvin ejemplificar este punto fue el realizado por la Academia de Música de Berlín. La academia quería saber cuáles de los jóvenes violinistas tenían el potencial para convertirse en grandes músicos. Para ello estudiaron a los violinistas que terminaron sus estudios. Los dividieron en tres grupos: los mejores, los muy buenos y los buenos. Después se dedicaron a recolectar todo tipo de información de los alumnos: la edad a la que comenzaron a estudiar violín, los profesores que tuvieron, las competencias a las que entraron, las horas que practicaron cada año, entre muchas otras. También se les dio una lista de actividades relacionadas y no relacionadas con la música para que señalaran cuántas horas a la semana le dedicaban a cada una de esas actividades y qué tan relevantes eran para el éxito de su carrera. También se les preguntó qué tan disfrutables y cuánto esfuerzo requerían cada una de ellas.

Los hallazgos fueron muy interesantes. Los tres grupos de violinistas le dedicaban el mismo número de horas a las actividades relacionadas con la música: lecciones, práctica, clases, etcétera. Todos le dedicaba alrededor de 51 horas a la semana. Los tres grupos también coincidieron en señalar que la actividad con mayor impacto en su formación eran las horas de práctica solos. Lo que variaba entre los grupos era el número de horas que cada uno le dedicaba a la práctica en solitario del violín. Los mejores y muy buenos violinistas le dedicaban 24 horas a la semana a practicar solos, mientras que el tercer grupo sólo 9 horas. Es importante resaltar que los tres grupos coincidían en destacar que practicar solo requería de mucho esfuerzo y que no era una actividad que disfrutaban. Ahora bien, si las horas de práctica solos parecen ser la variable que explica la diferencia entre el desempeño de los violinistas, ¿por qué los mejores y los muy buenos practicaban las mismas horas solos y no estaban en el mismo nivel? La respuesta, según el estudio, tiene que ver con la historia personal: a la edad de 18 años, antes de ingresar a la academia, los mejores violinistas ya tenían en promedio 7 mil 410 horas de práctica, mientras que los muy buenos violinistas 5 mil 301.

Este mismo estudio se ha replicado en otros ámbitos. La conclusión es la misma: el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el autocontrol para cumplir con las rutinas de trabajo, etcétera, marcan la diferencia entre los profesionistas más exitosos de quienes no lo son. ¿Será igual en México?

Es muy probable que en nuestro país David Álvarez, el probable alcalde de San Diego, no hubiese logrado ese brinco generacional. Toda su disciplina, esfuerzo, y horas de trabajo no le hubiesen alcanzado para hacer la diferencia entre su padre y él. En nuestro país, quién eres, a quién conoces y cuánto dinero tienes siguen siendo variables determinantes del éxito. ¿Cómo construir un país en donde el esfuerzo, el mérito y el trabajo sean el motor del cambio? Espero, y ese es mi deseo para 2014, que, a propósito de la implementación reformas estructurales, podamos construir una sociedad más igualitaria y más justa. Ello es determinante para aumentar la productividad y el crecimiento económicos de México.
30 Noviembre 2013 04:00:29
Los humanos sin derechos
Hace algunos días, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto a propósito de su primer año de gobierno. Palabras más palabras menos, Vivanco reclama al Presidente la ausencia de una política efectiva en materia de derechos humanos. Según Human Rights Watch, no ha habido avances en la investigación de los abusos del pasado y continúan produciéndose violaciones graves en el presente.

¿Qué puede hacer la administración de Peña Nieto para marcar un antes y un después en materia de derechos humanos? Mucho. Puede hacer algo que hasta ahora nadie ha estado dispuesto a hacer: una apuesta seria de capital político en una reforma profunda a la justicia. El origen de la crisis de derechos humanos que denuncia Human Rights Watch se centra principalmente en las acciones de policías y militares. Estas autoridades son las que se encargan de la detención de los presuntos delincuentes. Durante la administración de Felipe Calderón, según los datos disponibles, la agresividad de policías federales y militares con los detenidos fue de una dimensión inédita.

La Encuesta a Población Interna de los Centros Federales de Readaptación Social del CIDE de 2012 da cuenta de ello. Para empezar, 62% de los hombres encuestados afirmó haber sido torturado durante la detención. Para simplificar el análisis he elegido tres tipos de tortura que van aumentando en intensidad: patadas, asfixia y toques eléctricos. Un mismo detenido puede recibir los tres tipos o sólo uno. Según mi análisis, si la detención la lleva a cabo un militar, existe 24% de probabilidades de que patee al detenido, 27% de que lo asfixie y 30% de que le aplique toques eléctricos.

En el caso de la Policía Federal los porcentajes son muy similares: 25% de que lo patee, 22% de que lo asfixie y 24% de que le aplique toques eléctricos. Tratándose de las policías estatales los porcentajes disminuyen de forma importante: 15% de probabilidad de que patee al detenido, 15% de que lo asfixie y 13% de que le aplique toques eléctricos. Así, todo parece indicar que las autoridades federales durante el sexenio de Calderón fueron mucho más violentas y agresivas con los detenidos que las policías locales. Además, según la citada encuesta, la agresividad de las autoridades se centró de manera significativa en los detenidos por delitos relacionados con droga. Mientras que 10% de los acusados por secuestro sufrieron asfixia, en el caso de delitos contra la salud fueron 46%.

Mi tesis central es que la maquinaria de abusos y violaciones a derechos humanos se echó a andar de modo implacable como una estrategia de “combate” al narcotráfico. No hubo jueces que lo impidieran echando abajo las acusaciones y controlando la arbitrariedad de la detención. Se trataba de una estrategia de ejercicio del poder coactivo del Estado sin limitaciones ni controles judiciales. El resultado: el fracaso de la construcción de una policía federal profesional, el aumento de la violencia y una pésima imagen internacional en la materia.

La maquinaria de abusos no va a parar por decreto presidencial; tampoco con la buena voluntad de quienes encabezan esas instituciones. Ya se implantó en el sistema de persecución criminal una inercia autoritaria. Los abusos sólo van a comenzar a parar paulatinamente cuando el sistema de justicia penal actúe bajo la premisa de que no “se vale todo” con tal de “someter” a los “criminales” y que la policía, para diferenciarse de los delincuentes, debe ejercer la fuerza dentro del marco de la Constitución y de la ley. De ello se encargan los jueces. Apostarle a la calidad de la justicia y a la fortaleza de los tribunales es el único camino posible para frenar la violencia del Estado, para salir de la crisis de violaciones a los derechos humanos y para construir las instituciones policiacas que necesitamos. Hasta el día de hoy, esta apuesta por la justicia de calidad sigue estando huérfana. Es una gran asignatura pendiente del sistema político y todos sus actores.
16 Noviembre 2013 05:05:59
¿Para qué la cárcel?
El pasado 1o. de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en audiencia temática, a petición de un grupo de académicos y defensores de derechos humanos, la situación que padecen los internos del penal federal de Islas Marías. En el sexenio pasado, este centro de readaptación social pasó de ser una cárcel con un régimen de mínima seguridad, en donde los internos vivían con sus familias, a un penal de alta seguridad. ¿Cuál fue el resultado de ello? Según se expuso en la audiencia ante la CIDH, el penal de Islas Marías reproduce todos y cada uno de los vicios y problemas de nuestro sistema penitenciario, con algunos agravantes propios de un penal situado en una isla.

Los viejos vicios del sistema penitenciario están presentes en Islas Marías. Por ejemplo, según señala el escrito de solicitud de audiencia ante la CIDH, la comida es escaza, frecuentemente está descompuesta y provoca enfermedades a los internos. Lo mismo sucede con el servicio médico: existen sólo un médico y un ginecólogo para atender a una población de más de 8000 internos; no existe un cuadro básico de medicamentos, ni mucho menos capacidad para llevar a cabo estudios básicos de laboratorio. Asimismo, como sucede en otros penales del país, en Islas Marías hay un grave problema de sobrepoblación. Según señala el escrito de referencia, “la población penitenciaria en el lugar pasó de alrededor de 800 internos a cerca de 8000. Algunos dormitorios albergan hasta 200 internos”.

Es cierto que muchos de estos problemas son propios del sistema penitenciario mexicano, no sólo de Islas Marías. Sin embargo, en Islas Marías se agravan o magnifican por el aislamiento. Cuando los internos compurgan su pena en un lugar cercano a sus domicilios, generalmente la familia suple algunas deficiencias del sistema. Por ejemplo, la familia provee comida, artículos de limpieza, medicinas, ropa, cobijas, etcétera. Para los internos de Islas Marías no existe esa opción.

Con respecto al trato a los internos, Islas Marías es un escándalo en violaciones a los derechos humanos. Para empezar, según señala el escrito de solicitud de audiencia ante la CIDH, “el grueso de los internos e internas fueron llevados al archipiélago sin su consentimiento, obligados a firmar un falso consentimiento o bien mediante intimidaciones, a altas horas de la noche, sin que mediara una notificación, sin enterar a sus familiares”. Ello viola el artículo 18 de la Constitución, que establece que es un derecho humano de los internos cumplir sus sentencias en un lugar cercano a sus domicilios y familias. Además, la Suprema Corte ha establecido que ello es central para cumplir con el objetivo constitucional de la reinserción social de los internos.

De hecho, y a propósito de lo que ha dicho la Corte, una de las realidades más difíciles que enfrenta la población de Islas Marías es la imposibilidad fáctica de tener contacto con sus familiares. El uso de teléfono es restringido y complicado. Una visita de la CNDH advirtió que la fila del teléfono era como de 200 personas. Las visitas familiares son prácticamente incosteables para la mayoría de las familias, pero por si ello no fuese suficiente, en Islas Marías las autoridades decidieron, contrario a lo que establece la Constitución, limitar las visitas a cada seis meses y no más de tres visitantes por interno. En la práctica, 90% de los internos nunca ha tenido una visita familiar desde que fueron trasladados al penal.

Finalmente, los malos tratos y las violaciones a la integridad personal son muy frecuentes. Según señalan los peticionarios de la audiencia, “el castigo más común es el aislamiento, el cual ha sido impuesto a cerca del 30% de las personas privadas de la libertad”. Este castigo puede ser de “20 días a 2 meses”. “Durante el aislamiento los internos son golpeados y en ocasiones lo cumplen sin camisa y sin zapatos”.

Islas Marías nos recuerda, una vez más, el desastre de nuestra política penitenciaria. Los penales, lejos de ser ejemplo de orden y legalidad, son el paradigma del abuso, la corrupción, la impunidad y la violación sistemática de derechos humanos. ¿Qué se pretende lograr con ello? Después de ese régimen de abusos y de corrupción, ¿qué esperamos que haga un interno al ser puesto en libertad? ¿Cómo esperamos que se relacione con la autoridad, la ley, con los otros? El deseo social de venganza o retribución que ha regido nuestra política penitenciaria -”que paguen por lo que hicieron”- nos ha hecho un país menos civilizado, más primitivo, más violento. Dicho de forma opuesta, para reducir la violencia en México, hay que comenzar por establecer una política penitenciaria no violenta, respetuosa de la dignidad de los internos y muy selectiva respecto de a quién se le aplica ese castigo y por qué. Ojalá que la intervención de la CIDH en el caso de Islas Marías nos permita comenzar a caminar en la dirección correcta (y opuesta).


02 Noviembre 2013 02:00:14
Morir en el DF
Hace dos años llevé a cabo, junto con otros investigadores, trabajo de campo para averiguar cómo funcionaba la Agencia Especializada en Homicidios en el DF. Pensé que, a propósito del Día de Muertos, valdría la pena difundir algunos de los hallazgos de ese trabajo, sobre todo porque estoy convencida de que con una visión estratégica el jefe de Gobierno y el actual procurador podrían mejorar significativamente la calidad de la persecución criminal en homicidios en el DF. Además, desde que llevé a cabo ese estudio, he creído que el proceso de implementación de la reforma de juicios orales en el DF debería comenzar por casos de homicidio.

Lo que pude observar en la Agencia Especializada en Homicidios en el DF es bastante atípico en las procuradurías del país. Existen recursos humanos bien capacitados y remunerados, con vocación por lo que hacen. También existe un centro de trabajo ordenado, con condiciones materiales y de infraestructura adecuadas. Ello es un estupendo punto de partida para un proceso de reforma. Sin embargo, a pesar de estas buenas condiciones, existen problemas de gestión y organización internas, propios de un modelo de persecución criminal de corte autoritario, que limitan enormemente la posibilidad de éxito de esta agencia especializada.

La idea y puesta en marcha de una agencia dedicada exclusivamente a la investigación y persecución de casos de homicidios fue de Diego Valadés, durante el tiempo en que fue procurador capitalino. Ello significó la capacitación de un selecto grupo de ministerios públicos en lo que nunca habían aprendido antes: métodos de investigación penal profesionales aplicados al ámbito de homicidios. Fue el propio FBI quien llevó a cabo esta capacitación. Asimismo, se modificó la forma de organización interna que caracteriza a las agencias prototípicas.

Este modelo de agencia permite que, por un lado, los ministerios públicos se conciban a sí mismos como investigadores y no meros tramitadores de diligencias y, por el otro, incentiva un buen equilibrio y colaboración entre ministerios públicos, policías y peritos. Ambas cuestiones son completamente atípicas en la persecución criminal en México. El problema es que al poco tiempo de haberse puesto en marcha la agencia especializada en homicidios, Valadés fue nombrado procurador general de la República y su sustituto, según cuenta el personal entrevistado, volvió a instaurar las viejas prácticas de trabajo a través de meses de trámite.

Hoy en día, los problemas más importantes de la agencia tienen que ver con la gestión y organización internas. Voy a mencionar los dos que me parecen más relevantes. El primero de ellos es el procedimiento que se sigue para recabar la evidencia de la escena del crimen. La regla es que la agencia más cercana al lugar de los hechos, y no la agencia especializada, es la que se hace cargo de las primeras diligencias. Ello tiene que ver con un asunto de distancias y tiempos de traslado. En la práctica, esta regla provoca que se pierda la información y la evidencia más relevante para resolver cualquier homicidio. “Operamos -me comentó un MP de la agencia especializada- con escenas del crimen contaminadas y destruidas”.

El segundo grave problema de gestión es que el proceso para hacerse de las pruebas que se necesitan para resolver un homicidio es tortuoso, desorganizado y lento. No existe un servicio de mensajería para entregar citatorios y oficios, ni tampoco existe una oficina que se encargue de la recepción y distribución de la información y pruebas solicitadas. Todo ello hace que el proceso de integración de la averiguación previa sea a paso de tortuga.

Ambas cuestiones -la contaminación y destrucción de la escena del crimen y un sistema lento y burocrático para hacerse de la evidencia de cada caso- son la receta para el desastre en casos de homicidio. Este es un delito en donde las primeras 48 horas son cruciales para el éxito de una investigación. En la Ciudad de México pueden pasar hasta tres meses para que la averiguación previa pase de la agencia ordinaria a la especializada.

Por ello, resulta sorprendente que, con estas enormes deficiencias del proceso investigativo, 45% de los homicidios dolosos en el DF se consignan. Colombia y Ecuador, con deficiencias muy similares, sólo llevan a juicio 3% y 1% de casos de homicidios respectivamente. Estos datos muestran sobre todo una cosa: la capacidad de fabricar culpables de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia es alarmantemente alta. Una reforma seria apostaría principalmente a elevar la calidad de la investigación y del proceso de enjuiciamiento penal. Necesitamos juicios de verdad y no simulaciones. Queremos tener certeza de que están en las cárceles personas que delinquieron y no chivos expiatorios. La Agencia Especializada en Homicidios del DF tiene el capital humano y las condiciones materiales para hacerlo. Falta, por tanto, la visión de Estado para que suceda.
19 Octubre 2013 03:00:29
Justicia para Israel
En México, hay un segmento de la población que está muy amenazado y en constante peligro. Ser joven, varón, entre 18 a 25 años, no tener terminada la primaria y con un trabajo en el mercado informal es vivir en un país con una tasa de homicidios tres veces mayor a la del país más violento del mundo y, a la vez, es ser blanco del abuso, la arbitrariedad y la injusticia del sistema de persecución criminal. Es decir, para esta población, si no te matan los delincuentes, te torturan y encarcelan las autoridades.

El caso de Israel Arzate Meléndez ejemplifica con rigor esto último. Israel es un joven que hoy tiene 28 años, pero cuando comenzó su calvario tenía 24. Se dedicaba a la venta de discos. Tiene un hijo menor y, junto con su esposa que trabaja en una estética, sacaban lo del mes. Su caso lo defiende el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la información con la que cuento me la proporcionó uno de sus abogados. Israel fue acusado de uno de los peores crímenes durante la administración de Felipe Calderón: la masacre de Villas Salvárcar, en Ciudad Juárez. El 30 de enero de 2010, en una fiesta de adolescentes, llegan varios sujetos con armas de alto calibre y comienzan a disparar abiertamente contra los jóvenes. Murieron 15. La indignación social fue enorme y con ella la presión de resolver el caso.

El 3 de febrero de 2010, Israel iba caminado por la calle y fue interceptado por una camioneta. Dos personas le preguntaron si se llamaba “Carlos Madrigal”. Él contestó que no. De cualquier modo, lo subieron al vehículo. Fue trasladado a las instalaciones militares de Juárez, en donde fue torturado por 30 horas. Tiempo después, funcionarios de la ONU y de la CNDH constataron que no había la menor duda de que Israel había sido torturado. Hasta el 4 de febrero Israel es presentado ante el MP de Chihuahua. En ese momento, los militares señalaron que lo detuvieron manejando una camioneta robada. El MP califica de legal la detención. Después lo regresan a las instalaciones militares. Al siguiente día, le hacen memorizarse un texto y lo videograban. En ese video aparece autoinculpándose de la masacre de Villas Salvárcar.

Israel fue acusado por dos delitos: posesión de auto robado y homicidio múltiple. La defensa argumentó tortura y presentó testigos que señalaron que Israel estaba en otro lugar el día de los hechos. De cualquier modo, el juez lo vincula a proceso.

El MP sólo había aportado la declaración de Israel extraída bajo tortura. Para reforzar su acusación, decidió presentar a una víctima de la masacre que había recibido un balazo en la cabeza. ¿Quién puede recordar algo en esas condiciones? Durante la audiencia, dicha testigo se encontraba muy frágil física y emocionalmente. Evidentemente no pudo más que relatar inconsistencias. La defensa acusó al MP de revictimizar a la testigo y aportó pruebas periciales que constatan que no estaba en condiciones de recordar nada.

Luego la fiscalía presentó el papeleo de siempre: un montón de pruebas que nada tienen que ver con los hechos. La única prueba que coloca a Israel en el lugar de los hechos es su propia confesión extraída bajo tortura. Así de frágil es la libertad de estos jóvenes. Carne de cañón para un sistema de persecución criminal perversamente ciego y arbitrario.

El 24 de octubre de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte ejerció su facultad de atracción para resolver dos amparos pendientes del caso de Israel. El primero tiene que ver con la acusación de robo de vehículo, en la cual el fiscal escondió una prueba clave: la pericial que indica que no existían huellas dactilares de Israel en el vehículo. El segundo amparo tiene que ver con el auto de vinculación a proceso en el caso de homicidio. La defensa argumenta que no hay elementos para llevarlo a juicio, pues la única prueba es una confesión extraída por tortura. Dado los precedentes de la Primera Sala, es muy probable que el calvario de Israel termine con la sentencia de la Corte. Eso esperamos.

Dos cosas me parecen muy preocupantes del caso de Israel. En primer término, es indignante que casos de extrema injusticia como éste tengan que llegar a la Corte para encontrar una instancia jurisdiccional capaz de resolverlos. Para Israel, ello ha significado casi cuatro años de su vida y quizá sean cinco cuando la Corte lo resuelva. Para la inmensa mayoría que no tiene acceso a un buen abogado puede significar una vida entera en la cárcel por un delito que no se cometió. Remediar la injusticia de forma expedita y accesible sigue siendo la asignatura pendiente más importante de los poderes judiciales, locales y federal, sobre todo en el ámbito de la justicia penal.

Mi segunda preocupación tiene que ver con la reforma penal. Chihuahua es de los estados que más avanzados van en su implementación y, como vimos, los frenos y contrapesos a los que deben estar sujetos los militares y los ministerios públicos no funcionaron. Yo creo que el caso de Israel nos habla de la fragilidad de los procesos de la reforma penal en México y de su falta de convicción por determinados valores que le dan brújula y significado. Los grandes perdedores son los miles de jóvenes como Israel. ¿Cómo no van a estar enojados?

05 Octubre 2013 03:06:09
Inercia del pasado
Jueces y abogados tienden a repetir las conductas aprendidas y a reproducir las maneras de pensar e interpretar las normas jurídicas aunque cambie el contexto en donde operan. La resistencia al cambio de las instituciones de justicia es enorme. Ello explica por qué las democracias de fines del siglo 20 -entre ellas la mexicana- se han topado con enormes dificultades para lograr que el cambio de régimen político vaya aparejado de un cambio del mismo calado en el ámbito jurídico.

Si bien es cierto que las transiciones democráticas han significado la creación y reforma de un importante número de normas jurídicas e instituciones legales -comenzando por la Constitución-, la profesión legal, que es la que tiene que hacer operativas esas normas, ha sido formada bajo la sombra del autoritarismo. Sus formas de entender el derecho, de concebir la función jurisdiccional, de razonar jurídicamente están impregnadas de aquello que funcionó en el viejo régimen.

Uno de los ámbitos en donde más claramente se puede observar esta resistencia al cambio es en la justicia penal. Para muestra vale la pena echarle un vistazo al caso del sacerdote José Carlos Contreras, sentenciado a 33 años de prisión por los delitos de violación y homicidio de Itzachel Shantal González, alumna del Instituto Salesiano de San Luis Potosí. Hace unas semanas, la Primera Sala de la Suprema Corte le concedió un amparo liso y llano para que fuera liberado por falta absoluta de pruebas. El acusado pasó cuatro años en la cárcel. Lo que resulta dolorosamente escalofriante es observar cómo en un caso relevante y que tuvo mucha cobertura mediática en San Luis Potosí vemos al sistema de justicia penal de toda la vida. Es decir, mientras que el país se democratizó y se crearon muchas nuevas instituciones, el sistema de procuración e impartición de justicia se quedó inmóvil, en sus rutinas autoritarias, sus obscuras burocracias, sus papeleos y sus rituales absurdos. Como ha sucedido toda la vida, en este asunto el Ministerio Público se dedicó a ordenar diligencias y a acumular papeles sin tener una historia o una hipótesis de qué paso y por qué el acusado debía ser el responsable. La causa penal tuvo 8 tomos, casi 11,000 hojas, 218 pruebas conformadas por 175 declaraciones testimoniales, 35 informes periciales, 7 inspecciones oculares y una diligencia para localizar diversos objetos. Entre todo ese papeleo absurdo y sin sentido, la Corte determina que no hay ninguna evidencia que incrimine al acusado.

La relevancia de la sentencia de la Primera Sala tiene que ver con la manera en que los ministros hacen explícita la falta de metodología del Ministerio Público para armar una historia del caso que haga sentido y, al mismo tiempo, la complicidad de los jueces para avalar esas historias falsas, fuera de toda lógica y sentido común. Con una redacción muy didáctica, la Corte pide a los jueces penales que hagan explícita la tesis o teoría del caso que plantea el Ministerio Público y la pongan a prueba de la lógica, la razonabilidad y las reglas de la experiencia. Cuando la Corte lleva a cabo este ejercicio para el caso concreto, el asunto simple y llanamente se desmorona. Al respecto la sentencia concluye: “a) no existen pruebas de cargo directas de las cuales se desprenda la responsabilidad penal en cita; b) algunos de los indicios tomados en consideración en la sentencia recurrida parten de hechos falsos; c) algunos indicios contienen inferencias argumentativas erróneas; y d) respecto a ciertos indicios, la forma en que se recabaron los hechos de los cuales parten fue realizada de forma técnicamente deficiente”. Demoledor tanto para los jueces que dictaron la sentencia como para el Ministerio Público que armó la acusación.

Con esta sentencia la Corte pone el dedo en uno de los cambios más importantes para transitar de un sistema penal autoritario a uno democrático: la capacidad del sistema para contar historias. Hasta hoy, los ministerios públicos no han tenido que construir explícitamente la tesis del caso. Su trabajo ha sido anexar diligencias, armar un expediente, poner un montón de papeles juntos. Ello significa condenar a personas sin explicar claramente por qué son responsables. Así funciona la justicia penal de los regímenes autoritarios. La justicia penal democrática tiene que dar razones para privar de la libertad a una persona. Ello significa que la acusación del Ministerio Público es centralmente una historia o tesis de qué sucedió sustentada con las pruebas recabadas. Los jueces penales, según infiero de lo que está diciendo la Corte, deben hacer explícita la tesis del caso -aunque no lo haga el Ministerio Público- y ver si hace sentido y si está apoyada por la evidencia recabada. Si todos los jueces penales hicieran así su trabajo, no sería tan sencillo tener chivos expiatorios en las cárceles y los ministerios públicos tendrían que mejorar sus técnicas de investigación. Ello no va a pasar sólo por una sentencia de la Corte. La inercia del sistema penal es tan fuerte que se necesita un verdadero terremoto institucional para cambiarlo. Sin embargo, no por ello debe pasar desapercibida la decisión: bien por la Primera Sala, otra gran sentencia en materia penal.
07 Septiembre 2013 03:00:38
Jueces o académicos
La Suprema Corte es una institución en la que la personalidad y temperamento de los ministros, y no sólo su ideología, cuenta mucho para definir el derecho en los casos que resuelven y para determinar el sentido de sus sentencias. Esta es la tesis central del interesante libro de Jeffrey Rosen: The Supreme Court: The Personalities and Rivalries that Defined America.

¿Cómo definir el temperamento de los jueces? Según Rosen, una de las mejores definiciones la ha dado el actual presidente de la Corte Suprema norteamericana. El Chief Justice John Roberts sostiene que el temperamento judicial es la disposición de cada juez para tomar distancia de sus propias concepciones sobre la interpretación jurisprudencial correcta y tener capacidad de evaluar la de los otros jueces, para así encontrar consensos con sus pares y predictibilidad en el derecho. La diferencia entre ser juez y ser académico, según Roberts, tiene que ver con que un buen juez, a diferencia de un académico, puede suprimir su agenda ideológica o su deseo de protagonismo en aras de definir el derecho de forma colectiva con sus pares. Los buenos jueces construyen consensos, los buenos académicos defienden puntos de vista personales. Con esta idea como eje central, Rosen analiza la historia de la Corte Suprema norteamericana a la luz de la rivalidad entre los justices que fueron buenos jueces y los justices que fueron buenos académicos, para llegar a la conclusión de que los justices que fueron muy inflexibles en sus posiciones se quedaron aislados, mientras que los que tuvieron el liderazgo para construir consensos tuvieron un enorme impacto en la historia de Estados Unidos.

En la Suprema Corte mexicana, a diferencia de lo que ocurre en casi todos los tribunales constitucionales en el mundo, el proceso de decisión premia el individualismo. Ninguna parte de dicho proceso está puesta para construir consensos. Para empezar, el proyecto lo elabora el ministro ponente sin tener idea de cuál es la posición del resto de los ministros. Por tanto, de punto de partida no elabora un proyecto que intente incluir las visiones de sus pares. En segundo término, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, los ministros deliberan públicamente y, si se trata de una sesión del Pleno, lo hacen frente a la televisión. Ello limita extraordinariamente la profundidad del debate. Casi siempre los ministros se limitan a externar su posición, no discuten entre ellos, ni mucho menos intentan construir consensos. Es difícil cambiar de posición frente a la televisión. Ese proceso deliberativo incentiva votaciones divididas, en votos concurrentes y disidentes. Rara vez hay una sentencia en la que todos estén de acuerdo. Con este tipo de procedimiento todo está puesto para el protagonismo y las individualidades. La prensa va a reportar lo que dijo cada uno de los ministros o algunos de ellos, pero nunca lo que dijo el máximo tribunal del país como tal.

En este sentido, parece casi un milagro que 10 de los 11 ministros hayan llegado a un consenso en un tema muy controvertido: qué hacer cuando un derecho humano establecido en un tratado internacional suscrito por México entra en conflicto con límites establecidos por la propia Constitución. El proyecto del ministro Zaldívar establecía que este era un problema interpretativo, es decir, que cada juez, caso por caso, tendría que interpretar los derechos humanos y sus restricciones constitucionales a la luz de los criterios que establece el artículo primero constitucional. Siete de sus colegas, principalmente los ministros que vienen de carrera judicial, no estaban de acuerdo con esa interpretación. Para ellos, los límites constitucionales siempre deben prevalecer frente a los derechos humanos establecidos en tratados internacionales. La única manera de lograr una decisión de consenso fue buscar el punto medio. El ministro ponente lo hizo y el resto de sus colegas, salvo Cossío, se sumaron al proyecto.

“Hay temas en los cuales no puede uno ceder la posición personal”, manifestó Cossío. Difiero: creo que en este tema en particular, que tiene un potencial impacto en cualquier litigio local o federal, los ministros tenían que mandar una señal clara a los jueces y a los abogados litigantes. Una decisión de siete contra cuatro no iba a mandar tal señal. El consenso era muy importante para la predictibilidad y certeza judiciales. En este sentido, da gusto ver a una Corte en donde los ministros reprimen su individualismo en aras de que se escuche, firme y clara, la voz del Tribunal. Para que se repitan estos casos con más facilidad, los ministros tendrían que renunciar a la cámara de televisión y modificar su proceso de toma de decisiones. Por lo pronto: la Corte dio un gran debate en un tema de enorme relevancia y llegó a la mejor solución posible dada su integración.
24 Agosto 2013 03:00:50
Cambio de paradigma
El lunes que viene, el Pleno de la Suprema Corte tiene la posibilidad de sentar las bases jurisprudenciales para que los jueces y los litigantes en México tengan parámetros claros sobre cómo operar, en el día a día, la reforma constitucional de derechos humanos. Los proyectos a discutir son del ministro Arturo Zaldívar y del ministro Alfredo Gutiérrez. Ambos resuelven contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados que tienen que ver centralmente con los problemas jurídicos que se derivan de dotar de rango constitucional a las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales suscritos por México. Todos estos temas son muy técnicos y es difícil siquiera dimensionar, para alguien ajeno al mundo del derecho, la relevancia e implicaciones concretas de cada uno de ellos. No obstante, haciendo abstracción de las cuestiones técnicas, creo, lo que está en juego para todos nosotros es qué tan amplio o restringido es el catálogo de derechos humanos de rango constitucional que podemos hacer valer frente a la autoridad y bajo qué principios o criterios deben interpretar y hacer efectivos tales derechos los jueces.

Esta discusión de los ministros se inserta en un México que en donde el viejo modelo político de gestión de la conflictividad social está roto. La administración de Calderón apostó a generar un nuevo modelo centrado en el uso de la fuerza coactiva del Estado. Su apuesta no resultó o fue incompleta. La posibilidad de que el Estado mexicano pueda construir mecanismos duraderos y efectivos de control y pacificación de conflictos no sólo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y el ejercicio de la fuerza coactiva. También, creo yo, se necesita de una profunda transformación de la administración de justicia. En concreto, necesitamos jueces que generen nuevos referentes colectivos sobre la relación entre el derecho y la justicia. Esto es, requerimos de jueces que, a través de sus decisiones, nos permitan comprender por qué el derecho que nos rige es justo, razonable y socialmente útil. Ello es lo que, en una democracia, incentiva el acatamiento voluntario de las normas jurídicas. En este sentido, el discurso jurídico que domina en el ámbito jurisdiccional -acartonado, reiterativo, formalista-, y que es propio de jueces que operaron en un régimen autoritario, es uno de los obstáculos más importantes que enfrentamos para construir esos nuevos mecanismos de pacificación de conflictos propios de una democracia.

La reforma constitucional de derechos humanos bien implementada puede convertirse en el motor de cambio del paradigma argumentativo de los jueces en México. El tipo de retórica jurídica que se necesita para hacer operativos los derechos humanos en la resolución de conflictos jurisdiccionales exige un nuevo tipo de destrezas argumentativas tanto para la profesión legal como para los jueces. Las normas de derechos humanos se caracterizan por utilizar un lenguaje axiológico y particularmente genérico. Su propósito, además, es poner al ciudadano en el centro del quehacer de la autoridad, incluidos los jueces. Todo ello hace que sea imposible utilizar la típica retórica judicial de análisis de puntos, comas y letras. Los jueces ya no podrán argumentar que “si la sentencia es injusta es culpa del legislador”. Dicho en forma positiva, los derechos humanos, como normas de rango constitucional, obligan a todos los jueces y a los abogados litigantes a argumentar soluciones jurídicas que tienen que hacerse cargo de los valores que nos dan identidad como colectividad y que le dan sentido a un régimen democrático. También tendrán que hacerse cargo de las implicaciones, en términos sociales, políticos y económicos, de las soluciones propuestas. Las malas sentencias seguirán existiendo como hasta ahora. La diferencia es que, con el paso del tiempo, la calidad del discurso jurídico y su posibilidad de diálogo con la sociedad y la opinión pública permiten generar un debate público de mayor calidad sobre el desempeño de los jueces, así como mejores referentes colectivos sobre la relación entre el derecho y la justicia. Inclusive las malas sentencias se discutirán desde un paradigma distinto: la razonabilidad, la justicia, la utilidad de la solución propuesta, etcétera.

Los proyectos de Zaldívar y de Gutiérrez son el prototipo de la nueva retórica jurídica que necesita nuestro sistema de administración de justicia. Ambos son proyectos increíblemente claros, analíticos, congruentes y persuasivos. Además, son muy complementarios en contenido. Me parece que los ministros que no estén de acuerdo con tales proyectos tendrán problemas para rebatirlos con buenos argumentos jurídicos. Pero, sobre todo, la pregunta que está en el aire es, finalmente, cuántos de los 11 ministros tienen clara la función histórica que le toca a la Corte desempeñar en este México conflictivo y convulsionado. Preservar el statu quo es receta para el desastre. Veamos qué pasa el lunes en la Corte y quién es quién de los ministros.
10 Agosto 2013 03:00:17
Racionalidad mínima
“Sería irracional legalizar la mariguana, pues, por la magnitud de los daños que ésta provoca, el país carece de capacidad sanitaria para la demanda de atención y de recursos económicos para la rehabilitación de los adictos a la misma”. Ésta es la opinión de Fernando Cano Valle, coordinador del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic). En un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM esta semana, el coordinador tomó una posición radical en el debate sobre la legalización del consumo de mariguana. Sus argumentos para que no se modifique la ley giraron en torno a dos ideas: 1) el consumo de mariguana provoca “cuantiosos daños al cerebro, la memoria, el sistema de locomoción y el estado psíquico” y, 2) no se tendrían recursos suficientes para “contener” a los adictos a esa droga y se tendría un “problema exponencial” de adiciones.

En todo debate público existen dos posiciones que presentan argumentos opuestos y que intentan convencer de las ventajas sociales de la solución propuesta. Yo hubiese esperado que los argumentos que pone en el debate uno de los funcionarios públicos más relevantes en la atención a los problemas de adicciones en México hubiesen sido de mayor calidad, veracidad y profundidad. Está bien no estar de acuerdo, pero por razones fundadas en evidencia y bien informadas.

En primer término, en México, desde 2009, el consumo, no sólo de mariguana, sino de todas las demás drogas en el mercado, es legal. La Ley General de Salud, en su artículo 479, fue modificada para que no se persiga penalmente a quien posea 5 gramos mariguana, 2 gramos de opio, 0.5 gramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 0.015 miligramos de LSD o 40 miligramos de metanfetaminas. La discusión con respecto a la mariguana que está sucediendo en el DF y Morelos es que 5 gramos (equivalente a un cigarro de mariguana) es una dosis muy baja para que verdaderamente quede despenalizado el consumo de esta droga.

De ello da cuenta la Encuesta a Población Interna de Centros Federales de Readaptación Social del CIDE: 60% de los internos en cárceles federales están por delitos contra la salud, de los cuales 59% tiene que ver con la mariguana. De esos internos, 38.5% están en la cárcel por posesión, es decir, porque los detuvieron con más de 5 gramos de mariguana pero no se dedicaban al narcomenudeo. Es tremendamente injusto, además de irracional en términos de política pública, utilizar el castigo más severo que puede poner el Estado para quien ha decidido fumar mariguana. La cárcel debe ser para quien viola, mata, roba o secuestra. No para quien consume mariguana. En este sentido, la discusión en torno a la legalización del consumo de mariguana simplemente busca un camino distinto, más racional, menos violento, menos radical, para atender los problemas sociales y de salud que en algunos casos, la minoría afortunadamente, provoca el consumo abusivo de mariguana. La evidencia médica disponible permite sostener que la mariguana es mucho menos adictiva que el alcohol, la cocaína o la heroína.

Por todo ello, el coordinador del Consejo Nacional contra las Adicciones, para demostrar que la legalización del consumo mariguana va a provocar una ola de adictos incontenible, tendría al menos que haberse referido a la evidencia empírica que existe del 2009 a la fecha. Es decir, tendría que haber proporcionado datos de cómo se ha comportado el consumo y la adicción a la mariguana antes y después de la reforma legal del 2009. Sin esos datos, sus argumentos son alarmistas y especulativos.

El problema es que los datos existentes no le dan la razón al coordinador del Conadic. La experiencia de países como Portugal, España, Holanda, Argentina, Canadá, Chile, entre otros, en donde el consumo de mariguana es legal, no apoyan la tesis de que ello ha generado una ola de adictos descontrolados y en aumento exponencial.

Para debatir seriamente un tema controvertido se necesitan al menos dos actitudes: 1) reconocer lo que los datos dicen y lo que no sabemos, y 2) controlar nuestra tendencia mental a preferir las soluciones conocidas y rechazar, a priori, nuevas opciones o alternativas.

¿Qué no sabemos sobre la legalización de la mariguana? No sabemos si ello va a reducir la violencia o simplemente las organizaciones criminales cambiarán de giro, o ambas. Tampoco sabemos cuánto aumentará el consumo ni cómo se va a comportar el precio de esa droga. En Estados Unidos la legalización no ha traído una reducción importante en el precio de la mariguana ni un aumento desorbitante de consumidores. Por otra parte, lo que sí sabemos es que tratar el problema de la droga desde una óptica de salud pública y de regulación hace mucho más sentido que con pistolas, policías y cárceles. De esto se trata esta discusión: de establecer una racionalidad mínima de política pública en el debate de drogas (costo-beneficio y cuestiones así de elementales) y hacernos cargo, por primera vez, de los enormes costos que como país y sociedad han tenido las políticas prohibicionistas norteamericanas.
27 Julio 2013 04:06:09
Infancia y violencia
En México, ser un joven varón entre 18 y 25 años de edad que no terminó la primaria significa vivir en “un país tres veces más violento que el país más violento del mundo”, según el interesante artículo de Merino, Zarkin y Fierro publicado en la revista “Nexos” de este mes. Según los autores, la tasa de homicidios de hombres entre 18 y 25 años sin primara completa, desde 2009, ha sido superior a 300 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa de homicidios a nivel nacional, en el 2011, fue de 25 y en Honduras, el país más violento del mundo, la tasa fue 92 homicidios por cada 100 mil habitantes. “Estos jóvenes -señalan los autores- con baja escolaridad representan el 17% del total poblacional de hombres entre 18 y 25 años, pero 44% del total de homicidios. Son ellos, a los que parecemos decir: son prescindibles”.

¿Qué relación existe entre los niveles de escolaridad y la violencia? ¿Por qué disminuye la probabilidad de ser matado con arma de fuego el aumento en los niveles de escolaridad? Una respuesta simplista diría que a menores niveles de escolaridad existen menores oportunidades laborales y que, por tanto, aumenta la propensión a cometer delitos y terminar muerto por arma de fuego. Sin embargo, esta respuesta es tan superficial que no permite buscar soluciones al problema. No es lo mismo participar en actividades ilícitas por falta de oportunidades laborales que ejercer violencia. La pregunta a responder es: ¿cuáles son los ingredientes sociales, psicológicos, familiares que propician o hacen más factible que una persona opte por ejercer violencia contra otros? Del análisis estadístico de Merino, Zarkin y Fierro sobre homicidios en México, me parece que una posible clave está en entender cuáles son las diferencias entre los contextos sociales y familiares de los varones que terminan la primaria y los que no los hacen.

La academia norteamericana lleva tiempo intentando responder a una pregunta similar: por qué los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos tienen mucho menos probabilidades de terminar la universidad y de tener una vida productiva y feliz que los estudiantes de clase alta. Existe un gran debate al respecto. Sin embargo, algunos de los hallazgos más interesantes se han hecho desde las facultades de medicina y neurociencia. Después de una larga lista de estudios empíricos, lo que los académicos han concluido es que determinadas experiencias adversas en la infancia tienen un enorme impacto tanto en la salud como en el desempeño académico de los niños. Estas experiencias adversas han sido clasificadas en 10 categorías según nivel de gravedad. Se trata de experiencias como negligencia extrema en los cuidados físicos de los menores, padres/madres alcohólicos, adictos a la droga, encarcelados o en instituciones mentales, abuso sexual, abandono en casas de adopción, entre otras. El común denominador es que estas experiencias generan altos niveles de estrés en los menores, lo cual tiene repercusiones muy importantes en el desempeño escolar. Según señala Paul Tough, 51% de los menores que experimentan cuatro o más de las experiencias catalogadas como traumáticas tienen problemas de aprendizaje serios. Ello se debe a que el estrés afecta sobre todo a la corteza prefrontal, la cual es crítica para autorregular las funciones emocionales y cognoscitivas. Ello significa que los niños que crecen en ambientes familiares con alta tensión o estrés tendrán problemas para concentrarse, para permanecer sentados y para seguir indicaciones. Todo ello afecta negativamente su desempeño escolar. Pero, además, un mecanismo de defensa común de los menores que padecen experiencias traumáticas es ejercer violencia, de distintos tipos, en contra de otros. Todo ello junto es una combinación explosiva, pues, por un lado, disminuyen significativamente sus probabilidades de tener una vida productiva y, por el otro, aumenta la violencia social.

Me pregunto, en el caso de México, ¿qué porcentaje de los jóvenes de entre 18 y 25 años que no terminaron la primaria padecieron algunas de las experiencias traumáticas a las que se refieren los académicos norteamericanos? ¿Qué está pasando a puerta cerrada en los hogares? Hasta ahora, muy poco se ha hecho en México para abordar los problemas de violencia y abuso infantil. Ni siquiera tenemos dimensionada la gravedad del mismo. Tampoco existen protocolos en los hospitales públicos para canalizar a niños golpeados. Mucho menos la escuela ha generado mecanismos efectivos para detectar a menores violentados en sus casas. Todo lo que sucede en el hogar malamente se ha estimado que es “privado”. Sin embargo, la violencia física y psicológica a los menores es un asunto de interés general, pues, según la investigación de punta en otros países, hogares violentos generan, en el largo plazo, comunidades violentas.
12 Julio 2013 03:00:50
Métodos policiacos
Los abusos policiacos suceden en todas partes del mundo. Detenciones e interrogatorios a punta de golpes y amenazas forman parte de los desafíos de cualquier director general de la policía. La diferencia entre unos países y otros es cuan repudiable, en términos del sistema de justicia y de la opinión pública, resultan tales excesos. Esto último sí nos dice algo respecto del carácter de la sociedad y de la fortaleza de sus instituciones.

Los datos de la primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social del CIDE, realizada en 2012, posiblemente no sorprenda a nadie que viva en nuestro país. Prácticamente 6 de cada 10 detenidos sufrieron golpes y agresiones durante la detención. Los tipos de agresiones más frecuentes fueron: patadas (85%), puñetazos (83%), agresión con objetos (68%), lesiones por aplastamiento (62%), asfixia (56%) y toques eléctricos (35%). Además, como sucede en las dictaduras militares, 5 de cada 10 detenidos no fueron puestos a disposición del MP “sin demora” como lo marca la Constitución, sino que antes pasaron varias horas siendo interrogados en algún cuartel militar o de la Policía Federal. Finalmente, 4 de cada 10 detenidos se declararon confesos, de los cuales 60% lo hicieron porque fueron torturados, amenazados, presionados o chantajeados.

Estos datos son públicos desde hace algunos meses y no han generado más que indiferencia. Parece que estamos resignados a que estos métodos de las Fuerzas Armadas y la Policía sean inevitables: “así son las cosas en México”, “se lo merecen los detenidos”, “algo habrán hecho”, “sólo así se les puede atrapar”, y un largo etcétera.

Dada nuestra resignación con los abusos policiacos me parece interesante analizar, como punto de contraste, una vieja sentencia del Tribunal Supremo de Israel: el Comité Público contra la Tortura en Israel vs. el Estado de Israel. Este asunto se resolvió en 1999. El tribunal examinó las denuncias presentadas por el Comité que consideraban ilegales ciertos métodos de interrogación utilizados por los investigadores del Servicio Israelí de Seguridad General. El Estado de Israel no aceptó que esos métodos fueran ilegales ni que constituyeran actos de tortura. El tribunal, por un lado, señaló que esos actos no eran tortura propiamente sino reflejaban una “violencia física moderada” pero, por el otro, consideró que los miembros del Servicio Israelí de Seguridad no estaban autorizados para utilizar la violencia física, moderada o no, como método de interrogatorio a los sospechosos de terrorismo. Lo que me parece relevante para el caso de México es la clase de argumentos que dieron los jueces de Tribunal Supremo de Israel.

“Una sociedad democrática --argumenta el tribunal-- amante de la libertad, no acepta que los investigadores recurran a cualquier medio para descubrir la verdad. Las prácticas utilizadas en los interrogatorios de la policía de un régimen dado revelan el carácter de ese régimen”. (...) “A veces el precio de la verdad es tan alto que una sociedad democrática no está dispuesto a pagarlo”. (...) “Una investigación ilegal menoscaba la dignidad humana del sospechoso. También menoscaba la imagen de la sociedad”. (...) “Una investigación razonable es necesariamente una investigación en la que no hay tortura, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes a la persona”. (...) “La dignidad humana incluye también la dignidad del sospechoso sometido a interrogatorio”. (...) “Las prohibiciones son absolutas. No admiten excepciones”.

Los jueces, en una democracia, son quienes controlan que el poder coactivo del Estado no se exceda y, al mismo tiempo, cuando saben hacer bien su trabajo, los jueces hacen explícita la brújula axiológica que le da legitimidad al ejercicio de la coacción estatal. Dicha legitimidad se traduce en confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia. Es posible que parte de la fortaleza del servicio de inteligencia de Israel se deba a que sus jueces no les han permitido a los investigadores salidas falsas como recurrir a la tortura para obtener información.

Llama la atención cómo, en la sentencia mencionada, los jueces resaltan una y otra vez la dignidad humana del sospechoso. En ese caso se trataba de sospechosos de terrorismo. En México, en 2012, 60% de los internos en las prisiones federales fueron sentenciados por estar vinculados al negocio de la droga y de ellos más del 80% se les acusó de transportar, poseer, vender al menudeo o plantar. Sólo 10% fueron vendedores al mayoreo.

En realidad no es central la conducta por las que se les acusa. Desde la óptica mexicana, no hay lugar a hablar de la dignidad humana del acusado. Mucho menos estaríamos dispuestos a que algunos de ellos fueran puestos en libertad por un juez que estimara que la detención e interrogatorio policiaco fueron inconstitucionales. Para muestra el caso Cassez. Lo que nosotros queremos encubrir con el falso debate entre los derechos de la víctima y el acusado en realidad tiene que ver con lo que señala el Tribunal Supremo de Israel: lo que admitamos que pueda suceder en la detención y en un interrogatorio policiaco revela la naturaleza de nuestro régimen político y las
29 Junio 2013 04:04:43
Derecho a la defensa
Hace unas semanas, el pleno de la Suprema Corte decidió varios amparos que tenían que ver con el derecho de todo acusado a una “defensa adecuada” en un proceso penal. En concreto, se trataba de personas sentenciadas que no tuvieron un abogado que los defendiera sino una “persona de confianza”. Está claro que una defensa jurídica y técnica sólo la puede llevar a cabo un abogado. La persona de confianza en el mejor de los casos puede brindar algún apoyo emocional.

El problema es que, antes de la reforma constitucional del 2008, la Constitución permitía esta atípica forma de defensa. La pregunta que resolvió el pleno es si hoy, con los nuevos estándares constitucionales en materia de derechos humanos, se puede considerar que un acusado defendido por persona de confianza tuvo o no garantizado su derecho a una “defensa adecuada” como lo establece la Constitución. Después de cuatro sesiones del pleno y un debate a momentos ríspido, seis de los once ministros estimaron que violaba la Constitución y los tratados internacionales la defensa a cargo de una persona de confianza y que no era relevante si se trataba de casos anteriores a la reforma del 2008.

Es interesante observar cómo la Suprema Corte se divide cada vez más en dos bloques: los ministros adversos al cambio y los ministros que entienden que la agenda de los derechos humanos significa replantear y modificar viejas formas aprendidas. La defensa a cargo de persona de confianza forma parte de esos criterios jurisprudenciales del viejo régimen.

Gracias a que los jueces han considerado que la persona de confianza lleva a cabo una “defensa adecuada”, hoy, en cualquier agencia del Ministerio Público, en vez de darle acceso al detenido a un abogado de oficio, se le pide que llame a un familiar para que firme las constancias de autos en carácter de defensor. Esta práctica explica por qué se pueden violar tan recurrentemente los derechos humanos del detenido sin ninguna consecuencia en el proceso. Las encuestas del CIDE a población en reclusión dan cuenta de ello. En el DF, en 2012, a 72% de los internos sentenciados no se les informó en la agencia del MP de su derecho a guardar silencio, 70% no estuvo presente la persona de confianza ni abogado al rendir su declaración ante el MP, a 70% no se le informó de su derecho a hacer una llamada telefónica, por mencionar algunos de los derechos más violados en la fase de detención. Nuestros ministerios públicos sólo saben construir acusaciones a la mala: utilizando la incomunicación, la intimidación y la arbitrariedad. Y esta forma de trabajo, a falta de abogados que la cuestionen, es validada por los jueces. La falta de buenos defensores públicos para quien no puede pagar un abogado (que es la inmensa mayoría de los acusados) hace que los jueces sean sobrecogedoramente indulgentes con la ineptitud, la mentira y la arbitrariedad de las Procuradurías. Esta indulgencia es la causa principal del colapso que padece el sistema penal en su conjunto.

En este sentido, el derecho a la defensa adecuada no sólo es un derecho instrumental para garantizar el ejercicio de los demás derechos humanos del detenido, además, el derecho a la defensa es el vehículo para incentivar la profesionalización del sistema de justicia penal. Si tuviera que elegir una sola política pública para comenzar a reformar este sistema, elegiría la construcción de la defensoría pública. Son los abogados del acusado los que pueden exigir que el MP haga su trabajo bien y apegado a derecho. Es decir, son los que pueden imponer costos a las prácticas autoritarias que rigen la investigación y persecución criminal en México. Si se logra que no sea posible ganar casos a la mala, como lo hace hoy el Ministerio Público en forma rutinaria, entonces es probable que las Procuradurías tengan incentivos para reformarse. La defensoría pública, creo, tiene el potencial para resquebrajar el equilibrio más perverso del sistema: si con un pésimo trabajo y violando sistémicamente los derechos del acusado el MP gana 87% de los casos, ¿por qué querría alguna Procuraduría reformase?

Defender el derecho a la defensa adecuada es defender la posibilidad de reformar nuestro arbitrario y obsoleto sistema de justicia penal. La Corte con su sentencia eliminó una de las más burdas simulaciones: que un acusado se puede defender en juicio sin un abogado. Ahora bien, no hay que cantar victoria: no basta tener un abogado para que exista una “defensa adecuada”. Hay muchos abogados, privados y de oficio, que no hacen nada para defender a sus clientes. Establecer estándares mínimos a la calidad del trabajo del abogado, me parece, es la siguiente gran batalla constitucional por la eficacia del derecho humano a la defensa adecuada.
15 Junio 2013 04:08:41
¿Políticas preventivas?
Es un drama que cualquier niño abandone la escuela por no contar con unos lentes que le permitan ver bien, leer y aprender. El problema en México no parece ser menor. Según el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, “la SEP estima que el 28% de los casos de deserción se relacionan con problemas de discapacidad, principalmente auditiva y visual”. Yo creo, y habría que demostrarlo empíricamente, que el hambre, la necesidad de ganar dinero y la violencia intrafamiliar, entre otros, son causas centrales de la deserción escolar, y quizá sean mucho más importantes que la discapacidad visual.

Sin embargo, no soy experta en ese tema. La pregunta que vale la pena responder, y esa es la que a mí me llama la atención, es si debería o no ser la tarea de la Subsecretaría de Prevención del delito atender el problema de la discapacidad visual de los niños mexicanos. Roberto Campa sostiene que este programa de reparto de lentes en el largo plazo va a reducir el delito y la violencia, pues va a reducir la deserción escolar. Si este es el enfoque de la política preventiva, creo que se ha perdido por completo el foco. El problema grave de la deserción escolar, en mi opinión, es un problema que debería atenderse en Sedesol, pues está íntimamente relacionado con los índices de pobreza y marginación. La Subsecretaría de Prevención tiene otros focos rojos mucho más relevantes que atender, en términos de detonantes de violencia y delincuencia en el país.

En 2012, Catalina Pérez Correa y Elena Azaola coordinaron una encuesta a la población interna de los Centros Federales de Readaptación Social. En esta encuesta existen algunos datos que pueden ayudar a entender cuáles son contextos sociales y familiares que propician que hombres y mujeres decidan ingresar a las filas de la delincuencia. La encuesta destaca que 40% de los internos vivieron de niños con algún adulto que abusaba del alcohol; 18% vivieron con algún adulto que los golpeaba frecuentemente, y 35% han tenido al menos un familiar en la cárcel antes que ellos. Una variable muy importante es que muchos de los internos abandonan el hogar antes de cumplir 15 años y las razones centrales son la violencia intrafamiliar y las carencias económicas. En cuanto a la deserción escolar a nivel primaria, 16% de los hombres internos y 23% de las mujeres abandonaron la escuela antes de terminar la primaria, pero, a diferencia de lo que sostiene Campa, más del 50% lo hizo por necesidad de trabajar y proveer recursos económicos en sus hogares. Menos del 10% lo hizo por “falta de interés o porque no le gustaba la escuela”.

De lo poco que podemos entender sobre por qué aumenta el delito es que existen determinados contextos sociales y familiares que facilitan o provocan que en determinadas circunstancias una persona decida delinquir. Está claro, y en ello hay consenso en la literatura académica, que familias en donde se padecen abusos, golpes y alcoholismo tienen más probabilidades en que alguno de sus miembros decida ingresar al mundo de la ilegalidad y la delincuencia. De hecho, según cuentan las autoridades federales de la pasada administración, en el Call Center de Ciudad Juárez, durante los años más difíciles en términos de violencia, la llamada número uno en frecuencia fue “violencia intrafamiliar”. De lo que estamos hablando cuando se piensa en detonantes de la delincuencia es de exclusión social, de factores que inhiben el buen desarrollo emocional de los niños o de familias disfuncionales, más que de discapacidades visuales o de pobreza per se.

Sin embargo, a pesar de que muchos de estos detonantes ya están bastante estudiados, hasta la fecha, y es increíble que sea así, no conozco un protocolo efectivo o un programa de atención eficaz a víctimas de violencia intrafamiliar. Tampoco existe ninguna política pública para que maestros y vecinos ayuden a detectar hogares con niños abusados y maltratados. Finalmente, tampoco se han estructurado programas para descubrir a jóvenes problemáticos mucho antes de que decidan agarrar las armas y comenzar a disparar. En la pasada administración se gastó mucho dinero en las denominadas “políticas preventivas”, sin atender ni entender las cuestiones elementales. Ojalá, por el bien del país, que en este sexenio sí logremos aterrizar algunos programas concretos muy elementales: violencia intrafamiliar, abuso infantil y alcoholismo en el hogar. No soy ingenua: el grado de dificultad que tiene atender estos tres problemas es mayúsculo, pero es mucho grave y arriesgado seguir teniéndolos guardados abajo del tapete.

Por lo pronto, espero que la Subsecretaría de Prevención en vez dispersar su fuerza y recursos en atender la discapacidad visual de los niños de primaria, comience a centrar sus recursos en detectar y atender a los niños que padecen golpes en sus hogares. Sin duda una tarea mucho más difícil que la primera, pero mucho más efectiva si de lo que se trata es de prevenir que alguno de esos niños decida de adulto ingresar a las filas de la delincuencia.
01 Junio 2013 04:08:57
Presunto Culpable II
El documental “Presunto Culpable” continúa poniendo espejos al sistema de justicia mexicano. Esta vez no se trata de la justicia penal sino de la civil. Los productores Layda Negrete y Roberto Hernández, así como todos los que participaron en la distribución y exhibición del documental (Cinépolis, Cinemex, Televisa, entre otros) son demandados por el policía judicial, el testigo y la familia del difunto. El argumento es que utilizaron sin autorización su imagen y que ello ha afectado su honor y su reputación. El monto total que reclaman por daño moral sumando el conjunto de demandas excede los 3 mil millones de pesos. Una locura.

Este caso está destinado a llegar a la Suprema Corte de Justicia por su relevancia y trascendencia en temas tan vitales para una democracia como son la libertad de expresión y el derecho a un tribunal imparcial. Por lo que toca al primero, lo que está en juego no es menor. La cuestión constitucional a resolver es si está o no protegido por los artículos 6 y 7 de la Constitución exhibir imágenes de una audiencia judicial que es pública. La audiencia, aquí y en cualquier parte del mundo, es el centro gravitacional del sistema de justicia, pues es ahí donde podemos observar, evaluar, criticar o avalar el actuar cotidiano de todos los que operan el sistema: jueces, MP, abogados, peritos, testigos, etcétera. Limitar el trabajo periodístico en este ámbito, a través de demandas civiles de daño moral, es simple y llanamente limitar el escrutinio público y la rendición de cuentas del Poder Judicial.

Al igual que otros litigios importantes resueltos por la Primera Sala como La Jornada vs. Letras Libres y Edith Encalada vs. Lydia Cacho, el caso de Presunto Culpable también plantea la tensión entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Todos estos casos nacieron en la jurisdicción civil por demandas de daño moral y en todos se trataba de personas que se sintieron ofendidas por determinado trabajo periodístico. La Corte ha sido consistente en señalar que la libertad de expresión alcanza un nivel máximo de protección cuando se trata del periodismo y de la formación de opinión pública. Ello es así porque, en palabras de la Corte, “la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones, ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad, como prerrequisito para evitar la atrofia o el control de pensamiento y como presupuesto indispensable de las sociedades políticas abiertas, pluralistas y democráticas”. Me parece que la protección constitucional al trabajo de periodismo de investigación de “Presunto Culpable” está fuera de toda penumbra jurídica. No hay forma de que, en este caso, con la jurisprudencia que ha establecido de la Corte no se proteja la libertad de expresión por encima del derecho al honor.

Sin embargo, Presunto Culpable también plantea otra pregunta constitucional a la Corte que nunca ha sido analizada por los ministros: qué pasa cuando los jueces que van a decidir las demandas civiles de daño moral se sienten ofendidos en su reputación por el discurso o forma de expresión del demandado. A los jueces no les gusta la foto que les pone enfrente “Presunto Culpable”, les es incómoda y preferirían que no se hubiese hecho pública.

La juez 17 en materia civil, María Ivonne Jauffred Puente, en medio del desahogo de las pruebas confesionales por parte de Layda Negrete y Roberto Hernández, no pudo resistir la tentación del reproche y la queja. Palabras más palabras menos, públicamente les dijo enfadada que “Presunto Culpable” había sido excesiva en su crítica al Poder Judicial y que había dejado muy mal parado al Tribunal del DF. Esa juez es la encargada de dictar sentencias en varias de las demandas en cuestión. ¿Puede ser imparcial? No lo creo y no sé qué juez pueda serlo. Es decir, la pregunta constitucional es cómo garantizar el derecho a un tribunal imparcial cuando las formas de expresión involucradas en las demandas son incómodas u ofensivas a los miembros del Poder Judicial. Se requiere o no, establecer una protección constitucional adicional al trabajo periodístico en temas judiciales, ya que, en ese ámbito, lo más probable es que el juez civil que resuelva las demandas de daño moral, como está sucediendo en el caso de “Presunto Culpable”, se sienta más víctima que árbitro.

Es tiempo de debatir y de generar estándares constitucionales respecto a la publicidad de las audiencias judiciales. En todo el país se están implementando juicios orales en materia penal, familiar, mercantil, etcétera. Por primera vez, los tribunales de primera instancia se están abriendo a la ciudadanía. Es urgente proteger nuestro derecho a que lo que sucede en los recintos judiciales tenga la más amplia publicidad posible, pues sólo así los jueces y los demás operadores del sistema pueden rendir cuentas. “Presunto Culpable” está llamado a ser el caso que le permita a la Corte garantizar el derecho constitucional de todos nosotros a conocer, criticar y opinar sobre lo que hacen y no hacen todos los días los operadores del sistema de justicia. Se trata, creo yo, de las más básicas rendiciones de cuentas en una democracia.

Entresacado

Es urgente proteger el derecho a que lo que sucede en los recintos judiciales tenga la más amplia publicidad posible, pues sólo así los jueces y los demás operadores del sistema pueden rendir cuentas.

06 Abril 2013 04:04:13
Derechos:  ¿para quién?
Finalmente entró en vigor la nueva Ley de Amparo. El lunes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto la promulgó en un acto solemne en Palacio Nacional. Los múltiples cambios de la nueva legislación se pueden clasificar en dos grandes objetivos. El primero es dotar de mayores instrumentos jurídicos a los ciudadanos y a los jueces para la defensa y eficacia de los derechos humanos y, el segundo, es limitar los abusos al juicio de amparo que han debilitado la capacidad regulatoria del Estado y han servido para acentuar desigualdades jurídicas y crear regímenes de privilegio al amparo de la justicia.

En el primer rubro -ampliar la protección de los derechos humanos- se encuentran, entre otros cambios importantes, la expansión del catálogo de derechos humanos a los derechos establecidos en los tratados internacionales. También se encuentra la posibilidad de reclamar, a través del amparo, omisiones de los poderes públicos y no sólo acciones. Y, finalmente, quizá uno de los cambios con mayor potencial de impacto, la ampliación de las posibilidades de impugnación a actos o normas que afectan intereses colectivos e intereses legítimos y no sólo intereses individuales producto de un agravio personal y directo.

En el segundo rubro -evitar que se abuse del amparo- se encuentran, entre otros cambios normativos, una larga lista de supuestos en donde el juez no puede conceder la suspensión del acto reclamado con miras a que no se utilice el amparo para inhibir la acción del gobierno sin razones de fondo. El caso paradigmático es el mundo litigioso en el sector de las telecomunicaciones. Asimismo, con miras a evitar abusos, la nueva legislación contempla una serie de cambios importantes para inhibir algunas estrategias procesales comúnmente utilizadas por los litigantes que no tienen ningún otro propósito que dilatar y entorpecer la justicia ordinaria.

La tensión entre los dos objetivos de la ley es inevitable. Por un lado, existe una apuesta clara por parte de la clase política de generar condiciones para que los tribunales federales pongan su potencial al servicio de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. La experiencia de otros países indica que el amparo puede ser un instrumento poderoso para proteger derechos de minorías y grupos vulnerables y generar un piso básico de igualdad jurídica entre los ciudadanos. Por otro lado, el legislador también reconoce que los jueces federales en algunos casos han confundido la defensa de derechos con la protección de intereses y privilegios de grupos de poder. ¿Qué garantiza que la nueva Ley de Amparo va a servir para lo primero y no para lo segundo? ¿Cómo evitar que los nuevos instrumentos de defensa derechos no serán nuevamente utilizados para debilitar la capacidad regulatoria del Estado? ¿Cómo asegurar que lleguen a los tribunales los casos correctos para la defensa y desarrollo de las libertades y derechos básicos del ciudadano?

Está claro que no basta la entrada en vigor de la nueva ley para que el amparo funcione correctamente. Se necesitaría, además, instrumentar varias políticas públicas con ese objetivo. Si solamente nos enfocamos en la protección de derechos, la política más elemental, y que inexplicablemente es invisible en la agenda pública, es ampliar sustantivamente la posibilidad de que los ciudadanos comunes y corrientes puedan acceder a un tribunal federal para defender sus derechos humanos. El amparo sigue siendo un recurso legal para la élite, pues se necesita de un buen abogado para interponer una demanda que tenga posibilidades de éxito. ¿Quiénes en México pueden acceder a un buen abogado? Pocos. Existen al menos tres obstáculos para que ello suceda. En primer término, la falta de regulación y control de la profesión legal. Hoy existen miles de abogados chicaneros que cobran poco, prometen todo, pero hacen nada por defender a quien solicita sus servicios. Son abogados que generalmente desaparecen una vez que cobran por presentar una mala demanda. Muchos, muchísimos ciudadanos sólo tienen acceso a este tipo de asesoría legal, si se puede llamar así. El segundo obstáculo para acceder a un abogado es la falta de defensorías públicas. Las que existen son muy precarias y generalmente sólo llevan asuntos penales. Finalmente, en México, las estructuras de apoyo propias de los movimientos de derechos civiles son muy limitadas. Me refiero concretamente a que son muy pocas las organizaciones civiles de abogados y clínicas de interés público en las escuelas de derecho con capacidad de llevar a cabo litigios estratégicos. Todo ello hace que, en la práctica, los nuevos instrumentos de defensa de derechos de la ley de amparo sólo sean accesibles para unos cuantos.

Una verdadera política de derechos humanos es una política pensada y dirigida a los grupos vulnerables. En México, la paradoja es que la clase política decidió mejorar sustantivamente los instrumentos de defensa de los derechos humanos, pero se olvidó por completo de hacerlos accesibles. Mientras que ello sea así, la justicia seguirá siendo un bien escaso en nuestro país y la eficacia amplia y generalizable de los derechos y libertades básicas de los ciudadanos continuará pendiente.
26 Enero 2013 05:08:42
La relevancia de Cassez
Pocos casos en la Suprema Corte han sido tan controvertidos a nivel social y mediático como el caso de Florence Cassez. No me sorprende que, en el contexto actual, sea extraordinariamente complicado dotar de contenido real y tangible a los derechos constitucionales de los acusados. Vivimos en un país en donde muchos, muchísimos, han padecido y padecen los efectos de la violencia. Quizá ello explique por qué, según “Reforma”, 83% de los encuestados estimaron que fue una decisión equivocada.

No obstante, cabe destacar que algunas de las grandes decisiones de los tribunales constitucionales, esas que hacen historia y cambian paradigmas sociales, en su momento fueron decisiones incómodas, furiosamente criticadas y altamente impopulares. Recordemos, por ejemplo, lo complicado e impopular que fue en su momento para la Corte Suprema norteamericana declarar inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas o liberar a Miranda, acusado de secuestro y violación, porque la policía lo incomunicó y no respetó sus derechos constitucionales. Con el paso del tiempo, no obstante, este tipo de decisiones que mueven el statu quo se convierten en sentencias que renuevan el compromiso de la comunidad política con los valores que distinguen a una democracia constitucional de una dictadura. El caso de Cassez, creo, va ser leído así en algunos años. Me explico.

Durante el sexenio de Calderón, se construyó un discurso autoritario y repleto de prejuicios en torno a los denominados “criminales”. La política de seguridad fue diseñada a modo de guerra. Desde la narrativa gubernamental, la lucha contra las organizaciones criminales era la lucha entre dos grupos armados: las Fuerzas Armadas y la policía, por un lado, y los “criminales”, por el otro. Esa guerra presuponía que los bandos están definidos a priori: los buenos contra unos seres del mal, crueles e inhumanos. En ese mundo maniqueo, no es necesario un sistema de justicia que defina quién es responsable de un delito y quién es inocente. Tampoco se le exige al Estado demostrar con pruebas, juicios y procedimientos creíbles la culpabilidad. Presumir la inocencia del acusado o garantizar su derecho a un juicio justo parecen atentar contra el sentido común. En un contexto de guerra ya se sabe quién está en el bando opuesto. En vez de un juicio, basta con presentar a alguien ante las cámaras de televisión para que todos, incluido el juez que lo juzga, estén convencidos de su culpabilidad y de su “gran maldad”. Esto último justifica, además, cualquier tipo de atropello: desde los golpes hasta la tortura o la muerte. En la guerra lo que cuenta es atrapar (o acabar) con el enemigo, no importa cómo.

¿A quiénes atraparon las autoridades federales durante el sexenio de Calderón? El CIDE levantó recientemente una encuesta a la población en reclusión en los Centros Federales de Readaptación Social. Se trataba sólo de internos sentenciados. Seis de cada 10 de estos “seres del mal” no cometieron ningún delito violento. Están por “delitos contra la salud”, de los cuales 40% por transportar droga, 38% por poseerla, 15% por venderla al menudeo. Además, 60% de los sentenciados por drogas tuvieron que ver con la marihuana, una droga que comienza a ser legal en el mundo. A pesar de todo ello, muchos fueron golpeados durante su detención y firmaron sus respectivas confesiones. Según esta encuesta, el momento de mayor arbitrariedad y maltrato de los sentenciados sucede en la detención. Prácticamente seis de cada 10 encuestados sufrieron golpes por parte de la policía o los militares. El maltrato fue de muchos tipos: patadas (85%), agresión con objetos (68%), sofocación o asfixia (55%), inmersión en el agua (52%), toques eléctricos (35%), quemaduras (15%), entre otros. Como en los viejos tiempos, cuatro de cada 10 firmaron su confesión. Ninguna de estas violaciones tuvo consecuencias en el juicio. Todos fueron considerados culpables por el juez.

En el contexto actual posiblemente resulta irrelevante. Sectores importantes de la población piensan que esos que habitan las cárceles son “seres del mal” a los que se les puede violentar y abusar de sus derechos. Por ello, la sentencia del caso Cassez es incómoda. La Corte estableció que, en una democracia constitucional, los supuestos “seres del mal” tienen derechos que las policías y los ministerios públicos no pueden pasar por alto. Esos derechos son de todos y cada uno de los ciudadanos que enfrenten un proceso penal. Además, la arbitrariedad, el abuso, la simulación y la mentira que caracterizan a nuestro sistema de persecución criminal, y que el caso Cassez exhibió de manera ejemplar, hacen imposible que se pueda determinar quién es inocente y quién es culpable. Ello no gusta mucho: ¿no es que ya sabíamos a priori quiénes eran los buenos y quiénes los malos? Pues, resulta que la Corte dijo que no es así y ello nos puede ayudar a movernos del discurso maniqueo e iniciar el largo y complicado camino para construir un sistema de procuración e impartición de justicia digno de ese nombre.

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