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Luis Farias Valdes
Luis Farias Valdes
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07 Junio 2017 04:00:00
Perspectivas de la auditoría de desempeño
Como se comentó en la colaboración anterior, la auditoría de desempeño tiene sus orígenes en la propia evolución de los paradigmas de la administración pública. Con las nuevas concepciones posburocráticas de la gestión gubernamental, surgidas del desencanto provocado por las fallas del “estado del bienestar”, así como la alta injerencia del sector público en las actividades económicas sin resultados palpables y un manejo poco ordenado de los recursos públicos, fue necesario impulsar la evaluación de la gestión y el impacto de las políticas públicas, y que sus resultados fueran considerados en los procesos de planeación, programación y presupuestación.

La auditoría de desempeño es uno de los más importantes instrumentos de este nuevo esquema de reinvención del Gobierno, denominado gestión para resultados. Al igual que otros tipos de auditoría, la de desempeño se integra de cuatro fases: planeación, ejecución, informe de resultados y seguimiento, sin embargo, dadas sus peculiares características, implica importantes retos para su efectiva implementación.

En materia de planeación, la auditoría de desempeño requiere un estudio detallado y profundo del ente o programa a auditar, su marco normativo, su diseño operativo, su gobierno corporativo, su estructura organizacional, sus procesos y procedimientos, su presupuesto y recursos ejercidos, su diseño bajo estructuras predefinidas, preferentemente mediante la construcción de una matriz de indicadores con la metodología del marco lógico (de uso oficial en México, DOF 16/05/2013), para así planear la auditoría de manera que se lleve a cabo de una manera económica, eficiente, eficaz y oportuna.

En materia de ejecución, es importante destacar que dado su objetivo de verificar que las políticas y programas hayan generado valor público, es necesario construir equipos multidisciplinarios: además de profesionales de contaduría pública, se requiere de personal con habilidades diversas: economistas, sociólogos, antropólogos, personal con habilidades analíticas cualitativas y cuantitativas y con conocimientos estadísticos. Este equipo deberá realizar trabajos que van desde la minería de datos y revisión documental hasta visitas e inspecciones físicas y levantamiento de encuestas, a fin de evaluar el impacto de las acciones, programas y proyectos, además de su gestión en términos procedimentales y normativos.

El informe del auditor de desempeño es principalmente propositivo. Este debe redactar un documento detallando los objetivos y el alcance de la auditoría, así como la metodología y las fuentes de información empleadas, los resultados de la auditoría, las conclusiones y las recomendaciones de desempeño orientadas a generar alternativas de mejora y solución a la problemática identificada en la gestión y funcionamiento del ente o programa objeto de la auditoría.

Por último y de gran importancia está el seguimiento de los resultados de la auditoría. Dadas las características de las recomendaciones emitidas por este proceso, estas no son necesariamente vinculatorias, es decir no implican una sanción penal o resarcitoria, pero es importante que sean atendidas por el ente auditado, por lo que el ente fiscalizador deberá dar seguimiento a su atención y evaluar el impacto de la implementación de las acciones promovidas. Cabe recordar que este proceso forma parte de un sistema de evaluación del desempeño, y que el Legislativo deberá tomar en cuenta los resultados para futuras asignaciones presupuestarias.
31 Mayo 2017 03:00:00
La auditoría de desempeño
La función de la auditoría gubernamental ha ido evolucionando con el paso de los años. Su objetivo inicial consistía en la detección de fraudes y desviaciones de los recursos públicos mediante el análisis de principios y normas, a fin de determinar si las actividades de los entes auditados cumplían con las disposiciones legales y normativas en vigor, buscando anomalías y/o daños a la hacienda pública con el propósito de fincar responsabilidades administrativas, resarcitorias y penales, un enfoque meramente punitivo.

Con el arribo de nuevas concepciones del Estado, que transita de un esquema burocrático tradicional a esquemas basados en la denominada “nueva gestión pública”, se dotó a la función auditora de nuevas herramientas de carácter más preventivo que punitivo, como es la auditoría de gestión o de desempeño, que surge en el sector privado con la finalidad de cuantificar los logros alcanzados, buscando poner en orden los recursos para lograr un mejor desempeño y productividad. De acuerdo con Milton Maldonado, esta modalidad de auditoría se concibe como “un examen positivo de recomendaciones para posibles mejoras en las 5 Es (Eficiencia, Efectividad, Economía, Ética y Ecología)”.

Con la puesta en marcha de los esquemas de gestión para resultados en el sector público, que se han venido afianzando en el arreglo legal e institucional que rige la gestión pública en nuestro país, se incorporó la auditoría de desempeño. Con la reforma constitucional de 2008 se sentaron sus bases legales, principalmente con la modificación al Artículo 134, para establecer que los recursos económicos de que dispongan los entes públicos se deberán administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que los resultados serán evaluados en dichos términos para su presupuestación con base en resultados; y con la reforma del Artículo 79, que faculta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales.

De acuerdo con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), “la auditoría de desempeño es un examen independiente de la eficiencia y la eficacia de las actividades, los programas o los organismos de la administración pública, prestando la debida atención a la economía, con el propósito de llevar a cabo mejoras”. La labor de la auditoría de desempeño abarca todas las actividades de la administración pública, por lo que no se pueden elaborar directrices detalladas de auditoría para todos los posibles casos concretos. A diferencia de otras modalidades de auditoría, aquí no existen procedimientos y normas fijas, derivando en una amplia flexibilidad para la elección de temas y objetos, métodos y criterios de revisión, por lo que debe disponer de una extensa selección de métodos de investigación y evaluación.

Más allá de señalar fallas, la auditoría de desempeño señala áreas susceptibles de mejora y permite instrumentar mecanismos de medición y evaluación de la gestión pública para transparentar el uso y destino de los recursos públicos, a través de un sistema de evaluación de los resultados de los programas presupuestarios que permita a los gobiernos tomar mejores decisiones en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
17 Mayo 2017 03:00:00
Disposiciones en materia de disciplina financiera
La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios promulgada el 27 de abril de 2016 surge ante el desorden y falta de transparencia en las finanzas de estados y municipios, y principalmente para corregir una espiral de endeudamiento ascendente que se ha venido observando desde aproximadamente 2008-2009.

De acuerdo con dicha Ley, se dan 180 días naturales para que los estados adecuen su marco normativo a estas nuevas disposiciones (octubre de 2016) y se establece un esquema de aplicación progresivo, trasladando algunas disposiciones para los ejercicios de 2017 a 2021; sin embargo, desde 2016 se debieron de cumplir algunas reglas de disciplina hacendaria.

El presupuesto 2017 que los gobiernos estatales y municipales presentaron en el último tramo de 2016 deberá estar vinculado a la planeación del desarrollo, incluyendo objetivos, estrategias e indicadores de desempeño cuantificables y debió elaborarse tomando como base los Criterios Generales de Política Económica de la SHCP, y en concordancia con los recursos federalizados que se estimen para ser ministrados a los estados y municipios.

Los presupuestos deben incluir un apartado con la descripción de riesgos relevantes para las finanzas públicas considerando la deuda contingente, además de los resultados presupuestarios de los últimos cinco años y las proyecciones presupuestales para los próximos cinco años en el caso de los gobiernos estatales, y en el caso de los municipios los resultados de los últimos tres años y las proyecciones a tres años; los municipios de menos de 200 mil habitantes deberán incorporar resultados y proyecciones sólo para un año. Asimismo se debe incorporar un estudio actuarial y actualizarse cada tres años por los estados y cada cuatro años por los municipios.

Otras disposiciones señalan que los estados deberán contemplar una previsión para desastres naturales para 2017 de 2.5% de la aportación para infraestructura dañada de los últimos cinco años, 5% en 2018, 7.5% en 2019 y 10% en 2020. El presupuesto estatal para adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) deberá limitarse en 2017 a 5% del ingreso total, bajando un punto porcentual por año hasta 2% en 2020; los municipios deberán limitarlo a partir de 2018 a 5.5%, llegando a 2.5% en 2021. A partir de 2018 se limita el gasto estatal y municipal en nómina a lo que resulte menor del crecimiento del PIB y un 3% anual, y para cumplir con ello se debe planear desde 2017 cómo contener el crecimiento de este gasto.

También desde 2018 los proyectos de inversión que sobrepasen los 55 millones de pesos deberán incorporar un análisis costo-beneficio y deberá existir un área específica para ello, lo que debe planearse desde 2017. Otra medida de disciplina financiera a observar desde 2017 es que todo proyecto de Ley o de disposiciones normativas deberá incluir en su dictamen una estimación de su impacto presupuestario.

Estas reglas deben ser observadas tanto por los gobiernos como por los congresos locales, durante el proceso de presentación, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos a partir del ejercicio fiscal 2017. Este sería el punto de partida para ver cómo vamos en materia de disciplina financiera; posteriormente deben revisarse los procedimientos en materia de contratación, registro, administración y evaluación de la deuda estatal y municipal.
10 Mayo 2017 03:00:00
Devolución de participaciones del FEIEF
Un adecuado manejo de las finanzas estatales y municipales es imprescindible en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En los últimos años, el arreglo legal e institucional que rige las relaciones fiscales intergubernamentales en nuestro país se ha venido afinando para bien de las entidades federativas y sus municipios, y hoy en día se cuenta con mecanismos que permiten a los gobiernos locales soportar caídas en los ingresos fiscales nacionales, tal es el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que sirve como un fondo federal de contingencia del que los gobiernos subnacionales se benefician en un esquema de corresponsabilidad fiscal.

Como es bien sabido, durante el primer trimestre de 2016 los ingresos petroleros tocaron fondo al promediar una cotización de 27.95 dólares por barril, en tanto que el presupuesto federal de ese año se proyectó con una estimación de 50 dólares por barril, lo que significó una disminución de la renta petrolera de 44.1%, por lo que a abril la Recaudación Federal Participable (RFP) registró una caída respecto de lo programado de alrededor de 16 mil millones de pesos.

De acuerdo con las reglas de operación del FEIEF, se transfirieron 10 mil 362 millones de pesos a los gobiernos locales con cargo a dicho fondo, para así cubrir los recursos faltantes por la disminución de las participaciones. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del año el panorama comenzó a mejorar: los precios del petróleo, que si bien continúan débiles, mostraron una gradual mejoría, pero principalmente el componente tributario de la bolsa de recursos participables permitió fortalecer la recaudación, esencialmente por el comportamiento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de tal manera que al cierre del ejercicio, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Hacienda, la RFP se ubica 9.5 puntos porcentuales por arriba de lo observado el año anterior y 8.2% por arriba del presupuesto original, de esta manera los gobiernos locales tuvieron un favorable cierre de año.

Ahora bien, de acuerdo con las propias reglas de operación del fondo, los gobiernos estatales y municipales deberán reintegrar los poco más de 10 mil millones de pesos que les fueron transferidos, dado que al cierre del año la mejora en la recaudación compensó las menores participaciones del primer cuarto de 2016. Dichos recursos podrán reintegrarse sin pago de carga financiera, mediante un convenio con la Tesorería de la Federación, con cargo al ajuste definitivo de participaciones que se estima sea positivo, o bien mediante descuentos mensuales a las participaciones provisionales de 2017.

Desde un punto de vista positivo, los recursos que se dispusieron del FEIEF funcionaron como un préstamo sin intereses para los gobiernos locales, mismos que además al reintegrarse restituyen el fondo de contingencias para que sume un saldo de 40 mil millones de pesos disponible en caso de que se le requiera nuevamente. Este esquema de responsabilidad fiscal parte de la necesidad de que los gobiernos estatales y municipales conozcan sus deberes y derechos en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal y actúen en correspondencia.

Los gobiernos con un manejo adecuado de su hacienda pública, con transparencia y calidad de su gasto, habrán hecho las previsiones presupuestales necesarias para disponer la devolución del FEIEF; por otro lado, quienes pequen de desconocimiento, falta de profesionalismo o negligencia en el manejo de sus finanzas, tendrán una situación comprometida derivada precisamente de su falta de corresponsabilidad fiscal.
26 Abril 2017 03:00:00
Fiscalización de las participaciones federales
En el marco de las reformas para el combate a la corrupción y fiscalización superior, el 27 de mayo de 2015 fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otros artículos reformados, en el 79 se le otorgan facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar de manera directa o en coordinación con las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) las participaciones federales de los estados y municipios, función que anteriormente estaba reservada únicamente a los entes locales de fiscalización.

Recordemos que las participaciones federales (Ramo 28), también llamado gasto no programable, son recursos sin fin específico, es decir, de libre disposición, por lo que no cuentan con reglas de operación; a diferencia de las aportaciones, que es gasto programable y el destino de dichos recursos está etiquetado. Lo anterior así se establece en la Ley de Coordinación Fiscal.

Recordemos que uno de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) es precisamente la coordinación entre los diferentes actores en materia de fiscalización, con el fin de ampliar las muestras de auditoría, buscando siempre evitar duplicidades, con independencia de las facultades otorgadas a dichos órganos.

El pasado 19 de diciembre se firmó el convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, entre la ASF y las EFSL. La coordinación se llevará a cabo mediante equipos multidisciplinarios, con profesionales en distintas materias.

Cabe mencionar que las auditorías que no se establezca que realizará la ASF en su programa anual de auditorías (directa o coordinada), las podrá realizar directamente el Órgano de Fiscalización Superior Local, ya sea a las participaciones o a las aportaciones federales realizadas a los estados y municipios, siempre bajo su ámbito de competencia.

La importancia que implica la firma de dicho convenio es precisamente darle vida al SNF, ya que dicha fiscalización será realizada bajo procedimientos de auditoría homologados entre las diferentes áreas auditoras de naturaleza federal y estatal.

Bajo este contexto, los esfuerzos realizados se verán reflejados en beneficio de la ciudadanía, ya que toda fiscalización tiene por objeto vigilar el debido cumplimiento del ejercicio de los recursos públicos, y en caso contrario, la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y todo el andamiaje legislativo que este supone, sancionará a quien no use los recursos bajo los principios de nuestra Carta Magna en su Artículo 134, que establece que todos los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
05 Abril 2017 03:00:00
Disposiciones en materia de disciplina financiera
La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios promulgada el 27 de abril de 2016 surge ante el desorden y la falta de transparencia en las finanzas que hay tanto en estados como municipios, y principalmente para corregir una espiral de endeudamiento ascendente que desde aproximadamente los años 2008 y 2009 se ha venido observando en los gobiernos locales.

De acuerdo con dicha ley, se dan 180 días naturales para que los estados adecuen su marco normativo a estas nuevas disposiciones (octubre de 2016) y se establece un esquema de aplicación progresivo, trasladando algunas disposiciones para los ejercicios de 2017 a 2021; sin embargo, se debieron de cumplir desde 2016 con algunas reglas de disciplina hacendaria.

El presupuesto 2017 que los gobiernos estatales y municipales presentaron en el último tramo de 2016 deberá estar vinculado a la planeación del desarrollo, incluyendo objetivos, estrategias e indicadores de desempeño cuantificables y debió elaborarse tomando como base los Criterios Generales de Política Económica de la SHCP, y en concordancia con los recursos federalizados que se estimen para ser ministrados a los estados y municipios.

Los presupuestos deben incluir un apartado con la descripción de riesgos relevantes para las finanzas públicas considerando la deuda contingente, además de los resultados presupuestarios de los últimos cinco años y las proyecciones presupuestales para los próximos cinco años en el caso de los gobiernos estatales, y en el caso de los municipios los resultados de los últimos tres años y las proyecciones a tres años; los municipios de menos de 200 mil habitantes deberán incorporar resultados y proyecciones sólo para un año. Asimismo, se debe incorporar un estudio actuarial y actualizarse cada tres años (estados) y cada cuatro años (municipios).

Otras disposiciones señalan que los estados deberán contemplar una previsión para desastres naturales para 2017 de 2.5% de la aportación para infraestructura dañada de los últimos cinco años, 5% en 2018, 7.5% en 2019 y 10% en 2020. El presupuesto estatal para adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) deberá limitarse en 2017 a 5% del ingreso total, bajando un punto porcentual por año hasta 2% en 2020; los municipios deberán limitarlo a partir de 2018 a 5.5%, llegando a 2.5% en 2021. A partir de 2018 se limita el gasto estatal y municipal en nómina, a lo que resulte menor del crecimiento del PIB y un 3% anual; para cumplir con ello se debe planear desde 2017 cómo contener el crecimiento de este gasto.

A partir de 2018 los proyectos de inversión que sobrepasen los 55 millones de pesos deberán incorporar un análisis costo-beneficio y deberá existir un área específica para ello, lo que debe planearse desde 2017. Otra medida de disciplina financiera a observar desde 2017 es que todo proyecto de ley o de disposiciones normativas deberá incluir en su dictamen una estimación de su impacto presupuestario.

Estas reglas deben ser observadas tanto por los gobiernos como por los congresos locales, durante el proceso de presentación, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos a partir del ejercicio fiscal 2017; este sería el punto de partida para ver cómo vamos en materia de disciplina financiera. Posteriormente deben revisarse los procedimientos en materia de contratación, registro, administración y evaluación de la deuda estatal y municipal.
28 Diciembre 2016 03:00:00
La economía mexicana y el sismo Trump
El pasado 8 de noviembre, un sismo político con epicentro en Washington sacudió severamente a nuestro país y principalmente a sus expectativas económicas: la victoria de Donald Trump. El ahora presidente electo de Estados Unidos, junto con otros factores externos e internos, ha tenido efectos significativos sobre la economía mexicana: de entrada, el tipo de cambio interbancario se depreció en pocos días, pasando de 18.42 pesos por dólar al cierre del 8 de noviembre, a un máximo de 20.95 pesos el día 11, y a partir de entonces la fluctuación cambiaria ha sufrido una intensa volatilidad; al cierre de este artículo se ubicaba en 20.44 pesos.

Otras variables también se han visto afectadas por la volatilidad y el efecto Trump, destacando las expectativas de crecimiento económico y los tipos de interés. Con la finalidad de preservar la competitividad cambiaria y la meta inflacionaria, el 17 de noviembre el Banco de México (Banxico) elevó la tasa de interés objetivo de 4.75 a 5.25 por ciento. Asimismo, el 14 de diciembre la Reserva Federal de EU hizo lo propio y tras un año de especulación subió en 25 puntos base su tasa, pasando de un rango de entre 0.25-0.5 a 0.5-0.75 puntos; la respuesta de Banxico al día siguiente fue un nuevo aumento al costo del dinero de otros 0.50 puntos, llegando a 5.75 por ciento.

El débil desempeño económico se ha visto afectado por el freno a las inversiones. Estamos en espera de que se defina la política comercial de Trump, que en el discurso parece no ser favorable a nuestro país; sin embargo, en palabras de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, las decisiones del próximo presidente de EU pueden ser un filme de terror para el tipo de cambio. Vale la pena destacar que personajes vinculados al magnate han sostenido que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México ha sido muy favorable para EU: recientemente, el presidente del comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EU, John McCain, de visita en nuestro país, calificó al TLC como un éxito bilateral que de cancelarse provocaría una profunda recesión en ambos países.

Jaime Zabludovsky y Luis de la Calle, dos negociadores del TLC por México, y Carla Hills, negociadora del TLC por EU, señalaron que la cancelación del acuerdo sería por demás contraproducente: para EU, implicaría perder 5 millones de empleos, se produciría una profunda crisis y se inmovilizaría su industria automotriz, quedándose sin autopartes mexicanas, y en ambos países aumentarían los precios de diversos sectores como el automotriz o el aeroespacial en rangos de 30 a 40% aproximadamente. Situación similar sucederá con Carrier, que tras su decisión de dejar parte de su producción en Indiana deberá pagar salarios 10 veces mayores. En el terreno de la lógica económica, ir contra el libre comercio resultará contraproducente, empero aún no se conoce qué sí y qué no cumplirá Trump de sus promesas de campaña.

Por lo pronto, parafraseando a Carstens, la película es una mezcla de terror y suspenso, que ha afectado las expectativas económicas del país. Para 2017 se esperaba un crecimiento de 2.5%, pero las nuevas estimaciones promedian un crecimiento de apenas 1.72 por ciento. Asimismo, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), generará 21 mil millones de pesos menos al presupuesto federal, en tanto que la tasa de interés estimada en 4.9% promedio para 2017 se reestima en 6.4%, provocando una menor expansión económica al frenar la demanda interna y generando un mayor gasto por concepto de intereses de la deuda de más de 23 mil millones de pesos. Estos son los primeros daños de la fragilidad económica interna y la volatilidad externa aderezados con el fenómeno Trump.
02 Noviembre 2016 03:00:00
Fundamentos de la Ley de Ingresos 2017
Los fundamentos sobre los que se soportan los 4.889 billones de pesos de la Ley de Ingresos 2017 aprobada recientemente son altamente endebles y hacen sentir que la estimación de ingresos está sostenida con alfileres. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo federal presentó un proyecto de Ley de Ingresos por 4.837.5 billones de pesos, 51 mil 380.2 millones menor al aprobado por el Poder Legislativo el pasado 20 de octubre y justificado en tres cambios a la propuesta original.

El primero fue una nueva proyección del tipo de cambio, que pasa de 18.20 a 18.62 pesos por dólar; el argumento es que la primera cotización subestimaba el valor de la divisa norteamericana. El segundo cambio se debe a una reestimación de la plataforma de producción de petróleo, aumentándola en 19 mil barriles diarios, de 1.928 a 1.947 millones de barriles diarios; la explicación radica en que se está incluyendo el efecto de la producción adicional esperada por el nuevo plan de negocios de Pemex. Se estima que estas modificaciones generen 17 mil 369.9 millones de pesos más: 9 mil 927.8 millones del Fondo Mexicano del Petróleo y 7 mil 442.1 millones de Pemex.

El primer elemento de riesgo es que la ampliación de la plataforma de producción depende de que se cumpla con el nuevo plan de negocio que será presentado en la primera semana de noviembre, el cual se presume que abordará estrategias para fortalecer las finanzas de la paraestatal, tales como los denominados farm out, que son asociaciones estratégicas con empresas privadas para otorgar derechos de explotación. De la recepción que se dé a este plan dependen temas fundamentales como la nueva producción de petróleo y la perspectiva de ingresos presupuestales.

Ahora bien, los otros 34 mil 10 millones de pesos que se adicionaron a la propuesta original de la Ley de Ingresos se explican por un tercer cambio: aumentos de 6 mil 424.7 y 3 mil 594.2 millones de pesos en ISR e IVA, respectivamente, por mayor eficiencia recaudatoria. Los restantes 23 mil 991.4 millones de pesos se registran en el rubro de “otros aprovechamientos”, también por mayor eficiencia recaudatoria.

Este punto preocupa por la alta correlación de ISR e IVA con el comportamiento de la economía. En la propuesta original se estima un crecimiento del PIB de 2.5%, en tanto que la Cepal lo proyecta en 2.2% y el FMI en 2.3%. Cabría preguntarse: ¿Por qué los diputados sí actualizaron la cotización del tipo de cambio al alza según las perspectivas de los especialistas y no actualizaron la proyección del PIB a la baja? En caso de que no se logre el crecimiento esperado, la recaudación tenderá a ser menor a la proyectada.

Por último, está el tema de “otros aprovechamientos”. Aquí es importante destacar que no son ingresos tributarios, por lo que es ilógico justificar su incremento por eficiencia recaudatoria. Este es el tema más delicado, no hay claridad sobre qué son esos “otros” aprovechamientos, y de cómo se van a generar los ingresos adicionales.

Esta propuesta de Ley de Ingresos debe ser tomada con suma cautela, pues el escenario macroeconómico presenta focos rojos en diversos indicadores que permiten esperar un entorno de mayor austeridad. Es necesario no hacer cuentas alegres para no comprometer el gasto con recursos basados en expectativas que pudieran simplemente diluirse.

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