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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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30 Agosto 2010 03:00:17
Calderón no deja de ser Calderón
Para nadie es un secreto que los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón han sido un verdadero desastre y una pesadilla para los mexicanos, incluido él mismo y todo su gabinetito. Me atrevo a decir que su pésima gestión ha superado la mala administración, corrupción y torpezas de su antecesor Vicente Fox, de quienes muchos pensamos que era lo peor que le había pasado al país y que se ubicaría como el peor presidente que haya tenido esta República, pero ahora ambos mandatarios se disputan ese deshonroso lugar.

Al seguir en su línea de gobierno de no saber qué hacer, Calderón busca, ahora sí, involucrar a grupos políticos, organizaciones sociales, empresarios, líderes, Iglesia y hasta a opositores en la toma de sus decisiones para hacer frente a los múltiples problemas políticos, económicos y sociales que enfrentamos, como una forma de repartir su responsabilidad de los últimos cuatro años y prepararse para lo que viene hasta llegar a las elecciones presidenciales de 2012.

Pero aUn con los problemas enfrente, Calderón no deja de ser Calderón. El motivo es que sigue aferrado a su “guerra”, dice él, en contra del crimen organizado y su principal modalidad que es el narcotráfico. Ahora, después de hacer caso omiso a las exigencias internas y externas que le gritaron una y otra vez que era necesario combatir a la delincuencia en su financiamiento, para cortar el flujo de recursos que le permiten adquirir armas, contratar sicarios y corromper policías y funcionarios, finalmente Calderón ha respondido tardíamente con nuevas medidas mediáticas contra el lavado de dinero.

Mientras anuncia la prohibición de operaciones en efectivo por más de 100 mil pesos para la compra de bienes e inmuebles, olvida que se investiguen millones de transacciones financieras que cruzan diariamente por la banca, la bolsa, casas de cambio y otros intermediarios financieros que nadie supervisa y que es por donde ingresan miles de millones de dólares producto del tráfico de drogas, secuestros, corrupción gubernamental, trata de blancas, extorsión a migrantes, compra-venta de armas.

¿Por qué pretende sólo combatir las operaciones en efectivo, cuando son las instituciones financieras en donde se blanquea el dinero y de allí sale lavado para la compra o construcción de hoteles de lujo, residencias, empresas, cargos políticos, candidaturas presidenciales y campañas de gobernadores y munícipes?

Pues seguramente en espera de los recursos del Plan Mérida que financiarían en este último año la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Gobierno federal decidió, contradictoriamente con las nuevas medidas, recortar los recursos de las entidades especializadas en dar seguimiento al blanqueo de capitales.

Pero no sólo es un problema de recursos, sino de falta de integración en las estrategias de investigación y, sobre todo, de reciprocidad en la entrega de información dentro y fuera del país.

En 2009 también se definieron, según la SHCP, los acuerdos de intercambio de información con la UIF en la investigación de casos de lavado de dinero a cargo de la Policía Federal, a partir de las facultades de investigación conferidas a esa corporación policial. Sin embargo, los resultados son escasos.

23 Agosto 2010 03:00:21
Crisis en órgano de inteligencia de SHCP
» Renuncia responsable de lavado de dinero
» Acusan penalmente a seis funcionarios


La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

La UIF, como sus siglas se conocen en el mundo financiero, es similar en importancia a otro organismo de seguridad nacional conocido como el Cisen, sólo que la unidad de Hacienda desarrolla investigaciones e integra expedientes sustentados en documentos, cifras y datos veraces obtenidos de los circuitos financieros tanto en México como el extranjero, mientras que el Cisen se ha convertido en una sucursal de la Secretaría de Gobernación encargada del espionaje político y ha dejado de laso su importante labor de velar por la seguridad nacional.

Dice la Secretaría de Hacienda en su portal de internet que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el Gobierno mexicano constituyó la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.

Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

Corrupción en la UIF

Por la importancia que tiene la UIF para el país, sobre todo en momentos en que el gobierno de Felipe Calderón le ha declarado la “guerra” al crimen organizado y el fracaso de esa acción le ha significado que muchos mexicanos exijan su renuncia a dos años de que termine el sexenio, es de sorprender que un funcionario de esa unidad, responsable de la formulación y seguimiento de las denuncias penales que se presentan ante la Procuraduría General de la República, tuviera que renunciar por haber incurrido en desacato a una orden de inhabilitación emitida por la Secretaría de la Función Pública.

Se trata del director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Adrián Fajardo Castellanos, quien fue retirado del cargo el pasado 16 de agosto después de descubrir que violó una inhabilitación de seis meses por haber participado con otros funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) en una red de corrupción para la venta de bienes e inmuebles propiedad del Gobierno federal.

Fajardo Castellanos es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del Gobierno federal, de nombre Denosa.

Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, en donde permanecía “oculto” como responsable de firmar todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero.

Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”, pero este directivo de la UIF decidió, con la anuencia de sus jefes, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el titular de la UIF, Luis Urrutia Corral, mantenerse en el cargo por mes y medio, hasta que una investigación periodística de lo obligó a renunciar el pasado lunes 16 de agosto.

Dicha sanción impedía al Sin embargo, Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción y se mantuvo en el cargo, por lo cual la SFP resolvió abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevaría a una inhabilitación de por lo menos 10 años para laborar en el sector público federal, y podría abrirle nuevas acusaciones penales.

En esta nueva causa en contra del ex funcionario de Hacienda, también se investigará si el secretario Cordero y el director general de la UIF tienen alguna responsabilidad por permitir seguir laborando a un subalterno inhabilitado.

Para conocer el motivo por el que la Secretaría de Hacienda mantuvo laborando a un funcionario inhabilitado, se buscó al secretario Ernesto Cordero, pero como es costumbre de los panistas guardan silencio cuando se les descubre la corrupción donde participan.

En este caso de corrupción administrativa, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) Fajardo Castellanos, durante los últimos 45 días, prácticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas podrían aprovechar esta circunstancia jurídica para eludir la acción de la justicia.

No obstante, altos funcionarios de la SFP afirman que no hay problema con los expedientes que el servidor público rubricó: “Su contratación en la UIF no fue irregular; él ingresó antes de la inhabilitación”.

Los otros funcionarios del Sae sancionados y acusados penalmente ante la PGR son el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, José Andrés Casco Flores, con 10 años de inhabilitación y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, Francisco Farfán Bortolini, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles, Gerardo Govea Hernández, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director ejecutivo de Bienes Inmuebles, Salvador Morquecho de Beistegui, suspendido 90 días, y otro apoderado legal del Sae, Fernando Guadalupe Salinas, fue suspendido 90 días.

La acusación penal en contra de estos funcionarios podría derivar en una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión; misma condena podría dictarse en contra de los tres empresarios que fueron beneficiados con el fraude.

La historia del fraude se remonta a una dación en pago que recibió Banrural por un adeudo de 14 millones de pesos, correspondiente a una planta vitivinícola en la ciudad de Caborca, Sonora.

En la escritura que formalizó la operación del inmueble se incluye un terreno de 6 hectáreas, otro terreno de 15 hectáreas (servidumbre de paso), una concesión de un pozo de agua y equipamiento industrial.

Para enajenar el bien, el Sae convocó a una subasta pública, pero “olvidó” incluir dos conceptos que le daban un valor mayor al inmueble: el terreno de 15 hectáreas y la concesión del pozo de agua.

Al realizar dicha subasta, el Sae recibió sólo una propuesta de compra y el participante solicitó escriturar el inmueble a una empresa constituida apenas 10 días antes de la publicación de la subasta. El acta de entrega sólo formalizó lo que anunciaba se había vendido, es decir el terreno de 6 hectáreas y la construcción de inmueble, por lo que la empresa privada solicitó al Sae le escriturara el predio en las condiciones en que se encontraba y como fue recibido por Banobras, lo cual incluía las 15 hectáreas y la concesión del pozo.

La banda del Sae atendió de inmediato la petición de la empresa privada y le escrituró el terreno como lo solicitaba, lo que significó para el Gobierno federal dejar de recibir 4.8 millones de pesos.

Al descubrir el fraude, la SFP presentó denuncia penal ante la PGR por el delito de administración fraudulenta, que prevé una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión, contra 10 personas (siete servidores públicos y tres particulares –Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del Sae; Ana Rosa Mariscal Jiménez, representante legal de Denosa; y José Rubén Romero, administrador único de Denosa).
02 Agosto 2010 03:00:43
Corrupción e impunidad
Se trata de una situación de alerta

El gobierno de Ismael Hernández Deras tendría que dar cuentas a la población duranguense y al Gobierno federal de lo que sucede en el estado a su cargo. En menos de 40 días la región lagunera se ha convertido en el escenario de los más preocupantes acontecimientos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la violencia.

El arraigo de la directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 2 de Gómez Palacio Durango, Margarita Rojas Rodríguez, a raíz de las denuncias que la involucran en la salida de peligrosos reos con armas y vehículos del penal para perpetrar ejecuciones, además del secuestro de cuatro periodistas que cubrían esos hechos en el penal, son claramente señales de alerta de la descomposición y corrupción que viven las instituciones de Gobierno en ese estado.

Nada más alejado de lo que sucede a nivel federal con los cuerpos policiales y militares en lo que Felipe Calderón llama su “guerra” contra el narcotráfico.

Hasta hace unos meses, a Margarita Rojas Rodríguez –nombrada en su cargo como funcionaria carcelaria precisamente por Hernández Deras–, era reconocida como la Mujer del Año allá en Durango por llevar “paz” a uno de los penales más peligrosos y violentos del país.

Pero los motines y la situación de alerta en el sistema judicial y carcelario no era una situación nueva para el Gobierno estatal. Su gobernador, el ex senador Hernández Deras, reconoció en varias entrevistas que la lucha contra el crimen organizado, tanto federal como local, se había trasladado a los penales que se habían construido para albergar a reos con perfiles criminales de hace más de cuatro décadas, por lo cual resultaban insuficientes para contener a los presos acusados de narcotráfico y vinculados con el crimen organizado que opera en la región.

El gobierno de Hernández Deras genera los problemas y pretende trasladar la responsabilidad a la federación, y asegura que son los reos del fuero federal los que están involucrados directamente en las fugas y motines, y pide que sean trasladados a penales de alta seguridad. Con cinismo, hace algunos días ese gobernador aseguró que es la Procuraduría General de la República la que tendría que investigar las versiones que involucran a agentes y ministerios públicos federales en el conflicto del Cereso Número 2 de Gómez Palacio.

Se trata de una situación de alerta. Durango, además, se encuentra en el famoso triángulo dorado de las rutas del trasiego de la droga que se vende en el mercado mexicano, pero sobre todo la que se dirige al mercado estadounidense.

Las vías hacia Mazatlán, Parral, Tepic, Zacatecas y Culiacán son ahora motivo de disputas entre las organizaciones de narcotraficantes que afectan a los municipios de la zona y que motivan la penetración del dinero del narcotráfico en las economías regionales.

Durango, además, ha sido señalado por el Gobierno de Estados Unidos como un destino en México que, junto con Ciudad Juárez o Tijuana, debe ser evitado por sus ciudadanos. Algo saben los gringos que no comparten con su homólogo mexicano.

La Laguna se encuentra en estado de sitio y si bien es responsabilidad de la fallida estrategia del Gobierno federal en su mal planeada “guerra” contra el narcotráfico, también existe responsabilidad de las autoridades estatales, sobre todo cuando los duranguenses saben que su estado es un santuario para la protección de capos de la droga, como el famoso “Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y la administración de Hernández Deras es cómplice. No podría ser de otra manera.
26 Julio 2010 03:00:13
Negocios de EU
Han puesto en marcha un plan de modernización de su tecnología

En un reporte evaluativo sobre la Iniciativa Mérida, auditores de la Oficina General de Control del Congreso de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, se manifiesta la necesidad de dar seguimiento al uso que está haciendo el Gobierno mexicano de los helicópteros tipo Black Hawk UH 60 que la administración de Barack Obama entregará para combatir a los cárteles mexicanos.

Aunque no es la primera vez que la GAO censura la manera y eficacia en la aplicación de los recursos que entrega el Gobierno estadounidense para “contribuir” a la guerra contra el crimen organizado, tampoco es la primera vez que ese órgano de vigilancia del Congreso de los Estados Unidos descubre sucios intereses económicos detrás de este apoyo del Gobierno estadounidense, es decir que se autoricen proyectos y partidas de dinero para beneficiar irregularmente a empresas privadas, tal y como sucede constantemente en México con el dinero público.

En esta ocasión, según reportes de las autoridades mexicanas y estadounidenses, los helicópteros por un valor superior a los 160 millones de dólares serán “regalados”.

En otros años, las licitaciones de estos equipos ocuparon partidas del Presupuesto de Egresos del gobierno mexicano y fueron motivo de graves problemas de corrupción. Siempre, sin embargo, habrá un negocio detrás.

En este caso el gigante estadounidense United Technologies Corporation, que compró la empresa de Igor Sokorsky –creador de los helicópteros Black Hawk–, es una de las beneficiadas directas de los contratos millonarios firmados para la guerra contra el narcotráfico en Colombia y ahora en México.

Al segundo trimestre de 2010, las ventas de la división de aviones militares de United Technologies logró un incremento de 42.5 por ciento gracias a los contratos en América Latina, lo que le significó millonarias ganancias.

United Technologies controla la compañía Sikorsky que fabrica los helicópteros tipo Black Hawk, aeronaves que en las guerras del medio oriente motivadas por Estados Unidos han protagonizado varios accidentes y han dejado como saldo la muerte de decenas de soldados.

Por ello han puesto en marcha un plan de modernización de su tecnología y equipos por más de mil millones de dólares. Es obvio, por lo tanto, que necesitan clientes y allí está el Plan Mérida. Es casi seguro que a México no llegará la nueva generación de Halcones Negros, sino aquellos que se sabe deben mejorarse.  Cuestión de negocios.

[email protected]ínea.com.mx

19 Julio 2010 03:00:44
La fallida Ley
Calderón se encuentra en un callejón sin salida
Ha pasado un año desde que el Senado de la República aprobó el dictamen de la nueva Ley de Seguridad Nacional con la que se le prometió a la población civil regular la discrecionalidad con la que Felipe Calderón ha ordenado la participación de las fuerzas armadas, en particular de los miembros del Ejército, en las labores de combate al crimen organizado.

Los senadores la aprobaron al cuarto para las 12 y en abril del año pasado la entregaron a la Cámara de Diputados apenas 24 horas antes de que concluyera el periodo legislativo. Se dio, entonces, un deslinde y omisión de responsabilidades políticas ante un tema espinoso para el Congreso, para el Jefe del Ejecutivo, para los senadores y, sobre todo, urgente para los mexicanos que han padecido la violencia, la anarquía y el abuso de poder que ha caracterizado a la guerra contra el narcotráfico y la incursión del Ejército en las calles.

Ahora la iniciativa se encuentra prácticamente congelada en la Cámara de Diputados. Concluyeron las elecciones intermedias, se redefinió el nuevo mapa político del país y Felipe Calderón comenzó a liberar sus últimas cartas en una etapa en la que prácticamente se consolida un sexenio perdido y con grandes bajas para el país.

Es cierto que al político michoacano no le favoreció el entorno internacional, pero tampoco él ha hecho algo para remediar las cosas y, por el contrario, las acciones de gobierno han empeorado todo lo que sucede en el país en los terrenos económico, político y social.

Su gobierno coincidió con la crisis económica más profunda de las últimas décadas; también con la disyuntiva que le planteó el Gobierno de Estados Unidos y que él de forma irresponsable y sumisa aceptó sin condiciones: ser el dirigente de una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que forma parte de las prácticas extraterritoriales que se dictan desde Washington para controlar a la región.

Por eso la Ley de Seguridad Nacional es importante su definitiva aprobación en la Cámara de Diputados y que dé algo de luz al final del túnel. Sin límites que los frene en su actuación hostil hacia la población, ni el Ejército ni el Gobierno de Estados Unidos -si es que acaso sus intenciones pudieran ser consideradas legítimas- pueden proteger a la población. Así, en medio del caos generalizado, se ha presentado esta guerra contra la delincuencia.

El problema ahora es que Calderón se encuentra en un callejón sin salida: necesita legitimar y compartir con el Congreso la responsabilidad de la difícil etapa por la que atraviesa el país. Este sería el objetivo de la Ley de Seguridad Nacional en la que se reconoce que la capacidad de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública han sido rebasadas, por lo que el Ejército “temporalmente” debe participar en auxilio de las mismas, pero que su funcionamiento debe darse en el marco del Estado de Derecho y por ello debe estar debidamente sustentada en su participación legal y regulada.
12 Julio 2010 03:00:22
La ‘guerra’ simulada
Han aumentado los precios y demanda de cocaína
El comportamiento del mercado global de la cocaína explica por qué Felipe Calderón nunca tuvo en sus planes acabar con el crimen organizado y mucho menos con el tráfico de drogas, y su supuesta guerra que ha ocasionado la muerte de muchos hombres, mujeres y niños inocentes, es sólo una simulación para legitimar su gobierno mediante la implantación del miedo y el terror entre la población y evitar así las protestas sociales.

Al Mandatario panista y a su gabinete de irresponsables nunca les ha importado en realidad la seguridad pública ni la seguridad nacional, y se han aprovechado de la crisis social para mantenerse en el poder. Por eso se explica que hasta ahora no hayan presentado un análisis estratégico de la evolución de los precios, la producción y la distribución de esta droga, así como un estudio comparativo sobre lo que podría pasar en México al observar las consecuencias del Plan Colombia.

Fue entre 2000 y 2006 cuando Estados Unidos propuso debilitar a las poderosas organizaciones de narcotraficantes que operan en México y Sudamérica, porque éstas ya representan un peligro para su seguridad nacional. En ese contexto, al mirar la experiencia colombiana, Calderón tuvo que haber calculado el impacto sobre la sociedad mexicana de su decisión de iniciar una confrontación abierta y sin pertrechos contra bandas delincuenciales y el crimen organizado.

A diferencia del gobierno de Calderón, Estados Unidos sí tenía el escenario completo cuando impulsó a México a involucrarse en la Iniciativa Mérida a partir de 2008 y también sabía que la población, los mexicanos, sufrirían las consecuencias de esa estrategia, pero eso era lo más importante para el Gobierno estadounidense, al que lo único que le importa es que la violencia se dé fuera de su territorio.

México se encuentra a menos de la mitad del plazo que a Estados Unidos le tomó enfrentar a la insurgencia colombiana (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia) y destinar más de 4 mil 500 millones de dólares para reducir la demanda de drogas en el territorio estadounidense cerrando la principal fuente de abastecimiento.

En México, no obstante, la tarea tiene otro tipo de objetivos y el plazo podría ser mayor. Estados Unidos ha dicho que busca disminuir la venta de drogas y el tráfico de armas, de precursores químicos y el lavado de dinero. Todo al mismo tiempo y a costa de cualquier cosa.

El problema es que esta nueva guerra contra el crimen ordenada por Estados Unidos no sólo está minando -como sucedió en Colombia- las estructuras sociales de países como México, sino que esas declaraciones alejadas de la realidad están provocando un incremento real en los precios de la cocaína y esto sí es un verdadero problema para disminuir la actuación de los cárteles de la droga.

Felipe Calderón se irá en dos años y su gobierno pasará como uno de los peores de las últimas décadas y, al igual que Vicente Fox, quedará marcado para la historia.
05 Julio 2010 03:00:58
La guerra sucia de Calderón
Se ha esforzado por garantizar la impunidad de los militares
Las elecciones intermedias de este domingo 4 de julio son sólo el comienzo del juicio contra Felipe Calderón. El riesgo para el segundo panista en el poder va más allá de la temida declaratoria de un Estado fallido. Calderón podría convertirse en el gran represor de grupos de ciudadanos mexicanos que perdieron la vida en crímenes de Estado, castigados por sus ideas políticas, luchas sociales y no por pertenecer al crimen organizado. El debate ya está sobre la mesa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), más allá de las críticas sobre su gestión, tiene un papel protagónico en esta etapa, pero sobre todo una gran responsabilidad social.

El problema al que se enfrentarán los defensores de los derechos humanos es que la administración de Calderón se ha esforzado por garantizar la impunidad de los militares que asesinan civiles o les violan sus derechos humanos. De acuerdo con Human Rights Watch, “el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles”.

La organización internacional señala, en su reporte Impunidad Uniformada, que “las investigaciones militares sobre violaciones graves de derechos humanos, cometidas por militares contra civiles durante las últimas décadas, no han concluido con sanciones de los responsables y han reforzado una cultura de impunidad”. Cita como ejemplo que, en enero de 2009, funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional dijeron a sus representantes que eran “muchas” las imposiciones de condenas penales contra personal militar por delitos cometidos contra civiles. “No obstante, sólo pudieron recordar un único caso de 1998”.

En la “guerra” contra el crimen de Calderón, los ciudadanos han sido las víctimas y su administración el ejecutor de una nueva edición de la guerra sucia que entre 1960 y 1970 caracterizaron los peores años del autoritarismo priísta.

En la etapa final de su administración, el saldo arroja números preocupantes que colocan a México en total incumplimiento de los acuerdos multilaterales para vigilar y respetar la defensa de los derechos humanos.

Una investigación de la revista Contralínea en su edición 189 así lo confirma: al menos un centenar de activistas, periodistas y políticos han sido ejecutados en el gobierno de Calderón Hinojosa.

En este mismo periodo, la Procuraduría General de la República (PGR) admite tener conocimiento de 35 crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 00017000150309 hecha por este semanario. Además, mientras la estrategia militar antinarcóticos incluye caravanas de la muerte, el Estado mexicano se ve implicado en miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles y supuestos delincuentes.

Esta nueva guerra sucia se encubre en la supuesta lucha contra las drogas que patrocina Estados Unidos y consuma el gobierno del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con 94 mil 540 militares en las calles.

do de Libre Comercio de América del Norte–, perpetrado el 14 de marzo de 2008 por un comando armado.

También, el de Benjamín Franklin Le Barón Ray –sucedido el 8 de julio de 2009–, quien encabezaba un movimiento social en contra del secuestro en Chihuahua. Según su familia, 20 hombres armados y con vestimenta militar lo secuestraron en su casa, ubicada en el municipio de Galeana.

O el del comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. El 4 de noviembre de 2009, siete paramilitares, liderados por el Cuche Blanco Palacios, le tendieron una emboscada en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán, Guerrero.

—Las violaciones a los derechos humanos seguirán presentándose mientras las Fuerzas Armadas estén en la calle. Seguirá latente, con justa razón, la percepción ciudadana de que el Gobierno está reprimiendo a sus opositores, dirigentes sociales e inconformes que ya miran a la insurrección ante las condiciones económicas, de inseguridad y de acoso –señala el general brigadier en retiro Samuel Lara Villa.

Agrega: “Hay muchos casos en los que las autoridades aplican el disimulo y la impunidad a las corporaciones represoras. Asoma la guerrilla: el caso del comandante Ramiro, que preventivamente fue ejecutado por cometer el error de anunciar, de manera imprudente, la reactivación de la lucha armada. La guerrilla asciende cada día en el rango de las amenazas a la seguridad nacional”.

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) revela que, entre 2010 y 2012, el gobierno federal intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados no sólo por el crimen, sino sobre todo por la guerrilla.

Caravanas de la muerte

En esta nueva guerra sucia, la responsabilidad del Gobierno federal mexicano no se reduce a los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas. También alcanza a la llamada limpieza social: ejecuciones selectivas en contra de delincuentes, presuntos delincuentes, adictos, estudiantes, disidentes y civiles.

La más reciente, ocurrida el pasado 26 de junio en el Centro de Rehabilitación Fuerza para Vivir, AC, ubicado en Gómez Palacio, Durango. Ese día, un comando armado, que arribó al lugar a bordo de varios vehículos, asesinó a nueve personas e hirió de gravedad a otras ocho.

Entre las más dramáticas ejecuciones colectivas, está también la de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua. El 1 de febrero de este año, un comando armado irrumpió en una fiesta estudiantil y asesinó a 16 adolescentes. Además, lesionó a otros 12 muchachos.

Respecto de esta matanza, Calderón afirmó que se trataba de jóvenes implicados en la delincuencia organizada. Ante la imposibilidad de probar su dicho, finalmente se retractó.

Según las autoridades federales, los comandos armados son parte de la base social del crimen organizado. No obstante, podrían ser las reeditadas caravanas de la muerte que financia la propia administración calderonista.

Informantes de alto nivel del Ejército Mexicano –que solicitan el anonimato– afirman que los comandos militares operan en zonas territoriales específicas del país, aunque no como parte de los operativos conjuntos que se han acordado entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.

Desde mediados de 2008, las caravanas de la muerte estaban bajo las órdenes del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fuera procesado por abuso, tortura y desaparición de por lo menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de 1980.

“El Ejército está actuando para detectar a luchadores sociales y cualquier foco de disidencia, a través de los grupos de información de zona. El Ejército tiene infiltrada a toda la sociedad a través de esos grupos clandestinos, conocidos como Gizes. Una vez que son detectadas las personas que son incómodas al Ejército o al Gobierno, las ejecutan. Aquí no pasa nada: ejecutan, torturan, violan mujeres. Hay 3 mil 175 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no pasa nada”, indica el general brigadier Francisco Gallardo.

El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que “las Fuerzas Armadas se han dedicado a desarticular los movimientos sociales, a través de ejecuciones contra objetivos seleccionados, como el caso de Ramiro en Guerrero, y de luchadores sociales en Chihuahua”.

Felipe Calderón se enfrentará ahora al juicio de la historia y no bastarán los decretos presidenciales de última hora para desaparecer parcialmente impuestos como la tenencia o reducir los trámites fiscales para el pago de impuestos. Ahora el clima de violencia e inconformidad es tal que ni siquiera la clase media lo reconocerá. Calderón llegará sólo a sus últimos días de gobierno pero con la sentencia de hacer sido el autor de los años de la nueva guerra sucia en México.
28 Junio 2010 03:00:46
Impune escuela de espías
Espionaje, una rueda de la fortuna
El espionaje telefónico entre políticos y, recientemente, el de sus comunicaciones digitales tiene dos objetivos: primero dar a conocer a la opinión pública el rostro oculto de hombres y mujeres con una responsabilidad pública y social relevante y después descalificarlos para desempeñar un cargo político o para tomar decisiones en sectores regulados en donde abundan los intereses económicos privados y, por supuesto, políticos.

Con Jorge Tello Peón, ex director del Cisen, como asesor en temas de inteligencia y seguridad nacional en la administración de Felipe Calderón, hoy este gobierno panista es el escenario de una guerra de descrédito en donde las armas son grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas de forma ilegítima cuya autenticidad tendrá que confirmarse pero que ya dañan a la sociedad mexicana y a su lucha por la democracia.

El espionaje es en sí mismo una actividad ilegal que forma parte de las prácticas y de la guerra sucia que preceden a periodos electorales de alta intensidad como estos comicios intermedios en 10 estados. Sin embargo y, a pesar de su gravedad, la acción de la justicia cuando se violan los derechos constitucionales de mexicanos –se trate de políticos o no– ha sido nula y las tímidas acciones ante el Ministerio Público sólo han servido para que aquellos que se ven descubiertos nieguen también y públicamente el contenido de sus conversaciones reveladas de forma ilícita. Sólo algunos poderes legislativo estatales han aplicado cambios en sus códigos penales para tipificar como delito grave las labores de acecho, vigilancia y espionaje contra instituciones de seguridad o castrenses. Este es el caso del dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Poder Legislativo de Nuevo León que fue aprobado por los 42 diputados para castigar con 15 años estos delitos.

Pero a nivel federal, hasta ahora no se ha respetado la Ley de Seguridad Nacional que se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Es precisamente en esta legislación en donde se considera todo acto tendiente a consumar espionaje en contra de sus ciudadanos una seria amenaza para la seguridad nacional porque rompe la confianza y mina las estructuras sociales y la fortalece de las instituciones.

Al parecer, los políticos que han sucumbido a la tentación de espiar a sus contendientes no están del todo enterados de esta legislación. Ha sido, por lo tanto, la impunidad junto con el descrédito público una de las primeras ganancias del espionaje en México, un práctica añeja que ha capitalizado la experiencia de varias generaciones de profesionales de la vigilancia en las filas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) quienes al abandonar el sector público hoy están al servicio de políticos, narcotraficantes y hasta de empresarios que se niegan a sentirse vulnerables frente a este flagelo.

Sin control, ahora, la escasa cultura de inteligencia en el país está al servicio de la guerra sucia de los políticos, de los delincuentes y no al servicio de la población.

También es cierto que las nuevas tecnologías y el dinero sucio hace que cualquiera, sin moral ante el valor de la privacidad, se convierta en un espía, lo preocupante es que más allá del acecho tecnológico es cómo se procesa y clasifica dicha información y cómo se filtra a los medios de comunicación.

Jorge Carrillo Olea, que en el gobierno de Miguel de la Madrid estuvo a cargo del organismo cuenta cómo surge la idea de crear al Cisen a principios de la década de los ochenta: “Estados Unidos demandaba altos niveles de atención. En Estados Unidos había que hacer amigos tan amigos —en el justo término de la palabra— como fuera posible, o tan amigos como las conveniencias mutuas lo permitieran, porque es un juego de “dame y te daré”. Estados Unidos necesitaba información y el Cisen tenía que generarla. Pero Carrillo Olea también reconoce: “Había una gran confusión y la agenda de riesgos que se le presentaba al Presidente no podía ser tan explícita de dar tiempos o calendarios, o comprometer que se va a cumplir, con excepción de las prioridades”, dice Carrillo Olea en una serie de entrevistas con ex directores del Cisen que coordinó la Secretaría de Gobernación para el libro conmemorativo de los 20 años del organismo.

En 1985, Pedro Vázquez Colmenares, entonces director de la División de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), que después se transformaría en el Cisen, asegura haberse hecho cargo de “una severa y cuidadosa depuración del personal para erradicar vicios y malas prácticas. Sólo quedaron los más aptos y preparados”, dice Vázquez Colmenares en la serie de entrevistas publicadas por el organismo. Vázquez Colmenares prohibió la portación y uso de la famosa “charola “Ordené que los cientos de “charolas” metálicas recogidas fueran fundidas y dieran cuerpo a una pequeña escultura del Benemérito Benito Juárez”. Así fue cómo las “charolas” se fundieron mientras los primeros ex espías del Cisen salieron a las calles. Fue la generación de la guerra sucia, la que persiguió a organizaciones sociales, la que vigiló a intelectuales como Gabriel García Márquez por su simpatía al gobierno de Castro.

Casi una década después, Jorge Enrique Tello Peón fue designado director General del Cisen en enero de 1994, durante el último año de la administración de Carlos Salinas. Fue ratificado por Ernesto Zedillo en enero de 1995 y permaneció en el cargo hasta mayo de 1999. Es este personaje quien ahora asesora a Calderón.

Fracasan panistas

En 1999, dice Alejandro Alegre, el fugaz director del Cisen con Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien el gran encargo que se le hizo al frente del organismo fue conocer la identidad del subcomandante Marcos. “Todos los días (…) nos dedicábamos a tratar de dar con la identidad de Rafael Sebastián Guillén Vicente; y lo logramos. El Cisen le pudo acreditar al Gobierno de la República y a la sociedad, que si alguien podía hacer ese trabajo, era la comunidad mexicana de inteligencia”. En esa época también se dio a conocer el espionaje al que estaba siendo sujeto Vicente Fox y su equipo de transición. Nada se hizo entonces con los culpables ni se deslindaron responsabilidades.

Al iniciarse los gobiernos panistas, al responsable del Cisen, Eduardo Medina Mora, los priistas le heredaron dos encomiendas: un marco legal verdaderamente adecuado para el Cisen y la fundación de la Escuela Nacional de Inteligencia. Dos temas que siguen pendientes.

A Medina Mora, quien después se convirtió en un tristemente célebre Procurador General de la República, se le atribuyó el despido de más de 300 agentes del Centro y de “desorganizar” los servicios de inteligencia. También se le acusó de favorecer las aspiraciones presidenciales del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel. En la etapa de Medina-Mora, además, se desmantelaron los mecanismos de control de los movimientos armados. Incluso a grupos como el Ejército Popular Revolucionario se les dejó de dar seguimiento.

Después vendría Jaime Domingo López Buitrón quien fue colocado en la dirección del Cisen el 13 de octubre de 2005 por el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Permaneció en el cargo hasta el 9 de enero de 2007. Fue uno de los personajes más cercanos al secretario supuestamente vinculado con la organización clandestina de ultraderecha El Yunque. Antes de hacerse cargo de la dirección del Centro, López Buitrón fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob. En esta misma Secretaría, había trabajado previamente en el Registro Nacional de Población e Identificación de Personal y en la de Desarrollo Político. De acuerdo con analistas en temas de Seguridad Nacional, durante la gestión de López Buitrón al frente del Cisen, se “fugó” información de seguridad nacional. Fue una etapa muy peligrosa, porque se corrió a una cantidad enorme de gente, la cual incluso ya era parte de un nuevo planteamiento doctrinario, y todo se puso en riesgo: gente de la extrema derecha, como es Abascal, se apoderó de la base de información del Cisen.

Finalmente, los especialistas consultados no ven otro mérito en el actual director del Cisen, Guillermo Valdés, que su amistad con el presidente Felipe Calderón. Valdés llegó a la dirección del Centro luego de que, durante el proceso electoral de 2006, la empresa encuestadora que dirigía, GEA ISA, dijo que quien iba adelante en la intención del voto era el candidato panista.

A pesar de que Fox fue víctima del espionaje no dio importancia a la reestructuración del Cisen, lo debilitó mientras los espías de la época priista salieron a las calles a buscar clientes. Calderón parece, por su parte, haber sucumbido a la experiencia de los priístas disfrazados de civiles y expertos listos para ayudarlo con su experiencia.

Fue así como los panistas perdieron la batalla frente a la experiencia de origen priísta y, como lo confirma una investigación realizada por el periodista Zósimo Camacho (CISEN, el retorno de los brujos. Enero de 2009), el panismo fracasó en construir servicios de inteligencia que respondieran al Estado mexicano y no a los grupos políticos que se disputan el poder. Los panistas, además, no entendieron para qué sirven los servicios de inteligencia. Los confundieron simplemente con oficinas de encuestas y estudios de opinión. Por eso regresaron personajes como Carillo Olea que se presumen sólo como una referencia para el trabajo del Cisen. En realidad, las evidencias y los hechos sugieren algo más.

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21 Junio 2010 03:00:33
Los depósitos en dólares de Chuayffet
» Banamex-Citibank se deslinda del caso » Se congela expediente del líder priísta
Emilio Chuayffet Chemor logró llegar a la coordinación de los legisladores del PRI por el Estado de México en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no consiguió, como pretendía, hacerse de la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales de ese órgano legislativo. La razón de su descenso en el círculo más influyente del PRI seguramente está relacionada con la lucha tras bambalinas en ese partido por la candidatura para las elecciones del 2012.

Fue en agosto pasado, antes de que se decidieran estas posiciones de poder en San Lázaro, cuando la revista Contralínea dio a conocer las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Nunca sabremos si la información sobre el manejo irregular de fondos por parte del político mexiquense, que se dio a conocer a través de la prensa y no por la Procuraduría General de la República, tuvo repercusiones. Sin embargo, la negociación política no se descarta y el PAN, utilizando información del Estado, habría logrado debilitar a un serio contendiente político. El PRI también pudo haber sido prudente y no correr el riesgo de un escándalo político en fechas cercanas a las elecciones presidenciales para el próximo periodo.

Así, las indagaciones de la UIF de la SHCP – que por cierto se pagan con dinero del Erario Público – una vez más se habrían utilizado para arreglos y componendas político-electorales. El gobierno de Felipe Calderón, una vez más, prefirió acumular puntos para su partido sobre el interés público.

Pero Banamex- Citibank, el banco en el que Emilio Chuayffet mantenía las cuentas investigadas por la UIF de la SHCP, no quiso correr el riesgo aún con el golpe fresco que representó para su imagen el caso de Raúl Salinas de Gortari y sus millonarias transferencias desde la cuentas de ese banco de capital estadounidenses para realizar operaciones en bancos suizos y franceses.

El expediente de la UIF, publicado en este espacio hace más de un año, explica con lujo de detalles las consultas que realizaron los ejecutivos de Banamex- Citibank sobre las cuentas de Chuayffet al percatarse de quién se trataba y al ubicarlo en aquella tipología en la que se encienden focos rojos de manera inmediata: la de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Los técnicos de la UIF recibieron los datos que recabaron en Citibank para conocer la explicación de Chuayffet sobre el origen de depósitos en dólares; el por qué de los extraños excedentes en sus cuentas de inversión y, sobre todo, la razón de irregulares retiros de efectivo. Lo que resultaba innegable y sumamente sospechoso para las autoridades de la SHCP es que las cuentas de inversión del exsecretario de Gobernación estaban trabajando en serio ¿para qué? o ¿para quién? No hay respuestas. Pero igual que Banamex, los técnicos de la UIF no quieren cargar con la factura de una actuación tardía o negociada y se protegen con las indagatorias formales aunque de ellas no se desprenda, por decisión del gobierno calderonista, una acción judicial.

Oficialmente, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República sostienen que el gobierno de Felipe Calderón no lleva a cabo investigación alguna en contra de políticos, conocidos en el argot antilavado como “personas políticamente expuestas”, según las respuestas a las solicitudes de información pública hechas por Contralínea (número 138, del 5 de julio de 2009).

A pesar de tratarse de una solicitud formal que se hizo a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –y por la cual están obligados los servidores públicos a decir la verdad–, la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, habría mentido al sostener que no cuenta con expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, porque “no realiza este tipo de investigaciones”.

Esa dependencia le aclaró a la reportera Nancy Flores que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas e Institucional no se localizó documento alguno relativo al presente requerimiento de información”.

También la SHCP falseó la información y sostuvo en su respuesta que no se encuentra facultada para iniciar o practicar investigación alguna relacionada con las “personas políticamente expuestas”. Los documentos oficiales de la UIF de la SHCP establecen lo contrario.

El caso del priísta Exsecretario de Gobernación, exgobernador mexiquense, excoordinador de la bancada priísta en la 59 Legislatura y diputado federal electo y coordinador de los más de 40 diputados federales priístas del Estado de México, Chuayffet realizó operaciones financieras en instituciones bancarias mexicanas por cerca de 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo.

Dichas depósitos motivaron a las autoridades a seguirle la pista al dinero para conocer su origen y descartar que pudiera provenir de alguna actividad ilícita; sin embargo, el diputado priísta no convenció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en el expediente abierto en su contra se explica que no aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”. Por menos de eso, el excandidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, fue detenido y sometido a un proceso judicial.

La SHCP explica la forma en que Chuayffet Chemor realizaba sus movimientos financieros en Banamex: “La inusualidad reportada deriva del hecho (de) que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta (Banamex) se traspasan a (una) inversión patrimonial, para posteriormente retirar gran parte de los recursos en efectivo, observando que en aclaración con su cliente, Emilio Chuayffet respondió que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que está regresando a su inversión patrimonial, operación que según la institución financiera ha sido repetitiva desde 2007 y que no puede identificar que los fondos provengan de la misma inversión, pudiendo tratarse de otros recursos en los que Chuayffet trata de ocultar su origen”.

El saldo de su inversión, al 30 de abril de 2008, ascendía a 16 millones 964 mil 248 pesos, de los cuales 15 millones 137 mil 923 pesos se encontraban en dicha cuenta desde el 31 de marzo de 2007.
14 Junio 2010 03:00:19
Calderón y la justicia
En México el combate al lavado de dinero se ha politizado
Si se analiza bajo el método científico el modelo que sigue el gobierno de Felipe Calderón respecto a la impartición de la justicia y se toma como ejemplo a las Personas Políticamente Expuestas (PPE´s), podría confirmarse, tan sólo a partir de la observación de los casos repetidos una y otra vez, que en México el combate al lavado de dinero se ha politizado y se utiliza para negociar en momentos electorales con el PRI, reducir la ya disminuida influencia del PRD y sobre todo, para proteger a los políticos panistas y a los miembros del gabinete que tienen en sus cuentas montos injustificables en bancos de México y el extranjero.

A lo largo de los dos últimos dos años, la revista “Contralínea” y este espacio han dado conocer las oportunas investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el manejo financiero de políticos de las principales organizaciones partidistas del país.

Al menos en los casos del PAN, PRD y PRI se confirma el inusual flujo de recursos que bien pudo dirigirse a las campañas y en donde el origen debería de ser la principal preocupación de las autoridades electorales. El tratamiento técnico del problema, al menos en el terreno de las indagaciones, ha sido impecable. Sin embargo, el conflicto se ha presentando en el seguimiento judicial dado a cada uno de estos casos porque al consignar estas investigaciones ante el Ministerio Público y éste a su vez a un juez federal, resulta que se presentan todo tipo de obstáculos para deslindar responsabilidades y consignar a los culpables.

Al menos esto es lo que ha sucedido en el caso de los políticos del PAN y del PRI, lo que sugiere una sospechosa omisión con los miembros del partido en el Poder Ejecutivo y una ofensiva negociación respecto al Revolucionario Institucional. Mientras tanto, para los políticos y personajes ligados al PRD, o a la oposición de izquierda en el país, la impartición de justicia se ha administrado de manera propagandística, incluso con el apoyo del Ejército. Así, ante los medios se les descalifica para ir a los comicios.

Por eso, mientras el caso del ex alcalde de Cancún y frustrado candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza en la que participa el PRD, Gregorio Sánchez, se revela apenas unas semanas antes de los comicios, en el expediente del panista Patricio Patrón Laviada, se han hecho concesiones de todo tipo que lo protegen y lo mantienen lejos del Poder Judicial, pero sobre todo del cuestionamiento de los medios de comunicación y de la opinión pública por el manejo poco claro de recursos manejados por su familia.

Hoy, gracias a ello, el hombre que, siendo gobernador del estado de Yucatán, apoyó de manera incondicional la campaña de Felipe Calderón rumbo a la Presidencia de la República, puede darse el lujo de respaldar también a su esposa en actos proselitistas en los días de campaña previos a la votación para decidir la alcaldía del municipio de Tinum en Quintana Roo. El primo hermano del priísta Emilio Gamboa Patrón reapareció en el terreno político hace algunos días en Tulum y aún siendo titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se aventuró a hacer declaraciones proselititistas asegurando que a ese estado, hoy bajo el dominio del PRI, el presidente Felipe Calderón ha enviado mucho dinero a esa región pero que no ha llegado.

Calderón, por cierto, prefirió desairar recientemente a los exportadores que celebraron su convención anual en la ciudad de Mérida, y no tener que encontrarse con la gobernadora priísta, Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de Víctor Cervera Pacheco, quien se ha enfrentado con el mandatario por razones que van desde incumplimiento al protocolo hacia un gobernador hasta por simples diferencias de opinión. Pero lo que es un hecho es que Calderón sí le debe a Patricio Patrón Laviada una época dorada de apoyo para el PAN desde Yucatán, hoy convertido en territorio priísta.

Lo relevante es que el expediente de Patrón Laviada, integrado en la UIF de la SHCP, no se ha ejecutado judicialmente. En la averiguación previa contra el político panista – que, sospechosamente se “extravió” en la PGR, aparecen familiares y amigos de Laviada como Ricardo Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Johnny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech). Al parecer, el expediente está extraviado o ya desapareció de la PGR, incluso borrado de la memoria de la computadora.

Al parecer no es gratuito el favor para Patrón Laviada porque en el momento en que más lo necesitó Calderón esa entidad se convirtió en punto clave para Calderón. Desde ese estado se abrió el abanico de la campaña a toda la península, es decir, hacia Quintana Roo y Campeche, en donde intervinieron notablemente Juan Camilo Mouriño y Jorge Nordhausen, ambos acusados de tráfico de influencias en el mismo sector energético que dirigieron Felipe Calderón y César Nava en la Secretaría de Energía.

Por ello, mientras el año pasado se perseguía al perredista de Michoacán Julio César Godoy Toscano – medio hermano del gobernador Leonel Godoy – por supuestos vínculos con el narcotráfico, la denuncia penal integrada desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero contra Patrón Laviada simplemente se encuentra en el cajón de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR.

Un año después de que fue acusado por sus presuntos vínculos con la organización delincuencial La Familia, Julio César Godoy Toscano, diputado electo del PRD, logró un amparo de un juez federal para la orden de aprehensión girada en su contra al considerar que la PGR no acreditó de manera suficiente los hechos que se le imputaban. El amparo está siendo revisado por la PGR pero es claro que a Patrón Laviada nunca se le sometió a un proceso similar porque su expediente simplemente se extravió durante la gestión de Eduardo Medina Mora, quien tendría que responder por ello.

El caso de un ‘amigo’

Por ello, vale la pena recuperar la información que obtuvo la SHCP y que, tal vez por ahora, no se conozca. No mientras el PAN y Felipe Calderón se encuentren en el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el documento oficial de la SHCP, el hermano del procurador ambiental Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.

En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
07 Junio 2010 03:00:48
México, laboratorio de drogas de EU
La banca en México no cuenta con un organismo equivalente a la OFAC
Cada acción o medida que asume la banca que opera en el país, está perfectamente calculada y en línea con las demandas de Washington. El pasado 24 de mayo las autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México admitieron que estaba planeanda una nueva regulación para el mercado de venta y compra de dólares. Aseguraron que no se afectaría la paridad cambiaria y, aún más, que formaba parte de las medidas precautorias para frenar el ingreso de dinero sucio a los circuitos financieros del país.

Antes, no obstante, la banca había filtrado que “de forma voluntaria” restringiría el cambio de moneda en sus ventanillas y que no aceptaría transacciones mayores a 10 mil dólares. Así, será esta semana cuando se den a conocer los detalles sobre esta regulación que estuvo pensada desde las oficinas del Gobierno estadounidense.

Fue la liberación de un reporte que se elaboró de manera conjunta entre los gobiernos de los dos países, en el que se ubica a México en una zona de alerta respecto a sus avances en el combate al lavado de dinero y esto motivó una temprana autorregulación de la banca y a su posterior regulación.

Para la banca en México su “temprana” reacción para negarse a seguir cambiando dólares por pesos en sus ventanillas le valió que las autoridades estadounidenses aseguraran en dichos reportes, liberados hace apenas unos días, que han sido diligentes en hacer cumplir las leyes vigentes contra el lavado de capitales.

Los reportes elaborados en Washington mencionan los nombres de HSBC, BBVA, Bancomer y Banamex, instituciones que han dejado de aceptar depósitos en efectivo en ciudades altamente vulnerables al fenómeno del narcotráfico, tales como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Sin embargo, esta decisión no se ha hecho pública aunque ya está siendo aplicada.

Pero la banca en México no ha podido ir más allá –dicen los estadounidenses– porque no cuenta con un organismo equivalente a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). De esta forma, también sin decirlo, la banca extranjera ha tomado decisiones sobre sus clientes sospechosos en México, al utilizar información generada por el Gobierno de Estados Unidos.

Por ahora, el “Estudio bilateral de recursos de procedencia ilícita México-Estados Unidos” ofrece un detallado reporte de la operación de las llamadas organizaciones criminales trasnacionales.

El fortalecimiento de los grupos de narcotraficantes en México, dice el Gobierno estadounidense en su análisis sobre la procedencia de bienes ilícitos, se presentó a partir de la persecución de las organizaciones colombianas.

Entre la década de los 80 y 90 se fracturaron las rutas de transportación a través del Caribe, entonces catalogada como la ruta de menor costo. Fue entonces cuando se inauguró la siguiente ruta a través de México, sus carreteras y aguas: en 1991 el 50% de la cocaína venía desde México y en 2004 aumentó al 90%. México se convirtió entonces en el Fedex de la cocaína, asegura el reporte en alusión a la principal empresa de mensajería.

Los principales beneficiarios de los ingresos ilícitos resultado de la venta de drogas en Estados Unidos son las organizaciones criminales transnacionales, producto del contrabando de narcóticos, armas y hasta personas en la frontera sur de ese país.

Por ello, en respuesta al incremento y sofisticación de sus operaciones, el Gobierno de Estados Unidos dice que está incrementando la cooperación bilateral entre ambos países para frenar el flujo de recursos. Antes, sin embargo, se ocupó de desentrañar el esquema de operación de las organizaciones criminales transancionales (OCT) mexicanas.

La cadena de suministro a granel de efectivo de los narcotraficantes se basa en un sistema en donde todas las órdenes provienen de las cabezas de las OCT en México. Esto es relevante por varias razones: en primer lugar, revela la importancia de la comunicación en toda la cadena de suministro para regular el flujo de caja a granel (de dólares); en segundo se establece que el mando mexicano tienen la mayor influencia en la organización para proteger sus intereses y controlar el flujo de mercancía y efectivo.

Las organizaciones criminales han buscado otros esquemas, pero es un hecho, como lo confirman los estadounidenses, que la mayor parte del dinero resultado de operaciones de compra y venta de drogas se transporta a granel entre la frontera de México y Estados Unidos. A partir de esta conclusión se ubica la importancia de frenar en México el cambio de dólares por pesos.

También se ha puesto en marcha la contratación de personas para mover dólares de manera física o contratar transferencias electrónicas como las que ofrece Western Union. De hecho, en febrero de 2010, las procuradurías de Arizona, California, Nuevo México y Texas anunciaron investigaciones sobre transacciones por más de 94 millones de dólares con Western Union.

El Gobierno de Washington ha establecido toda una estrategia de regulación en México del dinero sucio producto del tráfico de drogas y parte de su plan es blindar la frontera con nuestro país y seguir utilizando nuestro territorio como un laboratorio para mantener ocupado al crimen organizado y quedarse ellos con las ganancias de dinero que les significa tener el mercado de consumo de drogas más grande del mundo. En esto el gobierno de Felipe Calderón está de acuerdo y sumiso a lo que le dicte Washington.
31 Mayo 2010 03:00:03
El uso político de la justicia
Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar
“La ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Greg Sánchez obedece a las evidencias, a los indicios y los testimonios que obran en poder de la autoridad”, fueron las palabras iniciales que dirigió a la prensa Felipe Calderón desde Canadá al referirse a la detención del candidato por la alianza PT, PRD y Convergencia, a la gubernatura del estado de Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo, de extracción panista, explicó: “el señor Gregorio Sánchez no sólo ha sido acusado por la oficina del procurador general; esos cargos, esos indicios, esas evidencias, también han sido debidamente valoradas por un juez que obsequió la orden de aprehensión, la cual se ejecutó”.

Y concluyó sobre el tema: “la obligación de la autoridad es actuar conforme a la ley y no puede la Procuraduría General hacer distingos o excepciones por razones de carácter electoral o político. Tiene que actuar en donde haya evidencias, sea del crimen organizado o de lavado de dinero o cualquier otra acción que está penalizada por la ley”.

Estas evidencias a las que se refiere Calderón, esos indicios y testimonios no surgieron hace algunas semanas. Se trata, como lo confirman expedientes en poder de esta columna, de una añeja investigación cuyas conclusiones, al menos desde hace un año, pudieron haber sido turnadas por la Procuraduría General de la República a un juez federal para analizarlas y dictar la orden de aprensión respectiva, como lo hace ahora en la etapa final para que coincida con las elecciones en Quintana Roo.

Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar, pero no de administrar la justicia en beneficio de las causas y proyectos político-electorales del PAN, aun cuando la orden haya sido dictada desde Los Pinos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda –responsable de la investigación contra Gregorio Sánchez– ha sido criticada por su lenta actuación y escasa capacidad de respuesta para descubrir a tiempo los fenómenos y acciones ligadas con el crimen organizado. Ahora, con la decisión del gobierno de Felipe Calderón se pone en entredicho, una vez más, a esta entidad, a pesar de que desde hace más de un año sus investigadores ya contaban con pruebas suficientes para iniciar acciones legales contra el popular y controversial “Greg” Sánchez. Sacrificar a la UIF, sin embargo, parece ser el precio que se tiene que pagar por avanzar en un proceso electoral e impedir que el PAN siga perdiendo terreno rumbo al 2012.

Vulnerar a la Secretaría de Hacienda no es un asunto menor. Esta debería ser una dependencia apartada del ánimo político del Presidente y dejarla hacer su trabajo en tiempo y forma para mejorar la procuración de justicia en este país tan desacreditado en sus instituciones.

Sin embargo, desde que Agustín Carstens sucumbió a la tentación de pactar lealtad a Calderón a cambio de su postulación al Banco de México, Hacienda se ha visto minada por los intereses políticos que salen de Los Pinos y de las oficinas nacionales del Partido Acción Nacional. Cómo entonces este Gobierno federal panista puede garantizar una justa impartición de justicia si utiliza los expedientes de “lavado” de dinero elaborados por la UIF para atacar a la oposición, aun cuando éstos estén bien fundados por los investigadores fiscales, pero cuando se trata de miembros del PAN o funcionarios del primer equipo de gobierno simplemente los expedientes son archivados y nunca proceden.

Hay varios casos en los archivos de la UIF y en poder de esta columna que confirman cómo el gobierno de Calderón tuerce la ley para atacar a la oposición y proteger a los miembros de su gabinete.

Una prueba de ello es cómo una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental y descubrieron que él y su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos. Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente.

Distinto a lo que sucedió con Greg Sánchez, la Secretaría de Hacienda también presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de “lavado” de dinero en contra de Patrón Laviada y varios familiares, pero la PGR “extravió” a propósito la acusación y nunca procedió en contra del amigo del Presidente de la República.

En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de blanqueo de capitales en contra de familiares y amigos de Patricio Patrón Laviada. El caso de Gregorio Sánchez lindó la frontera del cinismo y lo burdo.

Queda claro, por lo tanto, que el Gobierno de Calderón administra las investigaciones de la UIF que, en teoría y en línea con su mandato, tendrían que utilizarse para aplicar la justicia de manera expedita y no dilatoria en beneficio de intereses políticos. Después vendrá el reclamo de los organismos multilaterales y del propio Estados Unidos respecto a la lentitud de la aplicación de la justicia en México al perseguir al crimen organizado. Pero eso parece no importar en este momento de contiendas electorales.

De esta forma, en su ánimo de defender las causas políticas del PAN, el gobierno de Felipe Calderón está cometiendo graves errores de procedimiento que abonarían a la causa de Gregorio Sánchez. En primer lugar, solicitar en este momento, y no antes, la orden de aprensión, le resta méritos a lo que pudo haber sido una aplicación implacable de la justicia.

Ahora, la coyuntura que escogió la PGR y el gobierno calderonista al comenzar hasta el 3 de mayo pasado las acciones legales contra Sánchez, distrajo a la opinión pública de la gravedad de las acusaciones y lo colocó como una víctima electoral del sistema.

Además, a un mes de que se realicen las elecciones, ninguno de los tres partidos aliancistas tendrían la oportunidad de sustituir a Greg Sánchez como candidato, lo que amplia la posibilidad de que el alcalde con licencia de Cancún permanezca como contendiente en los comisiones electorales, porque hasta que no se dicte una sentencia formal no perderá sus derechos políticos. Incluso, Greg podría ganar mientras la procuración de justicia en México se hace bolas con un expediente que hace un año pudo constituir la base de una querella impecable por lavado de dinero y su probable responsabilidad al participar y colaborar con la delincuencia organizada en delitos contra la salud.

Cuentas bancarias abiertas en seis instituciones financieras en México, con depósitos por cerca de 30 millones de pesos, son el soporte principal de la acusación por “lavado” de dinero –que hizo la Procuraduría General de la República ante la justicia federal– en contra del candidato a la gubernatura por la alianza Todos por Quintana Roo (PRD-PT-Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, popularmente conocido como “Greg”.
24 Mayo 2010 03:00:50
Los triquis están de luto
El principal líder fue asesinado en su propia casa, junto con su esposa
Yosoyuxi, Oaxaca. Los pueblos indígenas del país y la comunidad triqui están de luto. El principal líder de esta región de la mixteca oaxaqueña fue asesinado el día 20 en su propia casa, junto con su esposa y en presencia de su pequeña hija de apenas 3 años. Balazos y machetazos en cabeza y cuerpo quitaron la vida al carismático dirigente y a su joven esposa, que sólo pretendían la autonomía del pueblo indio triqui y el cese de la represión y explotación de la comunidad indígena a manos de políticos corruptos y caciques mestizos.

Se llamaba Timoteo Alejandro Ramírez, “Timo” como le decían los triquis y sus amigos mestizos. Luchaba por la paz en la región, y defendía y exigía el derecho de los indígenas por alcanzar la autonomía de sus pueblos; pedía que políticos y caciques dejaran de robarse el dinero público que no les pertenecía; que los recursos llegaran a las comunidades; que los dirigentes dejaran de adquirir grandes casas y vehículos de lujo, y que el dinero enviado desde la Federación dejara de ser utilizado para adquirir sofisticado armamento que sólo sirve para reprimir al mismo pueblo triqui.

Esa era la lucha que al final de su camino convirtió a “Timo” en un peligroso hombre para el sistema de la región. Abrirle los ojos a su pueblo le significó ser acribillado, junto con su esposa Cleriberta Castro, a punta de machete y pistola en un operativo de infiltración paramilitar que duró meses y tal vez años en su planeación, y que sólo se entiende pudo salir desde las más altas esferas del poder político de este país. Un crimen de Estado, pues.

Esperar justicia en estas condiciones, con un gobierno estatal calificado por luchadores y organizaciones sociales como represor, prácticamente es imposible esperar una pronta y justa investigación, pues los servidores públicos que pudieran estar involucrados no se investigarán a sí mismos, aunque ahora mismo los señalen los mismos indígenas triquis.

Timoteo dejó huérfanos a 10 hijos, de 3 a 20 años de edad. También dejó huérfanos a miles de triquis que veían en él a un hombre justo y honesto que perdió la vida por servir a su pueblo.

Con su muerte la esperanza de pacificar la región se agota y los indígenas, como las 100 familias que sobreviven desde hace seis meses al infierno de San Juan Copala, tendrán que soportar aún más la represión, el hostigamiento, la amenaza y la muerte, sin que autoridad alguna se interese por las vidas de cientos y miles de indígenas que llevan muchos años resistiendo.

Balean a general de la guerra sucia. Con menos ruido mediático que el secuestro del llamado “Jefe” Diego, otro atentado puso en alerta máxima a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los órganos de inteligencia militar. Hasta la oficina del secretario Guillermo Galván Galván llegó el reporte del atentado armado en contra del general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, que puso en riesgo su vida al recibir varios disparos de bala cuando circulaba en un vehículo por las calles del Distrito Federal. Compañero de armas y del Colegio Militar, Galván Galván ordenó a Inteligencia Militar hacerse cargo de las investigaciones y determinar las condiciones y los motivos de la agresión sufrida por su actual y principal asesor en la lucha del Gobierno federal panista en contra de los grupos armados, la guerrilla pues, en todo el país.

Aún no se sabe si fue un asalto o se trató de un intento por asesinar al general brigadier que acostumbraba a viajar sólo, sin escoltas, cuando se encontraba en la capital del país, no así cuando andaba de comisión militar por toda la República, sobre todo en los estados donde se sabe de la presencia de grupos armados, es decir Oaxaca y Guerrero.

Acosta Chaparro se había ganado la animadversión y desprecio de muchos mexicanos, sobre todo de miembros de organizaciones sociales y familiares de cientos de desaparecidos durante la llamada guerra sucia del Gobierno federal, quienes acusan a este general brigadier y al también militar Humberto Quiroz Hermosillo, como principales responsables de asesinatos de luchadores sociales, guerrilleros, críticos del Gobierno y militantes de la izquierda en México.

Ambos generales compartieron celda en una prisión militar bajo cargos de homicidio, vínculos con la delincuencia organizada y protección de narcotraficantes, principalmente al cártel que comandaba Amado Carrillo Fuentes, el legendario “Señor de los Cielos”. Después de un largo proceso militar Acosta Chaparro salió libre de toda culpa, pero a su amigo Quiroz Hermosillo no le alcanzó el tiempo ni las fuerzas y falleció en prisión.

El año pasado dimos cuenta en esta columna de cómo ante el fracaso del Gobierno federal panista en la supuesta “guerra” contra el crimen organizado y los grupos armados, Felipe Calderón autorizó el regreso de varios de los más destacados representantes de las policías secretas y represivas del viejo sistema priista, a quienes se les identifica en los círculos de poder simplemente como “Los Brujos”. Se trata de políticos, policías y militares como Jorge Carillo Olea, Jorge Tello Peón, Alejandro Alegre y el general Mario Arturo Acosta Chaparro.

La reaparición de Acosta Chaparro después de un proceso militar que se siguió en su contra, no es un asunto menor si se toma en cuenta que quien controle los órganos de inteligencia, sin duda tendrá el control de las elecciones para la presidencia en 2012.

Acosta Chaparro, personaje central en la persecución de grupos sociales inconformes con los cacicazgos en regiones como Guerrero y Oaxaca, fue puesto en libertad en 2007 y exonerado de todo cargo después de más de seis años de reclusión en cárceles militares, acusado de vínculos con el narcotráfico y de ser actor principal en la guerra sucia, cuyo objetivo principal fue erradicar el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.

Compañero de escuela del actual secretario de la Defensa Nacional, le valió al general Acosta Chaparro ser convocado en 2008 para integrar un grupo de inteligencia en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde despacha el polémico Genaro García Luna, con la instrucción de Galván de “poner orden”.

Esa invitación de reincorporarse al Gobierno federal panista fue rechazada por el viejo general, quien pidió a su amigo Galván Galván le permitiera mejor trabajar en áreas de inteligencia de la Defensa. Desde ahí podría “limpiar al país” de guerrilleros y narcotraficantes, y al mismo tiempo reducir la criminalidad que han colocado a México en el contexto internacional como uno de los países más peligrosos del mundo. Acosta Chaparro ahora sabe que no es inmune de esa violencia generalizada.

17 Mayo 2010 03:00:02
Secuestran a 12 mujeres y niños
Reporteros de Contralínea entran a Copala
San Juan Copala, Oaxaca. Desesperadas por el hambre y las enfermedades que padecen los habitantes de Copala, 20 mujeres indígenas cargaron con sus hijos y el fin de semana salieron de este pueblo triqui en busca de alimentos, agua potable y medicinas.

En su huida del infierno en que paramilitares tolerados por el Gobierno han convertido a Copala, la caravana de 35 niños y mujeres indígenas fue interceptada a la altura del poblado de La Sabana (el mismo lugar donde hace 20 días fue atacada la caravana por la paz) por un grupo de hombres fuertemente armados que los amenazaron de muerte y les advirtieron que si intentaban regresar con alimentos a este municipio autónomo que desde hace seis meses vive en estado de sitio, serían secuestrados.

El vocero de San Juan Copala, Jorge Albino, explicó que las 35 mujeres y niños triquis fueron atendidos en el municipio de Juxtlahuaca y desde ahí se solicitó el auxilio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se exigieron garantías de protección al secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, Evencio Martínez, para que las indígenas y sus hijos pudieran regresar con seguridad a Copala para reunirse con sus familias.

En respuesta a esa petición, el subalterno del gobernador Ulises Ruiz ordenó un operativo policiaco con más de cien elementos estatales fuertemente armados, pues le urgía sacar de la ciudad de Juxtlahuaca a los 35 indígenas y alejarlos lo más posible de los medios de comunicación, pero en vez de llevarlos con sus familias hasta Copala, los abandonaron en el pueblo de Yosoyuxi, a 30 kilómetros de Juxtlahuaca.

“Por ningún motivo vamos a llevarlos a San Juan Copala. Ustedes saben que es un municipio autónomo y la policía no puede entrar ahí, así que sólo los acercamos hasta Yosoyuxi y desde allí (mujeres y niños) tendrán que caminar para llegar a su pueblo.

Definitivamente nosotros no vamos a entrar porque hay grupos armados”, le dijo telefónicamente Evencio Martínez al vocero de San Juan Copala, Jorge Albino.

La caravana indígena decidió el sábado emprender la marcha hacia Copala, pero un grupo armado impidió su paso a la altura del poblado de La Sabana y secuestró a seis mujeres con sus hijos y hasta este domingo seguían sin ser liberados, mientras que los gobiernos federal y estatal permiten todos los excesos de las organizaciones armadas Ubisort, perteneciente al PRI, y de la MULT, simpatizante también del Gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz.

La lucha por el presupuesto de Copala

Contrario a lo que opina el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont desde sus cómodas oficinas en la Ciudad de México, el problema en San Juan Copala no es intercomunitario, como quieren hacernos creer, lo que aquí se disputa son el uso de las partidas presupuestales de los ramos 28 y 33, que para el gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca significan cerca de 5 mil millones de pesos, mismos que no están dispuestos a repartirlos entre quienes menos tienen.

Por supuesto también hay una pugna por el control político del principal centro ceremonial del pueblo triqui y para ello han armado con rifles de alto poder (AK-47, R-15 y M-16) a las organizaciones priistas Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y al Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), las cuales mantienen bajo estado de sitio a casi 100 familias que están atrapadas en el pueblo de Copala y no pueden salir de sus casas.

Esta verdadera lucha por las participaciones federales para los municipios del estado de Oaxaca está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de San Juan Copala. Es el control de las participaciones federales correspondientes a Oaxaca las que empuja, en mayor medida, las ráfagas de las balas que tienen sometido a este valeroso pueblo triqui.

Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.

Sin embargo, es a partir de que estos indígenas de la cultura triqui deciden declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan a cambio de votos la aplicación de los recursos que les pertenecen por ley, que se desata una guerra feroz en su contra.

Las autoridades autónomas de Copala están solicitando también que se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega, lo que ha puesto muy nerviosos a funcionarios estatales y federales.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, egresado de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, debería explicar que ha pasado desde hace varios años con el dinero que debe entregarse a la región de San Juan Copala para pagar obras y desarrollar servicios públicos para la población.

Sabrá el funcionario de Hacienda quién es el responsable de administrar en Oaxaca ese dinero público, pues hay fundadas sospechas de que parte de esos recursos sirven para comprar armas y balas que asesinan, hieren y amenazan a niños, mujeres y ancianos indígenas.









10 Mayo 2010 03:00:21
El ataque a la caravana por la paz
-Identifica a todos los responsables
-El rescate de los dos reporteros


Juxtlahuaca, Oaxaca. Maestro y alumno en su época de estudiante, en su época de estudiante en la Universidad Autónoma de Oaxaca, éstos dos viejos amigos tomaron la decisión más difícil de su vida o, al menos, la que los marcará para siempre: el asalto armado a la caravana por la paz que se dirigía a San Juan Copala, en donde murieron dos personas y otras 10 resultaron heridas.

Aunque comparten la misma profesión de la abogacía, se dedican a oficios distintos: uno es político y funcionario del gobierno de Ulises Ruiz, Evencio Nicolás Martínez, secretario general del Gobierno de Oaxaca; el otro líder de indígenas y cacique triqui en el municipio de San Juan Copala, Rufino Juárez Hernández.

A los dos los señalan las evidencias y los acusan algunos de los sobrevivientes. También son investigados por su presunta responsabilidad Anastasio Juárez, hermano de Rufino; Antonio Cruz García, “Pájaro”, quien presuntamente encabezaba al grupo armado el día del ataque, y Ramiro Domínguez García, representante de la comunidad de La Sabana, donde ocurrió la masacre.

En el brutal ataque armado del martes 27 de abril, ocurrido en el paraje de Los Pinos, del poblado de La Sabana, Evencio y Rufino son cómplices y responsables de la masacre. El primero supo del avance de la caravana y negó la protección policial para que cayeran en la artera emboscada; el segundo advirtió, días antes de que partiera de Juxtlahuaca, que no permitiría que cruzara por el pueblo de La Sabana, en donde él es el mandamás, y así lo cumplió, cuando una gavilla de asesinos disparó a escondidas entre el monte, matando a dos e hiriendo a otros 10, entre ellos los reporteros David Cilia y Érika Ramírez.

Ahora dicen en la Procuraduría General de la República, institución que atrajo el expediente, que a Evencio y Rufino los citarán para que declaren por esos y otros crímenes que han cometido en la región. Y mientras se integra el expediente de la averiguación previa por la agresión a la carava por la paz, el cacique triqui Rufino Juárez busca desde ahora el amparo de la justicia federal ante las versiones de que un juez federal ha librado ya una orden de aprehensión en su contra.

Del político Evencio Nicolás Martínez, quien aspiraba a ser el candidato a la Gubernatura del Estado por el PRI, funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz dicen que tiene sus días contados, pues alguien tiene que pagar por los asesinatos. Lo único cierto es que el funcionario sigue despachando tranquilamente desde su oficina en la Secretaría General de Gobierno en Oaxaca como si nada hubiera pasado. Quienes lo conocen, dicen que ha hecho valer su amistad de muchos años con el Gobernador del Estado, a quien lo unen otros intereses.

Mientras eso sucede en la capital de Oaxaca, en el poblado de San Juan Copala la situación se complica cada día más para sus menos de mil habitantes. La escasez de alimentos y medicinas, la falta de agua potable y el corte de energía eléctrica hacen que este pueblo se esté muriendo de hambre y sea presa fácil de un grupo paramilitar controlado por la Ubisort, del cual es líder Rufino Juárez. La orden que ha dado al grupo armado es tajante: “nadie entra ni sale de Copala”, en donde el terror lleva ya cuatro meses.

Una nueva caravana por la paz se prepara desde la Ciudad México con el propósito de romper el cerco que la Ubisort ha establecido en esa región triqui, ante la complicidad del Gobierno del Estado, principalmente del secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez, y el consentimiento del gobernador Ulises Ruiz. A esta nueva caravana han prometido incorporarse legisladores federales, políticos, artistas, intelectuales y periodistas. A ver si es cierto que se atreven.

Crónica de un rescate

El timbre del teléfono celular interrumpió la comida. El mensaje fue escalofriante: hace hora y media (14:30 horas), un grupo de hombres armados atacó la caravana por la paz que se dirigía al pueblo autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Allí viajaban Érika Ramírez y David Cilia, periodistas de este semanario.

 La pesadilla para la redacción de “Contralínea” apenas empezaba aquella tarde del martes 27 de abril de 2010.

 El equipo directivo del semanario envió a Oaxaca a un equipo de periodistas para investigar el paradero y el estado de salud de los reporteros. El grupo se trasladó a la zona en conflicto el mismo día de la brutal agresión.

La madrugada del miércoles 28 empezaron los primeros reportes, algunos de ellos, estremecedores: tres testigos que lograron huir del ataque contra la caravana, compuesta por observadores internacionales, organizaciones sociales, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y periodistas, afirmaban que los dos reporteros de la revista “Contralínea” no habían podido escapar de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47 que disparaba el grupo paramilitar desde el monte. Aseguraban que los periodistas habían quedado abatidos en el mismo vehículo.

 A lo largo de ese día, el equipo de “Contralínea” intentó ingresar a la zona, a la zaga de un operativo de 10 camionetas con 50 efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a cargo del comandante regional Lázaro Hernández; un cuerpo de peritos y uno de médicos. Sin embargo, los agentes cerraron el paso al vehículo de los periodistas apenas al salir de Juxtlahuaca.

Por la tarde, el convoy regresaría con los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el observador de derechos humanos finlandés Jiry Jaakkola, quienes habían sido asesinados al interior de uno de los vehículos. Ante las demandas de integrantes de organizaciones sociales para que se buscara a los entonces 22 desaparecidos, la AEI inició una nueva incursión, de la que las autoridades no ofrecieron resultados.
03 Mayo 2010 04:00:32
A salvo los dos periodistas
San Juan Copala sobresale y se confirma como la ‘tierra de nadie’.

La pobreza, la desigualdad, la injusticia, la marginación y las violaciones a los derechos humanos han sido, desde hace ya casi una década, la materia de investigación del equipo de periodistas que integran la revista “Contralínea”.

No es gratuita, y sí una cobertura obligada, la presencia de sus reporteros en las zonas más pobres del país, entre las cuales Oaxaca, lamentablemente, ocupa un lugar destacado.

Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de “Contralínea” agredidos a balazos junto con la caravana de paz que el martes pasado llevaba comestibles, agua y medicinas al pueblo de San Juan Copala, llevaban las órdenes de trabajo de hacer una radiografía de la violencia que hay en la región y el clima político preelectoral del estado. Su traslado específico a Copala obedecía a reconstruir la historia de las dos periodistas triquis asesinadas hace ya varios años, como parte de un gran reportaje sobre los casi 70 periodistas acribillados en 17 estados de la República en lo que va de la administración federal panista.

Aún más, entre las regiones marginadas y laceradas por cacicazgos y terratenientes que dominan al país, San Juan Copala, una región triqui declarada “municipio autónomo” en 2006 y cuyos habitantes están sitiados ahora por el mismo grupo paramilitar que atacó a la caravana de paz, sobresale y se confirma como la “tierra de nadie”, en donde el Gobierno estatal priísta es complaciente de esos grupos armados que actúan fuera de la ley y que se disputan a sangre y fuego el control territorial, económico y político del municipio, a donde la ausencia de ley, la justicia, las políticas públicas y el bienestar social están muy lejos de llegar a la región.

Por eso Érika y David estaban allí en Oaxaca y las ediciones de “Contralínea” desde hace varios años son testimonio de la labor informativa de sus reporteros. El libro “Morir en la Miseria”, resultado de un intenso trabajo periodístico en los municipios más pobres del país, también da cuenta de ello. Y han sido, precisamente, Érika Ramírez y David Cilia enviados permanentes de “Contralínea” a la región.

El marco y cobijo de una caravana por la paz, con la presencia de observadores internacionales y organizaciones mexicanas no gubernamentales que llevaría medicinas y víveres sin filiación política, se presentó como la oportunidad periodística para investigar sobre la violencia en la zona, e indagar a profundidad el artero e impune asesinato de las locutoras triquis de la radio comunitaria perteneciente a la Red de Radios Indígenas.

De hecho, en abril pasado se cumplieron dos años de su ejecución, que aún permanece impune, y “Contralínea” buscaba seguir la historia de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes hasta el día de su muerte estaban a cargo de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio. Felícitas y Teresa orientaban a los pueblos triquis en temas de salud, organización y derechos básicos. Alguien resultó ofendido con su palabra.

No ignorábamos el clima de violencia que meses atrás se había recrudecido en San Juan Copala, pero los dos reporteros pensaron que una caravana por la paz sería suficiente para persuadir a los grupos paramilitares que operan en la región de contener sus agresiones mortales. Ni siquiera en las peores zonas de guerra se atenta contra personas que portan banderas blancas y tampoco contra la prensa, que sólo busca documentar los hechos, como responde a un periodismo veraz y profesional.

Jesús Martínez Flores, presidente de este municipio autónomo, encabezó la convocatoria a lo que el calificaba como una “caravana de observación” que apoyara las pláticas para pacificar la zona.

“Nosotros ya no creemos en las autoridades que siempre le mienten al pueblo, ya no creemos en quienes ante la opinión pública se desgarran las vestiduras pidiendo la paz que ellos mismos rompen con la complicidad y la impunidad que siempre gozan por parte del Estado; nosotros creemos en nuestro pueblo, que entiende nuestro pesar, por eso hacemos el llamado a la caravana de observación que realizamos por nuestras tierras”, dijo Martínez Flores en un comunicado fechado el 19 de abril pasado.

Martínez Flores agregó: “Con organismos nacionales internacionales de derechos humanos en fechas por definir, donde también nos acompañarán medios alternativos, compañeros de la Otra Campaña y todo aquel que tenga bueno su corazón y quiera ayudar a encontrar la paz y la seguridad, y el desarrollo que la región triqui necesita. Caminaremos este proceso de paz hasta sus últimas consecuencias, así garantizaremos la conservación de nuestra cultura”.

Pero la caravana por la paz no fue suficiente. Los dos reporteros de “Contralínea”, Érika Ramírez y David Cilia, fueron también víctimas de la emboscada del 27 de abril en la zona de La Sabana, en la mixteca oaxaqueña, que dejó como saldo varios heridos y los asesinatos de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y del finlandés Jyri Jakkola, observador internacional.

Todo este día se escucharon disparos a su alrededor de ráfagas de metralletas, algunos muy cercanos y otros a mayor distancia. El miedo y la incertidumbre obliga a los cuatro refugiados a mantenerse en silencio y a grabar, con los teléfonos celulares, un breve testimonio de que estaban vivos, por lo que si aparecían muertos era una ejecución motivada por la negligencia del Gobierno por no rescatarlos a tiempo.

Se avisó a las autoridades del Gobierno del Estado de que los periodistas desaparecidos estaban vivos y ocultos ante el temor de ser nuevamente atacados.

La burocracia del gobierno de Ulises Ruiz seguía con dudas y temor para autorizar una incursión policiaca a la región, donde un grupo paramilitar decide el destino de quién vive o muere.

Finalmente la información sobre los periodistas desaparecidos, que ya circulaba en todos los medios de información nacionales y extranjeros, obligó a Ulises Ruiz a actuar y ordenar el operativo del rescate encabezado por los reporteros de “Contralínea”.

Diez mandos policiacos y 50 efectivos, a bordo de 10 unidades, se internaron en la zona en donde el padre de uno de los periodistas, David Cilia, y el director de “Contralínea” encabezaron la búsqueda en las montañas, hasta que ese mismo día, a las 22:40 horas, los localizaron y fueron rescatados.

El comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Lázaro Hernández, le dijo a los reporteros de “Contralínea”: “Nadie puede ir allí, ni el Ejército.

Nosotros negociamos llegar hasta cierto punto y, aún así, ellos, los paramilitares, hacen disparos al aire. Si nos pasamos del punto al que acordamos llegar, nos tiran a dar”.
26 Abril 2010 04:00:03
En la mira del fisco
En pocas ocasiones los empleados de la banca extranjera en México hablan de temas relacionados con la seguridad o la delincuencia; sin embargo, ante el clima de violencia que se vive en todo el país fue inevitable hace unos días eludir esos temas en la convención bancaria celebrtada en Acapulco, en donde la prensa financiera fue insistente, al menos durante las primeras horas del cónclave bancario, en los problemas de seguridad que enfrentan los negocios crediticios en el país.

El Comité de Seguridad de la banca dio a conocer en su informe anual que desde finales de 2008 las áreas de seguridad de los bancos comenzaron a tener conocimiento de amenazas y extorsiones a directivos y empleados bancarios, así como a sus familias, principalmente en las zonas del norte del país y la región del bajío.

Esto motivó que el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México se reuniera con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para hacer de su conocimiento la nueva modalidad de la delincuencia, la cual se agrava cuando, habiendo informado a las autoridades locales con tiempo suficiente de los hechos, éstas no se presentan o lo hacen tardíamente. Por ello, pidieron al secretario responsable de la política interna que las autoridades coordinen mejor sus acciones para enfrentar en mejores condiciones la lucha contra la extorsión y el secuestro, a fin de evitar que estos ilícitos se extiendan a otras poblaciones ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades.

Para atender de inmediato la petición de directivos que cuidan los intereses de la banca extranjera, el secretario Gómez Mont dispuso un enlace con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la cual se giraron instrucciones de mantener la comunicación abierta con los empleados bancarios.

Lo que cuentan funcionarios bancarios de aquella reunión, según lo confirmado por varias fuentes, es que también se analizaron temas relacionados con los problemas federales en los que se encuentran involucrados los recursos y la infraestructura bancaria.

Este es el caso de la extorsión telefónica a la población en general y el uso de cuentas bancarias por parte de los delincuentes, un tema que comienza a agravarse.

Como informamos aquí la semana anterior, entre 2006 y 2009 las autoridades hacendarias ubicaron un preocupante incremento en el número de reportes inusuales de cuentas con depósitos y retiros constantes que presuntamente estaban relacionados con el delito de extorsión y con una creciente actividad en regiones con Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Baja California, varias de las zonas en las que se ha recrudecido la violencia.

La Asociación de Bancos de México (ABM) mantiene, por ello, comunicación constante con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de analizar el incremento en el número de reportes sobre operaciones inusuales e irregulares en la banca. Continuamente la banca, asegura, está enviando información a la UIF para acelerar las investigaciones y análisis en esta área.

Los dirigentes de la ABM también tienen línea abierta con la Procuraduría General de la República, en donde han entregado información relevante sobre el aprovechamiento de los circuitos bancarios por parte del crimen organizado.

Este esfuerzo, igual que el monto de los créditos que está otorgando la banca para financiar a la economía, resulta insuficiente. Así lo reconocen los propios banqueros que, en principio, saben que en las sucursales bancarias no deberían estarse abriendo este tipo de cuentas y prometen que durante los próximos meses tomarán las medidas necesarias para que esto no suceda.

El uso, por ejemplo, de la Cédula de Identidad a cargo de la Secretaría de Gobernación y de mayores medidas de seguridad, podría contribuir a que los delincuentes no usaran las cuentas de las instituciones de crédito para cobrar el dinero que exigen a sus víctimas.

Los banqueros también saben, por lo tanto, que tendrán que obtener mayor cooperación por parte de las autoridades. Un preocupante foco rojo en el uso de la credencial de elector, uno de los documentos de identificación más aceptados, se presume que se ha venido falsificando de forma consistente. Por ello, proponen que la Cédula de Identificación, que aún no resulta voluntario, sea el instrumento que sirva para enfrentar este problema.

No abrir este tipo de cuentas, en principio, sería una solución para comenzar a atacar este problema. Los empleados de la banca lo saben y no quiere correr el riesgo de una injerencia federal, con una política de Estado, como lo que impulsó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). De hecho, argumenta, en la banca ya existe un registro general de usuarios con amplios expedientes que, al menos en teoría, tendría que contribuir a evitar que la tecnología y recursos del sector bancario se coloquen al servicio de la delincuencia. No hay cuentas anónimas, aseguran, el problema es que funcionarios del máximo nivel del Gobierno federal impiden que se actúe en contra del dinero sucio.

Además, el tradicional lema “Conoce a tu cliente”, debe regir cada proceso en la banca. No obstante, la realidad es otra: se están autorizando cuentas y se aceptan documentos apócrifos que respaldan la actividad de supuestos comerciantes, amas de casa o empleados. La banca, definitivamente, está fallando en blindar la seguridad de sus circuitos financieros.

Sin la posibilidad de ofrecer una cuenta bancaria a sus víctimas, los extorsionadores simplemente no podrían cobrar sus ilícitos dividendos. Los banqueros saben que en muchas ocasiones son la base para evitar que el dinero sucio se mueva dentro de la economía.

No obstante, si se decidieran a rechazar ese tipo de cuentas estarían perdiendo muchos negocios hormiga que le dan flujo a la banca. Es, por lo tanto, una decisión que tendría que involucrar no sólo los buenos deseos de los banqueros, sino también una política de Estado que prevenga este tipo de comportamientos.

Otra área de oportunidad para Hacienda es el ingreso de dólares a la economía.

No son sólo los centros cambiarios, sino los bancos los que están recibiendo este tipo de recursos que podrían estar relacionados con el crimen organizado.

Los perdones fiscales

En materia de justicia fiscal las cosas no son siempre parejas o simplemente injustas. Mientras que algunos prominentes empresarios y políticos son tratados con mucha benevolencia por el fisco hasta llegar al perdón, a otros mexicanos, a los de menos recursos y que se niegan a pagar sobornos a los funcionarios y auditores, se les persigue y se les amenaza con aplicarles todo el peso de la ley si Hacienda les descubre algún error fiscal.

Por ejemplo en el sexenio de Vicente Fox, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, instruyó a la Procuraduría Fiscal para que sobreseyera los expedientes de nueve prominentes empresarios evasores de impuestos, en lo que se conoce popularmente como el “perdón fiscal”, de acuerdo con el controvertido artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, pero en cambio a otros mexicanos que militan en la oposición o simplemente son críticos de las políticas de Gobierno, se les acosa mediante auditorías y amenazas de cárcel.

El problema es que sin rendir cuentas a nadie y de manera discrecional, el titular de Hacienda puede ordenar a su subalterno, el procurador fiscal, sobreseer los procesos penales abiertos contra los contribuyentes que él decida.

Algo injusto cuando sólo unos cuantos se ven beneficiados con estos “favores” que otorga ese secretario de Estado a sus amigos, compañeros de partido, políticos o simplemente a empresarios corruptos capaces de llenar las bolsas de dinero de funcionarios fiscales.

Aunque esta facultad del “perdón fiscal” no había sido invocada por ningún secretario en más de 20 años, fue hasta el gobierno anterior cuando se decidió perdonar a nueve personas para que se les cancelaran las órdenes de aprehensión que había en su contra y sus expedientes fueran cerrados en definitiva.

“De enero de 2000 a diciembre de 2006 se hicieron nueve peticiones de sobreseimiento de procesos penales relativos a delitos fiscales”, informó la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, amparada en la impunidad de los secretos comercial, bancario, fiscal y fiduciario, esa dependencia simplemente se niega a informar a todos los mexicanos a quienes beneficia con permitirles la evasión fiscal y contrario a su obligación de informar todo lo que hace y proporcionar los nombres de los empresarios privilegiados –de un total de casi 19 millones de contribuyentes activos–, simplemente ha rechazado las solicitudes de información y las órdenes del IFAI para que dé a conocer los nombres las personas beneficiadas.

“La información contenida en los expedientes respectivos está reservada”, advierte Hacienda, y agrega que ni siquiera otorgará una versión pública de los documentos porque “los expedientes relacionados con el presente asunto han sido clasificados como reservados en todas sus partes y por un periodo de 12 años”.

El asidero jurídico del “perdón fiscal” se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, donde se señala que “los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.

Así, la ley establece que basta con que Hacienda negocie con el procesado y se declare “satisfecha” con el acuerdo. Aunque el Código dice que los créditos fiscales deben quedar “garantizados” o saldados los adeudos y los montos por las acciones, la SHCP no está obligada a rendir cuentas a nadie ni a informar de qué manera se saldarán las deudas fiscales.

Antes de que Agustín Carstens dejara la Secretaría de Hacienda para convertirse en gobernador del Banco de México, también reconoció haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos, ante lo cual se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006.

Los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la SHCP, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia.


19 Abril 2010 03:00:43
México al frente del FATF
-Crece mercado de dólares
-El negocio de la extorsión

En junio próximo México ocupará la presidencia del organismo multilateral conocido como The Financial Action Task Force (FATF). Por su relevancia e influencia, el Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero representa todo un reto para un país cuya economía y sistema financiero han sido señalados por su vulnerabilidad frente al blanqueo de capitales.

El encargado de representar a México en el organismo que depende de la OCDE será, según lo previsto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Luis Urrutia Coral, quien desde el año pasado ocupó la vicepresidencia del FATF, así como la presidencia del Grupo Egmont, la agrupación internacional de unidades de inteligencia contra el blanqueo de capitales. Ahora, Urrutia sustituirá, según lo anuncia el organismo en su página de internet, a Paul Vlaanderen de los Países Bajos.

Así, aunque el FATF reconoce que México ha logrado avances sustanciales en la lucha contra el lavado de dinero, las legislaciones y regulaciones locales, se asegura en París, aún no cumplen con los estándares internacionales. Y no se equivocan, hasta ahora México no ha congelado activos significativos relacionados con la lucha contra el crimen, lo cual se presenta como una mala señal de lentitud y laxitud con la que se aplican las leyes mexicanas, pero lo más grave es que no hay la mínima voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para perseguir estos delitos de cuello blanco, lo cual confirma que es una farsa gubernamental la supuesta lucha contra los criminales, pues mientras no se les toque en sus cuentas financieras depositadas en bancos y acciones bursátiles, nada podrá detener el tráfico de drogas.

Además, a un año de que México asumió la presidencia del Grupo Egmont, el número de sentenciados por lavado de dinero también haría sonrojarse a las autoridades mexicanas, porque el número de casos castigados es mínimo y hasta ahora el Ministerio Público Federal no ha podido encuadrar las conductas delictivas y basta con un amparo para eludir la acción de la justicia. Por ello, la Secretaría de Hacienda trabaja en la tipología de las diferentes rutas que siguen los lavadores de dinero, con el propósito de que sirvan como un manual que no deje duda de los delitos.

Pero más allá de las grandes investigaciones y acciones contra el crimen organizado y el uso de los circuitos financieros, México tendría que comenzar por el mercado negro de dólares, tal y como sucedió en Colombia en las décadas de los 80 y los 90. De hecho, un análisis de la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda así lo reconoce y señala al comercio fronterizo como la principal actividad generadora de dólares en efectivo. Cita también que hay zonas del país que no justifican el volumen de dólares en efectivo (este es el caso de la zona metropolitana de la capital del país, Baja California y Sinaloa, principalmente).

La Unidad de Inteligencia Financiera descarta, en el caso de las principales empresas captadoras de dólares en efectivo, algún patrón o tendencia que sugiera actividades vinculadas con el lavado de capitales. Pero sí alerta sobre el creciente manejo de dólares en efectivo a cargo de personas físicas, en cuyo caso tiene identificadas a varias de ellas por problemas de blanqueo de capitales.

Ahora, la SHCP ya observa el comportamiento del mercado cambiario mexicano y debe utilizar la tipología que marca el FATF para sistemas en los que se debe establecer alertas para el ingreso ilícito de divisas. Por ello, reconoce la necesidad de aplicar un mayor control del riesgo y fortalecer las restricciones sobre las transacciones con dólares en efectivo para personas físicas. Al mismo tiempo, señala, se deben tomar medidas cuidadosas para regular el flujo de dólares en efectivo “lícito” y no generar un mercado negro de dólares en el país. El mayor riesgo se encuentra, según lo confirmado por Hacienda, en las personas físicas y los centros cambiarios que participan con más del 20 por ciento en el excedente de dólares en la economía.

Estos son los extremos en el combate contra el lavado de dinero, al cual se le da seguimiento a través de una unidad en la SHCP que necesita, a juicio del FATF, acceso directo a los expedientes de las investigaciones abiertas en otras áreas de impartición de justicia y que necesita urgentemente de mayor presupuesto y personal para desarrollar investigaciones de largo alcance.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ubicó en la extorsión telefónica la ruta que siguen para que las víctimas entreguen dinero, lo cual es un preocupante patrón de operación de la banca: la apertura de cuentas sin mayor investigación y su posterior cancelación, lo que ha ayudado a los criminales a establecer sus rutas financieras sin que el sector financiero tome medidas al respecto.

Así queda claro que si el Gobierno federal quisiera inhibir y perseguir el uso de las tecnologías de la información y la infraestructura telefónica - tanto celular como fija - bien podría seguir otras rutas y no sólo castigar a los usuarios con sistemas de registro de datos poco seguros.

Por ello, resulta relevante lo descubierto por Hacienda en relación con las prácticas de extorsión y cobro de dinero ilícito a través de la banca. Los analistas de la UIF revisaron una base de datos para los ejercicios 2006 y 2009. Fue así como se encontraron 2 mil 148 reportes de operaciones inusuales relacionadas con el delito de extorsión telefónica, que involucraron a mil 649 sujetos y actividades realizadas entre los años 2003 y 2009.

Si bien a partir de 2006 se aprecia un incremento sustancial en los reportes de operaciones cuya razón de inusualidad es la extorsión telefónica, ello puede explicarse por una mayor atención de las instituciones financieras, al momento de detectar operaciones relacionadas con dicho delito en los últimos dos años.

Al parecer los casos de extorsión se están expandiendo a otros estados diferentes a Jalisco (los reportes de operaciones inusuales del estado representan el 63 por ciento del total en 2009 cuando en 2008 fueron el 74 por ciento).

12 Abril 2010 03:00:34
Fiscaliza Hacienda a funcionarios
Se procedió a buscar datos de operaciones inusuales

Entre 2008 y 2009, la Secretaría de Hacienda generó mil 599 reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionados con las llamadas “Personas Políticamente Expuestas” (PEP´s). Al elaborar y presentar a los círculos de gobierno su más reciente evaluación sobre el problema del lavado de dinero y la posible vinculación de las esferas políticas del país, Hacienda insistió, sin embargo, en eufemismos.

En el documento destaca la importancia de continuar con la práctica de detección de anormalidades operativas u actividades “inusuales” de los PEP’s para inhibir el uso del sistema financiero mexicano para actos de probable corrupción; sin embargo, nunca llamó a estas prácticas actividades ilegales. Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideran una operación inusual aquella que no es común en el comportamiento de los clientes del mercado financiero, y que, de acuerdo con ciertas características, se puede presumir que el dinero proviene de actividades ilícitas.

Pero más allá de los calificativos eufemísticos, es un hecho, según las investigaciones gubernamentales, que fueron los políticos del mismo partido en el poder, el PAN, los que en su mayoría, casi el 30 % de los políticos investigados, quienes omitieron reportar en sus declaraciones el manejo y depósito de efectivo en sus cuentas bancarias, bursátiles y de inversión.

La Unidad de Inteligencia Financiera se dio a la tarea de analizar las cuentas y movimientos bancarios para detectar posibles operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales de 4 mil 56 candidatos de mayoría relativa; de 3 mil 134 candidatos de representación proporcional, un total de 7 mil 190 políticos que fueron colocados bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda.

Como parte del proceso de revisión de las elecciones federales y el análisis de las operaciones de PEP’s en el sistema financiero mexicano realizado por la UIF, se procedió a buscar datos de operaciones inusuales reportadas por instituciones sobre candidatos a diputados.

Por su parte el Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó, además, que se examinara el comportamiento financiero de estos 7 mil 190 candidatos a diputados tanto propietarios, como suplentes clasificados por tipo de candidatura.

Hacienda justifica que de éstos 7 mil 190 candidatos investigados sólo se encontraron reportes de operaciones inusuales de 45 personas (menos del 1 por cientio). Además, aclara que el total de los reportes generados se presentaron, principalmente, por anormalidades operativas más que por ser PEP’s. Sin embargo, varios de estos reportes financieros en poder de esta columna revelan graves anomalías y confirman la complicidad de Hacienda para procesarlos penalmente por el uso de dinero sucio.

Según los doumentos oficiales, algunas operaciones revelan, a juicio de la propia SHCP, “hallazgos interesantes”. Por ejemplo, el perfil declarado al abrir la cuenta no contemplaba el perfil actual de manejo de efectivo. A pesar de ello, Hacienda encontró que el depósito promedio anual era de aproximadamente de 2.5 millones de pesos, pero va de los 80 mil hasta los 8.6 millones de pesos, con una gran actividad en efectivo.

Además, en algunos casos se utilizan pólizas de seguros para introducir el efectivo en una modalidad de inversión. Lo relevante, a pesar de que sólo reporta Hacienda a 45 personas con reportes inusuales, fue que sólo cuatro generaron una declaración fiscal de acuerdo con los recursos manejados. Al identificar el origen de los recursos, las investigaciones fiscales establecieron que los recursos provienen frecuentemente de instituciones políticas, asociaciones, gobiernos estatales y negocios propios.

De esas 41 personas que no justificaron el uso de efectivo, el 80% pertenece a los principales partidos: el Partido Verdad: 10%; Nueva Alianza, 7%; Salvemos México (PT y PC) 7%; Convergencia 3%; PSD 3%; PAN 29%; PRD 12% y PRI 29%. La SHCP destacó que el periodo en el que se generaron los reportes de inusualidad operativa fue en fechas diferentes a periodos electorales.

En agosto de 2009 esta columna y la revista Contralínea dieron a conocer que, con el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirviera para financiar campañas políticas, Hacienda llevaba a cabo investigaciones fiscales, financieras y de lavado de dinero precisamente sobre las PEP´s que pertenecían a todos los partidos políticos.

En esa ocasión informé como el diputado federal del PRI, Emilio Chuayfett Chemor, era uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país encargadas de prevenir e impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, sea utilizado para financiar las campañas políticas.

Chuayfett, según los reportes de la SHCP, realizó operaciones financieras en instituciones bancarias con operaciones del país por 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo. Hacienda buscó el origen de esos recursos para descartar que no fueran resultado de alguna actividad ilícita.

No obstante, el legislador no pudo convencer a las autoridades y en el expediente abierto en su contra se estableció que Chuayfett nunca aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.

La SHCP explica en el documento que da a conocer los resultados globales de su investigación con la intención de que las autoridades detecten y analicen casos de alto riesgo para que sean atendidos por la autoridad competente.

También, por primera vez, Hacienda revela la metodología de sus investigaciones. Explica que en la base de datos de la UIF están aquellos reportes que incluyen dentro de los campos de razón de “inusualidad” así como la descripción y ubicación de palabras clave relacionas con PEP’s. Así, de los reportes obtenidos se realiza un filtro para determinar cuáles clasifican dentro del concepto de personas políticamente expuestas. De esta forma, resultó que con la palabra clave “Gobierno” se generaron 641; con “Secretario”, 232; con “Pemex”, mil 193; con “Juez”, 182; “Diputado”, 112; “PEPS”, 111; “Servidor Público”, 98; “Ministerio Público”, 83; “Gobernador”, 37 ; “Político”, 27 y “Congreso”, 18.

Con la palabra “Gobierno” se encontró el 40% de los reportes generados, mientras que la palabra “Secretario” fue el 15%. Considerando la entidad federativa donde se localiza la sucursal que emite el reporte, se observa que es el Distrito Federal el que registra el mayor número de reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionadas con PEP´s (39% del total). En otras 12 se concentra el 80% de las operaciones detectadas con más de 30 reportes cada uno.

Considerando la entidad federativa de origen del titular de la cuenta, se observa que los reportes se generaron en su mayoría para sujetos del Distrito Federal, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México. Las autoridades financieras del país destacan, sin embargo, que no se observa una fuerte concentración de reportes de operaciones inusuales en algún estado en particular, pero que el mayor número de las reportadas se encuentran en Estado de México, Veracruz, Zacatecas y Chiapas.

Sobre el IFE, la SHCP precisó que la “inusualidad” de los casos revisados (91% del total) corresponde con un manejo irregular de cuentas personales en las instituciones financieras, al utilizarlas para un uso diferente al inicialmente convenido con las mismas y este comportamiento no se presenta necesariamente en periodos electorales.

El pasado 8 de abril Hacienda emitió un boletín en el que hace un recuento de sus acciones contra el lavado de dinero, y precisa que en los últimos dos años la UIF recibió un promedio anual de 45 mil reportes inusuales, y remitió a las autoridades encargadas mil 277 reportes de inteligencia, es decir 322 reportes menos que los registrados entre los políticos, lo que revelaría la concentración de actividades “inusuales” entre la clase política, en donde las operaciones de efectivo parecen ser una gran constante.

Pero México, dice la SHCP, está avanzando en el combate contra el lavado de dinero y ha dado muestra de ello en la presente administración de un compromiso internacional en la lucha contra el lavado de dinero, lo que se refleja en un incremento en los reportes de actividades financieras inusuales que obedece, tanto a las acciones de revisión iniciadas por la UIF, como por la incorporación de nuevos actores al monitoreo de estas actividades, como son los transmisores de dinero y centros cambiarios.

En 2008, refiere Hacienda, se alcanzó un total de 36 mil 934 reportes de operaciones inusuales, cifra que llegó a 52 mil 958 en 2009 y hasta febrero del presente año alcanza los 7 mil 867 reportes.

Precisa que el volumen de reportes de operaciones inusuales varía de país a país y principalmente está relacionado con el tamaño de su sistema financiero, de la utilización de instrumentos de riesgo (entre otros el efectivo) y del grado de atención que se le preste a las recomendaciones de la comunidad internacional sobre las mejores prácticas mundiales para combatir el fenómeno del lavado de dinero. Tomando en cuenta los resultados de los análisis e investigación de la clase política, también diríamos que depende del desarrollo de su democracia pero sobre todo de la honestidad de su clase política.


05 Abril 2010 04:00:03
El lavado de dinero
» El plan entreguista de Felipe Calderón
» Integrar México a los Estados Unidos


El próximo 17 de octubre en la ciudad de Washington, la American Bankers Associaton (ABA) -el equivalente en el sistema crediticio estadounidense a la Asociación de Bancos de México (ABM)- llevará a cabo su conferencia anual sobre lavado de dinero. La presencia del crimen organizado en el sector financiero será, sin duda, una de las grandes preocupaciones de los participantes a esa cumbre.

¿Qué tan efectivo son los controles que aplica la banca en Estados Unidos frente a las prácticas de fraude y, finalmente, de lavado de dinero? Esa es la pregunta que abogados, funcionarios, banqueros y especialistas del sector bursátil se responderán a un año después de que funcionarios de la unidad del Gobierno estadounidense encargada del combate contra el blanqueo de capitales, The Financial Crime Enforcement Network (Fincen), solicitaron a los banqueros con operaciones en México mayor reciprocidad en el intercambio de información para descubrir operaciones sospechosas resultado de prácticas fraudulentas y de las actividades de la delincuencia organizada que terminan por convertirse en lavado de dinero, aprovechando la interconexión y dependencia global de los circuitos financieros.

En octubre de 2009, en el marco de la reunión anual que también realiza la ABM para analizar la eficacia de los controles dirigidos a detectar dinero sucio, se recordó que hace 15 años, siendo Pedro Aspe titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Lloyd Bentsen secretario del Tesoro de Estados Unidos, se firmaron los primeros acuerdos para combatir de forma bilateral el lavado de dinero.

Fueron esos convenios los que más tarde se pondrían a prueba con la ya célebre e ineficaz “Operación Casablanca”, una investigación encubierta de funcionarios del Gobierno estadounidense que pretendió exhibir las vulnerabilidades del sistema bancario mexicano y que terminó en un burdo escopetazo fallido en donde sólo se detuvo a pobres empleados y cajeros de bancos y ningún accionista o alto directivo, además también documentó la intromisión de Estados Unidos con prácticas extraterritoriales.

Con esos acuerdos para hacer posible el intercambio de información en la banca que opera en México también se puso al descubierto la intrincada red financiera construida por Raúl Salinas de Gortari para transferir de México hacia los sistemas financieros de Estados Unidos, Europa y el Caribe varios cientos de millones de dólares.

Pero no fueron las autoridades de Estados Unidos -a pesar de que el Congreso de ese país difundió ampliamente el caso- las que enarbolaron la batalla contra el lavado de dinero documentado, el expediente y el juicio contra Salinas de Gortari, fue la llamada “fiscal de hierro”, la procuradora suiza Carla Del Ponte, quien tomó el expediente y buscó llevarlo a sus últimas consecuencias judiciales, señalando culpables e impidiendo que el dinero regresara a México.

De no haberlo hecho -me comentó Del Ponte en una entrevista en la capital de Suiza- se hubiera sentado un pésimo precedente para el sistema bancario suizo, tan grave quizás como el del depósito del dinero de los judíos por parte del régimen nazi.

Pero, a pesar del intercambio de información al que se comprometió Bentsen con Pedro Aspe, Estados Unidos nunca exhibió de la misma forma la ropa sucia de su propia casa. Fue poco conocido el caso del lavador Giorgio Pelossi, a quien las autoridades de Chicago lograron imputarle cargos por blanqueo de capitales en bancos de Europa, Estados Unidos y México, resultado de actividades vinculadas con el narcotráfico. En el caso Pelossi la política interior estadounidense también estuvo involucrada y la investigación no fue menos escandalosa que la de Raúl Salinas de Gortari. Con Pelossi, la familia Bush apareció una y otra vez en los capítulos de su historia criminal y la respuesta fue que dos miembros de esa deshonrosa familia llegaran a la presidencia del país vecino.

Así se cumplen 15 años desde que los gobiernos de México y Estados Unidos intercambian información a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el FinCEN. Son, por lo tanto, funcionarios del fisco quienes también participan en el Grupo Egmont, un esfuerzo multilateral de al menos 100 países que han declarado la guerra al lavado de dinero y que ahora se ocupa de los nuevos caminos que utiliza el crimen organizado para limpiar sus dólares.

El trabajo del Fincen
Respecto a México, en medio de la mayor crisis financiera y bancaria de las últimas tres décadas en Estados Unidos, al Fincen y al Departamento del Tesoro aún les preocupan los llamados negocios de servicios monetarios que, aseguran, pueden jugar un papel determinante y central en la vida de las personas alrededor del mundo. Enviar una transferencia de efectivo entre un país y otro puede hacer la diferencia en la vida de muchas familias, pero también constituir el camino para el financiamiento de actividades ilícitas.

Por ello, en medio de la lucha contra el narcotráfico las autoridades estadounidenses saben que, junto con el descubrimiento y bloqueo de actividades de empresas aparentemente lícitas, resulta prioritario desmantelar estas vías de financiamiento, pues sólo así será posible debilitar a las organizaciones criminales que, tanto en México como Estados Unidos, han puesto en jaque la seguridad nacional.

Para el Gobierno estadounidense, los propietarios de centrales cambiarias y casas de cambio que no pertenecen a grupos bancarios extranjeros con operaciones en México y, en menor medida, a algunos mexicanos, tienen como obligación cumplir con la ley y cubrir las regulaciones que protegen al sistema financiero de abusos criminales y aportar información valiosa para combatir abusos.

El Fincen ha propuesto revisar la definición de los llamados negocios de servicios monetarios (como casas de cambio o centros cambiarios) con el propósito de definir y ampliar el tipo de actividades que deberán sujetarse a la llamada Acta de Secrecía Bancaria.

En mayo de 2009, en medio de la crisis financiera internacional, el Fincen presentó una propuesta en este sentido y reconoció que las innovaciones tecnológicas podrían integrar a su vigilancia a sectores no bancarizados, pues sin una supervisión adecuada podrían ser utilizados para propósitos ilícitos. Por ello, dijo, también resulta de vital importancia identificar a las empresas que provén este tipo de servicios.

México, reconoce el Fincen, se encuentra por buen camino ampliando la vigilancia a las casas de cambio y fortaleciendo la inspección a centros cambiarios, pero tendrá que explorar nuevos esquemas que, atados a la tecnología, están siendo utilizados para el blanqueo de capitales. Incluso, las tarjetas prepagadas para servicios de telecomunicaciones han sido identificadas como un área vulnerable para el blanqueo de capitales. Sin embargo, el problema no termina en las transferencias de efectivo.

29 Marzo 2010 03:00:38
Guardaespaldas a víctimas del crimen
La reacción del Mandatario ha sido ignorar a esos ciudadanos que claman justicia

Felipe Calderón no sólo adolece de estrategias efectivas contra el crimen organizado, tampoco tiene respuestas para los temas más básicos como pobreza, educación, salud y alimentación, los cuales son resultado de la aguda crisis que vive el país y que requieren para su atención la mínima sensibilidad social y política.

Es claro, por las evidencias más cercanas, que al equipo de Calderón le hace falta inteligencia, honestidad y conocimiento de la realidad que viven millones de mexicanos afectados por la violencia, el desempleo, el hambre, la enfermedad y, por si lo anterior fuera poco, con mínimas oportunidades educativas.

Una estampa de esta presumida guerra podría ilustrar estas afirmaciones. No precisaré el caso para no poner en riesgo la vida de los mexicanos que hoy ya tienen bastante con su tragedia personal, pero sí hablaré de las circunstancias para refrendar que el gobierno de Calderón no podía ni debía declarar una guerra que de inicio estaba perdida en contra el narcotráfico –en un principio mediática y ahora real con sus muertos y dolor–, sin antes atender los graves problemas socioeconómicos que tiene el país y una prueba de ello es que a tres años de su gobierno México se ha derrumbado y la población sufre las consecuencias de un pésimo gobierno.

Ante las víctimas de la violencia, la población civil, Felipe Calderón no ha tenido respuestas. Increpado una y otra vez, el ocupante de Los Pinos sólo ha atinado a ofrecer a los mexicanos más afectados a ser expatriados a Estados Unidos porque dentro del territorio mexicano su gobierno se declara incapaz y sin posibilidad de protegerlos.

Casi en privado, Calderón les ha ofrecido a familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico el exilio como única alternativa de vida, pues si se quedan seguirán siendo carne de cañón del fiuego cruzado, como ha pasado a miles de niños, mujeres, ancianos y hombres que murieron por cruzar la calle, comer en un restaurante o ir a la escuela cuando se desató algún enfrentamiento entre las fuerzas militares y los sicarios de las drogas.

De acuerdo con información de las entidades policiales estatales y federales, ante el reclamo público que ha recibido Felipe Calderón por parte de los familiares de mexicanos caídos en lugares públicos, el Mandatario sólo ha podido ofrecerles el destierro a todos aquellos que sólo exigen justicia.

Es decir, que los familiares de las víctimas del fuego cruzado entre efectivos militares y miembros de los cárteles de la droga, no sólo deben vivir con la pena de la pérdida de sus hijos, hermanos, padres o amigos, sino que nadie en México puede asegurarles tranquilidad, seguridad y confianza de que no volverán a ser molestados.

La respuesta a Calderón de estos mexicanos que han sido agredidos y violentados en su vida privada y paz social, es: ¡No nos vamos señor Presidente, haga justicia!

En reuniones con familiares de estudiantes, niños y mujeres asesinados, la reacción del Mandatario ha sido ignorar a esos ciudadanos que claman justicia, y ante los reclamos y reproches legítimos prefiere lavarse las manos por esas tragedias y su gobierno se deslinda de ellos, como si no fuera el responsable de lo que ha pasado.

Hasta a las autoridades federales de impartición de justicia llegó la petición de ayuda de estas víctimas y la Procuraduría trasladó el caso a la Agencia Federal de Investigaciones en donde atinaron a designar a un grupo de agentes policiales cuya única responsabilidad es vigilar la vida de los familiares afectados. No hubo más después de que a Calderón se le solicitó aplicar la justicia en el caso de los asesinatos de miles de personas inocentes.

Pero los familiares de las víctimas son mujeres pobres, vendedoras ambulantes o trabajadoras de maquiladoras a quienes resulta sumamente incómodo realizar su labor diaria con guaruras a un lado. Este es el surrealismo de un país azotado por el crimen y por la incapacidad, la negligencia y la complicidad de un gobierno que desde que inició su gestión tomó el rumbo equivocado. ¿Acasi no es éste el mejor ejemplo de un Estado fallido?

Mientras en las instancias formales de impartición de justifica y de investigación se les niega a miles de mexicanos el derecho de que sus familiares asesinados no eran delincuentes sino víctimas, hasta que se pruebe lo contrario, sus pequeñas viviendas, su camino al trabajo en una maquiladora o su puesto ambulante es custodiado por fuertes guardaespaldas armados.

¿Cuánto durará esa comedia trágica montada por el gobierno calderonista? ¿No resultaría más sencillo impartir justicia y acabar con la impunidad y la corrupción que se practica en las filas de la burocracia?

Sin duda alguna que sería mejor reconocer los errores y dar marcha atrás en esta lucha equivocada que se ha metido en un callejón sin salida.

Pero si las acciones colectivas, recientemente aprobadas en la Cámara de Senadores, pudieran aplicarse a la incapacidad del Gobierno federal para proteger a su ciudadanía, en este momento el Poder Ejecutivo a cargo de Felipe Calderón, tendría que renunciar o al menos preocuparse por constituir un fondo económico muy grande para indemnizar a millones de mexicanos.

Sin embargo, no se trata de dinero sino de dignidad y de la pérdida irreparable de varias generaciones de mexicanos víctimas y victimarios a causa de la penetración del crimen en muchos sectores de la sociedad.

15 Marzo 2010 03:00:19
Malestar en las Fuerzas Armadas
La presencia del crimen organizado está cambiando a esta institución

En las filas del Ejército, al menos entre los mandos superiores, una preocupación ronda el ambiente, más allá del desarrollo, las bajas y las amenazas de la guerra intestina que se vive. La presencia del crimen organizado está cambiando a esta institución que comienza a preguntarse si el gobierno de Felipe Calderón da los pasos correctos para apoyar su presencia en poblaciones y comunidades, y al mismo tiempo enfrentar en las calles a grupos delincuenciales y hacerse cargo de abatir el tráfico de drogas.

Más allá de las modificaciones a leyes y hasta a la propia Constitución que respalde al Ejército en cada paso que da en la contienda contra las organizaciones de narcotraficantes, los acuerdos extralegales comienzan a inquietar a los miembros de las fuerzas armadas, quienes en privado cuestionan duramente las decisiones que se toman en Los Pinos y la estrategia hasta ahora fallida para contener al crimen organizado y disminuir la producción, transportación, venta y consumo de estupefacientes en el país. También apuntan hacia un secretario de Estado que, aseguran, tiene vínculos con bandas del narcotráfico y mucho dinero guardado en bancos europeos.

Pero las instrucciones son directas desde la casa presidencial, aunque contradictorias. Algunos legisladores, con el legítimo argumento de proteger los derechos humanos de la población civil, comienzan a pedir que las fuerzas armadas salgan de esta lucha que parece no tener fin, mientras que los principales cárteles de la droga –como se lo dimos a conocer la semana pasada– aseguran que están llegando a un acuerdo con el gobierno federal para reorganizar el negocio y sacar del problema a grupos de sicarios. Este parece ser el peor de los escenarios, en donde el gobierno de Felipe Calderón va perdiendo la guerra y su imagen anda por los suelos, mientras que los grupos delincuenciales cada día se fortalecen más.

Las fuerzas armadas, ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, seguirán supeditadas a las decisiones del Poder Ejecutivo. Ha reconocido, también, a Felipe Calderón como el máximo jefe de los grupos castrenses en el país. El problema, sin embargo, podría presentarse en el momento en que estos grupos se sintieran traicionados por el propio Poder Ejecutivo cuando tengan que asumir toda la carga social por la violencia que diariamente ocurre en todo el país, cuando lo único que hacen es cumplir el papel de policías a que los obligan desde Los Pinos, sin que estén capacitados para ello y esto ocasiona múltiples violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno federal, además, para evitar que el Estado fallido también involucre la relación con el Ejército, debería revisar las estrategias de comunicación en la guerra contra el narcotráfico. Hasta ahora, es un hecho que no se ha presentado una revisión integral de la situación que viven los jefes de las zonas militares, que lo mismo tienen que enfrentarse a la prensa local que hacerse cargo de la relación con la población civil, sin que las áreas de comunicación del Gobierno federal hagan algo para ayudar.

Por ello, el resultado ha sido desalentador y entre la opinión pública permean e influyen los casos de violaciones a los derechos humanos que involucran al Ejército. Está fallando, por lo tanto, el blindaje en materia de imagen e información que los expertos del Gobierno federal deberían planear para el Ejército. Simplemente no hay estrategia de comunicación desde Los Pinos y dejan a los generales que además de planear la lucha contra el crimen organizado, se conviertan en jefes de prensa del Ejército

Mientras las fuerzas armadas navegan en ese peligroso fango de graves acusaciones a los derechos humanos, el gobierno de Felipe Calderón sólo piensa en cómo aprovechar esta etapa de la guerra contra el narcotráfico como una divisa política de su administración con miras a las próximas elecciones y, sobre todo, de su partido que está sumido en una profunda crisis.

Es cierto, Calderón declaró la guerra, al menos así lo dijo ante los micrófonos y las cámaras de los medios de comunicación, pero ha sido el Ejército el que se ha hecho cargo del trabajo y de todos los costos de estas decisiones presidenciales, pues ni la Procuraduría General de la República, ni el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ni la Secretaría de Hacienda en lo que corresponde a combatir el lavado de dinero o la Secretaría de Seguridad Pública, han cumplido con su responsabilidad para la cual utilizan miles de millones de pesos del presupuesto público.

Por eso en el Ejército los oficiales se preguntan en qué momento el gobierno de Felipe Calderón dará un golpe de timón en su guerra contra el narcotráfico. No sólo se refieren a las urgentes modificaciones legales –que necesitarían el apoyo comprometido de los políticos en el Congreso– sino a los mensajes que envía el Gobierno federal a la población civil y en donde el Ejército, por lo problemas inherentes a esta confrontación armada, está quedando desprotegido, al menos frente a la población víctima de esta guerra.

Es claro que las organizaciones de narcotraficantes utilizan como estrategia enviar mensajes a la población, en donde establecen su control territorial de varias zonas del país, lo que les autoriza para pedir tranquilidad a la población y proponer pactos de no agresión –“siempre y cuando no salgan de sus casas”– mientras ellos limpian las calles y será entonces cuando la guerra se termine.

En esta etapa, la prensa también se ha visto vulnerada y en los últimos días medios de comunicación de Estados Unidos y Europa han dado cuenta de las amenazas que rodean a los periodistas que cubren la guerra fallida de Calderón. Los secuestros y las amenazas no son gratuitos y la prensa tampoco tiene alternativas. Es por esta razón que el gobierno de Calderón necesita realizar un corte de caja y analizar cuidadosamente los escenarios para no ver reducido el apoyo de las entidades capaces de enfrentar a este flagelo. Sin embargo, preocupa que en las últimas semanas, mientras aumenta la información de diferentes fuentes –incluyendo al crimen organizado-, el Gobierno federal está más preocupado por los escándalos políticos y partidistas, en donde también pierde de todas, todas.
08 Marzo 2010 04:00:53
Quejas contra el Ejército
En esta lucha los ciudadanos se han convertido en carne de cañón

Los efectos de la guerra que declaró el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico registran números alarmantes. Aunque se trata de cifras que bien podrían estar subestimadas, resulta válido analizarlas sobre todo si reflejan la queja que, desde hace varios años, surge de la sociedad civil y se refiere a que los integrantes del Ejército Mexicano no están preparados para esta lucha en donde los ciudadanos se han convertido en carne de cañón.

Entre el primero de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2010, de acuerdo con la información liberada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 3 mil 430 quejas por presuntas violaciones cometidas por personal militar, de la cuales 51 han derivado en recomendaciones, lo que sólo representa –destaca el Ejército – el 1.5 por ciento del total de las quejas recibidas por el citado organismo.

El manejo de la cifras resulta mañosamente conveniente para la Sedena. No obstante al comparar estos números surge la verdadera tendencia que confirma que la presencia del Ejército en las calles está vulnerando los derechos de la población civil. Fue el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, quien aseguró que las quejas contra miembros del Ejército habían aumentado al menos 400 por ciento. Plascencia no ofreció números exactos en línea con la opacidad y cifras a cuentagotas que da a conocer la Sedena y a quien le conviene abiertamente entregar datos consolidados.

Pero la Sedena aseguró que la totalidad de las 51 recomendaciones han sido aceptadas y que ha iniciado los procedimientos administrativos y judiciales en contra del personal militar responsable. Y precisa: en 27 recomendaciones, la averiguación previa se encuentra en integración; en seis se tienen causas penales, en donde el Ministerio Público Militar determinó la presunta responsabilidad de personal militar en los hechos, por lo que se consignó la averiguación previa al juez.

En 10 recomendaciones se ha propuesto el archivo de la averiguación previa, pues no se ha encontrado responsabilidad alguna. En cuatro recomendaciones no se inició averiguación previa y se lleva cabo un procedimiento administrativo, y en otras tres se concluyó la averiguación sin acreditarse la conducta ilícita. Finalmente, dice la Sedena, en una recomendación no se inició averiguación previa por no haber participado en los hechos personal militar.

La Sedena también aseguró que en atención a los resolutivos de las recomendaciones 9/2007, 37/2007, 40/2007, 10/2008, 31/2008, 33/2008, 36/2008, 31/2009 y 38/2009 emitidas por la CNDH, a cuatro elementos de tropa se les dictó sentencia en el fuero civil (caso Castaños) y 55 elementos (dos jefes, 10 oficiales y 43 de tropa) han sido sujetos a un procedimiento ante la justicia militar.

Con estos datos en mano, la Sedena dijo que ratificaba su compromiso ante la ciudadanía, de no tolerar violación alguna al estado de derecho, ni actos que atenten contra las garantías fundamentales de las personas.

Pero también en su más reciente discurso, el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, no dejó duda sobre la importancia y preocupación que ha despertado la violación de los derechos humanos en el país. El problema, insisten los organismos independientes de derechos humanos, es la opacidad en la aplicación de la justicia para evitar abusos de los miembros del Ejército sobre la inocente población civil. No obstante, el titular de la Sedena advierte que no habrá cambio en ello porque desde su promulgación la Ley Suprema vigente reconoció al fuero de guerra como un “espacio sumario destinado a preservar la disciplina. Jamás como coto de impunidad”.

Y agrega: “La existencia de esta jurisdicción especializada, ha sustanciado de manera significativa el desarrollo de nuestra esfera legal, normando el proceder de todos, a cada momento y bajo cualquier circunstancia. Los órganos del fuero de guerra trabajan permanentemente en tareas de gran trascendencia. Su objetivo es proveer una procuración y administración de justicia moderna, capaz de garantizar la facultad del Estado para hacer cumplir la ley penal”.

En un acto que parecería de arrepentimiento, Galván agrega: “Es cierto, estamos propensos a fallas y errores. Pero cuando ocurren, la acción contenciosa correspondiente corrige la conducta equivocada en aras del cumplimiento de la legislación y prestigio del conjunto”. En otras palabras podríamos leer en la filosofía del italiano Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe: “El fin justifica a los medios”.

Pero más allá de los análisis del discurso, también vale la pena revisar la opinión de organismos independientes sobre la información y gestión tanto de la Sedena como de la propia CNDH, porque al final de esta historia el factor más importante es la población.

Hasta junio pasado, 28 de los expedientes de la CNDH respecto a casos de la Sedena, fueron analizados profusamente por Atalaya, un esfuerzo académico encabezado por el ITAM. De esos 18 expedientes 12 se referían a quejas de civiles contra miembros del Ejército, mientras que el resto provenían de los propios miembros de las fuerzas armadas.

Igual que sucedió en sus comunicaciones con los medios de prensa, el presidente de la CNDH dijo a los analistas de Atalaya que esa comisión ha observado un incremento en el número de quejas por hechos imputables a la dependencia. Este hecho, refiere Atalaya es de destacarse en el contexto de una creciente interacción de las Fuerzas Armadas con la población civil.

El Programa Atalaya advierte, sin embargo, que la Sedena, en buena parte de estos casos, objetó la competencia de la CNDH, bajo el argumento de que se trata de asuntos “de naturaleza jurídico-administrativa, análoga a lo laboral”, ámbito sustraído por la constitución al organismo nacional.

Sin embargo, en ninguna de estas quejas la Comisión entró a debate con la autoridad sobre el tema, aunque todas ellas las concluyó por causas distintas a la “no competencia”, lo que constituye de alguna forma un posicionamiento tácito sobre este asunto competencial.

En el análisis cuantitativo, Atalaya asegura que fueron muy frecuentes las quejas en las que se denunciaron afectaciones a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica (11 de 28). Los hechos concretos que dieron motivo a dichas quejas fueron muy variados, pero destacan los relacionados con abusos en retenes o puestos de control militar.

En 9 de las 28 quejas analizadas, se señalaron presuntas violaciones a la integridad física o psicológica, en 5 de las 28 a hechos vinculados con el derecho a la libertad personal y, también en 5 de las 28, a presuntas violaciones al derecho a no ser objeto de falsas acusaciones.

El resto de las presuntas violaciones estaba relacionada con afectaciones a los derechos de petición y de información, al derecho al patrimonio, al derecho a un juicio justo, a la libertad de tránsito, al derecho a no ser torturado, a la inviolabilidad del domicilio, a los derechos de los migrantes y el derecho a no ser objeto de discriminación, entre otros.

Respecto de las Fuerzas Armadas, las evidencias que fueron recabadas por la CNDH respecto de los hechos denunciados en distintas zonas del país denotan, ya sea incapacidad operativa o falta de voluntad institucional de las fuerzas armadas para preservar los derechos humanos tanto del personal castrense como de la población civil.

En efecto, Atalaya comprobó que, en lo general, la CNDH no establece una comunicación estrecha y fluida con los quejosos a fin de subsanar o suplir las deficiencias de sus quejas para de perfeccionar sus solicitudes de información y, en última instancia, elevar la calidad de sus investigaciones. Atalaya destaca además que resulta sintomático el hecho de que sólo en 2 de los 28 casos, la CNDH tomó la iniciativa de comunicarse con el quejoso antes de enviar su solicitud de información a la autoridad, no obstante que, en la mayoría de los casos, el escrito de queja o la comunicación inicial del quejoso muestran zonas grises o suscitan interrogantes que la Comisión no se ocupa de descifrar.
01 Marzo 2010 04:00:00
El odio de Calderón a la prensa escrita
A los periódicos se les ha reducido considerablemente la publicidad oficial

A Felipe Calderón le urge un buen asesor en comunicación que le explique el papel que juegan los medios de comunicación en un país que dicen es democrático. La crítica que hizo esta semana a los periódicos “nacionales” por difundir “gratis” en sus primeras planas los narcomensajes que cárteles de la droga escriben en mantas que cuelgan de puentes y fachadas de inmuebles en pueblos y ciudades, contrasta, dijo, con los varios millones de pesos que le cuesta al Gobierno o a cualquier empresario difundir su información en los mismos espacios. ¿Habrá querido decir que los medios le cobren al narcotráfico esas publicaciones?, es capaz.

Intolerante y autoritario, Calderón quiere decidir qué se publica en las primeras planas de los diarios, como en los tiempos del dictador Gustavo Díaz Ordaz, cuando bastaba una sola llamada de la Secretaría de Gobernación o de la Presidencia de la República para frenar cualquier publicación informativa que disgustaba al gobernante en turno.

El papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática es de total libertad en su línea editorial, con el sólo compromiso de informar veraz y responsablemente a la sociedad, y no como sucede en México, en donde desde Los Pinos se instruye a la Secretaría de Gobernación y a otras dependencias federales para premiar o castigar, mediante la publicidad gubernamental, a la prensa que en la visión del gobernante en turno se porta bien o mal.

Esto explica por qué los medios electrónicos, radio y televisión, son los más favorecidos con el presupuesto público destinado por el Congreso para que el Ejecutivo anuncie sus acciones de Gobierno, mientras que a los periódicos se les ha reducido considerablemente la publicidad oficial y a las revistas de plano ya se les canceló cualquier anunció del Gobierno federal, porque Calderón piensa, al más viejo estilo corrupto, que no pago para que me peguen, “haiga sido como haiga sido”.

Nos dice Calderón no entender por qué la prensa escrita le destina la primera plana a cualquier manta en donde grupos del narcotráfico se envían mensajes entre ellos o a las autoridades, pues simplemente porque es parte de la “guerra” que él mismo ha exaltado y que según él le ha declarado al crimen organizado, en donde el resultado es desastroso para los mexicanos por las miles de muertes ocurridas en las calles de todo el país, lo que convierte a México en una zona insegura para sus habitantes, pues las bandas delincuenciales controlan cada vez más amplios territorios que se disputan entre ellas mismas y es allí en donde aparecen las mantas con los narcomensajes que tanto disgustan al habitante de Los Pinos.

Cuenta algún jefe de prensa del Gobierno que en una reunión en Los Pinos, Felipe Calderón fue claro en sus instrucciones ante lo que publican periódicos y revistas:

“Yo no voy a despedir a ningún funcionario que sea señalado en la prensa escrita por actos o hechos relacionados con algún acto de corrupción, porque mañana si me acusan a mí, tendría yo también que renunciar, así que ni se preocupen si aparecen en las primeras planas, porque yo no les hago caso”.

Entendemos ahora porque la corrupción y la impunidad van en aumento en la actual administración, así como el desprecio y odio de Calderón hacia la prensa escrita.

Camisas Azulesy Manos Negras
Este fin de semana mi amiga y compañera periodista Ana Lilia Pérez presentó su libro “Camisas Azules y Manos Negras” (no podría haber mejor título para describir en lo que se ha convertido el Partido Acción Nacional) en la feria del libro del Palacio de Minería. La acompañamos el maestro Miguel Ángel Granados Chapa y el que esto escribe.

El libro es una recopilación de varias investigaciones periodísticas que le llevaron a la reportera de Contralínea ocho años de trabajo, en donde documenta el abuso del poder político de influyentes miembros del Partido Acción Nacional; el tráfico de influencias de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón; el desvío de recursos públicos de la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos; la asignación de contratos petroleros en beneficio de empresarios que apoyaron campañas electorales de candidatos panistas, incluido el mismo Felipe Calderón, y servidores públicos que siguen enriqueciéndose a costa del erario petrolero que pertenece a todos los mexicanos.

Este trabajo periodístico de muchos años que hoy se reúnen en este libro, editado por Grijalbo, le han ocasionado a Ana Lilia demandas por daño moral por parte de empresarios que mantienen negocios en Pemex y que después de las publicaciones han sido sujetos a investigación por parte de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda, por la Auditoría Superior de la Federación y por diversas comisiones legislativas del Congreso creadas ex profeso para ese fin.

La periodista también enfrenta una demanda penal iniciada ante el Ministerio Público federal; una orden de arresto administrativo por supuestos desacatos judiciales; persecuciones y vigilancia en su domicilio particular y en su fuente de trabajo; amenazas de abogados gansteriles, y el rechazo en fuentes gubernamentales para otorgarle información pública.

Este es el panorama de la libertad de expresión en México: una valiente reportera que hace su trabajo con responsabilidad y compromiso social, es perseguida y acosada porque pone al desnudo ante la opinión pública a funcionarios gubernamentales como el mismo Felipe Calderón cuando se desempeñaba en la Secretaría de Energía; al exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño; al ex secretario privado de Los Pinos, César Nava, actual líder nacional del PAN; a legisladores panistas como Juan Bueno Torio y Jorge Nordhausen, que han hecho negocios con la paraestatal desde sus posiciones de poder político; o los mismos exdirectores generales de Pemex, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Jesús Reyes Heroles, todos vinculados en torno al petróleo crudo.

Como lo relata Ana Lilia Pérez en el libro, antes de que la reportera publicara la información de la firma de contratos que había hecho a nombre de su familia Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos, en su dualidad de empresario y servidor público, hubo varias reuniones convocadas por el entonces secretario privado de Felipe Calderón, César Nava, quien después de enterarse de que se publicarían los contratos en donde se exhibía a su amigo y compañero de gabinete como beneficiario de contratos con Pemex, lo primero que preguntó fue si él también aparecía en la delicada información periodística.

El objetivo de César Nava era salvarse él y después, si daba tiempo, alertar a su amigo que despachaba en la Secretaría de Gobernación, pero a pesar del intenso cabildeo del secretario particular de Calderón, la información se publicó y el entonces secretario de Gobernación no volvió a ser el mismo y dejó de ser el delfín de Los Pinos para la candidatura a la Presidencia de la República por el PAN.

Lo sorprendente del trabajo periodístico de mi colega Ana Lilia Pérez, es que ante las pruebas contundentes de las irregularidades cometidas en la asignación de contratos petroleros y las pésimas administraciones de la paraestatal, todo soportado con documentos oficiales y entrevistas con funcionarios petroleros y empresarios involucrados, el gobierno de Felipe Calderón no ha podido desmentir ni una línea escrita por la reportera y han utilizado a empresarios para acosarla y perseguirla con el propósito de que guarde silencio y deje descansar la pluma.
22 Febrero 2010 04:00:08
El proyecto de Calderón
El Presidente al fin tuvo un acierto al encabezar esta iniciativa

Cuando Felipe Calderón llegó sin legitimidad y mucho menos credibilidad a la Presidencia de la República, las aspiraciones del PAN eran permanecer en el poder al menos 36 años, casi la mitad de lo que el PRI conservó el Poder Ejecutivo. Esa fue la primera intención del político michoacano al lanzar su propuesta “México 2030 Proyecto de Gran Visión”.

En ese plan transexenal, circunstancia que sólo se materializa cuando se trata de continuar con la corrupción, sin importar al cambio de PRI a PAN, Calderón al fin tuvo un acierto al encabezar esta iniciativa: México necesita un diagnóstico de largo plazo; una evaluación de los retos pero sobre todo de los resultados para alcanzar soluciones de fondo que terminen con el rezago y la incertidumbre sobre un proyecto de país en un amplio horizonte.

Pero dicho plan proyectado hasta el 2030 no sólo deja fuera los intereses de la nación y de los mexicanos, sino que es abusivo al proponer sólo la privatización de lo que queda en manos del Estado y ha sido, precisamente, un proyecto de este tipo el que mantiene a México fuera del radar internacional y que condena a la mayor parte de su población a la pérdida de varias generaciones.

México, de hecho, no forma parte del grupo de países que han sido calificados –por su densidad demográfica, el bono poblacional– como el motor del desarrollo hacia el año 2050. Y si se trata de largo plazo, México, con sus niveles de pobreza y marginación, se encuentra fuera de la ruta de los objetivos de desarrollo para el Milenio de la ONU.

Y una prueba del rotundo fracaso de los gobiernos panistas, es que Felipe Calderón no ha logrado ni siquiera cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo o con los programas sectoriales fijados por las dependencias de su gobierno, en donde lo único que vemos es un constante abuso de poder, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, contratos amañados y servidores públicos con una enorme incapacidad para administrar y mucho menos para gobernar. Eso es el gobierno de Calderón, un rotundo fracaso que incrementó los márgenes de miseria y el número de pobres, privilegió al capital extranjero sobre el mexicano, cooptó a la mayoría de los medios de comunicación, disminuyó la inversión mexicana y por si fuera poco vulneró la de por sí disminuida democracia que había en el país.

Así, totalmente politizado –fiel a su origen–, el proyecto gran visión hacia el 2030 se está transformando en una guía de complacencias de los poderes fácticos para comprometerlos de ayudar a que Calderón y su partido permanezcan un periodo más en la Presidencia de la República. Esto les urge a los panistas ante el temor de que un nuevo gobierno de oposición investigue todas las tropelías que han hechos desde que Vicente Fox llegó a Los Pinos y Calderón continua allí hasta hoy.

Sin embargo, más allá del pago de facturas –que están conduciendo al país hacia un gran caos nunca antes visto–, la realidad se le enfrenta a los panistas y los resultados en materia de combate a la pobreza, conducción de la política economía, creación de fuentes de empleo, seguridad y competitividad, serán los que decidan en las urnas el futuro de Calderón y los suyos.

El momento se acerca y los documentos generados en la iniciativa “México 2030 Proyecto de Gran Visión” resultan reveladores, no por los logros alcanzados en el sexenio de Felipe Calderón, sino porque identifican la serie de compromisos de su gobierno con los grupos de poder.

En su más reciente edición, la revista “Contralínea” en un reportaje de Nancy Flores publica los documentos de trabajo –confidenciales– que dieron origen a este proyecto calderonista y que hasta hoy la población desconoce. Además, con la opinión de economistas y politólogos se analiza las motivaciones y el estado en el que se encuentra el país, a pesar de los buenos deseos del gobierno panista.

Al estilo de las grandes corporaciones –una estrategia que recuerda la obsesión y necedad foxita por llevar los métodos gerenciales mal aplicados a la administración pública–, el diagnóstico de “México 2030 Proyecto de Gran Visión” inicia con la definición de los objetivos de cada sector, como si la Constitución no fuera suficientemente clara al establecer que el gobierno tiene la obligación de garantizar a los mexicanos los medios para subsistir dignamente y tener acceso a la educación.

Pero Felipe Calderón en su gobierno no quiere dejar de ejercer una administración de corte aspiracional y define la visión de la economía de la siguiente manera: “México es una sociedad libre, justa y próspera, en la que se protegen eficazmente las libertades, derechos, la vida y las propiedades de sus ciudadanos. Sus instituciones políticas aseguran la gobernabilidad y son propias de una sociedad libre. En la vida cotidiana y en las relaciones sociales impera el Estado de Derecho. México figura entre las 20 economías más grandes y desarrolladas del mundo, y ha conseguido erradicar la pobreza extrema”.

La gran mentira calderonista

Acostumbrado a mentir, Calderón y su proyecto se enfrentan con la realidad a tres años de gobierno, en donde el resultado es verdaderamente catastrófico: según cifras oficiales, los mexicanos en pobreza extrema suman 26 millones de niños, mujeres, ancianos y hombres, la mayoría indígenas, y otros 40 millones están en pobreza. Once municipios mexicanos están entre la lista de los pueblos más pobres del mundo, según el Programa de la Naciones Unidad para el Desarrollo, apenas equiparables a poblaciones del sur de África, y otros 122 municipios están a punto de ingresar a esa deshonrosa lista. ¿Quién dice que se erradicó la pobreza extrema?

El fantasioso documento calderonista continúa: “La población de México está conformada por una mayoritaria y predominante clase media, próspera y pujante, que tiene acceso a servicios de educación y salud de calidad. Su sociedad ha sido capaz de preservar lo mejor de sus valores e idiosincrasia. Su población ha sido debidamente educada en la ciencia y la tecnología, así como en los valores cívicos y humanos. Es un país que ofrece igualdad de oportunidades y sus habitantes gozan de altos estándares de bienestar, y la productividad es la base de la retribución y el sustento de sus altos estándares de vida”.

Aún hay más mentiras: “Los privilegios y prebendas ya no forman parte de su entorno institucional. El desarrollo nacional es ambientalmente sustentable y abarca a todas las regiones. Su economía interna y su infraestructura se han transformado, y sustentan en sus vocaciones productivas que desarrollan y aprovechan tecnología de punta y le conceden competitividad internacional. México se ha convertido en un imán de recursos de inversión y se ha integrado eficiente y convenientemente a la economía internacional, donde destaca por sus industrias proveedoras de bienes y servicios de alto valor agregado y de vanguardia tecnológica”.

Suena bien y esa debería de ser la ruta de la economía mexicana, pero la realidad es totalmente distinta: la población de México está conformada por una mayoría y predominante clase baja, empobrecida a más no poder por las políticas públicas, las cuales no permiten el acceso a servicios de educación y salud de calidad, vivienda digna, empleo y salario justo.

Acaso la reminiscencia de las grandes inversiones en el sector hospitalario –también con intereses políticos– sigue dando frutos para la población abierta que no tiene acceso a los servicios médicos del IMSS o el ISSSTE. Pero, cabe preguntarse sí al ritmo que va el deterioro de las finanzas públicas, los organismos del sector salud –sobre todo los de tercer nivel– tendrán recursos para sostener la atención a millones de mexicanos.

La sociedad está sometida a los efectos de un cambio de valores en donde la violencia y el crimen se están convirtiendo para muchos jóvenes –sin educación, empleo o futuro– en la única salida. La innovación, la ciencia y la tecnología son áreas escasamente desarrolladas para vincularse con el sector productivo. Mientras México sigue hundiéndose, países como Brasil desarrollan tecnología petrolera, apuntalan la industria de la aviación y se transforman en exportadores de productos con alto valor agregado.

En cambio, México sigue apostando a la industria automotriz y a las integradoras (maquiladoras) en un intento por seguir el modelo de desarrollo económico de Estados Unidos justo cuando Barack Obama propone la construcción de varios super trenes que sustituyan la emisión de partículas contaminantes en ese país y, por lo tanto, la compra de vehículos contaminantes. Así, en México la planeación hacia el 2030 no sólo está fallando y Calderón parece no haberse percatado de ello, sino que el modelo de gobierno mexicano ante el mundo es ya un ejemplo de lo que no se debe hacer.

México no ofrece igualdad de oportunidades a sus habitantes. La meritocracia es un valor en desuso y en la vida profesional y laboral dominan los apellidos, las relaciones, las camarillas, las pandillas mafiosas y no la capacidad. Esa es la realidad, mientras que la movilidad social inconforme cada día crece más.

Los privilegios y prebendas dominan el entorno institucional, por lo que será prácticamente imposible – si no se da un verdadero golpe de timón – cumplir con anhelos como la competitividad y el desarrollo ambientalmente sustentable.

Así, mientras Felipe Calderón viaja a Davos, Suiza, para defender los objetivos del programa de Kyoto y sembrar, otra vez, el camino de buenas intenciones rumbo a la continuación en México de la Cumbre de Copenhague, en este país se siguen cuidando los intereses de los grupos que controlan el transporte público y que impedirán a toda costa –con la amenaza del voto de por medio– que se cumpla con el compromiso de contar con transporte público sustentable y ecológico. Es sólo una muestra de cómo el proyecto de Calderón hacia el 2030 está plagado de incongruencias, absurdos, mentiras y abusos, y es esto el mayor obstáculo al que se enfrenta cualquier líder que, en el caso mexicano, no lo hay.
15 Febrero 2010 05:04:47
La SIEDO investiga a Alcalde
Al Mandatario de Cancún se le acusa de vínculos con el narcotráfico

Al alcalde de Cancún se le vino el mundo encima. La semana pasada el reportero Antonio Baranda, del diario Reforma, informó que Gregorio Sánchez Martínez recibió 10 millones de dólares para financiar la campaña política que lo llevó a la presidencia municipal de esa población turística de Quintana Roo. El supuesto donante es el empresario Steve Santander Reyes, casualmente contratista de Pemex y quien habría invertido en el politico perredista a cambio de que éste devolviera el favor cuando asumoiera la alcaldía mediante la asignación de contratos y permisos que otorga el municipio.

Pero Greg, como lo conocen sus amigos, se negó a pagar su deuda y el contratista petrolero de inmediato recurrió a los tribunales para acusar al alcalde, a quien un juez federal le ordenó pagar sólo 2 millones de dólares.

Sumido en una crisis de corrupción y negocios sucios, el Alcalde perredista de uno de los municipios más ricos del país, alega que es falsa la firma de los documentos en que se basó la acusación en su contra.

Sin embargo, la investigación periodística de Antonio Baranda parece ser apenas la punta de una madeja de ilícitos y compromisos tejidos en torno al alcalde de Cancún, pues sabemos que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República tiene abierto un expediente penal en contra del politico protegido desde la dirigencia nacional del PRD, a cargo de Jesús Ortega.

El motivo de esa indagatoria es por mucho más grave que la acusación del financiamiento empresarial, porque según el expediente el alcalde Sánchez Martínez habría recibido recursos ilícitos para su campaña política producto del tráfico de drogas, lo que representaría vínculos con la delincuencia organizada, concretamente con el cártel de Juárez que comanda Vicente Carrillo Fuentes, hermano de quien fuera “El Señor de los Cielos”, y la Siedo estudia fincarle los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De probarse esta acusación que prepara la PGR, estarían contados los días de Greg como efdil de Cancún, y sería el segundo politico en importancia de Quintana Roo a quien se somete a juicio por vínculos con cárteles de la droga. El primero fue el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien se encuentra preso en un penal de máxima seguridad y en los próximos días será extraditado a Estados Unidos, en donde se le abrirá juicio por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Sin duda se deben investigar hasta las últimas consecuencias las acusaciones en contra de cualquier funcionario, político o juez que proteja a narcotraficantes, pero la duda es por qué el gobierno de Felipe Calderón persigue y abre expedientes judiciales sólo a miembros de partidos politicos opositores al PAN, será que la PGR y las secretarías de Hacienda y de Función Pública tienen órdenes de Los Pinos de proteger a funcionarios panistas.

Cancelan expediente de Patrón Laviada

Sólo un ejemplo de esa protección a prominentes panistas e integrantes del gobierno calderonista, es lo ocurrido con el expediente abierto en la Secretaría de Hacienda en contra del exgobernador yucateco Patricio Patrón Laviada, actual procurador federal de Protección al Ambiente, y varios de sus familiares, por supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

De este problema escribimos aquí hace varios meses y decíamos que la acusación la turnó Hacienda a la Procuraduría General de la República, en donde “extraviaron” el espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra también a familiares y amigos de Patrón Laviada.

Ahora nos dicen que definitivamente la PGR le dio carpetazo a dicha acusación que había sido bien estructurada por los auditores hacendarios, bajo la orden de Los Pinos de cerrar definitivamente el caso.

Esta es una historia de corrupción, tráfico de influencias y delincuencia organizada donde, al final, no pasa nada: a finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero de la Judicatura Federal, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra del hermano del ex gobernador de Yucatán.

El 26 de octubre de 2006, a un mes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech. Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y su sustituto, Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero dicen que “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, según fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.
08 Febrero 2010 04:50:24
Fracasa Calderón
La violencia no cesa y el Gobierno federal, por conducto de Felipe Calderón, reconoce su fracaso y anuncia, al fin, estudiar una nueva estrategia que no signifique sólo mantener a las fuerzas armadas en las calles para batirse con delincuentes y narcotraficantes. Tuvieron que pasar tres años y morir miles de niños, jóvenes, mujeres, ancianos y hombres antes de que el gobierno calderonista se diera cuenta de que su actuar, en lo que él mismo califica de “guerra” contra el narcotráfico, ha sido fallido, y en el declive de su gestión busca rectificar el rumbo, aunque habrá que esperar si no se trata sólo de una acción política electoral mediática.

La masacre de 15 niños y jóvenes hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado más violento del país y de donde es oriundo el actual procurador general de la República, ha sido el hecho violento que ha reunido la protesta de mexicanos en todo el país que exigen justicia y mejores acciones del Gobierno para acabar con los asesinatos que diariamente se presentan en diversos estados.

En ese contexto de muerte, odio y descomposicion social, agravada en los últimos tres años, Calderón apenas se da cuenta de que el país está sin rumbo y vacío de poder, y que el crimen organizado se ha apoderado de regiones y territorios, en donde sólo él manda con la complicidad de policías, autoridades y militares.

Desesperados, en la Presidencia de la República han convocado a nuevos actores a las juntas del gabinete de seguridad para atender lo que desde un principio debió haberse hecho, como es involucrar a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social y Agricultura, pues el problema del narcotráfico en el mundo no es un asunto de guerras internas en países pobres, como sólo lo entendía el Gobierno mexicano, porque la droga se consume principalmente en los países desarrollados y el rentable negocio económico que significa el narcotráfico no tiene límites ni fronteras territoriales, se mueve libremente por cualquier país y el dinero sucio se lava en las principales economías mundiales y en las más prestigiadas instituciones financieras de todo el mundo.

Así, deberá entenderse que la miseria extrema que envuelve a las dos terceras partes de los mexicanos es un caldo de cultivo para las estructuras de las bandas delincuenciales, mientras que el campo agrícola se convierte en la materia prima para el mejor postor que busque sembrar mariguana y establecer laboratorios en donde se procesen las drogas, mientras que la falta de vigilancia estricta en los circuitos financieros del país es la llave de acceso al blanqueo de capitales que sirve para aceitar la maquinaria de la corrupción y extorsión de autoridades, políticos y gobernantes.

Ante ello, la sociedad exige y demanda nuevas y mejores acciones urgentes en contra de los lavadores del dinero, y aquí es donde banqueros, directivos de casas de bolsa y de cambio, hoteleros, especuladores, empresarios inmobiliarios, industriales, políticos y burócratas que estén sirviendo al narcotráfico deberán ser llamados a cuenta para que respondan por sus delitos. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y la Procuraduría Fiscal reunen expedientes de los involucrados.

Al momento en que se corte el flujo financiero al crimen organizado, éste dejará de alimentar la maquinaria de la corrupción gubernamental que se vuelve complaciente y cómplice con las bandas delincuenciales en todo el país.

El caso colombiano es un ejemplo de lo que a una sociedad pobre, igual que la mexicana, le puede ocurrir cuando los cárteles de la droga se apoderan del Estado.

Hace 20 años, Colombia se debatía entre la vida y la muerte por la presencia en su territorio de los principales traficantes de cocaína en el mundo. La industria que esta droga había generado en ese país sudamericano, permitía el control de las estructuras de gobierno y un clima de violencia parecido al que hoy vive México. Fue entonces cuando el gobierno colombiano decidió sentarse a negociar con los jefes de la mafia para que se entregaran a las autoridades a cambio de que no fuera extraditados a Estados Unidos, respetaran a sus familias y dejaran de presionarlas judicialmente, y podrían mantener parte de sus fortunas acumuladas en su actividad delincuencial.

Parecía una situación difícil de lograr, pero se hizo y eso disminuyó la violencia y obligó a que otros grupos mafiosos, en este caso los mexicanos, retomaran fuera de Colombia el control del tráfico de drogas hacia el mundo entero. Fue entonces que el cártel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orihuela, y el de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria -quien por cierto lavaba su dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos-, prácticamente desaparecieron y fueron otros, ya disminuidos, los que continuaron el negocio a una menor escala, pero lo más importante fue el mensaje del Gobierno colombiano de tratar de enfrentar, con estrategias distintas a la armada, a las mafias de la droga, lo que dio como resultado una considerable reduccion de muertos, secuestros y desparecidos, y la calma y tranquilidad volvió a las calles de Colombia.

En México prácticamente nadie puede hablar de una negociación sin recibir de inmediato la crítica y descalificación de las autoridades, las cuales actúan más por presiones de Washington que por intereses propios. Pero la pregunta es si acaso el Gobierno no negocia con narcotraficantes en su programa de testigos protegidos, en donde les da impunidad, dinero y protección, con cambio de nombre y domicilio, para que delaten a sus cómplices. Sin duda que sí es una negociación, sólo que el programa de testigos protegidos es en menor escala y a Estados Unidos no le conviene que el Gobierno mexicano llegue a acuerdos con las bandas del narcotráfico, pues deja vulnerable su territorio por ser el mayor consumidor de drogas.

Mueren 120 niños en fuego cruzado
En el número de la revista “Contralínea” que empieza a circular esta semana, una investigación de la reportera Paulina Monroy informa cómo la guerra contra el narcotráfico promovida por Calderón en todo el país ha dejado cifras escalofriantes: 120 niños han sido asesinados, 3 mil 600 quedaron en la orfandad y 4 mil más son utilizados como sicarios.

Este es el relato de la reportera: Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.

“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.

Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.

Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
25 Enero 2010 04:00:38
Equivocada estrategia
Nadie en el gabinete tiene la capacidad de mejorar las cosas

Según especialistas y expertos en temas de seguridad pública, Felipe Calderón es un político en toda la extensión de la palabra, pero lamentablemente también confirman que no es un estratega, por ello la crisis que envuelve al país parece no tener remedio, pues nadie en el gabinete tiene la capacidad de mejorar las cosas. Para empezar, convertir al narcotráfico en un tema, precisamente, de seguridad pública y extenderlo al ámbito de la población civil, se transformó en la principal amenaza de su gobierno. Es claro que al gobierno calderonista le ha faltado coordinación entre las instituciones de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia en México, en donde cada cual hace lo que quiere y atiende a intereses distintos.

Un trabajo de la reportera Nydia Egremy y publicado en la última edición de la revista “Contralínea”, aborda todas las aristas del problema que convertirán al gobierno de Felipe Calderón en una administración fallida. Lo más grave es el reconocimiento de los propios colaboradores de su gestión. La pregunta obligada es si ellos lo saben porque, con todas sus consecuencias, siguen adelante con la misma errada y riesgosa estrategia: atacar de frente al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a los grupos de poder, muchos de ellos políticos y económicos, vinculados con estos flagelos.

En un estudio del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC (Casede), en donde participa el priísta Jorge Tello Peón, actual consejero de la Presidencia en seguridad nacional, se establece, por primera vez en muchos años, que el Estado mexicano ha perdido control territorial al improvisar una supuesta “guerra” contra el crimen organizado, lo que contradice la versión presidencial de que el Gobierno manda en todos los rincones del país.

Al parecer y dados los recursos, “Felipe Calderón no sabía lo que le esperaba”, señala el experto Sergio Aguayo. Como se ha consignado anteriormente en esta columna, de acuerdo con especialistas del centro de análisis estadounidense Stratfor, con sede en Washington, la “lucha” desordenada y errática de Calderón ha generado una peligrosa atomización de la violencia y de los territorios que controla el narcotráfico.

Aún más, ha generado una estratificación del negocio en donde las franquicias del crimen cuentan con proveedores de servicios con quienes subcontratan la necesidad de mantener a raya a la autoridad, en donde los sicarios se adhieren al mejor postor. Ahora, después de esa atomización, la integración que se avizora, otra vez, en dos grandes grupos, tendrá como resultado un claro fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado.

Las confesiones de Tello Peón

El propio asesor presidencial en seguridad y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, en un texto autocrítico y preocupantemente asegura que “las estructuras institucionales como las históricas han perdido control territorial en México… Antes por lo menos se sabía quiénes eran (los que controlaban ciertas regiones del país)”. Los golpes mediáticos y políticos de Calderón tampoco se han aplicado de la mejor manera: todo el cúmulo de información que fluye sobre la seguridad, el crimen, la violencia y la impunidad ha generado en la población la sensación de riesgo en su seguridad personal, miedo, confusión, enojo y frustración. Se confirma, entonces, la hipótesis de que el narcotráfico pasó de ser un problema de seguridad nacional a un problema de seguridad pública. ¿Tenía la población civil que verse sometida por esta batalla que las autoridades tenían que dar en el ámbito de la estrategia y la inteligencia? Esta ha sido la gran apuesta de Calderón y ahora dice que pasará a segundo término preocupado por el desempleo y el claro estancamiento de la economía nacional.

Este domingo 24 de enero, la primera página del diario “Excélsior” informó que las ocho organizaciones de narcotraficantes se están agrupando en dos grandes carteles y claramente fortalecidos. Así deja el país el presidente Felipe Calderón y su declaratoria de guerra fallida contra el crimen organizado.

Aguayo Quezada considera que si en la guerra al crimen organizado “el Estado salió de su catatonia” y lanzó la primera ofensiva, también se trató de una decisión improvisada. “Felipe Calderón no tenía idea de lo que le esperaba”. En su contribución ¿quién gana la guerra contra el narcotráfico? Aguayo cita una entrevista que el mandatario federal sostuvo con el director del diario madrileño El País, el 15 de junio de 2008, donde expresó: “Cuando llegué a la Presidencia, el alcance del narco era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave, pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había que sanarlo a como diera lugar”.

A tal confesión, el profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México lanza la pregunta: “¿Diagnosticó bien la dolencia o provocó una metástasis?” Aprecia que ésta es una batalla en la cual la calidad de la información “es vital”, pues el crimen organizado “la tiene y de primera”, mientras que el Gobierno y la sociedad están generándola.

Al comparar los resultados de los primeros 18 meses de gobierno de Calderón con el mismo periodo de sus antecesores, el analista observa cómo se dispara el número de detenidos y la cantidad de decomisos de droga, dinero, armas y aeronaves. Además, destaca la reducción “notable” en la cifra de deserciones del Ejército Mexicano que, dice, alimentan las filas del sicariato: en 2006 botaron el uniforme 20 mil 536 militares; en 2007 fueron 15 mil 665.

Las malas noticias, dice el investigador, es que las cifras empequeñecen al contrastarlas con lo que se sabe sobre el dinero que se mueve en el negocio de la droga. Asegura que con un criterio muy conservador, en el primer año de gobierno “el valor de lo decomisado representa una merma para los cárteles de sólo el 6 por ciento del dinero que mueven”. Explica que el impacto sobre el trasiego de armas “es todavía más insignificante”, pues sólo se capturó 1.4 por ciento del total del arsenal que, se estima, ingresó al país en los primeros 18 meses de este gobierno.
18 Enero 2010 04:00:31
El sucio estilo de Gil Díaz
Ha tenido que echar mano de todo tipo de estrategias

Si el paso de Francisco Gil Díaz por el Gobierno federal causó estragos en las finanzas públicas mediante la creación de fideicomisos públicos que registró como privados, ocasionando graves daños patrimoniales, no es menos desafortunada su participación en el sector privado. Para el ex secretario de Hacienda la presión que llega desde España desde su ingreso a a la empresa Telefónica no es un paseo por el parque. Aunque Gil Díaz, luego de arrepentirse de participar en el Consejo de Administración de HSBC, entró por la puerta grande de Telefónica, en el sector de las telecomunicaciones ven pocos avances en la gestión del doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Al parecer Gil Díaz, quien hasta hace un año apostaba por llegar a la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores, ha tenido que permanecer al frente de Telefónica y, a la luz de las presiones cada vez más intensas por mostrar resultados positivos, echar mano de todo tipo de estrategias.

Así lo hizo en la década de los 90 a través de Avantel, cuando era empleado de Roberto Hernández y Alfredo Harp. Quién no recuerda la intensa batalla mediática y en tribunales que encabezó Gil Díaz contra Telmex o la persecución fiscal contra Carlos Slim cuando fue titular de Hacienda. Envuelto en un halo de legalidad y lucha por la justicia, en ese entonces Gil Díaz reclamaba a Slim la presencia de su monopolio para exigir mejores costos de interconexión para Avantel.

Qué ironía, ahora los competidores de Telefónica en algunos estados en donde la empresa española tiene una participación dominante en la infraestructura, se quejan exactamente de lo mismo y aseguran que el exsecretario de Hacienda ha hecho valer su poder político en el mercado. En fin, todo es cuestión de circunstancias.

En entregas anteriores de esta columna también escribíamos cómo el particular estilo de gestionar una empresa de Gil Díaz -como quedó confirmado en el sector público- tiene el sello de la corrupción y de los conflictos de interés. Así, por ejemplo, al interior de la Telefónica es todo un escándalo las decisiones que ha tomada Gil Díaz, a través de su siempre fiel “experta” en temas de comunicación Isabel Suárez Mier, su exdirectora de Comunicación también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En realidad, nos cuentan que la verdadera especialidad de esta ejecutiva son las Sociedades de Fomento Múltiple (Sofomes), pues fue una de las mayores colaboradoras de Gil Díaz en impulsar este esquema en el sistema crediticio nacional. Por sólo mencionar algunos de los casos que tienen muy molestos a los empleados de Telefónica, está la contratación de los sistemas de monitoreo con amigos o familiares de Gil Díaz, así como la elaboración de órganos de comunicación interna.

Pero ese tipo de “negocios” son verdaderas minucias después de lo que dio a conocer la reportera investigadora Ana Lilia Pérez en la revista “Contralínea” a principios de este año. Trabajadores de los centros de llamadas (call centers) del Grupo Telefónica denunciaron que desde la llegada del ex secretario Francisco Gil Díaz a la dirección de la empresa, se les obliga a utilizar bases de datos oficiales para vender seguros, tramitar tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, hacer cargos por adeudos y trámites inexistentes, así como acosar y maltratar a deudores de la banca que contratan el servicio de cobranza.

Ahora viene al caso recordar aquella máxima de funcionarios honestos que trabajaron en la Secretaría de la Contraloría, ahora de la Función Pública, que ofrecían argumentos para mantener alejados a los exsecretarios de Hacienda de los sectores empresarial o financiero. Decían que un extitular de la SHCP era, sin duda, el hombre más comprometido, por muchas razones: su nivel de influencia en el desarrollo de políticas públicas, pero sobre todo por el poder y la información confidencial a la que tuvo acceso.

Claro está que a Gil Díaz tampoco se le puede culpar de todas las triquiñuelas que se presenten en Telefónica. Sin embargo, los testimonios de quienes sí conocieron a la empresa por dentro revelan que la llegada del exfuncionario público coincidió con el cambio a prácticas ilegales y faltas de ética frente a los consumidores.

El reportaje de Ana Lilia recuerda que aún la Procuraduría General de la República no cierra la investigación en su contra por la escandalosa evasión de impuestos en la venta de Banamex a Citigroup (que le restó a la hacienda pública 50 mil millones de pesos), mientras la Auditoría Superior de la Federación quiere una sanción para castigar el caso de la ominosa privatización de los ingresos por concepto del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), cuando Francisco Gil Díaz está envuelto en un halo de supuestas malas prácticas en los call center del Grupo Telefónica, operados bajo la firma Atento, de acuerdo con testimonios de trabajadores cuyas condiciones laborales rayan en la esclavitud.

Empleados de Telefónica de diversos centros desnudan las irregulares prácticas “corporativas” impuestas por Gil Díaz en su afán de generar ganancias al consorcio español que desde febrero de 2007 lo designó su director en México y Centroamérica.

La mano del ex fiscal de hierro –como se le conoció por sus abusos de poder en el sexenio de Vicente Fox– está detrás de la voz que llama al tarjetahabiente hasta 10 veces al día para recordarle que tiene un atraso en el pago de la tarjeta de crédito y le exige cubrirlo de inmediato o para venderle un seguro o para obligarle a renovar una póliza. El telefonista es un joven de 18 a 25 años de edad que trabaja en un centro de llamadas o call center de Atento, en donde tiene prohibido levantarse hasta para ir al baño en tanto no logre cerrar 15 operaciones (ventas) en un lapso de seis horas.

Para cada operación, el telefonista tiene 300 segundos. Si el interlocutor lo insulta, deberá esperar a escuchar tres insultos para solicitarle al supervisor que le autorice colgar la llamada, pues el tarjetahabiente “no modera lenguaje”.

Si no logra que alguien cubra su adeudo o le compre un seguro o una tarjeta de crédito, es porque, a juicio de sus supervisores, no aplica la política de la compañía: acosar.
11 Enero 2010 04:00:28
Fideicomiso aduanal
Las pruebas de corrupción gubernamental son muchas y evidentes

Repudio total al homicidio del periodista Valentín Valdés y mi solidaridad con su familia y mis colegas del diario Zócalo Saltillo

En medio del repudio contra el Gobierno federal por el abusivo incremento en el cobro de impuestos, Felipe Calderón parece sordo a las duras críticas de la población y ciego por permitir que se hagan negocios sucios al amparo del presupuesto público. Las pruebas de la corrupción gubernamental son muchas y evidentes, pero hay otras más finas para desviar recursos públicos, es el caso de los fideicomisos, a donde ingresan fondos del erario destinados a programas y proyectos específicos que nunca llegan a su destino y, en cambio, son canalizados para otros gastos, algunos personales de los servidores públicos.

Ante esa pasividad negligente y cómplice del gobierno calderonista para combatir la corrupción y utilizar mejor los miles de millones de pesos de los impuestos de los mexicanos, es el Congreso a través de su órgano de vigilancia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el que ha asumido la responsabilidad de auditar la administración pública e impedir que burócratas corruptos sigan mal administrando el dinero de todos los mexicanos.

Por eso me llamó la atención una nota publicada el jueves pasado en la página 2 del diario “Reforma”, con el título Busca ASF sanción a ex jefe aduanal, bajo la firma del reportero Víctor Fuentes, en donde se afirma que la Auditoría pretenden fincarle responsabilidad a José Guzmán Montalvo, quien fuera administrador general de Aduanas y cómplice del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Según la información periodística, el motivo de la investigación es el supuesto uso indebido de más de 85 millones de pesos del Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, mejor conocido como el Fidemica, por lo cual cinco ex funcionarios del Sistema de Administración Tributaria están citados por la ASF para que expliquen el desvío de recursos.

Y llama más la atención porque el Fidemica es sólo uno de los muchos fideicomisos que se manejaron desde la Secretaría de Hacienda bajo las instrucciones de Francisco Gil Díaz para desviar perversamente dinero de las arcas públicas, sin la posibilidad de que alguien los audite amparados en el secreto fiduciario y bancario. Lo mismo ocurrió con otros fideicomisos conocidos como Aduanas I y Aduanas II, o el FACLA, sólo por mencionar algunos de los más escandalosos y en donde los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, fueron cómplices del gasto abusivo.

En esta columna hemos dado cuenta desde hace varios años de esos abusos y excesos cometidos por Gil Díaz al amparo de sus cargos públicos, que le han costado a la nación miles de millones de pesos, sin que hasta ahora gobierno alguno, tanto del PRI como del PAN, hayan hecho algo para someterlo a la rendición de cuentas, y en cambio son empleados menores, como Guzmán Montalvo y otros cuatro, quienes después de varios años podrían enfrentar acusaciones penales por daño patrimonial y peculado.

La
corrupción del ex fiscal de hierro
La historia negra de Gil Díaz se cuenta de varios sexenios, pero sólo en dos gobiernos, los de Carlos Salinas y Vicente Fox, quien fuera llamado el fiscal de hierro por su mano dura sólo contra sus enemigos y opositores, tejió una amplia red de complicidades al más alto nivel que involucró a los propios presidentes y secretarios de Estado, que le permitieron manejar al margen de la ley miles de millones de pesos a través de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II.

Ambas figuras jurídicas protegidas por el derecho fiduciario, concentraron indebidamente el producto del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), que implicó daños patrimoniales de por lo menos 10 mil millones de pesos sólo durante la administración de Vicente Fox.

Ahora que el recién nombrado auditor superior de la Federación ha decidido llamar a cuentas a ex empleados de Aduanas para que rindan cuentas por el desvío de recursos, sería interesante que también se abrieran otros expedientes como el que guarda el Órgano Interno de Control de Nacional Financiera –fiduciaria donde se constituyeron los fideicomisos Aduanas I y II–, en donde se detalla las anomalías y el claro desvío de recursos en que incurrió Gil Díaz y su equipo cuando se desempeñó primero como subsecretario en el sexenio de Salinas y después como titular de Hacienda en el gobierno de Fox. A pesar de estas anomalías, se sabe que Felipe Calderón había ofrecido la Secretaría de Hacienda a Gil Díaz, quien la rechazó y aceptó colocar a uno de sus incondicionales en Petróleos Mexicanos.

En el sexenio pasado, quien fuera secretario de la Función Pública, el chihuahuense Eduardo Romero Ramos, durante una comparecencia que sostuvo ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados por la glosa del V Informe de Gobierno de Vicente Fox, señaló como uno de los pendientes de su administración limpiar los fideicomisos aduaneros.

En mayo de 1993 y en su calidad de subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz constituyó dos fideicomisos aduaneros que manejó al margen del presupuesto hasta 1994 y, posteriormente, cuando estuvo al frente de Hacienda, de 2001 a 2006 (ver libro ISOSA, fraude transexenal a la nación, editorial Grijalbo).

Mientras que en los años recientes la pieza clave fue el presidente del SAT, quien desde esa posición manejó miles de millones de pesos producto del DTA (Derecho de Trámite Aduanero), además de conducir el proceso de “legalización y transparencia” de los fideicomisos aduaneros, ordenado en diciembre de 2003 por el entonces presidente Vicente Fox.

De acuerdo con la ASF, en los primeros cuatro años de la administración foxista los fideicomisos 954–8 Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior II (conocido éste como Aduanas II), así como la empresa ISOSA, causaron quebrantos a la hacienda pública por 10 mil 183 millones de pesos. Esto sólo en lo que se pudo investigar, pues por instrucciones de Gil Díaz, Nacional Financiera se negó sistemáticamente a proporcionar la documentación sobre el manejo de los recursos públicos de los dos fideicomisos.

De la multimillonaria suma que defraudó el exsecretario de Hacienda, según lo documentado por la ASF, el SAT sólo reintegró mil 457 millones de pesos a las arcas federales. Ello, a pesar de que el ex auditor González de Aragón indicó que gracias a que la Auditoría Superior estuvo señalando durante cuatro cuentas públicas “la presunta ilegalidad” de los depósitos en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, y su conexión con ISOSA, se consiguió que Hacienda devolviera 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Y es que mientras el auditor decía que “valió mucho la pena haber señalado todas estas situaciones irregulares que generaron la recuperación del 25 por ciento de todo lo que había sido señalado por la Auditoría”, los resultados del informe 2005 lo desmienten.

Del análisis hecho por la ASF a la fiduciaria Nafin, se desprende que el SAT ordenó a la Tesofe la devolución de mil de los 2 mil 457 millones de pesos que había reintegrado a la hacienda pública.

La auditoría 05–2–06HIU–02–596 revela que mediante el oficio 327–SAT–0565 del 7 de noviembre de 2006, el administrador general de Innovación y Calidad del Servicio de Administración Tributaria solicitó a la Tesorería la devolución de mil millones de pesos a Nafin, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 954–8 Aduanas I, mediante depósito en la cuenta número 2647324927, abierta en el Banco de México.

Esta petición se basó en la regla HYPERLINK “http://1.3.1.0/”1.3.1.0. de la segunda resolución de modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2006, publicada por el expresidentes del SAT, Zubiría Maqueo el 6 de noviembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación, tan sólo un día antes de la solicitud de la devolución, destaca la ASF.

Ante esta irregularidad, la Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control en el SAT investigar el soporte y sustento de esta devolución de mil millones de pesos y, en su caso, iniciar el procedimiento para fincar responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

El informe revela que el SAT justificó esta transferencia como una permuta: en una reunión aclaratoria con los auditores, el órgano desconcentrado de Hacienda indica que a cambio de los mil millones de pesos, el 16 de noviembre de 2006 el Aduanas I aportó dos donativos por un total de 796 millones 819 mil 412 pesos.

Además de que la dependencia a cargo de Zubiría Maqueo no aportó documentación soporte sobre estas supuestas donaciones, la ASF acusa que aún cuando probara los movimientos financieros que alude, faltarían 204 millones 180 mil pesos en detrimento del erario.

Además, el máximo órgano de fiscalización en México señala que el donativo es una situación ajena a la sustracción irregular de los mil millones de pesos, cifra que representa un nuevo quebranto a las finanzas públicas. Por ello advierte que emitirá un pliego de observaciones en contra del SAT.

Otra anomalía encontrada en este caso se refiere a la solicitud de intervención del Órgano interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, mismo que resolvió fast track antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox que “no se encontraron elementos que permitan evidenciar responsabilidad administrativa con respecto del administrador general de Innovación y Calidad del SAT, por haber autorizado a la Tesofe la devolución del importe referido, de conformidad a la solicitud de Nafin”.

En el tema aduanero, el ex auditor González de Aragón dice que “lo que logramos en beneficio de la transparencia fue el inicio de la liquidación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y la constitución de dos fideicomisos públicos, el Fidemica y el FACLA. Esta fue una decisión por el camino correcto”.

Pero la transparencia del FACLA (Fideicomiso para Administrar la Contraprestación a que se refiere el Artículo 16 de la Ley Aduanera), creado a mediados de 2004 para sustituir al Aduanas I, se pone en entredicho en el propio informe de la ASF.

El amplio análisis revela la posición del SAT frente al manejo de los millonarios recursos obtenidos por el cobro del DTA: “el FACLA es un fideicomiso que, a pesar de ser público, recibe exclusivamente recursos provenientes de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, mismos que tienen el carácter de privados. Como resultado de ello, los servicios que son financiados con recursos provenientes de dicho fideicomiso, no se financian con recursos públicos.

“En ese sentido, la administración y aplicación de los recursos concentrados en el citado fideicomiso no afectan en ninguna forma la Cuenta Pública. Asimismo, las personas morales que reciben pagos del fideicomiso en cuestión, no reciben ni administran recursos públicos, por lo que los pagos efectuados no afectan en modo alguno la Cuenta Pública. Lo anterior quedó confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por sentencia del 14 de agosto de 2006, la controversia constitucional 84/2004, en la cual se determinó que las contraprestaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley Aduanera no tienen el carácter de recursos públicos”.

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04 Enero 2010 05:01:26
Irregularidades en contratos
Daniel Karam, sabe que deberá acudir a la Cámara de Diputados

El escándalo ronda a la familia presidencial. Una vez más tiene que ver con los contratos en el mercado de los servicios de software y tecnología en los que de una u otra forma están relacionados los Zavala. Desde 2008 la información en torno a las irregularidades en las que se incurrió con la asignación y ejecución de un contrato por más de 250 millones de dólares que entregó el IMSS a la empresa de origen hindú, Tata Consultancy, no ha dejado de fluir en medio de impugnaciones promovidas por las grandes firmas estadounidenses que dominaban el mercado de los servicios de tecnologías de la información.

Sin embargo, más allá de la corrupción en torno al contrato asignado a Tata Consultancy por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, a cargo de Carlos Castañeda Gómez del Campo –primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón–, el daño que sufre el IMSS estaría directamente vinculado con el deterioro estructural del organismo tripartita ante el desvío de recursos, la manipulada asignación de contratos y la imposibilidad de dirigirlos a áreas prioritarias.

El expediente ya fue presentado ante el Poder Legislativo y los responsables de vigilar la transparencia y la calidad en el ejercicio del gasto público no podrán evadir el tema. El director general del IMSS, Daniel Karam, sabe que deberá acudir a la Cámara de Diputados para comparecer sobre el contrato otorgado a Tata Consultancy y que al final incurrió en un significativo sobrecosto.

En un solo mes, en diciembre de 2008, la empresa hindú habría facturado 420 mil horas/hombre de consultoría, lo que habría exigido que más de 2 mil 625 programadores participaran en esa fase del proyecto.

Lo paradójico es que en México Tata Consultancy sólo cuenta con mil empleados. Esta es la información que los competidores de la compañía Tata, como EDS y Oracle, furiosos por haber perdido el millonario contrato, han difundido una y otra vez a través de la prensa, que hay irregularidades.

En sólo un mes Tata facturó casi 115 millones de pesos en servicios que no reportan entregables tangibles y que suponen prácticamente la inacción del personal del IMSS. Por ello, debería aclararse donde quedaron más de 100 millones de dólares en servicios informáticos pagados supuestamente al Servicio de Administración Tributaria, en un sistema que a finales del 2006 no mostraba avance alguno. La conocida plataforma informática del IMSS es uno de los grandes fracasos de la fiscalización y un lamentable ejemplo de desvío de recursos.

Sin embargo, el verdadero problema se encuentra en el daño estructural que se le ha causado al IMSS. Es un hecho que mientras se dirigieron 250 millones de dólares a servicios de asesoría tecnológica, se descuidó la inversión en instalaciones e infraestructura de detección de amenazas epidemiológicas y la formación de reservas de antivirales. Además, se debe investigar la compra de medicamentos, pues hay claros indicios de contratos amañados, desvío de recursos y pago de comisiones. Así, mientras la gestión de Juan Molinar Horcasitas aceleró la entrega de contratos, demoró, según lo documentó el ex diputado Juan Guerra, la constitución del fidecomiso que dotaría a nuestro país de un mecanismo articulador de recursos de los sectores público, social y privado para combatir amenazas epidemiológicas. Al no cumplir el mandato emitido por la autoridad competente durante 2007 y consumir buena parte del año 2008 para constituir el Fideicomiso en Investigación de la Salud, de manera discrecional la Dirección General del Instituto acudió a los servicios de la banca privada para la administración de los fondos públicos destinados a la investigación, sin que desde luego existan resultados, programas o actividades de desarrollo tecnológico en el sector.

Fue entonces cuando se asignaron y se dieron a conocer los contratos de consultoría como el celebrado con Tata, empresa extranjera que inexplicablemente presta servicios al IMSS, mediante un contrato que supera los 3 mil millones de pesos. Guerra demandó conocer los nombres, listados y nominas de tal empresa, hasta ahora desconocidos para realizar un escrupuloso escrutinio, debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplazan a mexicanos en servicios que tradicionalmente contrataba el IMSS con empresas mexicanas.

Dicha afirmación, sin embargo, tendría que comprobarse porque históricamente la Dirección de Innovación del IMSS se ha caracterizado por beneficiar a empresas extranjeras. Karam además tiene que explicar a los legisladores cómo fue que una empresa de reciente creación, sin contar con las cualidades y documentación precisada para ser calificada como postor elegible, resultó adjudicataria de un proceso de licitación de tal magnitud, permitiéndosele completar requisitos mediante una supuesta alianza con una empresa extranjera que no participó en la licitación.

Los reclamos ante la Secretaría de la Función Pública no se hicieron esperar y a pesar de que se repuso el proceso de licitación, el IMSS volvió a ratificar el contrato e inexplicablemente a permitir sobrecostos. ¿Habrá coincidido la devaluación del peso frente al dólar? ¿Los retrasos en el inicio del contrato? Las empresas de tecnologías de la información siempre tienen una excusa; sin embargo, es responsabilidad de los funcionarios públicos abogar por la mejor aplicación de los recursos de los contribuyentes. Al parecer no sucedió en este caso.

Así, la fórmula empleada para asignar el contrato a través de cotización del referente hora-hombre, es un artificio que se presta a manipulación, derivando tarde o temprano en un proceso amañado. De tal forma que se puede licitar con un precio relativamente bajo a condición de que se aumente el número de horas facturadas.

Es posible que aun contratando a un precio más bajo se termine pagando más que en otras propuestas, dado que no se estipula límite de horas, ni se auditan las horas supuestamente prestadas. La posibilidad de sobrefacturación es enorme, dado que no quedan rastros ni evidencia palpable o mensurable de las decenas de miles de horas que dice prestar el consultor, ni forma efectiva de medir los resultados, desviaciones, fallas o productos.

El grado de discrecionalidad con que cuenta el operador de los servicios que “autoriza” o “admite” a trámite el pago de multimillonarias sumas es ilimitado. Ahora bien, si se considera que el secretario de la Función Pública en el 2007 tiene y ha tenido objetivos electorales y que el director general del IMSS en esos años también ha sido funcionario electoral del partido en el gobierno, es fácil suponer la necesidad de conducirse en la revisión de éste y otros contratos en el IMSS con absoluta responsabilidad.

El contexto y antecedentes en otros países no benefició a Tata, empresa que en Chile fue sorprendida en actos ilícitos, vinculada a servicios informáticos que prestaba al Registro Civil en aquel país. Aparentemente, la empresa hindú había hecho llegar recursos a campañas no admisibles conforme a la ley, y todo ello sucedía en tiempos que coincidían con épocas electorales en nuestro país. Las empresas de origen hindú, cabe destacar, están acostumbradas a lidiar con ambientes altamente corruptos y a diferencia de las firmas de Singapur, han transigido en prácticas poco claras a cambio de obtener millonarios contratos.

Por ello, no está de más revisar cómo en tan poco tiempo, Tata se allegó de personal calificado en nuestro país, así como si el personal experto no coincide con aquel de las empresas cuestionadas que operaron durante la segunda mitad de la pasada administración en el sector energético, hablamos de Hildebrando, ya que el responsable de la contratación, Carlos Castañeda Gómez del Campo, es un servidor público que tuvo una larga carrera en el sector bancario y súbitamente se volvió experto en materia informática a finales del 2004, integrándose a Petróleos Mexicanos, paraestatal que otorgó un nutrido número de contratos a Hildebrando, aquella compañía pertenecientes a un hermano de Margarita Zavala.

Antes de convertirse en un experto en tecnología, Castañeda, según su currículo, colaboró en Casa de Bolsa Inverlat (1995-2000) y Banco Nacional de México (1980-1995), donde desempeñó los cargos de director de Análisis Bursátil, de Operación de Mercado de Capitales y de Sociedades de Inversión.

El ex diputado Juan Guerra investigó que Castañeda Gómez del Campo estuvo directamente relacionado con empresas tecnológicas al servicio de la paraestatal, cubriendo enormes sumas por servicios ajenos a su trayectoria profesional por productos relacionados a nuevos esquemas contables que hoy presentan aún inconsistencias y no se adaptan a estándares internacionales.

A principios de  esta administración, el primo hermano de Margarita Zavala se incorpora al IMSS, dejando sus quehaceres en manos de Reynaud Aveleyra, quien renunció al ser sorprendido de recibir beneficios económicos de SAP, empresa que estuvo estrechamente vinculada en Pemex y el mismo Carlos Castañeda Gómez del Campo. Ambos colaboraban a mediados del sexenio pasado en una sociedad de inversión ajena a tareas informáticas y se incorporaron a la paraestatal sin un claro currículo que los respaldara.

También es relevante constatar que el abundante personal contratado en tan corto plazo no proceda de empresas como Hildebrando, ya que los principales accionistas de ésta son parientes dentro del tercer grado del señalado Castañeda Gómez del Campo, responsable de la contratación. Los legisladores también recibieron la denuncia del despilfarro de cientos de millones de pesos en aplicaciones y servicios informáticos en el IMSS, en un sistema conocido como PREI, el cual arrojó diversas inconsistencias, faltantes y no permitió identificar puntualmente enormes cantidades cobradas por el Instituto Mexicano del Seguros Social bajo la figura de “penas convencionales e intereses moratorios”, montos que no se concentraron en la Tesorería de la Federación ni fueron seguidos por la Dirección General de Fondos y Valores Federales, quedando mas de mil millones de pesos con destino incierto. Dado que los importes referidos no son técnicamente ingresos fiscales o presupuestarios, se ha generado una perniciosa acumulación de penas convencionales que se aplican y ejercen con absoluta discrecionalidad.

Además, como sucede en el manejo de otras bases de datos como las de las Afores, custodiadas por la empresa poco investigada, Procesar, la información y el manejo operativo del IMSS no debería quedar confiada a empresas extranjeras. Es claro que Oracle y EDS tienen un competidor de cuidado en el corporativo indio de servicios de outsourcing en soluciones informáticas: Tata Consultancy Services.

En una entrevista, su director para México y Centroamérica, Ankur Prakash, dijo que la firma analiza al menos tres licitaciones del sector público en donde ofrecerán sus mejores opciones para servicios integrales de consultoría y sistema. Una de ellas fue la Cédula de Identificación. Por ahora, para cumplir sus objetivos, descarta aliarse con alguna compañía mexicana, pero no descarta una adquisición estratégica.

Antes de que Tata Consultancy Services, una de las filiales de la multinacional Tata con participación en el sector automotriz, llegara al mercado mexicano; firmas como la estadounidense Oracle y EDS mantenían una participación dominante en el mercado mexicano y en contratos como el que otorgó por varios años el Servicio de Administración Tributaria.

Hasta el 2011, si no se revoca este contrato, Tata seguirá ofreciendo al organismo tripartita para la seguridad social de los trabajadores servicios tecnológicos y de mantenimiento, además buscará nuevos contratos con el sector público, pero también en el bancario. Prakash dijo que, a pesar de la crisis financiera internacional, Tata puede ofrecer soluciones a los bancos pequeños y medianos pero a costos menores, respecto a los que ofrecen otras compañías de software. Ya vimos cómo lo hace. En el sector bancario, Tata ya mantiene contratos con los cinco bancos más grandes del sistema crediticio, pero buscará llegar a las principales franquicias bancarias sin importar el tamaño. Pero la banca mexicana desde hace muchos años se perdió y si hay contrataciones equivocadas es cosa de los privados, pero cuando hablamos del IMSS y del sector salud, más les vale a los funcionarios responsables que lo hagan bien, porque se trata de dinero público o de lo contrario el Congreso actuará.

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28 Diciembre 2009 05:01:11
La negociación secreta
Una jugada muy parecida a la del ex presidente Ernesto Zedillo

Felipe Calderón dudó en nombrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su hombre de confianza, Ernesto Cordero. En esa dependencia y en la oficina de la Presidencia de la República se corrió la versión de que el Mandatario había pensado en una maniobra con fines políticos que le permitiera al mismo tiempo mirar hacia el 2012 y cubrir el hueco que se abría con el nombramiento de Agustín Carstens en el Banco de México. Todo al mismo tiempo. Fue así como Calderón habría propuesto a José Ángel Gurría hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda ahora que el secretario general de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) tiene que dejar ese puesto en el 2011.

Una jugada muy parecida a la del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León cuando nombró a Gurría en Hacienda y logró que la economía, aun después de la crisis crediticia y del rescate del Fobaproa, creciera a una tasa cercana al 7 %, una dinámica histórica para la economía mexicana. Al mismo tiempo, Calderón buscaba adelantarse a cualquier propuesta que el PRI le hiciera a Gurría –por cierto militante de esa organización política– al presentarse las elecciones del 2012.

El problema de lo que pretendió ser una maniobra inteligente de parte de Felipe Calderón, a quien desde que llegó a la Presidencia no se le conoce una sola jugada política que le haya funcionado, fue que Gurría, quien en los últimos meses no ha hecho otra cosa en sus discursos que encontrar el ángulo positivo a los planes y propuestas del presidente Calderón, condicionó cualquier posibilidad de aceptar la propuesta panista a varios puntos, entre ellos la revisión de la política cambiaria, es decir, soltar el peso al libre juego del mercado y en consecuencia una inmediata devaluación ante el dólar, y apuntalar el crecimiento de la economía con varios sectores estratégicos.

Así, de tajo, tomar varias medidas radicales que pondrían en riesgo, de no resultar exitosa, el escaso capital político con el que aún cuenta la administración calderonista. Además, con el monetarista Carstens en el Banco de México, autónomo al menos en el papel, difícilmente podrían meter las manos en el régimen cambiario que se aplica en el país, aunque se asegure que se trata de un esquema de libre flotación.

Seguramente, desconfiado como es, Calderón sólo vio en la contrapropuesta de Gurría un caballo de Troya que amenazaba las aspiraciones del PAN de permanecer al frente del Poder Ejecutivo. La respuesta presidencial fue simplemente: “No” a las condiciones del secretario general de la OCDE. Pero José Ángel Gurría tiene otros intereses y ya se frota las manos para salir de la OCDE en 2011 y perfilarse a la Secretaría de Hacienda una vez que el PRI gane la Presidencia de la República. Economista, priísta, ex canciller y ex secretario de Hacienda, a Gurría se le reconoce que fue el único responsable de las finanzas públicas del país que logró un periodo de crecimiento superior al 6 %en más de tres décadas, aunque también es cierto que su expediente acumulado en Hacienda no está del todo limpio o, más bien, es un cochinero lo que allí dejó.

Para recordar su pasado en Hacienda, esta columna así lo documentó después de que la revista británica “The Economist” señaló que el secretario general de la OCDE había incurrido en dispendio de recursos del organismo, tuvo un manejo poco transparente, así como prácticas de nepotismo al contratar a su hija para trabajar en el órgano que hoy preside, práctica que en gobiernos mexicanos es muy común a pesar de nuestra Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, pero que en países desarrollados es muy criticada y prohibida.

De inmediato el dirigente de la OCDE aceptó que sí lo había hecho, y con cinismo respondió que estaba dentro del marco de normas que se aplican a funcionarios internacionales. La hija del ex secretario mexicano estuvo empleada en la Dirección de Educación de la OCDE y tras el aviso que recibió Gurría, y para “evitar controversias”, le pidió que renunciara. Ésa fue la explicación del directivo de ese órgano integrado por países ricos y por México.

Pero la crítica de la publicación inglesa fue más allá, y afirmó que el ex secretario de Hacienda mexicano mueve al organismo en “aguas peligrosas”, pues “los eventos internos de la organización sugieren una falta de reglas y prácticas modernas”, y cita como prueba una carta que envió la delegación canadiense el pasado 4 de abril en la que manifiesta su preocupación por la falta de una competencia transparente para llenar “ciertas vacantes”. Sin mencionar fuentes, el texto también indica que figuras de alto rango, entre ellas “embajadores de la OCDE en países del norte de Europa”, están preocupadas por el rumbo de la organización con “una figura tan exuberante” en el timón del organismo que reúne a 30 de los países más industrializados, enfocados a promover mejores prácticas de gobierno.

Agrega que sólo la restauración del departamento de 480 metros cuadrados del alto directivo de la OCDE en el barrio 16 de París, que en principio tenía un costo de 600 mil euros (casi 9 millones de pesos), terminó en 733 mil euros (casi 11 millones de pesos), más 300 mil euros que fueron desviados a otros presupuestos. Gurría se defendió y dijo que esto era una venganza y un “ataque” a su figura y un “bosquejo de una mezcla de indirectas, chismes y verdades parciales”, pues en semanas anteriores acusó a Gran Bretaña de haber incumplido “las mejores prácticas” con respecto a la transparencia en una operación de venta de aviones a Arabia Saudita; pero lo cierto es que al ex secretario de Hacienda se le olvidó que la OCDE no es un organismo público mexicano y que allá no puede actuar con tanta impunidad como lo hizo en México.

21 Diciembre 2009 04:00:17
Disputa entre las Fuerzas Armadas
» Narco mueve mil mdd en la frontera
» Tesoro persigue a los Beltrán Leyva


Aun con las victorias pírricas de la administración calderonista en contra de los cárteles de la droga, como la muerte hace unos días de Arturo Beltrán Leyva, hecho que se festina como si se hubiera terminado con los cárteles de la droga y la violencia que éstos generan en todo el país, lo cierto es que la guerra la tiene perdida el Gobierno mexicano y el clima de asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas en contra de la población civil va en aumento.

Entre los muchos motivos de esta derrota adelantada de las autoridades federales mexicanas, está que sus corporaciones militares y policiales están enfrentadas e involucrados con las bandas delincuenciales, cuya corrupción impide una verdadera batalla de exterminio del tráfico de drogas y de los narcotraficantes. Además, la estructura económica de los carteles de la droga es intocable y el dinero sucio se distribuye entre funcionarios, congresistas, jueces y magistrados, banqueros y financieros, empresarios y comerciantes, lo que permite una red de lavado de dinero muy bien aceitada.

A eso se suman las fuertes diferencias y acusaciones mutuas de corrupción y colusión con bandas delincuenciales entre los secretarios del Ejército y de la Armada, el procurador general de la República y el secretario de Seguridad Pública, lo que hace imposible un trabajo coordinado por la desconfianza entre todos.

Aún mas, la muerte de Arturo Beltrán Leyva amenaza con desatar un ajusticiamiento entre narcotraficantes, policías y funcionarios públicos, pues si hay un narcotraficante violento es Héctor Beltrán Leyva, uno de los hermanos del clan que antes pertenecía al cártel de Sinaloa y que rompió con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Parece entonces que la violencia apenas empieza y que ahora serán funcionarios de primer nivel y sus familias los que podrían ser blancos de atentados de algunos narcotraficantes que se sienten traicionados y perseguidos por el gobierno calderonista para abrirle paso a otros grupos delincuenciales. Así que si alguien piensa que esto es el principio del fin, nada más alejado que eso, pues la violencia real apenas comienza.

La violencia como marca del narcotráfico

El clima de violencia y los enfrentamientos entre el Gobierno mexicano y las organizaciones criminales que encabezan la guerra por el control de los territorios del narcotráfico ya tiene números. Una estimación de los analistas de la organización World-Check, dedicada a desarrollar inteligencia contra el crimen organizado en el mundo, señala que las autoridades estadounidenses en el servicio de Aduanas y Migración, habrían descubierto en la frontera entre México y Estados Unidos al menos el movimiento de mil millones de dólares, tomando en cuenta que entre marzo y septiembre de 2009 sólo se han incautado 40 millones, lo que fácilmente duplica la cantidad reportada oficialmente el año pasado.

Los analistas de World-Check aseguran que este monto sólo es una pequeña muestra de las cantidades reales que está retirando el Departamento de Aduanas de Estados Unidos y que el traslado de valores fácilmente podría llegar a los mil millones de dólares, si se toma en cuenta el creciente movimiento registrado en efectivo a través de casas de cambio y centros cambiarios. Por ello, las autoridades de ambos países aumentaron la alerta en la frontera entre México y Estados Unidos para investigar el dinero sucio por el tráfico de drogas.

En junio pasado, el reporte al cierre del año fiscal 2009 de John T. Morton, responsable del U.S: Inmigration and Customs Enforcement (ICE), declaró que en México la violencia se presentaba como una clara amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Para el Gobierno de ese país la batalla que libra México contra los cárteles del narcotráfico en su territorio está directamente relacionada con el flujo de drogas en sus calles. Las drogas ilegales, el flujo de dinero y el trafico de armas a través de la frontera norte está vinculando, dice ICE, a los intereses de ambos gobiernos en la lucha contra este flagelo.

La violencia a lo largo de la frontera exige de Estados Unidos un esfuerzo multifacético. Así lo declaró recientemente la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Es claro, por lo tanto, que la guerra que dirige la administración de Felipe Calderón contra el narcotráfico está directamente relacionada con las decisiones que se toman desde Washington y que exigieron en marzo de 2009 mayores recursos presupuestales de ese gobierno para cada una de las entidades creadas en ese país para combatir a las bandas criminales, sin que esos recursos formen parte del Plan Mérida.

Por ejemplo, para 2010 los recursos asignados por el Congreso de EU al ICE deberían contar con 70 millones de dólares adicionales para sostener la operación de 349 agentes con posiciones estratégicas en la frontera y fortalecer las funciones de la llamada Border Violence Intelligence Cell en El Paso, Texas, por sólo mencionar una de las nuevas entidades creadas para contrarrestar el avance de las organizaciones mexicanas ligadas con la delincuencia en Estados Unidos.

Desde junio de 2008, cuando se iniciaron diferentes operativos con la Operación Armas Cruzadas, el personal de ICE ha incautado más de mil 600 armas, más de 6.4 millones de dólares, 182 mil 668 cartuchos de municiones, el arresto de 395 personas con cargos criminales que concluyó con 124 juicios y 74 sentencias.

Una de las operaciones más significativas se dio precisamente en El Paso, Texas, y permitió incautar armas con un valor de al menos 500 mil dólares. Sin embargo, el mayor énfasis de la lucha es con la detección de los canales de financiamiento y circulación de efectivo de los cárteles.

Con el nombre de Operación Firewall, los gobiernos de México y Estados Unidos contabilizan entre sus logros la incautación de 7.8 millones de dólares que se descubrieron en el aeropuerto de la ciudad de México, escondidos en freidoras, asadores y reguladores de voltaje, y que se transportaban en la ruta del cártel de Calí. Así, desde 2005 la Operación Firewall ha resultado en 475 arrestos y el decomiso de 210 millones de dólares, incluyendo 65 millones en operaciones del extranjero.

La Fuerza de Seguridad Fronteriza (BEST) se ha destacado, según el ICE, como uno de los mayores logros en la coordinación entre ambos países: los arrestos criminales suman 2 mil 238; los arrestos administrativos 2 mil 924, mil 14 investigaciones y 846 condenas. Además, se han incautado aproximadamente 9 mil libras de cocaína; 179 mil 739 libras de mariguana, 702 kilos de metanfetamina, 99 kilos de anfetaminas, mil 161 kilos de éxtasis, 243 kilos de heroína, 97 kilos de hachís, 22 kilos de opio, 2 mil 75 armas, 820 vehículos, siete propiedades y 24.7 millones de dólares, más instrumentos financieros.

Como parte de la cooperación con el Gobierno mexicano, las autoridades de Estados Unidos se han dado a la tarea de identificar, además de los mecanismos para movilizar efectivo y armas, las principales rutas que están utilizando los cárteles de la droga. El fenómeno de la migración ilegal, por lo tanto, se analiza constantemente para identificar el movimiento de drogas vinculado con la llegada de ilegales al territorio estadounidense. ICE reconoce que la lucha contra las redes transnacionales de tráfico de indocumentados no termina con la detención y condena de los traficantes.

De hecho, la agencia ha descubierto los vínculos entre los contrabandistas que traen a extranjeros ilegales en el país, y las personas y organizaciones que ayudan a los mexicanos a obtener beneficios a través del fraude y el traslado de droga.

Pero la cooperación entre México y Estados Unidos también confirmó la vinculación entre el narcotráfico y la élite de las organizaciones policiales mexicanas. En abril pasado, ICE informó a través de su página de Internet que procedería a la repatriación de dos agentes federales mexicanos que habían estado en custodia de Estados Unidos desde el año pasado, por cargos estatales después de que fueron descubiertos en una residencia en Los Ángeles, área con más de 600 mil dólares en casos de sospecha de dinero de la droga.

Carlos Alberto Cedano Filippini, de 35 años, un ex comandante de la Agencia Federal de Investigaciones de México (AFI), y otro agente Víctor Manuel Juárez Cruz, de 36 años, fueron entregados por el ICE a los representantes de la Procuraduría General de la República. La repatriación se produce a menos de una semana después de que los dos antiguos miembros de la élite de la agencia federal de México iniciaran cargos en contra de ellos, resultado de una investigación que involucró a la DEA y al Departamento de Policía de Los Ángeles. Cuando fueron detenidos en 2008, el Gobierno mexicano negó una y otra vez que Cedano Filippini estuviera adscrito a la AFI en Mexicali; sin embargo, al final se reconoció que fue en julio del año pasado cuando se le dio de baja por no presentarse a trabar después de varios oficios.
14 Diciembre 2009 05:03:46
La nueva geografía de la violencia
» Informe del estadounidense Stratfor
» Advierte el avance del narcotráfico

En territorio mexicano se vive una guerra sin cuartel, pero como dice el think tank estadounidense Stratfor Global Intelligence, no sólo se trata de la batalla que ha querido librar y que lleva perdida desde que inició el gobierno de Felipe Calderón contra los grupos que controlan el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Los expertos de ese grupo de análisis estadounidense, a los cuales sí hace caso Calderón por tratarse de estudiosos del vecino país, aseguran que en México se desarrollan dos guerras de los cárteles de la droga: la lucha del Gobierno mexicano por someterlos y la batalla entre las propias organizaciones por conquistar cada territorio disponible -sobre todo, por las rutas más rentables- que deja el Ejército Mexicano cada vez que avanza y arremete contra algún grupo delincuencial.

El amplio análisis de los expertos de Stratfor considera que desde 2006 la iniciativa de Calderón ha debilitado y fragmentado a los principales cárteles de la droga. Sin embargo, este avance ha establecido nuevos balances de poder entre los cárteles, lo que ha dado como resultado un incremento en los niveles de violencia y una fragmentación peligrosa en donde al cortar una cabeza, aparecen 10 más. En 2010, prevé el informe estadounidense, el rostro del crimen y el narcotráfico en México será otro.

En ese contexto el debate sobre la participación del Ejército en la lucha contra el tráfico de drogas y las bandas del crimen organizado tendría que revisarse para conocer los resultados reales de dicha estrategia, pues hasta ahora el saldo es negativo ante las miles de víctimas, delincuentes, policías y civiles, que ha dejado esta guerra que se libra en las calles del país.

Nunca un presidente mexicano había involucrado al Ejército en tal nivel en contra del narcotráfico, lo que le ha generado corrupción en las fuerzas castrenses, graves violaciones a los derechos humanos de la población por parte de las fuerzas castrenses y deserciones masivas de soldados que se pasan al bando contrario y son la fuerza real del crimen organizado.

Más de 35 mil militares han sido enviados a las zonas que registran los mayores niveles de violencia y presencia del narcotráfico. Hoy, advierte el informe Stratfor, Felipe Calderón tendría que replantearse el balance de logros y perjuicios sobre la población civil. Las muertes que acumula esta guerra contra el narcotráfico ascienden a casi 7 mil 300, mientras que sólo en 2008 fueron 5 mil 700, un incremento de más del 30 por ciento, según el documento, aunque de acuerdo con cifras oficiales mexicanas el número de muertes es mucho mayor.

Sin embargo, también es cierto que hay factores que siguen presentes y que impulsaron la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico: la corrupción de las organizaciones policiacas, lo que ha obligado a que el Ejército se haga cargo de conducir las patrullas de seguridad y de los retenes para revisión en carreteras, en donde la población civil definitivamente es vulnerable ante eventuales violaciones a los derechos humanos.

Así, la solución en la guerra contra el narcotráfico que Calderón ha calificado como temporal se está convirtiendo en un problema grave para la población sin que, hasta el momento, se presente una solución de fondo y asegure que verdaderamente esta batalla sea una opción.

Si bien hasta 2008 la geografía de la violencia permanecía sin cambios, en 2009 comenzó a transformarse: Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Baja California fueron los estados más violentos en 2009, y así se mantendrán al término del gobierno de Felipe Calderón. En Chihuahua se calcula que las muertes sumaron más de 3 mil 200, y sólo Ciudad Juárez contribuyó con 2 mil 100 decesos, porque aquí se libra una de las guerras intra cárteles más violenta: la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez.

En 2009, señala el informe estadounidense, los altos niveles de violencia también regresaron a Michoacán y Guerrero ante la expansión y el incremento de las actividades de la organización conocida como La Familia, que lanzó numerosos ataques contra el Ejército. Los enfrentamientos estuvieron frecuentemente asociados con las estrategias de persecución de la milicia mexicana para capturar a miembros de esa banda criminal.

Así, mientras las fuerzas armadas y policiacas de México no han tenido grandes resultados en debilitar y dividir a varios de los cárteles más poderosos, el logro de esta guerra contra el narcotráfico ha sido su polarización consolidada y el incremento de la violencia, porque no están dispuestos a perder su territorio a manos de otra organización delincuencial. Es un hecho, dice Stratfor, que el único momento en el que ha disminuido la violencia, es cuando los dirigentes de los cárteles consideran que cuentan con estabilidad y equilibrio en la operación de sus territorios; es también casualmente cuando las acciones del Gobierno no amenazan sus operaciones. De esta forma, es previsible, y así lo ven desde Washington, que los mexicanos sigan observando un incremento en los niveles de violencia debido a la competencia que se agudizará durante 2010.

La Familia, dice Stratfor, ha ganado una gran atención de la prensa durante los últimos años, después de que el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, la calificó como la organización más violenta. Su estrategia ha sido generar el temor a partir de sus ataques consistentes a las fuerzas del Gobierno, incluyendo a militares.

Sin embargo, a pesar de que su imagen ha crecido ante los medios, permanece como una organización pequeña y geográficamente ubicada en pocos territorios de Michoacán, aunque también cuenta con una franquicia pero con influencia limitada en Guerrero, Guanajuato y Estado de México, así como Jalisco y Querétaro. El grado con el que se comunican y operan, sin embargo, resulta incierto. Además, es claro que aún no cuentan con acceso directo a la frontera con Estados Unidos.
07 Diciembre 2009 04:00:57
El despacho González de Aragón
Ahora, la pregunta es quién auditará al auditor saliente

El todavía auditor superior de la Federación finalmente entendió que el clima en el Congreso le era adverso para intentar continuar en el cargo después de ocho años. Arturo González de Aragón había cabildeado entre políticos, periodistas, académicos y algunos burócratas calderonistas para permanecer al frente de la Auditoría, pero su pasado, que pocos conocen, lo traicionó y lo llevó a desistir de su perversión.

Como colofón de su fracaso han utilizado micrófonos y grabadoras de medios de comunicación para lavar su imagen mediante acusaciones de corrupción en el Gobierno federal, que nunca combatió con la misma vehemencia con que intentó mantenerse al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

González de Aragón dijo en su carta de renuncia: “La Auditoría Superior de la Federación no debe ser una más de las instituciones que se deterioran, como ha sido el caso de muchas otras”, y advirtió que “se deberá tener especial cuidado en la elección del auditor que fungirá para el periodo 2010-2017, para lo cual deberá garantizarse que la persona elegida no provenga de partido político alguno y no tenga conflictos de intereses, pues de otra manera será difícil garantizar la neutralidad en la actuación de la ASF, y por lo mismo perder la credibilidad y confianza que ha ganado de los ciudadanos”.

Entre sus logros, el auditor asegura que desmanteló la red de corrupción que se tejió alrededor de la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y los fideicomisos creados por el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para desviar miles de millones de dólares, lo cual es falso, pues esta investigación la hicieron en la Secretaría de la Función Pública y González de Aragón del monto al final en la operación para señalar irregularidades en las operaciones. También afirma que, gracias a las gestiones de la ASF, el erario logró recuperar miles de millones de pesos relacionados con el rescate bancario. Falso esto último, porque siempre utilizó cifras de cuantiosas recuperaciones que nunca pudo probar.

Con esos argumentos, el auditor decía que su gestión de combatir la corrupción le había generado muchos enemigos en todos los frentes políticos: en el PAN, en los círculos de los poderes fácticos ligados al PRI y hasta en el PRD. El motivo es que fueron legisladores de esos tres partidos los que buscaron demostrar que González de Aragón incurrió en serios conflictos de interés, en omisiones dolosas y en complicidades con la administración de Vicente Fox, a quien el auditor siempre protegió junto con su familia política.

Pero ahora, con su renuncia, González de Aragón no quiso someterse a la decisión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre su reelección, porque seguramente sería negativa y saldrían a la luz pública las operaciones irregulares y negligencias en las que incurrió el citado contador público, como fue el hecho de recibir millones de pesos de la llamada partida secreta que se operaba discrecionalmente desde Los Pinos, o su relación con Marta Sahagún para proteger a los hermanos Bribiesca.

Por Ley, González de Aragón tendría derecho a someterse a un segundo periodo que expiraría en 2016, pero el Congreso le impidió que esto fuera de facto y debía someterse al escrutinio de los legisladores, lo cual rechazó por saber que allí no tendría posibilidades ante verdaderos expertos en la materia como son Juan Felipe Calderón Montelongo, Mónica Barrera y Enrique del Val, entre otros 40 más.

Al declararse vencido con la intención de pasar a la historia como un hombre perseguido por los poderes fácticos y políticos del país y no como un funcionario que no dejó pasar la oportunidad de hacer negocios –a través de sus hijos– al amparo del poder. De haberse sometido a un proceso de reelección, además es casi seguro que González de Aragón no habría salido victorioso porque los legisladores hubieran revisado sus cuentas y labor de fiscalización. El auditor hubiera tenido que presentar paso a paso un plan de trabajo que justificara su reelección.

Ahora que González de Aragón decidió desistir, la Comisión de Vigilancia de la ASF tendrá que revisar entre decenas y decenas de aspirantes al cargo promovidos por los partidos políticos que, en teoría, tendrían que mantener las manos fuera del proceso, porque la elección del titular de la ASF debe ser, eminentemente, un cargo ciudadano. Sin embargo, nos guste o no, el proceso de quién será el principal revisor de las cuentas públicas, se ha partidizado y cada vez se aleja más de su objetivo básico.

La ASF es una institución que fue diseñada para que el Poder Legislativo ejerciera sus facultades de fiscalización sobre el gasto público (la única que hay en el país), y por ello está restringida al principio de la anualidad y de la posterioridad. Su responsabilidad primordial es evaluar si se cumplió el mandato de la Ley de Presupuesto. Por ello es tan importante que el titular de la ASF cumpla en tiempo y forma con su responsabilidad sin dejarse someter a presiones políticas o intereses privados.

Sin embargo, en los últimos ocho años se gestó una falsa idea de que la ASF era un órgano construido para perseguir o ejercer acciones punitivas contra funcionarios corruptos. En realidad, el responsable de la ASF hubiera cumplido con creces su función si se hubiera dedicado exclusivamente a evaluar si el Ejecutivo y otras entidades del Estado cumplen con lo establecido en el Presupuesto.

Si se confirmara que González de Aragón utilizó el despacho de sus hijos para cerrar contratos con la administración pública, entonces estaremos al frente de un hombre que quiso hacer creer a la opinión pública que se erigió como el perseguidor de funcionarios corruptos, pero que fue omiso en aquellos casos en los que escondía un claro interés. Ahora, la pregunta es quién auditará al auditor saliente.

16 Noviembre 2009 04:00:21
Cinismo panista
La opinión general que tiene la población es que todos los políticos son corruptos

El cinismo de los panistas va en aumento. Hace unos días uno de los amigos y promotores de Felipe Calderón, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, minimizó el espionaje que empleados de la oficina de prensa de esa Cámara realizan en contra de reporteros que cubren las labores legislativas, y para contrarrestar la queja de los periodistas, el ex secretario de Gobernación los acusó de recibir sobornos, “chayos”, y les advirtió que va a poner orden y que no va a permitir que se den más embutes a los comunicadores. La acusación fue así, general, como la opinión también general que tiene la población de que todos los políticos son corruptos.

Otra muestra del cinismo panista, éste sí con pruebas, es el abuso gubernamental sobre el manejo discrecional de recursos públicos para premiar o castigar a medios de comunicación como un mecanismo de control. Un amplio reportaje de Mayela Sánchez en la revista “Contralínea”, da cuenta de cómo el año pasado el Gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad, de los cuales alrededor del 60 por ciento sólo se destinó a medios electrónicos, es decir 2 mil 731 millones de pesos.

Es más, por instrucciones de la oficina de prensa de Los Pinos, se dio la orden de ampliar el veto publicitario a todas las revistas, cuando sólo en 2008 el Gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad.

El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda. La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del Gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos. Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del Gobierno federal han gastado en publicidad, no hay una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación.

Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación. De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.

Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radio fórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.

Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.

Los dilemas de Pemex

En Petróleos Mexicanos los cambios en puestos clave de la empresa no sólo están relacionados con la presencia y control de grupos de poder político. Este año la paraestatal tendrá que enfrentar importantes retos en materia financiera y en el refinanciamiento de sus deudas. La presencia del financiero Juan José Suárez Copel no es gratuita. Durante el tercer trimestre del año Pemex realizó varias emisiones de bonos en los mercados internacionales; también comenzó la desaparición de Pidiregas y su intercambio por certificados bursátiles para su depósito en un fideicomiso.

También, de acuerdo con información de primer nivel en el sector bursátil, Pemex comenzó los trámites para la emisión de los bonos ciudadanos que fueron aprobados en 2008 como parte de la nueva Ley Reglamentaria de la paraestatal. Desde que fueron concebidos los bonos ciudadanos causaron una gran inquietud entre la opinión pública que los consideraba una amenaza para la propiedad de la paraestatal.

El gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, se adelantó a informar que se trataría de emisiones de deuda no de capital –nada diferente de las que ya se realizan ante la Bolsa Mexicana de Valores–, pero que en esta ocasión podrían ser adquiridas por cualquier mexicano. En pocas palabras la intención sería lograr que la paraestatal pudiera financiarse principalmente en el mercado interno y que sean los mexicanos de a pie y no sólo los grandes inversionistas o los gobernadores los que puedan beneficiarse de las fluctuaciones en el mercado petrolero.

Sin embargo, una idea cruzó por la mente de los financieros de Pemex y trajo a colación un debate en otro terreno que tendrán que enfrentar tarde o temprano las autoridades bursátiles del país. Si la promesa de los bonos ciudadanos es ofrecer a los inversionistas un componente de inversión garantizada y otro que refleje el comportamiento de Pemex, entonces porque no elegir un instrumento que está de moda en los círculos bursátiles.

Se trata de los llamados Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) que, precisamente, se diseñaron para que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pudieran invertir los ahorros de millones de mexicanos que este año ya acumulan recursos por más de un billón de pesos. Es que los CKD, precisamente, exhiben en su estructura un bono cupón cero que garantiza a las Afores al menos el rendimiento que otorgaría, por ejemplo, un Cete. Sin embargo, el resto del instrumento representa las inversiones en empresas que prometen ofrecer mayores rendimientos.
09 Noviembre 2009 04:00:58
Procampo: la familia beneficiada
A Calderón le quedan pocos aliados. Los que lo han abandonado son poderes fácticos

Sumido en la desesperación y el fastidio, como le ocurrió a Vicente Fox desde el primer día que asumió la Presidencia de la Repúbica, a Felipe Calderón le quedan pocos aliados. Los que lo han abandonado son poderes fácticos: uno, los ricos de este país, a quienes acusó de pagar apenas 1.7 por ciento de impuestos, mientras que al resto de mexicanos pobres, que ya suman 80 millones de personas, las dos terceras partes de la población, el fisco los persigue y les cobra cuotas hasta la asfixia; el otro poder en rebeldía son los medios electrónicos, con los cuales el Presidente tuvo diferencias serias, principalmente con los dueños de las dos televisoras más poderosas. Un tercer grupo que está en desacuerdo con el Mandatario pertenece a su mismo partido político. Se trata de varios panistas que están preocupados y molestos porque a tres años de asumir el poder, el gabinete bisoño sigue sin funcionar y en lugar de resolver problemas los agrava y genera nuevos.

Un cuarto grupo de poder son las fuerzas armadas que, aunque siempre fieles al jefe del Ejecutivo, más a fuerzas que por gusto, hay también militares muy molestos por el papel de policías que su jefe máximo los ha obligado a asumir, con las consecuentes críticas y violaciones a los derechos humanos.

En esas estamos, cuando en medio del fastidio presidencial, un torpe subsecretario de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones Jones, lanzó un exabrupto a los campesinos mexicanos, a quienes recomendó aprender del modelo de mercado de los narcotraficantes, es decir una apología del principal enemigo del país, según lo declarado por Calderón, y sin más, el Presidente ordenó, para saciar su ira, cesar al funcionario mexicano con nombre gringo.

El responsable de cumplir la orden presidencial fue el secretario Francisco Mayorga, encargado de atender la producción agropecuaria y proteger a los campesinos de este país, pero como escribimos aquí hace unas semanas, resulta que el mismo Mayorga debería de correr la misma suerte que su subsecretario Jones Jones, pues no sólo se trata de sancionar a quien hace declaraciones estúpidas, sino a quien abusa del poder, trafica con influencias o desvía recursos públicos, o acaso señor Presidente esto no es más grave que lo declarado por quien hasta hace unos días era subsecretario de la Sagarpa.

Una investigación de la reportera Érika Ramírez dio cuenta puntual en “Contralínea” de cómo entre 2000 y 2008, dos empresas del secretario Francisco Mayorga recibieron “apoyos” económicos de la misma Secretaría de Agricultura que presiden, así como de la Secretaría de Economía y del Conacyt.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha sido beneficiado con casi 3 millones de pesos mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el Gobierno federal. Más del 60 por ciento de los recursos le fue transferido cuando se desempeñaba como servidor público en la administración de Vicente Fox. Las dos empresas receptoras de los recursos son Industrias Melder y Semillas Caloro.

Este hecho irregular, que es sancionado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es motivo suficiente para que el Presidente separe de su cargo al secretario de Agricultura, pero hasta el momento ha preferido renunciar a un subsecretario que sólo hizo declaraciones estúpidas.

Recursos de Procampo a secretario

Por si el Presidente de la República necesitara más evidencias de las irregularidades que hay en la Secretaría de Agricultura, nuevamente la reportera Erika Ramírez descubrió que el mismo secretario Francisco Javier Mayorga Castañeda, su hermana Luz Teresa y su padre Salvador Arturo Mayorga Cameros recibieron más de 14 millones de pesos del programa creado para dar apoyos económicos a campesinos pobres, ejidatarios y pequeños productores en todo el país, denominado Procampo.

Ese dinero público –supuestamente destinado a campesinos pobres– le fue entregado a la familia Mayorga durante el sexenio foxista, cuando el ahora titular de la Sagarpa era funcionario de la misma. Ello, a pesar de que el artículo 6 de las Reglas de Operación de la dependencia es contundente: “Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas los servidores públicos de la Secretaría”; tampoco sus familiares hasta el cuarto grado. Mayorga, además, fue contratado por adjudicación directa como “asesor” en 2007 y 2008. Sus “servicios” costaron a Agricultura más de 1 millón 500 mil pesos.

La excelente investigación periodística de Érika Ramírez da cuenta de cómo ese secretario de Estado además de servidor público es “agroempresario”, “asesor” y “campesino”. Es bajo estos diversos oficios como el actual titular de la Sagarpa obtuvo beneficios del erario por 13 millones 923 mil 506 pesos, a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el gobierno anterior.

Mayorga Castañeda, quien está obligado a cumplir las Reglas de Operación de la Sagarpa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, permanece inscrito en el padrón de beneficiarios de los programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Además, ha obtenido contratos por adjudicación directa de la misma Secretaría que encabeza.

Situado entre los principales beneficiarios del Procampo en Jalisco –de donde es oriundo–, de 2000 a 2008 recibió en total 507 mil 573 pesos. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron otorgados en su dualidad de funcionario y “campesino”.
02 Noviembre 2009 04:02:25
Las incongruencias de Felipe Calderón
El supuesto enfrentamiento con los hombres del dinero en México no fue tal

El discurso de Felipe Calderón contra los empresarios sólo tuvo una clara intención política y mediática. En los hechos, en el terreno legislativo, PAN, PRI y el Partido Verde hicieron lo que les señalaba su naturaleza: traicionar a la mayoría de la población y cumplir con los compromisos acordados con la clase empresarial.

El supuesto enfrentamiento con los hombres del dinero en México no fue tal y sí una gran farsa para distraer a la opinión pública de la verdadera amenaza: la paralización de la economía a causa de una oleada de impuestos que se dirigen a incrementar el gravamen a las clases bajas y medias, mientras los empresarios, los amigos de influyentes y políticos, podrán, como cada año, volver a defenderse a través de prestigiados despachos de abogados y fiscalistas, casi siempre ligados con los círculos del poder político.

Este año, sin embargo, las consecuencias podrían ser mucho más graves: la economía enfrenta el estancamiento de la producción petrolera. Sin bien es cierto que se espera un incremento en los precios del petróleo, bajo las circunstancias actuales de la petrolización de la economía, la recuperación será mucho más lenta y complicada.

Por eso este fin de semana, en medio de un puente por el Día de Muertos y sin la presión de los medios de comunicación, los legisladores aprobaron el aumento del IVA de 15 a 16 por ciento; el incremento del ISR a 30 por ciento para empresas y salarios mayores de 32 mil pesos y un aumento para el Impuesto para los Depósitos en efectivo de 3 por ciento para operaciones superiores a 15 mil pesos pesos mensuales. Así, en la madrugada del 31 de octubre se perpetró, en la oscuridad de la noche, el pacto entre el PAN, el PVEM y el PRI al votar con 338 votos en favor, 101 sufragios en contra y cinco abastenciones la Ley de Ingresos para 2010.

Los senadores devolvieron así a los diputados el entuerto fiscal que sólo tuvo un objetivo: garantizar que no se tocaran los privilegios de siempre y, por supuesto, que los gobernadores recibian más del 35 por ciento del total de los ingresos presupuestales.

Así, gracias al eficaz cabildeo que realizan año con año las empresas cigarreras, en la madrugada del sábado se analizaban los impuestos a los cigarros, después de que durante los últimos años y gracias al acuerdo con el gobierno de Vicente Fox a través de Julio Frenk, este sector gozó de grandes privilegios como el mantener congelado el cobro de impuestos a cambio de destinar un porcentaje del incremento de sus precios a un fondo para el tratamiento de enfermedades graves entre la población mexicana, como el cáncer de pulmón, por sólo citar un ejemplo.

Ahora las empresas cigarreras tendrían que contribuir al fisco hasta dos pesos por cada cajetilla.

Sin embargo, el tema que las cigarreras consideraron una ofensa, seguía analizándose el pasado fin de semana. Pero la decisión que confirma que el pleito de Calderón con los empresarios no fue en serio, es la flexibilización de los pagos retroactivos del ISR para las empresas, el famoso expediente oculto de la consolidación fiscal que ha permitido durante muchos años que los grandes corporativos del país reduzcan el pago de impuestos al reportar pérdidas de sus subsidiarias.

En un principio la Secretaría de Hacienda había propuesto que el próximo año los empresarios beneficiados por esta ley cubrieran hasta el 40 por ciento de sus adeudos, mientras que en los siguientes años el pago sería de 15 por ciento, lo que generó que empresarios como Dionisio Garza del Grupo Alfa o los jerarcas del Grupo Bimbo, la familia Servitje, se hicieran presentes para reclamar, una vez más, que el gobierno está eliminando la competitividad de la economía mexicana.

Ahora, los empresarios tendrán, otra vez, cinco años para cubrir con sus pasivos derivados del régimen de consolidación fiscal: en 2010 tendrán que pagar 35 por ciento; en 2011 el 25; en 2011 el 25; en 2012 el 20 por ciento y sólo 15 entre 2013 y 2014. Sobre este punto no hubo debate alguno, hecho que mereció el reproche de los legisladores del PRD y el PT.

Todo fue una gran farsa: el pleito con los empresarios y la supuesta temporalidad del IVA en 16 por ciento, un gran sofisma, porque cada año se revisan los impuestos.

De engaño en engaño, el gobierno del presidente Felipe Calderón pretendió salvar para el 2012 los votos de la clase popular, y con el su gobierno y la permanencia del PAN en el poder; quiso salvar los votos que acompañaron a López Obrador en 2006. El problema es que su apuesta es muy riesgosa. El supuesto impuesto a los pobres, por ejemplo, nació muerto. Ahora se tendrá que conformar con los 30 mil millones de pesos que le dio el PRI y no con los 70 mil millones de pesos que pretendía recaudar con el gravamen para beneficiar supuestamente a las clases desprotegidas del país.

Fue a Calderón a quien se le ocurrió etiquetar el 2 por ciento adicional (al IVA, por supuesto) como un el impuesto para los pobres. Después al confrontar a los empresarios públicamente con información que casualmente se parece mucho a las añejas críticas hechas por Andrés Manuel López Obrador.

El problema, otra vez, son las mentiras gubernamentales y los empresarios estuvieron de acuerdo con ellas. El supuesto pago de impuestos de menos del 2 por ciento se estimó no de los ingresos del sector empresarial aludido y tampoco de las utilidades. Una manipulación más. Pero políticamente para Calderón era muy atractivo atacar a los ricos para después ofrecerles en San Lázaro una zanahoria: la retroactividad no pasará, simplemente porque es inconstitucional y porque se violaron leyes previamente aprobadas.

Los perdones fiscales Carstens

Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sube los impuestos a la población con menores ingresos, reconoce haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos de julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006.

Es decir, las autoridades han venido, como siempre, utilizando su discrecionalidad para administrar un sistema fiscal corrupto y que no se utiliza para sacar adelante a la economía sino para dividir privilegios.

Los empresarios privilegiados por la SHCP no se acogieron a ningún programa oficial, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens Carstens, ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

Diputados y senadores de las comisiones de Hacienda nunca supieron de estos litigios, y como siempre tampoco saben de la existencia de la facultad del secretario de sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal.

En respuesta a la solicitud de información 0000600143908 –presentada por la revista Fortuna a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)–, la SHCP reconoce que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales.

Sin embargo, la Secretaría declinó informar los montos de las irregularidades descubiertas. Adujo “inexistencia” de la información solicitada.

El primer sobreseimiento de expediente abierto por fraude fiscal tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004. El segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso databa del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas l 2 de julio de 2003. El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007.

Involucraba una sola causa penal que databa del 11 de septiembre de 2006. Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de
26 Octubre 2009 02:00:22
Mucho ruido y pocas nueces
González de Aragón se enfrenta una vez más con su pasado

Comenzó la cuenta regresiva y será en diciembre próximo cuando los diputados que integran la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación decidan si Arturo González de Aragón cumple con los requisitos para poder reelegirse, una vez más, en el cargo, luego de ocho años de resultados cuestionables y auditorías interesadas.

En junio pasado, sin embargo, el diputado por Convergencia de la anterior legislatura, José Luis Varela Laguna, resultó un poco más severo al referirse a la gestión de la ASF: “Mucho ruido y pocas nueves”. A juicio de Varela Laguna, la Auditoría se ha dedicado a ofrecer información que resulta espectacular a los ojos de los medios de comunicación, pero que ha fallado en realidad para obtener resultados positivos ante juzgados que sancionen a servidores públicos responsables de la comisión de actos de corrupción, negligencia y desvío de recursos públicos en el ejercicio del presupuesto público.

En su intento por mantenerse en el poder, en momentos en que ha desaparecido la Secretaría de la Función Pública y que la ASF se erige como el único órgano capaz de auditar e investigar con independencia a toda la administración pública, González de Aragón se enfrenta una vez más con su pasado: el despacho de contadores que atienden sus hijos, en donde el principal cliente ha sido el Gobierno federal, sigue presente en los pendientes de algunos legisladores que miran con desconfianza dicha gestión empresarial.

El auditor ha sido investigado, a raíz de una acusación originada entre los legisladores del PAN, por el claro conflicto de interés que enfrenta; sin embargo, González de Aragón tiene clara su respuesta: al llegar al máximo órgano de control y vigilancia del Poder Legislativo cedió a sus hijos la participación principal que mantenía en el despacho González de Aragón y Asociados, y con ello cree haber solucionado el problema. Es más, asegura, después de participar en un gobierno local no tenía ningún interés en volverse a vincular en un cargo público, porque su negocio personal iba viento en popa.

Pero él sostiene que fue su experiencia dentro y fuera del Gobierno la que lo ubicó en el camino de la ASF: ¿Cuántas personas, cuantos contadores “independientes” contaban con esa experiencia y conocimiento”. Muy pocos, reflexiona el mismo González de Aragón a la menor provocación cuando es cuestionado sobre el incómodo capítulo. Dicho lo anterior, este auditor está convencido que ha sido el resultado de las investigaciones de la ASF y los intereses de corrupción que ha afectado lo que hoy lo coloca en el ojo del huracán.

En la página de Internet de la ASF, el responsable de ese organismo se adelanta a sus críticos y se justifica: “Como cada año, los ataques se instrumentan después de conocerse públicamente los informes (de la ASF) y esta vez no podía ser la excepción”.

González de Aragón recuerda que el 31 de mayo de 2006, el secretario de la Función Pública rechazó que el auditor Superior de la Federación hubiera incurrido en conflicto de intereses por el hecho de que el despacho contable de sus hijos hubiese obtenido contratos del Gobierno federal y en especial, por cierto, de la misma Secretaría de la Función Pública. Cómo esperaban entonces que dicha secretaría de Estado se pronunciara en contra si ella misma había contratado al despacho investigado.

Con esta afirmación, sin embargo, los críticos de González de Aragón, no de la institución y sus logros, se preguntan si acaso la Función Pública y sus titulares no han incurrido también en conflictos de interé al reconocer que han otorgado contratos al despacho de los González de Aragón y, acto seguido, exculpan al auditor Superior de la Federación.

Aquí parece estar la clave: González de Aragón ha mezclado consistentemente su conflicto personal con su gestión al frente de la ASF. De esa forma, ha encontrado un aparente móvil de “sus enemigos” para atacarlo porque, asegura, ha tocado grandes intereses. Eso es un hecho, nadie puede negar que el poder del Estado se ha hecho sentir contra él cuando la ASF retomó e hizo suyas las denuncias de esta columna sobre el robo a la nación que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, perpetraba a través de la empresa ISOSA y los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II.

En corto, González de Aragón reconoce a dos grandes afectados de la actuación de la ASF: el ex secretario Francisco Gil Díaz y los banqueros afectados por las observaciones hechas al rescate a través del Fobaproa y del IPAB. Ellos son sus enemigos, dice ufano el funcionario público. Pero lo que no quiere recordar el auditor es cómo desde su cargo protegió y encubrió los abusos de los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes utilizaron el poder de Los Pinos para traficar influencias en entidades públicas y beneficiarse con comisiones y contratos. A ellos nunca los tocó por el acuerdo que tenía con la familia de Fox.

Sin embargo, no tiene porque confundirse con los conflictos reales del auditor, quien ha dicho, según relatan interlocutores y confidentes de González de Aragón: ¿Qué quieren, qué mis hijos desaparezcan? No puedo, dice. Ellos, agrega, son también especialistas en auditar a entidades del Gobierno federal.
19 Octubre 2009 03:00:35
Regañan a Francisco Mayorga
Pensaba que se trataba de una reunión más

Por la red telefónica privada el nuevo secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, recibió la llamada de la secretaría particular de la Presidencia de la República para ser citado de inmediato a la residencia oficial de los Pinos. Preguntó si llevaba algún documento que tuviera que explicar a su jefe Felipe Calderón, pero la respuesta fue que sólo acudiera de inmediato. Sin demora, Mayorga se trasladó al encuentro, pensaba que se trataba de una reunión más para atender alguno de los muchos problemas en que el gabinete calderonista ha metido al país.

Su sorpresa al llegar a Los Pinos fue que él era el único citado y que el Presidente lo recibiría en cualquier momento. Ansioso, Mayorga se frotaba las manos; pasaron varios minutos antes de que Calderón ordenara su ingreso a la oficina presidencial. Un saludo frío anunciaba un reproche o un regaño mayor. El reclamo no se hizo esperar.

El motivo era que dos empresas propiedad del nuevo secretario de Estado y de su familia, han obtenido beneficios económicos de la misma Secretaría de Agricultura que ahora él encabeza, así como recursos de otras dependencias del Gobierno federal, lo que coloca a Mayorga en un delicado conflicto de intereses y abuso de poder.

Este nuevo caso de posible corrupción hace recordar otro hecho similar en donde el mismo Felipe Calderón tuvo que salir a defender a su entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien había firmado contratos en su dualidad de empresario y servidor público con la paraestatal Petróleos Mexicanos. La diferencia ahora es que mientras Mouriño era el amigo más cercano del presidente, Mayorga llegó al cargo por una situación meramente circunstancial, de tal manera que no podría escaparse de la severa llamada de atención.

Calderón recriminó la torpeza del secretario de Agricultura, al punto de advertirle que si el asunto crecía aún más entre los opositores al gobierno y en los medios de comunicación, tendría que retirarse del cargo, pues las pruebas del tráfico de influencias y presunta corrupción en contra de Mayorga son evidentes, sobre todo en un momento de aguda crisis en donde Calderón debe rendir cuentas a la nación de todo gasto de dinero público.

La Ley Federal de Responsabilidades

El Capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Indica que el servidor público podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

En tanto, el inciso A del artículo 9 de la misma ley indica que “el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior”.

Las pruebas que incriminan a Mayorga

Una investigación periodística de la reportera Erika Ramírez, publicada hace tres semanas en la revista “Contralínea”, dio cuenta puntual de cómo entre 2000 y 2008, dos empresas de Francisco Mayorga Castañeda: Industrias Melder y Semillas Caloro, recibieron “apoyos” económicos de las secretarías de Agricultura y de Economía, así como del Conacyt, en cuyo lapso el funcionario federal dirigió Aserca y la propia Sagarpa.

La información periodística explica cómo el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga ha sido beneficiado con casi 3 millones de pesos mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el Gobierno federal, y más del 60 por ciento de esos recursos le fue transferido cuando se desempeñaba como servidor público en la administración de Vicente Fox.

Como empresario, relata la reportera Erika Ramírez, Mayorga Castañeda recibió recursos públicos de la secretaría donde él mismo era servidor público: primero, como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), y después como secretario de Agricultura.

En los padrones de beneficiarios de Aserca –órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa– se confirma que Industrias Melder –empresa familiar del secretario de Estado–, obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005 y 2006, con 10 traspasos monetarios.

Durante el primer año en que esta agroindustria obtuvo recursos por 36 mil 600 pesos –del organismo dedicado a impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo mexicano–, Mayorga Castañeda fue invitado por Vicente Fox a formar parte del equipo de Javier Usabiaga Arroyo, entonces secretario de la Sagarpa. Es así como el empresario jalisciense ocupa el puesto de director en jefe de Aserca, cargo en el que se mantuvo hasta 2002.

El 28 de septiembre de 2005 releva al llamado Rey del Ajo y asume la responsabilidad de encabezar la dependencia. En este año, y hasta finalizar el primer sexenio panista, Industrias Melder es dotada con la mayor parte de los “apoyos” obtenidos en tres años. Sólo en 2006 recibió 1 millón 690 mil 433 pesos.

La Secretaría de Economía fue otra de las entidades que dotó de recursos a Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios.
12 Octubre 2009 03:00:29
Crece el hartazgo social
El gobierno calderonista devela la ruta de la conspiración contra los trabajadores sindicalizados

Aprovecharon la noche del fin de semana, sábado para amanecer domingo, y como hacen los pillos cuando se reúnen en la oscuridad, planearon el golpe en contra del sindicalismo independiente y de izquierda. El Gobierno federal ordenó así el despliegue de toda la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones de los centros de trabajo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, empresa que por decisión presidencial será liquidada y sus miles de trabajadores agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas, lanzados al desempleo, bajo los argumentos de baja rentabilidad empresarial, corrupción y gastos excesivos. Una vez más son los trabajadores quienes pagan la mala y corrupta administración gubernamental.

Este golpe contra el sindicalismo combativo y opuesto a las erróneas políticas públicas, hace recordar aquella acción gubernamental cuando Carlos Salinas de Gortari planeó al inicio de su gestión, la aprehensión del entonces líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias “La Quina”, y para ello utilizó, igual que ahora lo hace Felipe Calderón, las fuerzas represivas del Estado para someter a los trabajadores y encarcelar a sus líderes bajo acusaciones falsas.

Es cierto, Luz y Fuerza del Centro se ganó a pulso el rechazo y las críticas de los capitalinos. Es cierto, muchos conocíamos los problemas de corrupción que allí se generaban junto con esa electricidad caracterizada por los voltajes irregulares y a veces ausentes.

Los “diablitos”, los arreglos debajo del agua para subfacturar, las ventas de plazas y los privilegios. En fin, todo eso es cierto.

Pero también es cierto que, a diferencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) careció de la protección corporativista de un partido político en el poder para subsistir como lo hacen las organizaciones corruptas que encabezan Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps.

¿Quién puede decir que no son iguales las onerosas pensiones de los electricistas y las de los petroleros? ¿Acaso el ineficiente y ofensivo dique que forma el SNTE en torno a la modernización educativa no atenta igual o peor para el interés público? Eso también es cierto y contra esos líderes charros y sus corruptas organizaciones gremiales no hay acción legal alguna, porque simplemente juegan el papel que al Gobierno le conviene.

Por ello, la liquidación de la LyFC –sugerida desde el año pasado por la no menos irregular Auditoría Superior de la Federación (ASF)– se presenta en el peor momento. Confirma la debilidad de un gobierno que sólo mediante el uso de la fuerza y la confrontación es capaz de generar los cambios que necesita el país.

No sólo eso, ratifica que Felipe Calderón tiene compromisos e inercias muy claras que no podrá romper aún cuándo sabe en dónde y cómo están los problemas. Por eso ataja problemas en donde no lo confrontan sus compromisos. Es allí en donde el “Presidente del Empleo” pierde la razón y aumenta su descrédito, a pesar de los aplaudidores que lo rodean para festejarle su autoritarismo.

En el decreto que oficializa el proceso de liquidación de LyFC, el gobierno calderonista devela la ruta de la conspiración contra los trabajadores sindicalizados del organismo descentralizado: desde el 28 de septiembre la gris secretaria de Energía, Georgina Kessel, presentó al mandatario la propuesta de liquidación de LyFC, dadas las crecientes transferencias presupuestales y el déficit actuarial generado por las pensiones.

No fue causalidad, por lo tanto, que en los primeros días de octubre en la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, negara la toma de nota al comité ejecutivo que encabeza Martín Esparza. Todo estaba decidido, acabar con el sindicato más fuerte que hay en el país y el principal opositor al gobierno de ultraderecha que encabeza Calderón.

Pero, ¿en dónde estuvo todo este tiempo el director general del organismo, Jorge Gutiérrez Vera (sí, éste es el director general de LyFC)? ¿Haciendo posible y acelerando la quiebra técnica de la empresa?

Era, en cambio, Martín Esparza, secretario del SME, que, sin éxito, buscó reelegirse por un tercer periodo, quien informaba sobre los planes de la empresa y hablaba de su incursión al mercado del Internet. Un proyecto, por cierto, que podría haber acelerado la decisión de apagar el switch al organismo descentralizado, cuyas operaciones quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora depende de generadores independientes del fluido. Aún así, el gobierno de Calderón dice que no se trata de una privatización. Sólo es cuestión de tiempo, ya lo veremos.

Al gobierno represor de Carlos Salinas le llevó sólo unos días tomar la decisión de golpear al sindicato petrolero, mientras que al gobierno de derecha de Calderón le tomó tres años atreverse a liquidar el SME, el organismo gremial que firmó con Vicente Fox varios acuerdos dirigidos a incrementar la productividad, varios de los cuales estuvieron coordinados y conocidos por la Secretaría de Energía, en ese entonces a cargo de Felipe Calderón.

La diferencia es que a finales del sexenio foxista el PAN necesitaba aliados para las difíciles elecciones presidenciales que se avecinaban y esa fue la encomienda. Ahora, sin embargo, la estrategia panista ha cambiado ante la difícil situación que atraviesa el país y el partido en el poder, en complicidad con Los Pinos, va por todo en la carrera presidencial para el 2012 y lo que busca es apelar al hartazgo de los capitalinos (principal zona del país dominada por la oposición y la más politizada) que han enfrentado problemas por el mal servicio y los problemas en el suministro de la energía eléctrica.

El riesgo es que se despierte otro hartazgo más peligroso y hasta ahora contenido: el de los grupos radicales del sindicalismo y de los núcleos sociales más molestos con el rumbo que ha tomado la política económica y social dirigida por Calderón.

El SME, es un hecho, no está solo y apelará a todas sus fuerzas y sus aliados, que son muchos millones de mexicanos.
05 Octubre 2009 03:00:44
Gastos abusivos
Destaca el despilfarro en los miles de fideicomisos creados en los tres poderes de la Unión

Otra vez Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, pretenden que sean los mexicanos de menores ingresos quienes paguen más impuestos para mantener una burocracia inútil, corrupta y abusiva, en lugar de proponer disminuir los excesivos gastos de servidores públicos en secretarías de Estado y órganos descentralizados, en las cámaras de Diputados y de Senadores, y entre jueces, magistrados y ministros; además de funcionarios en organismos autónomos como el IFE y el IFAI.

Entres los gastos excesivos con dinero público destacan el despilfarro en los miles de fideicomisos creados en instituciones de los tres poderes de la Unión, para evitar que esos recursos sean fiscalizados; la compra de vehículos, el pago de viáticos, celulares, gastos de representación como comidas en restaurantes de lujo, la contratación de seguros médicos y de vida.

En algunos casos hasta el absurdo, como en el IFE, en donde se pagan dotes matrimoniales a quien se casa o, en el caso de la Suprema Corte, una partida presupuestal para que los 11 ministros le otorguen un regalo a su madre el 10 de mayo.

Otros gastos que deberían desparecer son las pensiones de salarios íntegros que se otorgan a los ex ministros de la Corte, a los ex presidentes de la República, a los ex funcionarios de Banco de México y de la banca de desarrollo, a los ex directores del Politécnico.

Lo anterior ha sido muy bien documentado por la prensa y lo ha confirmado la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo ni el presidente ni el secretario de Hacienda, así como tampoco los legisladores y muchos menos los ministros de la Corte hacen caso para eliminar ese despilfarro de recursos públicos.

Cómo entonces pretende Calderón que le creamos cuando habla de austeridad sólo porque se le ocurrió eliminar tres secretarías de Estado y pretende que aceptemos el incremento de impuestos a los mismos causantes cautivos.

La medida fiscal además de injusta es abusiva.

Sin embargo, Felipe Calderón reconoce hace unos días que otros 6 millones de personas se integraron a la pobreza extrema, que en cifras oficiales asciende a 20 millones, es decir uno de cada cinco mexicanos, quienes enfrentar serios problemas para alimentarse.

¿Qué hace el Gobierno para cambiar esta situación?: cobrar más impuestos, lo cual tampoco se traduce una disminución de la pobreza, sino por el contrario en un mayor desvío de recursos públicos y un gasto excesivo de la burocracia.

Privilegios de los ex presidentes

Estos abusos del gasto público han sido señalados puntualmente en la revista “Contralínea”, en donde la reportera Nancy Flores informó que son 178 personas, entre civiles y militares, quienes cobran un salario por estar al servicio de los cinco ex presidentes vivos, fuera de los criterios de racionalidad y transparencia. Es decir que del erario se destinan casi 40 millones de pesos anualmente para el pago de esas personas.

Para la ASF, la asignación de personal civil al servicio de los ex presidentes se encuentra “fuera de los criterios de racionalidad y transparencia” que deben regir la administración pública federal. Por ejemplo en 2006, Luis Echeverría tenía 24 civiles y dos militares a su cargo; Miguel de la Madrid 24 civiles y 22 militares; Carlos Salinas de Gortari 14 civiles y 19 militares; Ernesto Zedillo 11 civiles y 16 militares, y Vicente Fox 20 civiles y 16 militares, lo cual representó un gasto de 39 millones 936 mil pesos por salarios.

La Auditoría recomendó a la Presidencia de la República justificar la asignación de recursos humanos a los ex jefes de Estado y explicar las necesidades reales de personal de apoyo en sus actividades administrativas.

Lo anterior, con el objetivo de que el ejercicio del gasto por este concepto se apegue a los criterios de racionalidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto.

Suprema Corte

Otro gasto abusivo son los pensionados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –53 titulares y 28 viudas–, quienes cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anuales, es decir, 133 mil 300 pesos al mes.

Los ex presidentes de la República son cinco y cada año el pago de pensiones cuesta, en promedio, más de 1 millón 900 mil pesos por persona, aproximadamente 158 mil pesos al mes por sólo seis años de trabajo.

Los acuerdos de la impunidad provienen, uno, del 25 de noviembre de 1976, cuando por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez se dispuso que, al concluir su mandato, el ciudadano que hubiese desempeñado el máximo cargo público dispusiera, “a sus órdenes directas”, de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para el desempeño de “servicios generales”.

El segundo fue de Miguel de la Madrid, quien mediante otro acuerdo fechado el 31 de marzo de 1987, formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de Estado.

Tmbién reguló el derecho del cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos.

La determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones, siendo juez y parte en la asignación de sus propios ingresos.

Se calcula que entre la pensión y las prestaciones de las que gozan los ex presidentes, cada uno de éstos termina costando al erario más de 10 millones de pesos al año, sin contar que en el caso de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo reciben otra pensión del Banco de México.

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28 Septiembre 2009 03:00:52
‘Extravía’ PGR expediente
Involucra a familiares y amigos del ex gobernador Patricio Patrón Laviada

Arturo Chávez Chávez finalmente fue confirmado la semana pasada como procurador general de la República por una fracción del Senado de la República encabezada por el PAN y avalada condicionalmente por el PRI.

Ahora será su gestión como abogado de la nación durante la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, lo que determine si valió la pena enfrentar calificativos de omiso, cómplice y negligente por parte de legisladores de oposición.

Sin duda le esperan tres difíciles y duros años a Chávez Chávez.

Y entre los problemas más complicados que deberá atender inmediatamente el nuevo procurador destacan sin duda la corrupción que envuelve a la PGR; la infiltración de bandas del narcotráfico y la complicidad de ministerios públicos y agentes judiciales; la violencia desatada en todo el país; el crecimiento del tráfico y consumo de drogas en México; el rezago de averiguaciones previas, y la pérdida de expedientes de prominentes delincuentes de cuello blanco.

El próximo procurador tendría que dar respuesta al “extravío” de un espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra a familiares y amigos del ex gobernador Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, en el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.

A finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra del hermano del ex gobernador de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada.

Hace unos días la Secretaría de Hacienda volvió a requerir a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, que informe sobre la denuncia que presentó en contra de familiares y amigos del procurador del medio ambiente, quienes supuestamente se aprovecharon cuando Patricio Patrón Laviada era gobernador de Yucatán para utilizar recursos de procedencia ilícita e introducirlos al sistema financiero mexicano.

Explicación

Por tratarse de un miembro del gabinete de Felipe Calderón, y después del discurso de Chávez Chávez al protestar como nuevo procurador general de la República, en el sentido de que combatiría la corrupción en su nueva responsabilidad y los delitos del crimen organizado, es de esperarse que en los próximos días el nuevo procurador responda a la Secretaría de Hacienda qué ha pasado con el expediente “extraviado” y qué va a hacer para reiniciar la investigación por blanqueo de capitales y abrir la averiguación previa correspondiente.

Los datos extraviados en la PGR

El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes para que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó ante la PGR por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech.

Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y su sustituto, Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.

Segunda notificación

Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR por la pérdida de dicho expediente, se acrecentaron y en septiembre se volvió a notificar a la Procuraduría sobre la investigación financiera que involucra a un grupo de yucatecos en delitos penales graves.

“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta Unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”, respondió la PGR a Hacienda.

Inmoralidad en manejo de excedentes

En los organismos autónomos se ha generalizado la creación de fideicomisos para depositar recursos y gastar sin control alguno, resultado de supuestos excedentes presupuestales que hasta ahora nadie sabe a dónde van a parar.

El objetivo, supuestamente, es constituir reservas privadas dedicadas al financiamiento de programas para el retiro. Si bien es cierto que las pensiones y el déficit actuarial que enfrenta el Gobierno federal es un problema que tarde o temprano alcanzará a la alta burocracia del país (si es que no prevén un fondo privado con sus altos ingresos mensuales), no existe justificación para aplicar este tipo de políticas con recursos del erario.

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08 Junio 2009 03:00:44
Presiones de EU contra México
» Las operaciones de la mafia rusa

» Iguales Calderón y De la Madrid


Aunque se asegura que la “Guerra Fría” ya terminó, el Gobierno de Estados Unidos nunca ha ocultado el temor de que bloques políticos, económicos y militares contrarios a sus intereses puedan amenazar la influencia y la intervención que ejerce sobre la América Latina, región que en la última década ha dado un viraje hacia la izquierda y sólo los gobiernos de dos países, México y Colombia, se aferran a seguir sirviendo a los intereses estadounidenses, a los cuales conviene mantener administraciones de ultraderecha. En ese escenario, México es estratégico para Estados Unidos y nuestra población ha tenido que pagar por ello.

Ahora, con una economía débil y en serio peligro de un colapso, resurge con más fuerza ese temor. Las declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos en torno al peligro de que México, como alguna vez lo fue Colombia, se presente como un estado fallido, no sólo responden al temor de que el narcotráfico siga abasteciendo de drogas a los millones de estadounidenses con problemas de adicción, sino también que se mantengan y se fortalezcan las alianzas entre la delincuencia organizada y las mafias de Europa del Este, especialmente Rusia.

Precisamente en ese sentido se presentó en marzo pasado la visita a México del almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, a quien se le considera promotor de la colombianización en México. Sin decirlo claramente, detrás de la preocupación del gobierno de Estados Unidos en torno al nivel de armamentos que utilizan los carteles mexicanos, se encuentra la sospecha de que exagentes de la KGB están coludidos con el crimen organizado en México, tal y como lo han reportado varias agencias y medios internacionales.

En abril de 2008, American Chronicle publicó que la organización criminal de los Arellano Félix mantenía negocios con ex agentes de la KGB, quienes no sólo los estaban abasteciendo de armamento sumamente sofisticado, sino que los estaban asesorando en materia de inteligencia militar. El peor de los escenarios para Estados Unidos, se trata de un tema que algunos periódicos mexicanos han abordado y que parece pasar desapercibido cuando se habla de las razones por las que el Gobierno estadounidense se encuentra tan preocupado por el clima de violencia y penetración de la mafia en México.

En aquel reporte de American Chronicle también se daba cuenta de las noticias liberadas por la prensa local estadounidense, que reportaban la existencia de campos militares en estados fronterizos, así como en Michoacán, en donde se registraba la presencia de ex militares afganos que mostraban a los narcotraficantes mexicanos técnicas utilizadas, por ejemplo, en Irán. El objetivo de tan sofisticado entrenamiento era enfrentar al Ejército Mexicano. No pasaría mucho tiempo después de que las fuerzas castrenses mexicanas tuvieran que hacerse presentes en las calles de varios estados, primero, fronterizos, después prácticamente en todo el país.

De ello y de los escenarios ante la presencia de grupos extranjeros delincuenciales, ya había hablado Adolfo Aguilar Zinser, ex responsable de la seguridad nacional en el gobierno foxista y quien perdiera la vida en un por lo menos extraño accidente, al asegurar que México era el patio trasero de Estados Unidos y que terroristas españoles e islámicos operaban ya en territorio mexicano.

Soberanía a cambio de ayuda

Documentos oficiales del Gobierno estadounidense confirman que desde 1988, arranque del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, las administraciones de Estados Unidos han presionado a México para que, a cambio de apoyo para solventar sus crisis deudoras, cambiarias y comerciales, ceda terreno en su soberanía para acotar los peligros que dicen existen en su contra.

En Washington, la periodista Dolia Estévez, logró que el Departamento de Estado de ese país desclasificara un amplio expediente de valiosos documentos que muestran la perversidad de la relación secreta que el Gobierno estadounidense ha impuesto a los gobiernos mexicanos.

En varios de los memorandums -que hoy son públicos– enviados a Ronald Reagan por el ex secretario de Estado, George Shultz -quien estuvo en el cargo entre 1982 y 1989-, se destaca la preocupación del Gobierno estadounidense en torno a la posibilidad de que el Gobierno soviético pudiera abrir un consulado en una de las ciudades fronterizas de México. De hecho, el Gobierno de Estados Unidos trató el tema en una de las últimas reuniones entre Reagan y De la Madrid.

Estados Unidos pidió a México que evitara a toda costa que los soviéticos ampliaran su presencia en el territorio nacional, porque eso constituía una clara amenaza, aunque se tratara de trámites consulares o de la relación diplomática de México con otra nación.

“Los soviéticos están trabajando para ampliar su presencia en México con el propósito de atentar contra nosotros. Necesitamos solicitar firmemente a De la Madrid que continúe resistiéndose a esas presiones”, establece uno de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, elaborado por Elliot Abrams, abogado republicano que operó como consejero de George Shultz en esa entidad.

Para Abrams también resultaba incómoda e inconveniente en el concierto de intereses de Estados Unidos, la participación de México en el Grupo Contadora, el organismo multilateral en el que también participaban Panamá, Colombia y Venezuela para promover la paz en Centroamérica y establecer una posición conjunta contra la presencia militar estadounidense en la región.

De hecho, el liderazgo de México en el Grupo Contadora se ubicaba en la agenda de los principales problemas a tratar con el Gobierno mexicano a nivel bilateral. “No hay mucho que el Gobierno mexicano pueda hacer por nosotros”, decía Abrams a Shultz. Se propuso, por lo tanto, minimizar las discusiones oficiales sobre el tema y “no solicitar nada que ellos no estén dispuestos a hacer por Estados Unidos”. Esa era la estrategia.

Sin embargo, en el caso de Nicaragua se notificó formalmente al Gobierno mexicano que seguiría apoyando a la resistencia y financiando el movimiento opositor. Al revisar los documentos oficiales que hicieron llegar sus asesores al presidente Ronald Reagan, se coloca en su justa dimensión la relación de sumisión a la que han estado sometidos los gobiernos de México a Estados Unidos. Lo más grave, sin embargo, es que los paralelismos entre los gobiernos de Miguel De la Madrid y Felipe Calderón, al menos en el tema del narcotráfico y la economía, podrían conducir a que la relación con Estados Unidos acentúe el vasallaje y concesiones patrocinadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Al cierre de su administración, Miguel De la Madrid enfrentaba una inflación de al menos 160 por ciento; aumentaba la inconformidad de los trabajadores mientras la deuda del gobierno federal se elevaba al mismo ritmo que el déficit del sector público. El ex mandatario, aún a costa de su popularidad -así lo vieron en Estados Unidos- comenzó a aplicar recortes al presupuesto, lo que complicó el escenario para las elecciones presidenciales.

Para Carlos Salinas de Gortari no había otro escenario que el fraude para llegar a la presidencia. Así también lo veía el gobierno de Ronaldo Reagan y así sucedió. No fue causalidad el apoyo incondicional del gobierno estadounidense a la administración de Salinas, a pesar del fraude electoral que le robó la presidencia a la oposición de izquierda y a su candidato Cuauhtémoc Cárdenas.

Pero sigamos con los paralelismos: el problema del narcotráfico se destacó, desde entonces, como uno de las más grandes amenazas para la estabilidad estadounidense y la presencia de un sucesor dispuesto a seguir con la “cooperación” se presentaba como una de las grandes preocupaciones. La intromisión de Estados Unidos en la política mexicana fue imprescindible.

México ahora se enfrenta a los mismos problemas con excepción hasta ahora del déficit en el sector público y en la cuenta corriente. Pero la posición del peso frente al dólar sigue siendo una amenaza; la economía depende casi por completo de la recuperación en Estados Unidos y la fuerza del crimen organizado atenta contra las instituciones, mientras que las fuerzas políticas se encuentran engarzadas en añejas confrontaciones. Pero sobre todo, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. A menos de la mitad del gobierno de Felipe Calderón, algunos analistas aseguran que se trata de un sexenio perdido, mientras que en Estados Unidos piensan ya en quién será el sucesor en Los Pinos.

Con este nivel de intromisión en la política mexicana y el control del Gobierno estadounidense en cada paso que dan los gobiernos mexicanos, sean éstos de filiación priísta o panista, no importa porque al fin de cuentas buscan lo mismo, enriquecerse con dinero público, resulta increíble pensar que el hombre que negoció con Estados Unidos la apertura comercial del país con América del Norte, o la privatización de las grandes y valiosas empresas mexicanas a favor de los intereses estadounidenses, así como haber operado algunos de los principales golpes que se asestaron contra el narcotráfico -coordinados con las autoridades de Estados Unidos-, pudiera también ocultar la red de corrupción mejor estructurada que se ha creado en muchos gobiernos, y con la ayuda de su hermano Raúl Salinas de Gortari, construyó un gobierno paralelo con la anuencia de Estados Unidos.

Por ello, a propósito de la simulación de algunos panistas de investigar la partida secreta, que prácticamente se esfumó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para enriquecerse él y su familia, sería interesante revisar las facilidades con las que contó Raúl Salinas de Gortari para transferir millones de dólares a través de los circuitos financieros de Citibank, el ícono de la banca estadounidense.

Quién puede creer que el Gobierno de Washington ignoraba los pactos de los hermanos Salinas para operar con las estructuras del narcotráfico, como lo han declarado en cárceles de Estados Unidos decenas de testigos protegidos de varios países de América Latina. Es buen momento para preguntarlo y pensar en ello frente a las elecciones del próximo 5 de julio, en donde la población emitirá su voto de castigo a los partidos que desde el poder han vendido los intereses de la nación no sólo al extranjero, sino también al crimen organizado.

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11 Mayo 2009 03:57:47
Prepara EU intervención militar en México
México se vio afectado por los pronunciamientos del Departamento de Defensa

Han pasado cinco meses desde que el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer el estudio Joint Operating Enviroment 2008 (JOE 2008), que ubica a México junto con Pakistán como dos de los grandes problemas de seguridad nacional a los que se enfrentará ese país durante los próximos años.

Este análisis que provocó reacciones de varios países, incluido México, adelantaba el recrudecimiento de las amenazas para Estados Unidos a raíz de la guerra contra el narcotráfico. El mismo reporte provocó que el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, buscara una reunión con el general James Mattis del Join Forces Command.

El contenido de aquella reunión se mantuvo por cortesía, dijo Sarukhán, bajo la más estricta confidencialidad, pero trascendió la inconformidad de México respecto al contenido del reporte que colocaba a nuestro país muy cerca de la denominación de “Estado fallido”.

La única respuesta que tuvo el Gobierno estadounidense fue que el estudio en cuestión no representaba una posición oficial del Gobierno y que solamente se utilizaba como un documento de apoyo para alentar al debate. Las predicciones, aseguró Mattis como responsable del documento, siempre resultan riesgosas.

México, en cualquier caso, quedó muy mal frente a ese país, pero sobre todo ante la comunidad internacional que comenzó a cuestionarse si en realidad el Gobierno mexicano estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico y si la seguridad interna de Estados Unidos se veía amenazada por su vecino del sur.

En el amplio estudio del Departamento de Defensa de EU no se menciona a Colombia, totalmente penetrado por las fuerzas militares estadunidenses, ni a otros países de la región como Venezuela, en donde su régimen socialista podría ofender a las “buenas conciencias” de la democracia de Estados Unidos.

Igual que Pakistán e Israel, México se vio afectado por los pronunciamientos del Departamento de Defensa de EU. A esos dos países se les ubicó y estigmatizó como poderes nucleares a la par de Rusia, China, India y Corea del Norte. De México se aseguró que se ubicaba como uno de los dos países que podrían enfrentar un acelerado colapso interno, pero todo perfilado supuestamente por el crecimiento de las fuerzas del crimen organizado, cuando aquí habría que revisar otros factores principales que son omitidos por el estudio gringo, como son la extrema pobreza que mantiene al país con una enorme inconformidad social, los grupos guerrilleros que siguen preparándose para algún levantamiento armado, la enorme corrupción en los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la complacencia y complicidad de los medios de comunicación hacia con el gobierno en turno.

Fue en ese momento que el gobierno de Felipe Calderón giro instrucciones a los responsables de la Embajada de México en Estados Unidos y al Consulado en ese país para que iniciaran una campaña mediática que mejorara la imagen de México entre la población del país vecino.

Pero no fue posible, David Gregory, secretario de la Defensa de Estados Unidos, aseguró en conferencia de prensa que si bien el presidente Calderón había emprendido por primera vez una batalla en contra de los carteles de narcotráfico, lo más importante era que, finalmente, el gobierno mexicano estaba superando algunos de los viejos prejuicios contra la cooperación de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio nacional.

Esa fue una declaración que despertó muchas suspicacias. Pero fue más allá: “A los mexicanos les podemos dar entrenamiento, recursos, capacidades de reconocimiento y vigilancia; datos de inteligencia”. En fin, a cinco meses de aquel estudio comienzan a lograr lo que buscaban, una clara intervención ya no sólo de las distintas corporaciones policiales y de espionaje de Estados Unidos, sino fuerzas militares que puedan ingresar a nuestro territorio para apoyar una supuesta lucha contra el crimen organizado y las mafias de la droga. Un pretexto con el cual ha colaborado el Gobierno mexicano para evitar críticas de la población por el abierto y cínico intervencionismo gringo.

David Gregory no tuvo empacho en asegurar que si las condiciones de seguridad en México habían empeorado en las últimas décadas, era porque sus antecesores se habían negado de manera consistentemente a cooperar con Estados Unidos. En una palabra, permitir el ingreso de las fuerzas policiales, militares y de “inteligencia” al territorio mexicano.


Pandemias, la otra gran amenaza

Sin saber que meses después a la edición de este estudio México enfrentaría una alerta epidemiológica, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también incluyó el tema de las pandemias en las áreas que podrían atentar contra la seguridad nacional de ese país. Recordaba que a causa de una pandemia el continente europeo llegó a perder la tercera parte de la población. No sólo eso, los efectos sociales, religiosos, políticos y económicos, fueron devastadores.

De presentarse una pandemia en el Continente Americano, establecía el Departamento de Defensa, las consecuencias serían profundas y estarían presentes durante las próximas dos décadas. Por ello, el elemento crucial en cualquier respuesta a un fenómeno como éste, decía el controversial estudio, sería la respuesta política que impusiera de inmediato una cuarentena. Así lo hizo México de inmediato y el Gobierno de Estados Unidos debió sentirse muy complacido. Se siguieron al pie de la letra las instrucciones.

En el caso del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) se reportó la muerte del 10 por ciento de los casos que se contagiaron con una acelerada transmisión en los meses de marzo, abril y mayo, para después mostrar un nivel claro de declinación. Por ello, desde noviembre de 2008 se advertía que una experiencia como el SAR’s podría repetirse. Temía, entonces, que se repitiera la experiencia de la influenza pandémica de 1918, también conocida como la “gripe española”, que costó millones de muertes a nivel mundial.

Para Estados Unidos, un acontecimiento de estas dimensiones representaría graves consecuencias. Por ello, no se descartó entonces que organizaciones terroristas observaran la posibilidad de lanzar un peligroso virus. Un envío deliberado de un elemento patógeno, especialmente si se ha pensado en un mecanismo para incrementar su mortalidad, representaría un mayor desafío y sería más probable que una pandemia como la que se desató con el SARS.

Los terroristas, preveía el Departamento de Defensa, si bien buscarían un punto de origen del contagio, también se ocuparían de abarcar diferentes localidades para lograr un rápido contagio. Esto complicaría el desafío médico para mantener bajo control la pandemia pero sobre todo para evitar la identificación la responsabilidad de su aparición.


Seguridad nacional mexicana

Un tema delicado, escabroso, mal entendido y peor aplicado por el Gobierno federal panista es la seguridad nacional, a la cual identifica sólo como un asunto militar para luchar contra el crimen organizado y los grupos subversivos, y deja de lado la estabilidad política, el desarrollo económico, las formas democráticas de gobierno, las condiciones de vida de las personas y, sobre todo, los derechos humanos, dentro de los cuales el Estado tiene la obligación constitucional de asegurar una buena salud, alimentación, educación y vivienda.

Esa parcial y equivocada interpretación gubernamental de la seguridad nacional, tiene a México como el centro de un grave problema mundial de salud que ya ha costado la vida a decenas de personas y que se ha agravado en algunos estados de la República. Se trata de este nuevo virus de la influenza que puso en jaque al país y reveló la incapacidad gubernamental de utilizar el presupuesto y los instrumentos de la seguridad nacional para prevenir y reaccionar rápidamente ante fenómenos bacteriológicos que atentan contra la población.

Dos expertos en materia de seguridad nacional, Guillermo Garduño, especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, y Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas por el Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, entrevistados por el reportero Zósimo Camacho, coinciden en que las instituciones encargadas de proteger la nación mexicana fueron incapaces de alertar y prevenir el riesgo pandémico, porque están más concentradas en el espionaje político y en vigilar los movimientos sociales opositores y lo que ellos consideran subversivos.

Dos de las principales áreas gubernamentales encargadas de la seguridad del Estado mexicano son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Sección Segunda del Ejército, Inteligencia Militar, y ambas están concentradas en estudiar y combatir a los cárteles de la droga y en vigilar a los disidentes políticos, dejando de lado los problemas de salud pública, la pobreza extrema y los derechos humanos de los mexicanos.

Dice Garduño que la primera obligación de un Estado es preservar la integridad de su propia población, y Sierra sostiene que cuando se está ante un agente que amenaza a la población del país, como este caso concreto del virus, se está ante un asunto de seguridad nacional. Para ambos expertos en seguridad nacional no hay duda: la emergencia sanitaria generada por los brotes del virus A/H1N1, también conocido como influenza porcina, debería ser considerada un asunto de seguridad nacional, lo cual se niega el Gobierno mexicano a entender.

En una investigación de la revista “Contralínea”, el reportero Zósimo Camacho explica cómo en otras naciones, incluidos algunos países subdesarrollados, sus gobiernos han instrumentado sistemas de inteligencia y seguridad nacional para vigilar y combatir amenazas bacteriológicas y pandémicas, dándoles tratamiento de asuntos de seguridad nacional, mientras que en México se utiliza a los órganos de inteligencia a extremar medidas de protección a burócratas y politicos vinculados con el régimen en turno, sobre todo cuando el nivel de violencia del crimen organizado se ha incrementado y, de continuar la ruta colombiana de criminalización, seguirían ataques a servidores públicos, legisladores y jueces.

Eso explica porqué un servidor público como Eduardo Medina Mora, quien se desempeñaba al frente de un órgano de seguridad nacional como el Cisen, haya sido trasladado por el Presidente de la República al Ministerio Público federal como abogado de la nación, para desde la Procuraduría General de la República combatir a las bandas del narcotráfico, aunque el resultado haya sido fallido.
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16 Marzo 2009 03:00:53
La guerra perdida de Felipe Calderón
Por todos los medios el Gobierno federal pretende hacernos creer que la lucha que libra en contra de bandas del narcotráfico es legítima y que la confrontación armada, con todas sus consecuencias, es la única forma de hacerlo. Sin embargo hasta ahora los resultados son catastróficos y diariamente los muertos elevan las estadísticas criminales, aunado a los secuestros, los heridos, los consumidores de drogas y las detenciones.

Pero en esta guerra que libran militares y policías contra cárteles de la droga, también hay bajas de la población civil que, indefensa, observa con temor cómo se reducen sus espacios de libertad y de tránsito, al tiempo que las bandas delincuenciales ganan terreno, por más que el mismo Felipe Calderón diga que el Gobierno tiene bajo control todo el territorio nacional.

Para reducir la violencia que mantiene a México como una de la zonas de mayor riesgo del mundo, lo que ha golpeado al sector turístico del país y al ingreso de divisas e inversiones de capitales extranjeros, algunas voces se han pronunciado por la legalización del consumo de droga y otras por la negociación directa con las bandas del narcotráfico, a fin de pactar la producción y el transporte de estupefacientes hacia territorio estadounidense, sin que ello ocasione más muertes en el país. A esto la respuesta ha sido inmediata y unánime del gabinete, en el sentido de que el gobierno calderonista no negociará con delincuentes, como se hizo en el pasado, llámese Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y otros ex presidentes. Tampoco, dice, se legalizará el consumo.

Sin embargo hay muchas dudas sobre las verdaderas intenciones presidenciales para mantener la extrema violencia en las calles, en donde lo mismo mueren narcotraficantes, policías y militares, así como personas inocentes que cruzan en el momento menos oportuno por calles y avenidas de todo el país. Y ello tiene que ver con la enorme corrupción que hay en los cuerpos de seguridad y justicia, así como en las áreas administrativas y de operación de las secretarías de Estado o empresas paraestatales como Pemex. Esto es lo que ha permitido que cualquier área de gobierno sea infiltrada por el crimen organizado y así se allega información a todos los niveles, lo que hace imposible acabar con él y su red de corrupción y complicidad.

Entre los últimos mensajes relevantes que envió Felipe Calderón a la nación de que su gobierno sería omiso para combatir la corrupción y además la fomentaría, fue el caso de los contratos que el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos, en su dualidad de empresario-servidor público, en donde el presidente no sólo no retiró del cargo a quien consideraba su hombre para sustituirlo en Los Pinos, sino que lo alentó para continuar impunemente bajo un manto protector presidencial, enviando así un mensaje equivocado a la población en el sentido de que cualquier funcionario público puede hacer negocios con el Gobierno aún cuando sea la misma área en donde labora, sin importar que con ello viole leyes y reglamentos que lo impiden.

Entonces la principal lucha que debería encabezar Felipe Calderón es en contra de funcionarios corruptos, que los hay en todas las áreas de gobierno, e impedir así la infiltración del crimen organizado en las distintas entidades públicas, desde donde se sienten seguros para controlar el país.

De tal manera que no es mediante la fuerza pública, incluidas las fuerzas armadas, las que deben de tomar las calles para enfrentarse a balazos con sicarios y delincuentes que están dispuestos a morir, porque tienen garantizados sus funerales y la ayuda económica a sus familias, mientras que policías y soldados esperan con miedo el siguiente ataque sin mayor protección que su habilidad y suerte.

Otro dato inequívoco de la falta de voluntad del Gobierno federal para combatir a fondo el problema del crimen organizado, es su negativa a investigar el dinero sucio que se genera con las actividades ilícitas, pues ninguna autoridad pretende siquiera molestar a las instituciones financieras y bancarias, en su mayoría extranjeras, que por excelencia son los principales centros de lavado de dinero en el mundo.

Si se intentara quebrar las estructuras delincuenciales, es precisamente pegándoles en el manejo de los recursos económicos como el Gobierno podría realmente mermar a las bandas del crimen organizado, pues sin dinero les sería imposible contratar a más personal dispuesto a arriesgar su vida a cambio de unos cuantos dólares. Lo mismo sucedería con la compra de estupefacientes a países de centro y Sudamérica, el pago a transportistas y el soborno a funcionarios y policías corruptos en ambos lados de la frontera. Sin estos recursos, el narcotráfico realmente se vería afectado, y no como se piensa que deteniendo a unos cuantos sicarios y operadores podrán terminarlo.

Calderón se ha mostrado escandalizado porque, según él, la revista Forbes ha hecho apología del delito al incluir en sus listas de los hombres más ricos del mundo, algunos de los cuales, si no es que todos, deberían ser investigados por delitos de cuello blanco, al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se ha convertido en el principal jefe del tráfico de drogas que se consumen en Estados Unidos.

Es ahí en donde Calderón quiere presumir carácter contestando al Gobierno de Estados Unidos que es corresponsable de la violencia en México, al mantener el principal mercado de consumo de drogas, pero ante ello ha sido sumiso y obediente a las directrices que le dictan desde Washington, mientras que su gobierno prefiere poner su territorio y los muertos para que sea aquí en donde se libre la guerra que todos sabemos ya tiene perdida.

Las violaciones de la banca extranjera

En esta semana que inicia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dar a conocer la posición del Gobierno federal sobre la banca extranjera en México que ha incurrido en violaciones a la Ley de Instituciones Crédito. El anuncio debería presentarse antes del 19 de marzo, la fecha que han marcado los banqueros del país para reunirse en su cónclave anual en el puerto de Acapulco. De otra forma, fuera del lugar – como sucedió con su reciente aparición en un campo de beisbol,  el  titular de Hacienda, Agustín Carstens, tendrá que ofrecer una explicación a la opinión pública del silencio que guarda la dependencia a su cargo respecto del control que ejerce el Departamento del Tesoro en el capital de Citibank y, por lo tanto, de Banamex.

El Gobierno federal  tendría que hablar públicamente sobre lo que seguramente ya ha conversado en privado con las autoridades del gobierno estadounidense. No se trata de un asunto sencillo. Es necesario conceder al menos eso al gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, se necesita experiencia para administrar una situación que, por primera vez en el sector financiero, colocarían a México con una ventaja frente a los estadounidenses. 

Aquí en México uno de los principales bancos estadounidenses opera la subsidiaria que se ha convertido en la joya de la corona de sus ingresos. Además, el Gobierno mexicano tiene en sus manos la oportunidad de exigir que se cumpla la ley y propiciar la venta de Banamex. Pero no sólo se trata de Banamex. Ahora resulta que la aseguradora estadounidense AIG, que también ha recibido recursos millonarios en un intento por salvar a millones de hipotecas que dependen de ella en Estados Unidos, pues se trata de la compañía que garantizó préstamos a la vivienda para su colocación como deuda en los mercados de valores, se enfrenta a la misma situación irregular que Citi.

La Ley General de Instituciones de Seguros y Sociedades mutualistas también sanciona que un gobierno extranjero participe en el capital de una compañía aseguradora con operaciones en México. AIG, igual que Citigroup, podría constituir un fideicomiso con acciones de tipo neutro para buscar regularizar la posición accionaria del Gobierno federal, derivada de la capitalización de sus operaciones. Se trata de lo que algunos juristas califican como simulación, pero que en estricto sentido podría ayudar a salvar este problema legal en el que la crisis ha colocado a los gigantes de sus sistemas financiero que han extendido sus operaciones a México.

AIG ha recibido del Gobierno estadounidense poco más de 180 mil millones de dólares. Respecto a los negocios que abrió AIG en México, vale la pena recordar que, gracias a la intermediación de la Secretaría de Hacienda en la época de Francisco Gil Díaz, esta aseguradora buscó participar en el mercado de las hipotecas mexicanas cuando arrancó el mercado de certificados bursátiles.

Hoy, por supuesto, es la principal empresa que ofrece el Seguro de Crédito a la Vivienda, cuyo componente se incluye en casi cada préstamo hipotecario que se autoriza en el país y que ha sido parte de una emisión de deuda. Entre los directivos de AIG figuran desde 2004 exdirectivos de Banamex y Bancomer, especializados en el mercado de riesgos, que conocen la profundidad del mercado de hipotecas. Su principal cliente ha sido la Sociedad Hipotecaria Federal a cargo de Javier Gavito. Hoy directivos como Octavio Figueroa rinden cuenta de sus operaciones en México al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Fue apenas en octubre de 2008 cuando AIG United aprobó iniciar sus operaciones en México luego de que la SHCP le otorgó la licencia para operar como aseguradora de créditos hipotecarios. Sin embargo, desde 2005 y 2006, AIG recibió el respaldo de Hacienda para ofrecer este tipo de productos.

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02 Marzo 2009 05:00:10
Avanza muro México-Estados Unidos
-Grave tráfico de armas estadounidense
-Extorsión a trabajadores del ISSSTE

Ni en medio de la profunda crisis que vive la economía estadounidense, el gobierno de Barack Obama ha evaluado la posibilidad de suspender los planes que le heredó el gobierno de George Bush para blindar la frontera estadounidense contra mexicanos. Aunque la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, ex gobernadora de Arizona, se ha manifestado en contra de este proyecto al destacar la necesidad de contar con un sistema de controles que integre tecnología y personal humano, pero no con barreras físicas que separen aún más a ambas naciones.

El presupuesto y la edificación del llamado muro de la ignominia se están ejerciendo ante la presión de grupos sionistas que, en ese país, ahora encuentran en la crisis económica renovados argumentos para alimentar su racismo y proteccionismo. Napolitano también ha dicho, sin embargo, que el nivel de violencia que se observa en México no tiene precedentes. Llama la atención, sin embargo, que el Gobierno estadounidense busque culpar a México de las crisis internas que padece a raíz de la crisis económica y de sus políticas de Estado plagadas de excesos.

Año con año, entre la frontera de México y Estados Unidos se registran más muertes que los fallecimientos acumulados en toda la época negra del Muro de Berlín. Sin embargo, México también ofrece hechos que aumentan el clima de rechazo contra su población, como el preocupante clima de violencia generado por la iniciativa de Felipe Calderón de perseguir a los cárteles de la droga.

El Gobierno mexicano, hasta ahora, no se ha manifestado ni abierta ni tajantemente contra la construcción del muro, lo que parecería una aceptación implícita de esa decisión bilateral que no sólo dañará a las regiones fronterizas, sino que involucra serios desequilibrios ambientales al separar abruptamente el ecosistema de la región. El rechazo no ha sido contundente. En cambio, en entrevistas con medios de comunicación cuidadosamente seleccionados, el presidente Felipe Calderón lanzó varias declaraciones contra el Gobierno de Estados Unidos por el creciente consumo de estupefacientes de su población y por su porosa vigilancia de las fronteras.

Pero esas tímidas declaraciones de Calderón se presentan justo cuando se da a conocer que un mega operativo armado en Estados Unidos logró la detención de 755 personas y la incautación de 59 millones de dólares en el marco de la llamada operación “Xcellerator”, desarrollada durante más de dos años en estados como California, Minnesota y Maryland.

Fue el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el responsable de este operativo a partir del cual, se dijo, se desmantelaba la red de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. La DEA también adelantó que identificó a Víctor Emilio Cázares Salazar como líder del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. El Gobierno estadounidense informó casi al final de la difusión de la noticia que el Gobierno mexicano también había colaborado en el operativo. Se trató, sin duda de un golpe que el gobierno de Barack Obama buscó difundir como un logro de Estados Unidos para poner en evidencia los escasos resultados de México en la materia.

¿Cómo negarse, entonces, a seguir con la edificación de un muro fronterizo para el cual se invierten recursos fiscales y se indemniza a la población estadounidense afectada? ¿Quién indemnizará a los mexicanos que resulten dañados por la decisión unilateral de EU?

Es un hecho que porciones del muro estadounidense se construyen en México sin que nadie haga algo al respecto. Hasta ahora, la Oficina General de Control de Estados Unidos sólo ha centrado su atención en el monto de recursos que se utilizarían para la edificación de dicho muro que se extendería por las regiones de El Centro, Tucson, El Paso, Laredo y El Valle de Río Grande, entre otras. El Gobierno estadounidense sólo busca proteger sus intereses, a pesar de que el presidente Barack Obama ha prometido una reforma migratoria.
Entre 2006 y 2009, el programa fronterizo de Estados Unidos concentró recursos por 3 mil 600 millones de dólares. De este monto, aproximadamente 2 mil 400 millones se utilizaron para la vigilancia con 670 mil vehículos, así como peatones que transitan por los 3 mil 200 kilómetros de frontera con México.

Ahora, el objetivo del Gobierno estadounidense es concentrar su atención en zonas urbanas que se han convertido en una de las regiones más frecuentadas por los migrantes mexicanos para internarse en su territorio.

El tráfico de armas
Pero Estados Unidos no se encuentra libre de críticas. La prensa estadounidense como “The New York Times” ha criticado el escaso o nulo control en ese país en la venta de armas a los cárteles mexicanos de la droga, por lo que consideró un acto de hipocresía calificarlos como un problema de seguridad nacional y responsabilizar al Gobierno mexicano de la situación.

Es un hecho que han sido los traficantes de armas de Estados Unidos quienes han provisto a los cárteles mexicanos de la droga. Más de 6 mil 600 comercios establecidos pueden vender hasta tres armas de alto poder a los estadounidenses que han encontrado un excelente negocio en la reventa. Los traficantes de armas sólo necesitan reclutar a estadounidenses sin antecedentes penales para obtener ganancias de este negocio. En California, por ejemplo, se presenta ya el cierre de locales dedicados a la venta de armas que, ante las mayores regulaciones locales para prevenir la venta al crimen organizado, sus propietarios han decidido mudar sus operaciones a otros estados.

Se trata pues de un problema bilateral que hoy cobravíctimas en nuestro país derivado de controles unilaterales y del consumo de drogas cuya demanda se encuentra en aumento. La GAO estima que la muralla que busca aislar a México tendrá que concluirse en 2009, después de que el año pasado se enfrentó todo tipo de problemas para su edificación a cargo de personal del Servicio de Inmigración. Ahora, se tomó la decisión de contratar empresas privadas, un negocio adicional para grupos ligados con políticos de la región fronteriza.

En el sur de Estados Unidos la construcción del muro ha unificado a grupos de congresistas y activistas estadounidenses que se oponen a su edificación. Los mexicanos con familiares del otro lado de la frontera vivirán una verdadera tragedia, como las que separaron a los alemanes o a los coreanos; como la que dividió a los propios mexicanos cuando Estados Unidos se apropió de la mitad del territorio.

Citibank y Banamex, Finalmente, el viernes pasado se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, no tenía otra opción que hacer efectivas las acciones por casi 40 por ciento que ya controlan en Citigroup, propietario del capital mayoritario de Banamex.

Sucedió lo que el Gobierno había estado esperando, al menos así lo había declarado la Secretaría de Hacienda, para fijar una posición sobre la violación al Artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que prohíbe que una entidad extranjera controle el capital de un banco múltiple en el territorio nacional. De manera paralela, senadores del PRI promovieron un punto de acuerdo para modificar dicho artículo.

Aunque entre la opinión pública perneó la idea de que los legisladores presionarían al gobierno calderonista para hacer valer la Ley de Instituciones de Crédito, en realidad la intención era salvarle la plana a la Secretaría de Hacienda para no tener que exigir el cumplimiento de la normatividad.

Pero la nacionalización de Citigroup sorprendió a los mexicanos en todo tipo de estrategias para hacer frente a la irregularidad: a los senadores que buscan modificar la legislación, a la Secretaría de Hacienda tratando de encontrar una salida digna; a Roberto Hernández, Manuel Medina Mora y a Alfredo Harp en el intento de conformar un grupo que adquiera a Citigroup los activos de Banamex que hoy, por cierto, vale más que el propio banco estadounidense.

Sería una verdadera paradoja que al final de la historia, Banamex regresara a manos de los inversionistas que recibieron apoyo del erario para rescatarlo de sus créditos problemáticos y para invertir en bonos del IPAB con atractivos rendimientos.

Por eso, más allá de las irregularidades que generó el rescate de Citigroup, ahora el Gobierno mexicano tendría que ocuparse del futuro del sistema de pagos en México. No resulta ocioso recordar cómo durante la década pasada y principios de ésta, el Gobierno de EU obligó a la familia Hank Rohn a vender su participación en el Laredo National Bank ante la participación mayoritaria que alcanzaban y frente a las investigaciones en su contra por lavado de dinero. Allá sí se cumplió en tiempo y forma la ley.

Puntos suspensivos…
Hay inquietud entre las autoridades reguladoras del mercado financiero ante posibles nuevos fraudes. Ahora voltean la vista hacia los intermediarios Inverban, Invergroup y Metrofinanciera, los cuales podrían encabezar la lista de fraudes derivados de la escasa regulación y amplia permisividad en operaciones de captación recursos… Bueno y si de irregularidades se trata, a ver si la Secretaría de la Función Pública hace algo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dirige el priísta Miguel Angel Yunes Linares, en donde al parecer algunos funcionarios abusan del puesto y han creado estructuras burocráticas para desviar recursos públicos. Un evidente caso de corrupción es el que se vive en la Dirección Médica del ISSSTE, cuyo titular es el doctor Carlos Tena Tamayo, en donde se han hecho contrataciones en la Coordinación Administrativa, bajo el mando de Guillermo Dergal Kalkach, pero en las más de 20 plazas abiertas se les exige a los nuevos funcionarios reintegren el 50 por ciento de su salario en beneficio de una estructura burocrática corrupta.

Pero si no les basta este dato a los investigadores del órgano interno de control del ISSSTE, tal vez deban revisar los casos de tres subcoordinadores: Ángel Escalante, Octavio Arizmendi y Norma Angélica Ayala, quienes tienen asignados salarios por 80 mil pesos cada uno, pero cada quincena el coordinador administrativo les pasa la charola y les quita el 50 por ciento de su salario, es decir 40 mil pesos a cada uno, bajo el argumento de que tiene que corromper “a los de arriba”.
02 Febrero 2009 04:52:44
Pemex Gas
-Gerardo Ruiz prepara privatización
-Piden renuncia a Roberto Ramírez


Sin más sectores e industrias que privatizar, el gobierno de Felipe Calderón se ha propuesto por todos los medios aceptar inversiones nacionales y extranjeras en el sector energético, sin importar que algunas áreas estén reservadas sólo para el Estado mexicano. La apuesta de la administración panista es capitalizarse y evitar mayores colapsos económicos en los cuatro años que le restan, aunque ello signifique entregar el crudo y el gas a manos privadas y violar con ello la Constitución y ceder la soberanía nacional.

Un ejemplo de ello es cómo en los últimos dos años el Gobierno federal ha venido preparando en Petróleos Mexicanos la privatización total de la industria del gas, objetivo que prácticamente se ejecutará a partir de 2010, después de lograr la reforma energética propuesta por Felipe Calderón y aprobada en el Congreso en octubre del año anterior, con lo cual se dio arranque formal al proceso privatizador más ambicioso del actual sexenio de uno de los sectores que aún están bajo la rectoría del Estado.

En ese interés panista por obtener dinero a cualquier costo, que le permita ser un gobierno rico ante un pueblo pobre, son varios los operadores gubernamentales que hacen el trabajo sucio a Calderón, y uno de ellos es Gerardo Ruiz Mateos, actual secretario de Economía, quien entre 2007 y 2008 ha operado en Pemex Gas y Petroquímica Básica las licitaciones y contratos mediante los cuales empresarios privados se encargarán de la producción, almacenamiento, distribución y comercialización del gas, además de que explotarán comercialmente el Sistema Nacional de Gasoductos, zona toral del manejo del energético.

Es este negocio del gas y las revelaciones periodísticas de la reportera Ana Lilia Pérez sobre los intereses privados para apoderarse de esta industria, lo que ha generado el acoso y la persecución judicial de grupos empresariales en contra del equipo de periodistas que hacen las revistas “Contralínea” y “Fortuna”, en donde se ha dado cuenta desde hace varios años sobre las irregularidades en la asignación de contratos petroleros en complicidad con funcionarios corruptos dispuestos a vender hasta su conciencia. Por ahora son los grandes negocios que Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) entregará a la iniciativa privada: la producción de gas, la operación de las terminales de regasificación, el almacenamiento en terminales, el servicio de transporte y distribución por ducto y la comercialización del energético.

En el último trabajo periodístico de Ana Lilia Pérez y dado a conocer en la portada de “Fortuna, Negocios y Finanzas”, se informa que apenas el mes anterior inició con una feria de licitaciones en Pemex, a fin de convertir a esta empresa del Estado en una simple administradora de contratos. Por ello Pemex Gas dejará en manos de terceros prácticamente todas sus operaciones y se convertirá en un nicho de negocios para empresarios nacionales y extranjeros.

Lo anterior está detallado en el portafolio de negocios de la subsidiaria, elaborado por su director general Roberto Ramírez Soberón, en cuyo documento se revela como a partir de 2010, PGPB se limitará a emitir concesiones y contratos de servicios y de obra pública, mientras que las empresas privadas operarán también el Sistema Nacional de Gasoductos.

El trabajo de investigación de la reportera perseguida por el Grupo Zeta, propiedad de Jesús Zaragoza López, denuncia que no fue el Consejo de Administración de Pemex ni los directivos quienes definieron la planeación de PGPB para los próximos 20 años, sino el mismo Felipe Calderón, quien por medio del secretario Gerardo Ruiz Mateos, ha presionado a Roberto Ramírez Soberón para imponerle los proyectos de infraestructura y contratos que la subsidiaria emitirá para dejar en manos de los empresarios áreas de negocio que antes eran exclusivas de Pemex. Esta velada privatizadora de PGPB se da en un momento en que la tendencia mundial apunta a la sustitución del gas natural por el petróleo.

El privatizador Ruiz Mateos

La oposición del director general de Pemex Gas, Roberto Ramírez Soberón, a la política privatizadora de Felipe Calderón, le ha acarreado muchos problemas en el gabinete panista que lo tiene a punto de la renuncia. Y es que el funcionario petrolero con más de 30 años al servicio de Pemex no comparte la entrega del gas al sector privado y mucho menos en condiciones de corrupción y complicidad. Por ello el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, lo ha regañado más de una vez, al grado de amenazarlo con correrlo si no apresura la apertura del sector y favorece a los principales empresarios gaseros, todos amigos de Calderón cuando éste despachaba en la secretaría de Energía junto con su amigo Juan Camilo Mouriño.

Pero veamos qué dice la investigación periodística de Ana Lilia Pérez sobre el secretario privatizador Gerardo Ruiz Mateos: fue director de la empresa fabricante de autopartes Automotive Moulding de México, hoy Linde Pullman México, establecida en Querétaro, y se adhirió como militante del Partido Acción Nacional en 1995.

Su amistad con Felipe Calderón lo llevó al primer círculo presidencial, en áreas clave de Los Pinos que, con poca inteligencia, lo convirtió en uno de los principales operadores del presidente. Según Lino Korrodi, en su libro “Me la Jugué”, desde que Calderón presidió el PAN, Ruiz Mateos era su “hombre de confianza”. Quizá por ello, el 4 de diciembre de 2006 lo nombró coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la Presidencia de la República, algo así como una beca a la impunidad.

El 6 de agosto de 2008, Calderón lo designó secretario de Economía, en sustitución de Eduardo Sojo, a quien no le aguantaban su olor a tufo foxista, y cuyo nombramiento quedó oficializado con un discurso pródigo de halagos al más puro estilo calderonista y pronunciado en la residencia oficial de Los Pinos. Entonces, el presidente dijo: “Lo que me motiva a designar a Gerardo Ruiz, además de ser uno de mis colaboradores más importantes y cercanos, es el hecho de que ha sido un empresario que ha vivido y sufrido en carne propia la condición de las empresas en México y ha estado al otro lado del mostrador. Sabe lo que hay que hacer: desregular la economía y liberar las fuerzas productivas del país para detonar el crecimiento”. Es aquí en donde inicia la privatización petrolera indiscriminada.

Antes de su ascenso, entre enero de 2007 y agosto de 2008, Ruiz Mateos frecuentó las oficinas corporativas de Pemex para ordenar a los directivos de las subsidiarias los proyectos que debían “requerir” para las siguientes dos décadas, cuyos contratos ya tenían destinatario. No había objeción; eran órdenes del presidente. Las licitaciones se harían públicas a partir de 2009.

Para entonces Ruiz Mateos despachaba en la Oficina de la Presidencia de la República, hasta enero de 2008 tuvo como jefe inmediato a Juan Camilo Mouriño Terrazo y cuando éste partió a Gobernación, ocupó su cargo. Los modelos de negocio que Ruiz Mateos gestionaba a nombre del presidente, en Pemex Gas no tenían que ver precisamente con las necesidades de la subsidiaria, “pero sí con los intereses de los grupos empresariales cuyos vínculos estrechó desde que fue secretario de Energía”.

El asunto no es menor. Según su posición financiera, Pemex Gas es la séptima empresa más importante de México en cuanto a la generación de ingresos (después de Pemex corporativo, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Cemex, CFE, y Wal-Mart México) y la empresa más grande de América Latina. Genera ingresos anuales por 20 mil 520 millones de dólares en promedio, el 59 por ciento por venta de gas natural, el 25 por ciento por gas licuado de petróleo, y el 16 por ciento por petroquímicos básicos, azufre y otros.

En un primer momento, Roberto Ramírez Soberón se opuso a la ordenanza presidencial, “porque simplemente no había manera de que eso se aprobara, porque era demasiado evidente que favorecía a ciertos grupos empresariales”. Sin embargo, al cabo de los meses, tras una larga y constante perorata de Ruiz Mateos, y a cambio de que no lo despidieran, el ingeniero Ramírez Soberón cedió a la imposición del presidente.

Los contratos privados

Los proyectos y el esquema de contratos que operará PGPB entre 2009 y 2030 fueron plasmados en un documento que se presentó ante el Consejo de Administración el 7 de octubre de 2008, en el Día de la Energía.

El documento confirma que Pemex y sus trabajadores dejarán la cadena industrial para que los privados se encarguen del procesamiento del energético, endulzamiento de gas y condensados, así como de la recuperación de azufre en los 10 centros procesadores: Pajaritos, Morelos, La Venta, Ciudad Pemex, Cactus, Nuevo Pemex, Cangrejera, Burgos, Poza Rica y Matapionche.

La subsidiaria tiene actualmente una cartera de 895 clientes en la venta de gas natural: el 43 por ciento es Pemex, el 31 por ciento el sector eléctrico, el 20 por ciento el industrial. En el GLP, el 86 por ciento es del sector residencial, comercial e industrial; el 14 por ciento, automotriz. Respecto a la producción de petroquímicos básicos, azufre y otros, la cartera incluye a 91 clientes industriales y de exportación.

El Sistema Nacional de Gasoductos es conocido como la columna vertebral del aparato de distribución de PGPB. Cuando se desempeñó como secretario de Energía (en la administración de Vicente Fox), Calderón había consentido que los empresarios gaseros instalaran redes privadas o en modelos de asociación con PGPB. Al SNG se conectaron ocho sistemas de gasoductos privados: Mayakán, Mier-Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas, Palmillas-Toluca, Del Río, Del Bajío, y Naranjos- Tamazunchale. Su extensión –3 mil 561 kilómetros– equivale al 39 por ciento de la longitud actual del SNG.

El nuevo esquema plantea la desincorporación de activos de distribución de Pemex Gas para que sean los privados quienes operen todo el SNG: 8 mil 980 kilómetros de la red de ductos de gas natural y 1 mil 847 de gas licuado de petróleo, además de las 28 terminales de distribución.

Era mayo de 2008. Ruiz Mateos llegó a gritarle al ingeniero Ramírez Soberón que se les acababa el tiempo, que urgían los contratos de los ductos, que el Presidente estaba muy interesado en que cada empresa maneje sus propios gasoductos de manera libre, sin tener que entrar al sistema de asociación con Pemex Gas, porque ésa fue la prebenda que le pidieron los gaseros que desde que estuvo en Energía lo apoyaron en su carrera política. A partir de 2011, Pemex pagará a las privadas por el energético que transporte por sus ductos. El asunto tiene otras implicaciones: durante los últimos cinco años la paraestatal invirtió millones de pesos en el mantenimiento del SNG, pagó a la trasnacional DuPont por instalar sus programas de seguridad, e invirtió en la instalación y mantenimiento del sistema SCADA.

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19 Enero 2009 04:59:48
La reportera Ana Lilia Pérez, en riesgo
-Ordena juez de Guadalajara su arresto
-Vulnera juzgador la libertad de prensa


Hasta este lunes la reportera Ana Lilia Pérez, mi compañera en las revistas “Contralínea” y “Fortuna”, tiene que permanecer oculta, escondida, porque un juez de Guadalajara (Juzgado 3 en Materia Civil) ordenó su arresto y ha recibido llamadas telefónicas amenazándola de muerte.

Este arbitrario acoso judicial, orquestado por abogados al servicio del empresario gasero Jesús Zaragoza López, amigo y donante financiero a la campaña presidencial de Felipe Calderón, tiene como propósito castigar a la periodista por ser la responsable de la investigación que dio cuenta por primera vez de los contratos petroleros que firmó el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Petróleos Mexicanos, en una acción por lo menos inmoral y violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El argumento del juez 3º de Guadalajara para ordenar el arresto de la reportera por 36 horas, es que desatendió una orden judicial, es decir cometió desacato, según el juzgador. Pero la periodista nunca recibió citatorio alguno y tampoco jamás alguien del juzgado la citó para acudir a diligencia alguna, es decir no pudo desacatar algo de lo que nunca fue enterada legalmente. Esa es la justicia que hay en Guadalajara y por eso le preguntó al irresponsable juez, ¿qué intereses políticos obedece o qué intereses económicos atiende, que lo llevan a violar la Constitución y atentar contra la libertad de prensa y la libertad de expresión? Es este juez 3º de Jalisco quien debería estar en prisión.

Pero en el fondo cuál es el malestar del gasero Zaragoza López, dueño del Grupo Z, que dice agrupa a 80 empresas a lo largo y ancho del país y también en el extranjero, poder económico que ahora utiliza para violar la Constitución y atentar contra la libertad de prensa, al agredir y acosar a los reporteros de la revista “Contralínea”, la cual asegura no parará hasta desaparecerla por revelar sus negocios con Petróleos Mexicanos.

El berrinche del empresario es porque en una entrevista periodística que le hizo Ana Lilia Pérez, la cual está grabada y se publicó en la revista “Contralínea”, se le fue la lengua y declaró haber otorgado donativos económicos a la campaña presidencial de Felipe Calderón, haber sido investigado por el delito de lavado de dinero, de sus estrechos vínculos con el Gobierno federal, de las investigaciones de la DEA contra su familia por el delito de narcotráfico, de las denuncias internacionales en contra de su empresa y aceptó que funcionarios de Pemex le ofrecieron “el negocio de los ductos petroleros”, considerados éstos como áreas estratégicas de seguridad nacional.

En esa entrevista periodística y de la cual hay fotografías, a pesar de que un juez civil determinó que la reportera Ana Lilia Pérez no debió haberla publicado porque no tenía autorización del empresario, como si los periodistas debiéramos pedir permiso para hacer nuestro trabajo, que es el deber de informar a la sociedad, Zaragoza López reconoce que en el sexenio pasado las negociaciones entre los dueños del Grupo Zeta, Miguel Zaragoza Fuentes y sus hijos Jesús Alonso y Miguel Zaragoza López, y el Gobierno federal tenían momentos ríspidos, porque en aquellos años tenían investigaciones en contra por parte de la Secretaría de Hacienda por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, además de que la entonces Secretaría de la Contraloría, a cargo del chihuahuense Francisco Barrio, tenía expedientes abiertos en su contra.

La disputa del gas en México es un problema que ha llevado a varias empresas a presentar denuncias ante el actual director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, por irregularidades de funcionarios petroleros que durante el gobierno de Vicente Fox favorecieron con contratos al Grupo Zeta.

De la investigación en su contra por narcotráfico, Zaragoza López cuenta: “Empieza con los tráileres de nuestra empresa que cruzaban la frontera norte y se regresaban vacíos, y en esa ocasión a un agente de la DEA se le hizo sospecho y pidió detener el vehículo para revisarlo, pero no encontraron nada, sólo que un perro entrenado para olfatear droga no dejaba de ladrar en las llantas, así que trajeron a otro perro y éste ladró también a las llantas del tráiler. Entonces trajeron a una persona para que las desmontara y al revisarlas no encontraron nada. Los agentes de la DEA no estaban de acuerdo en lo ocurrido, pero como ya había pasado el tiempo en que podían tener detenido al chofer y el tráiler, sólo dejaron ir al chofer.

“Al día siguiente nos hablaron de la oficina de Aduanas para avisar que por qué no habíamos ido con el mecánico para destapar el tanque, y el jefe de transporte de la empresa les dijo que no sabía. Entonces nos informaron que tenían un tráiler de nosotros detenido, por lo que el jefe de transporte fue con el mecánico a esa zona para destapar el tráiler. Además ya habían subido el tráiler a la báscula y pesaba de más, por lo que lo destaparon y encontraron 7 mil libras de droga (cocaína), y así empezó la investigación. Obviamente del chofer ya no se volvió a saber nada”.

En la entrevista con Ana Lilia Pérez, Jesús Zaragoza López recuerda su relación con el ex secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, y deja en claro que sus empresas prácticamente son intocables para cualquier fiscalización. La razón: los vínculos del entonces secretario de la Contraloría y sus paisanos gaseros.

Su amistad comenzó muchos años antes de que Barrio entrara a la política, cuando era empresario constructor.

“Él fue presidente municipal de Juárez y luego gobernador. Con él hay buena amistad, es gente del pueblo, y qué bueno que hay buena amistad porque imagínese una persona que yo la considero decente, pero que tuviéramos mala relación y luego a esos niveles. La buena relación yo la veo en dos formas: una que no me perjudiques y la otra cuando te perjudican y ¡ay caray!

¿Cómo se conocieron ustedes?

–Francisco Barrio era empresario, estaba en una constructora y allí lo fuimos conociendo; Barrio trabajaba en la constructora y después fue presidente municipal de Ciudad Juárez por el PAN y después gobernador de Chihuahua.

¿Los invitó a entrarle a la política?

–No, no. Sí hay buena relación con él, pero así como para entrarle, nosotros somos empresarios, pero andar de políticos, eso no.

¿Aportaron ustedes a la campaña del presidente Calderón?

–No, no aportamos, digo lo que se aporta localmente allí, digo lo que se aporta localmente que el PAN de Ciudad Juárez, se acercan y dicen oye échame la mano porque mira tenemos que apoyar.

¿Cuánto le dieron?

–Pues son cantidades locales, ¿que le puedo decir, 100 mil pesos?, y luego que ir a la comida y vamos a organizar una cena y apoyarlos con 20 mil pesos, 15 mil pesos, lo que todo mundo tenemos que hacer. Digo yo, no le puedo decir al presidente del PAN es cuento tuyo, o al del PRI, tenemos que estar con ellos.

En otra parte de esa polémica entrevista, Jesús Zaragoza reconoce que a partir del sexenio de Vicente Fox el consorcio gasero mejoró sus influencias al llegar a niveles superiores, primero por sus relaciones con el secretario de la Función Pública y luego por los vínculos que establecieron en la Sener y la SCT.

¿Qué ha significado para ustedes mantener la relación de alto nivel con secretarios de Estado, con gobiernos? ¿Ha habido alguna deferencia?

–Realmente la relación de alto nivel empezó el sexenio pasado con el secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo, y luego con el secretario de Economía, Canales Clariond. Luego el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda hicieron una comunicación a los distribuidores de gas en enero de 2000. Fue cuando empezamos a tener una relación con los secretarios de Estado.

¿Ustedes ya habían hecho manifiesta su simpatía por el presidente Vicente Fox?

–No, en lo personal nunca nos involucraron ni tuvimos nada que ver allí (en Amigos de Fox). Hay una familia Fuentes, eso es por todos conocido, no voy a decir una indiscreción que una hija de Lino Korrodi está casada con el hijo de Valentín Fuentes. Mi papá es Miguel Zaragoza Fuentes, tal vez por allí haya alguna confusión.

Pero Valentín Fuentes es de su familia.

–¿Con Valentín Fuentes? Ah, sí, hay una relación, son primos segundos, terceros.

¿Nunca los invitaron a participar?

–No, no, aunque parezca raro.

Si bien dice Jesús Zaragoza que su familia no tuvo ninguna reunión personal con Vicente Fox, funcionarios cercanos al entonces presidente como Pedro Cerisola Weber sí ejercieron sus propios privilegios para los empresarios gaseros.

El proyecto de Zeta Gas de construir un complejo gasero similar al que instaló en Perú, con su propia terminal marítima para carga, descarga, almacenamiento y distribución de gas LP, fue fuertemente cuestionado. Cerisola Weber autorizó a Zeta Gas del Pacífico la concesión para usar y aprovechar “bienes de dominio público de la Federación”.

El 15 de marzo de 2006 la SCT público en el Diario Oficial que Pedro Cerisola otorgó a Jesús Zaragoza la concesión, durante 20 años, de 14 mil 715.69 metros cuadrados de zona federal marítima, para la construcción y operación de una terminal.

Jesús Zaragoza habla de la terminal de Manzanillo: “la estrategia de expansión de Grupo Zeta fue construir una terminal marítima en Colima. Podríamos haberla construido en Lázaro Cárdenas, pero con los problemas sindicales, pues ni de chiste irnos a meter a la boca del lobo”.

Se ha denunciado que la concesión se otorgó en términos oscuros, que hubo negociaciones ilegales.

–Pues sí, pero son los competidores, vamos a ser claros.

¿Es desleal la competencia entre los gaseros mexicanos?

–La competencia es férrea entre nosotros mismos.

¿Qué funcionarios de Pemex intervinieron para que les dieran la concesión?

–Pemex no otorga concesiones. Esta concesión la otorgó la Secretaría de Energía. Obviamente consultó con Pemex; sería tonto pensar que no lo hicieron o que no lo hagan, dicen está bien o no está bien, ¿verdad?

¿Cuánto les costo conseguir esta autorización?

–Pues los derechos que hay que pagar.

¿Es caro?

–No, hasta eso que no es caro, pagamos por allí unos 50 mil pesos.

En la Administración Portuaria Integral (API) hay inconformidades, dicen que ustedes están en instalaciones de la SCT, que al Grupo Zeta se le autorizó ilegalmente.

–Es un problema que traen en el API y son cosas de concesión y de hasta donde llegan las facultades de uno y las facultades del otro. La API está en Manzanillo, nosotros no estamos en Manzanillo. La API dice que estamos aquí, dice “están muy cerquita”. A qué le llaman “muy cerquita”, nosotros estamos en el municipio de Campos, no en Manzanillo.

¿Les ha costado trabajo lidiar con esto?

–En un principio sí, porque el API quería que formáramos parte de la concesión de la API, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les dijo no, tú tienes tu concesión limitada, bien cuadriculada, esta es otra concesión que yo, SCT, voy a otorgar.

¿Cerisola defendió la concesión que él mismo le otorgó a Grupo Zeta?

–Sí, así es.

¿Se reunió usted con Pedro Cerisola?

–No lo hace uno directamente. Obviamente se contrata un despacho especial que hace todos los requisitos, los documentos, se contrata a un despacho especializado.

¿Que despacho es el que llevan ustedes?

–Se apellida León, no recuerdo bien los datos. Es un despacho externo, de los que hacen este tipo de trabajos, como documentos, trámites de papeles, de todo eso.

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12 Enero 2009 04:48:22
Abren expediente a Gil Díaz en PGR
-Lo acusan por conflicto de intereses
-Instituciones financieras violan la ley


A más de dos años de concluir su gestión como secretario de Hacienda, los problemas derivados de su abusiva actuación como servidor público no se terminan para Francisco Gil Díaz. Más allá del expediente ISOSA, aquel cuantioso fraude gubernamental en donde estuvieron involucrados presidentes (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox) y secretarios de Estado para desviar miles de millones de pesos pertenecientes al erario público, acción que fue avalada con la coplicidad de la Suprema Corte, el ex secretario de Hacienda enfrenta un proceso judicial que, ahora sí, podría demostrar que incurrió en conflictos de interés y en prácticas de corrupción.

Se trata de la venta de Banamex a Citigroup, sobre todo ahora que el Departamento del Tesoro estadounidense lo rescató de la debacle financiera, un expediente que contrario a lo que muchos pensaban permanece abierto y al parecer cuenta con la voluntad presidencial para seguir adelante y que se resuelva en tribunales la evasión fiscal que fraguó y justificó Gil Díaz.

En esta operación, el erario mexicano perdió 50 mil millones de pesos por la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se marcó un pésimo precedente en materia de fiscalización a grandes contribuyentes. La Suprema Corte de Justicia ya habló indirectamente sobre esta situación al negarse apenas hace unos meses a otorgar un amparo al empresario Alejandro Martí, que pretendía obligar a la Secretaría de Hacienda a devolverle al menos 100 millones de pesos que pagó por concepto de impuestos sobre la renta a principios de 2008, cuando vendió a través del mercado de valores el 27.05 por ciento de las acciones del Grupo Martí en 2 mil millones de pesos al grupo empresarial de Alfredo Harp Helú.

Martí argumentaba en esa ocasión que pagar al fisco el 5 por ciento de esos ingresos era totalmente ilegal, dado que la operación se había realizado a través del mercado de valores. Pero por unanimidad, el pleno de la Corte dijo no a tal pretensión.


Los privilegios de Hernández y Harp

Entonces cuáles fueron los privilegios de los que gozaron los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harp para no enterar al fisco de los impuestos correspondientes a una venta que les representó ingresos por más de 11 mil millones de dólares. Si bien es cierto que la Ley del Mercado de Valores contempla esta excepción, también lo es que las prácticas de simulación están tipificadas por las leyes en la materia.

Citigroup, en concreto, no adquirió la mayoría accionaria de Banamex a Hernández y Harp, en una transacción pura del mercado de valores, donde el precio de las acciones se fijó en función de las decisiones de pequeños y medianos inversionistas de la Bolsa, en lo que se conoce como una oferta pública accionaria de tipo secundario. La transacción, de acuerdo con las pruebas que integran el expediente en la Procuraduría General de la República, se pactó en Nueva York y con la anuencia de las autoridades de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), pero también con el consentimiento de la Secretaría de Hacienda que, en ese momento, se encontraba bajo la responsabilidad de Francisco Gil Díaz.

En la revista “Proceso” (No.1677) la reportera Jesusa Martínez documenta ampliamente el contenido de la denuncia presentada contra Francisco Gil Díaz por los diputados perredista Juan N. Guerra y Pablo Trejo, y que el pasado 4 de diciembre generó la querella contra el ex funcionario público para abrir la averiguación previa 134/UEIDCSPCAJ/2008, radicada en la mesa 26 de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en el oficio UEIDCSPCAJ/1515/2008, firmado por Blanca Estela Villalobos Zárate, secretaria técnica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

La Secretaría de la Función Pública, que en el gobierno de Felipe Calderon también se ha caracterizado por encubrir a funcionarios corruptos y ocultar y borrar expedientes del pasado, tendrá que pronunciarse en torno a este tema que involucra a un ex funcionario que en los últimos dos años ocupa uno de los expedientes más abultados en esa dependencia. El problema, sin embargo, ha sido que prácticamente se le ha exculpado en cada ocasión que la opinión pública ha demandado una investigación en torno a su actuación como servidor público, y la razón es que todavía guarda expedientes fiscales de cada uno de los funcionarios que están en el poder, por supuesto, del mismo presidente Felipe Calderón. Esa ha sido la estrategia de Paco Gil para arroparse en la impunidad. Será interesante entonces ver si a este gobierno no le tiembla la mano para aplicar algo de la tan devaluada justicia mexicana.

La denuncia incluye a José María Zubiría Maqueo, quien desde el SAT omitió abrir la investigación correspondiente sobre la evasión de impuestos, y a Luis Mancera Arrigunaga, exprocurador Fiscal de la Federación, quien además enfrenta otra responsabilidad directa en esta operación como exdirector de Banca y Ahorro de la SHCP, posición desde la cual debió vigilar el cumplimiento de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los principales funcionarios hacendarios de la anterior administración estuvieron vinculados a la venta del que en ese momento era el principal banco del sistema financiero nacional. Fueron ellos, entonces, los que habrían permitido que el pueblo mexicano no se beneficiara de esa operación que, por cierto, abrió la puerta a la extranjerización del sistema de pagos. Después vendría la venta de Bancomer al español BBVA, en una transacción que no tuvo el mismo corte de excepciones fiscales, debido a que la participación del banco estaba sumamente pulverizada.

Tampoco sucedió lo mismo con la venta de Inbursa a la caja de ahorro La Caixa. De hecho, en casos como el del Grupo Financiero Banorte, que ha recibido varias ofertas de adquisición de participación en su capital accionario por parte de fondos soberanos de inversión, las autoridades de la SHCP se han mostrado sumamente estrictas en la vigilancia del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito. Tal parece que en Hacienda están en contra de lo que huela a nacionalismo mexicano.

Así de incongruente ha sido la aplicación de la ley para los poderosos participantes del sector financiero. El episodio sólo tendría relevancia para los intereses de los contribuyentes y de las pesquisas de la PGR, si no constituyera también una preocupante alerta sobre las componendas que han caracterizado el manejo del sistema financiero mexicano, así como los corruptos millonarios rescates bancarios a cuenta de los contribuyentes.

El también ex procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, cuenta con información de primera mano sobre esta operación. De hecho, él mismo asegura que fue una de las causas de su rompimiento con Gil Díaz. Reyes Orona asegura que en varias ocasiones se negó a firmar documentos que lo involucraban en lo que él califica como un robo a la nación, y si lo dice quien fuera procurador fiscal, pues algo sabrá de ello.

Una reunión en la SEC previa al cruce en el mercado mexicano de valores demostraría que las condiciones de la operación se pactaron previamente y que no fueron los inversionistas del mercado de valores quienes determinaron el precio al que los empresarios Alfredo Harp y Roberto Hernández vendieron sus títulos en Banamex. Pero esta historia ya se consumó y nada, al menos eso parece, podrá cambiarla.


Violan 71 bancos Ley de Instituciones Financieras

En su más reciente publicación la revista “Fortuna” da cuenta de la fragilidad y timidez de los órganos de vigilancia responsables de cuidar el buen comportamiento del sistema financiero nacional. Un trabajo de la reportera Nancy Flores revela como de diciembre de 2006 a octubre de 2008, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sólo ha cobrado multas por sólo 6 millones de pesos a bancos, oficinas de representación, sociedades financieras de objeto limitado e inmobiliarias que violaron la Ley de Instituciones Financieras. De las 130 irregularidades sancionadas destacan las que se vinculan al Artículo 115, que previene el delito de lavado de dinero.

En los primeros 22 meses del gobierno de Felipe Calderón, la CNBV impuso sanciones firmes por 6 millones 36 mil 479 pesos a 71 instituciones financieras. El monto que habría sido fijado entre diciembre de 2006 y octubre de 2008, indica la respuesta de la Comisión a la solicitud de información 0610000026608, hecha por la revista “Fortuna”.

Las multas, de acuerdo con el trabajo periodístico, se derivaron de 50 tipos de violaciones a la Ley de Instituciones Financieras. Entre éstas, destacan inobservancias al Artículo 115, que previene y sanciona operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero mexicano.

Miguel Ángel Garza, vicepresidente de Supervisión de Banca Múltiple y de Asuntos Internacionales de la CNBV, le explicó a Nancy Flores que las sanciones en firme significan dos cosas: “Que el infractor pagó la multa o que agotó todos los medios de defensa legal a su alcance para echar abajo nuestra sanción, y no lo pudo hacer”.

Aunque el funcionario reconoce que en el sistema financiero mexicano sí hay riesgos a ilícitos como el blanqueo de capitales, asegura que “hay sectores que pueden tener un mayor riesgo por el tipo de operaciones que realizan, pero no necesariamente tienen que ser operaciones de lavado de dinero”.

Garza explica que la Comisión cuenta con un área que realiza análisis sectoriales, “en los que se alertan tendencias de preocupaciones que podrían venir, que no sólo se deriven de la operación de los intermediarios per se, sino de condiciones cambiantes del mercado o de la economía”.

Dice que los análisis observan el entorno, que puede ser propicio para cierto tipo de actividades, pero también las condiciones económicas que afectan más decididamente a un sector.
 
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05 Enero 2009 05:05:32
“El Mayo” involucrado en caída de Learjet
-Militares serían supuestamente cómplices
-Avanza expediente de Gil Díaz en la PGR


Las declaraciones del ex vocero presidencial Rubén Aguilar cayeron en pleno invierno como un balde de agua fría en Los Pinos. Quien fuera vocero de Vicente Fox sugirió hace varias semanas al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que la única forma de reducir la intensa violencia en todo el país era “negociar” con el crimen organizado y los cárteles de la droga, pues de lo contrario no había salida ni solución alguna ante el incremento de crímenes, secuestros y asaltos que agobian al país.

Aunque para algunos analistas y expertos en la materia no es tan descabellada esta propuesta que hizo el polémico ex vocero presidencial, pues esto se ha hecho prácticamente en todos los gobiernos priístas y panistas, lo que ha provocado una desenfrenada corrupción en el Gobierno federal, lo cierto es que se da en un momento en que el gobierno calderonista se decidió a llevar a cabo una discreta pero intensa indagatoria sobre el supuesto involucramiento del narcotráfico en la muerte de 15 personas, entre ellas el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet 45 a principios de noviembre pasado.

El otro problema que presenta la sugerencia de uno de los hombres más cercanos a Fox, es la confirmación tácita de que en el gobierno panista del sexenio anterior las autoridades vinculadas a combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos habrían también pactado con bandas del narcotráfico para mantener una “tranquilidad chicha” en el país. La pregunta es quién fue el encargado por Vicente Fox para negociar con el crimen organizado y esto lo debe saber Aguilar.

Pero volvamos a la nueva investigación que, por lo menos entre la familia de Juan Camilo Mouriño y las personas más cercanas a ésta, no hay duda de que fue el narcotráfico el que habría provocado la caída del Learjet 45.

Así, en absoluta reserva, la administración de Felipe Calderón Hinojosa mantiene abierta una línea de investigación en contra del narcotraficante Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, por su presunta responsabilidad en la caída del Learjeat 45 que el 4 de noviembre de 2008, le costó la vida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de 14 personas más.

De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, el líder del Cártel del Pacífico habría perpetrado este atentado como respuesta a la detención de su hermano y mano derecha en la organización criminal, Jesús Reynaldo Zambada García, alias “El Rey”, ocurrida el 22 de octubre del año pasado.

La línea de investigación se habría abierto luego de que el Presidente de México y amigo de Mouriño tuviera en sus manos los primeros reportes del “accidente”, el mismo 4 de noviembre. Dichos informes revelarían, entre otras cosas, que el controlador de tránsito aéreo adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Carlos Jiménez Martínez, habría mantenido comunicación permanente con el Learjet 45, matrícula XCDMC.

Las fuentes consultadas, que por temor a represalias han solicitado el anonimato, indican que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fueron informadas de los riesgos del vuelo desde que se estableció el intercambio informativo entre el controlador y la aeronave.

Explican que la estrecha comunicación se debería a que el controlador no hablaba con el capitán Julio César Ramírez Dávalos o con el copiloto Álvaro Sánchez, sino con la sobrecargo Gisell Carillo: ella era la única persona consciente (los demás tripulantes y pasajeros estaban anestesiados) que estaba al mando de la aeronave y en consecuencia recibía indicaciones de la torre de control de cómo aterrizar la aeronave.

Según los avances de la indagatoria, los tripulantes y los funcionarios, entre quienes viajaba también el ex fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, habrían perdido el conocimiento aproximadamente a los 20 minutos de despegar del aeropuerto de San Luis Potosí.

Después de ocurrido el fatal desplome, el controlador Carlos Jiménez Martínez fue interrogado por funcionarios de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, dependiente de la SCT; luego se le “autorizó tomarse unos días de descanso para recuperarse de la impresión y se le prohibió establecer contacto con los medios de comunicación y su sindicato, para no entorpecer la investigación”, aseguró Ángel Iturbe, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, al diario “La Jornada” (6 de noviembre de 2008).

La línea de investigación –basada en el testimonio del controlador de tránsito aéreo del AICM y en todas las evidencias recolectadas en el lugar del siniestro, incluidas las cajas negras– apunta que los pilotos y servidores públicos habrían perdido el conocimiento tras injerir algún tipo de droga, aún no identificada, contenida en los líquidos y alimentos que se consumieron al iniciar el viaje.

Los informantes consultados aseguran que la caja negra del Learjet que registró las voces de los tripulantes y de los funcionarios contiene el diálogo entre el controlador y la sobrecargo, y los gritos de esta última cuando pierde el control de la aeronave. Con ello, dicen, queda confirmada la versión de que sólo la azafata estaba lúcida y despierta al momento de la caída.

Respecto de la transcripción que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, hizo pública el 14 de noviembre y cuyo audio nunca se dio a conocer por “respeto a las familias de los deudos” –en la que el piloto y el copiloto supuestamente se sorprenden de las condiciones de vuelo (piloto: Órale, la turbulencia de éste –aludiendo al Boeing de Mexicana que lo precedía– / copiloto: ¡Ay güey! / piloto: ¡Ay cabrón!), las fuentes cercanas a la familia Mouriño indican que es falaz.

Detallan que entre las evidencias recolectadas por funcionarios de la SCT en el lugar del percance –Monte Pelvoux y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia Lomas de Chapultepec, zona de la que estuvieron a cargo desde que el avión se impactó con un edificio– se encontrarían restos del explosivo plástico de uso militar denominado C-4, decenas de armas y cientos de cartuchos. La hipótesis al respecto es que con éstos se aseguraría la explosión de la aeronave al momento de tocar tierra, aún si hubiera tenido un aterrizaje exitoso.

Además de ‘El Mayo’, investigan a militares

De acuerdo con las fuentes consultadas, “El Mayo” Zambada ha perpetrado varios crímenes, por mano propia o por terceros, para vengarse de sucesos que afectan a su estructura delincuencial o a su familia. Por ello, indican, el supuesto móvil del narcotraficante de 61 años sería muy simple: “Tú, Presidente, me quitas a mi hermano, yo te quito al tuyo, tu mano derecha”.

El mensaje que habría enviado “El Mayo” Zambada no sería para un secretario en ascenso que combatía a la delincuencia organizada, sino para quien debería gobernar al país: el control de México no está en manos de Felipe Calderón ni de su gabinete, está en manos del poder fáctico del narcotráfico, que ha infiltrado las instituciones gubernamentales en todos sus niveles, incluido el al Ejército Mexicano.

Por esta razón, la línea de investigación no sólo se ciñe a “El Mayo” Zambada, sino que abarca a los elementos de las Fuerzas Federales y del Estado Mayor Presidencial, quienes tenían a su cargo la vigilancia del Learjet durante su estancia en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, de San Luis Potosí.

Según las fuentes, se siguen dos hipótesis: una, que los militares se corrompieron para permitir la entrada de personas ajenas a la seguridad del secretario Mouriño; dos, que ellos mismos armaron el sabotaje.

Otros responsables –aunque no se ha establecido si lo son por comisión u omisión– serían los funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que también se encargaban de resguardar la seguridad personal de su entonces jefe.

Juan Camilo Mouriño, además de ser amigo de Felipe Calderón, se perfilaba como el alfil de éste para las elecciones de 2012. Según los cálculos que se hacían desde Los Pinos, el joven secretario de Gobernación podría aspirar a la Presidencia, toda vez que para entonces a los mexicanos se nos “olvidarían” los contratos que firmó con Pemex en su dualidad de funcionario y empresario, así como su nacionalidad española.

Captura de ‘El Rey’, un error

Los informantes también aseguran que la detención de Jesús Reynaldo Zambada se debió a un error. El operativo que llevó a su captura buscaba capos de menor rango, pero coincidió con la estadía de El Rey en una casa de seguridad ubicada en la colonia Lindavista. La identificación de éste se daría varias horas después de su aprehensión.

Además, dicho operativo no se habría derivado de una investigación, sino de una filtración obtenida del estadunidense Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, principal pistolero de Arturo Beltrán Leyva y quien se encuentra recluido en el Campo Militar Número 1, de la Ciudad de México.

Según el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, “El Rey” encabezaba uno de los cuatro grupos directivos del cártel de Sinaloa. El hombre de 47 años y originario de Culiacán, se ocupaba de la importación de cocaína y precursores para producir metanfetaminas llegadas de Sudamérica a través del AICM y del trasiego de éstos en el valle de México, en los estados costeros del Pacífico, en el centro y sur del país.

Tras su detención, Medina Mora también aseguró que Reynaldo Zambada está vinculado a los recientes enfrentamientos contra integrantes del cártel del Golfo por el control de las plazas.

Aunque las evidencias en contra de “El Mayo” son consideradas sólidas por los informantes, éstos aclaran que los resultados de la pesquisa nunca se darán a conocer, sobre todo por las implicaciones políticas no sólo en el ámbito nacional sino sobre todo internacional. Lo interesante –como ya observaba la columna “Bajo Reserva”, de “El Universal”, el pasado 31 de diciembre– serán las conclusiones a las que lleguen las autoridades estadounidenses.

Bajo reserva recordó que en breve se debería informar los resultados de las pruebas que supuestamente se hicieron en el túnel de viento que existe en la NASA en Estados Unidos, para saber si el avión en el que viajaban Mouriño y Santiago Vasconcelos verdaderamente cayó por la estela de turbulencia que generó el Boeing 767 de Mexicana, que le antecedía en la ruta de aproximación al AICM.

Acerca de la presencia de Santiago Vasconcelos en la aeronave y las amenazas que habría recibido antes de fallecer, los informantes aseguran que hasta el 3 de noviembre era impensable que el ex fiscal abordara la aeronave, pues el plan de vuelo ya tenía contemplados a los funcionarios que viajarían con el secretario de Gobernación. Por ello, descartan que el atentado también se hubiera dirigido a él.


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29 Diciembre 2008 04:27:06
Crea Segob grupos de élite militar
-Acosta Chaparro en nuevo grupo
-Operativo clandestino en el sureste


En la desesperada “guerra” contra el narcotráfico que libra el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que hasta ahora parece perdida, una de las estrategias ha sido copiar del pasado la guerra sucia que desataron gobiernos priístas al utilizar al Ejército y a los cuerpos policiales en contra de luchadores sociales, opositores al régimen y guerrilleros que no veían otra alternativa más que tomar las armas para hacer justicia contra los caciques, el abuso del poder y la dictadura. En el colmo de la desesperación del actual gobierno que no logra legitimarse, ha recurrido al “reciclaje” de personajes acusados de crímenes de lesa humanidad que se cometieron, a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales, durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980.

De ese lúgubre periodo, no sólo se desconoce el número exacto de las cientos de víctimas desaparecidas o asesinadas, sino que los visibles responsables nunca fueron condenados por sus actos. Una prueba de ello fue el enorme gasto de la fiscalía (Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Procuraduría General de la República) creada durante el gobierno de Vicente Fox para atender esos delitos y que jamás pudo llevar a prisión a los responsables, a pesar de que había señalamientos concretos en contra de un ex presidente, Luis Echeverría, y varios miembros de su gabinete, así como de ex jefes policiales.

Ahora, organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado al menos 23 desapariciones forzadas de activistas sociales o con móvil político, ocurridas de diciembre de 2006 a mayo de 2008. Aunque la cifra de levantados con este perfil podría superar los 300 (revista “Contralínea. Periodismo de Investigación”, 1 de junio de 2008).

Más aún, en días pasados se dio a conocer el saldo oficial de la “guerra” contra el narcotráfico: en lo que va del sexenio calderonista, se han perpetrado más de 7 mil ejecuciones –en su mayoría civiles– supuestamente relacionadas con el crimen organizado, pero sin aclarar.

La decisión calderonista de copiar estrategias de la guerra sucia se habría dado en este contexto, cuyo origen no sólo es la ilegitimidad con la que nace el actual gobierno –acusado por la oposición de llegar al poder tras cometer fraude electoral–, sino la ingobernabilidad que propició la gestión de Vicente Fox: durante su sexenio creció exponencialmente el llamado narcomenudeo y, según cifras y declaraciones de funcionarios del gobierno de Calderón, la delincuencia organizada creció al permitírsele operar con total libertad e impunidad, como si se tratara de un acuerdo pactado entre Gobierno y crimen organizado, tal como hace unos días lo sugirió el ex vocero presidencial Rubén Aguilar.

Fuentes cercanas a la seguridad pública explican que, desde la Secretaría de Gobernación, se habrían organizado comandos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (corporación creada por el Gobierno durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana), cuyo objetivo fue “erradicar” el descontento social por medio del asesinato y la desaparición forzada, incluso de niños, mujeres y ancianos.

Los informantes, que han solicitado el anonimato, aseguran que la “diferencia” es que ahora se busca administrar la violencia que azota al país, atribuida a la delincuencia organizada, y en forma paulatina contenerla y extinguirla de una manera que hace recordar a los escuadrones de la muerte que han visto su florecimientos en países latinoamericanos marcados por las dictaduras militares. Este parece ser el signo del gobierno panista de ultraderecha que comanda Felipe Calderón como jefe máximo de las fuerzas armadas y principal responsable de la inseguridad que agobia a todo el país.

Sin embargo, como en el tiempo de la guerra sucia, los comandos militares se mueven en la clandestinidad y tienen “permiso” para ajusticiar a los “narcotraficantes”; además, al margen de los operativos conjuntos, que tampoco rinden cuentas a nadie y que han cometido ya suficientes excesos en contra de la población civil, como el caso de la anciana indígena de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio, o las familias acribilladas en supuestos retenes de Sinaloa.

El problema con estos comandos clandestinos, evidentemente, va más allá de la violación de las leyes y los derechos humanos: las instituciones mexicanas y sus funcionarios públicos, incluyendo al Ejército, se han corrompido y están infiltradas por el crimen organizado, además de los miles de soldados que han desertado para involucrarse en las bandas criminales.

También está el caso del oficial militar Arturo González Rodríguez, integrante de la guardia presidencial y arraigado por la Procuraduría General de la República el pasado 26 de diciembre, con motivo de la “Operación Limpieza” contra servidores públicos que dieron información reservada a personas no autorizadas.

Otro grave problema relacionado con estos grupos clandestinos de elite militar es la denuncia hecha por asociaciones civiles de defensa de los derechos humanos, respecto a que la “guerra” contra el narcotráfico es una simulación que tiene por objetivo real acabar con el descontento social en crecimiento.

Pero no sólo el Gobierno ha tomado la determinación de crear grupos paramilitares para validar una lucha contra el crimen organizado que va perdiendo, también grupos empresariales ha decidido contratar expertos extranjeros y nacionales en asuntos de seguridad, vigilancia y represión en contra de todo aquel que se atreva a amenazar, intimidar, agredir o secuestrar a alguno de sus integrantes o familiares.

En esta lucha esos cuerpos de élite militar privados cuentan con el apoyo y consentimiento de funcionarios de primer nivel gubernamental, así como de los jefes policiacos, pues al fin de cuentas como el Gobierno no puede garantizar la seguridad de las personas, es permisivo en el abuso de estos grupos con tinte paramilitar de autodefensa privada.


La clandestinidad de escuadrones de la muerte

Pero volvamos a la cuestión gubernamental y sus grupos clandestinos de choque, en donde según indican las fuentes, esos comandos militares estarían operando en zonas territoriales específicas del país, aunque no como parte de los operativos conjuntos que se han acordado entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales.

Por ejemplo, revelan que uno de éstos grupos paramilitares gubernamentales opera en el sureste de México, bajo las órdenes del ya legendario general Mario Arturo Acosta Chaparro, procesado hace algunos años por abuso, tortura y desaparición de por lo menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de 1980.

En la conflictiva zona asignada a quien fuera parte de la Brigada Blanca –y que también fungió como director de los Servicios Especiales de la extinta Policía Judicial de Guerrero durante el sexenio del tirano gobernador Rubén Figueroa Figueroa–, se localizan las guerrillas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y del Ejército Popular Revolucionario (que cuenta entre las 23 víctimas desaparecidas en este sexenio a Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007).

Luego de su liberación, ocurrida en junio de 2007, Acosta Chaparro no sólo habría recuperado sus cargos y honores militares, sino que habría sido reinstalado en una “misión” que conoce muy bien: aunque supuestamente ahora el enemigo a vencer son las bandas del narcotráfico y no la guerrilla, la cual es considerada por el gobierno como controlada.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la orden habría sido dada desde la Secretaría de Gobernación (aunque la autorización saldría desde la misma Presidencia de la República), en los tiempos en que el fallecido Juan Camilo Mouriño dirigía la seguridad interna del país. En un acto desesperado por los malos resultados en el control de la delincuencia y la violencia criminal que cada día crece más en todo el país.

Como se recordará, el general brigadier fue detenido el 30 de agosto de 2000 –junto con el fallecido general Francisco Quirós Hermosillo–, acusado de brindar protección al cártel de Juárez y a su entonces líder Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”.

Acosta Chaparro pasó seis años y 10 meses privado de su libertad en la prisión del Campo Militar Número 1, de la ciudad de México (donde ahora permanece el estadunidense Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, principal pistolero de Arturo Beltrán Leyva) y logró su exoneración por medio del juicio de amparo 29/2007.

La sentencia dictada el 27 de junio de 2007 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Distrito Federal, obligó a que le fueran restituidos todos sus derechos: sus emolumentos, su grado de general y su libertad. Y ahora su reinstalación por órdenes presidenciales para combatir al crimen organizado.

Además de ser juzgado por la supuesta comisión de delitos contra la salud, cuya sentencia alcanzó 15 años de prisión (pero que fue modificada en agosto de 2005 y anulada en 2007 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal), a finales de 2002 fue notificado de un proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado en contra de 143 personas, a quienes se les vinculó a la guerrilla y que habrían sido ejecutadas y arrojadas al mar desde un avión Arava IAI-201, de fabricación israelí, en las costas de Oaxaca, durante la guerra sucia.

El 28 de junio de 2006, el juez cuarto de Justicia Militar, Domingo Arturo Salas Muñoz, absolvió a Acosta Chaparro de estos crímenes de lesa humanidad y decretó el auto de libertad bajo el argumento de “desvanecimiento de datos”.

Según informó el reportero Gustavo Castillo, en el diario “La Jornada”, “esta decisión de la justicia militar se dio días después de que el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, hizo un llamado público a los mexicanos a saber perdonar y a poner atención ‘en que no se nos vaya la nación de las manos’”.

Por órdenes de la administración calderonista, el general Mario Arturo Acosta Chaparro regresa a una zona que conoce a la perfección, acompañado de un grupo de elite militar y cubierto con el manto presidencial de la impunidad, para recetarnos lo que el gobierno considera la solución a la violencia del crimen organizado. Con la crisis económica, los despidos masivos, las soluciones gubernamentales y el creciente descontento social, días aciagos nos depara este 2009.


El torturador

El periodista guerrerense Juan Carlos González ha escrito que el ex guerrillero Octaviano Santiago Dionicio conoce bien la crueldad del general Arturo Acosta Chaparro. Atado de manos y con los ojos vendados, Santiago Dionicio fue trasladado de la Ciudad de México al puerto de Acapulco. La amenaza y la tortura mental no cesaron en todo el trayecto: “que si mucho me habían preocupado los presos políticos, ahora debería festejar la fecha, porque por fin iba a tener la posibilidad de saber en dónde se encontraban”; sólo tenía cinco horas de vida. El mar ya había sido la tumba para otros que, como él, se habían querido pasar de “valientitos”.

A las nueve de la noche del 8 de noviembre de 1978, arribaron al puerto. Fue llevado a una cárcel clandestina, a unos metros de la oficina del jefe de la Policía en Guerrero, el teniente coronel Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite: “personaje cobarde que, aprovechando el uniforme, dirigió y cometió las torturas más viles de que tenemos memoria”.

Junto con otras víctimas de la guerra sucia, Santiago Dionicio ha acusado a este personaje ante la Procuraduría General de la República (PGR), como el culpable de la detención, tortura y desaparición de muchos. “Hemos ido a la PGR a denunciarlo y ratificado nuestras declaraciones; y el señor anda como si nada”.

Entre los denunciantes se encuentran Alejandra Cárdenas Santana, Eloy Cisneros Guillén, Arturo Gallegos Nájera, Saúl López Sollano, Juan García Costilla, Guadalupe Galeana Marín, Andrés Nájera Hernández, Joel Iturio, Anita Teresa Estrada y Nicomedes Fuentes García.

“Él desapareció a mi primera compañera, María Concepción Jiménez Rendón, en 1977”, dice nostálgico el excompañero de armas de Lucio Cabañas. También a Paulo Santana López, Fredy Radilla Silva, Eusebio Peñaloza, entre otros. Esto obra en las actas que levantamos en la PGR porque tenemos pruebas”, dice.

El ex guerrillero recuerda: “él me torturó personalmente en 1978, en una cárcel clandestina en el ciudad de México. Cuando lo agarraron no fue por los hechos de tortura, sino por sus nexos con el narcotráfico. Sin embargo, hace unos meses lo liberaron, y lo acaban de condecorar por sus servicios a la patria. Es un insulto a nuestros desaparecidos, a nuestra historia nacional y a las luchas más grandes que buscan la libertad; es una bofetada a los derechos humanos, a nuestras instituciones republicanas que tanto han costado”.

Sin embargo, no descarta que con su lucha, Arturo Acosta Chaparro tenga que regresar a la cárcel, para responder por los crímenes de lesa humanidad. Muchos organismos internacionales lo han señalado también como responsable de ellos.

Sus protectores no podrán resistir lo pesado de los señalamientos, advierte Santiago Dionicio, y finalmente cada día se están reduciendo. El ejemplo de Argentina, Uruguay y Chile van a tener que repercutir de manera positiva aquí; los criminales no pueden tener impunidad en ninguna parte del mundo, y México no puede ser la excepción. Estoy convencido de que pronto la justicia va a brillar en los cuarteles y fuera de los cuarteles.

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25 Diciembre 2008 04:00:04
La corrupción de Siemens en México
Al menos durante la última década el nombre de la compañía alemana Siemens ha estado vinculado con escándalos de corrupción en México. Desde las licitaciones para trenes suburbanos, la adquisición de equipos altamente sofisticados para el IMSS, las turbinas y equipos para la generación de electricidad y hasta los monumentales contratos con Pemex, Siemens se ha convertido en uno de los principales contratistas del Gobierno federal.

Tan sólo Siemens Innovaciones, dedicada a la construcción de subestaciones eléctricas y suministro de equipo electrónico, tiene contratos por un total acumulado entre 2005 y 2008 de mil 521 millones 644 mil 741 pesos, entre licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas, de acuerdo con los reportes públicos y actualizados de Compranet.

De hecho, por asignaciones directas Siemens obtuvo poco más de 196 millones de pesos, una cantidad nada despreciable por sólo presentarse a proveer equipos y sistemas para el Gobierno federal, sin someterse a un proceso de licitación en el que concursen otros participantes.

Siemens Power Generation, Siemens Westhinghouse Power Corporativo, Siemens Dematic (una compañía de materiales), Siemens Healthcare Diagnostics y Siemens Metering (dirigida a la comercialización de sistemas y reactivos para el diagnóstico clínico con contratos por 3.8 millones de pesos), son otros de los nombres con los que el grupo alemán concentra aquí los contratos con el Gobierno mexicano.

Hace más de un año, cuando se descubrió que la firma se había movido en un camino lleno de prácticas de corrupción, el diario “El País” escribió: “Cuando un enfermo de Alemania tiene que someterse a una tomografía, lo último que ve antes de que lo introduzcan en el tubo es la palabra Siemens en el aparato. Si un viajero sube a un tren de alta velocidad, la locomotora será de Siemens, si usa un electrodoméstico o necesita gasolina, allí estará el nombre de Siemens”. Algo así sucede con México y por ello lo preocupante de la investigación iniciada hace más de un año en Alemania y Estados Unidos y que hoy concluye con datos reveladores de la corrupción que practica esta empresa germana.

Fue a medidos de la década de los 90 cuando un alto directivo de Siemens me dijo en una entrevista que para el grupo alemán la contratación de comisionistas era un mal necesario. De otra forma, aceptó, en México era prácticamente imposible obtener contratos si no es mediante el soborno, el chantaje y la corrupción. Por esa razón, Siemens ya tomaba en cuenta, como parte de sus costos de operación, esas comisiones por 10 a 20 por ciento del monto total de cualquier contrato. En su momento, compañías mexicanas como Bufete Industrial también denunciaron dichos problemas de corrupción mientras Siemens cerraba sólidos contratos con Pemex (en asociación con Tribasa), CFE y el IMSS, en donde por cierto se generó una gran controversia al revisarse las condiciones bajo las cuales se otorgó un gran contrato por parte del IMSS para la adquisición de equipos de radiología por más de 20 millones de dólares en la época de Hangs Georg Pauli, el director de Siemens en México, que participó en esa empresa por más de 17 años. A este directivo se le vinculó frecuentemente con el comisionista Jaime Camil y, por supuesto, con el Grupo Tribasa, con el que buscó obtener importantes contratos en el sector petrolero.

Una década después, una investigación de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), revela y confirma que Siemens hizo de dichas prácticas de corrupción un estilo de cerrar negocios en América Latina y de acelerar sus ganancias.

Entre marzo de 2001 y el 30 de septiembre de 2007, Siemens habría realizado al menos 4 mil 283 desembolsos ilegales para cerrar contratos en México, Venezuela, Bangladesh, Vietnam, Nigeria, Argentina, China y Rusa.

Siemens pasó del “capitalismo de cuates”, definido por el premio Nobel de Economía Joseph Stigliz como el predominio de relaciones extra corporativas o de negocios, a las prácticas institucionales y declaradas de corrupción. Tan las institucionalizó, que la SEC descubrió que en sus reportes anuales presentaba los pagos a sus comisionistas como servicios de consultoría, los cuales, incluso, respaldaba con facturas. Vaya cinismo.

El breve pero contundente expediente que se dio a conocer este fin de semana a través del portal de la publicación periodística “El Semanario”, asegura que en la segunda mitad de 2004 Siemens PG y Siemens S.A. de C.V realizaron tres pagos ilícitos separados a un consultor no identificado en Pemex. Se asegura, además, que una parte de ese dinero fue entregada por el “consultor” a un alto funcionario de Pemex que estaba en posición de influir en el acuerdo para obtener contratos. El director de Siemens en la región de Mesoamérica, Hans Joachim Kohlsdorf –un ejecutivo de origen alemán nacido en Colombia– habría estado al tanto de esos pagos que sirvieron para que Siemens obtuviera un contrato que recibió financiamiento del Eximbank de EU.

La querella de la SEC no precisa si dichos contratos se alcanzaron en la gestión de Raúl Muñoz Leos o durante la gestión de Luis Ramírez Corso, quien llegó a la paraestatal en noviembre de 2004. Sin embargo, por las fechas señaladas había sido la gestión de Muñoz Leos la que conoció sobre los contratos de Siemens en Pemex.

En el ojo del huracán, sin duda, se encuentran ya algunos de los consejeros independientes de Siemens como Arturo Fernández del ITAN o Francisco Garza Zambrano, quienes, al menos, tendrán que asegurar que, por supuesto, no estuvieron al tanto de las prácticas de corrupción de la firma alemana.

En México, la SEC revela que los pagos se habrían generado para alcanzar un “arreglo” entre Siemens y PEMEX se originaron en la disputa entre esta última y el Consocio Proyecto Cadereyta, formado por la alemana, la coreana Sunkyong Engineering y Tribasa.

Ese consorcio, que ganó las licitaciones para la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta (Nuevo León) y Ciudad Madero (Tamaulipas), mantiene una disputa con PEMEX ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional -con sede en París- por los errores de planeación y las readecuaciones improvisadas. En dicho litigio aún no resuelto, la contratista reclama a la petrolera un pago superior a los 500 millones de dólares. El consorcio entregó tarde y con fallas la obra, cuyo costo final terminó rozando los 3 mil millones de dólares, 40% más que el cálculo inicial. En 2001 Muñoz Leos aceptó como terminada la reconfiguración de la planta Cadereyta, a pesar de los detalles inconclusos. Por ello, se deduce que el soborno al consultor y al alto cargo de Pemex fue para dirimir ese conflicto legal.

Pero no sólo a nivel federal Siemens ha escrito historias de corrupción, también en el gobierno de Guillermo Cosio Vidaurri en Jalisco Siemens se vio involucrada en problemas de corrupción durante la construcción y equipamiento de la línea 2 del tren eléctrico urbano de la ciudad de Guadalajara que involucró recursos por 25 millones de dólares. En aquella ocasión, el director general de Siemens para México me confesó que el expediente sobre la investigación se extravió y que no pudieron confirmar práctica alguna de corrupción.

Los resultados, sin embargo, nunca se han dado a conocer y hoy una autoridad extranjera pone a México en la lista de países corruptos con los que Siemens alcanzó jugosos contratos.

Hasta ahora el Gobierno mexicano no ha hecho un pronunciamiento sobre este escándalo de corrupción mientras en Berlín el presidente de la firma, Peter Loescher, aseguró que la compañía alemana ya aprendió la lección y que si bien pagó comisiones e incurrió magen prácticas de corrupción en Venezuela y Argentina, hoy ha cambiado definitivamente. Siemens no habló en lo absoluto sobre México y reveló que llegaron a un acuerdo con las autoridades bursátiles de EU para pagar multas por al menos mil 300 millones de dólares.

El Gobierno mexicano seguramente tuvo que entregar a la SEC información sobre los negocios de Siemens en México. Si es así, entonces la Secretaría de la Función Pública tendría que dar una explicación sobre las dependencias y los funcionarios públicos que establecieron relaciones con Siemens.

Las inconsistencias de la SHCP

Hace apenas algunos días se dio a conocer que desde 2006 el Grupo Financiero Banorte había recibido ofertas de varios fondos soberanos de Asia para adquirir una participación del grupo mexicano. La SHCP, a cargo de Agustín Carstens, se negó a autorizar una operación de ese tipo debido a que la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 13 simplemente prohíbe que autoridades de gobiernos extranjeros participen en el capital de bancos múltiples. En otras circunstancias sólo nos restaría felicitar a las autoridades por la dureza en la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito, el problema es que hasta ahora el gobierno de Felipe Calderón no ha asumido el reto de hacer valer las legislaciones mexicanas frente al gobierno de EU. La capitalización de Citigroup con recursos del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal colocó a Banamex en una situación de ilegalidad.

Simplemente, uno de los dos principales bancos del sistema nacional de pagos del país está incumpliendo las disposiciones aprobadas en 2000 con el propósito de evitar que un gobierno extranjero dictara políticas contrarias al interés público. La estrategia de la SHCP ha sido la de guardar silencio ante esta anomalía y esperar que el expediente se olvide.

08 Diciembre 2008 04:54:01
Disputan herencia de colección Gelman
» Involucra 85 obras de pintores europeos
» Investigan el fraude por 30 mil millones


Una vieja averiguación previa radicada en 2006 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha desatado la costosa contratación de famosos despachos de abogados en México y en Estados Unidos, que disputan una de las colecciones de pinturas y esculturas más importantes del mundo, denominada “Maestros Europeos del Siglo XX” y expuesta en la sala principal del Museo de Arte de Nueva York.

El motivo de la intervención de prestigiados bufetes de abogados como Alberto Zínser, Julio Esponda y hasta hace poco también Fernando Gómez Mont (actual secretario de Gobernación); Enrique Fuentes León y su hijo Francisco Fuentes Olvera; Mariano Albor y Daniel Torices; Alfonso Jiménez O’ Farril; José Antonio García Luque; Lilian Cruz; John Koegel y Jane W. Parver, obedece a que el valor monetario de dicha colección integrada por 85 obras, rebasa los 30 mil millones de pesos.

En 2006, Mario Moreno Ivanova, hijo del que fuera actor cómico Mario Moreno Cantinflas, reclamó los derechos del acervo “Maestros Europeos del Siglo XX”, por lo que se abrió la averiguación previa FPC/74T3/00706/06-10.

Las obras de dicha colección son representativas de la Escuela de París –entre cuyos autores destacan Picasso, Dalí, Renoir, Matisse, Braque, Léger, Modigliani, Balthus, Mondrian, Miró– y fueron adquiridas por el matrimonio de Jacques y Natasha Gelman a partir de la década de 1940 y hasta 1989. Un año antes de que Natasha muriera, en 1998, la recopilación completa fue cedida al fideicomiso Waterford y cada obra fue cedida simbólicamente en un dólar.

Este escandaloso caso, que de prosperar sería el mayor fraude de la historia por su monto económico, se había mantenido en secreto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hasta que la reportera Érika Ramírez, de la revista “Fortuna”, lo descubrió, y en sus indagaciones encontró que están inculpados el ex director del Centro Cultural de Arte Contemporáneo Robert Littman, la jueza neoyorkina Marylin Diamond, la abogada Janet Cohn Neschis y el notario Paul E. McGloin, quienes según la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, expediente 1361/2008, habrían cometido dicho delito.

En su sentencia los magistrados de la Octava Sala Penal negaron la orden de aprehensión por el delito de “robo agravado en pandilla”, pero enmendaron la plana a la Procuraduría capitalina y sentenciaron que los inculpados sí pudieron haber incurrido en el delito de “fraude”, lo que facilita el trabajo a los denunciantes para reencausar la acusación penal que hizo Mario Moreno Ivanova, quien reclama los derechos de las 85 obras de arte europeo de la colección Gelman.

De acuerdo con el expediente judicial, las acusaciones de Moreno Ivanova señalan que Littman, Diamond, Neschis y McGloin se aprovecharon de una supuesta enfermedad de Alzheimer que padecía Natasha Gelman (Natalia Zahalka Krawak) al momento de ceder los derechos a Waterford, fideicomiso del que los indiciados eran beneficiarios.

No obstante, fuentes cercanas a la investigación niegan que Zahalka Krawak padeciera Alzheimer desde 1993. Incluso, aseguran, tanto los exámenes médicos presentados por Moreno Ivanova, como la cesión de derechos a RIOMA son “apócrifos”.

Cantinflas y Gelman

Contenida en el expediente 1361/2008, la historia que tomaron en cuenta los magistrados de la Octava Sala del TSJDF detalla que después de que Jacques Gelman Levy descubre el talento de Mario Moreno Cantinflas, el mimo acumula un “patrimonio sustancial” que le permite constituir diversas sociedades y empresas, entre las que se encuentra RIOMA Films.

Al tiempo que “el cómico de la gabardina” ganaba el reconocimiento de los críticos de cine y del público mexicano, las regalías de sus películas dejaban para él y su productor grandes ganancias. El matrimonio Gelman, a la par, creó empresas y fundaciones mediante las que administraría su fortuna.

De acuerdo con el documento judicial, entre las sociedades de los Gelman se encuentran: la Fundación Anturia, sociedad de beneficencia y caridad para personas físicas y morales; Telemont Antstalt, constituida en Liechtenstein; Paramount Holdings, Limited, regida por las leyes de las Islas Turcos e Icacos, y Alford Holdings, Limited, en las Islas Vírgenes.

En sincronía con la constitución de empresas, Jacques y Natasha Gelman adquirían piezas de arte moderno de Europa y México. Las relaciones con artistas –como los españoles Pablo Picasso, Salvador Dalí, y los mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo– se materializaban a través de la compra de sus obras.

El 7 de mayo de 1985, Jacques Gelman Levy y Natalia Zahalka Krawak de Gelman celebraron un contrato de cesión de derechos con la empresa RIOMA Films, entonces representada por Mario Moreno Reyes, alias Cantinflas.

El contrato, dice el expediente del TSJDF, “tuvo por objeto principal ceder la propiedad de todos los títulos, derechos y acciones de las empresas Telemont Antstalt, domiciliada en Liechtenstein, y Paramount Holdings, Limited, empresa a la que pertenecían 80 obras de arte…”.

Quedó asentado que los “cedentes” recibirían como “contraprestación” 40 mil pesos de manera vitalicia. El primer pago fue recibido por el propio Gelman Levy y se reservaron el usufructo vitalicio de los bienes transmitidos. Esta acción, dice el documento, fue ratificada el 15 de marzo de 1991 por Natasha Gelman ante corredor en asamblea general ordinaria de accionistas de la empresa RIOMA Films.

Al fallecer el coleccionista de origen ruso, su esposa Natalia Zahalka Krawak se dedicó al cuidado y protección de las obras europeas. Con un supuesto deterioro en su salud –se lee en el expediente–, se acercan a ella Robert Littman, Marylin Diamond y Janet Neschis, “esta última hija del señor Sidney Cohn, quien fuera abogado personal y representante legal de Jacques Gelman durante su vida”.

Con la muerte de Sidney Cohn, toma su lugar Janet Neschis, quien se encontraba en sociedad con Marylin Diamond y Paul McGloin, en el despacho de abogados Leavy Rosensweig and Hyman, en Nueva York, Estados Unidos.

En la resolución del expediente, del cual se posee copia, el TSJDF avala que la empresa RIOMA Films, actualmente representada por Mario Moreno Ivanova, cuenta con los derechos de uno de los acervos artísticos más importantes del mundo, desde el 7 de mayo de 1985. Reconoce a Natasha Gelman como “usufructuaria vitalicia, porque únicamente gozaba de la posesión y administración de las mismas”.

Convenio falso

En la exhaustiva investigación periodística de Érika Ramírez, se da cuenta de que en la averiguación previa FPC/74T3/00706/06-10 se han involucrado documentos falsos que atestiguan que el contrato de 1985 es “inverosímil”.

Entre los argumentos expuestos indican que 10 de las 80 pinturas, que se detallan en el contrato como propiedad de Paramount, fueron adquiridas por los Gelman años después de que se firmara la cesión de derechos a RIOMA, en 1985.

De acuerdo con el catálogo de la Colección Gelman, que está en exposición permanente en el Met de Nueva York, un Autorretrato de Picasso y la obra “Still Life with a Guitar”, de Georges Braque, fueron adquiridas en 1986 por Natasha Gelman; “Mechanical Elements”, de Fernand Léger, y “Vine and Olives”, de Johan Miró, en 1987; también se encuentran “Untitled” (Miró), “Composition” (Piet Mondrian), “The Smoker” (Juan Gris) y “The Cavalier and the Seated Nude” (Picasso), compradas en 1988. Un año más tarde se añadieron a la colección de la Escuela de París las pinturas Jean Paulhan, de Dubuffet, y “The Barbarians”, de Max Ernst (revista Fortuna. Negocios y finanzas, 70).

Además, el documento 9023695, del Registro Público de la Propiedad, muestra que RIOMA Films quedó disuelta el 31 de diciembre de 1986. Pasaron 20 años antes de que Moreno Ivanova presentara la denuncia ante la Procuraduría capitalina. La disolución quedó asentada en el acta de asamblea de esa fecha.

Otro aspecto que arguyen las fuentes es que el 16 de octubre de 2001, la Corte de Nueva York determinó que, al momento en que Natasha Gelman firmó el testamento que donaría las 85 obras de arte europeo, “se encontraba en todos los aspectos capaz para dictar un testamento y que no se encontraba bajo presión alguna y que esta Corte está satisfecha de que el testamento es genuino y su ejecución válida”.

El testamento fue firmado por la esposa del ex productor de Cantinflas el 18 de noviembre de 1997, momento en el que el acervo cultural ya se encontraba en el Met de Nueva York. Según las fuentes, con esta acción se pretendía alejar la colección de manos privadas y, por el contrario, que estuviera a disposición del público a perpetuidad, en una galería que llevara el nombre de Jacques y Natasha Gelman.


El fideicomiso

Waterford fue el vehículo financiero que permitió que Littman, Neschis, Diamond y McGloin obtuvieran de Natasha Gelman las más de 80 obras artísticas de la Escuela de París. El acervo está valuado “pericialmente” en 30 mil 358 millones 820 mil 520 pesos.

Pero no sólo eso, los personajes investigados actualmente por el supuesto delito de fraude también se hicieron beneficiarios de los derechos y título de propiedad del departamento ubicado en el 625 de Park Avenue, lugar en el que el matrimonio Gelman pasaba su estancia en Estados Unidos.

Además, se hicieron de “todos los valores, dinero y demás propiedades depositadas en la cuenta 150452, de Swiss Bank Corporation”. También de las piezas de arte precolombino, los artículos de plata, joyería, alfombras, tapetes y muebles de casa.

Con el fideicomiso –además de los objetos de valor de los coleccionistas–, Littman, Neschis, Diamond y McGloin obtuvieron los derechos de las empresas Alford Holding, constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes británicas, y Paramound Holding, creada bajo las leyes de las Islas Turcos e Icacos.

El documento indica que todas las cesiones anteriores fueron hechas por la “absurda” cantidad de un dólar. La entrega fue certificada por el notario “inculpado” Paul McGloin, y como testigo se presentó Janet Neschis, el 18 de noviembre de 1997. En el expediente se destaca que al momento de la firma, el fideicomiso aún no estaba conformado, situación que se dio hasta el 1 de enero de 1998.

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01 Diciembre 2008 04:39:48
Slim da lecciones
* La crisis aguda del capitalismo salvaje
* Nuevamente la estatización de la banca


El magnate Carlos Slim ha confirmado no deja pasar una oportunidad para cerrar un buen negocio. No importa, dicen quienes lo conocen, si tiene el control o no de las compañías en las que pone su objetivo. Este fue el caso, por sólo mencionar algunos, del Grupo ACIR o de la constructora ICA. Fue a través de la casa de bolsa Inbursa y de instrumentos como las Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo (Sincas) que Slim ha tenido la oportunidad de poner un pie en compañías estratégicas, conocer cómo operan y, casi siempre, avanzar en el mediano plazo hacia una incursión directa en los mismos sectores.

Por ello, no resultó extraña la noticia dada a conocer por la publicación “El Semanario” sobre la participación de los clientes de la casa de bolsa Inbursa en el capital de Citigroup. Aunque se dijo que Carlos Slim apenas había comprado 40 millones de acciones que no representarían más del 1 por ciento del capital del gigante estadounidense, en el mercado de valores los directivos de casas de bolsas aseguran que la intermediaria de Slim habría comprado directamente pero también a través de terceros intermediarios más del 3 por ciento del capital de Citigroup, un porcentaje similar al del príncipe saudita Alwaleed bin Talal, que ya cuenta con un lugar seguro en el consejo de administración de Citigroup.

Para concretar esta operación en los términos en los que especula ya el mercado de valores mexicano y estadounidense (no en balde la prensa extranjera sigue con gran sorpresa los pasos del presidente del Grupo Carso), Slim habría tenido que invertir al menos mil millones de dólares, poco para él y poco también tomando en cuenta que los españoles de La Caixa pagaron por el 20 por ciento del banco Inbursa poco más de mil 600 millones de dólares, de principios de año, claro está, cuando el peso aún no se devaluaba.

Tiene pues Slim dinero para invertir y demostrar que el modelo de participación de la banca extranjera al ciento por ciento que impulsó su enemigo Francisco Gil Díaz simplemente es un error; que ni los inversionistas estadounidenses eran la solución para todos los problemas de crédito en México y que la apertura indiscriminada de algunos sectores como el bancario enfrenta muchos problemas. La posición ideológica de Carlos Slim tiene más sentido tomando en cuenta que la liberalización del sector de las telecomunicaciones es uno de los temas pendientes en la agenda de los neoliberales y quienes aún defienden el esquema capitalista a ultranza que ya demostró, una vez más, con la crisis de las hipotecas en EU que no es infalible y, por el contrario, está lleno de abusos, errores, injusticias y excesos.

Aún más, otro de sus grandes rivales en los negocios, Roberto Hernández, tuvo que asumir con gran pesar en su bolsillo que Slim hizo una jugada maestra. Con poco más de 14 millones de títulos de Citigroup, resultado de la venta de Banamex, el 21 de noviembre Hernández vio cómo se desplomaba su inversión con un pérdida de casi el 80 por ciento de su valor. ¿Qué podía hacer? Simplemente esperar a que la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro entraran a rescatar al ícono del capitalismo estadounidense prácticamente aniquilado.

Pero mientras Hernández veía la tragedia, Slim veía la oportunidad: compraba y compraba acciones de Citigroup en espera del rescate. Y así sucedió, lo mismo que perdía Roberto Hernández lo ganaba su enemigo Carlos Slim. El destino o la creciente rivalidad mantienen unidos a estos dos hombres de negocios enfrentados en los sectores bancario, de telecomunicaciones y, por supuesto, en lo personal.

No es gratuito, como hemos escrito en este espacio, que Hernández decidiera incursionar en el mercado de las telecomunicaciones con su empresa Avantel, la compañía que dirigió Francisco Gil Díaz al salir del sector público cuando el PAN ganó la Presidencia. Gil Díaz cuestionó abiertamente los márgenes de Telmex, su monopolio y su resistencia a la competencia. Querían él y Hernández una tajada del pastel de las telecomunicaciones. Avantel no lo logró y ahora al frente de la española Telefónica, Gil Díaz sigue con la misma batalla, pero ya sin el paraguas de la información que le daba ser secretario de Hacienda.

La crisis del capitalismo

México y sus autoridades no pueden pretender que nada ha cambiado en el escenario internacional y que esas transformaciones no tendrán repercusiones de fondo en el mercado mexicano del crédito que, hasta ahora, ha privilegiado el consumo y ha olvidado a las clases desprotegidas. Incluso, las llamadas microfinancieras populares sucumbieron a la tentación del dinero a manos llenas y comenzaron a cobrar tasas anuales superiores al 80 por ciento para casi convertirse en bancos. La crisis entonces es inminente y no está de más recordar las razones que lo provocaron.

No había pasado ni siquiera una semana del escandaloso rescate de la aseguradora estadounidense AIG, cuando la agencia de noticias Bloomberg informaba que los ejecutivos de esa firma festejaban en un lujoso hotel de Nueva York el desembolso por más de 85 mil millones de dólares, a cargo de los contribuyentes estadounidenses, para rescatar al gigante de los seguros. Aquella noticia fue sólo una muestra de la exhuberancia irracional, un término acuñado por el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que caracterizó a Wall Street, a los monumentales bancos como Citibank y, por supuesto, a la sociedad estadounidense acostumbrada al consumo impulsivo y por supuesto a base de créditos.

Fue así como la economía estadounidense se convirtió en el motor de la economía mundial: consumió a todo vapor casas, automóviles, aparatos electrodomésticos, importados de China, por supuesto. La resaca vendría después, las deudas se cobrarían muy caras y todo el mundo pagaría por ellas. “La Hoguera de las Vanidades”, la novela que dirigió con gran éxito el cineasta Brian de Palma, es apenas un testimonio del estilo de hacer negocios que caracterizó a la sociedad estadounidense en donde choferes de taxi, cocineros y hasta obreros participaban en el mercado de valores de Nueva York, apostando sus pensiones y también su futuro.

La actual crisis financiera de EU ha tenido, sin duda, efectos devastadores para la credibilidad de cualquier discurso expansionista de empresas o del gobierno de ese país. Aún no se olvidaban los escándalos contables de Enron (que protagonizó los fraudes con inversiones en coberturas atadas a los precios de la energía) cuando Wall Street sucumbía ante el enorme boquete que dejó el crecimiento de una industria financiera basada en créditos que se otorgaron sin el menor rubor y cuando se confirmó que agencias calificadoras de deuda, auditores, analistas y hasta la prensa no pudo o no quiso ver la debilidad estructural en la que estaba incurriendo la economía de EU.

¿Quién podría sospechar que la fortaleza de la economía estadounidense y de sus poderosos bancos estaba detenida de alfileres? Pocos, muy pocos.

Cuando Citigroup compró Banamex, a pesar de haberse comprobado que se trató del banco que permitió a Raúl Salinas de Gortari armar una compleja red financiera para el envío de recursos de dudosa procedencia, se nos dijo que tendríamos banca del primer mundo, que los créditos no faltarían para hacer crecer a las compañías mexicanas y que, por supuesto, no volveríamos a vivir la experiencia de un rescate tan ominoso como el del Fobaproa. Pero eso fueron sólo mentiras del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Nada de eso sucedió, hoy los mexicanos volvemos a vivir la misma angustia: en la economía el crédito es limitado; la banca extranjera ha decidido privilegiar el crédito al consumo (tarjetas de crédito) y postergar su responsabilidad de contribuir a generar fuentes de empleo. Lo paradójico es que Banamex, por ejemplo, en medio de la crisis de Citigroup, se convirtió en la joya de la corona del conglomerado financiero estadounidense y, de hecho, el Banco de México confirmó que Citigroup solicitó a su subsidiaria mexicana que le transfiriera recursos para aliviar su crisis de liquidez. Esa información se develó en marzo pasado y, desde entonces, ya se pronosticaba el derrumbe de Citigroup.

Hoy, es un hecho, el sistema financiero del país más grande del mundo vive su más profunda crisis e ingresa a un proceso de cambio del cual surge ya un nuevo orden que incluye bancos nacionalizados, un rescate a cargo del Gobierno federal al estilo Fobaproa – tan criticado en su momento por los reyes del capitalismo-, la desaparición de grandes nombres del otrora imperio estadounidense de las finanzas globales, los cuales incluyeron el desvanecimiento de la banca de inversión (como Goldman Sachs) y la consolidación del súper atomizado sector bancario en un puñado de grandes bancos sobrevivientes. Es decir, el capitalismo salvaje en plena crisis de sobrevivencia.

Por eso, decir ahora que cuando a Estados Unidos le da gripe a México le da pulmonía, podría considerarse un lugar común en estos días, a pesar de que hace apenas unos meses el titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, aseguraba que ahora a EU le daría pulmonía y que México, acaso, sufriría un “catarrito”.

Sin embargo, llegó el último trimestre del año y con él la confirmación de que México, si bien gozaba de una mejor salud financiera que en 1995 o 2001, no podría, bajo ninguna circunstancia, declararse inmune al contagio global de la crisis que desató la debacle de las hipotecas en Estados Unidos.

Así llegó en octubre la devaluación del peso frente al dólar a causa de las pérdidas por miles de millones de dólares que sufrieron compañías como Comercial Mexicana, Alfa, Citigroup, Posadas, por sólo mencionar algunas.

Es cierto, en esta ocasión la economía mexicana no generó su propia crisis, la importó y han sido las limitadas condiciones de competitividad de la economía nacional y los agudos problemas de pobreza, los que han exacerbado el contagio. Se han perdido casi 300 mil empleos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, al menos esa es la cifra oficial, pues la que dan académicos se aproxima al millón de empleos, y se prevé que en los próximos meses se agudice la crisis y el deterioro de las condiciones. No sólo eso, ante la crisis alimenticia, el Banco Mundial estima que aumentarán los niveles de pobreza.

El gobierno de Felipe Calderón se limita, mientras tanto, a asegurar que cuenta con un programa contracíclico para destinar recursos a la economía y generar empleos, pero no acepta que la corrupción sigue minando los procesos de licitación; que no se cumple, en muchos casos, con las especificaciones técnicas, y que para otorgar obras tan importantes como el complejo multimodal Punta Colonet o el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, es necesario que se libere el crédito.

Pero, ¿qué papel ha jugado la prensa en este problema? ¿Cómo ha asumido la prensa financiera su responsabilidad frente a la crisis financiera que desató el aletargamiento de la economía y la recesión más profunda de la economía estadounidense desde 1929?

Se trata de un tema complejo porque las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como de la Secretaría de Hacienda permitieron que Citigroup, por ejemplo, saliera del mercado de valores y evitar así la entrega de información financiera.

Con poca información, la prensa debe enfrentarse frecuentemente a la respuesta de que Citigroup no está obligado a revelar en México información. Ahora, los periodistas que quieran conocer algo más del gigante que está arrastrando a muchos en el sector financiero deberán consultar a la Comisión de Valores de EU, SEC, por sus siglas en inglés para imaginar y aventurarse sobre los planes para México.

No sólo eso, la prensa mexicana también se contagió de la exuberancia irracional y, en muchos casos, se acostumbró a que nada podría salir mal con un gigante como Citigroup.

Hoy, si bien el Gobierno mexicano tiene el reto de ocuparse de una nueva legislación que blinde a la economía, la prensa debe aprender la lección: en economía y finanzas no todo está dicho y, simplemente, los boletines oficiales son insuficientes y manipuladores.


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24 Noviembre 2008 04:59:23
La PGR es un centro de delincuentes
* La PGR es un centro de delincuentes
* Corrupción en el Reclusorio Oriente


El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la oficina civil de “inteligencia y contrainteligencia” del Estado, se ha convertido, por mucho, en la dependencia gubernamental más favorecida económicamente por el panismo en el poder. Durante el gobierno de Vicente Fox y lo que va del sexenio de Felipe Calderón, ninguna otra institución policial ha visto crecer su presupuesto, de manera proporcional, como la oficina que ahora encabeza el mercadólogo Guillermo Valdés Castellanos.

Al Cisen, que por cierto cuando fue dirigido por Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República, fue el encargado de licitar la adquisición y los servicios de mantenimiento del Learjet 45 en que perdió la vida el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, le fue autorizado por la Cámara de Diputados, a petición del Poder Ejecutivo, un presupuesto de 2 mil 439 millones de pesos para 2009.

Ese cuantioso monto significa un incremento del 92 por ciento respecto del ejercicio fiscal de 2008, sin importar que en los últimos ocho años este organismo de “inteligencia y seguridad nacional” haya mostrado su ineficacia e inutilidad, y sólo ha servido para incrementar su gasto, elevar salarios de su personal y aumentar la compra de bienes y servicios. Por supuesto nadie pregunta de qué sirvió el Cisen, bajo las órdenes de Mouriño, para evitar que pilotos novatos tripularan el Learjet donde perdió la vida su jefe.

Pero el incremento de recursos públicos que ejercerá el aparato de “inteligencia” de la Secretaría de Gobernación es mucho mayor si se toman en cuenta sus presupuestos de los últimos años.

De acuerdo con el documento “Comparativo del presupuesto asignado”, elaborado por el propio Cisen y que obtuvo el reportero Zósimo Camacho de la revista Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en las postrimerías del sexenio de Ernesto Zedillo, en 1999, el Centro ejerció 665 millones 770 mil pesos. Así, 10 años después, el presupuesto del Cisen crece, de manera nominal 375 por ciento, como ninguna otra dependencia gubernamental en igual lapso de tiempo.

El documento da cuenta del incremento presupuestal sostenido a lo largo del foxismo. Hasta ahora, 2006 había sido el año en que más recursos públicos se habían entregado al Cisen: 1 mil 427 millones de pesos. Se trataba de un año de efervescencia política y social, pues entonces se desarrolló el proceso electoral en que supuestamente Felipe Calderón ganó la elección para presidente de la República y también se suscitaron las movilizaciones sociales de La Otra Campaña y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

El Cisen, creado a finales de la década de 1980, cuando se fusionaron las direcciones Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, ejercerá en 2009 un monto que representa más de 16 veces lo que el Gobierno mexicano destina, en total, a los cinco municipios más pobres del país, aquellos que tienen un nivel de vida similar a los del África subshariana.


La PGR es un centro de delincuentes

 Y si el Cisen anda mal, o mejor dicho es una porquería que sólo sirve para gastar mucho dinero público, la Procuraduría General de la República es un centro de delincuentes bien organizados al que nadie puede limpiar.

Con desfachatez, el presidente Felipe Calderón y su empleado el procurador Eduardo Medina Mora nos vuelven a decir que funcionarios del máximo nivel operativo de la PGR, precisamente los responsables de combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero, recibían sobornos de bandas del narcotráfico y que apenas hasta ahora fueron descubiertos. La primer pregunta es qué responsabilidad tiene el mismo procurador Medina Mora cuando su principal subalterno responsable de combatir a la delincuencia organizada está involucrado en hechos de corrupción, o acaso nos van a decir que el procurador nada tiene que ver, pues mínimo tendría que renunciar por haber sido omiso en la vigilancia escrupulosa de la ética y honestidad de sus subordinados. Debemos recordar que todos estos burócratas cobran elevados salarios y gastan dinero público en su desempeño, lo que los hace mayormente responsables de sus actos.

Hace algunas semanas comentamos en este espacio que la inoperancia, lentitud y corrupción que envuelve al Ministerio Público Federal, lo hace inservible para proteger a los mexicanos en momentos donde la delincuencia organizada ha tomado las calles. Por ejemplo en el combate contra el crimen organizado es sabida la infiltración de narcotraficantes en la estructura policial, razón por la cual desde el inicio del actual gobierno, Felipe Calderón se ha refugiado en el Ejército y ha echado mano de los militares para hacer investigaciones judiciales y enfrentar a las bandas criminales.

También decíamos que “un inexperto procurador general de la República, sin vocación para ser el abogado general de la nación, hay que sumar ahora la práctica de la tortura en la PGR para arrancar confesiones a presuntos delincuentes, al más puro estilo de los gobiernos priístas corruptos. Al menos esto es lo que declara un joven en prisión que fue torturado en oficinas de la Procuraduría y en presencia de agentes policiacos extranjeros pertenecientes a la DEA”.


Un testimonio de tortura

—No voy a declarar hasta que venga mi abogado –dijo Pedro Alfonso Alatorre Damy. Frente a él, José Luis Marmolejo García, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), le solicitaba revelar su supuesto nexo con el cártel del Pacífico.

—Estábamos en un pequeño cuarto, tipo bodega, que se localiza en el interior de la oficina de Marmolejo. En medio había una silla, donde me sentaron y amarraron a ella. Además de Marmolejo, estaban tres agentes de la PGR, altos y corpulentos, y dos agentes de la DEA (agencia estadunidense contra las drogas) que formulaban las preguntas que Marmolejo finalmente me hacía. Siempre con amenazas e intimidaciones, aunque a quien verdaderamente le tenía miedo era a los tres agentes corpulentos.

De la exigencia de “confesar”, Marmolejo pasó a los gritos.

—Iba in crescendo: de los gritos vinieron los jalones de cabello, los golpes en el cuerpo, las cachetadas, la asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza y la inyección en los testículos que me hacía desmayar del dolor –cuenta Pedro en su celda del Reclusorio Oriente, donde está preso–. Marmolejo no sólo coordinaba las torturas, también me golpeaba y amenazaba.

Era el jueves 8 de noviembre de 2007. Por la mañana, Pedro había sido interceptado a las afueras de su domicilio por elementos de la Policía Judicial Federal: “Al final de la calle, se me cerraron dos autos; bajaron varias personas armadas y vestidas de civil. Inmediatamente pensé que se trataba de un secuestro. A la altura del Auditorio Nacional hicieron el cambio de vehículos. Ahí ya se encontraban las cámaras de televisión y los reporteros daban cuenta del operativo que había llevado a mi captura”.

Pedro fue trasladado a las instalaciones de la SIEDO, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 75, colonia Guerrero, en la capital del país.

—Trajeron la bolsa, el agua. Me desnudaron. No podía confesar porque no había hecho nada. Entonces, Marmolejo solicitó el botiquín. Sacaron una jeringa y una botellita con algo líquido; me lo inyectaron en los testículos. El ardor era insoportable. Aún así, me negué a confesar. Pero me sacaron de la bodega y trajeron a mi esposa. Dijeron que si era tan machito para ver cómo le hacían lo mismo a ella. De inmediato accedí a firmar lo que ellos quisieran.


Crisis en cárceles capitalinas

Internos del Reclusorio Preventivo Oriente interpusieron una denuncia penal en contra del director de ese centro, Rubén Fernández Lima, por supuestos hechos de corrupción. La acusación –presentada el pasado 4 de noviembre, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal– indica que el funcionario habría extorsionado, por un monto de 1 millón de pesos, a los 34 reos firmantes y sus familias.

Se trata de quienes actualmente habitan el dormitorio 9, conocido como la zona VIP del Reclusorio por los “privilegios” que en días pasados detectó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora investiga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: regaderas con agua caliente, carpas acondicionadas para recibir a las visitas, habitaciones para uno o dos internos de 3 por 4 metros aproximadamente y la permisión de animales exóticos como mascotas, entre otros.

La corrupción de la que hablan los denunciantes no se reduce a las “cuotas” que cobran los custodios sólo por pasar las aduanas, que van de 5 a 50 pesos, y que es una costumbre en todos los centros de readaptación social (Ceresos) del país, conocida por quienes alguna vez han visitado a un prisionero.

En su denuncia de hechos, de la cual tiene copia esta columna, los 34 presos señalan que el director es “la persona que se encarga de solicitarnos diversas cantidades de dinero, con el argumento de que él tiene que recuperar lo que pagó por su puesto”. Agregan que Fernández Lima los amenaza con impedir la entrada de sus familiares y de sus alimentos, para que le “entren” con los montos que les exige.

El pago por pasar comida semanalmente asciende a 1 mil pesos por reo. Ello, a pesar de que el Reclusorio sólo puede alimentar a alrededor de 4 mil de los más de 11 mil presos. Y es que, como en el resto de los Ceresos y Ceferesos del país, el Oriente se encuentra a poco más del doble de su capacidad.

De acuerdo con una nota del diario El Universal, publicada el pasado 30 de septiembre, estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario entregadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal indican que el Reclusorio Oriente es la cárcel con más hacinamiento: la sobrepoblación es de 215 por ciento. Aloja a 11 mil 584 reos aunque su capacidad es de 5 mil 376 personas.

En la denuncia penal, los internos también responsabilizan al director Fernández Lima –quien depende de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal– de la fuga de Luis Castro Flores, supuesto lugarteniente del narcotraficante Ismael Zambada, alias “El Mayo”, ocurrida en el Reclusorio Oriente el 19 de julio de 2008 y aún no esclarecida.

Los internos dicen temer por su seguridad y la de sus familias, pues ya habrían recibido amenazadas de que, en breve, serán trasladados al centro de reclusión de Almoloya de Juárez.

La denuncia está firmada por: Jaime Eduardo Ross Castillo, Adán Javier Medrano Rodríguez, Juan José Quintero Payán, Juan José Álvarez Tostado, Roberto Orozco Fernández, Fernando Revuelta Gutiérrez, Leonardo Beltrán Santana, Ángel Orozco Zavala, Pedro Alfonso Alatorre Damy, Alejandro Treviño Rivera, Chin Hee Lee, Juan Gabriel González Hernández, Álvaro Muñoz C., Amador Cordero Vázquez, Jaime Avilés Rivera, Porfirio Bueger Santana, Roberto Luna Lerma, Reynaldo Duarte Inda, Gustavo Romero Aguirre, Ricardo Tamez Alanís, Jefferson Adán García, Neil Lifeson López, Piedad Martínez Rodríguez, Arredón Argüello, Ricardo Santos, Carlos Alberto Arango Vergara, Álvaro Santana Durán, Arturo Martínez González, Luis Roberto Velázquez, Edmundo Zamudio Mayer, Roberto Vegafitch, Santiago Luques Dávila, Francisco Javier Camberos Rivera y Jorge Amezcua Sánchez.

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17 Noviembre 2008 04:40:36
Sojo y Ortiz se enfrentan
El próximo año, Felipe Calderón tendrá que enviar su propuesta de relevo para ocupar el puesto de gobernador del Banco de México

En México, al menos en el sector del dinero, muy pocos dudan de cómo se mide la inflación en la economía. En el sector social, sin embargo, son muchos los analistas que observan divergencias entre la realidad que viven millones de mexicanos y las optimistas cifras que liberan el Gobierno federal y los llamados organismos con autonomía técnica como el Banco de México.

Pero en el sector gubernamental no sólo viven estas dos realidades, sino que en fechas recientes las han transformado en materia de controversia política.

Resulta que la medición de la inflación se está convirtiendo en un factor de enfrentamiento entre directivos del Banco de México y el INEGI, ambos organismos autónomos y, supuestamente, sin intereses políticos que ahora develan posiciones encontradas en la medición de los precios que sirve de argumento para adoptar programas económicos con directrices de Estado.

El Banco de México, además, tiene que ocuparse en estos días de otros frentes problemáticos: como el tipo de cambio, sus posiciones en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers (algo poco difundido) y, por supuesto, la creciente demanda de dólares que aún se espera por los vencimientos de compañías que apostaron por instrumentos derivados atados al dólar, al petróleo y a otras materias primas como el gas natural.

La falta de empleo y el encarecimiento del costo de la vida además siguen presentes.

Ahora, la inflación anual se ubica en 5.78 por ciento, después de que en octubre llegó a 0.68 por ciento. Los mayores incrementos se registraron, por supuesto, en el rubro de alimentos, el sector que afecta con mayor impacto a millones de mexicanos pobres y en donde la política pura tiene grandes intereses ante los próximos comicios electorales de 2009.

El fenómeno del “tortillazo” hace un año generó una gran animadversión contra el gobierno de Felipe Calderón, incluso se dijo que ese episodio y sus repercusiones en el bolsillo de la población tendría severas consecuencias en las elecciones intermedias de 2009. Ahora el escenario se complica aún más para Calderón y su equipo económico. No sólo, como ya advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inflación provocada por el alza en el maíz y otros alimentos detonaría hasta en un 33 por ciento la pobreza extrema en el país, sobre todo la que se conoce como pobreza alimentaria, la devaluación del tipo de cambio se renovó como la nueva amenaza inflacionaria. La subasta de dólares que anunció y concretó la Comisión de Cambios que preside la Secretaría de Hacienda y en la que participan el Banco de México y la Secretaría de Economía, no fue suficiente para detener el embate contra el “Súper Peso”.

Como sea, la amenaza inflacionaria, el impuesto más caro para los pobres –según argumento de los economistas neoliberales- está más presente que nunca y muchos querrán cuidar su rostro público.

Las elecciones para renovar la Cámara de Diputados ya están a la vuelta de la esquina y como se vio en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2009, los políticos están decididos a olvidarse de los problemas. Aprobaron uno de los gastos más altos, más de 3.4 billones de pesos, a pesar de que el precio del petróleo registra cotizaciones entre 40 y 45 dólares, contra los 70 dólares que se colocaron como precio objetivo para el paquete económico del próximo año.

Pero con las coberturas petroleras contratadas por Agustín Carstens y la aplicación del Fondo de Estabilización Petrolera, México mantendrá los ingresos por exportaciones de crudo en poco más de 14 mil millones de dólares. Con estos números, nos dirán que no pasa nada, que la crisis no ha llegado y que, simplemente, ni la inflación ni el desempleo son un problema. Al menos no hasta que pase el periodo electoral. La resaca vendrá después.

Por eso, como se documenta en la edición de noviembre de la revista Fortuna
http://www.revistafortuna.com.mx, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que encabeza Guillermo Ortiz, buscará por todos los medios legales, institucionales y mediáticos que la metodología para medir la inflación permanezca sin cambios, aunque sea responsabilidad de otro organismo.

Ortiz, simplemente, no desea más variables negativas en el mapa de riesgos que controla desde el búnker del Banco de México.

Pero Eduardo Sojo, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, tiene otras preocupaciones políticas.

Ante ello, este funcionario ya sumó a la nómina del organismo más de 400 nuevos colaboradores, con el propósito de fortalecer a sus cuadros panistas y tomar el control de la generación de las principales estadísticas en el país, entre las que se encuentran, por supuesto, la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Nacional de Precios al Productor.

La información sobre estas nuevas contrataciones puede ser consultada ahora por cualquier trabajador del INEGI, a través del sistema Intranet del organismo, según nos explicaron empleados del instituto. A pesar de que la tarea de medir la inflación ya no será competencia del Banco de México en menos de tres años, luego de que el Congreso de la Unión autorizó la autonomía del INEGI y la conformación de su Junta de Gobierno para encomendarle esta tarea a Guillermo Ortiz y Manuel Ramos Francia, éste responsable de Investigaciones Económicas en el Banco de México, manifestaron a funcionarios del INEGI su deseo de que no se modifique el sistema de cálculo de la inflación.

Sin embargo, el INEGI les comunicó, a su vez, el interés de ampliar desde ahora dicha medición y difundir otros indicadores sobre precios, tanto en sectores urbanos como rurales, cobertura en medios agrarios que actualmente no se realiza.

El Banco de México teme, sin embargo, que la difusión de un mayor flujo de información sobre una variable tan sensible para el control de las tasas de interés genere incertidumbre en los mercados financieros y en la economía y que, sus decisiones en materia de réditos, pareciera que no corresponden con la realidad del país.

Será a partir de 2011, un año antes de las elecciones presidenciales del próximo periodo, cuando concluya la etapa de transición para que el Banco Central deje por completo en manos del INEGI la medición y liberación de información sobre la inflación, lo que podría convertirse en una herramienta política en manos del gobierno panista, el cual ante el fracaso de sus gobiernos necesita de todos los instrumentos sociales, económicos y políticos para volver a ganar a una elección.

De hecho, algunos analistas como Jonathan Heath, del banco inglés HSBC, a quien se le considera un acérrimo crítico del Banco de México y de algunas decisiones de su gobernador Guillermo Ortiz, ha sugerido que se revise la disposición de la nueva ley del INEGI en materia de medición de inflación. Además, el cambio de mandos también agudiza el enfrentamiento.

El próximo año, Felipe Calderón tendrá que enviar su propuesta de relevo para ocupar el puesto de gobernador del Banco de México que dejará Guillermo Ortiz.

Los nombres de Agustín Carstens y algunos de los subgobernadores podrían ocupar ese cargo que la Cámara de Senadores podría vetar o apoyar. El enfrentamiento por la inflación terminaría si Calderón logra colar en el Banco de México a alguien cercano a su círculo de amigos que le garantice al PAN buenas cifras políticas. Pero esto, sin duda, sería lo peor que podría sucederle al país y a la economía, pues la autonomía del Banco de México tendría que ser garantizada por los otros participantes en su Junta de Gobierno.

ASÍ, La lucha por la inflación no será sencilla. En la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la legislación orgánica del INEGI que lo dota de autonomía, establece que si bien será en 2011 cuando se entregue por completo la estafeta de la medición de la inflación, la participación de ese instituto será creciente en las actividades del Banco de México relacionadas con este objetivo. Esta posibilidad de injerencia es la que ha desatado el enfrentamiento entre ambos organismos.

El argumento técnico que ofrecieron el gobernador del Banco Central y el director general de Investigación Económica de Banxico a funcionarios del INEGI, fue que tal y como se levantan y dan a conocer los resultados de la muestra, resulta útil y eficaz para la aplicación de la política monetaria nacional, la cual determina la oferta de papel moneda, a través de las subastas de Certificados de la Tesorería (Cetes) y el nivel de las tasas de interés.

Lo más relevante, sin embargo, es que el Banco de México emite papel para financiar al Gobierno federal y ello, en si mismo, fue considerado por los legisladores como un claro conflicto de interés.

El Banco de México podría manejar las tasas a su favor para reducir los costos financieros del Gobierno federal o, en el peor de los casos, ignorar que la población sí está sujeta a presiones de precios en su consumo básico, pero informar que mantiene bajo control los precios, una buena noticia para el gobierno de Felipe Calderón. Además, frente a la crisis devaluatoria aumentarían los incentivos para manejar políticamente la inflación.

Pero el Banco de México, frente a las pretensiones del INEGI, recordará que ya recibió la certificación de ISO-9001, que garantiza que su elaboración y actualización responda a procesos de alta calidad.

Una empresa externa, contratada bajo el esquema de outsourcing, mantiene contratados a los encuestadores del Banco de México, con prestaciones y paquetes sociales similares a los del Instituto, lo que en opinión del INEGI resulta muy costoso. El Banco de México, hasta ahora, no ha dado a conocer los detalles de la operación tras bambalinas en le medición de la inflación aunque si releva las fórmulas matemáticas y los logros para la certificación de ISO 9000.

Entre el Banco y el INEGI, pedía Salas, debía haber una comunicación profesional para que el INEGI recibiera el índice en las mejores condiciones bajo el estándar que ya fijó el instituto central.

Esa transición, sin embargo, comienza de manera accidentada. El Banco de México, de acuerdo con las fuentes del INEGI, tampoco considera que el levantamiento de esas encuestas deba utilizarse, como pretendía el INEGI, para generar otros productos, lo que permitiría maximizar la inversión que se realiza y que ahora sólo beneficia a las decisiones de política monetaria del Banco Central.

INEGI y Banco de México exhiben en esta lucha sus pecados. Pero el Banco Central ya prepara la embestida. Ante las críticas de opacidad que ha recibido el INEGI, no sólo por el manejo de los recursos sino por la nula información que ofrece sobre las resoluciones de su Junta de Gobierno, Guillermo Ortiz asegura que en el Banco de México el ejercicio de la transparencia no se ha limitado a cumplir con el requisito normativo sino que la ha utilizado activamente como un instrumento para cimentar el consenso social en torno a la estabilidad, en torno a la misión de reducir la inflación y, por supuesto, para dar mayor efectividad a la política monetaria, su única preocupación.

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10 Noviembre 2008 04:49:11
Las amenazas a Juan Camilo
-Dicen que sufrió un atentado en Oaxaca
-Mezquindad presidencial en el avionazo



El 20 de octubre escribí en esta columna que según reportes de inteligencia y seguridad nacional, en el Gobierno se advertía el riesgo de posibles atentados en contra de miembros del equipo compacto del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa, quien también había recibido amenazas de muerte motivadas, supuestamente, por las extradiciones exprés de narcotraficantes hacia cárceles de Estados Unidos. Igual sucedió en Colombia cuando el Gobierno de ese país sudamericano decidió poner en manos de la justicia estadounidense a los jefes de los cárteles de la droga que eran capturados, lo que desató una feroz cacería del crimen organizado en contra de políticos, funcionarios públicos, legisladores, dueños de medios de comunicación y periodistas.

En México, días antes del martes negro al ocurrir la trágica muerte de 14 personas y heridas de gravedad a muchas más, según cifras oficiales, cuando un jet de la Secretaría de Gobernación se vino a tierra en la zona residencial de Las Lomas, a una velocidad superior a los 500 kilómetros por hora, fuentes de la Secretaría de Gobernación habían explicado que de acuerdo con reportes de inteligencia, el titular de esa dependencia, Juan Camilo Mouriño Terrazo, había sufrido un atentado en la ciudad de Oaxaca y por ello el Estado Mayor Presidencial había incrementado su seguridad, de la cual habían sido excluidos agentes de la misma Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, pues ambas entidades públicas están infiltradas por el narcotráfico en todos sus niveles.

En esa columna del 20 de octubre escribí: “la paranoia y miedo que viven en el gabinete va más allá y los informes de inteligencia aseguran que ‘grupos subversivos’, y señalan específicamente al Ejército Popular Revolucionario (EPR), tienen planes de atentar contra la vida del secretario Mouriño, supuestamente ‘para impedir que sea el candidato panista a la Presidencia de la República en las elecciones de 2012. Como si la población ignorara que el joven Mouriño prácticamente es un cadáver político, después de que se hicieran públicos los contratos que firmó como empresario y burócrata con la paraestatal Petróleos Mexicanos, en un claro y abierto conflicto de intereses”.

Se añadía en esa misma columna: “Aún más, con la ‘inteligencia’ que desarrollan los órganos de seguridad nacional del Estado: ‘El EPR ha establecido vínculo con bandas del narcotráfico, a las que apoya para el trasiego de drogas por los territorios en donde tiene presencia, que son los más pobres del país’.

“Desde luego que estas fantasías informativas pretenden, primero, meter miedo a los jóvenes burócratas que dirigen hoy el país, y después justificar el incremento del presupuesto a los órganos de seguridad pública, a pesar de su ineficacia para combatir a las bandas delincuenciales y a la evidente corrupción en que han caído las secretarías de Estado, los organismos descentralizados y las empresas paraestatales; además de permitir la operación del crimen organizado”.


LAS PESQUISAS DE LA TRAGEDIA

Durante el duelo, en los días posteriores a la muerte de los ocho servidores públicos, el Presidente de la República no tuvo empacho ni medida en destacar las virtudes que él veía en su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su entrañable amigo y fiel colaborador para que Felipe Calderón pudiera llegar a la Presidencia de la República. En la ceremonia luctuosa, Calderón lo llamó hombre franco y honesto, y acusó a sus críticos, sin pruebas, de calumniadores. También prometió que esclarecería los trágicos hechos.

El Presidente jamás mencionó que fuera un accidente, como siempre lo ha sostenido el secretario-vocero Luis Téllez, pues en su dolor Calderón deja entrever que pudo ser un atentado.

Pero como presidente de todos los mexicanos, Calderón olvidó lo más importante para un servidor público, atender antes que a nadie a los civiles para los cuales trabaja, pues de ellos recibe su salario. Más aún, porque en la caída del avión murieron varias personas que, sin ser burócratas, fueron víctimas de la caída de una aeronave oficial cuando en ese martes negro transitaban en la zona cero donde se vino a tierra el aparato.

Para esas víctimas anónimas y sus familias, no hubo palabras de aliento ni de reconocimiento por parte del jefe del Ejecutivo, quien mezquinamente sólo se ocupó de una sola persona, su amigo Juan Camilo Mouriño. Ni siquiera los otros servidores públicos, uno de ellos como lo fue Santiago Vasconcelos, quien tenía mayor mérito que Juan Camilo por haber sido un puntal en la lucha contra los cárteles de la droga, recibieron el reconocimiento que merecían de parte de su presidente.

Es muy claro que primero están los intereses personales del jefe del Ejecutivo por encima de los de la nación.

En esas circunstancias y de acuerdo con fuentes panistas y de la Secretaría de Gobernación, en las investigaciones para esclarecer la tragedia donde murieron 14 mexicanos y muchos más resultaron gravemente heridos, se indaga por qué el Estado Mayor Presidencial estuvo ausente en el aeropuerto de San Luis Potosí, al igual que en el avión donde viajaba el secretario de Gobernación, pues comentan que eso permitió que personas extrañas, o por lo menos desconocidas, estuvieran presentes momentos antes de que Mouriño y Santiago Vasconcelos abordaran el Lear Jet 45 que los condujo a la Ciudad de México. Sobre todo porque desde hacía varios meses había supuestas amenazas de muerte en contra del secretario y su seguridad se había incrementado.

Entre miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN se comenta, sin pruebas de por medio, que la caída del avión no fue accidental, que se trató de un atentado y que fue un plan bien orquestado desde la cúpula del crimen organizado para hacerle entender al Presidente que pueden acabar con quien sea, que nadie es intocable y que nunca podrán acabar con el narcotráfico.

Otra duda razonable entre los distinguidos panistas es que hubo cambio de piloto. Aseguran que es allí en donde debe profundizarse la indagatoria, pues según todas las cuestiones técnicas analizadas hasta hora, como es el perfecto estado y mantenimiento de la aeronave y las buenas condiciones climáticas, les hace creer que se pudo tratar de una especie de kamikaze que estrelló el avión y a cambio su familia pudiera recibir una cuantiosa fortuna.

Otro dato que circula en las esferas de Gobernación es que la presencia en el avión de José Luis Santiago Vasconcelos, un policía que durante muchos años trabajó y compartió información con la agencia antidrogas estadounidense DEA y sus reportes antes que entregarlos al procurador general de la República los enviaba a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue meramente circunstancial, ya que él no estaba en la lista original para acompañar a San Luis Potosí al secretario de Gobernación y en su lugar asistiría el procurador Eduardo Medina Mora, pero de última hora éste canceló y se decidió que fuera el ex subprocurador contra la delincuencia organizada, sobre quien pesaban varias amenazas de muerte, según él mismo había informado, de parte de los cárteles de la droga que combatió.

Además, en el Gobierno no hallaban cómo deshacerse del experimentado policía, el cual no era bien visto entre el joven equipo calderonista.

Otro dato es las acciones militares en torno al accidente: la Dirección General de Aeronáutica Civil fue ocupada apenas el viernes por efectivos del Ejército, igual como sucedió con el aeropuerto de San Luis Potosí, a fin de que tener control de los espacios y medios que tuvieron contacto con la aeronave caída, mientras que el controlador aéreo que guió el Learjet 45 en su ruta de aterrizaje en el aeropuerto del Distrito Federal, se encuentra incomunicado, pues desde ahora se presume que podría ser uno de los responsables de la tragedia aérea, aunque esto más parece un chivo expiatorio que una acción de complicidad concertada.


LAMALA FORTUNA DE MOURIÑO

A pesar de ser un joven funcionario que alcanzó la fama muy pronto y se convirtió a la corta edad de 37 años en secretario de Gobernación, a Juan Camilo Mouriño le acompañó, desde que se incorporó al Gobierno federal invitado por Felipe Calderón, la mala fortuna.

Primero, cuando ya ocupaba una alta responsabilidad de coordinación del gabinete en la Presidencia de la República, le vino el problema de su doble nacionalidad y el supuesto impedimento legal para ocupar responsabilidades públicas que prohíben las leyes mexicanas a extranjeros; después vino su debacle al salir de Los Pinos y trasladarse a la Secretaría de Gobernación para ser su titular, cuando la prensa descubrió que como servidor público vinculado al sector energético había firmado contratos como representante de su empresa privada Ivancar, para proporcionar diversos servicios a la paraestatal Petróleos Mexicanos, lo que lo metía por lo menos en un serio conflicto ético, que lo hacía ver como un abuso de poder para aprovecharse de su responsabilidad pública y obtener contratos petroleros para la empresa familiar.

Después vinieron las indagatorias y las exoneraciones de la Secretaría de la Complicidad Pública y de una comisión a modo del Congreso, aunque para buena parte de la opinión pública no había duda en el veredicto: se trataba de un hecho de corrupción y de tráfico de influencias.

Otro caso que pegó seco a la imagen de por sí deteriorada del entonces secretario de Gobernación, fue el expediente en poder de la Procuraduría General de la República, elaborada coordinadamente con las autoridades españolas, y que apuntaba al padre de Juan Camilo al relacionarlo en supuestas operaciones de lavado de dinero.

Aquí de inmediato, como siempre lo hace con sus miembros, el Gobierno federal salió a defenderlo sin astucia y lo primero que se les ocurrió fue negar el expediente, ya enviado a la reserva en la Procuraduría, al peticionario de dichos documentos vía la ley de acceso a la información.

Ante la determinación de la Comisión del instituto para que se entregara el expediente, a la PGR que dirige Eduardo Medina Mora se le ocurrió buscar el amparo de la justicia federal, sin medir las consecuencias que ello traería para el secretario y su familia.

Todos estos acontecimientos mantenían ocupado y preocupado al joven Mouriño, en lugar de atender eficazmente su responsabilidad como titular de Gobernación, por lo cual, según se informó en la prensa durante las últimas semanas, se había tomado la decisión de relevarlo del cargo y la fecha prevista era para enero próximo.

Después de la grave tragedia en donde perdieron la vida 14 personas, la discusión ahora es esclarecer los hechos y nombrar al sustituto en la Secretaría de Gobernación, para lo cual ya se apuntan varios políticos, algunos panistas, ex priístas y uno que otro amigo personal de Felipe Calderón.

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27 Octubre 2008 02:12:30
Los perdones fiscales
* Desigual condonación de créditos fiscales
* Urge figura de ombudsman del contribuyente


Fue en 2007 cuando Agustín Carstens anunció con bombo y platillo, en uno de esos mensajes con los cuales se buscaba legitimizar el gobierno de Felipe Calderón, que se condonarían multas a los contribuyentes incumplidos que, redimidos y confesos de sus pecados tributarios, decidieran pagar al fisco sus impuestos.

Las modificaciones al último párrafo de la fracción I del Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 establecieron las reglas para la condonación de multas. Se trató, sin duda, de una “graciosa concesión” que se intentó vender a los contribuyentes como una de las primeras acciones políticas del “presidente del empleo” a favor de las clases trabajadoras.

Un año después el mismo Carstens daba a conocer su impuesto de control, el IETU, con el cual se buscó mantener intocables las prebendas acordadas con poderosos grupos empresariales, pero también aumentar la recaudación en algunos puntos porcentuales respecto del Producto Interno Bruto (PIB).

Tal despliegue propagandístico, sin embargo, fue contrario a los acuerdos a puerta cerrada mediante los cuales se pactaron condonaciones y sobreseimientos de procesos judiciales de tipo penal contra empresarios que han defraudado al fisco. Para ellos no han sido necesarias las modificaciones a la Ley de Ingresos o cambios a través de la miscelánea fiscal, para poder arreglar sus problemas tributarios. Entre los empresarios amigos y cercanos al poder económico y político del país, lo que prevalece es del “derecho de picaporte”. Una especie de pasaporte a la impunidad que el gobierno panista de Calderón ha establecido para beneficiar fiscalmente a sus allegados o amigos más cercanos.

Conocer a quiénes y bajo qué condiciones se les han otorgado estas canonjías resulta relevante porque sólo así podrán explicarse otros fenómenos políticos y económicos: Pero ¿cómo se generan los círculos de interés entre el sector empresarial y el gubernamental? o ¿de qué forman se generan y cobran dichos favores y cómo afectan al ejercicio de la democracia?

En México se ejerce, en materia de justicia tributaria, algo parecido al “capitalismo de cuates”, Crony Capitalism, tal y como lo definió el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

En su más reciente edición, los reporteros investigadores de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas (
http://www.revistafortuna.com.mx) obtuvieron documentos inéditos que confirman estos arreglos sucios entre el poder político y el poder del dinero, en donde todos salen beneficiados económicamente.

Tan sólo en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la responsabilidad de Agustín Cartens, otorgó el perdón de manera discrecional al menos en cinco casos de evasión de impuestos que involucraban nueve causas penales. Es decir, que ya avanzados nueve procesos federales penales por el delito de evasión fiscal, de repente Hacienda con su brazo ejecutor como es la Procuraduría Fiscal de la Federación, determina desistirse de las acusaciones que ya han avanzado en juzgados federales y concede el perdón fiscal a personas físicas y morales. ¿Cuá es el motivo de tal acción? La única respuesta que se observa es la corrupción, pues hasta ahora nadie en el Gobierno puede dar una explicación distinta. Es más, ni siquiera hablan del tema simplemente porque no tienen argumentos legítimos de su actuación.

La SHCP no tuvo otro remedio que reconocer haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos de julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en los años de 2003, 2004 y 2006. De acuerdo con la información que obtuvieron los reporteros de Fortuna, a través de una solicitud de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la Secretaría de Hacienda, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones privadas– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens Carstens, ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y quien hoy más que nunca desea retirarse del cargo ante la crisis económica que se enfrentará en 2009.

Diputados y senadores de las comisiones de Hacienda nunca supieron de estos litigios ni saben de la existencia de la facultad del secretario de sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal. De hecho, connotados expertos en materia fiscal desconocen esta posibilidad y advierten, por el contrario, un endurecimiento en el plano formal de la fiscalización en contra de los grandes contribuyentes. Prueba de ello, dicen, es el fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra de Televisa y Cemex para impedir la devolución de impuestos generados por actividades en paraísos tributarios a través de Regímenes Fiscales Preferentes (Refepris).

Pero también, otros analistas aseguran, que Hacienda está reconociendo su incapacidad para fiscalizar a las grandes empresas y que, por ello, ha trasladado esa responsabilidad a la Suprema Corte. Pero la información oficial de la SHCP confirma que las canonjías siguen prevalenciendo con ese derecho discrecional que tiene el titular de Hacienda.

En respuesta a la solicitud de información 0000600143908 –presentada por Fortuna a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) – la SHCP reconoce que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales. Y nunca explica los motivos del desistimiento. La duda es si todos los mexicanos acusados de evasión fiscal ante los juzgados federales pueden corregir sus “olvidos tributarios” y ser perdonados por Hacienda, pues de lo contrario estaríamos ante la aplicación de las mismas leyes de manera distinta para los mexicanos.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha declinado informar los montos de las irregularidades descubiertas. Adujo simplemente la “inexistencia” de la información solicitada.

El primer sobreseimiento o perdón fiscal de un expediente abierto por fraude al fisco tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004. El segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso data del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas el 2 de julio de 2003.

El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal abierta el 11 de septiembre de 2006. Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de noviembre de 2004.

De acuerdo con fuentes de la SHCP que solicitaron el anonimato, entre los empresarios perdonados se encontrarían Alfredo Miguel Afif, del Grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del Grupo Tebo. En julio pasado, esta publicación dio a conocer cómo abogados cercanos al secretari Carstens gestionaron el perdón para Miguel Afif. El mismo hijo de Alfredo Miguel, de nombre José Miguel, confirmó las negociaciones con Hacienda: “Me reuní con los abogados cercanos al secretario y les platiqué todo el caso. Ellos me ayudaron a hacer la recomendación para que solucionara el problema de mi padre”.

En la respuesta a la solicitud de información 0000600143908, la SHCP destaca que en los casos sobreseídos “el interés fiscal se encuentra pagado o garantizado a satisfacción del Fisco Federal (sic)”. Sin embargo, omite señalar que no todos los ciudadanos gozan de tal deferencia: aunque el contribuyente termine pagando los impuestos que evadió, el proceso penal continúa y muchos mexicanos están encarcelados por ese motivo.

En su alegato, la SHCP también justifica no haber entregado el monto de los impuestos evadidos y de las multas: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones manifestó que no conoce ni posee información relativa a los montos pagados por los particulares (…) De conformidad con lo anterior, la unidad administrativa declaró formalmente la inexistencia de documentos en sus expedientes en los que conste el monto pagado por los contribuyentes, previo al ejercicio de la facultad de solicitud de sobreseimiento”.

Si bien la facultad del secretario de Hacienda para perdonar a discreción a los contribuyentes omisos, se encuentra en el Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para algunos especialistas resulta totalmente inconstitucional.

Por ello, Manuel Cárdenas Fonseca, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido Nueva Alianza (PNA), considera que el Estado mexicano “debería sancionar a todos los funcionarios que, por omisión o negligencia, dañen el patrimonio de la Nación al no haber actuado conforme a la ley”.

Cárdenas Fonseca presentó el 12 de diciembre de 2006 la iniciativa para reformar el Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. En la exposición de motivos del documento, el legislador dice que la discreción con la que se conduce la Secretaría de Hacienda debe concluir, pues “no debe haber ningún obstáculo por el que la SHCP niegue la petición de sobreseimiento o comunique que se ha satisfecho el interés fiscal, cuando se han cubierto las contribuciones omitidas, la actualización y los recargos, ya que en caso contrario se estaría ante una facultad no sólo discrecional, sino francamente caprichosa”.

El diputado por el PAN enfatiza que todos los mexicanos deben tener un trato equitativo, puesto que “la potestad soberana de un pueblo organizado atiende también al principio de igualdad de los gobernados, según el cual todos y cada uno de ellos deben ser tratados de un modo equitativo, dejándose de lado títulos nobiliarios, fueros especiales, géneros, ideología, y condición social y económica”.

Por ello, considera que el Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación “propicia el trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes”. Además, se trata de una facultad discrecional que “da pie al ejercicio de una política de terrorismo fiscal, evidente en la persecución contra algunos gobernados, y resulta incongruente. También propicia problemas de corrupción de servidores públicos”. Esta iniciativa permanece en la congeladora legislativa.

Es con estas evidencias de discrecionalidad que, en unas semanas más, se darían a conocer los nombres de los expertos en materia fiscal que podrían buscar el cargo de ombusdman del contribuyente, quien también tendría que ocuparse de la opacidad con la que la SHCP está administrando el sistema tributario del país.

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13 Octubre 2008 03:43:40
Hace crisis gabinete de Calderón
En el Partido Acción Nacional hay preocupación y malestar por la crisis en la que el Gobierno ha metido al país. Algunos panistas culpan a Felipe Calderón por ello y están enojados por los constantes errores del improvisado gabinete; otros sienten vergüenza ante las continuas prácticas de corrupción, iguales o peores a las cometidas en gobiernos priístas; unos más se quejan de los arrogantes secretarios de Estado que a nadie respetan ni a nadie hacen caso a pesar de su incapacidad, y en lo que sí coincide la mayoría de los panistas, es que llegó el momento de hacer cambios en el gabinetazo y en eso está de acuerdo hasta Calderón, quien se prepara para hacer los anuncios a finales de año.

Aunque Calderón quisiera que su amigo y compañero más cercano Juan Camilo Mouriño permaneciera al frente de la Secretaría de Gobernación, éste se ha vuelto insostenible y ha dejado de ser un interlocutor válido con los partidos políticos y con las organizaciones sociales desde que le fue descubierto su negocio privado que, en su dualidad de servidor público y empresario, mantiene con Petróleos Mexicanos para beneficiar a su familia con contratos para la transportación de productos petrolíferos y venta de gasolinas (ver revista “Contralínea”, los contratos de Mouriño, texto de Ana Lilia Pérez).

Para sustituir a Mouriño en Gobernación, Calderón considera a sus dos candidatos más fuertes: Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, y Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública, aunque en Los Pinos hay preferencia por el primero por su capacidad de negociación y su trayectoria como servidor público en gobiernos priístas.

Del futuro de Mouriño su amigo Calderón lo enviaría al Congreso, en donde espera haga carrera política, coordine la bancada panista y con el fuero de legislador esté a salvo de cualquier investigación por corrupción o irregularidades administrativas.

Con Mouriño, otro compañero de Calderón iría al Congreso, el secretario particular de la Presidencia, el abogado César Nava, a quien también le urge lo pongan a salvo de las pifias y errores en Los Pinos y de sus antecedentes por la oficina del abogado general de Pemex. Aunque a César Nava también le agradaría el cargo de procurador general de la República, no le importa su falta de experiencia y nula convicción de impartir justicia.

Un ejemplo de lo anterior es la información publicada en “Contralínea” por la reportera Ana Lilia Pérez, quien dio cuenta de importantes expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y en la Secretaría de la Función Pública, en donde se revela cómo César Nava cuando trabajaba en Pemex durante el gobierno de Vicente Fox y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de Pemex, entregaron la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis empresas trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona.

Según esos documentos oficiales, el ahora secretario particular del Presidente de la República autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en contravención a lo estipulado en la Constitución de la República.

César Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los Contratos de Servicios Múltiples. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.

Pero sigamos con la intención calderonista de sustituir a su primer equipo en el gobierno. El segundo cambio en importancia en el gabinetazo se daría en la Secretaría de Hacienda, en donde despacha el popular Agustín Carstens, a quien ya no le salen las cuentas después de que él mismo declaró hace unos días que a México sólo le daría un catarrito ante la aguda crisis financiera mundial, lo cual por supuesto no se lo creyeron en Los Pinos, en donde ya se dieron cuenta que el exempleado del Banco Mundial no es tan listo como él se cree, pues una cosa es la burocracia de ese órgano multinacional, que anda a la caza de explotar a los países más pobres del orbe, y otra manejar las finanzas y las cuentas públicas de un país enproblemado como México.

Con este cambio en Hacienda, Calderón no abandonaría a su suerte al gordo Carstens y ya le busca un espacio en el Banco de México, en lugar del priísta Guillermo Ortiz. Y aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez sueña con ser el próximo titular de Hacienda, la verdad es que Calderón ya se inclinó por el subsecretario Alonso García Tamez.  

Por cierto el lunes pasado como a las 12 del día vieron salir de Los Pinos con los rostros desencajados al secretario Agustín Carstens y a los subsecretarios Martín Werner, José Antonio Mid y Dionisio Pérez Jácome, quienes en compañía del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, se reunieron con Felipe Calderón, en donde recibieron la noticia que ante los errores en la política financiera del país, el nuevo coordinador del gabinete económico sería el improvisado secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, ese funcionario que hace apenas unos días decía también que nada pasaba y que no había de qué preocuparse.

Corrupción en Sagarpa

El que dejará también el cargo por su ineficacia es el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien en más de dos años fue incapaz de combatir la corrupción y atender los problemas del campo y, por el contrario, es allí en donde la crisis económica ha golpeado más fuerte. Para sustituirlo se ha pensado en el subsecretario de Ingresos, José Antonio Mid, de quien dicen por lo menos tuvo experiencia en Financiera Rural y no sería tan malo como Cárdenas.

Entre las irregularidades que tendría que resolver el próximo secretario de Agricultura, están los desvíos de recursos públicos descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación. Empecemos por mencionar a Diconsa, en donde según un pliego de responsabilidades en poder del Órgano Interno de Control, hubo malos manejos cuando despachaba allí Ramón Zamanillo, actual director general de Medios de Pago (no me den, nada más pónganme en donde hay, diría el funcionario). En este caso se presume un fraude por 130 millones de pesos en la simulación de comercialización de maíz.

Otro pliego de responsabilidades corresponde al ex director general de Operaciones Financieras de Aserca, Omar Mausalem, por un fraude de 180 millones de pesos en coberturas de granos. El tercer pliego de observaciones corresponde a la Dirección Regional Noroeste de Aserca, en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit, por un fraude con facturas apócrifas por 80 millones de pesos.

Esperemos que ante las contundentes evidencias de corrupción descubiertas por el órgano de vigilancia y control del presupuesto público en el Congreso de la Unión, el secretario de la Función Pública, quien nadie conoce y por cierto Calderón debería pensar también en su remoción ante el fracaso de su labor como garante de la buena conducta de los servidores públicos, finque responsabilidades administrativas y presente las denuncias penales correspondientes ante la Procuraduría General de la República, en donde despacha otro funcionario incapaz de hacer cumplir la ley.

Para acabar con las disputas, enfrentamientos y diferencias entre el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en Los Pinos se habrían inclinado ya por despedir al procurador y en su lugar han pensado en el general Rafael Macedo de la Concha, quien ya estuvo en ese cargo durante el sexenio foxista y conoce muy bien a García Luna, su ex empleado. Otros que se mencionan para el puesto de abogado general de la nación, es el mismo secretario particular de Calderón, César Nava, desde donde podría controlar todas las acusaciones y manipular las averiguaciones previas que se avecinan en contra del grupo compacto de Los Pinos. También aparece en la lista para sustituir a Medina Mora al abogado Julio Esponda, quien mantiene una buena relación con Calderón.

Otra que peligra en el cargo es la secretaria de Energía, Georgina Kessel, pues en la Presidencia quieren en ese puesto a alguien con más carácter, que pueda aplicar nuevas políticas energéticas y, sobre todo, meter en cintura a los rebeldes de Petróleos Mexicanos, en donde la corrupción es el PAN de todos los días.

 El cártel del gas LP

Si alguien se ha preguntado qué pasa con el gas LP en México, ese que consumen todas las familias en el país, pues resulta que según funcionarios petroleros del más alto nivel, en 2008 Pemex subsidiaría con 30 mil millones de pesos a los distribuidores privados, los cuales han formado un cártel para beneficiarse con el dinero de los mexicanos. La cifra es considerable si se tiene en cuenta que en 2007 el subsidio fue de “sólo” 10 mil millones, lo que significaría un incremento del 200 por ciento en el dinero público para enriquecer a los gaseros privados.

En un abrupto golpe a la economía de los mexicanos, la Secretaría de Economía ha hecho anuncios de importantes incrementos en el precio del gas licuado de petróleo, bajo argumentos de que son elevados los costos del energético. Sin embargo, según los analistas, lo que hace que el gas LP sea tan caro es el monopolio que en México mantiene un reducido grupo de distribuidores, bajo el amparo de la Secretaría de Energía (Sener).

Según el director de Estudios Económicos de la Fundación “Rafael Preciado Hernández”, Francisco Calderón Quintero, define el negocio del gas licuado de petróleo en México como “un cártel del gas”, cuya existencia –solapada por la Secretaría de Energía– genera millonarias ganancias a los distribuidores, a costa del gasto de la población que consume el energético.

Se trata de un cártel que por cada litro de venta al consumidor gana el doble del precio al que lo compra a Pemex y que, al estilo de las mafias, entre algunas de sus prácticas ilícitas “ordeña” por lo menos un 10 por ciento de cada cilindro, delito que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, genera ganancias ilegales cercanas a los 7 mil millones de pesos anuales.

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06 Octubre 2008 06:00:00
CNBV, observaciones a Fonacot
* Lozano: ningún riesgo de inversionistas
* Arsenio Díaz está firme hasta diciembre


La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió en septiembre pasado 75 observaciones al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), después de realizar una auditoría en el primer semestre del año, con el objetivo de revisar las operaciones bursátiles de ese organismo y verificar que la cartera crediticia que alcanza ya los 14 mil millones de pesos no esté en riesgo para los inversionistas.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien preside el Consejo Directivo de ese organismo, Fonacot continuará otorgando créditos a los trabajadores de bajos salarios para que puedan consumir bienes y servicios, pues “éste sigue siendo el instrumento accesible para los trabajadores con la tasa de interés más baja del mercado y que podamos expander el crédito a un mayor número de trabajadores y familias, porque en estos momentos creemos que este es uno de los instrumentos con los que podemos paliar los efectos negativos que está teniendo este contexto económico con crédito Fonacot; podemos hacer que el dinero de los trabajadores rinda un poco más, por eso es que nos importa tanto que siga caminando, que siga ampliando a un mayor número de empresas afiliadas de trabajadores que tengan el crédito Fonacot y que sigamos siendo, como lo hemos sido sin lugar a dudas, la opción más barata del mercado”.

Como resultado de las investigaciones que realizan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Fonacot, el secretario Lozano asegura tener un análisis bien ponderado del esquema de colocaciones, del otorgamiento de créditos y de la recuperación de la cartera y las reservas, pues hay que considerar, dice, que Fonacot no recibe subsidio presupuestal alguno y todo su manejo financiero lo hace con su propia operación y sus colocaciones de papel en el mercado.

Entrevistado en su oficina alterna de avenida Constituyentes, el funcionario habló por primera vez de lo que parece un aguda crisis en Fonacot, que ha motivado la intervención de los titulares de organismos financieros reguladores del gobierno federal, como son el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

Accesible a explicar el trabajo que se realiza en torno a este organismo que otorga créditos a los trabajadores, Javier Lozano señala que en una Junta de Consejo Extraordinaria, convocada por él mismo el viernes 26 de septiembre, se discutieron las observaciones, puntualizaciones y preocupaciones que hay en torno a la operación de Fonacot, preocupaciones legítimas que han surgido con motivo de la administración de riesgos de la cartera, la recuperación de la misma, la sesión de estos títulos y las colocaciones, pues considera importante asegurar que la cartera crediticia de Fonacot tiene el soporte necesario en reservas para garantizar el dinero invertido por los tenedores de papel.

El secretario anuncia también que el Consejo Directivo de Fonacot se volverá a reunir en la primera quincena de octubre, en donde el director general del Instituto, Arsenio Díaz Escalante, informará de la respuesta dada a las 75 observaciones hechas por la Comisión Nacional Bancaria y presentará el plan de trabajo para el cierre del año, a fin de que el Consejo esté tranquilo y seguro de que las cosas se realizan de manera correcta en Fonacot.

Esta es la explicación completa que da el secretario del Trabajo, Javier Lozano, sobre la situación del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores:

¿Cuál es el resultado de las investigaciones que llevan a cabo en Fonacot la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda?

-No han concluido, apenas mandaron el 19 de septiembre pasado un escrito con 75 observaciones, la CNBV a la Dirección General del Instituto, sobre una serie de observaciones, puntualizaciones o preocupaciones que tiene ese órgano regulador sobre la salud financiera del instituto y estos procedimientos como operan. Habiendo recibido esto la Dirección General de Fonacot, ésta tiene que dar respuesta a la Comisión Nacional Bancaria para tratar de solventar esas observaciones o dar la explicación que corresponde ante los ojos de la propia administración.

¿Qué revelan las 75 observaciones que hizo la Comisión Nacional Bancaria al Instituto?

-Tuvimos el viernes antepasado una Junta de Consejo extraordinaria que yo mismo convoqué y el único punto que abordamos fue éste. Pero no podemos entrar a detalles porque precisamente está en proceso la respuesta por parte de la Dirección General a la Comisión Bancaria y de ahí vendrán las conclusiones; porque apenas fueron estas observaciones de carácter preeliminar de parte de la Bancaria y después de que haya entregado su información la Dirección General del Instituto, pues la CNBV concluirá con lo que, habiendo escuchado a la administración, serían sus observaciones definitivas.

¿Es viable aún la operación de Fonacot?, ¿se pueden solventar las 75 observaciones?

-Seguramente algunas de las 75 observaciones que estoy platicando podrán quedar solventadas con base en la información que entregue en esta oportunidad la Dirección, y seguramente algunas otras, no sabemos cuáles, se mantendrán.

¿Qué hace la Junta de Consejo de Fonacot que preside el secretario del Trabajo para resolver los problemas?

-Todo será del conocimiento de la Junta de Consejo que presido, pero me parece que estamos en la ruta de atender las legítimas preocupaciones que surgieron con motivo de la administración de riesgos de la cartera, de la recuperación de la misma, de la sesión de estos títulos, de las colocaciones, con el único propósito que tiene vigente de que éste sigue siendo el instrumento accesible para los trabajadores con la tasa de interés más baja del mercado y que podamos expander el crédito a un mayor número de trabajadores y familias, porque en estos momentos creemos que este es uno de los instrumentos con los que podemos paliar los efectos negativos que está teniendo este contexto económico con crédito Fonacot; podemos hacer que el dinero de los trabajadores rinda un poco más, por eso es que nos importa tanto que siga caminando, que siga ampliando a un mayor número de empresas afiliadas de trabajadores que tengan el crédito Fonacot y que sigamos siendo, como lo hemos sido sin lugar a dudas, la opción más barata del mercado.

¿Cuáles son las líneas generales de las 75 observaciones que hizo la Bancaria a Fonacot?

-Vamos a ver cuál es todo este análisis que está haciendo la Bancaria, porque los criterios para calificar la cartera o para castigarla o para poderla reservar, han sido distintos un poco de lo que observa la Bancaria y el organismo (Fonacot).

¿Entonces aún se puede salvar Fonacot?

-A decir de la propia Secretaría de Hacienda y de la misma Comisión (CNBV), estamos en posición para tener muy bien ponderado el esquema de colocaciones, otorgamiento de créditos, recuperación de cartera, de operación de sesión, de organización estructuralmente hablando, de reservas. Es una institución que no recibe un solo centavo del presupuesto público; no es una entidad apoyada presupuestalmente hablando, todo lo va soportando con sus propias colocaciones y con estas carteras que se llaman fideicomisos y que esa misma cartera respalda estar bien calificada.

¿Se van a hacer públicas las conclusiones?

El acuerdo que tenemos ante el Instituto es que esto no tenga objeto de una discusión pública hasta que esto no haya concluido, para hacerlo con toda seriedad, pero de la misma manera quiero reconocer a ustedes el que nos hayan permitido, quizá no de una manera del todo ortodoxa porque es lamentable que haya filtraciones, pero de alguna manera también es útil porque algo no se estaba observando en el Consejo, son los reportes periódicos ante el Consejo, es parte de los comités de apoyo de la Junta del Consejo, es decir el Comité de Riesgo, Operación, Recursos Humanos, éstos están actuando de una manera aislada de lo que es la propia junta y es algo que estoy ordenando que se corrija e invariablemente en todas las juntas tengamos un reporte del responsable del Comité y que efectivamente la calificación de la cartera y las reservas, todo esto se dé y no dudar de la calificación, sino también el poder determinar cuando estamos frente a un cumplimiento y cartera vencida o incluso impagable, que todo esto se haga con base en los criterios de la Bancaria, porque eso es lo que más confianza le va a dar al público inversionista que hoy tiene un gran respaldo al Fonacot y a su razón entre el capital, activos y colocación no lo está exponiendo a un riesgo excesivo en este momento, según la Bancaria, pero si debemos cuidar de que esto no ocurra para que podamos seguir otorgando créditos con confianza y con el debido respaldo que debe tenerse.

Otro elemento que creo que va a ser de utilidad, es que tengamos intercambio de información con los burós de crédito, para que pueda haber conocimiento de todo un sistema financiero, para ver quiénes son las personas dignas de un crédito y quiénes tienen un historial que pone en un riesgo innecesario a las instituciones.

¿Díganos algunos detalles de las 75 observaciones?

-No puedo entrar a detalles, pero lo que sí les quiero decir es que fue muy oportuna la publicación que ustedes realizaron (investigación periodística de Yenise Tinoco y publicada en las revistas Contralínea y Fortuna) y eso en paralelo la detección de temas que ya está atendiendo la Bancaria, estamos en posición de atender esto sin que haya ningún riesgo para los tenedores de papel, y segundo para garantizar lo que a mi me importa, que este sea el instrumento por excelencia para el crédito al consumo de los trabajadores.

¿Sin embargo está suspendida la bursatilización de papel Fonacot?

-No tenemos alguna operación en puerta y parecería que ahora la volatilidad de los mercados aconseja a todo mundo que tengamos cautela hasta saber qué sigue.

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29 Septiembre 2008 04:02:00
Conflicto de interés en la burocracia
* La lucha de Transparencia Nacional
* Los 25 expedientes de la corrupción

Casi todos los políticos son camaleones; cambian de opinión, de visión y de compromisos, siempre en línea sólo con sus intereses. Pasar del servicio público al sector privado en detrimento de los intereses del país que alguna vez juraron respetar y defender, se ha convertido en una práctica deshonesta heredada por la transición política y que, hasta ahora, ha eludido, en muchos casos, el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los exfuncionarios de gobiernos federales o regionales que transitan hacia empresas o actividades privadas casi siempre capitalizan para sí mismos su experiencia, los contactos y la información privilegiada que manejaban en el sector público. ¡Tienen que trabajar en algún sitio! ¡La vida no se acaba cuando abandonan el gobierno! ¡De algo tenemos que vivir! ¡Ya le dimos todo nuestro esfuerzo a la nación! Son sólo algunas frases que usan quienes justifican esta migración del servicio público al sector privado, como si el país realmente los necesitara y, más aún, cuando es claro que se convirtieron en burócratas para asaltar las arcas públicas y hacerle honor a aquella frase de que vivir fuera del presupuesto es un error.

El problema que se presenta cuando estos funcionarios emigran al sector privado es que de inmediato utilizan la información pública que pertenece a la nación para venderla a empresas nacionales o extranjeras, disfrazada mediante la contratación en puestos ejecutivos, y convertirla en jugosos negocios. Y casi siempre encuentran el camino para evadir las regulaciones en la materia que, por supuesto, son muy laxas.

Otro de los escenarios similares de abuso de poder, tráfico de influencias y uso ilícito de información gubernamental privilegiada, es el caso de los abogados litigantes que llegan al Congreso y desde sus curules con fuero patrocinan causas claramente vinculadas con intereses privados de sus clientes sin importar la afectación pública que esto ocasione. Un claro ejemplo que ilustra esta circunstancia lo representa el abogado, el panista y ex legislador Diego Fernández de Cevallos.

En esa misma línea observamos cómo un ex secretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz) decide aceptar el cargo de “consejero independiente” en un banco extranjero que controla una subsidiaria en México, a lo cual sólo renuncia después de las duras críticas públicas, o participa en la constitución de una fundación “privada” como Vamos México que operaba con miras a las siguientes elecciones presidenciales.

Por ello, cuando un ex funcionario del Gobierno Federal, que se consideró ligado -al menos en la opinión pública y en la memoria periodística- con ciertos grupos políticos y de poderes fácticos, además de protagonizar enfrentamientos públicos con ciertos funcionarios, decide enarbolar una cruzada contra la corrupción, lo menos que provoca es una duda razonable.

Constituir una Asociación Civil, como Transparencia Nacional, puede no ser suficiente para legitimizar la causa. Pero, sin duda, serán los hechos los que absolverán a los bienintencionados y, tal vez, arrepentidos que buscan contribuir a reducir los altos niveles de corrupción e impunidad en el país. Son pocos, muy pocos, los exfuncionarios que se atreven a enfrentarse a los poderes que, tal vez, un día patrocinaron. A menos que, de por medio, exista un plan político más relevante o simplemente una sed de venganza. La pregunta es ¿acaso no hay servidores públicos bien intencionados dispuestos a servir a la población, a su patria y al Estado?

Arremete Reyes Orona contra Gil Díaz
Hay un caso de un ex funcionario del Gobierno Federal que se ha dedicado a denunciar la corrupción gubernamental como una bandera de lucha social y, supuestamente, a favor de los intereses del país. Se trata del exdirector jurídico del Fobaproa y ex procurador Fiscal de la Federación, el abogado Gabriel Reyes Orona, quien desempeñó esos importantes cargos públicos durante el gobierno del vacío Vicente Fox y la gestión del cuestionado Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fue Reyes Orona quien buscó convencer a la opinión pública de que algunos funcionarios habían participado en aquella multimillonaria operación corrupta llamada ISOSA, empresa privada creada por Gil Díaz para desviar recursos públicos a favor personal. Aunque también realizó otras encomiendas, como perseguir a uno de los pocos exservidores públicos honestos.

El 22 de enero de 2007, Oficio de Papel escribió: “Entre el trabajo sucio que hizo Reyes Orona fue perseguir fiscal y administrativamente al ex subsecretario de Ingresos, Ismael Gómez Gordillo, el único hombre al que tal vez Gil Díaz le teme porque conoce de primera mano (él sustituyó a Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos en marzo de 1994) toda la corrupción del exsecretario. 

Por eso son tan importantes las declaraciones que a finales del año pasado (27 de diciembre) hizo Reyes Orona a los reporteros de La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, a quienes les dijo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) colocó una venda a la sociedad mexicana al impedir una auditoría a la empresa Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA), donde se acreditaría que funcionarios como el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, crearon vehículos aparentemente privados para desempeñar funciones públicas”.

Las nuevas pesquisas de un consultor privado
El consultor privado Reyes Orona logró que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pidiera al actual procurador fiscal de la Federación, Javier Leynez, que acudiera a aclarar si el abogado de la Secretaría de Hacienda investiga o investigará la participación de Gil Díaz en el proceso de venta de Banamex, que habría beneficiado al empresario Roberto Hernández a evitar el pago de impuestos por más de 3 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, al parecer, en Hacienda ya se dio la orden de no responder a los cuestionamientos del apoderado legal de Transparencia Nacional.

El problema para la SHCP y sus funcionarios es que ya no sólo se trata de Reyes Orona, a quienes algunos tachan de loquito sin camisa de fuerza, sino que ahora las preguntas vienen de legisladores, quienes empiezan a entender cómo Gil Díaz saqueó a la nación y sigue haciendo negocios con sus amigos empresarios beneficiados.

Su pasado y sus ligas imponen algunas dudas a Reyes Orona. Si bien sus respuestas pueden ser insuficientes y serán sus hechos los que despejen cualquier duda sobre su actuación y actual lucha contra la corrupción, resulta interesante conocer la base ideológica del abogado que alguna vez estuvo relacionado con empresas como Aeroméxico y Altos Hornos de México, en momentos en que éstas eran criticadas por su abusiva administración.

Además de la corrupción que Reyes Orona busca demostrar en el caso de la venta de Banamex, Transparencia Nacional también se ocupa de los conflictos de interés y las supuestas irregularidades cometidas por el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quien por cierto anda en completa decadencia política y ante el rechazo en su partido político (PAN) y del mismo Felipe Calderón, busca acomodarse entre las filas del PRD. Reyes Orona investiga también la disolución de Bancomext para crear Proméxico y la ilegal aplicación de los recursos destinados a las pequeñas y medianas empresas en beneficio de los corporativos privados.
Reyes Orona responde así a algunos de estos planteamientos que aún lo persiguen:
 
¿Quién financia a
Transparencia Nacional (TN)?
Es una Asociación Civil que no recibe dinero público, que no tiene partido y que no aspira a serlo, porque si lo hiciera en ese momento se moriría.

TN hace un llamado a los profesionales que pueden ayudar o coadyuvar a la generación de resultados, a los abogados, periodistas, economistas, a la gente que pueda analizar la información completa y llegar a conclusiones. Los temas de corrupción en México sobran, en Pemex, en el IMSS, en la CFE, en la SHCP. TN vive de la buena voluntad de los profesionales que la integramos. 

La masa crítica es el capital de los profesionistas, son aportaciones intelectuales. La gente que se acerca a TN es gente exitosa que no necesita nada, es gente que está regresando algo al país gracias a su buena gestión profesional. Los abogados que participan aquí no son abogados fracasados como Santiago Creel. No son gentes corridas de ningún despacho ni arrimándose a una escuela para dar clases para sobrevivir.  Son gente exitosa.
  
¿Cuáles son los casos que
sigue la organización?
TN tiene 28 expedientes en la administración pública federal, en los que realizamos señalamientos concretos de actos de corrupción, señalamientos concretos de personajes que han resuelto de manera negligente y torpe; procedimientos ante tribunales administrativos y judiciales que buscan obtener resoluciones como la que se alcanzó recientemente en contra del IPAB y en la cual se acreditó ante la autoridad judicial de la Federación que los tres vocales del IPAB no solamente no cumplían los requisitos para ser vocales, sino que sus resoluciones son impugnables. Ese caso se resolvió en marzo pasado y se le entregó a Transparencia un expediente de 1,500 cuartillas, en donde se acredita fehacientemente que una gran cantidad de las resoluciones del IPAB son anulables por el conflicto de interés.
 
¿Qué busca con esta
resolución?
Le estamos pidiendo al Senado de la República que revise los nombramientos de los vocales independientes y que los anule. El 23 de abril se presentó la solicitud ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que anule los nombramientos de Alejandro Creel, Humberto Murrieta y Adalberto Palma.
 
¿Cómo hace TN y su apoderado para no caer en conflictos de interés, cómo tratar casos de corrupción cuando eventualmente pudiera involucrar a clientes de su despacho?

 Es muy sencillo: la verdad es la verdad, si tú eres amigo, abogado o prestador de servicios con alguien que coincide con la persecución de una causa, eso no es conflicto de interés. Es un conflicto de interés cuando tienes que mantener una posición y manifiesta la contraria. Pero cuando los intereses patrimoniales, personales, coinciden con la revelación de la verdad y combate a la corrupción y de la impunidad, nosotros hacemos abstracción de lo que ellos tienen para revelar la verdad. ¿Cómo puede enterarse un abogado de actos de corrupción? En la práctica diaria. Por ello, además de representar el interés de tu cliente, puedes aportar algo para el combate a la corrupción, ¿Qué hay de malo en ello? 

 El caso de la supuesta participación de Gil Díaz en la venta de Banamex para beneficiar a algunos empresarios, prácticamente se convirtió en una campaña de medios ¿Tiene TN algún interés en ello? 

 TN vive de la credibilidad, si nos sacan o no nos sacan en la televisión o la radio no importa. El pleito del IMSS y CFE, los casos de corrupción allí, no pasan en la tele y si no pasan se siguen presentando los procesos judiciales. La sustancia de TN ha estado presente desde 2002 y hasta 2008.

Nos gustaría que las televisoras se montaran en los expedientes, pero yo tengo 28 casos y sólo se fijan en uno.

Ellos lo deciden. En Cadena 3, lo sé,  nunca va a pasar nada de TN porque varias operaciones del IPAB involucran a los Vázquez Raña, como fue la venta de Camino Real. Sé que yo nunca voy a salir en Cadena 3. El pleito de las televisoras con Santiago Creel es coyuntural y lo que yo estoy llevando a la tribuna son pleitos que tienen cuando menos 6 años.

El procurador Fiscal es de la Federación no del secretario de Hacienda. El deber del procurador Fiscal es con la Federación no con su jefe. El artículo décimo del Reglamento Interior de la SHCP señala que es deber del procurador Fiscal presentar denuncias y querellas contra funcionarios hacendarios por mal ejercicio de funciones. Ese es el deber del Procurador y no ser amigo ni tapadera de nadie.

 ¿Se dijo que usted salió de la SHCP porque tuvo problemas con el titular de esa dependencia? ¿Qué clase de problemas?

 Bueno, cuando te piden que firmes un dictamen para que se robe al país, al margen de las amistades se tiene que decidir entre la congruencia o la complicidad. Yo no necesitaba un trabajo. Yo no necesitaba ser procurador Fiscal. Yo me fui a perder dinero para ser procurador Fiscal. Yo no fui a la Procuraduría Fiscal para ser tapadera de nadie. Él me pidió firman un dictamen que avalara las tropelías en el caso de Banamex.

 ¿Recuerda la fecha en la que se le pidió firmar ese dictamen vinculado con la venta de Banamex?

 Fue hace siete años y esa fue la causa de mi renuncia a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fue el caso Banamex y cómo se arregló la venta a Citibank en las mejores condiciones para evitar el pago de impuestos.
 
¿Cuáles son los casos más importantes que sigue TN?
 
El principal es Pemex-Refinación. Son casos que tienen que ver con la asignación de contratos para el transporte de combustibles. Pero pronto los daremos a conocer porque nosotros no desaparecemos y aparecemos. Tenemos siete años peleando causas. Traemos un asunto contra Proméxico. Es de la mayor gravedad. La cantidad de recursos involucrados es apabullante. En Proméxico se dio una clara invasión de competencia en la creación de Proméxico. Por el principio de reserva de ley, no pueden tomarse como legal la creación de una institución a través de un decreto. Allí no hay reflectores.
 
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22 Septiembre 2008 03:42:01
Espionaje telefónico interno en Fonacot
» Paranoia entre trabajadores y directivos
» Se agudiza la crisis en dicho organismo


Los problemas en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores no terminan. A la crisis financiera y administrativa que vive dicho organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo, hay que sumar ahora el espionaje telefónico interno, la paranoia de empresas externas que han hecho negocios poco claros con el instituto y el temor legítimo de los directivos de Fonacot ante la inminente ola de despidos que se avecina por el desfalco que registra su contabilidad y las irregularidades administrativas en su operación.

La crisis en dicha empresa del Estado hace sospechar internamente de todos los trabajadores, quienes ya no laboran con confianza y entre algunos de ellos se han empezado a culpar por las decisiones que prácticamente ponen a Fonacot al borde de la quiebra y anulan su viabilidad financiera y bursátil, terreno que su actual director general Arsenio Díaz Escalante quiso explorar sin suerte alguna.

A lo anterior se agrega la manipulación de los informes que la administración de Fonacot ha entregado periódicamente al Consejo Directivo que encabeza el mismo secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien además de estar molesto por el engaño del que fue víctima, le preocupa los riesgos de la desaparición de un organismo creado para apoyar la economía familiar de millones de trabajadores y la crisis que se generará cuando el mercado de valores pierda la confianza y las calificaciones bursátiles del instituto se vayan por los suelos.

Por lo pronto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por conducto de su presidente decidió suspender las emisiones bursátiles de la cartera en crisis de Fonacot que, como bien explica la reportera Yenise Tinoco en la última revista “Fortuna”, era el proyecto estrella del director general Arsenio Díaz Escalante, quien en medio de la crisis sigue sosteniendo que no renunciará bajo ninguna circunstancia y que los graves problemas financieros que se reportan en las auditorías de la CNBV, son sólo equivocadas interpretaciones de los funcionarios de ese órgano de vigilancia del sistema financiero.

Pero esta suspensión de las emisiones bursátiles de Fonacot se mantendrá hasta que éste obtenga mejores resultados en la recuperación de su cartera, la cual registra bajos niveles de cobranza y flujos inciertos de capital. De acuerdo con fuentes internas de la Comisión, al concluir la visita de inspección, realizada de enero a junio de 2008, la CNBV manifestó su preocupación de que el instituto sea emisor de certificados bursátiles, ya que un problema como éste representaría daños a otros emisores, especialmente en el entorno de volatilidad macroeconómica que presenta el país en este momento.

Sin embargo, al quite ya entró hasta la Secretaría de Hacienda, en donde su titular Agustín Carstens ha ordenado a la subsecretaría del ramo una revisión profunda de las cuentas de Fonacot, pues también prevé que se avecina una tormenta en ese instituto.

La crisis de Fonacot no es nueva y ya desde el año pasado la periodista Claudia Villegas advertía con veracidad en la publicación financiera de “El Semanario” los problemas administrativos y de operación de dicho fondo. Escribía: “El rescate de Fonacot podría opacarse ante la posible responsabilidad de su actual director general, Arsenio Díaz Escalante, en la asignación de contratos por más de 12 millones de dólares con escasos resultados para la operación del fondo.

“Considerada una de las instituciones estrella del gobierno foxista; un ave fénix que resurgió de las cenizas: Fonacot mantiene la preferencia y la confianza de los inversionistas. Sin embargo, la política de adquisiciones y asignaciones aplicada por la dirección general de este fondo durante los últimos dos años, podría nublar su desempeño.

“Con más de 7 mil 250 millones de pesos obtenidos a partir de colocaciones y bursatilizae su cartera, Fonacot, se convirtió, tan sólo después del Infonavit, en el organismo con la incursión más activa en el mercado nacional de deuda. Su bajo nivel de riesgo, con ingresos que provienen del descuento directo de la nómina de los trabajadores acreditados, le ha permitido que los inversionistas no le exijan mayores rendimientos desde su incursión en el mercado en 2004.

“Los certificados bursátiles de Fonacot pagan tan sólo un poco más de la tasa TIIE, lo que refleja el nivel de seguridad y certidumbre que observan los inversionistas del mercado en la deuda del fondo, dice María Tapia, analista de Standard & Poor´s.

“Más de 5 millones de trabajadores conforman el mercado que atiende Fonacot y su potencial resulta inmenso, agrega la analista de S&P. Los empleados que tienen acceso a los préstamos al consumo que asigna Fonacot registran ingresos de entre 5 y 20 salarios mínimos, por lo que el objetivo es entregar financiamientos con descuento vía nómina para más de 12 millones de asalariados y con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“De hecho, para este año se estima que Fonacot no tendría problema alguno en volver a colocar el mismo nivel de recursos que alcanzó el año pasado y que superaron los 2 mil 500 millones de pesos.

“Para llegar a los mercados de deuda, el fondo aplicó una profunda reestructuración en los esquemas de generación de cartera y cobranza que, además, le permitieron ingresar en el segmento de créditos a pequeñas y medianas empresas como parte del programa de cadenas productivas que impulsa Nacional Financiera.

“El exsecretario del Trabajo durante el gobierno de Vicente Fox, Carlos Abascal, nombró en la dirección general de Fonacot, a Arsenio Díaz Escalante, un financiero egresado de la maestría en Alta Dirección del IPADE, cuyo objetivo al llegar al cargo era convertir a la entidad en un organismo eficiente, rentable y transparente.

“En 2004, S&P señaló que el único riesgo al que se enfrentaba Fonacot era el político y la posibilidad de interrumpir la gestión del fondo a cabo del equipo que inició la reorganización operativa. Pero al apoderarse el PAN de las elecciones presidenciales, Díaz Escalante fue ratificado en el cargo.”

LOS SECRETOS DEL FONDO

Para catapultar el crecimiento de su cartera, en diciembre de 2004, Fonacot firmó con la empresa española Soluziona del Grupo FENOSA, un contrato por más de 10 millones de dólares para la implantación, operación y soporte de un avanzado sistema de crédito.

El contrato, adjudicado de manera directa a pesar de que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas exigía, por el monto involucrado, su licitación, representó para la compañía española el proyecto de consultoría más importante en el país.

De acuerdo con el sistema Compranet de la Secretaría de la Función Pública, Soluziona-México acumuló entre 2004 y 2005 contratos con la administración pública por más de 129.6 millones de pesos, monto en el cual destaca por su importancia el contrato adjudicado por la dirección general de Fonacot con más de 114.9 millones de pesos.

Los términos del contrato con Soluziona establecieron su vigencia del 2 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2006. Sin embargo, funcionarios del fondo, que pidieron omitir su nombre, confirmaron que dicho sistema nunca entró en operación y fue un verdadero fracaso.

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Soluziona tendría que haber sido sancionada por los retrasos en la ejecución del contrato; sin embargo, ni el órgano de control interno del fondo, cómplice en los negocios irregulares, ni el sistema Compranet, registran dichas sanciones.

El sistema del cual se responsabilizó a Soluziona estaba planeado para que Fonacot cumpliera las mentas del sexenio de Vicente Fox, en las cuales se planteó la necesidad de contar con un sistema más robusto, modular y escalable, así como crear nuevos medios de disposición de crédito, lo cual representaba el proyecto más ambicioso de Fonacot.

La periodista Claudia Villegas, editora del El Semanario, escribía hace un año que “la dirección general de Fonacot aceptó en una reunión de trabajo, cuya copia estenográfica conoce este medio, que en los Centros de Trabajo autorizados para otorgar créditos con recursos de este fondo se ha generado información falsa para obtener financiamientos; falsificado información sobre los sueldos en nómina que afectó el nivel de cobranza.

“El año pasado, en esa reunión con el titular de Fonacot, Manuel Flores, comercializador en Michoacán de las motocicletas Vento, informó a Arsenio Díaz Escalante sobre este tipo de irregularidades en un intento por recuperar un adeudo superior al millón de pesos generado a partir de créditos con el Fonacot.

“En esa junta, Díaz Escalante reconoció el problema e informó sobre las denuncias penales en contra de 5 presidentes municipales que estaban involucrados en operaciones irregulares con recursos de Fonacot. Aseguró en ese momento que el expresidente Vicente Fox estaba al tanto del caso y que, según los afectados, involucra a funcionarios del propio fondo.

“Los inversionistas del mercado de valores no están al tanto de estos problemas ni del contrato firmado por Fonacot para mejorar su sistema de cobranza y generación de créditos. Si contrataran a un tercero, sería para aquella cartera vencida, sin descuento directo”, asume Tapia de S&P:


CONFLICTOS DE INTERES

Pero el contrato de Soluziona si bien es el más importante asignado por la dirección general de Fonacot, no es el único que genera suspicacias sobre la política de adjudicaciones aplicada por el fondo durante el gobierno foxista.

El Despacho Rafael Lores Rodríguez y Cía. que controla la empresa de servicios de outsorcing, Unibase, también ha recibido importantes contratos por parte del Fonacot. Se trata también de servicios para fortalecer las áreas de informática del fondo.

En 2002, este despacho obtuvo un contrato por 4.5 millones de pesos; en 2003 otro más por 4.1 millones y en 2004, el pago de servicios por 5 millones que se suman a los 5.9 millones obtenidos en 2005.

La misma empresa, entre 2002 y 2005 obtuvo contratos por más de 12 millones de pesos. Aún más, en 2004, sin licitación de por medio, obtuvo otro contrato más por 2.1 millones de pesos por asesorías en la bursatilización de cartera.

Pero más allá de los montos y los esquemas para la asignación de estos trabajos, destaca el hecho de que uno de los socios de este despacho, Rafael Lores Rodríguez, es miembro del consejo de administración de la Unión de Crédito para la Contaduría Público, en donde Arsenio Díaz Escalante es también socio y miembro del Consejo de Administración.

Si bien Unicon no está relacionada con la empresa Unibase, beneficiada por los contratos del Fonacot, la coincidente participación de Rafael Lores Rodriguez y de Arsenio Díaz Escalante en el consejo de administración de la Unión de Crédito podría representar un conflicto de interés más para el funcionario público.




15 Septiembre 2008 03:36:00
Daño patrimonial
» Negocio Bribiesca-Construcciones Prácticas
» Informe oficial de la Comisión del Congreso


Una de las mayores preocupaciones al leer la propuesta del Ejecutivo sobre el paquete económico para 2009 -que el pasado 8 de septiembre entregó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, al Congreso-, es que el rubro educativo, una vez más, no interesa al Gobierno Federal panista y en consecuencia será uno de los más castigados: la Universidad Nacional Autónoma de México recibirá la misma cantidad de 20 mil millones de pesos con la cual trabajó durante este año. “Debemos de recortar varios rubros para privilegiar el de la seguridad”, ha sido el mensaje difundido por Felipe Calderón en los últimos días para justificar el incremento de dinero público a los cuerpos policiales que se han mezclado con la delincuencia organizada.

En contraste, organismos como el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que de un elefante blanco se convirtió en un nicho de negocios privados, recibirá, si el Congreso lo aprueba, una jugosa chequera de 305 mil millones de pesos, es decir, más de mil por ciento de lo que recibirá la universidad pública más importante del país y de Latinoamérica.

En este contexto, vale la pena analizar el informe que elaboró la última Comisión Especial que en el Congreso investigó el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca y la empresa Construcciones Prácticas (que oficialmente opera a nombre de su socio Miguel Khoury Siman), en el que se determinó un daño patrimonial por 2 mil 400 millones de pesos.

En un legajo de 67 páginas, el informe original comprueba diversas violaciones a la Ley Federal de los Funcionarios Públicos y al Código Civil Federal, entre otros, en que habrían incurrido funcionarios de IPAB por las operaciones entre los hijastros del expresidente, sus socios y el IPAB, con un daño patrimonial estimado conservadoramente en 2 mil 400 millones de pesos correspondientes a las operaciones con las que la empresa Construcciones Prácticas adquirió, a precio de ganga: 8 millones de pesos, inmuebles en unos cinco estados del país.

¿Cómo se triangularon a los Bribiesca estos bienes inmuebles, sufragados durante años con recursos públicos? Hagamos un poco de historia…

Los agudos desequilibrios macrofinancieros que se fueron incubando en los últimos años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, detonaron al término de su gestión e inicios de la de Ernesto Zedillo, en aquel negro episodio de la historia mexicana políticamente definido como “el error de diciembre”.

En la euforia crediticia que caracterizó a los años previos a la crisis, el extinto Bancrecer, SA otorgó, en menos de dos años, créditos por más de 900 millones de pesos a Adrián Campuzano Rodríguez, un médico veterinario de Morelia, Michoacán, representante y accionista de las empresas Plaza Industrial, Urbanizadora Americana y Constructora e Inmobiliaria Latina.

En 1995, la deuda de Campuzano pasó al tristemente célebre Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), organismo del que ya numerosas auditorías, como el Informe Mackey y las elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación, han dado cuenta para ubicarlo como uno de los mayores fraudes a la nación.

El saneamiento financiero de Bancrecer fue iniciado por el Fobaproa a partir de 1995, cuando el banco fue incorporado al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). Sin embargo, este proceso no fue exitoso porque no se cumplieron las metas de capitalización. Luego, el IPAB procedió a sanear Bancrecer con recursos financieros gubernamentales.

En este tenor, el 3 de noviembre de 1999, el IPAB celebró un contrato de apertura de crédito simple por 102 mil 200 millones de pesos con el Banco de México, “para obtener los recursos necesarios para el saneamiento financiero de Bancrecer”.

El 27 de febrero de 2001, mediante el acuerdo IPAN/JG/01/23.4, el IPAB aprobó la separación de activos de Bancrecer en banco bueno, que sería vendido a adquirientes calificados al término de la reestructura, y el banco malo, que serviría como vehículo de recuperación y administración de la cartera vencida y activos improductivos.

Para el mes de julio, la Junta de Gobierno del IPAB aprobaba la segregación de activos, en virtud de la cual el instituto adquirió los derechos del banco malo, y el banco bueno fue vendido a Banorte.

En diciembre se llevó a cabo el contrato de donación de bienes inmuebles mediante el cual Bancrecer en su carácter de donante, transmitió al IPAB, en su papel de donatario, los bienes inmuebles, así como el contrato de donación de activos por el que Bancrecer en su carácter de donante, también transmitió al IPAB en su papel de donatario, los activos.

Dichos contratos fueron formalizados mediante las escrituras públicas 6188 y 6189, del 21 de diciembre de 2001 y protocolizadas ante el notario Alfredo Ayala Herrera.

Se acordó la responsabilidad exclusiva del IPAB en la formalización de la transmisión de la propiedad o titularidad de los bienes en escritura pública, y que por tratarse de bienes administrados, debía instruir a Fénix Administradora de Activos para realizar el procedimiento. El IPAB se encargaría de todos los gastos, impuestos y honorarios que se generaran. Todas las escrituras generadas debían haber quedado inscritas en el registro público de la propiedad a favor del IPAB.

De allí que la tesis central de la investigación hecha por la tercer comisión fuera comprobar la ilegalidad de todas las operaciones signadas por Construcciones Prácticas y el resto de las compañías citadas.

La conclusión es que a partir de diciembre de 2001, las inscripciones de hipoteca hechas constar en los registros públicos de la propiedad a favor de Bancrecer se entendieron a favor del IPAB, de manera que las obligaciones que las deudoras Plaza Industrial, Urbanizadora Americana y Constructora e Inmobiliaria Latida tenían desde 1995 con su acreedor original Bancrecer, pasaron al IPAB como nuevo acreedor, aún cuando Bancrecer continuó con la administración de activos.



Las componendas del IPAB

Los funcionarios del IPAB tenían la obligación de custodiar y administrar escrupulosamente esos activos y, consecuentemente, obtener la máxima recuperación de ingresos producto de su venta, a fin de resarcir los cuantiosos fondos públicos que con cargo al contribuyente se canalizaron para su saneamiento financiero.

Pero contrario a su objetivo primordial, el IPAB contrató a Fénix Administradora de Activos para que se encargara a su nombre de la administración de los bienes. En un primer momento, los funcionarios del IPAB destacaron la probidad moral de Fénix para justificar las operaciones con las empresas ligadas a los Bribiesca. No obstante, en 2006 presentó una demanda mercantil ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal (expediente 168/2006).

Durante 2004, el IPAB realizó, vía Fénix, cuatro operaciones con la empresa Construcciones Prácticas, dos de subasta de inmuebles y dos de licitaciones de cartera:

El 10 de febrero de 2004, Fénix adjudicó a Construcciones Prácticas el contrato de cesión de créditos y derechos litigiosos de la cartera de Bancrecer, respecto al denominado paquete “C”. Se refiere a la titularidad del cobro de los créditos de la cartera con una serie de condicionantes, no es una venta tradicional, además no contempla la traslación de dominio de manera automática sobre los bienes inmuebles asociados con la cartera de créditos.

Además, en virtud de la naturaleza de esta operación: cesión de derechos de cobro de cartera, el IPAB justificó el muy bajo porcentaje de recuperación de recursos respecto al valor en libros de solamente 0.68 por ciento, es decir, ni siquiera un peso por cada 100, argumentando que dicha cartera de créditos estaba “muy castigada” en los libros del banco.



La mecánica del fraude


En ese sentido, el titular de la ASF, Arturo González de Aragón al revisar las operaciones que el IPAB llevó a cabo con Construcciones Prácticas en el año 2004, enfatizó que: “no se trató de bienes inmuebles, sino de derechos litigiosos relacionados con dichas propiedades”.

El 21 de noviembre de 2007, la secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández Labardini, reconoció ante la Comisión del Legislativo, que la cesión de créditos y derechos litigiosos que Fénix signó con Construcciones Prácticas, únicamente implicaba “la cesión de los derechos de cobro de la cartera de créditos, y de ninguna manera el dominio o propiedad sobre los bienes inmuebles relacionados con dicha cartera en forma automática.

En consecuencia, cualquiera que ejerciera dominio sobre los bienes inmuebles que garantizaban el pago de los créditos, persona física o moral, estaba actuando en la ilegalidad.

Los 27 créditos que conformaban el paquete C de la cartera de Bancrecer y que el IPAB vía Fénix cedió a Construcciones Prácticas, estaba en situación jurídica de litigio, así que no se podía tener la propiedad de ellos hasta llegar al remate judicial ordenado por un juez, sin embargo, a través de notarios públicos de cabecera, el socio de los Bribiesca obtuvo la propiedad.

El IPAB nunca presentó pruebas que acreditaran la cesión de derechos litigiosos ante los juzgados, y de éstos a Construcciones Prácticas. Tampoco se encontraron indicios de que la empresa hubiera seguido el proceso legal para obtener mediante remate judicial los créditos.

Al respecto, las investigaciones realizadas por el Congreso concluyeron que los funcionarios del IPAB violaron el Código Federal de Procedimientos Civiles “para obsequiar” a Construcciones Prácticas “cientos de millones de pesos”.

Respecto a este paquete, la cuantificación del daño patrimonial a 2004, cuando se hicieron las operaciones, según las indagatorias, asciende a 2 mil 208 millones 700 mil pesos.

Se concluyó que el sólo hecho de que el IPAB no informara ante los juzgados la cesión de derechos de los créditos, dado su estado de litigio, y que tampoco Construcciones Prácticas comprobó que los adquirió por esta vía, “es un motivo suficiente para demandar la nulidad de la operación”.

El informe concluye que el saneamiento financiero de Bancrecer se llevó a cabo con recursos públicos, y en virtud de ello, el IPAB recibió la titularidad de una parte de la cartera y bienes del mencionado banco, con el mandato de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de llevar a cabo una administración y custodia escrupulosa de esos bienes, así como su enajenación al máximo valor posible, a fin de recuperar los mayores recursos para el Estado.



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08 Septiembre 2008 04:00:02
Investigan permisos en juegos y sorteos
Evidente el nerviosismo de Creel y ex colaboradores

Este fin de semana las secretarías de Gobernación y de la Función Pública informaron que la Procuraduría General de la República detuvo a José Luis Suárez Flores y Emilia Ceferina Castillo Araiza bajo acusaciones de vender permisos para realizar juegos y sorteos, como rifas de números, carreras de caballos y peleas de gallos.

La detención que anuncian de manera conjunta esas dos importantes secretarías de Estado, como si se tratara de una compleja operación de investigación, se realizó con base en el testimonio de un ciudadano que declara haberles pagado a los dos funcionarios menores que trabajan en la representación de Gobernación en La Paz, Baja California Sur, la ridícula suma de 2 mil 500 pesos a cambio de un permiso para pelas de gallos con cruce de apuestas y diversos sorteos.

Como se trata de un pequeño caso de corrupción, la Secretaría de Gobernación presenta, ahora sí, una denuncia de hechos en la PGR y ésta de manera acelerada le da curso a la averiguación previa 179/UEIDAPLE/LE/1/2008. Además, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Segob también actúa con eficiencia y presenta una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC), por lo que se abre la investigación con número de expediente DE151/2008 e inicia un procedimiento administrativo de responsabilidades a ambos servidores públicos y, como medida cautelar, determina la separación de sus respectivos cargos públicos.

Aunque en boletín oficial el Gobierno Federal asegura estar comprometido contra cualquier acto de corrupción e irregularidad, todavía esperamos algo de justicia por los permisos para la instalación y operación de casas de apuestas que el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, le otorgó de manera acelerada a la empresa de Televisa apenas unos días antes de dejar el cargo público. Y la pregunta es a cambio de qué lo hizo, pues lo seguro es que no fueron 2 mil 500 pesos.

Por eso ahora en la Secretaría de Gobernación no saben qué hacer con el senador Creel Miranda quien, además de despreciar a Felipe Calderón, sólo obedece instrucciones del ex presidente Vicente Fox, lo que causa muchos dolores de cabeza e irritaciones estomacales a Calderón, al grado que algunos creen que la PGR podría darle curso a la denuncia que hizo hace unos días la Unión de Abogados por la Democracia en contra del senador panista por el delito de tráfico de influencias.

Sobre estas imputaciones que han pasado al ámbito penal, el senador Creel trata de evadir su responsabilidad y ha dicho que fue la Secretaría de Gobernación y no él quien otorgó los permisos a Televisa.

Por lo pronto hay miedo y nerviosismo entre el equipo de ex colaboradores de Santiago Creel que trabajaron con él cuando se desempeñó como titular de Gobernación, pues algunos funcionarios menores fueron obligados a firmar las autorizaciones de dichos permisos y ahora están involucrados hasta el cuello en la acusación penal que investigan la PGR, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Es más, algunos de esos ex servidores públicos relacionados con irregularidades en el otorgamiento de permisos de juegos y apuestas ya salieron del país para huir de la justicia mexicana en caso de que la PGR actúe en su contra, pero la verdad pueden estar tranquilos porque en el fondo Felipe Calderón no tiene interés en que se haga justicia en esa área de la Secretaría de Gobernación.

Aun con las diferencias políticas y de intereses que hay entre los panistas simpatizantes de Fox y los de Calderón, parece estar muy lejos que progresen las indagatorias y posibles sanciones en contra de los exfuncionarios de Gobernación que cometieron irregularidades en la asignación de permisos para casas de juegos y apuestas.

Y una prueba de ello son las investigaciones que se llevaban a cabo a finales de 2007 por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en la Dirección General de Juegos y Sorteos, lo cual no culminó en nada.

En aquel tiempo la ASF llevaba a cabo las revisiones 7/2007 y 8/2007 “respecto de la autorización y otorgamiento de modificaciones de permisos de grandes permisionarios”, así como al proceso de “autorización y expedición de permisos de sorteos”.

Pero para frenar esas indagatorias del órgano de vigilancia y auditoría del Congreso, fue la misma Secretaría de Gobernación que en diciembre de 2007 presentó una controversia constitucional en contra de la investigación de la ASF y tocó el turno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenar cualquier auditoría que pusiera en riesgo la corrupción que sexenio tras sexenio se repite en torno a los permisos de juegos y sorteos.

Fallas en sistema de crédito Fonacot

En semanas anteriores comentamos la crisis administrativa y financiera que enfrenta Fonacot y que mantiene a su director al borde de la renuncia. Pues ahora la investigación de la crisis de ese instituto pasó de los auditores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los expertos financieros de la Secretaría de Hacienda, en donde el mismo titular Agustín Carstens ordenó revisar las cuentas de Fonacot ante las evidencias de malos manejos administrativos y manipulaciones y engaños en los reportes que entrega ese instituto a la Junta de Consejo y al mismo mercado de valores.

Sin embargo las irregularidades en Fonacot no son nuevas, pues desde 2007 la CNBV elaboró informes en donde reporta que el sistema del Credere no calculaba adecuadamente el monto de los intereses devengados, no cobrados, de cartera vencida que se deben suspender en el momento en que el saldo insoluto del crédito sea considerado como vencido.

En su auditoría, la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo –encabezada por Gabriel Napoleón Díaz Leyva– señala que Credere inició operaciones en noviembre de 2005 sin que Fonacot validara su funcionamiento, mediante la realización de operaciones en paralelo con el sistema de administración anteriormente denominado “SICREF”.

Esto, advierte, puede implicar deficiencias en la integridad de la información migrada o bien que dicho sistema presente fallas u omisiones e incumpla con la totalidad de requerimientos necesarios para una adecuada administración de los créditos.

Asimismo, indica que la empresa consultora Accenture –contratada para los trabajos encaminados a la gestión integral de riesgo en el propio instituto– determinó que existen créditos aprobados que cuentan con condiciones de excepción, que no se pueden identificar en el sistema; éste no tiene la capacidad de realizar un estado de cuenta impreso del trabajador, y los equipos y centros de datos que soportan la operación del Credere, incluyendo su centro de datos alterno, no son propiedad del instituto. Además, la auditoría observa que el Credere no identifica adecuadamente la cartera propia de la bursatilizada.

Respecto al Sistema de Registro y Control de Cartera Bursatilizada especifica que carece de interfaces automáticas con otros sistemas que le provean de elementos necesarios para procesar información que garantice la integridad de los datos: requiere varios procesos manuales, tales como la determinación de saldos de cartera provenientes del Credere, a través del uso del Microsoft Acces.

Además, no depura los saldos de cartera para eliminar la parte proporcional del impuesto al valor agregado que incluyen los saldos extraídos del Credere, a través del uso de hojas de cálculo electrónicas; así como la incorporación de los intereses cobrados de la cartera recuperada, con apoyo de dichas hojas diseñadas en Microsoft Excel.

La auditoría de la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo también detecta una diferencia de 5 millones 300 mil pesos entre la cartera total, que se presenta en los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, y lo que muestra el Credere.

Además, indica, en ese mismo periodo existen créditos con saldos negativos en cuentas de orden “Créditos incobrables-Castigos”, por un importe de 59 millones 900 mil pesos, correspondientes a 348 mil 52 créditos.

Señala que Fonacot no presentó evidencias de utilizar métodos de evaluación para aprobar y otorgar créditos, entendiéndose por tales, aquéllos que permiten valorar al acreditado, cualitativa y cuantitativamente, con base en datos e información estandarizada, cuya ponderación para arrojar un resultado favorable haya sido previamente definida.

El análisis de la CNBV observa que el instituto sólo evalúa la capacidad de pago del trabajador a través de sus percepciones brutas mensuales, sin contar el análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con otras entidades financieras.

No se evalúa la experiencia de pago del acreditado mediante una consulta realizada a una sociedad de información crediticia. Tampoco se valora la información y documentación de bienes patrimoniales, y no se presentaron evidencia de que se realicen estudios de crédito a los centros de trabajo que solicitan afiliarse al instituto, detalla el análisis.

En sus resultados, la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo indica que la normatividad en materia de crédito y solicitud de contrato no establece cláusulas donde se estipule el tratamiento que se debe otorgar a la falta de pago por parte del acreditado, y que los intereses se calculen sobre saldos insolutos.

Igualmente observa que el instituto no tiene como práctica enviar estados de cuenta a sus acreditados en donde se les den a conocer el monto de la tasa de interés anualizada que se les cobrará sobre los saldos insolutos, saldo del crédito, monto amortizado, plazo restante, entre otros.

La Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo de la CNBV señala que en el pagaré firmado por el trabajador, para la instrumentación del crédito que otorga el instituto, no se presenta la fecha ni el lugar de pago, que son requisitos que debe contener cualquier pagaré.

Fonacot no proporcionó evidencia de que se contara con normatividad respecto a la cobranza judicial que debiera realizarse a los acreditados cuando se presenta falta de pago. Al respecto, se informó que únicamente se realizan gestiones de cobranza por la vía judicial a los centros de trabajo.

Para la CNBV, ello da como resultado bajos índices de recuperación de cartera, inclusive hay delegaciones en las que el índice de recuperación de cartera de los despachos correspondientes es de 0 por ciento.
01 Septiembre 2008 03:04:00
Alarmante robo de combustible en Pemex
-Militares y trabajadores los responsables
-El gobierno de Calderón oculta evidencias


A finales del gobierno de Vicente Fox se había agudizado en Petróleos Mexicanos el robo de combustibles a gran escala y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales. Era tal el problema que en las investigaciones participaban los órganos de seguridad nacional del Estado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Inteligencia Militar).

Sin embargo, aun con la intervención de los tres principales centros de investigación nacional, nada frenaba la sustracción ilegal de gasolinas, por lo cual el entonces presidente de la República ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba Octavio Aguilar Valenzuela, quien era hermano de aquel polémico vocero presidencial Rubén Aguilar, lo que permitía a Vicente Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación.

Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública desaparecieron misteriosamente, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito.

Ahora nos enteramos que en esos archivos aparecían como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército Mexicano que muy bien organizados eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.

Al iniciar hace dos años el nuevo gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que enfrentaba por los dudosos resultados electorales, el presidente se atrincheró con las fuerzas armadas y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna de combatir al crimen organizado, aunque en el fondo lo que hacía era protegerse de cualquier protesta social generalizada. Esto haría imposible que este nuevo gobierno intentara siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro del Ejército Mexicano en el delito de robo de combustibles a Pemex.

Según cálculos del ex director general de Pemex Refinación y actual senador panista, Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque según especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues se estima el robo de combustibles en unos 50 mil millones de pesos cada año, sin que nadie en el gobierno panista de Calderón haga algo para controlarlo.

Las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox Quesada.

Más aún, hay datos precisos de que en 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras, cuando el director corporativo de Administración era Octavio Aguilar Valenzuela, el único ex funcionario que fue exonerado totalmente del segundo Pemexgate.

No obstante, las evidencias han sido desaparecidas por Pemex, por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Función Pública (SFP) y por la Policía Federal Preventiva. Y es que en este sexenio el Ejército se ha vuelto intocable, por ser el principal instrumento de poder del gobierno de Felipe Calderón, quien ha militarizado el país para hacer su “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Una vez más se demuestra que los dos grandes problemas de México son la corrupción y la impunidad, pues parece que nadie juzgará estos graves actos bien documentados por personal de Petróleos Mexicanos. Y una muestra de la impunidad y encubrimiento lo oficializa el área de la Dirección General de Comunicación Social de Pemex, según la cual en los informes de la empresa petrolera “en la historia de los ilícitos reportados por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física nunca se ha visto involucrado personal militar y no se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya señalado a personal militar en sus investigaciones”.

Lo que omite la paraestatal es que los expedientes existen en la Dirección Corporativa de Administración y que los casos con nombres y apellidos fueron informados no sólo a las autoridades competentes (Sedena, SFP y PGR), sino también al actual director corporativo de Administración, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila, quien conoce a detalle quiénes son los responsables del robo de combustibles.

Se trata de un acto de protocolo –el acta de entrega-recepción, signada el 17 de enero de 2005 por Villarreal Dávila y su antecesor, Octavio Aguilar Valenzuela– que obliga al titular de Administración a dar seguimiento y atención a los hechos. El acta contiene, entre otras cosas, el anexo 10 donde se detalla el “estado que guardan 33 observaciones pendientes de atender”.


LAS COMPLICIDADES DEL ROBO DE COMBUSTIBLE

Los expedientes generados por la Dirección Corporativa de Administración dan cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal que piden omitir sus nombres por miedo a represalias, explican que esto no se da a conocer a la sociedad porque no es conveniente, se trata supuestamente de asuntos de seguridad nacional y, además, hay gente del Ejército y de Petróleos Mexicanos involucrada.

Por ello, indican, todos los informes han sido clasificados como confidenciales por instrucciones del Órgano Interno de Control en Pemex y de algunos servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos. Al anexo 10 del acta de entrega recepción de Aguilar Valenzuela, por ejemplo, se le han censurado 65 líneas sin explicación justificada, por lo que se cree que es allí en donde se involucra a los militares.

De acuerdo con los funcionarios consultados, son las complicidades las que posibilitan el robo de combustibles, pues en la actualidad Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que pueden identificar en dónde hay robo de combustibles por baja de presión: rápidamente se puede saber dónde hay un problema, pero es lógico que sólo miembros del Ejército que tienen a su cargo la vigilancia de los ductos y las estaciones, así como algunos trabajadores petroleros son quienes intervienen en este ordeñar de ductos. Dicen que la detección se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

Se trata del centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional. Ahí se le da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por GPS. Respecto de las zonas más vulnerables para el robo de combustibles, sobresale el sur del país: Tabasco, Campeche, Veracruz.


SIN ESTANDARTES DE SEGURIDAD

Los funcionarios petroleros que proporcionaron la información aseguran que el robo de combustibles es una pequeña parte de la amenaza para la petrolera mexicana: refieren que el máximo problema es que los estándares de seguridad en las instalaciones estratégicas, como Cantarell, sobre todo relativas a cuestiones antiterroristas, son muy débiles.

Pemex gasta muy pocos recursos en resguardar sus instalaciones y lo poco que invierte lo destina a la Sedena, dicen. Un ejemplo de la vulnerabilidad fueron los bombazos del Ejército Popular Revolucionario, ocurridos en julio de 2007. Un atentado a las instalaciones estratégicas puede ser muy peligroso, porque Pemex no está preparado para enfrentarlo, detallan.

Además, explican que la falta de estándares de seguridad también ha posibilitado que a lo largo de los 20 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que posee la paraestatal se asienten comunidades enteras. Se trata de lugares sumamente riesgosos, como Salamanca, Guanajuato, donde el centro de la ciudad es una refinería; y Tula, Hidalgo, donde las casas están más cerca de las instalaciones petroleras que en el caso de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en donde aún se recuerdan los estragos de aquella explosión que causó muchas víctimas.

Al respecto, la Dirección de Comunicación Social de Pemex dice que “para preservar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales contra riesgos, amenazas y daños intencionales provenientes del interior o exterior de las instalaciones, la institución cuenta con una Gerencia de Servicios de Seguridad Física”.

Agrega que “cuando se tiene conocimiento de algún ilícito se presenta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es la autoridad encargada de realizar las investigaciones y en su caso fincar responsabilidades”. Es todo lo que reporta esa área de supuesta información.



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25 Agosto 2008 04:00:00
Cirugía mayor en Fonacot

» Se alistan varias renuncias
» A un paso de salir Arsenio


Sin perder más tiempo, en la Secretaría del Trabajo se ha decidido practicar una cirugía mayor al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mejor conocido como Fonacot, al cual se le pretende salvar la vida mediante la extirpación de varios tumores malignos provocados por la corrupción gubernamental en colusión con empresas privadas, así como remediar la ineficiencia administrativa que viene arrastrando desde el sexenio pasado con el despido de varios de sus directivos.

Mientras eso ocurre en ese organismo social encargado de otorgar créditos en bienes y consumos para trabajadores que ganan los salarios más bajos, en la Secretaría de la Función Pública su titular, a quien nadie conoce, debería ponerse a trabajar y llamar a cuentas al responsable de vigilar y controlar que no haya irregularidades en Fonacot, pues en su nariz se han cometido corruptelas y desviaciones de recursos públicos sin que éste se dé cuenta y mucho menos haber presentado las denuncias respectivas, lo que hace pensar que podría estar coludido y recibir algunos beneficios producto de esa corrupción, pues de lo contrario tendrá qué explicar su comportamiento indiferente ante las evidentes irregularidades que mejor fueron descubiertas en ese instituto por la reportera de Contralínea, Yenise Tinoco.

La semana pasada comentamos que en la Secretaría del Trabajo y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no sabían qué hacer con Fonacot ante la grave crisis financiera por la que atraviesa ese organismo descentralizado, sobre todo porque arrastra una enorme cartera vencida que rebasa los 2 mil millones de pesos y ha colocado en el mercado de valores el 75 por ciento de su cartera total, la cual asciende a unos 14 mil millones de pesos, lo que sin duda pondrá en alerta máxima a los inversionistas que confiados compraron papel Fonacot.

Sin embargo, en la Secretaría del Trabajo su titular Javier Lozano ya prepara varias medidas que incluyen la renuncia del director general de Fonacot, Arsenio Díaz Escalante; la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que investigue y sancione a los responsables de los malos manejos administrativos, y la petición al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, para que haga su trabajo y aplique la ley en el mercado a quienes hayan vulnerado la confianza de los inversionistas con la bursatilización del papel Fonacot y esto ponga en riesgo sus capitales.

Después de la última auditoría practicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la administración de dicha empresa, que duró más de seis meses, se prendieron los focos de alerta en la Secretaría del Trabajo y su titular Javier Lozano fue informado por Babatz de los engaños y mentiras que funcionarios de Fonacot habían hecho para maquillar los informes y reportes que entregan periódicamente al Consejo Directivo de ese organismo descentralizado y al mercado de valores, a fin de ocultar problemas tan graves como la elevada cartera vencida que para agosto representa el 15 por ciento de la cartera total, lo que significa pérdidas para el instituto superiores a los 2 mil millones de pesos.

Lo anterior obedece a las fallas en el Sistema de Administración de Crédito (Credere) y a la empresa española Soluziona, responsable de administrar el programa de Fonacot y por lo cual se le pagaron cientos de millones con resultados muy negativos.


Dudas en asignación de contratos

Pero eso no es todo en Fonacot, en lo que va de 2008 ese instituto celebró tres contratos con la empresa estadounidense Accenture por un monto que supera los 200 millones de pesos. El objetivo es sustituir a la trasnacional española Soluziona en la prestación de servicios para administrar su sistema de crédito, el cual hasta ahora ha sido un verdadero fracaso sin que haya responsables, pero el problema mayor es que en Accenture trabaja un hijo de Arsenio Díaz Escalante y podría incurrirse en los delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias o, aun otorgándoles el beneficio de la duda de que se trata sólo de una simple coincidencia, por lo menos alguien le hubiera avisado al secretario del Trabajo, pues a todos se les olvidó que es el presidente del Consejo Directivo de Fonacot y, aunque lo duden, es su jefe en el papel.

De acuerdo con el artículo octavo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.”

Al parecer a Díaz Escalante le pasó de noche esa ley y el motivo él mismo lo explica cuando sostiene que su hijo lleva trabajando en esa empresa muchos años y no tiene un cargo relacionado con la toma de decisiones de los contratos de servicios; que los tres contratos se asignaron a Accenture por licitación internacional, aunque en la página de Compranet se afirme que dos de ellos fueron asignados de manera directa y, aunque no le avisó a su jefe inmediato el secretario Javier Lozano de que su hijo labora para la empresa beneficiada con contratos de Fonacot, sí lo hizo con el responsable del órgano interno de control de Fonacot, a quien también se le olvidó informarlo al Consejo Directivo del instituto y al secretario de la Función Pública.

 De acuerdo con la excelente investigación periodística de Yenise Tinoco, que podría culminar con la renuncia e inhabilitación de Díaz Escalate, en el primer semestre de 2008 Accenture obtuvo un contrato con ese instituto por 117 millones de pesos, para administrar y dar soporte al Credere. En la trasnacional de capital estadounidense –registrada en el conocido paraíso fiscal de Islas Bermudas– trabaja Armando Díaz Pérez, hijo del director general de Fonacot, Arsenio Díaz Escalante.

En el portal electrónico de Compranet, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, Accenture tiene otros dos contratos por adjudicación directa: uno por 46 millones 8 mil 995 pesos, firmado el 12 de febrero de 2008, con el número I-SD-2008-029, y un segundo por 39 millones 649 mil 794 pesos, signado el pasado 8 de mayo con el número I-SD-2008-067.

Accenture, cuya matriz radica en Chicago, es una empresa dedicada a la consultoría de management, servicios tecnológicos y outsourcing. La oficina en México se instaló en 1990. Según la página de internet de SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte), la compañía cuenta con 158 mil empleados en 49 países y, tan sólo en 2006, obtuvo una facturación de 16.65 billones de dólares.

Esta empresa reemplazó a Soluziona, que fuera contratada en diciembre de 2004 para suministrar, parametrizar, adecuar, implantar, operar y brindar soporte del sistema de crédito de Fonacot, por 114 millones 961 mil 187 pesos. Pese a las constantes fallas de la compañía española, de 2004 a 2008 la dependencia le dio otros 12 contratos, por un monto total de 80 millones de pesos.

El mismo Díaz Escalante reconoce que hubo algunos problemas con Soluziona cuando inició el contrato, ésta pertenecía a la empresa Unión Fenosa, pero luego se afilió con otras dos compañías: Azertia e Indra. Acepta que fue una etapa difícil porque hubo cambio de responsable en la empresa y como resultado de la fusión, Indra quedó al frente del personal y proyectos con los que Soluziona contaba.

El funcionario dice que una vez concluidos los contratos con Soluziona, se llevó a cabo una licitación para la administración del sistema de crédito. En ésta participaron ocho empresas, “pero ganó Accenture, empresa que es muy importante en España, aunque su sede está en Londres. Agrega que trabajan 178 mil personas en 46 países, que la facturación es de 19 mil 700 millones de pesos y que en México maneja los sistemas bancarios de Bancomer, Banco Azteca, Santander y ahora el de Fonacot.


Irregularidades en Locatel de NL

Para demostrar que no sólo en el Gobierno federal hay corrupción, en Nuevo León, el gobierno de Natividad González Parás, tendría que investigar qué sucedió con los 3.5 millones de pesos autorizados para contratar un sistema de software asociado a un equipo de cómputo para la dependencia Informatel/Locatel.

Para empezar, a estas alturas debería comprobarse que el software contratado y pagado existe, y que resuelve los requerimientos de la dependencia. Entre algunas dependencias de ese gobierno estatal ya es un secreto a voces que la licitación convocada por la entidad a cargo de Blanca Loyola no sólo permitió un exagerado sobre costo de esos equipos, sino que habría solapado el incumplimiento de las compañías que ganaron la licitación. El monto pagado del contrato no sólo se habría triplicado respecto al valor de mercado, sino que se omitieron penalizaciones por incumplimientos.

Se trata de la licitación con el número 480900001-002-08 D.A.S.G para la prestación del servicio de instrumentación y capacitación para el sistema de comunicación Informatel enlazados a los sistemas de comunicación del centro de control, comando, comunicaciones y cómputo.

El titular de la Secretaría General de Gobierno en Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, tendría que investigar qué sucedió con esta licitación. Quiénes conocieron el proceso de licitación aseguran que estuvo llena de irregularidades, de terciarización injustificada de los servicios asociados al contrato y hasta de involucramiento de la gestión de Blanca Loyola. Lo más grave es que Informatel/Locatel no cuenta hasta ahora con el servicio que contrató y pagó desde febrero pasado.


Sepomex en la mira

Ahora que Purificación Carpinteiro se ha convertido en una de las funcionarias más citadas por las revistas del negocio y del corazón, al interior del Servicio Postal Mexicano se asegura que la gestión de la funcionaria se ha caracterizada por irregularidades en el ejercicio de recursos, sobre todo en el rubro de gastos personales, tal vez esto le pueda interesar a los órganos de control y vigilancia, aunque la verdad lo dudo.

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11 Agosto 2008 07:48:00
Fusionarían Aeroméxico y Mexicana
La fusión entre Aeroméxico y Mexicana, las dos aerolíneas que el Gobierno Federal vendió en menos de 400 millones de dólares, parece inminente. Al parecer el destino de México es contar con una estructura oligopólica en materia de transportación aérea y ahora  el incremento en el precio de la turbosina se convirtió en el pretexto perfecto para impulsar la integración de las aerolíneas que, alguna vez, logró administrar Gerardo De Prevoisin, aquel empresario que fue acusado y perseguido por el delito de administración fraudulenta durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con quien mantenía una rivalidad en amores y, según personas cercanas al proceso, ganarle una novia al expresidente fue el verdadero motivo de su encarcelamiento.

El poder que concentró De Prevoisin, hasta entonces un prominente empresario del sector asegurador, provocó que se iniciara en su contra una intensa campaña de desprestigio; un escrutinio de la administración que ejerció en ambas aerolíneas que, al final, sustentó las acusaciones por administración fraudulenta.

Gerardo De Prevoisin estuvo preso en Suiza y en el Reclusorio Sur de la ciudad de México. El empresario de origen francés y quien fue capturado cuando abandonó París para viajar a otro país europeo, padeció el desprecio de los banqueros que se sintieron ofendidos por su particular estilo de gestionar y administrar Aeroméxico y Mexicana.

Ahora, lo que está por definirse no es si se otorga o no subsidio a la turbosina, sino quienes serán los hombres que detenten ese poder. Porque lo que es un hecho es que la aviación comercial es un negocio complicado; en donde las utilidades son marginales. Lo relevante ha sido, sin duda, la influencia política para apoderarse de las principales aerolíneas.

Precisamente en estos días Luis Téllez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y persona cercana a Carlos Salinas de Gortari, se reúne con los dueños de Aeroméxico. Las visitas del director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, y de José Luis Barraza, el principal propietario, podrían deberse a la insistente propuesta que ha lanzado el propio funcionario de que, ante la crisis de las aerolíneas es necesario impulsar una fusión de empresas lo suficientemente sólida para resistir este nuevo embate.

Lo interesante es que el nuevo discurso del Gobierno Federal, obviamente justificado por las condiciones adversas del mercado, se contrapone con la necesidad de generar mayor competencia en el sector para beneficiar al usuario. De esta forma, se podría pensar en la aviación comercial como una opción no sólo para las clases privilegiadas del país sino para incentivar la movilidad social.

En fin, el caso es que ahora el secretario Téllez -por cierto otro economista neoliberal y pensamiento de libre mercado instruido en la Universidad de Chicago- asegura que la única salida es la fusión de aerolíneas. Esa frase la repite una y otra vez mientras asegura que no habrá subsidios para la turbosina y que las aerolíneas que se hicieron llamar de bajo costo tendrán que pagar, sin excusa, los adeudos de los últimos dos años.

De concretarse esta fusión que en el pasado reciente estuvo prohibida bajo el argumento de que las dos principales aerolíneas formarían un monopolio del mercado, lo que motivo una privatización a bajo precio en perjuicio de las arcas públicas, ahora estaría muy cerca y los principales afectados serán los usuarios, pues las tarifas se elevarán de inmediato y sólo unos cuantos podrán utilizar es servicio que se convertirá en un lujo.

Dichos adeudos de las aerolíneas rebasan los 800 millones de pesos y fueron generados a partir de los servicios para la navegación aérea que administra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La SCT, sin embargo, ha tenido un papel determinante, por primera vez, en prohibir que aerolíneas como Aviacsa y Avolar sigan ofreciendo sus servicios como si nada pasara.

El problema es que los dueños de Aviacsa y Avolar han obtenido amparos de jueces locales para evadir la disposición de la SCT y siguen vendiendo boletos de avión. Por ello, Esa dependencia federal ha iniciado una campaña en la que advierte a los usuarios de estos servicios sobre las consecuencias de seguir comprando boletos de avión a dichas empresas.

Las suspicacias no se han hecho esperar y los empresarios que se sienten atacados por las autoridades no sólo interponen recursos de suspensión con la esperanza de obtener amparos definitivos, sino que deslizan la sospecha de que el gobierno de Felipe Calderón está buscando beneficiar a ciertas líneas aéreas y a algunos empresarios que en su momento apoyaron con recursos la campaña calderonista a la Presidencia de la República. En este caso hablan de Aeroméxico, perteneciente al grupo de Roberto Hernández y Alfredo Harp; Mexicana, de Gastón Azcárraga; Internet, de Miguel Alemán Magnani, y Volaris, de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, y Emilio Azcárraga, dueño de Televisa.

Con esos nombres por delante, dicen los dueños de Aviacsa y AVolar, no resulta extraño que las autoridades quieran reordenar el sector privilegiando a la oligarquía empresarial del país. Y aunque no dirían lo mismo sí ellos estuvieran incluidos en dicha lista, lo que si es sorprendente es que el doctor Téllez privilegie a unos cuantos sobre el interés de las mayorías.


En aerolíneas siempre pierden gobierno y sociedad


Si se pudiera establecer un marcador en torno a la batalla de la última década para las aerolíneas del país, éste podría ser demoledor: visitante 2000 y local 0. Así de dispareja o nula ha sido la ganancia para el erario federal cuando se analizan las pérdidas en el caso Aeroméxico y Mexicana.

Fue en 2001 cuando la Junta de Gobierno del IPAB analizó el caso de Cintra y la posibilidad, como lo manda la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario de maximizar los resultados de la venta de Aeroméxico y Mexicana. El problema se presentó ante las evidencias que demostraban que ambas empresas ejercían un monopolio en perjuicio del usuario y que, de venderse juntas, el gobierno federal prácticamente estaría trasladando ese gran negocio a los privados.

Ernesto Martens intentó vender en 500 millones de dólares el 30 por ciento de las acciones de Cintra, pero las sospechas de un control monopólico impidieron la colocación en bolsa de la controladora. El gobierno federal fue incapaz de establecer candados adecuados para vender a una sola administración los activos de ambas aerolíneas. Se declaró incompetente para hacerlo y la respuesta fue que sólo se venderían por separados.

Así pasaron dos años y bajo la administración de Andrés Conesa ambas siguieron ejerciendo un control total de la industria de la aviación comercial, hasta que en la recta final del gobierno de Vicente Fox se autorizó a varios grupos la operación de las llamadas Aerolíneas de Bajo Costo (ABC´s).

Así el precio de Aeroméxico y Mexicana comenzó a disminuir de manera acelerada. El 16 de diciembre de 2005, el presidente del Grupo Posadas se convirtió en propietario de Mexicana, en una operación que resultó ampliamente cuestionada. Resulta que aunque se argumentó que la operación se cerró en mil 456 millones de dólares, el monto real que obtuvo el Gobierno Federal no superó los 165.5 millones de dólares.

Con Aeroméxico sucedió algo parecido, no más de 200 millones de dólares. Los optimistas argumentaron que la venta había sido todo un éxito, sobre todo tomando en cuenta que la competencia en el sector haría imposible una venta más rentable. Aunque esto es poco probable, tuvieron el beneficio de la duda. Pero, definitivamente, lo que no tomaron en cuenta es que apenas hace siete años Mexicana y Aeroméxico pudieron haberse vendido, juntas, en 2 mil millones de dólares, y el Gobierno Federal hubiera sido el beneficiado.

Ahora, Luis Téllez invita a los empresarios a que se fusionen, sin aquel temor que había apenas hace algunos años, y estos se dan el lujo de poner condiciones al gobierno. La fusión no les costó prácticamente nada y el único perdedor es el erario público, mientras los usuarios tendrán que conformarse con la explicación del secretario de Comunicaciones y Transportes: se acabó la época de boletos baratos y muchos mexicanos tendrán que regresar al camión.
 
Seguro médico privado a burócratas


Por supuesto que otorgar un servicio médico de calidad a los burócratas es necesario, pero cuando nos dicen que se trata de un seguro de gastos médicos sólo para mandos medios y superiores de la administración pública federal, y que dicho servicio nos ha costado a los mexicanos más de mil 415 millones de pesos en los últimos tres años (2005 a 2007), parece un verdadero abuso, sobre todo porque se trata de una burocracia floja, corrupta e ineficiente.

Un amplio reportaje de Paulina Monroy, publicado en la revista Contralínea, da cuenta de un contrato LPNEC 00006004-06/2006 del seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció partidas máximas por 319 millones 843 mil 750 pesos para 2006 y 959 millones 531 mil 250 pesos para 2007.

El 25 de agosto de 2006, MetLife firmó el contrato con la SHCP, vigente de septiembre de 2006 a diciembre de 2007, por un total de 722 millones 909 mil 614 pesos para mandos superiores y medios de 22 dependencias, 72 órganos desconcentrados y 28 entidades paraestatales.

“El servicio solicitado –estipula el contrato– deberá amparar servicios médicos por accidentes o enfermedades que pueda sufrir el personal de mando, homólogos y de enlace, así como sus dependientes económicos”. Agrega que se otorgará el servicio a través de hospitales y sanatorios privados en el país y en el extranjero.

De acuerdo con la licitación pública nacional LPNEC 00006004-006/2006 –obtenida por la reportera mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, en total son 80 las pólizas de MetLife en la administración pública federal. El universo de asegurados hasta 2006 incluía a 235 mil 269 titulares, cónyuges, hijos y ascendientes. Los servidores públicos suman 86 mil 289.

MetLife cotizó que la prima total a pagar por su Plan Institucional Básico sumara los 180 millones 727 mil 404 pesos de septiembre a diciembre de 2006. Para el periodo entre enero y diciembre de 2007, el importe creció en 542 millones 182 mil 211 pesos.

Por secretario de Estado y familiar, la cantidad asegurada es de 525 mil 374 pesos; 465 mil 421 pesos por cada nivel de subsecretario, oficial mayor y jefe de unidad; 1 millón 50 mil 747 pesos en total para director general, adjunto y de área; por subdirector, 175 mil 124 pesos, y por empleado de enlace, 116 mil 749 pesos. En su proposición para participar en la licitación, MetLife establece primas quinquenales de 133 pesos por secretario, a 94 pesos por cada miembro del personal de enlace.

Denominada entonces Seguros Génesis, MetLife adquirió la paraestatal Aseguradora Hidalgo (Ahisa) el 23 de abril de 2003. La compra por 9 mil 200 millones de pesos equivalía, según se reportó en la prensa, a menos de la mitad del valor de la empresa. La desincorporación de Ahisa, líder entonces en el mercado, se realizó bajo el argumento de que con la administración de particulares ofrecería mejores productos de seguros a los trabajadores al servicio del Estado. Hasta diciembre de 2002, la SHCP requirió los servicios de Ahisa. A partir de esa fecha y hasta marzo de 2008 los contratos han sido otorgados a MetLife.



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04 Agosto 2008 04:00:00
Nueva orden de aprehensión contra Napito
Esta semana el caso de Napoleón Gómez Urrutia volverá a las primeras planas cuando un juez federal de consigna libre una nueva orden de aprehensión en contra del líder minero por los delitos de fraude y presunto lavado de dinero.

El motivo es que Napito, como le dicen sus fieles seguidores, volvió a rechazar la oferta del gobierno federal de renunciar a la dirigencia del sindicato a cambio de archivar las acusaciones en su contra y poder regresar al país de su exilio forzado en Canadá.

Como recodamos, el problema minero viene del sexenio anterior y es una herencia que dejó Vicente Fox a Felipe Calderón, e igual que ahora, Fox estuvo presionado por empresarios mineros, principalmente Jorge Larrea, de Grupo Minera México, para que el gobierno federal quitara de la dirigencia a Gómez Urrutia, quien manipula a su antojo a los trabajadores y os utiliza para presionar a las empresas y obtener beneficios económicos.

Esta vez con Napito fuera del país y varios de sus subalternos a salto de mata para eludir su captura y encarcelamiento, el gobierno calderonista quiso aprovechar esa circunstancia y repetir la práctica viciosa foxista de presionar al prófugo líder y negociar su renuncia a la dirigencia nacional del sindicato, pero para sorpresa de todos Gómez Urrutia rechazó la propuesta y eso enfureció al iracundo Felipe Calderón.

Fueron tres los funcionarios encargados por Calderón, entre ellos los secretarios de Gobernación y del Trabajo, Juan Camilo Mouriño y Javier Lozano, quienes pretendieron disuadir al líder minero de que lo más conveniente para él era dejar la dirigencia y a cambio recuperar su vida normal al lado de su familia. De no aceptar, le advirtieron, lo perseguirían junto con familiares, amigos y colaboradores hasta lograr encarcelar a todos.

Para el sector empresarial de la minería bajo ninguna circunstancia quiere que Napito siga al frente del sindicato, por lo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitarlo. Por ello el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se mantiene atento a las órdenes de Los Pinos, para consignar y capturar al líder minero y sus cómplices por el fraude y lavado de dinero de 40 millones de dólares. Esta acusación le ha permitido a la PGR y a la Secretaría de Hacienda investigar las cuentas bancarios de Napito en todo el mundo, pues de acuerdo con el expediente el líder minero tiene la misma afición de Raúl Salinas de Gortari, acumular fortunas en cuentas bancarias del extranjero, como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza y otros países de Europa, además de los paraísos fiscales.

Tres años de investigaciones El expediente de Napoleón Gómez Urrutia viene desde 2006, cuando la PGR abrió la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006 el 15 de febrero de ese año, en donde se involucra a 27 personas relacionadas con el líder minero como probables responsables de la comisión del delito previsto en el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, al disponer indebidamente de 40 millones de dólares propiedad de los trabajadores y después ese dinero fue transferido por los circuitos financieros de México a cuentas privadas en bancos extranjeros, a fin de evitar que dichos recursos pudieran ser rastreados por la autoridad, con lo que se configuró el segundo delito de blanqueo de capitales de procedencia ilícita.

Según las primeras indagaciones de la Procuraduría, el líder Napoleón dispuso de 55 millones de dólares que no le pertenecían para depositarlos en cuentas bancarias a nombre del sindicato y de ahí repartirlos arbitrariamente entre trabajadores, extrabajadores, cómplices, familiares, a su nombre, a terceras personas y prestanombres en el extranjero. De ese total, según la PGR, Gómez Urrutia dispuso de 35 millones de dólares para ocultarlos fuera del país a través de maniobras financieras.

Entre los involucrados en el fraude a los trabajadores mineros destacan familiares de Napoleón, como su esposa Oralia Casso Valdez, quien según la PGR encubre, sirve de prestanombres, participa en las decisiones del sindicato, maneja grandes cantidades de dinero en efectivo para apoyar actividades ilegales y utiliza a familiares para depósitos bancarios.

Tadeo Casso Valdez, cuñado de Napito, es prestanombre en la empresa Excelencia Numismática y era director de la sucursal Legaria de la Casa de Moneda, cuando Napoleón Gómez Urrutia era su director general y traficaba con materiales extraídos ilegalmente de la Casa de la Moneda, según la PGR.

Ernesto Gómez Casso, hijo del líder minero, está relacionado con drogas, de acuerdo con el expediente de la PGR, y también recibió fuertes cantidades de dinero procedente de las cuentas del sindicato, además de ser uno de los operadores de las actividades ilícitas. Las investigaciones judiciales apuntan que Gómez Casso es inversionista y esa actividad lo ha relacionado con personas vinculadas al narcotráfico, como es Eduardo Reséndez, considerado el cerebro financiero del Cártel de Juárez, a quien le fondeó recursos de una papelera de su propiedad Laskim al restaurante Mirabau, propiedad de Gómez Casso.

Humberto Felipe de Jesús Torres Kuri, cuñado del líder petrolero y esposo de María de Lourdes Casso, también prestanombre de actividades ilícitas. Alejandro Gómez Casso, otro hijo del líder y quien trabajo en la empresa Altos Hornos, tiene junto con la esposa de Napoleón la mayor influencia en el líder y es el contacto con los empresarios Sergio y Raúl Gutiérrez Muguerza y Alonso Ancira Elizondo, quienes sirvieron para que el líder estableciera acciones para fortalecer al sindicato y a su líder a costa de otras empresas mediante entregas de dinero para financiera en forma ilegal campañas sindicales en perjuicio de otras empresas de la industria minera y de la siderurgia.

Santiago Garza es prestanombre y amigo cercano del líder Napito, socios en una casa de campo en el estado de Morelos y su empresa Comextra de traslado de valores, se ha visto favorecida con las influencias del líder Salomón Gómez Urrutia, quien amedrenta a sus clientes a través del sindicato.

El empresario Rodolfo alias “Rudy” Montalvo, radicado en la ciudad de Mc Allen, Texas, amigo y socio del ex cerebro financiero del Cártel de Juárez, Eduardo Reséndez, quien fue asesinado. La amistad entre Napoleón, Montalvo y Reséndez se inició, según la PGR, desde finales de los años setenta, cuando Reséndez era asesor de Javier Lobo, dueño de la empresa Protexa y el líder minero era director general de la Casa de Moneda. Montalvo y Napito continuaron su relación de negocios con la compra venta de metales preciosos sustraídos de la Casa de Moneda.

Eduardo Maíz Monfort y Javier Maíz Martínez, cerebros y asesores financieros de Gómez Urrutia, realizan la ingeniería para desviar los ingresos ilícitos del fraude en perjuicio de los miembros del sindicato, así como ejecutar los chantajes.

Los miembros del comité ejecutivo nacional del sindicato minero, Juan Luis Zúñiga Velásquez, José Angel Rocha Pérez, Caros Pavón Campos, Constantino Romero González y Baltasar Zárate García, están acusados por la PGR de encubridores y operadores de Napoleón Gómez Urrutia.

Marcelo y Armando Familiar de la Garza y Manuel Familiar Haro son prestanombres de Napito en sus actividades ilícitas; los dos primeros a través de las empresas Wathers y Véctor Casa de Bolsa, y Manuel con Seguros Argos.

Los empresarios Sergio y Raúl Gutiérrez Muguerza, y Alonso Ancira Elizondo son asesores financieros de Napito y hacen entrega de dinero para favorecer a sus empresas y lograr que el sindicato perjudique a otros grupos empresariales competidores y así ganar participación en el mercado.

Jorge Claudio Leipen Garay fue reclutado por Napoleón cuando dirigió Sidermex y ahora es prestanombres del líder minero, pues no reporta ingresos fiscales desde hace varios años; sin embargo, tiene inmuebles y cuentas bancarias con saldos y movimientos elevados.

Moisés Kolteniuk Toyber, excoordinador general de Minas en la Secretaría de Comercio, realizó operaciones irregulares con Napoleón, quien lo colocó en Altos Hornos de México que dirige Alonso Ancira, desde donde sirve de enlace para realizar apoyos económicos ilegales a favor del líder minero.

Juan Linares Montufar, Juan Luis Zúñiga Velásquez, Juan Pablo Patiño Rocha y Héctor Félíx Estrella, miembros del comité directivo del sindicato, son coparticipes de disponer indebidamente de los fondos sindicales.

Según la PGR, la mayoría de las personas mencionadas tienen a su nombre inmuebles y cuentas bancarias con elevados saldos,  sin embargo no reportan al fisco sus operaciones. “No reportan a la Secretaría de Hacienda los ingresos que depositan, muchos de los cuales provienen de actividades en México y en el extranjero relacionadas con el líder Napoleón, que utilizan tácticas y engaños, prácticas hostiles y amenazas a empresas y trabajadores como un medio para fortalecerse y conseguir sus propósitos y el de otros empresarios cómplices, desestabilizando con ello la paz laboral sindical y que esta táctica les ha redituado altos ingresos y beneficios en México y en el extranjero.

Como ejemplo de estas conductas lo llevaron a conseguir 55 millones de dólares de Grupo México, fondos que no han sido cuestionados por la autoridad ni por los integrantes del organismo sindical, pero sí por la base trabajadora, que Napoleón Gómez Urrutia utiliza también para sus actividades ilícitas de sustracción de recursos, ocultamiento y lavado de dinero a las empresas: Seguros Argos, De Acero, Aceros Nacionales, Altos Hornos de México, Grupo Acerero de Acero, Grupo Acerero del Norte, Digital Media Technologies, Kut & Company, Minera del Cubo, Walter Lee Asociates, Productora de Cospeles, Comextra, joyerías propiedad de de Rodolfo ‘Rudy’ Montalvo y la Asociación Política Cambio Democrático Nacional (Cadena)”.

Entre otras personas y empresas involucradas en el lavado de dinero estarían: María del Carmen Páez Martínez de la Garza Evia, Guillermo Sepúlveda, Bernardo Ortiz Garza, Gerardo Califa Matta y Magda Perla Cueva de Califa, y las empresas Talebi Rug Gallery, Galería Judin AG., Happy Lion L.L.C., Selahattin Turkkan USD.,e International Metal Workers Federation.

Entre los informantes de la PGR, el expediente señala a Luis Espinosa Mendoza, quien laboró para la familia del líder petrolero como chofer durante varios años; Mario Alberto González Páez, René Ramírez Reséndez, Carlos Aníbal Oropeza Prado y José Luis Pérez Vilchez, asistentes personales del líder Napoleón Gómez Urrutia.

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28 Julio 2008 06:02:00
¿Qué oculta Pemex en el Folape?
El poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Carlos Romero Deschamps, ha demostrado una y otra vez la influencia que ejerce sobre el gobierno de Felipe Calderón. A unos días de concluidos los debates en la Cámara de Senadores para analizar la reforma energética, Petróleos Mexicanos dio a conocer el resultado de las negociaciones con el sindicato: un incremento al salario de 4.8 por ciento más prestaciones, lo que representó 1.9 por ciento de ajuste adicional.

El STPRM demandaba un incremento de 11 por ciento y amenazó, por supuesto, con emplazar a huelga de no llegar a un acuerdo con la paraestatal. El director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, reconoció que ninguna de las dos partes estuvo conforme con el resultado de las negociaciones; sin embargo, reconocieron la difícil situación por la que atraviesa la empresa. El tono del comunicado no puede revelar de mejor manera los profundos desencuentros con el STPRM. De hecho, las relaciones laborales de Pemex se confirmaron como el gran tema ausente.

Ni el PRI ni el gobierno de Felipe Calderón quieren un enfrentamiento; la factura electoral –sobre todo frente a las elecciones de 2009– puede ser muy costosa. La propuesta de reforma energética presentada por el PRI el pasado 23 de julio así lo confirma. El Revolucionario Institucional sólo se preocupó por refrendar cinco lugares en el Consejo de Administración de Pemex para los representantes del STPRM; también trasladó al Ejecutivo la responsabilidad de negociar el contrato colectivo de trabajo tanto para el personal sindicalizado como para los trabajadores de confianza. Es decir, en relación con el sindicato nada cambia ni cambiará, si ello depende del PRI.

Pero el problema de las relaciones contractuales en Pemex no es pequeño y hubiera merecido una discusión de fondo en los debates convocados por el Gobierno Federal.

Si la producción petrolera está en riesgo ante el declive de lo que fuera el mega yacimiento de Cantarell, las autoridades del Gobierno Federal deberían estar más que preocupadas por el fondeo de los compromisos de Pemex.

Los pasivos laborales y financieros son grandes y al disminuir el ingreso por concepto de exportaciones petroleras podrían presentarse problemas que, al menos, durante la última década la paraestatal ha evadido. Durante los próximos años en Pemex se jubilarán al menos 2 mil 500 trabajadores de confianza, lo que representa el 46 por ciento de los mandos superiores de la paraestatal. No obstante, el director de la paraestatal ha reconocido que las pensiones de Pemex ya no son fondeables en el mediano plazo.

Pemex sigue resistiéndose, sin embargo, a trasparentar el manejo que ha dado al Fondo Laboral para las Pensiones de Pemex (Folape) que se constituyó en 1997 por la Secretaría de Hacienda, en la época de Guillermo Ortiz, con el propósito de generar un instrumento de contribución de la paraestatal con partidas asignadas por el Gobierno Federal, mediante el cual se salvaguardarían las pensiones.

En 1998 el activo del Folape sumaba 4 mil 860.1 millones de pesos; en 1989 llegó a 11 mil 476.2 millones, y en 2006 ya había caído a 1 mil 525.2 millones de pesos. Prácticamente dicho fondo está descapitalizado. Al cierre de 2007, los activos de este fondo llegaron a 6 mil 964.9 millones de pesos, mientras que las aportaciones escalaron a 130 mil 514.6 millones de pesos. El año pasado, los gastos de operación del Folape fueron por 248.7 millones de pesos. Pemex, sin embargo, no ha informado hasta ahora en qué tipo de instrumentos se han invertido estos recursos y qué intermediarios se han visto beneficiados por su manejo.

La paraestatal considera que este fondo debe mantenerse reservado y a salvo de cualquier escrutinio, y el alegato que hace para evitar transparentar los números lo sostiene en el secreto fiduciario. Pero el problema es que las aportaciones hechas a su capital y activos provienen por completo de transferencias presupuestales, lo cual debería obligar a la paraestatal a informar puntualmente sobre el manejo de estos recursos públicos.

FOLAPE, SECRETOS DE ESTADO

Pero más allá del despilfarro y la falta de transparencia que ha caracterizado el manejo de este fondo con las pensiones para los trabajadores de Pemex, un problema más grave podría develarse de practicarse una auditoría a las finanzas de la paraestatal, como lo han sugerido algunos legisladores. Ex directivos de la paraestatal dan cuenta de las decisiones que se tomaron en el gobierno de Vicente Fox y que involucraron recursos del Folape. Se ordenó, por ejemplo, que los activos que custodiaba dicho fondo se invirtieran para apuntalar la emisión de bonos carreteros a propósito del rescate de cientos de proyectos en los que fracasaron económicamente compañías como Tribasa, GMD o ICA. Oficios internos de Pemex entre la Dirección General y la Dirección de Administración de esa paraestatal lo confirman.

Sin embargo, debido al secreto con el que el Gobierno Federal ha manejado estas operaciones, las dudas sobre probable corrupción van en aumento. La opinión pública no conocerá si Pemex ganó o perdió con dichas operaciones o si sólo sirvieron para apoyar una estrategia de rescate más política que económica.

Mientras tanto, el dirigente del gremio petrolero conoce esos pecados, igual de censurables que el episodio del Pemexgate en donde el mismo Romero Deschamps se vio involucrado, pero esto sólo representa la punta de una gran madeja de corrupción en donde las componendas entre el sindicato, el Gobierno Federal y los partidos políticos podría salir a flote.


LOS PARAÍSOS FISCALES DE PEMEX

Una investigación de la reportera Nancy Flores de la revista “Contralínea”, revela uno de los temas petroleros que por su relevancia deberían de ser públicos, pero que hasta ahora nadie aborda por la opacidad como lo maneja la paraestatal petrolera. Resulta que de 2000 a 2006, Pemex contrató deuda por más de 18 mil millones de dólares y 3 mil 100 millones de euros en “paraísos fiscales”; dos de las 29 operaciones hechas en Luxemburgo e Islas Caimán, fueron conocidas por el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando se desempeñaba como secretario de Energía, pero según funcionarios de la empresa no hay respaldo documentadle dichos documentos.

En la nota en cuestión se explica que de acuerdo con la Gerencia de Financiamientos y Análisis de Mercado, de la Dirección Corporativa de Finanzas, Pemex desconoce el origen y el destino específico de los multimillonarios recursos obtenidos en dichos paraísos fiscales, por líneas de crédito, pese a que éstos constituyen deuda pública.

Por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la paraestatal admite que el dinero es invertido en proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas); sin embargo, justifica que la contratación de deuda la hacen terceros: Pemex Funding Master Trust, Pemex Finance, Ltd, y RepCon Lux.

Dichos “vehículos financieros” –aunados a Pemex Capital, Inc., y al F/163– fueron constituidos por Petróleos Mexicanos para emitir instrumentos de deuda en operaciones de mercado de capital, créditos sindicados con la banca comercial, créditos bilaterales de la banca comercial y créditos garantizados por agencias de crédito a la exportación, indican los reportes anuales de la paraestatal de 2003 a 2006.

En 1998 Pemex constituyó en Delaware, Estados Unidos, el fideicomiso Pemex Project Funding Master Trust, que tiene por objeto financiar Pidiregas. Entre sus operaciones sobresalen las colocaciones crediticias que hizo de 2000 a 2006 en el mercado de Luxemburgo, considerado entre los principales paraísos fiscales y judiciales de Europa, al igual que Suiza, Irlanda, Mónaco y Bélgica.

Por su laxitud fiscal, en América la entidad estadounidense Delaware y las Islas Caimán mantienen esta misma condición; Singapur, en Asia; Dubai, Líbano e Israel, en el Medio Oriente, y estados del Golfo Pérsico también son catalogados como territorios con impuestos bajos o inexistentes y vigilancia mínima, lo que propicia relaciones comerciales de los shell banks (bancos de parapeto) y las empresas offshore (international bussines corporation o sociedades fantasma).

En el sexenio pasado, el Master Trust obtuvo 29 créditos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo que ascienden a 16 mil 848 millones 240 mil dólares, 3 mil 100 millones de euros, 30 mil millones de yenes y 400 millones de libras esterlinas, revela el “Reporte anual 2006”.

Dos de estas operaciones se realizaron durante la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía y en la titularidad del Consejo de Administración de Pemex: la primera por 500 millones de dólares, registrada como Guaranteed Floating Rate Notes due 2009 y hecha el 15 de octubre de 2003, y la identificada como 7.50% Notes due 2013, realizada el 7 de noviembre de ese mismo año por 150 millones de libras esterlinas.

Pese a los montos y los riesgos de blanquear dinero que conllevan las operaciones en paraísos fiscales, la gerencia de Financiamientos y Análisis de Mercado de Pemex declara que la documentación comprobatoria del origen y destino del dinero es inexistente.

“Después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada en los archivos de trámite y de concentración de la unidad administrativa, ésta no fue encontrada, en razón de que Pemex en ningún momento ha obtenido recursos del Pemex Project Funding Master Trust. Los recursos obtenidos por el fideicomiso se canalizan directamente al financiamiento de los proyectos de infraestructura diferida de largo plazo, Pidiregas”, dice Pemex en la respuesta.

Petróleos Mexicanos utiliza un segundo “vehículo financiero” para adquirir deuda en los mercados internacionales, sin saber el origen de la misma. Se trata del Pemex Finance, Limited, creado el 18 de noviembre de 1998 por Petróleos Mexicanos en Islas Caimán.

La capitalización de esta empresa “privada” se cubrió con recursos públicos por 714 millones 750 mil dólares, erogados en calidad de “préstamos subordinados”, pese a que ni la ley orgánica ni el reglamento interno de la paraestatal la facultan para ello.

El “Reporte anual 2005” indica: “Desde el 1 de diciembre de 1998, Pemex, Pemex Exploración y Producción (PEP), PMI Comercio Internacional y PMI Services, BV, han celebrado varios acuerdos con Pemex Finance”, para que ésta adquiera ciertas cuentas por cobrar existentes y a futuro de PMI, generadas por la venta de petróleo crudo Maya a clientes designados en Estados Unidos, Canadá y Aruba.

El informe agrega que “los recursos netos obtenidos por PEP de la venta de esas cuentas por cobrar, conforme a los contratos, se utilizan para los gastos de inversión de Pidiregas. Pemex Finance obtiene recursos para la adquisición de esas cuentas a través de la colocación de instrumentos de deuda en los mercados internacionales”.

Desde su constitución y hasta 2005, ejercicio en el que la petrolera consolida esta empresa como su subsidiaria, se le reconoce un adeudo por 2 mil 300 millones de dólares de capital total de los bonos con vencimientos entre 2007 y 2018 y tasas de interés entre el 8.02 y el 10.61 por ciento, así como dos series de bonos de tasa variable.

Acerca de las personas físicas o morales que han otorgado los millonarios montos invertidos en la infraestructura de la paraestatal, ésta argumenta: “Después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada en los archivos de trámite y de concentración de la unidad administrativa, la misma no fue encontrada, en razón de que Pemex no ha obtenido recursos de las operaciones de la empresa Pemex Finance, Ltd, en los mercados internacionales, desde su creación y hasta la fecha”.

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