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Jesús González Schmal
Jesús González Schmal
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07 Marzo 2009 04:12:45
El tren sin pasajeros
A raíz de la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México en el zedillismo (1994-2000), el transporte ferroviario suprimió el servicio de pasajeros en primera y segunda clase. Este que fue el medio más popular —por económico— en las enormes distancias del norte de la República ya no existe, la gente se queda encerrada en sus pueblos y rancherías con las mercaderías y productos que cultivaba para ir a venderlos a otros lugares y traer lo que de allá le ofrecían.

En el noreste de la República, el afortunado concesionario de las vías, estaciones, equipos, derechos e infraestructura en general lo es la empresa estadounidense Kansas City Southern que, de suyo, es la extensión al sur de su extensa red en Estados Unidos.

A nadie consultaron si se podía dejar sin transportación humana a millones de mexicanos radicados en la cuarta parte del territorio nacional; simple y llanamente cancelaron el servicio porque los miles y miles de kilómetros de rieles se necesitaban para arrastrar los containers de las zonas maquiladoras de la región y cobrar los fletes correspondientes.

Eso no lo podía haber hecho Ferrocarriles Nacionales para hacer rentable el negocio, porque tenía una responsabilidad social que cumplir con el traslado humano, pero por la vía de la privatización quedó resuelto y millones de campesinos, cada día más pobres y en silencio, están resignados a que la red ferroviaria que tantos sacrificios costó hacer a los mexicanos ya no volverá a proporcionarles servicio alguno.

Pero junto con este despojo, Kansas City Southern quiere ahora demoler las estaciones que cumplieron esa misión y que son testimonios invaluables de acontecimientos históricos casi todos relacionados con la Revolución de 1910 y que, evidentemente, los habitantes de los sitios donde acontecieron los consideran parte de su identidad.

Es el caso nada menos que de la estación de Ramos Arizpe, Coahuila, que Kansas City Southern se aprestaba a demoler si no es porque los vecinos de este “Valle de las Labores” —donde nació el padre del federalismo y donde Venustiano Carranza firmó el Plan de Guadalupe y organizó al ejército constituyente— se opusieron y encontraron que el Instituto Nacional de Bellas Artes lo tiene registrado en el patrimonio histórico del país, con lo que puede impedir la consumación del latrocinio.

Así, los títulos de concesión ferroviaria a particulares, que debían ser supervisados en su cumplimiento por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, resultaron igual que las concesiones aeroportuarias a los españoles en el Pacífico de la República, verdaderas patentes de corzo que les permiten disponer, sin dar cuenta a nadie, de una infraestructura costosísima de servicios de transportación que pagó el pueblo y que hoy sólo sirve para generar ganancias a grupos privilegiados.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
21 Febrero 2009 05:10:21
La afrenta de Pasta de Conchos
Se quedaron cortos en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas cuando, en opinión de 53 países, el gobierno mexicano transgrede sistemáticamente derechos fundamentales y registra una marcada tendencia a empeorar si no se pone remedio inmediato.

Un total de 83 violaciones detectadas hace que México rebase las 77 que se le atribuyen a Cuba y que sólo por encima quede la República Popular China, con 102.

Esta deshonrosa posición se advierte también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde en el año 2000 había 60 quejas de mexicanos que tuvieron que acudir a esa instancia porque no encontraron justicia en su propia patria, y al día de hoy se tramitan ya ni más ni menos que 393 demandas contra el gobierno mexicano por atropellos en los sexenios panistas.

Desde luego, es previsible que tal como está actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con inocultable cobardía elude señalar nombres de los responsables en la barbarie de Atenco, provoque que no sólo el país se mantenga cautivo de decisiones gubernamentales arbitrarias al margen de la Constitución, sino que se incremente la desesperación de las víctimas indefensas y vejadas que tienen que invocar a organismos internacionales para conseguir un mínimo de justicia.

Hoy mismo la afrenta de Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, donde quedaron sepultados 65 mineros, ilustra un caso típico. Los deudos de los trabajadores seguramente tendrán que llegar a otras instancias fuera del país, que obliguen al gobierno a exigirle a la empresa responsable del siniestro que se baje hasta el túnel a rescatar los restos de las víctimas para ver si, tal como ahora se deduce del conocimiento que se tiene de los dictámenes de inspección de seguridad industrial, se trata de un homicidio preterintencional, es decir: “En el que incurre quien conociendo los elementos del tipo penal o, previendo, como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho previsto por la ley” (artículo noveno del Código Penal).

El grupo de viudas que acampan en el acceso a la Torre Parque Reforma, donde están las oficinas de la empresa Grupo Minero México, reclama que ese crimen ocurrido el 19 de febrero de 2006 se aclare, y que el Ministerio Público federal exija tanto a la empresa como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) el rescate de los restos de sus familias para culminar su doloroso duelo y, también, para que se agoten las investigaciones sobre la causa del siniestro y las responsabilidades que no deben quedar impunes.

De igual manera, demandan que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, les garantice a las viudas y huérfanos la pensión que legalmente les corresponda, porque la empresa entregaba una cantidad de salario inferior al que hacía que los trabajadores firmaran.

Pero el funcionario Lozano se ha negado a practicar la auditoría a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conocer la cuantía de las percepciones que deberían corresponderles, y que constituiría la base de las pensiones de viudez y orfandad.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
07 Febrero 2009 04:51:26
En defensa de la Constitución
-A 92 años de su promulgación, no pueden admitirse retrocesos ingenuos o intencionados en el estado de derecho

El fracaso e impagable costo de vidas, inseguridad y zozobra que ha representado la decisión Calderón-Bush de sacar al Ejército a funciones policiacas, incumplidas por una policía federal corrupta e incompetente, no puede solucionarse con una medida peor y suicida como lo propone el Partido Revolucionario Institucional (Hendricks), que es la de declarar el estado de guerra y suspensión de garantías en los términos del artículo 29 constitucional.

No dudo que en el fondo —porque suele ser una estrategia de la derecha— el crear estas condiciones de violencia, confusión y crímenes tenga como propósito generar sicosis en la ciudadanía, es decir, que no piense sino en otorgarle más poder de represión y control al gobierno en ejercicio, soñando que con ello se resuelve el problema cuando se está creando uno peor: dejar al país sin salidas de derecho, que son las únicas eficaces y permanentes en beneficio de los pueblos.

Por eso, a 92 años de la promulgación de la Constitución más avanzada en sus postulados de organización democrática y en sus principios de justicia social (en sus tiempos y en los actuales, si se aplicara), no pueden admitirse retrocesos ingenuos o intencionados cuando la experiencia histórica del mundo da clara enseñanza de que lo único que puede garantizar la paz y el progreso de los pueblos es la sujeción, sin excepciones, a un estado de derecho.

La Constitución tiene previsiones económicas más modernas que el neoliberalismo que tiene sumido al orbe entero en el caos, y que es la fórmula de la economía mixta contenida en los artículos 25, 26, 27 y 28.

En lo político, la sabiduría del constituyente se soporta en dos hipótesis.

La primera: si el presidente de la República no puede desempeñar el cargo para garantizar la convivencia pacífica nacional y el ejercicio de la soberanía, puede ser removido mediante juicio político en los términos del artículo 111 ante la Cámara de Senadores.

La segunda consiste en que el presidente, en un acto de patriotismo y honrada autocrítica, puede reconocer su incapacidad y el daño que le está infiriendo a la nación y renunciar para que el Congreso de la Unión, en los términos del segundo párrafo del artículo 85, nombre un presidente sustituto, asumiendo este órgano de representación su trascendental misión de preservar el interés superior de la República.

En 1994 el gran constitucionalista mexicano Emilio Krieger fue asaltado en su domicilio y le robaron el manuscrito del libro En defensa de la Constitución, en el que ante el desacato salinista al máximo ordenamiento solicitaba de éste su renuncia porque ya había privatizado al ejido y sometido al país al TLC.

Qué gran servicio se le hubiera hecho a la patria si, desde entonces, se hubiera considerado posible, como la Constitución lo prevé, que cuando un presidente no gobierna con la ley, su salida del cargo es siempre mejor que su permanencia acrecentando los daños a la nación.
10 Enero 2009 04:24:35
Charlatanería anticrisis
La carencia absoluta de una visión social y política de parte del sexenio calderonista le hizo copiar, de sus antecesores priístas, la modalidad de recurrir a la charlatanería (es decir, ser vendedor de panaceas e indulgencias falsas) de un paquete de 25 medidas para paliar la crisis económica que la derecha sigue pensando que es coyuntural y no estructural.

Para el pueblo ilusiones y para el poder político faccioso generosa condescendencia para aliviar remordimientos, si es que la conciencia les alcanza para ello.

Es absurdo y dogmático suponer que el modelo capitalista estadounidense puede ser implantado acríticamente en otros países como el nuestro, que tienen una integración social y cultural radicalmente distinta y cuentan con instituciones de diverso origen y funcionalidad.

Se ha dicho hasta la saciedad que el american way of life es un espejismo que atrapa a quienes no entienden que las historias de cada país y sus culturas los obligan a ser diferentes y a buscar distintos caminos para lograr su supervivencia.

Nuestra identidad es mestiza; nuestros valores, de igualdad de origen y de permanente lucha por la igualdad en el ejercicio de derechos que se logran por la vía democrática de hacer nuestras leyes acordes a esas aspiraciones. Nosotros no creemos en el “destino manifiesto”, ni en la “mano invisible”.

Sabemos que la justicia y la igualdad se conquistan derrotando al enemigo del egoísmo y la ambición individualista de riqueza.

Nosotros creemos en una ética dinámica que no nos hace objeto de la historia, sino protagonista de la vida política que subordina a la económica, y que cuando la política es democrática, social, limpia, la economía es solidaria, justa, progresista. Cuando la política es sucia, dudosa, tramposa (Calderón estuvo flanqueado por Carlos Romero Deschamps y Joaquín Gamboa Pascoe) la economía correrá la misma suerte y las consecuencias son el típico círculo vicioso entre los dos ámbitos que hoy vive dramáticamente el México de 2009.

Calderón no habló de violencia institucional, de abuso electoral y militar porque es Política. No habló de injusticia social, crónica y acentuada desde que su partido está en el poder porque es Política.

No habló de insuficiencia alimentaría ni de desmantelamiento del ejido porque es Política. No habló ni mucho menos de la corrupción tradicional que deriva de las escandalosas sumas de retribución a la alta burocracia, ni de la corrupción sexenal que paga con concesiones los favores electorales, todo porque ello es Política.

Mucho menos habló de una economía mixta con contenido y finalidad social, porque es Política democrática y humanista.

Política verdadera es decisión de Estado en su integridad gobierno y gobernados. La política de altura que genera las decisiones e implementa las ejecuciones sólo se puede ejercer por quien tiene autoridad política de origen.

De aquí que las recetas económicas sean un perverso sustituto de las soluciones políticas para conducir la economía de legitimidad democrática. Ese es el fondo que hace de la charlatanería el sustento del poder de facto.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
27 Diciembre 2008 04:50:52
Legalización de la impunidad
Ocultos quedarán para siempre el expediente y las supuestas razones que tuvo el ex procurador foxista, Daniel Cabeza de Vaca, para decretar el no ejercicio de la acción penal contra Jorge Alberto y Manuel Bribiesca, así como contra Mario Breauregard, entonces secretario ejecutivo del IPAB, con cuya participación se les adjudicaron bienes con valor superior a los mil 500 millones de pesos, por el pago de sólo ocho millones, a través de la sociedad denominada Construcciones Prácticas.

En absoluto desconocimiento del pueblo quedará también saber cómo operó la empresa Administradora de Activos El Fénix, propiedad del Deutsche Bank estadounidense, que fue la valuadora utilizada en infinidad de operaciones del IPAB reduciendo a precios ridículos el valor de los activos subastados para poder asignarse “legalmente” a los beneficiarios que, desde la Presidencia de la República, se seleccionaban para pagar deudas políticas o enriquecer a parientes.

Este atentado al derecho a la información y burla a la justicia será posible a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) había ordenado ya a la PGR que entregara los acuerdos de no ejercicio de la acción penal de éstas y muchas otras averiguaciones previas que concluyeron en forma similar, en virtud de que las recientes reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que aprobó el Congreso y que se apresta a promulgar Felipe Calderón en los primeros días de enero convalidarán la negativa de la PGR para proporcionar la información.

Lo peor es que no sólo el pasado ignominioso del foxismo quedará sepultado, sino también, en el futuro, tendrá el alcance de la no información de las averiguaciones en curso en este sexenio, que diputados como Juan Guerra y Claudia Cruz han presentado por el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox y Marta Sahagún; así como la promovida por traición a la patria contra Felipe Calderón por el fraude legislativo en la reforma petrolera que, a través de una modificación a la ley reglamentaria, se pretendía en realidad con la anulación del artículo 27 constitucional para poder entregar los hidrocarburos mexicanos a empresas extranjeras que todavía podrán colarse por el resquicio que quedó en la ley.

Con la aberrante reforma al código procedimental federal, la Procuraduría General de la República podrá negar información sobre averiguaciones previas concluidas en forma total, hasta por un periodo igual al tiempo en el que el delito o los delitos investigados prescriban, y nunca antes de tres ni más de 12 años de que la resolución haya quedado firme.

Con ello, la impunidad está garantizada para quienes en este sexenio se hagan de fortunas ilícitas. Quedará entonces firme la protección para seguir saqueando las arcas públicas, porque será sencillamente inútil presentar las denuncias y pruebas de los desfalcos que seguramente hoy están ocurriendo en Pemex, CFE, Bancomex, IPAB, etcétera, cuyas indagatorias y resultados les serán negadas hasta a los diputados promoventes de la instancia ante el Ministerio Público.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM

13 Diciembre 2008 05:00:26
Sicología y política
Los grandes desastres políticos de la humanidad han ocurrido a causa de quienes, por una u otra causa, llegan al poder y su perfil sicológico denota una propensión franca a exacerbar el ego, cuando no hay ya francas patologías narcistas y sicópatas.

El ejemplo típico de un país de alto nivel educativo que encumbra a un sicópata fue Alemania con Hitler y, en el extremo contrario, de países con altos rezagos educativos, fue Haití, que idoliza a Duvalier y a toda su decendencia.

Del conocimiento que tuvimos acerca de la narcisicopatía diagnosticada recientemente a Vicente Fox nos podemos ahora explicar las manifestaciones de una conducta extraviada e irresponsable con el agravante de que, aunque no nos lo señala el estudio de personalidad que se le practicó, también el coeficiente intelectual (IQ) seguramente está por debajo del mínimo normal, por lo que se hizo imposible que por la vía de la inteligencia aplicada y cultura adquirida pudiera tener cierta conciencia de su padecimiento para poder superarlo.

Poca o ninguna importancia se le da en política a esta condición de salud mental, una cuestión que suele soslayarse para encubrírsele en las contiendas electorales y en las polémicas como hechos que no se deben explicitar, confiados en que en el escenario público se descubran aunque con frecuencia se disfrazan en los chistes o chascarrillos que el pueblo vierte sobre la locuacidad o disparates del candidato presidencial.

Otro grave e imperceptible efecto es que esa egolatría descontrolada se considera simple audacia, y poco se repara en lo que significa respecto de la degradación de los partidos políticos donde esto ocurre o del peso específico como causa del desplome de un ejercicio de gobierno por quien no tiene aptitud y condiciones de salud mental para desempeñar el cargo.

El desastre del sexenio foxista, de 2000 a 2006, no es sólo pasado con toda la secuela de daños que dejó; también es presente en tanto la sintomatología de Felipe Calderón apunta hacia el mismo o peor saldo al saberse inseguro y cuestionado en su origen y no tender, por sus inclinaciones personales egocéntricas y paranoicas, a la apertura democrática; por el contrario, el jefe del Ejecutivo se cubre en círculos de su absoluta confianza, en jóvenes de dudosa calificación.

Las recientes honras funerarias a dos de sus más cercanos amigos como Juan Camilo Mouriño y Carlos Abascal Carranza rebasaron un razonable duelo por una exaltación al extremo ridícula que sería digna de un análisis sicoproyectivo en el que pudieran aparecer las explicaciones de un comportamiento presidencial francamente extraño.

Si a esto agregamos la compulsiva aparición diaria de Felipe Calderón hasta para inaugurar un grifo de agua, con los mensajes autoalabatorios “para vivir mejor”, me temo que la escuela narcisista foxista ha dejado una huella en la que, ayer como hoy, es obvio que no hay capacidad para la mínima introspección y la autocrítica.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAMa
29 Noviembre 2008 04:35:23
El ejido que dejó Salinas
La fórmula ejidal de tenencia y trabajo de la tierra, de raigambre autóctona, que es trasladada al texto constitucional de 1917 como derecho social primario, ha sufrido, a partir de la reforma salinista de 1992, una clara desfiguración que se hará patente ahora que la crisis financiera exhibe con mayor crueldad la dependencia alimentaria de México y los graves riesgos de una hambruna ya manifiesta en distintas regiones del país.

La privatización o parcelización del ejido como producto de su obsesión liberal-capitalista, cuyo decreto paradójicamente fue publicado un 6 de enero, aniversario de la Ley Agraria de Venustiano Carranza —promulgada en Veracruz— que ordenaba restituir las tierras a los pueblos que habían sido despojados de ellas, logró exactamente lo contrario porque ahora ya no se necesita arrebatarle las tierras a los pueblos; basta con comprar las mejores de éstas con sus derechos de agua a los precios más bajos.

Basta igualmente recorrer ahora las zonas rurales de México y comprobar que prácticamente todos los ejidos han sido urgidos a parcelizar, es decir, individualizar lo que antes era colectivo, para registrarlos como propiedad privada y subastarlos a quien se interese en comprarlos; eso es lo común. Todo ello para que el ejidatario adquiera una camioneta chocolate y se vaya a radicar a la ciudad más próxima a probar suerte. Las tierras, a su vez, están siendo acaparadas por quienes especularán para fraccionarlas o reservarlas sin producir como inversión parasitaria.

Los que quedan en el núcleo ejidal sabrán que ya no existe el interés de los que se fueron ni de los que aguardan en espera de irse también. Como ya no hay cohesión de grupo, se abandonan las actividades agrícolas y se utiliza el tiempo para ir a recoger el subsidio del Procampo, las pensiones de los viejos o las becas en despensas a las mamás de los niños que los lleven a las escuelas.

Ya no hay tareas comunitarias obligatorias en las que todos destinaban un día de la semana para arreglar caminos, limpiar acequias, remozar la escuela y la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora cada uno tiene su parcela registrada y nadie podrá arrebatarle ese derecho, aun cuando incumpla con deberes elementales de su ejido.

El gobierno federal le tapa el ojo al macho simulando apoyos a la producción agropecuaria con rebajas del precio del diesel, descuentos en compra de maquinaria, semillas y fertilizantes de baja calidad, etcétera; pero todo se administra y opera de tal modo que nunca llega a tiempo, y si los ejidatarios los reciben alguna vez, a los pequeños propietarios que tradicionalmente tenían esos complementos ya no les llega porque dizque se agotan los presupuestos.

El trabajo agrícola, silvícola, pecuario, etcétera, es verdadera prioridad nacional. Haber desmantelado toda la infraestructura de soporte a estas actividades primarias, integrada por instituciones como fueron Conasupo, Aseguradora Agrícola, Banrural, Productora de Semillas, Fertilizantes Mexicanos, etcétera, fue una traición al futuro de los mexicanos que no podremos pagar nunca por sus altos y dolorosos costos sociales.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM

18 Octubre 2008 04:00:23
Despenalizar para vencer
Probado como está que el combate al narcotráfico por la vía de la mayor penalización y persecución no ha dado resultados y, en el mejor de los casos, es un gasto desorbitado e injusto para un pueblo urgido de servicios básicos, cuando no es un perverso negocio entre narcotraficantes y autoridades en el que se simula la guerra para sacar provechos mutuos, Manú Dornbierer, desde los años 70, la consideraba una guerra perdida para la nación.

De ahí que la iniciativa de un grupo perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para despenalizar y regular el consumo de la mariguana como principio de plan piloto de lo que puede ser una alternativa de salida al círculo vicioso tiene que ser vista con sumo interés y cuidado. La objeción inmediata del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrad, frente a dicha opción es también del todo respetable y ello nos obliga a repensarla varias veces.

La semana pasada, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal celebró un espléndido simpósium en el que procuradores y especialistas de algunas de las grandes ciudades del mundo se reunieron para compartir experiencias y plantear soluciones a los problemas de seguridad pública y eficiencia en la procuración de justicia.

En dicho foro, el gran garantista italiano Luigi Ferrajoli planteó ya la necesidad de despenalizar el consumo de drogas porque, simple y sencillamente, sostenerlo es promover su multiplicación en tanto el mercado negro es la fuente de las riquezas que debilitan la autoridad del Estado y trastocan la vida económica y la convivencia social.

Otro de los grandes criminólogos de nuestros tiempos, Eugenio Zaffaroni, descubre que los poderes políticos con frecuencia crean sus propios fetiches penales para descargar sobre ellos toda la animosidad de la sociedad, a fin de propiciar una mayor dependencia de la fuerza del Estado contra “los enemigos”, ocultando así la frecuente impunidad con la que se preserva a los autores de la degradación y corrupción política, que se tornan indispensables ante una nación acosada por criminales que no siempre son “espontáneos”, sino creados para siniestros fines políticos.

Es en esta tesitura que, definido el valor jurídico a preservar, que no es otro que librar a la niñez y juventud de la amenaza de la autodestrucción que conlleva la adicción a las drogas, el reto es entonces lograrlo sin permitir que ello sirva para que los poderes formales y fácticos que lucran con el drama, en vez de debilitarse, se consoliden perturbando y sometiendo a la sociedad con el derecho penal del enemigo que, en realidad, enmascara perversiones antidemocráticas en el ejercicio del gobierno.

La impresionante cantidad de recursos económicos hoy desperdiciados en el supuesto combate deben dirigirse a propiciar empleo, esparcimiento sano, cultura y educación que demandan los jóvenes para desactivar las inclinaciones perniciosas que están en la causa del fenómeno. Tratarlo como un problema esencial de justicia social para garantizar oportunidades a las nuevas generaciones es el reto. Bienvenido el debate.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM

04 Octubre 2008 04:01:00
Tlatelolco, Atenco y Oaxaca
Los crímenes de lesa humanidad, como lo fueron los del 2 de octubre de 1968, no pueden quedar impunes a riesgo de que se repitan (sucedieron otra vez en 1971, acaecieron y siguen presentes en Actopan y Oaxaca) y de que la conciencia nacional cargue con una deuda que le impide encontrarse consigo misma, traduciéndose en frustración y falta de solidaridad con lo comunitario y lo patriótico. Tal es la enfermedad política que atrasa a un país en el compromiso hacía un desarrollo compartido y sólido, sin límites generacionales.

Vicente Fox en su campaña ofreció justicia en Tlatelolco. Esta como tantas ofertas fue burlada porque, en vez de un “tribunal de la verdad” como instancia social que se proponía para profundizar la investigación de los hechos, y de accionar las instancias judiciales procedentes a partir de los tratados internacionales creados para este tipo de genocidios, la implementación que dio el foxismo fue una fiscalía especializada dependiente de la Procuraduría General de la República, que si bien llegó hasta donde pudo, y logró brincar el valladar de la supuesta prescripción urdida desde su inicial propósito para sólo cubrir las apariencias, lo cierto es que al final de cuentas dejó grandes dudas e insatisfacciones.

Todavía hoy, la propia fiscalía es objeto de revanchas de quienes fueron indiciados y hasta arraigados en los procesos de investigación y, en vez de sentirse salvados por la casualidad ahora, como es el caso de los descendientes del capitán Luis de la Barreda de la Dirección Federal de Seguridad, arremeten contra el fiscal por haberse atrevido a imputarle responsabilidades en los operativos que comandaba (ni una milésima del sufrimiento de las víctimas puede equivaler a un inocuo arraigo temporal).

Igual actitud asume el ex presidente Luis Echeverría, quien ahora dice no haber estado enterado de lo que Gustavo Díaz Ordaz le ordenó al Ejército para la Operación Galeana, ni tener memoria de lo ocurrido aquel Jueves de Corpus en el que los Halcones masacraron a normalistas y politécnicos.

Otra vez, entonces, la nación en manos de sus gobernantes está impedida para castigar a sus enemigos así haya sido porque éstos, como es común, actúan extraviados por la droga del poder y, sin freno alguno, se comportan como locos poseídos de una compulsión.

La marcha multitudinaria del jueves 2 de octubre en la capital de la República y en muchas ciudades del interior registra la memoria histórica clara del origen de nuestras decadencias políticas, que se producen por la permisibilidad autoritaria del poder para llegar hasta disponer de la vida de los ciudadanos disidentes o desaparecerlos para no ser incomodados por éstos.

Nadie puede sentirse engañado: a 40 años de distancia, los hechos se seguirán repitiendo si no contenemos la inercia perversa del abuso y la represión como recurso del poder. A 92 años de existencia, EL UNIVERSAL tomó la delantera en la información conmemorativa del aciago suceso.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
20 Septiembre 2008 04:02:00
¿Colmbianización?
A finales de los 80 México se jactaba de que su economía nunca se petrolizaría como la de Venezuela porque, como decía López Portillo, nuestro desarrollo es equilibrado y sostenido y el petróleo es marginal en su contribución fiscal, aunque central en su condición de detonador de la economía, generador de empleos, trabajo de proveedores, contratistas, prestadores de servicio, etcétera, y sobre todo, garante del ejercicio de nuestra soberanía y autosuficiencia energética.

Muy pronto cambió el cuadro. López Portillo enloqueció con la riqueza petrolera y endeudó al país a extremos inconcebibles. De la Madrid inició ya entonces la etapa de autodestrucción del desarrollo estabilizador que había dado impresionante infraestructura básica al país: carreteras, Seguro Social, presas, Ciudad Universitaria, Instituto Politécnico, exportación agropecuaria. De pronto, los tecnócratas gobernaron al país y apareció la debacle con inflación, emigración y dependencia de Washington. La petrolización tan despreciada se apoderó de nuestras finanzas públicas al grado de la dependencia que hoy constituye el porcentaje de más de 40% de los ingresos tributarios del país.

Del mismo modo, todavía en el 2000, cuando ganó las elecciones Fox por la postración que se vivía a raíz del arribo de los tecnócratas al poder, la “colombianización” del país con el narcotráfico, los secuestros, la inseguridad pública, no alcanzaban la gravedad ni con mucho de la que a ocho años de distancia ha cobrado con los gobiernos neopanistas, que a la petrolización venezolana de la economía han agregado ya la narcodependencia e inseguridad generalizada que tenían los colombianos.

Lo cierto es que, por lo pronto, Venezuela ha empezado a remontar su petrolización y al menos, a mediano plazo, su desarrollo se incrementa a más del doble del mexicano como lo hemos visto y la industrialización con otros giros productivos registra alto impulso con la garantía de que con las inversiones en la actividad petrolera su futuro a largo plazo está asegurado.

Colombia también, con la actuación de sus órganos de representación que están llamando a cuentas al propio presidente Uribe y a sus allegados, logra ya no sólo crecimiento, sino desarrollo uniforme y un futuro más seguro liberado gradualmente de la dependencia del narcotráfico y con un próximo acuerdo de pacificación.

Debe destacarse principalmente que, a diferencia de México, Colombia nunca sufrió ni en sus peores épocas de inseguridad, la implicación de sus policías que, pese a su debilidad ante las fuerzas paramilitares de la derecha y de la guerrilla, siempre estuvieron al lado del pueblo y no fueron presas de la corrupción y complicidad como ha ocurrido en nuestra patria.

Por ello el Plan Colombia, al trasladarse al Plan Mérida, va a fracasar con el saldo de mayor dependencia, costos de vidas y atraso, por lo que Calderón va a tener que responder. De la forma más ligera accedió a la extradición de capos tipo Colombia creyendo que era la solución mágica, que al final de cuentas tuvo resultados contraproducentes.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM

26 Julio 2008 07:33:00
Donativos políticos de Pemex
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, encargado de vigilar el uso correcto y honrado de los dineros que el pueblo paga con sus impuestos, encontró recientemente que los organismos públicos del gobierno federal otorgaron, en el ejercicio fiscal de 2007, donativos a particulares y a otras entidades por la suma de mil 671 millones de pesos. De éstos, 961 millones los erogó Petróleos Mexicanos (Pemex), sin sustento jurídico alguno.

La Auditoría Superior omite decir que Pemex no sólo hace donativos en efectivo, sino también en especie (diesel, gasolina, asfalto), y que en ese mismo periodo regaló otros 787 millones que, sumados a los primeros, llegan a la cantidad de mil 702 millones.

Tampoco señala la ASF que la gerente de Desarrollo Social de nuestra gran empresa, a través de quien se ejercen estos generosos donativos, es la ex diputada de Campeche Yolanda Valladares, que ingresa al cargo por recomendación de Juan Camilo Mouriño, quien decide a qué instituciones y a qué municipios se destinan los donativos.

La señora Valladares no tenía antigüedad en Pemex, no llegó por escalafón ni por recomendación sindical, ni mucho menos por servicio civil de carrera.

Ella lleva gastada, de enero a junio de este año, la cantidad de 472 millones y a Campeche le ha destinado en efectivo la suma de 63 millones. Es un secreto a voces que estos fondos están destinados a conseguir apoyos políticos y respaldo a los intereses de la familia Mouriño, en cuyas gasolineras se surten los vales.

Del resto de los donativos que a discreción entregan otras secretarías del Gobierno Federal, como bien se sabe, está la estrategia calderonista de enviar como delegados de las secretarías en los estados de la República a panistas bien entrenados para usar las asignaciones federales para propósitos electorales, y también se les dota de un margen discrecional para donativos según interese a una elección local o federal.

Es evidente aquí que los órganos de Control Interno, dependientes de la Secretaría de la Función Pública, que debieran ser los que podrían evitar este latrocinio, están coludidos con las áreas que ejercen los presupuestos.

El sistema de vigilancia está trastocado y los desfalcos y fugas de todo tipo se dan no sólo bajo el rubro “donativo”, sino a través de toda clase de asignaciones de contratos y el más escandaloso dispendio de altísimos sueldos, prestaciones y gastos de viaje y representación, que superan cualquier precedente de las épocas del unipartidismo.

En Petróleos Mexicanos se da el caso de apoyar a municipios con los que se tenga interés político para entregarles no sólo dinero en efectivo, sino el combustible para su parque vehicular, el asfalto para pavimentar calles y, ocasionalmente, hasta los pupitres para una escuela.

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