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Jorge Fernández Menéndez
Jorge Fernández Menéndez
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21 Febrero 2015 04:00:15
El arte de la prudencia
“Haz, pero también parece”.

Uno de los consejos de Baltasar Gracián, un padre jesuita del siglo 17 que obtuvo fama por sus obras, entre ellas “Oráculo Manual: el Arte de la Prudencia”.

Un título engañoso, porque más que hablar de prudencia, Gracián nos da un manual de vida con 300 máximas. De acuerdo con el fantástico blog Farnam Street, Gracián subordinó la ética a la estrategia. En sus páginas, “las reglas duras de la ética se adaptan a las circunstancias”.

Algunas son buenísimas y otras, sí, bastante maquiavélicas. Pero sus aforismos son provocativos y hasta los de dudosa ética son, por desgracia, muchas veces ciertos. Aun si decide no usarlos, vale la pena conocerlos... ¡a lo mejor alguien se los quiere aplicar!

Le comparto algunas de las máximas de Gracián:

> Carácter e intelecto: los dos polos de nuestra capacidad. El intelecto no es suficiente. Uno sin el otro sólo te lleva a la mitad de la felicidad.

> Mantén el suspenso. Mezcla misterio en lo que hagas y despertarás veneración. Nunca expliques todo. El silencio cauto es el centro de la sabiduría.

> Conocimiento y valentía, los elementos de la grandeza.

> Crea dependencia. Mejor que te necesiten a que te aprecien. Muuuy maquiavélica.

> Evita las victorias sobre tus superiores. Podrán pedir tu ayuda, pero no aceptarán que los superes. Mmmm, las compañías que revolucionan hoy al mundo dicen operar totalmente al revés.

> La fortuna se desea; la fama se trabaja.

> Cultiva a los que te pueden enseñar. ¡Amén!

> Una mala forma arruina todo. La sustancia no lo es todo. El cómo juega un rol importante. La verdad, bien cierto.

> Varía la táctica. Si eres predecible, tus esfuerzos serán frustrados.

> Aptitud y esfuerzo, las bases del éxito. Llega más lejos un mediocre esforzado que un apto flojo. ¡Sin duda!

> No crees expectativas exageradas. La realidad nunca supera lo imaginado. Es fácil imaginar, pero muy difícil lograr. Híjole, es la estrategia de un mediocre. Crea conformismo y en un mundo ultra competitivo, el que se pone la vara baja terminará por ser superado por los que se atreven a apuntar alto.

> Todo hombre puede ser manipulado. Todos idolatran algo: fama, riqueza, placer, etc. Si lo encuentras, le darás jaque mate a su libre voluntad. ¡Bolas, qué duro!

> Procura a los afortunados, evita a los “salados”. La mala fortuna es contagiosa. Como en el póker, hay que saber descartar. Un consejo sanguinario.

> Retírate de la mesa cuando estés ganando y disfruta la cosecha cuando esté lista.

> Habla con muchos, pero piensa con pocos y ten cerca de ti a grandes pensadores.

> Elige bien.

> Diligencia e inteligencia. Piensa despacio, pero ejecuta rápida y concienzudamente. Los burros se apresuran, como el “Borras”.

> Paciencia. Esperar hasta que llegue la oportunidad.

> Las apariencias importan. Las cosas se miden por lo que parecen y no por lo que son. Mmmm, hasta cierto punto, ¿no?

> Discrimina. Toma el pulso de la situación y decide qué es lo importante. Muchos ven los árboles y no el bosque.

> El síndrome de “hacer algo”. Hay remedios que son peores que las enfermedades. A veces es mejor no hacer nada. ¡Tan cierto!

> Nunca compitas contra alguien que no tiene nada que perder. La batalla no estará nivelada. Tu reputación correrá gran riesgo. ¡Qué sabiduría!

> No mientas, pero no digas toda la verdad. No es prudente decir todas las verdades. A veces hay que callar. Maquiavélico.

> Domina cómo contradecir. Es una gran manera de provocar a otros. Mostrar que no le crees a alguien hace que revele sus secretos.

> No tengas en gran estima al que nunca te contradice. No lo recompenses, castígalo. ¡Amén!

> Sé excelente en lo que importa. La mediocridad nunca genera aplausos.

> Utiliza a tus enemigos. El sabio saca más provecho de sus enemigos que el tonto de sus amigos.

> Evita el escándalo.

> Que no te agobie la preocupación. Nunca des o les des peso a noticias malas... a menos de que te ayuden.

> Domina cómo decir no. Tan importante como saber decir sí.

> Conócete. En talento, capacidad, juicio e inclinación.

> Renueva tu brillantez. El éxito de hoy no garantiza el de mañana, y menos en nuestros tiempos...

Estemos o no de acuerdo con los aforismos de Gracián, me deja con los ojos cuadrados darme cuenta de que tanta sabiduría práctica es la misma hoy que hace 400 años, ¿no le parece?


En pocas palabras... “La verdadera sabiduría es saber que no sabes nada”. Sócrates
28 Septiembre 2014 03:00:02
Madero y Zavala: la mira en el 18
Alguna vez escribimos aquí que Gustavo Madero actúa en el PAN de una forma muy similar a como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el PRD. No se trata de una afirmación peyorativa. Más allá de evidentes desacuerdos en muchísimos terrenos, nadie puede negar que López Obrador es un animal político, un hombre que suele lograr lo que se propone y que está mucho más interesado en alcanzar sus objetivos que en los métodos para lograrlo. Pero fue así que, siendo subestimado muchas veces como una figura que no podía tener un alcance nacional por su origen, sus limitaciones de formación o su forma de hacer política, terminó siendo presidente de su partido, jefe de Gobierno capitalino y candidato presidencial en dos ocasiones. Y en todos esos casos, cuando parecía que se derrumbaba ante fuerzas mucho más poderosas, dentro y fuera de su partido, logró salir adelante. Creo que esa suerte se le acabó desde que decidió emigrar del PRD y fundar Morena, pero con un tipo como López Obrador nunca se sabe.

Madero tiene algunas características similares a López Obrador, pero dos me parecen las más importantes: primero, antes y ahora, ha sido subestimado por muchos de sus adversarios, externos pero sobre todo internos. Y segundo, todos los objetivos que se ha puesto en los últimos años los ha alcanzado, sobrellevando incluso la abierta y recíproca animadversión de un presidente de la república, Felipe Calderón, que, paradójicamente (¿recuerda usted la fábula de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador?) fue quien lo llevó a coordinador del Senado y luego a presidente del partido, aunque (otra vez la similitud CCS y AMLO) cuando crecieron sus aspiraciones Calderón le trató de quitar el apoyo, pero ya no pudo evitar que fuera dirigente ni tampoco el enfrentamiento que sobrevino desde entonces.

Todo esto viene a cuento porque el martes Gustavo Madero dará, si no hay cambios imprevisibles, otro paso en la búsqueda de un objetivo que se ha propuesto desde tiempo atrás: buscar la candidatura presidencial de su partido para 2018. El martes, Madero pedirá licencia como presidente del partido, para buscar la diputación federal del PAN el año próximo. La decisión fue detonada por las declaraciones de Margarita Zavala, confirmando que buscará también una diputación, que sin duda logrará y que la pondrá en la línea de buscar, si lo desea, la candidatura presidencial en los comicios de 2018. Para eso, además de la diputación es importante lograr la coordinación del grupo parlamentario. Y en ese camino se enfrentarán Madero y Margarita.

¿Qué sucederá en el PAN? Se quedará como presidente interino del PAN Ricardo Anaya, el joven secretario general del partido (¿eso significará que ya no buscará la candidatura de Querétaro para dejarle el camino abierto al senador Francisco Domínguez?) y existiría un compromiso interno de que Ricardo no utilizará sus atribuciones para cambios en la dirección de los grupos legislativos o en la estructura del partido, por lo menos mientras se procesa la precandidatura de Madero.

Mientras Margarita y Madero se aprestan para esa lucha sorda pero real de cara al futuro, el hermano de Margarita, Juan Ignacio Zavala, decidió ayer renunciar al PAN en el que había militado 23 años. Juan Ignacio Zavala es, con mucho, el mejor comunicador y uno de los mejores operadores que he conocido dentro y fuera del PAN. Amigo desde muchos años atrás, más allá de cualquier vicisitud política, pocos valores son más destacables en Zavala que su congruencia y sus convicciones, en la vida y en lo que fue su militancia. Será un duro golpe para el PAN no tenerlo en sus filas. Pero muy probablemente, éste ya no era, no es para Juan Ignacio, ni el momento ni la coyuntura para permanecer en el PAN. Hace mucho, como él mismo dijo, que no está de acuerdo con casi todo lo que hace el que fue su partido. Y cuando eso ocurre, en la política y en la vida, hay que dar la vuelta a la hoja y dejar las cosas atrás. Le irá muy bien, porque pocos son tan capaces y auténticos.
30 Agosto 2014 03:00:42
PRD: el futuro o los demonios
Si no se deja devorar por su principal enemigo, que son sus luchas y divergencias internas, el PRD podría aprender de lo que le está sucediendo en estos días: comprobaría que tiene muchas formas de incidir en la política nacional, más allá de arrebatos personalistas o de una oposición cerrada al diálogo. Tres estampas retratan esa realidad, esas posibilidades y los demonios internos que los atenazan.

La primera es el debate sobre los salarios mínimos. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera ha logrado, por primera vez, colocar en la agenda nacional un tema que ha hecho girar en torno a ella al Gobierno, al PRI y al PAN. La propuesta de aumentar los salarios mínimos, en la presentada por Mancera de 67 a 82 pesos para crecer gradualmente hasta 171 pesos, desvinculándolo de otras variables y ordenanzas, no sólo es acertada y posible, sino que además terminó arrastrando la propuesta del PAN de llevar el tema a una consulta popular (Gustavo Madero asegura que ya han alcanzado casi 2 millones de firmas en apoyo a esa consulta) y al propio Gobierno federal que, en un principio pareció oponerse a la propuesta, con la publicación de un acuerdo firmado por autoridades, líderes empresariales y sindicales en el que enfatizaban que ese aumento debía devenir de la productividad, pero que en los últimos días ha cambiado radicalmente su discurso, tanto que esta misma semana, Alfonso Navarrete, secretario del Trabajo, dijo, primero, que la propuesta en realidad era de la plataforma electoral del presidente Peña, y luego calendarizó los tiempos para implementarla. En septiembre para desvincular al salario mínimo de otras variables y en noviembre para fijar un incremento.

Todas son acciones positivas y que pueden respaldarse mutuamente. Pero el PRD debería tomar en cuenta que es la primera vez, en muchos años, que logra a través de una propuesta como la de Mancera (que paradójicamente no es, por lo menos aún no, militante del PRD, aunque sí su principal activo político) colocar un tema en la agenda para que lo hagan suyo los demás partidos y el Gobierno federal. Es un logro político.

Como lo es que, finalmente, Silvano Aureoles y Miguel Barbosa, vayan a presidir las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores. Es la primera vez que eso sucede y ello deviene, sin duda, de la responsabilidad mostrada tanto en el Pacto por México como, en el caso de ambos coordinadores, en los debates legislativos. Con acuerdos o desacuerdos, tanto Aureoles como Barbosa, tuvieron una actuación seria y destacada en el proceso, cumplieron sus compromisos, y antes supieron llegar a ellos. Ahora presidirán ambas cámaras, con apoyo del PRI y del PAN. Se deben destacar dos cosas: primero, que ambos representan corrientes encontradas dentro del PRD: Aureoles respalda a Nueva Izquierda y a la candidatura de Carlos Navarrete. Barbosa, que rompió hace poco con Nueva Izquierda, es del frente que han formado las demás corrientes en contra de Navarrete, e incluso apoya en Michoacán la candidatura de Raúl Morónen contra del propio Aureoles.

Una tercera estampa lleva más a pensar en los demonios internos del perredismo. Tiene razón, Francisco Garfias al escribir, días atrás que la foto del acto del frente que quiere impulsar a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia del PRD parecía tomada en blanco y negro: Cárdenas junto a Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez es la foto de los años de la corriente democrática, de la ruptura con el PRI en 1987. Pero remembranzas aparte, no me gusta ver a un político como Cuauhtémoc de la mano con la corriente de René Bejarano y Dolores Padierna (o del propio Porfirio y no hablemos de Leonel Godoy) que ahora hablan de Cárdenas como el único hombre que podría unir al PRD, cuando durante años fueron sus mayores enemigos internos, los que llevaron casi al ostracismo para abrirle espacios a López Obrador y a sí mismos.
19 Agosto 2014 03:00:29
¿Quién le teme a los expresidentes?
Varios buenos amigos me dijeron que el ex presidente Calderón había sido un imprudente al presentar su libro la misma semana en que se promulgaron las leyes secundarias en materia energética. Le está arruinando “su semana” al presidente Peña. Sé que en ciertos ámbitos del gobierno federal piensan exactamente lo mismo. Ese tipo de razonamientos debo reconocer que me han dejado siempre perplejo. ¿Cómo un hecho externo y en buena medida intrascendente, como la presentación de un libro, le puede “arruinar” la semana a un presidente como Peña que acaba de cerrar el ciclo de reformas más exitoso de las últimas décadas?, ¿por qué la aparición de un ex presidente, cualquiera, suele poner tan nervioso al entorno de sus sucesores? Me resulta tan inexplicable como irracional porque además, habrá que acostumbrarse a los expresidentes casi todos hombres jóvenes y en plenitud.

En la presentación de su libro recordaba Felipe Calderón aquello de que un ex presidente es como un jarrón muy caro, muy bonito que se hereda y que nadie sabe en dónde poner ni qué hacer con él, pero que, agreguemos nosotros, sirve para responsabilizarlo cuando el decorado de la casa no sea el adecuado. Recuerdo que en 2000, en las postrimerías del gobierno de Ernesto Zedillo, tuve la enorme oportunidad de ser el primero en entrevistar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari que estaba a punto de publicar el libro México: un paso difícil a la modernidad, un amplio análisis de su sexenio, de más de mil 300 páginas, donde explicaba los pasos que llevaron al Tratado de Libre Comercio, al gran ciclo de reformas 91-93, al conflicto de Chiapas, al destape y asesinato de Colosio, entre otros temas. Se dijo entonces que Salinas venía a desestabilizar al país, la economía, la transición. Por supuesto que no pasó nada de eso: el ex presidente hacía lo que cualquier otro ex gobernante debería hacer: explicar sus razones, defender su gestión y poner sus argumentos sobre la mesa, en una coyuntura en la que había sido, con o sin razón, duramente perseguido por su sucesor.

Ernesto Zedillo no ha querido ni dar entrevistas ni escribir sobre su gestión. Es una lástima: hay muchos capítulos importantísimos de la vida del país que merecerían ser abordados por el ex presidente. Desde la crisis económica hasta la transferencia del poder a Vicente Fox. Tenemos muchas fuentes sobre esa etapa, pero no la suya.

Vicente Fox fue respetuoso con sus antecesores, pero bastante menos comedido con su sucesor. Ha publicado libros, echó a andar el Centro Fox, ha hecho lo que nadie: impulsar en la última campaña presidencial al candidato opositor al que era su partido (apoyó públicamente la candidatura de Peña Nieto). Ahora es uno de los grandes impulsores de la legalización de la mariguana y antes propuso que se negociara con los narcotraficantes. Hoy hasta conduce un programa de televisión.

Hace algunos meses escribíamos que habrá que acostumbrarse a la participación, en diversos campos de los ex presidentes: Carlos Salinas de Gortari, dejó la presidencia a los 46 años; Ernesto Zedillo a los 51 años; Vicente Fox es un poco mayor que ellos, pero está plenamente activo; hoy mismo Felipe Calderón cumple 52, la misma edad que tendrá el presidente Peña Nieto cuando deje el poder. ¿Cómo se le puede reclamar a estos hombres que están en el mejor momento de sus vidas, con una experiencia enorme detrás, que se retiren de la vida profesional o de la política, que no opinen y ni siquiera traten de explicar, de sacar enseñanzas de su gestión? No se trata sólo de su derecho, debería ser casi su obligación, por lo menos moral.

Dice Frank Underwood, el famoso personaje de House of Cards, que “los presidentes que están obsesionados con la historia, también están obsesionados con su lugar en la misma, en lugar de dedicarse a escribirla”. Los expresidentes tienen todo el derecho de escribirla. Que luego se esté de acuerdo con ella es, literalmente, otra historia.
16 Agosto 2014 03:00:46
Madero, ¿un López blanquiazul?
Dentro de la lógica partidaria, Gustavo Madero tenía una razón de peso para cambiar a Ernesto Cordero como coordinador de los senadores panistas: era su adversario, su futuro competidor por la presidencia del partido, necesitaba alguien de su confianza en esa posición estratégica, sobre todo en el proceso de las reformas legislativas. También tenía razones de mucho peso para deshacerse de Luis Alberto Villarreal: el video de Puerto Vallarta golpeaba su imagen y la de su partido, pero además, volvía a exhibir, a poner en el debate, desde el tema de los moches hasta las relaciones con casineros y otros personajeπs que hacían cada día más difícil el proceso que el propio Madero se ha diseñado para sí mismo: la candidatura de 2018.

En los dos reemplazos legislativos, Madero tuvo la oportunidad de buscar salidas de consenso a la hora de las substituciones, pero en las dos decidió por su grupo más cercano, por su gente, aunque fuera evidente que, abriendo ese círculo, tenía personal más capacitado. La designación de Jorge Luis Preciado cayó como un balde de agua fría en el Senado: estaba muy lejos de ser un substituto idóneo para Cordero. En el Senado hay muchos senadores con más experiencia y carrera, entre los calderonistas e incluso los que apoyaron a Madero, que podrían generar consensos internos mucho más sólidos. Optó por el senador más incondicional y sacrificó las posibilidades de consensos.

Habrá que investigar qué sucedió entre Madero y Villarreal (el de Jorge Villalobos fue un sacrificio incruento: lo importante en su caso es la operación electoral y conserva en el CEN el cargo y las prerrogativas) para que se generara la ruptura. Se podrá decir que el video era causa suficiente, pero también lo fueron muchos otros episodios que no impidieron que una y otra vez fuera ratificado. Se ha dicho que el video fue impulsado desde el ámbito gubernamental: no tiene lógica: ¿para qué romper con un aliado el mismo día de la promulgación de las leyes energéticas? ¿Quién en el gobierno ganaría con ello? También los propios panistas, incluyendo Villarreal, dijeron que se utilizó un equipo profesional de filmación, dando a entender que hubo un espionaje sofisticado. Es evidente que no es así: el video fue grabado por un celular, por alguien que estaba sentado a las mesas, existen unos 20 minutos de video y resulta poco realista pensar que pudiera haberlo hecho una de las acompañantes o de los meseros, que tenían obviamente que trabajar en esa noche y sería extraño verlos, a unos u otros, utilizar un celular de esa manera. El que lo filmó tiene que haber sido un invitado y en la fiesta sólo estaban los del grupo cercano a Madero y Villarreal.
08 Agosto 2014 03:00:16
El salario, la desigualdad, el fisco
¿Alguien puede vivir con 67 pesos al día en México? Evidentemente, no. Ese es, sin embargo, el salario mínimo vigente en el país, estamos hablando de aproximadamente cinco dólares al día, el índice más bajo de la OCDE y de muchos otros países del mundo. Es verdad que casi nadie gana el salario mínimo en México, sobre todo en las áreas urbanas.

El salario mínimo sirve para muchas cosas menos para ser eso, un indicativo salarial. Desde ese punto de vista la propuesta que ha presentado el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de que se incremente el salario mínimo es inobjetable. El problema es que el salario mínimo se usa para muchas otras cosas, desde el establecimiento de multas hasta para mover los índices de aumento salarial promedio en los contratos colectivos, y un incremento sustancial de éste puede desequilibrar muchos sistemas económicos y salariales, creando, dice la mayoría de los expertos, el efecto contrario al deseado.

Mancera tiene razón en un punto central y hace muy bien en colocarlo sobre la mesa: en México deben aumentar los salarios si se quiere incentivar la producción, el mercado y la calidad de vida. También acepta que eso no puede realizarse por decreto sino en forma gradual y como parte de un acuerdo, de una política estratégica. Pero precisamente por eso es algo que no puede dejarse, simplemente a la buena voluntad de las fuerzas del mercado.

Nuestro gran tema social es la desigualdad: nuestra sociedad es muy desigual y ese colchón de una amplia clase media, que resulta la fórmula idónea para la estabilidad política, social y económica, es cada día más delgado. Por eso, en esa propuesta de gradualidad de la que habla Mancera, se deberían incluir los salarios mínimos, pero también muchas otras variables. Para que disminuya la desigualdad los salarios deben crecer, pero también la calidad de vida: debe mejorar el transporte, la educación, la salud, la seguridad pública. De poco sirve que se incremente el salario si la gente debe gastar una parte sustancial del mismo en un transporte malo, inseguro e ineficiente. De poco sirve si los padres deben pagar escuelas privadas, buenas, malas o regulares. O si los servicios de salud no son gratuitos o por lo menos accesibles. Si nadie está seguro en su casa o colonia.

Eso se relaciona también con la política fiscal. La principal crítica a la reciente reforma se centra en ello. Se castigó, sobre todo, a los asalariados medios, no sólo con la tasa que deben pagar de ISR, sino también eliminando muchas de las deducciones que les permitían acceder a servicios que el Estado no está prestando o lo hace con muy baja calidad, desde la salud y la educación hasta la vivienda. Al castigar la deducibilidad de seguros de gastos médicos, colegiaturas, hipotecas, al sumar las prestaciones como parte del salario, el castigo se torna muy duro, precisamente, para esos sectores que ganan un poco más, pero que también deben pagar mucho más.

Se debe trabajar en el ámbito del transporte, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad. Hay que revisar salarios, pero debe ser desde una lógica de abatir la desigualdad, generando crecimiento, empleos, educación, favoreciendo a trabajadores y empresas.

07 Agosto 2014 04:05:38
El derecho humano a agredir o matar
“Alrededor de las 4 de la mañana de manera tramposa, alevosa, fueron declarados y lo más seguro es que los muchachos hayan sido torturados o presionados para dar una declaración, hoy ya fueron consignados al juzgado tercero penal, por el delito de motín y portación de armas privadas”. Eso es lo que declaró el área jurídica de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ayer se movilizó, vandalizó, tomó oficinas en Morelia exigiendo la libertad de sus “muchachos”: cinco militantes detenidos el día anterior con machetes, que agredieron a los policías que los interceptaron en un retén.

Los culpables, para los dirigentes de la CNTE, por supuesto que son los policías que los detuvieron, y no sus “muchachos”, angelitos inofensivos que iban armados con machetes por las calles de Morelia en la madrugada, porque, dice la CNTE, “los usaban para limpiar jardines”. Por supuesto que “los torturaron”, porque de esa forma establecen la base para su defensa, aunque no exista prueba alguna en ese sentido (la propia declaración de la CNTE dice que eso “es lo más seguro”, porque sencillamente no tuvieran una sola prueba, si no la hubieran exhibido inmediatamente).

En eso, la sección 18 se parece a la 22 de Oaxaca, cuando demanda, una y otra vez, la liberación, como si fueran presos políticos, de los maestros y dirigentes de ese grupo detenidos por el secuestro de dos niños. El castigo moral a ese tipo de delitos no existe: lo importante es que liberen a sus dirigentes presos, hayan hecho lo que sea.

No deja de resultar paradójico, extraño, que éstos y otros grupos puedan una y otra vez realizar acciones que no pueden calificarse más que de vandálicas y que van desde secuestrar, tomar rehenes, bloquear carreteras o aeropuertos, ocupar oficinas públicas o privadas o simplemente saquearlas, todo con lujo de violencia, y nunca resulten acusados de nada. Esa impunidad es la que genera más violencia y la convierte en una suerte de derecho adquirido que los pone por encima del resto de la ciudadanía, ésa que debe hacerse responsable de sus actos.

Y no hablemos de los policías. Hubo una época en que en este país pocas cosas eran peores que la extorsión o la represión policial. Hoy, se tenga o no simpatía por la institución policial, son los que se llevan un día sí y el otro también madrizas tanto mediáticas como muy terrenales, y no existe prácticamente sector, personaje o grupo político alguno, incluyendo los gobiernos de los que dependen, sean el federal o los locales, que salga en defensa de sus derechos.

Algo similar ocurre con el caso del niño que murió en un bloqueo carretero en Puebla. No existe una sola prueba documental que indique que el niño murió por efecto de una bala de goma como dicen los líderes del movimiento de protesta.

Al contrario, todos los estudios periciales (realizados en México y por especialistas del FBI) indican que murió a causa de uno de los proyectiles que lanzaban los manifestantes, con armas artesanales que se han hecho cosa de todos los días, entre estos grupos, desde Atenco, en 2002-03 y la toma de Oaxaca en 2006. No sólo eso: hay pruebas documentales de que la policía poblana, haya actuado bien o mal en términos operativos (se dejaron rebasar en muchos momentos por los manifestantes), no tiene, no cuenta, con balas de goma en su arsenal, además no existe un solo video, una sola prueba documental que lo demuestre. Los grupos que encabeza la diputada Roxana Luna, son los que aparecen en los videos disparando, agrediendo, enviando a 49 policías al hospital.

No se trata de defender, como alguno de los trolls en turno dirá, la represión, en Puebla o en Oaxaca, Michoacán, el Estado de México o el DF. Se trata de comprobar que más allá de capacidades operativas, en todas estas entidades, y en muchas otras, la norma es que casi siempre, ante manifestaciones violentas, los que terminan agredidos son los policías, y los que exhiben carnet de impunidad son los agresores.

Ya concluye el proceso de aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Energética. Ayer, en el debate en el Senado, Luis Armando Melgar decía que el crecimiento económico sólo se logra generando empleos, los empleos se logran con la inversión del recurso público y privado, de manera muy sostenida y transparente, salvaguardando la seguridad energética y nacional del país. Tiene razón y ese es quizás uno de los mayores aportes de estas reformas.
10 Mayo 2014 03:00:46
El principio del fin de las autodefensas
Hoy se comienza a cerrar un ciclo muy importante en Michoacán.

Hace 15 meses aparecieron públicamente las primeras autodefensas en Michoacán y el modelo fue copiado por otros grupos en Guerrero.

Estas últimas tenían un perfil más político y tomaron su propio derrotero, pero las michoacanas en un inicio desconcertaron y parecieron, porque eso se dijo sobre todo desde el gobierno local que en los hechos encabezaba Jesús Reyna (Fausto Vallejo estaba ya muy enfermo y pediría licencia poco después), que eran grupos del narcotráfico que combatían a Los Templarios para quedarse con sus zonas de control.

Lo cierto es que la realidad era mucho más compleja y como demostraron los hechos, la oposición de Reyna, y de otros presidentes municipales a las autodefensas devenían de su propia complicidad con Los Templarios. Pasó un año y el gobierno federal decidió intervenir en Michoacán en toda la línea, a través del comisionado Alfredo Castillo que llegó al estado con atribuciones legales y políticas extraordinarias.

Y Castillo se acercó a las autodefensas: obtuvo de ellas valiosa información, pero en esa misma labor pudo ir separando la paja del trigo, ir identificando sus liderazgos, los auténticos y los que tenían otro tipo de interés e incluso lazos con grupos criminales.

No es verdad que las autodefensas hicieron el trabajo que prácticamente ha liquidado a Los Templarios, o por lo menos a la mayoría de su cúpula, pero sí lo es el que tuvieron una contribución importante, clave, en información y sobre todo garantizando la seguridad en sus propias comunidades.

Y acercando el esfuerzo oficial con el social.

Hoy debe concluir el proceso de registro y relativo desarme de las autodefensas.

Decimos relativo porque los integrantes de esos grupos podrán conservar las armas que hayan registrado, salvo las consideradas armas pesadas, y tendrá que iniciar también el proceso de su desmovilización.

Tendrá que ser eso: un proceso y será necesariamente paulatino.

Pero es un paso que se tiene que dar porque de ser una solución las autodefensas se pueden comenzar a convertir en un problema.

Sea verdad o no que se ha creado un nuevo grupo criminal con restos de Templarios, ex de Nacho Coronel y otras bandas desarticuladas junto con algunos personajes de las autodefensas, el hecho es que si no se acelera la desmovilización de las autodefensas ése será, muy probablemente, el recorrido que terminarán realizando esos grupos o por lo menos algunos de sus integrantes.

La otra salida, la desmovilización y la integración de quienes lo deseen a cuerpos de guardias rurales afincados en sus propias comunidades es, por el contrario, una apuesta por institucionalizar una expresión ciudadana que en el fondo era, es, legítima y explicable.

Lo importante de todo esto es que se da en una coyuntura donde los golpes que ha recibido el cártel de Los Templarios, aunque aún falte detener a Servando Gómez “La Tuta” y a varios de sus operadores, se dio en su base operativa, en su capacidad de producir y comercializar drogas, en su esquema de extorsiones y expoliación de la gente y las comunidades, pero también en otros dos aspectos fundamentales: su base de operación económica y su red de protección política.

Tan importante como las caídas de los capos ha sido el haber podido desmantelar la red de comercialización de mineral de hierro que operaba desde Lázaro Cárdenas, así como lograr la detención de Jesús Reyna y de los alcaldes de Lázaro Cárdenas y de Apatzingán, además de la destitución de varios otros. Sin duda falta y mucho, pero sin esas medidas Castillo no se hubiera podido ganar la confianza de las propias autodefensas para proceder a su desmovilización.

En política hay siempre indicadores diversos, contradictorios, pero muchas veces olvidamos que la política, como decía Octavio Paz, no es una ciencia, porque está impregnada de todo lo que es humano.

Y en buena medida los logros que se han podido dar en Michoacán y que han permitido llegar a un día como hoy se resumen en lo que han dicho en público y en privado muchos de los líderes de las autodefensas y de otros factores de poder político y social en Michoacán respecto al Gobierno federal y en particular sobre el comisionado Castillo: “Le creemos”.

Esas dos palabras cambian todo. Porque creyeron, actuaron y colaboraron. Puede parecer una simplificación, pero en política la distancia entre creerle y no a una autoridad es la distancia entre el cielo y el infierno.

O entre el éxito y el fracaso.
11 Abril 2014 04:06:02
Pesimismo, seguridad y economía cotidianas
Los números de la encuesta sobre seguridad del INEGI son contundentes. La percepción ciudadana de la inseguridad ha crecido 4.4% desde diciembre de 2012. Siete de cada 10 personas se sienten inseguras en su propia ciudad y 27.6% creen que esa inseguridad aumentará en los próximos 12 meses. Se podrá argumentar que algunos índices delictivos se han reducido (otros, sin embargo, se han incrementado, como el número de secuestros), que hay zonas del país que han tenido una indudable mejora (aunque otras han retrocedido, como todo el cinturón urbano del Estado de México) y que por lo tanto la percepción social no necesariamente va de la mano con la realidad. Pero, como decían nuestros clásicos, en política, lo que parece, es. Y la gente está atenazada por un sentimiento de inseguridad que se expresa en el número de secuestros, robos y extorsiones que sufren día con día. Ha habido avances muy importantes en la lucha contra el crimen organizado, pero parecemos estar perdiendo la batalla, como sucedió en la segunda mitad del gobierno de Calderón, contra sus secuelas: contra las bandas y pandillas, contra ese crimen cotidiano, si se quiere desorganizado, que es el que más afecta a la ciudadanía.

Ello se combina con otro sentimiento negativo: la gente no percibe en sus bolsillos, en su vida cotidiana, mejoría económica alguna. La Reforma Fiscal fue, en los hechos, un castigo para la economía familiar y empresarial en el primer trimestre del año. La inflación, la falta de crecimiento y, por ende, de nuevos empleos, han sido la norma. Es verdad que existen proyectos muy ambiciosos de infraestructura, leyes reglamentarias pendientes para las reformas constitucionales que serán el detonante de inversiones muy importantes y que la economía parece estar en equilibrio. La macroeconomía está en orden y eso sin duda es positivo, pero la gente quiere que su economía cotidiana sea la que esté en orden, le genere optimismo y, por ende, confianza para consumir.

Esas son las dos grandes variables que deben ser atendidas con urgencia por un Gobierno federal que ha tenido la capacidad para realizar en 11 semanas una transformación profunda en la situación de Michoacán o enlazar una serie de siete reformas constitucionales y estructurales profundas en un periodo de apenas un año, pero que no ha logrado que la seguridad cotidiana y la economía de la gente mejoren.

Habrá quien asegure, con razón, que esas medidas de fondo son imprescindibles, son el paso previo, para poder alcanzar esos otros objetivos. Falta lo prometido: eficiencia y resultados, y eso es lo que hoy se está reclamando. Quizá porque se siente a la mayoría del equipo gubernamental, con algunas excepciones muy puntuales, haciendo demasiados planes a futuro y actuando demasiado poco en la coyuntura, proyectando mucho pero sin operar sobre la realidad cotidiana. Y eso se percibe en muchos frentes, desde la poca presencia en medios ante sucesos coyunturales que los involucran, hasta en la lejanía que sienten con ellos sectores productivos u organizaciones sociales.

Ha transcurrido ya una cuarta parte de la administración y se está ante un momento clave para el futuro (desde las acciones para depurar la clase política hasta sacar las leyes secundarias de las reformas en el Congreso) pero se debe recordar que esa cercanía con los problemas de la gente es lo que termina calificando a un gobierno. Atender la coyuntura, el día con día, buscar soluciones, es imprescindible para aumentar tanto la aceptación como la confianza de la gente. Y se debe recordar que sólo con ellas aumenta la capacidad de operación de un gobierno que en un año tiene un verdadero referéndum en las elecciones de medio término.

Los hijos de Versini

Lo escribió Ciro Gómez Leyva ayer y tiene toda la razón, nuestros medios, pero, también agreguemos, nuestros políticos, jueces y organizaciones sociales, han permanecido increíblemente mansos ante una historia tan atroz como la del despojo de sus hijos a Maude Versini. Muchos de los que lucharon a brazo partido para lograr la liberación de una mujer que era una secuestradora (haya habido o no montaje televisivo a la hora de su captura) no han dicho una palabra porque el ex gobernador Arturo Montiel le quitó a la mala sus hijos a su ex esposa. Lo está haciendo violentando la ley y el sentido común; no hay argumentos para impedir que una madre vea a sus hijos y pueda convivir con ellos. Montiel lo hace sólo porque puede hacerlo, porque tiene un aparato de protección que le permite actuar con esa prepotencia (y machismo) sin que prácticamente nadie le reclame nada. El tema debería ser, además, de interés público, porque de la misma forma actúan, o intentan hacerlo, muchos hombres (y algunas mujeres) contra quienes fueron sus parejas cuando la relación se acaba. La venganza en los hijos nunca será una forma de justicia.
08 Marzo 2014 05:08:24
Hierro en un puerto, Toluca y Oceanografía
La Secretaría de Hacienda fijó en poco más de 15 millones de dólares el valor comercial del enorme decomiso de 119 mil toneladas de mineral de hierro que el cártel de Los Templarios había acumulado en el puerto de Lázaro Cárdenas y en varios predios, dentro y fuera de ahí, para ser exportados a China. Pero esa es sólo la punta del iceberg de este negocio: a eso se deben sumar más de 200 equipos, camiones de transporte, los propios predios y comprender, para ver el total de la operación, que en realidad, la carga anual que enviaba este grupo criminal a Asia era de cerca de un millón de toneladas anuales, según dijo Alonso Ancira, presidente de la Cámara Nacional de Hierro y de Acero. Y que desde hacía por lo menos cinco años que se llevaba a cabo sin contratiempos. Vale la pena preguntarlo, ¿nadie lo vio durante cinco años? Pero ese es otro tema.

Imaginemos la magnitud del negocio agregando, además, otro componente. Parte de estos acuerdos consistían en que como contraparte de la venta del mineral, se enviaban a Lázaro Cárdenas precursores para la producción de drogas sintéticas, hoy, el negocio más rentable en el mundo de los estupefacientes. Entonces el círculo de operación ilegal era casi perfecto: los delincuentes robaban, extorsionaban, se apropian de minas y permisos para exportar un mineral en el que, para obtenerlo, no invierten, obviamente, ni un solo peso. Lo exportan con ganancias multimillonarias a China. Pero de allí, en muchas ocasiones, como una especie de trueque, reciben precursores químicos para producir drogas que a su vez exportan con ganancias también millonarias a Estados Unidos y al propio mercado interno en México. Un negocio casi perfecto.

Estamos hablando de una operación que entonces superaba los varios cientos de millones de dólares de utilidad para los grupos criminales. Desde que fue intervenido el puerto de Lázaro Cárdenas, la entrada de precursores químicos, dicen las autoridades, se había detenido, pero como era mucho más complejo, con la utilización de papeles falsos y, en ocasiones, vía coerción, complicidad o extorsión, con papeles legales de verdaderos exportadores, la venta de mineral de hierro continuaba o intentaba hacerlo.

Mientras tanto, el tema de los aviones y los aeropuertos puede estar detrás, también, del tema Oceanografía, más allá de contratos petroleros falseados, deudas sin pagar, barcos desaparecidos, equipos de futbol, fraude, lavado de dinero y otros detalles. Dicen, habrá que confirmarlo, que el tema Oceanografía, o mejor dicho las relaciones de esa empresa con círculos de poder federales en los dos pasados sexenios, tuvieron fuerte repercusión también en Toluca, no sólo porque ignoraron y agredieron políticamente, cuando quiso evitar esas operaciones, a un joven secretario de administración del estado, allá por el año 2002 (un joven ahora con responsabilidades mucho más importantes), sino también porque, reflejo de ello, ahí mismo, en el aeropuerto de Toluca, iniciaron muchos de los buenos negocios de aquellos años con personajes del gobierno federal, expulsando incluso a empresas locales que tenían años de operación en el aeropuerto para allanarse el camino. El negocio de los aviones en Oceanografía no es nuevo, pero hay cuentas que siempre se terminan pagando.
01 Marzo 2014 04:00:28
La balcanización de los opositores
Entrevistaba el miércoles a una Josefina Vázquez Mota que se escuchaba un poco abatida cuando informaba de que había renunciado a la posibilidad de buscar la presidencia de su partido porque, decía, no quería ahondar las diferencias y la polarización en el blanquiazul. Le pregunté si no era contradictorio, porque, según las encuestas, ella tenía no sólo una amplia ventaja sobre los demás competidores, sino que también al abandonar la contienda, dejaba la misma entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero (que ya pidió licencia y que sigue negociando con Juan Manuel Oliva la posibilidad de una candidatura común) y esa polarización sería, ahora, inevitable.

No se apartó de su discurso, aunque reconoció que esa popularidad y esos votos potenciales se podrían perder ante los votos corporativos que se han ido formando en el panismo, relacionados con liderazgos que han dejado mucho que desear dentro y fuera del blanquiazul. La reciente renuncia del exgobernador Fernando Elizondo, a un año de las elecciones en Nuevo León, está directamente relacionado con ese fenómeno y la consolidación de lo que llaman en su tierra la neocupula, relacionada con Fernando Larrazábal, la propia alcaldesa Margarita Arellanes, muy cercana a Madero y a Luis Villarreal, y a muchos otros intereses, que algunos identifican con ese personaje oscuro, turbio, el zar de los casinos le llaman, Juan José Rojas Cardona. De esos intereses se alejó Elizondo, y creo que también Josefina.

También me quedé con la impresión de que Vázquez Mota está mucho más entusiasmada con su labor entre la comunidad mexicana en Estados Unidos que en rescatar a un partido que está, hoy, en entredicho por sus propias pugnas internas. Esa apuesta de Vázquez Mota no es nueva, fue parte de su reconstrucción (más personal que política) después de la derrota de 2012 y estuvo impulsada, precisamente, por el hecho de que en esa elección la gran mayoría del voto de los migrantes fueron para ella. Ese parece ser su horizonte, por lo menos mientras espera a ver qué sale de un proceso interno que será, por lo menos, conflictivo y polarizado.

Mientras tanto, la otra oposición, el PRD también intenta definir su destino. El proceso interno de cambio de dirigencia en su caso está relativamente detenido porque el IFE no ha aprobado el cambio de sus estatutos que contienen un capítulo central para toda la renegociación interna: la posibilidad de que pueda reelegirse quien haya sido presidente del partido. El punto es clave porque, sin duda, Carlos Navarrete es el candidato que representa a la actual dirigencia y a la corriente de Nueva Izquierda, mayoritaria en el sol azteca. Pero eso no parece alcanzar para garantizar la unidad interna, tentado el partido a la ruptura por Morena y por los otros integrantes de la izquierda, Movimiento Ciudadano y el PT. A Marcelo Ebrard no le alcanza para llegar a la presidencia partidaria y Los Chuchos no lo permitirían.

¿Por qué no termina de convencer Cuauhtémoc a todos? Por la sencilla razón de que el ingeniero es un hombre de posiciones, compartibles o no, pero que suelen ser poco negociables y en ese sentido lo que más le preocupa a Nueva Izquierda y a otros grupos es qué posición tomará respecto a las alianzas. Porque en esos sectores siguen pensando que la mejor forma de enfrentarse al PRI en varios estados en los comicios que vienen en alianzas con el PAN, algo que también apoya en el blanquiazul, sobre todo Madero, pero que no vería mal Cordero. Pero si Cárdenas llega a la presidencia partidaria y se opone a ellas, esa opción se frustrará.

Así deshojan las margaritas panistas y perredistas, con procesos internos que se definirán entre mayo (el 18 los panistas) y junio y que en realidad es una apuesta sobre su futuro, incluidos los comicios de 2015 donde, si la oposición se sigue fraccionando puede ser un paseo electoral para el priismo.
31 Enero 2014 04:00:12
Peña, entre Castro y Mujica
No me caben dudas de que una de las áreas que mejor funcionan en la administración de Peña es la cancillería que encabeza José Antonio Meade. La suma de aciertos es difícil de encontrar en muchas otras áreas, y la eficiencia y discreción de Meade hacen que todo sea aún mejor valorado. Pero no me gustó el contenido, la forma y el fondo de la visita presidencial a Cuba.

Como ayer decíamos, por supuesto que el presidente Peña tenía que ir a Cuba a la reunión de la Celac: es un organismo internacional del que México es miembro y Cuba una nación limítrofe (el mar también es límite geográfico) con la que tenemos relaciones y una comunidad cultural y social de alta intensidad. Es también verdad que más tarde o más temprano tendrá que haber algún tipo de apertura en Cuba y que precisamente por esas relaciones y esa cercanía México tiene que estar presente en ese proceso. Pero nada más. La mejor descripción de lo que debería haber sido la visita la dio Pablo Hiriart, debería ser algo así como “hola y adiós”.

No había necesidad de escribir un texto para Granma o de ponderar el liderazgo de Cuba en la comunidad internacional (¿?) o de buscar a como dé lugar una cita con Fidel Castro, que éste no parecía muy dispuesto a otorgar. Tampoco de participar en el juego de alabanzas a Hugo Chávez. No es verdad que la relación con Cuba se deterioró desde el “comes y te vas”. Ese fue, sin duda, un punto de inflexión, una ingenuidad del presidente Fox y del canciller Jorge Castañeda, pensando que Fidel no iba a divulgar esa plática privada, y constituyó el momento más bajo de la relación, pero las cosas habían comenzando antes. En realidad cuando en la administración de Zedillo hubo una primera reunión con disidentes o cuando se comenzó a darle voz en México a los mismos, cuando dejaron de ser ignorados o de ser llamados simples “gusanos” y se les vio como lo que son: disidentes, opositores a una dictadura que lleva en el poder más de 50 años, encabezada por los dos mismos personajes, Fidel y Raúl. En realidad, el distanciamiento con Cuba comenzó cuando México empezó a convertirse en una verdadera democracia y el gobierno de la isla siguió siendo una dictadura.

Una dictadura que, hay que recordarlo, no permite ni la más mínima oposición, donde no se publica ni un periódico ni una revista, donde no hay más radio o televisión que la que controla estrictamente el Estado, donde hay centenares de presos políticos, detenidos simplemente por ser parte de esa oposición, viviendo en condiciones lamentables.

En síntesis, no era necesario ir más allá de lo estrictamente diplomático. En contraportada, sí fue un acierto el condecorar al presidente uruguayo José Mujica. Es un personaje extraordinario de la vida política en América Latina. Si tuviéramos que buscar en nuestro continente alguien que pudiera equipararse a un Nelson Mandela inevitablemente tendríamos que pensar en Mujica. Fue guerrillero, fue detenido y torturado durante años, estuvo en la cárcel en las condiciones más inhumanas posibles, al salir de prisión renunció a la lucha armada y convenció a muchos de sus compañeros a seguir el camino democrático y no lo abandonó hasta llegar a la Presidencia. Vive casi sin seguridad en su casa de siempre, humilde, en un barrio popular y ha logrado establecer un gobierno que garantiza la buena calidad de vida para su gente, con educación, seguridad y sin abandonar ni un ápice la ortodoxia económica, pero apostando a toda una amplia gama de libertades. Pueden tener historias comunes, pero la distancia de un Mujica y de su forma de hacer y entender la política respecto a las anacrónicas y autoritarias que privan en la Cuba de los Castro es sencillamente enorme. Ese hombre, Mujica, y ese régimen democrático, plural, abierto, el de Uruguay, sí son encomiables y deben ser reconocidos. Poco o nada tenemos que aprender de la Cuba de los Castro.
24 Enero 2014 04:00:16
Ex presidentes o la Fundación de Calderón
Este año, en agosto, Felipe Calderón Hinojosa cumplirá 52 años, la misma edad que tendrá el presidente Peña Nieto cuando deje la Presidencia de la República. Carlos Salinas de Gortari tenía 46 años cuando concluyó su sexenio y Ernesto Zedillo cumplía 51 al terminar el suyo. Vicente Fox, un poco mayor que todos ellos, tenía 64 años. Todos eran y son hombres jóvenes con mucha vida por delante. Sé que la tradición política impuesta por un sistema político, que hace ya muchos años no es la vigente, establecía que cuando concluía su periodo en el gobierno un presidente se retiraba de la vida política, pero eso era realidad, aunque no siempre se cumplió, cuando el sistema era encabezado por un mandatario que asumía de hecho la totalidad de Poderes y no aceptaba compartir ni que se le disputara siquiera el poder; cuando, los presidentes dejaban su cargo a mayor edad y se vivía mucho menos, cuando no había un sistema de partidos y cuando, diría Vargas Llosa, vivíamos la dictadura perfecta.

Me resulta incompresible que haya quien se indigne porque Felipe Calderón envíe un tuit sobre el espionaje del que habría sido objeto cuando fue presidente o porque ahora regresará al país y echará a andar una fundación que había creado hace más de diez años. Tan incomprensible como cuando se indignan y preocupan porque Salinas de Gortari sigue siendo un personaje político activo (aunque discreto) o porque Zedillo es parte del Consejo de Administración de varias empresas (en todo caso el tema es si usa información privilegiada en las mismas) o porque Vicente Fox llamó a votar por Peña Nieto y no por Josefina Vázquez Mota en 2012. No estoy hablando de las decisiones personales, del desempeño o acierto de los ex presidentes en esas actividades, pero lo que es absurdo es pensar que un hombre o mujer que está en la mitad de su vida debe retirarse y mantenerse en el ostracismo. No lo hace Clinton ni los Bush en Estados Unidos, ni Felipe González o José María Aznar en España ni Tony Blair o Lula da Silva, en Gran Bretaña o Brasil, respectivamente. Todos siguen en actividad pública y tienen todo el derecho a hacerlo. Como lo tienen nuestros ex presidentes. Se les debe criticar o respaldar con base en sus aciertos o errores, en la política o en la empresa, pero no por hacer la labor para la que se han preparado toda su vida.

Cuando Peña Nieto se perfiló como candidato presidencial, quienes son parte de las teorías conspirativas de los expresidentes se apresuraron a decir que el entonces gobernador era una creación del ex presidente Salinas y si se casaba un hijo del ex mandatario y hacia una gran fiesta se lo consideraba una intervención en asuntos políticos, simplificando las cosas hasta el absurdo. Si Fox declara que hay que negociar con los narcotraficantes o que toda la culpa de la violencia la tiene Calderón, es porque intenta desestabilizar a su sucesor o quiere ajustar cuentas políticas con él, no porque sean una ocurrencia o una falsedad política que simplemente debe ser esclarecida como tal.

Es absurdo y se trata de una “tradición” imposible de cumplir, simplemente porque la historia, el sistema político y hasta la edad impiden que sea así. No creo que sea incorrecto que un ex presidente opine y participe en la política o en su partido, lo que me parece irracional es enviarlo al exilio político o físico por haber desempeñado ese cargo. El Presidente de la República hace ya muchos años no es un gran tlatoani sexenal, tampoco al abandonar ese cargo debe ver reducido sus derechos más allá o más acá de lo que marca la ley. Que lo haga bien o mal, que eso le genere beneficios o costos, una revisión favorable o no de su desempeño, es parte de las reglas del juego, como con cualquier otro actor político.

Volviendo al tema de Calderón. ¿Intentará el expresidente opinar sobre el proceso interno del PAN? Me asombraría que no lo hiciera, aunque fuera de forma indirecta. Ha sido militante del PAN toda la vida, ha sido líder de ese partido, legislador, secretario de Estado y Presidente de la República. Su esposa, Margarita, tiene una carrera política propia en ese partido. Y ambos están en la mitad de su vida. Tiene todo el derecho a opinar y participar. Como me imagino que lo hace Salinas con muchos, sobre todo con los priistas, y Zedillo con empresarios o como intenta hacerlo Fox con su fundación. ¿Alguien puede creer que se puede desestabilizar o que el presidente Peña sentirá vulnerado su poder porque Calderón relance una fundación u opine sobre el PAN, o porque lo haga cualquier otro expresidente? Es absurdo.

Sí hay, en todo caso, reglas del juego que se deben honrar: la principal es respetar la labor del mandatario en funciones, respetar desde allí a quien la han ejercido y a la institución que se representó, la Presidencia, que está por encima de cualquier partido. No siempre ha sido así y eso no parece preocupar tanto.
11 Enero 2014 04:00:14
Rosario y Patricia: cartas de EPN y MAM
Las dos surgieron, y han tenido intensa actividad, en la izquierda, pero provienen de corrientes, grupos, de experiencias muy diferentes. Con el tiempo han representado, también, intereses y opciones distintas. Ha habido varias mujeres que han destacado en las luchas partidarias de la izquierda, desde Cecilia Soto en la campaña del 94 hasta Ruth Zavaleta cuando fue presidenta de la Cámara de Diputados, o la propia Dolores Padierna entre los duros del bejaranismo. Pero ellas dos son, haciendo un recuento objetivo de la historia de la izquierda de los últimos 10, 15 años, las dos mujeres más populares y reconocidas de esa corriente política. Se trata de Rosario Robles que fue mano derecha de Cuauhtémoc Cárdenas, echando andar muchas de las políticas sociales del primer gobierno perredista y que lo reemplazó siendo una poderosa jefa de Gobierno y luego presidenta del PRD, y que ahora es secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto; y Patricia Mercado, indudable líder feminista, fundadora de los partidos Democracia Social, de México Posible, en 2006 candidata presidencial por Alternativa Socialdemócrata y desde esta semana secretaria del Trabajo y Fomento Económico del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera.

Fueron las más populares, y quizá por ello ninguna de las dos generan simpatías en las dirigencias perredistas y ambas se enfrentaron en forma durísima con López Obrador (aunque paradójicamente el tabasqueño le debe a la popularidad de Rosario haber ganado el DF en 2000, lo que le pagó con una brutal campaña de desprestigio). Hoy son piezas clave de los proyectos de Peña Nieto y de Mancera.

La política social estuvo acotada en el primer año de gobierno de Peña Nieto. Fue parte de las decisiones que se tomaron para no contaminar con cualquier elemento controvertido el proceso de reformas estructurales. Incluso para las elecciones de julio las acciones de política social lisa y llanamente se frenaron y en los hechos el más ambicioso de sus programas, la Cruzada Nacional contra el Hambre entró durante meses en una suerte de hibernación. Los cataclismos en Guerrero demostraron lo mucho que se puede hacer desde ese ámbito, con un papel protagónico de Rosario, y apenas esta semana el presidente Peña insistió en que será su prioridad erradicar el hambre y la pobreza. La política social, ya sin ataduras, volverá a tener un papel protagónico. Y pasará por Rosario.

En la capital del país, la llegada de Patricia Mercado a la Secretaría del Trabajo tiene, desde otra vertiente, un sentido similar. Uno de los puntos que hacen fuerte (y también exponen) a Miguel Mancera es que no es militante del PRD. Si vemos lo que está intentando Mancera en su gobierno es crear un equipo que incorpore, pero que esté más allá de las fuerzas políticas que impulsaron su candidatura. Debe ser consciente de que su principal respaldo no puede estar en las tribus sino en la gente. Por eso fue tan costoso todo el proceso de los plantones de la Coordinadora, ya que le dieron respaldo en sectores perredistas que apoyaban esa movilización, pero se lo quitó entre su amplio espectro de simpatizantes no partidistas. Para Mancera el 2014 tiene que ser también un año de cosechar, después de pagar costos altos en 2013, pero habiendo logrado, por ejemplo, un importante incremento presupuestal para ejercer este año.

Mancera quiere apostar por las opciones socialdemócratas, no sólo las que se autodefinen como tales. Por eso al mismo tiempo que cuenta con actores tradicionales del perredismo, incluyendo al propio Cuauhtémoc Cárdenas, y no ha cambiado ni un ápice la política de subsidios y apoyos directos (salvo por ese ejercicio de economía real que fue aumentar el precio del Metro), está buscando crear con personajes independientes como Salomón Chertorivski, en la Secretaría de Desarrollo Económico y ahora Patricia Mercado, una estrategia socialdemócrata de combatir la pobreza y la marginación a través de inversiones y empleos, que vayan dejando de lado los subsidios y el clientelismo. No es una apuesta menor, pero para hacerlo se requiere, como lo ha hecho Mancera en otros ámbitos, contar con personajes convencidos de esa opción política que le permitan dar un sentido diferente a su administración. E incorporaciones como la de Patricia son clave en ese sentido. Son gente de Mancera con el perfil de Mancera. Pensando en su futuro, esa debe ser su apuesta.

Se habla mucho de la participación de las mujeres en la política, pero lo cierto es que más allá de la voluntad de algunos actores, esa participación, en posiciones protagónicas, sigue siendo relativamente escasa. Que Rosario y Patricia, que son parte de muchas de las mejores historias de las políticas progresistas en México, tengan roles protagónicos en el actual escenario político no deja de ser una buena noticia.
10 Enero 2014 04:00:11
Vallejo desmiente a Osorio… y se exhibe
El tema va mucho más allá de la simple anécdota. Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de descartar una relación de las autodefensas en Michoacán con grupos criminales, ratificaba que el herido líder de esos grupos, Juan Manuel Mireles, era atendido en un hospital militar y protegido por las propias autoridades federales “porque son las personas que han venido lastimando a los cárteles, particularmente a Los Templarios y claro que hay instrucciones de que se diera el cuidado, se le apoyara y es lo que ha venido sucediendo”, en Michoacán el gobernador Fausto Vallejo declaró que los grupos de autodefensa y su líder, Mireles, están relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación y que deben ser combatidos.

La flagrante contradicción entre el secretario de Gobernación y el gobernador supera la anécdota porque estamos hablando del hombre que maneja la política y la seguridad en el país y del mandatario que vive la mayor crisis en esos ámbitos en todo México. Justo o no, esa contradicción ha avivado las denuncias de que hay autoridades michoacanas interesadas en no entrar en conflicto con los Templarios o incluso que los protegen. Y si hay alguien que debe saber cómo se puede destejer esa madeja es el secretario Osorio Chong.

Decíamos ayer y reiteramos hoy que el tema en Michoacán, a estas alturas, no son las mal llamadas estrategias de seguridad. En ese terreno nadie inventa el hilo negro y todos saben qué hay que hacer. El problema es que no hay estrategia que pueda funcionar para recuperar la seguridad cuando el tejido social, pero sobre todo el político, no sólo está dañado, sino también contaminado, infectado por el crimen organizado. Hace años que sabemos que muchas autoridades estatales y municipales tienen lazos con criminales. Ayer recordábamos el michoacanazo. Y hay que insistir en ese tema: en aquella ocasión se detuvo a funcionarios estatales, municipales y judiciales por sus relaciones con el cártel de La Familia, relaciones que manejaba Servando Gómez “La Tuta”, ahora uno de los líderes de Los Templarios.

No se los detuvo por capricho: era un golpe durísimo basado en seguimientos y sobre todo en la intercepción de llamadas telefónicas, incluyendo el testimonio de otros detenidos. Allí estaban desde la principal operadora de seguridad pública en el estado con lazos familiares inocultables con personajes de La Familia, hasta jueces o funcionarios municipales. Estaba también involucrado, aunque no se lo pudo detener en ese momento, Julio César Godoy, hermano del gobernador Leonel Godoy. Todos, absolutamente todos, quedaron en libertad meses después por decisión de jueces que no aceptaron como buenas las pruebas basadas en las grabaciones telefónicas. Muchos sospechamos, aquí lo dijimos, que quizás en ello hubo también algo más que un acuerdo político.

El único que estaba prófugo era Julio César, que había sido electo diputado con el respaldo económico y político, público, de “La Tuta”. Hay que recordarlo: mientras tenía orden de aprehensión, Godoy fue introducido a San Lázaro escondido en la cajuela de un carro por diputados perredistas, se llevó a la oficina de Alejandro Encinas, entonces coordinador de los legisladores del sol azteca, se lo cuidó allí durante dos días, hasta que se logró que se cancelara la orden de aprehensión en su contra y rindió protesta como diputado y hasta se tuvo la irresponsabilidad de incorporarlo a la Comisión de Seguridad. Comenzó el desafuero de Godoy y se divulgaron, entre otras pruebas, conversaciones del diputado con “La Tuta”… grabaciones que ya conocían su hermano gobernador y dirigentes de su partido y que en su momento ignoraron. Fue desaforado y se volvió a librar orden de captura contra Godoy, pero todo el proceso, y el fuero del que gozaba, le dieron tiempo a fugarse. Hasta el día de hoy está desaparecido.

¿Qué le pedían La Familia y después los Templarios a los presidentes municipales? Controlar las áreas de seguridad pública y también las de obras públicas del municipio. Con un mecanismo se protegían y tenían control, con el otro se beneficiaban de recursos públicos, lavaban dinero y realizaban la “política social” que en su caso pregonan… con dinero gubernamental.

Ese esquema no ha cambiado demasiado en los últimos años. Lo que sí aumentó fue la voracidad de estos grupos y la extensión inédita del secuestro y la extorsión entre una población que quedó a su merced porque las autoridades municipales y estatales lisa y llanamente no intervinieron para frenar esa escalada criminal. Eso no justifica, pero sí explica, el surgimiento de las autodefensas. Y cuando Osorio Chong acepta que son ellos los que se han enfrentado a los Templarios en realidad está, también, exhibiendo la parálisis y desidia las autoridades locales, anteriores y actuales.
21 Diciembre 2013 05:06:55
Ayer EZLN, hoy autodefensas
Para hacer una analogía con la reciente reforma energética, comparábamos en días pasados, en este espacio, ese cambio constitucional con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Igual de importante, de trascendente, para modificar usos y costumbres de producción, de relaciones internacionales hasta de formas culturales, así han sido y serán ambas reformas.

Pero en estos días se suele olvidar (o quizás al no recordarlo se quieren ahuyentar los malos espíritus) que el mismo primero de enero que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, también estalló el levantamiento zapatista, que también modificó muchas cosas, sobre todo el curso político del país e inició un proceso que terminó con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu y, poco después, con la terrible crisis financiera de 1995. Hace 20 años, el levantamiento zapatista se hubiera podido impedir. Se conocía de la existencia del EZLN, dónde operaba, dónde estaban sus campamentos y se tenía, en general, conocimiento de sus planes. Nos tocó incluso trabajar sobre el tema un amplio reportaje entre agosto y noviembre del 93 que, por esas vicisitudes del periodismo, no pudo salir a la luz hasta enero del 94, cuando ya se había dado el estallido. En realidad, no se quiso agitar el tema del zapatismo, primero, porque se consideraba una amenaza menor y, segundo, porque no se quería contaminar el ambiente político con la aparición de una guerrilla ante dos procesos fundamentales: la puesta en marcha del TLC, que se votó en el Congreso de EU en los primeros días de noviembre del 93, y la sucesión presidencial, que se resolvió el 22 de noviembre del 93 a favor de Colosio y provocó la ruptura de Manuel Camacho con Carlos Salinas.

Se subestimó el peligro y ese levantamiento: aunque nunca, ni remotamente, puso en peligro la seguridad y estabilidad del Estado, sí cambió todo, desde el proceso de sucesión hasta las percepciones. El 31 de diciembre nos acostamos pensando que el TLC era la puerta al primer mundo y nos levantamos al día siguiente en un país donde un grupo le declaraba la guerra al Estado. Ninguna de las dos percepciones eran realmente ajustadas a la realidad, pero las dos marcaron el estado de ánimo en esos meses. Y todo cambió en apenas unas horas.

Han pasado 20 años. Hace unos meses acompañaba en su campaña a Manuel Velasco Coello, el ahora gobernador de Chiapas, que ayer pronunció su primer informe de gobierno. Más allá de que la pobreza y la desigualdad mantienen formas ancestrales en Chiapas, me tocó acompañarlo a El Bosque, una comunidad enclavada en la sierra. Había ido varias veces entre 1995 y 1996. Allí en El Bosque se daba una brutal batalla entre dos comunidades: unos eran zapatistas, los otros priistas. Se emboscaban, se mataban, se secuestraban recíprocamente.

Han cambiado muchas cosas en 20 años, pero el huevo de la serpiente de la violencia se sigue incubando. Ahí está, por ejemplo, con el desafío de los grupos de autodefensa y armados en Michoacán y Guerrero, enquistado en otras regiones del país como Chiapas y Oaxaca. Ahí está la tentación que siguen teniendo distintas organizaciones de recurrir a la violencia para obtener sus objetivos, desde la Coordinadora hasta los grupos armados o los llamados anarquistas. Se les ha subestimado y, como ocurrió hace 20 años con los zapatistas, se decidió no interferir con sus acciones porque existían prioridades, ahora el ciclo de reformas y sobre todo la energética. Ese ciclo ya se cerró y esas amenazas a la estabilidad ahora deben ser atendidas antes de que sea demasiado tarde.



20 Diciembre 2013 05:06:52
La pista del dinero sucio
El quebranto económico del municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, es mayor a los 2 mil millones de pesos. Se generó en una administración de apenas tres años del perredista Julián Ricalde Magaña, que precedió a la de Greg Sánchez, otro alcalde que estuvo preso largos meses acusado de proteger al narcotráfico.

La información que surge de las auditorias oficiales es abrumadora e involucra a muchos funcionarios, colaboradores y contratistas del municipio caribeño. En 2005 los pasivos heredados sumaban 32 millones de pesos; en 2011 se heredaron 21 millones de pesos de deuda, que al final de la administración de Ricalde sumaba más de 131 millones.

El nuevo gobierno municipal, de origen priista, precisó que el municipio perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos por 57 millones 500 mil pesos. Otros 25 millones de pesos del Fondo Metropolitano disponibles no se utilizaron porque no se integró el proyecto para el saneamiento del antiguo relleno sanitario ni la adquisición de equipo para un Centro de Manejo de Residuos Sólidos, y se programó la segunda fase de la construcción de ese centro.

Hubo un fraude con los préstamos otorgados a empleados municipales, por más de 11 millones 800 mil pesos con varios bancos. En nómina se le descontó puntualmente a los trabajadores el pago de esos préstamos, pero nunca se los reportó a las empresas: se robaron ese dinero de los trabajadores. A las tres concesionarias del servicio de recolección diaria de residuos sólidos en la ciudad les dejaron un adeudo de 60 millones de pesos, lo que derivó en un pésimo servicio de recolección de basura, algo inadmisible en un centro turístico internacional.

Se detectaron compras ficticias de material eléctrico para alumbrado público por casi 10 millones de pesos. Y la lista sigue hasta sumar casi 2 mil millones de pesos. Y por supuesto eso no incluye lo que se hizo con permisos, con el manejo policial, incluso en la época de Greg Sánchez por lo menos, con el tráfico de gente y otras actividades ilegales, incluyendo el manejo de la cárcel local, cuyos alimentos los aprovisionaba nada más y nada menos que la familia de Nicolás Mollinedo, Nico, el “jefe de logística” de López Obrador.

Y eso ocurrió en una de las ciudades más pujantes del país, nuestro principal centro turístico. Se descubrió porque finalmente hubo alternancia y la nueva administración municipal y el gobierno de Roberto Borge pudieron hurgar en las cuentas municipales. Ahora se tiene que hacer justicia porque es inadmisible tanto robo y corrupción sin que pase nada.

Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en pleno proceso electoral se pidió otro paquete de créditos por cuatro mil 950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el Congreso para su autorización. Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron mil millones, para pagó de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. Poco más de mil 347 millones de pesos provenientes de esos préstamos bancarios; lisa y llanamente no se tiene evidencia alguna de en qué se utilizaron. No hay siquiera información bancaria sobre el tema.

Hay muchísimas irregularidades más. Suman nueve mil millones de los que nadie ha dado explicación ni se ha pedido. Ahora Vallejo, un año después, pide 3 mil millones para pagar nóminas porque el estado está quebrado.
28 Septiembre 2013 04:08:41
El magnicida en el siquiátrico
El 5 de febrero de 1970, un joven llamado Carlos Castañeda, intentó acabar con la vida del presidente Gustavo Díaz Ordaz como venganza por la matanza, dos años atrás, en Tlatelolco. El atentado, obviamente, falló. Castañeda terminó siendo reducido por la seguridad presidencial. Pero el frustrado magnicida no fue puesto ante la justicia. Tampoco se divulgó la información, de la que sólo hubo, hasta el día de hoy, versiones poco documentadas. Castañeda fue enviado a un hospital siquiátrico donde pasó prácticamente 40 años de su vida, en condiciones terribles, hasta hacerle perder la razón y acabó sus días mendigando en las calles de la Ciudad de México.

Esa es la historia que cuenta un documental que se estrenará en los próximos días, llamado El paciente interno, de Alejandro Solar Luna. Es una historia fascinante, pero al mismo tiempo una demostración de cómo la justicia puede ser manipulada desde el poder hasta hacerla irreconocible, hasta convertirse en un simple objeto de venganza. Un magnicidio me parece un crimen feroz contra la sociedad, aunque la historia esté plagada de ellos. No creo que sea justificable, ni siquiera contra un personaje como Díaz Ordaz. Con todos sus defectos, con su feroz autoritarismo, incluso pese a los crímenes cometidos durante su mandato, no estábamos ante un tirano ni en medio de una dictadura unipersonal. Pero en los años 70 ese tipo de distinciones eran menos importantes: la época, el ambiente, el sentir era que no había espacios para la democracia, la libertad y que éstos se irían irremediablemente cerrando. La tentación de la violencia política, en México y en buena parte de América Latina, justificada o no, era, simplemente, una opción. Pero incluso desde esa lógica, el magnicidio planeado por Castañeda no era justificable. Sin embargo, el tema no es ese: lo notable es cómo la justicia deja de aplicarse para perpetrar durante años una simple labor de venganza y destrucción mental de un opositor, por más equivocado que éste estuviera en sus acciones.

No hubo jueces, defensores, tribunales. Hubo encierros, castigos, aislamiento en pabellones para enfermos peligrosos y todo tipo de medicinas para aniquilar la voluntad. Castañeda desapareció de la vida y así, olvidado y encerrado pasó décadas. Ese no es un sistema de justicia sino, insistimos, de venganza. Y el documental ”El Paciente Interno” lo que muestra es cómo ese sistema pudo perpetuarse e imponerse casi sin resistencia.

Desde entonces nuestro sistema político y de justicia ha cambiado mucho. Un magnicidio como el sufrido por Luis Donaldo Colosio ha tenido, con todos sus grises y pese a la tristemente célebre “investigación” de Pablo Chapa Bezanilla, un tratamiento muy distinto al frustrado intento contra Díaz Ordaz. Mario Aburto, encerrado en el penal del Altiplano ha tenido un destino muy diferente al de Carlos Castañeda. Pero el sistema de justicia sigue sin funcionar adecuadamente: son miles los que están detenidos sin contar con un proceso justo en su contra. Son miles los que pueden eludir los más terribles delitos contando con recursos y recurriendo a todo tipo de artilugios legales. Alguien puede estar preso durante décadas por una tontería, cualquier puede exhibir su impunidad frente a toda la sociedad.

El caso de Castañeda, que muestra “El Paciente Interno” es, sin embargo, uno localizado en el límite. Ni siquiera Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, tan extraordinariamente descrito en El hombre que amaba los perros de Leonardo Padura, sufrió un castigo tan brutal como Castañeda. Una aniquilación física, mental, espiritual de ese calibre. Se dice que en esos años, como ocurrió en muchas dictaduras, de izquierda o de derecha, muchos opositores fueron internados en hospitales siquiátricos y allí dejados en el olvido. Probablemente es verdad, pero recordar la historia de Castañeda, puede servir para, por lo menos, y aunque sea décadas después, sacarlos del olvido, para regresarlos a la vida, más allá de errores políticos, de acciones sin sentido, de decisiones reprochables.

Hablando de leyes

El líder de la Sección 22, Rubén Núñez se ha burlado de las autoridades. No sólo no cumplió con el acuerdo de dejar la Ciudad de México que había alcanzado hace ya más de una semana con Gobernación, sino que, ante la insistencia de que se aplique la nueva ley del Servicio Profesional Docente, el dirigente de la Coordinadora ha dicho que a ellos no se la van a aplicar, que son demasiados como para que la ley tenga efectos. Fue un reto a los gobiernos tanto federal como local. Con un antecedente a su favor: mientras el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet decía que la ley se aplicaría en forma estricta, pero pide que sean los gobiernos estatales los que lo hagan, éstos aseguran que ese es un tema del gobierno federal. Y ninguno de los dos quiere hacer aplicar la ley, dándole, hasta ahora, la razón a Núñez.
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21 Septiembre 2013 04:08:10
Tragedias, reconstrucción y corrupción
Sin duda, todo este mes ha sido el más difícil y complejo que ha vivido el presidente Peña Nieto. El conflicto magisterial, los huracanes, las inundaciones y el daño indeleble del agua en casi todo el país lo han colocado ante un mes de septiembre que, sin duda pensó, imaginó, diferente: un país inmerso en el debate de las dos grandes reformas que han sido el centro de su propia atención, la fiscal y la energética, disfrutando su primer Grito de Independencia, dedicado más a la política legislativa que a la emergencia o a movimientos que rayan con la ilegalidad. Un mes de septiembre que tendría que haber sido de consolidación de su poder, no de exhibición de carencias, de intolerancias y de la debilidad estructural que tiene nuestro país para afrontar muchos desafíos, desde los generados por la violencia hasta los causados por inéditos desastres naturales.

Paradójicamente es un momento en el que el presidente Peña Nieto, si mantiene la comunicación suficiente con la gente y con distintos sectores, si ve la tragedia y los desafíos con una mirada de más largo aliento, puede convertirla en oportunidad, viendo qué ha hecho bien o mal su gobierno hasta ahora; qué políticas públicas sirven, cuáles no y que otras no se han aplicado o no se ha hecho a tiempo; oportunidad de calificar a sus colaboradores, desde los más encumbrados hasta los que la opinión pública no tiene idea de quiénes son o qué hacen; de conocer a los gobernadores en el terreno, no en actos públicos: de saber cuál trabaja y conoce, cuál no tiene contacto con su gente, cuál está al servicio de intereses demasiado particulares. Y de escanear también lo que sucedió en el pasado: cuáles de los daños son causa de los imponderables del clima y cuáles son consecuencia de la falta de planeación, de la improvisación o de la corrupción.

En ese sentido, me imagino que pasada la tragedia, pasado el alud legislativo que se viene para las próximas semanas, evaluado lo realizado en plena emergencia, el presidente Peña tendrá que hacer ajustes, de políticas y de personal, y tendrá que propiciar esos cambios, también en ciertos ámbitos locales. Cambios de políticas comenzando por algo muy obvio: buena parte del presupuesto para infraestructura y obras que se tenía destinado para nuevos proyectos para el año próximo, se tendrá que utilizar para la reconstrucción. En los hechos prácticamente ningún estado (creo que con la excepción de Baja California) ha terminado esta semana exento de daños materiales, algunos relativamente leves, otros, como Guerrero, parte de Tamaulipas, de Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa con daños gravísimos en su infraestructura y su economía. Según el Gobernador de Guerrero, Ángel

Aguirre Rivero, sólo para reconstrucción de infraestructura su estado necesitará unos 6 mil 500 millones de pesos. Lo cierto es que la cifra terminará siendo, en el global, muy superior, sobre todo si, como debería ser, el Gobierno federal de la mano con los estatales reconstruye sin seguir los pasos de muchos de sus antecesores.

En el propio Acapulco, hoy asolado por la destrucción, después de Paulina, en 1997, se invirtieron más de dos mil millones de pesos: fueron insuficientes, pero sobre todo lo fueron porque no se realizaron las obras que se debería, no se modificó la planeación urbana, no se respetaron siquiera los usos de suelo y hoy buena parte de los daños se centran en las zonas de humedales o lagunas donde se permitió la construcción masiva de viviendas de interés social, o donde se asienta un aeropuerto que se inunda ante cada contingencia climatológica.

Un ejemplo de lo que se debe hacer ante estas contingencias lo tuvimos en Nuevo León. Más allá de la terrible destrucción que causó “Gilberto” en 88, el huracán Alex causó daños gravísimo sobre todo en Monterrey, en 2011. Daños que podrían haber sido más graves si no se hubieran construido algunas presas y otras obras en el pasado. Pero luego de “Alex” la labor de reconstrucción y prevención para afrontar este tipo de fenómenos, que Nuevo León tiene que soportar con mucha regularidad, han sido muy afortunadas, tanto que los daños provocados por “Ingrid” han sido en realidad menores y localizados. Es un mérito de la administración de Rodrigo Medina, pero también de todo un sistema que tuvo consulta popular, intervención pública (estatal y municipal) y privada combinada con una estricta supervisión externa sobre la utilización de los recursos. Sin duda en Nuevo León podrán ocurrir tragedias naturales en el futuro, pero, por lo que sabemos hasta ahora, no será por falta de previsión o por la simple y llana corrupción que está detrás de muchas de las tragedias que vivimos cotidianamente en nuestro país.
14 Septiembre 2013 04:08:11
IVA generalizado: 14 millones más de pobres
La política informativa del Gobierno federal en varios temas, pero en particular en lo relacionado a las reformas energética y fiscal, ha dejado innumerables espacios sin llenar y no han explicado, incluso, los razonamientos que están detrás de algunas de sus decisiones más controvertidas propuestas por las propias autoridades.

Una de esas decisiones es la de no aplicar el IVA generalizado a alimentos y medicinas, el tipo de impuesto al consumo que aplican prácticamente todas las economías de mercado. Y que muchos analistas, empresarios, políticos, veíamos como una medida necesaria en la reforma fiscal. Ayer me encontré con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y ella me proporcionó la explicación que nadie en el equipo económico o de comunicación del Gobierno federal había proporcionado sobre el tema.

¿Por qué el presidente Peña decidió no generalizar el IVA? La decisión, dice Rosario, fue a partir de información dura, no de razonamientos de otro tipo. Más allá del ambiente político muy tenso, de la economía decaída, de los conflictos partidarios que se podrían presentar, los estudios realizados por la Sedesol junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le mostraron al presidente Peña que el IVA generalizado aumentaría la recaudación en 3.75 puntos del PIB, pero que también haría pasar en forma automática al nivel de pobreza alimentaria a 14 millones y medio de personas. Quienes viven en pobreza alimentaria pasarían de ser 19.7% de la población a 32.1 por ciento. Si se hubiera gravado con 2%, como se dijo, el IVA en alimentos y medicinas habría recaudado un punto del PIB con esa medida, pero se dejaría a 4 millones de personas más en la pobreza alimentaria. Se consideró que el costo social era inaceptable.

Se estudió entonces la posibilidad de mantener una canasta exenta e incluso la posibilidad de transferirle vía bonos, tarjetas, recursos directos el dinero que perdieran con el IVA a las familias damnificadas (a esas 14.5 millones de personas que pasarían a la pobreza alimentaria, en total serían 37 millones 600 mil, 32% de la población), pero resultó que el recurso necesario para esa operación sería equivalente a prácticamente todo lo que se recaudara extra por concepto IVA, con un costo social y político mucho mayor. Por eso no se generalizó el IVA.

Se podrá estar o no de acuerdo con esas razones, pero no es en absoluto un argumento despreciable. No creo que el país pudiera solventar ni social ni políticamente el ingreso masivo de más de 14 millones de personas más a la pobreza alimentaria. Eso no justifica propuestas erróneas como el IVA a colegiaturas, hipotecas o rentas, pero proporciona un cuadro donde las demás fichas pueden colocarse con racionalidad. Rosario mostró, explicó lo que en otros ámbitos simplemente se ignoró.

Pero esa decisión del IVA permite explicar lo que es el corazón de la propuesta y que no ha tenido demasiada atención pública: el déficit equivalente a 1.5 del PIB. Si con la miscelánea fiscal se recaudarán 302 mil millones de pesos extras, con el endeudamiento público se accederá a 226 mil millones de pesos. Se necesitan para cumplir con los programas gubernamentales un incremento presupuestal de 3.5 puntos del PIB o sea 528 mil millones extras que saldrán de esa fórmula.

Ahora bien: ¿es sano endeudarse? ¿Implica regresar a los viejos tiempos de deudas externas incosteables que llevaron a la economía del país a la ruina? Como está planteado no tendría que tener consecuencias graves ni dañinas, al contrario. Todas las economías con un cierto nivel de desarrollo, desde las medianas hasta las grandes tienen un margen de déficit para impulsar el desarrollo en una época de poco crecimiento. Pero el endeudamiento debe ser manejable, transparente, claro y esos recursos deben utilizarse indefectiblemente en infraestructura, obra, financiamiento rentable, educación, salud, no puede ir ni al gasto corriente ni mucho menos a la corrupción, al despilfarro político. Hemos tenido muy malas experiencias en los últimos tiempos con estados que se han endeudado a niveles imposibles de solventar por sus propias economías. El gobierno federal no puede hacer lo mismo. Pero controlados y transparentados esos factores, un grado sensato de endeudamiento no es malo ni para una familia ni para un gobierno. Una deuda insostenible lleva a ambos a la quiebra. Se necesita control, transparencia e información sobre su manejo y objetivos claros para la utilización de esos recursos.
10 Septiembre 2013 03:50:32
Impuestos o ¿pago para que me peguen?
Al momento de escribir estas líneas no se ha presentado aún el paquete económico y fiscal del Gobierno federal, que continuaba cabildeándose con partidos y sectores empresariales. De lo que no cabe duda es que el mismo incluirá aumentos en el ISR de personas físicas y morales, que desaparecería el IETU, que habría cambios en la consolidación y que se podría aplicar un IVA generalizado que dejaría exentas una canasta básica de alimentos y las medicinas para atender males crónicos.

La consigna que ya ha dado a conocer el Gobierno federal es que pagarán más los que más tienen, misma que en el papel y en los discursos suena muy bien, pero que también puede ser interpretada como que se seguirá presionando fiscalmente al causante cautivo sin hacer los correspondientes esfuerzos por incorporar a la formalidad a la mitad de la fuerza de trabajo en el país, y a cerca de una tercera parte de toda la economía, que trabaja en la informalidad.

Hay capítulos que son esenciales: Uno de ellos es el IVA. No es popular; el propio PRI tenía prohibido hasta hace poco incluirlo en sus propuestas, pero es una medida imprescindible, pendiente desde hace ya muchos años, para poder ingresar recursos que de otra forma se pierden. Todos consumen y el que más consume más paga. Es un impuesto directo, que se aplica y recauda con facilidad y que permite tener un control fiscal muy eficiente. En todos los países la tendencia es utilizar el IVA como un instrumento clave de la recaudación. La existencia de una canasta básica de alimentos y medicinas exenta podría disminuir parte de sus deficiencias, para evitar una sobrecarga fiscal en el consumo en quienes menos tienen.

No todas las economías están aumentando el ISR. Algunos consideran que es más positivo en ocasiones reducirlo para fomentar el consumo, mientras éste es el que se grava en mayor medida. En nuestro caso, en un país con tantas desigualdades y una concentración del ingreso tan desequilibrada, pareciera necesario, sobre todo políticamente, imponer esa medida. Ahora bien, para que tenga sentido, no debería ser sólo un costo a pagar por las personas físicas o las pequeñas y medianas empresas mientras las muy grandes, están protegidas por distintos mecanismos fiscales. Habrá que ver en ese ámbito qué cambios se proponen.

De todas formas la pregunta es qué dará el Estado a cambio del indudable aumento masivo de impuestos que tendremos a partir de 2014. Porque lo que ahora sucede es que buena parte de esos recursos se van al gasto corriente, o sea a sueldos y prestaciones. Y el hecho es que el país necesita infraestructura, no sólo la de los grandes proyectos: La infraestructura que utilizamos cotidianamente en las grandes ciudades está en el límite de la catástrofe. Hablamos de los maestros como si allí residiera todo el problema de la educación y nos olvidamos que la infraestructura educativa del país es un desastre. Sabemos y qué bueno que así sea, que se está proponiendo un sistema de seguro único de salud para todos los mexicanos, pero lo cierto es que sin mayor y mucha más sensata distribución de la infraestructura médica y hospitalaria estará vigente el seguro pero no la capacidad de hacerlo valer. Y tendríamos que saber que sin estímulos a la inversión, la producción y el consumo privados ninguna economía funciona.

Los impuestos, sobre todo cuando se vuelven una carga pesada para la población, deben servir para que la gente tenga mejor y más accesible educación, mejor sistema de salud, mejor transporte. Si la gente además de pagar más impuestos debe pagar directa o indirectamente por recibir educación para sus hijos, debe tener sistemas de salud privados porque no tiene forma de que la atiendan con eficiencia y prontitud en el sistema público y cuando gasta horas y tiempo en un transporte que en ocasiones ni siquiera existe, no tiene estímulo alguno para pagar impuestos. Y eso en parte explica la enorme franja de nuestra economía que vive y trabaja en la informalidad.

Y allí está el desafío: Primero en incorporar a la formalidad a todo ese sector, y segundo, en hacerlo a partir de estímulos positivos. Nuestro sistema tiene innumerables mecanismos de presión y sanción para quien no cumple con sus obligaciones fiscales, no tiene por el contrario ningún beneficio para quien sí lo hace. Vamos, no contamos ni con un mecanismo flexible y sencillo para pagar impuestos. Para muchos a la carga fiscal se debe sumar, indefectiblemente, el costo del apoyo administrativo para hacerlo, incluyendo a los más modestos trabajadores que cobran por servicios profesionales. Está muy bien y es lógico que así sea, que el Estado busque mayores fortalezas para cumplir con sus compromisos, pero esa visión realista de las cosas se debe complementar con otro compromiso, el que se debe establecer con sus contribuyentes para darle algo a cambio de su aporte cotidiano.
07 Septiembre 2013 04:09:08
Más de los maestros secuestradores
Recibí un correo de la diputada federal María del Rosario Merlín García. La diputada por el PRD en Guerrero es una activa integrante de los grupos de la Coordinadora y se le conoce como militante de organizaciones relacionadas con luchas por la tierra en ese estado. Por ello, Merlín García estuvo presa en la cárcel de las Cruces durante 11 meses, acusada de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Fue absuelta en 2005.

La diputada se refiere al caso de los maestros secuestradores de los niños Álvarez Benfield de los que hemos hablado con amplitud en éste y otros espacios. Y en particular al de uno de los detenidos, David Vargas Araujo, asesor de la propia diputada. Dice Merlín García: “Con respecto a David Vargas Araujo, quien es mi asesor general y asesor “B” de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, es un “chivo expiatorio” del Gobierno federal. Cuando usted afirma que ‘Vargas Araujo en su declaración aceptó ser asesor de la diputada Rosario Merlín; reconoce haber organizado el secuestro de los niños junto con Luis Gutiérrez Saldívar (en realidad Leonel Manzano Sosa)’, cabe precisar que dichas declaraciones le fueron arrancadas a mi asesor a base de torturas y amenazas. Públicamente, agrega la diputada Merlín García, avalo la integridad y honorabilidad de mi asesor general David Vargas Araujo, a quien conozco y viene trabajando conmigo desde hace más de 13 años. Rechazo que el Gobierno federal vuelva al expediente de la tortura, la invención de testimonios y la fabricación de testigos para que la gente se declare culpable”.

Hasta ahí el texto de la diputada. No dudo que puede haber casos de tortura. En el caso de los detenidos por el secuestro de los niños Álvarez Benfield, los jueces avalaron que no fueron torturados. Pero la participación en el secuestro de David Vargas Araujo sí está avalada por muchos otros datos.

El asesor de la diputada Merlín García fue detenido en la ciudad de Oaxaca el 17 de mayo mientras participaba en una reunión con otros miembros de la Sección 22 y de una organización llamada Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca, porque hasta esa reunión llevó la Policía Federal el seguimiento, autorizado por el MP, de los teléfonos que se estaban utilizando para obtener el rescate por el secuestro de los niños. Los detenidos, entre los que se encontraba Vargas Araujo, son los que llevaron a la PF hasta el lugar donde estaban secuestrados los niños y donde fueron detenidos sus custodios.

En el expediente del caso se puede leer que Lauro Atilano Grijalva Villalobos refiere ser director de una escuela en el Istmo de Tehuantepec, ser miembro de la Sección 22 y que el día de los hechos se reunió con Mario Olivera Osorio, que trabaja en el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, quien le presentó a Juvenal Nedani Pineda (que también está identificado como Damián Gallardo Martínez) y a David Vargas Araujo, miembros de la Organización Nacional Campesina Socialista, quienes le darían dinero para la campaña electoral de otra de las detenidas, Sara Altamirano Ramos. El propio David Vargas Araujo acepta que se reunió con esas mismas personas. Pero también reconoce que participó en el secuestro y ubica como sus cómplices a Juvenal Nedani Pineda y/o Damián Gallardo Martínez, Luis Gutiérrez Saldívar, Alberto Sandoval Rodríguez, Alejandra Chávez Chávez, Faustino Diego, José Ambrosio Martínez y Alejandro Sandoval Martínez, además de que se reconoce a Enrique Guerrero Aviña y/o Mario Alberto Gutiérrez Torres alias “El Chebo” como partícipes de otro secuestro en Otumba, Estado de México.

Otro de los detenidos, Luis Gutiérrez Saldívar aceptó tener relación, de tiempo atrás, con otros implicados y con Vargas Araujo. Y dice que fue con ellos con quienes organizó el secuestro. Otro detenido, el ya citado Juvenal Nedani Pineda (o Damián Gallardo Martínez), un activista indígena mixe, miembro del FACMEO, aceptó su participación en el secuestro, dijo que conocía a los coacusados a través de su esposa, maestra de la Sección 22 y también acepta que él, Vargas Araujo y Luis Gutiérrez Saldívar organizaron el secuestro.

Uno de los teléfonos intervenidos y localizados que permitieron llegar a los niños secuestrados lo portaba Martín Colmenares Méndez, quien al ser detenido dijo que fungió como negociador a petición de Vargas Araujo, quien fue el que le entregó ese equipo celular. Y también los peritajes de voces realizados corroboraron que la voz de Vargas Araujo es coincidente con la grabada en la negociación de otro secuestro, el del gallero Calixto Bravo Martínez, efectuado el 29 de septiembre de 2012.

Por todas estas pruebas, el 28 de mayo pasado el juez sexto de distrito en el estado de Jalisco ordenó auto de formal prisión contra Vargas Araujo y los otros coacusados por delincuencia organizada y delito flagrante de secuestro.

La diputada Merlín García fue engañada por su asesor, no conoce los hechos o simplemente los quiere ocultar.

31 Agosto 2013 03:00:46
Nueve meses y una ventana de oportunidad
Un embarazo dura nueve meses, pero al día siguiente, después del parto, todo cambia, se transforma, y esos nueves meses quedan atrás, casi en la anécdota, en las fotos. Hay que comenzar a vivir.

A nueve meses de haber iniciado su administración, con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto tendrá que hacer un corte de caja de su gobierno, tendrá que comenzar a hacer vivir a su equipo, y lo tendrá que hacer en un momento en el cual está bajo una enorme presión: la de los maestros de la Coordinadora para echar para atrás la reforma educativa (y de paso calar al propio Presidente y su gobierno); la de la necesidad de cumplir con su plan reformista para generar expectativas en la sociedad y en los inversionistas, en un momento en el cual los números económicos han sido francamente malos; la de dar resultados en la seguridad cotidiana de la población, que más allá de los éxitos en el golpe al crimen organizado sigue sufriendo secuestros y extorsiones; con la presión de los partidos políticos por permanecer o no en el Pacto y la demanda de una reforma política que podría ir más allá de sus propios deseos.

Y la presión adicional de gobernar un país donde faltan infraestructura y empleos, y sobran pobres y abunda la marginalidad.

La administración de Peña ha tenido en estos nueve meses éxitos y fracasos. Los éxitos más notables se los ha anotado en el propio diseño de su forma de gobernar: logró presentar una agenda reformista con el acuerdo de los partidos, vía el Pacto que fue un acierto.

En ese contexto se dieron reformas como la educativa y la de telecomunicaciones (que ahora tienen que concluirse con las leyes reglamentarias y la designación de consejeros del IFT y CFCE).

Pese a la enorme tensión que se ha vivido en estos días por las actividades de la Coordinadora, lo cierto es que el ambiente político y social se ha distendido y eso ha hecho más sencilla la búsqueda de acuerdos y el manejo de los disensos.

Ese ambiente se palpa sobre todo en la relación del Gobierno federal con los gobernadores y los partidos.

También el funcionamiento de sus equipos, la coordinación interna, sobre todo en el área de seguridad, ha tenido un reconocimiento generalizado. Haber reincorporado las áreas de seguridad a Gobernación ha sido un paso importante en ese sentido.

Eso ha permitido dar golpes certeros contra distintos capos. Pero ahora en términos de seguridad se requiere avanzar en lo que, con razón, el propio presidente Peña señalaba como lo más preocupante al inicio de su mandato: la seguridad cotidiana de la gente, sobre todo la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Hay carencias, sin embargo, en el propio funcionamiento del equipo gubernamental. Salvo unas pocas figuras (Osorio, Videgaray, Nuño, Mondragón, Robles, el general Cienfuegos, el almirante Soberón), una buena parte del gabinete no aparece.

La ausencia, por la razón que sea, de Emilio Chuayffet en el conflicto magisterial es muy significativa y así está buena parte del gabinete. Hay secretarios cuya operación sencillamente no se percibe.

El propio presidente Peña ha estado en multitud de actos y eventos pero, hasta ahora, prácticamente no ha dado entrevista y no sería nada malo percibir a un Presidente actuando más en corto en esos ámbitos.

La economía no ha tenido buenos resultados. Todos los números están por debajo del año pasado. Es verdad que el entorno no ha ayudado, pero según los empresarios hubo retrasos en el ejercicio presupuestal que influyeron en esa caída del PIB, con todas sus consecuencias paralelas.

También ha habido, en ese sentido, una enorme apuesta política y de expectativas en la aprobación de las reformas estructurales que ciertamente pueden revitalizar la economía (hay quienes dicen, con razón, que los resultados de esas reformas se verán en el mediano o largo plazos, pero también es verdad que aprobadas éstas, la confianza y las expectativas económicas se modifican). Es mucho lo que está en juego en ese sentido.

La distancia entre el sentimiento de la población y sus expectativas es clara en las encuestas.

Según la última encuesta nacional en vivienda de Parametría, levantada antes del movimiento de la CNTE, 49% de las personas creían que en los últimos 12 meses su situación económica personal había empeorado, pero casi ese mismo porcentaje, 45%, confiaba en que su situación personal mejorará en los 12 meses siguientes.

Cuando se pregunta sobre la situación económica del país, 54% cree que ha empeorado en el último año, pero 41% cree que mejorará en el año próximo. Ese es el margen de expectativas reales hacia la administración de Peña Nieto para el futuro inmediato.

Es la ventana de oportunidad que no puede perder en la etapa que se abre a partir de su informe.


24 Agosto 2013 04:08:51
Prudenciarse o rajarse, esa es la cuestión
En este espacio dijimos muchas veces que el verdadero adversario de la reforma educativa no era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino la Coordinadora, una organización cuya agenda no tiene nada que ver, desde hace ya mucho tiempo, con la educación sino con una política radical combinada con la utilización de recursos y posiciones laborales en la búsqueda de imponerla. Con todas sus cosas, sus insuficiencias, aciertos y errores, los maestros del SNTE, que son 10 veces más que los agremiados a la Coordinadora, trabajan, están día con día en las aulas y están dispuestos a una reforma que mejore la calidad de la educación y preserve sus derechos laborales, incluyendo el de estar en condiciones de mejorar su propia formación para así obtener mejores condiciones de vida. Los que argumentaban que el único obstáculo a la reforma educativa era el SNTE hoy están azorados por la actitud de la Coordinadora. No tendrían porqué estarlo si hubieran visto con mayor profundidad el escenario político real.

Pero los que son políticamente premiados son los de la Coordinadora. Ayer volvieron a bloquear la sede del Senado, las principales avenidas, volvieron a ejercer su “derecho” a manifestarse con lujo de violencia, agrediendo desde transeúntes hasta restaurantes y hoteles. Es lo mismo que vimos ya en Oaxaca, en Chilpancingo, en Morelia. Y siguen actuando con toda impunidad. Son muchos los responsables de esta situación: lo son, en primerísimo lugar, los líderes de la CNTE que son percibidos por la gente como lo que son: vándalos que denigran su supuesta, porque muchos no lo son, condición de maestros, pero que resultan intocables para las autoridades que pudieron meter en la cárcel a Gordillo pero ni a uno sólo de estos personajes. Lo son también los gobiernos, que han dejado crecer un monstruo que ahora los devora sin que siquiera puedan meter las manos para impulsar su propia agenda. Y los partidos, que pueden echarse para atrás, como hizo el PRI porque, diría el diputado Heriberto Galindo, “se prudenció” (que traducido al español quiere decir “se rajó”) ante el conflicto, como también el PRD y sus aliados que festinaron la reforma educativa como su gran éxito para después descubrir, con la presión de la Coordinadora, que no era lo que querían. No hablemos del PT, que fue cómplice del ingreso y el saqueo de los maestros al Palacio Legislativo de San Lázaro.

El Gobierno federal, aquí también lo dijimos hace meses, subestimó a la Coordinadora. Pensó que haciendo detener a Elba Esther tendría en sus manos el beneplácito de quienes habían sido por años sus adversarios. Por supuesto que no fue así, y la Coordinadora fue por todo el paquete: la regresión educativa y si hubieran podido el control del sindicato. Los bloqueos, el vandalismo, las agresiones que se han vivido en estos días eran todas acciones previsibles: es lo que han hecho durante años, con total impunidad y esa misma impunidad hace que actúen cada vez con mayor prepotencia y violencia. Es entendible que sea así: hasta ahora sólo han tenido beneficios y no sufren ningún costo. Con todo lo que ha ocurrido en estos días ni uno solo de sus integrantes ha sido procesado, ni uno detenido.

Nadie en el Gobierno federal ha salido a dar una explicación. El presidente Peña que apenas el lunes había dicho que no habría marcha atrás en las reformas no ha vuelto a hablar sobre el tema. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, parece estar desaparecido, nada sabemos de esa dependencia. Días atrás había dicho que si las leyes secundarias no estaban aprobadas para el 26 de agosto no se podría implementar la reforma: lo más importante de ella ha quedado congelado y no pasó nada. En Gobernación, lo que sabemos es que se reunieron con los integrantes del Pacto y que allí, a pedido del PRD, se aceptó generosamente echar para atrás la ley del servicio profesional docente (sin ninguna repercusión, por cierto, entre los manifestantes, que siguieron con las agresiones y bloqueos) y sin ningún compromiso de ese partido en contrapartida. O sea que les regalaron la reforma a cambio de nada. Y de ese acuerdo se hicieron eco en el congreso también sin contraprestación alguna, ni del PRD y sus aliados y mucho menos de la CNTE.

Así no se puede llegar a la votación de la reforma energética o la fiscal, en la que, por cierto, ya cambiaron los planes: en lugar de tratar de sacar la reforma energética en septiembre, como se había dicho, ya decidieron abrir, una vez más, foros de discusión (como si hiciera falta algún diagnóstico más al respecto) y ver si la aprueban por allá de noviembre. El gobierno y el PRI, se “prudenciaron”. Habrá que ver si ese verbo de reciente creación no se terminara conjugando igual que renunciar, declinar, desistir, abandonar o dejar.
17 Agosto 2013 04:08:23
¿Hasta dónde quiere negociar el PAN?
El miércoles comienza el nuevo periodo extraordinario del Congreso, que tendrá como punto protagónico las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa, mismas que darán, por una parte, un perfil mucho más definido al cambio en el sector y también reglas claras en el terreno de la evaluación de los docentes. La oposición de la Coordinadora en la calle no es más que la preparación de esos grupos para las movilizaciones que plantean en torno a la reforma energética que comenzará a discutirse el 1 de septiembre próximo.

Pero al mismo tiempo, en siete diferentes mesas del Pacto por México se está analizando la reforma política. Llamó profundamente la atención que el senador perredista Miguel Barbosa, que presentó una propuesta de reforma política junto con Ernesto Cordero hace ya algunos meses, declarara que sería mezquino, como propone el PAN, exigir que hubiera reforma política previo a la energética: atar una reforma a la otra. No porque esté equivocado, sino porque hasta ahora esa es la posición que asumió con mucha más fuerza el PAN pero que había tenido también el PRD. El cambio de actitud, muy probablemente, tiene otro origen: el perredismo ya ha decidido ir en contra de la reforma energética y el que no quiere atarse a ese compromiso es el propio PRD.

Por lo tanto, el balón está en el campo del PAN, tanto en la reforma política como en la energética. Y habrá que ver, entonces, hasta dónde está dispuesto a negociar. Se dice en los medios políticos que pasado este periodo extraordinario que comienza el 21, si hay acuerdos, el miércoles 28 podría iniciar otro extraordinario que sacara adelante la reforma política, por lo menos una parte sustantiva de la misma. Puede ser y sería una muy buena señal de cara a todo lo que viene.

El punto es qué reforma política. Hay, en todo lo que se ha presentado hasta ahora, tres puntos muy difíciles de aceptar por el PRI y el Gobierno. Uno es la creación del Instituto Nacional de Elecciones; otro, la segunda vuelta electoral, y el tercero es la reelección de legisladores y presidentes municipales. Hay razones válidas y otras absolutamente políticas por las cuales el PRI tiene resistencia en esos tres temas. No sé si es una buena idea contar con un Instituto Nacional Electoral que se haga cargo de todas las elecciones del país: sería un organismo enorme y con un tremendo margen de poder. Tendría en su favor, evidentemente, que todos los procesos estarían normados por el mismo instituto y las mismas leyes, pero se envolvería al mismo en miles de elecciones locales que podrían desvirtuar su accionar. Una vía intermedia podría ser homologar leyes, procedimientos, forma de elección de consejeros electorales en los estados y avanzar en un proceso hacia una coordinación federal mucho más eficiente que la actual y que le otorgue menor margen de discrecionalidad a los gobiernos locales.

La reelección es un tabú en el priismo, pero un tabú que debería ser superado. No hay razones de peso que justifiquen la no reelección (aunque sea acotada, por uno o dos periodos) de legisladores y presidentes municipales. Es verdad que ello podría limitar, también, el poder de los gobernadores, pero eso no le haría mal a los estados y permitiría mayores y mejores equilibrios de poder. Si hay sensatez, es un punto que tendría que transitar sin problemas.

La segunda vuelta es el más complejo. El PRI no quiere la segunda vuelta porque, basados en los experimentos que han hecho el PAN y el PRD en muchas elecciones locales, creen que la segunda vuelta sería un mecanismo creado exclusivamente para quitarlos del poder. El hecho es que el país, lo demuestran prácticamente todas las elecciones, está dividido en un bloque priista que tiene el mismo porcentaje electoral, o un poco menos, que sus opositores. La segunda vuelta, por otra parte, tiene la ventaja de darle un poco, tampoco demasiado, de mayor legitimidad al vencedor. Llevar la segunda vuelta a todos los puestos de elección popular sería inviable en términos políticos, pero quizás el tema se podría hacer más transitable si se reduce el porcentaje para ir a una segunda vuelta si el ganador no obtiene, por lo menos en la presidencial, 40% o 45% de los votos, como ocurre en algunos países, en lugar de exigir 50 por ciento. Será, con todo, el punto menos negociable de la reforma política.

No creo que sea necesario atar la reforma política a la energética: ambas deben tener su tiempo, su aliento y su proceso de negociación. Pero ya que el gobierno y los partidos han comenzado ese camino, lo deseable sería que la política estuviera resuelta, aunque sea en parte, antes del periodo ordinario del 1 de septiembre para abrirle camino a la energética y, posteriormente a la reforma fiscal.
10 Agosto 2013 04:06:29
Margarita o Josefina: el futuro del PAN
Entre los aprestos para las reformas pendientes en los ámbitos energético y político, entre las negociaciones para el próximo periodo extraordinario y en medio de algunos rumores poco sustentados de cambios, en el PAN se anunció que mañana se reanudará la asamblea partidaria que fue suspendida, en medio ya de su crisis interna entre distintas corrientes, hace algunos meses.

La noticia, en realidad, no tendría mayores repercusiones sino fuera porque en esa asamblea se terminará de aprobar que la elección de los órganos nacionales del PAN se realizará por voto directo y secreto de sus militantes. Y esa decisión, de confirmarse este fin de semana, cambiará todo el escenario interno del panismo. Si se eligiera el próximo liderazgo panista como hasta ahora, en convención partidaria, cualquiera de los que ahora aparecen podría aspirar a esa posición y eso acentuaría la lucha de las diferentes “tribus” blanquiazules. Pero si la elección es abierta, esa decisión quedará en las manos de dos mujeres: Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota.

La esposa del ex presidente Calderón (una mujer con carrera e imagen propia) y la ex candidata presidencial (que se sintió, y probablemente fue, traicionada, por grupos de poder del partido en la pasada campaña) son las mejores cartas que tiene Acción Nacional en el ámbito nacional, las dos que tienen mejores índices de simpatías internas y externas y las únicas dos que, en el corto y mediano plazo, pueden refrendar un liderazgo que ese partido ha perdido. Nadie puede saber hoy si Margarita y Josefina disputarán la presidencia partidaria: para las dos implica sacrificios políticos e incluso familiares (probablemente más para Margarita), implica costos pero también oportunidades.

No es una decisión menor pero tampoco exclusivamente personal. Ambas responden a distintos grupos, a distintas tendencias de su partido pero las dos tienen posibilidades de cohesionar a un partido que debe transitar inevitablemente, en el contexto de la derrota después de 12 años en el poder, hacia su reconfiguración. Ni Margarita será una simple pieza del calderonismo ni Josefina irá por ajustes de cuentas con el pasado. Las dos son demasiado inteligentes como para querer jugar el futuro personal y partidario mirando sólo hacia el pasado.

No soy de los que cree, aquí hemos insistido en muchas oportunidades al respecto, en que la crisis blanquiazul, permeada por algunos sucesos vergonzosos en los últimos meses, sea inevitable. Tampoco lo creía hace 12 años cuando el PRI comenzó a recorrer, después de 70 años en el poder, el escabroso camino de la oposición. Para Acción Nacional vienen, después de unos resultados electorales que, para la coyuntura que se vivía no estuvieron tan mal, muchas oportunidades: las más importante son las reformas pendientes, tanto en el ámbito energético y fiscal (sin duda las más importantes), como en el político-electoral, en el de la transparencia o en el financiamiento de estados y municipios, entre otros. Pero también en el terreno de la presencia política si logra apaciguar los ánimos y ambiciones internas y procesar estas propuestas con sensatez y sin caer en oportunismos.

Pero también puede cambiar su imagen. Con todo respeto a todos los involucrados, no sería lo mismo una lucha interna por la presidencia del partido en la que se enfrentaran (no estoy seguro que ambas quieran llegar al extremo de confrontarse directamente) Margarita y Josefina, que una lucha entre Madero y Cordero. Incluso el escenario cambiaría con que una sola de ellas se presentara a esa elección. Y sería muy torpe el panismo si no aprovecha esa oportunidad.

Con un elemento externo adicional. El PRD comenzará a vivir en estas semanas procesos similares a los que vivió el PAN en el pasado reciente. Si las reformas pueden ser un factor de cohesión en el blanquiazul, tendrán una presión centrífuga en la izquierda, que se sumará a la lucha por la renovación de la dirigencia y a las presiones de Morena para quedarse con una parte, diferenciándose de todos, de esa corriente. La dirigencia perredista, después de tantos años de una política del no, deberá necesariamente pagar costos internos de corto y mediano plazo por buscar una vía más propositiva e inteligente. Si lo hace, la buena noticia es que recuperará su inversión en el futuro.

Decía Voltaire que “suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan”. Si los partidos, como las personas, no están preparadas para reconocer y aprovechar las oportunidades que se les presentan, no se pueden quejar después de que la suerte los ha abandonado. Por lo pronto, esa oportunidad en el PAN parece tener cara de mujer: Margarita y Josefina.
16 Julio 2013 03:00:22
Las reformas como rehén de la política
Los presidentes nacionales del PRD y del PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero respectivamente, han puesto cinco condiciones para continuar en el Pacto por México. Cinco condiciones que, en realidad, son sólo una: que la reforma política se ponga a debate antes que las reformas energética y fiscal.

Los cinco puntos propuestos no son demasiado novedosos: investigación de las presuntas irregularidades en los recientes procesos electorales (lo cual, en términos estrictos es una tarea de los tribunales electorales locales y en todo caso de la FEPADE, con base en las denuncias que realicen los propios partidos); sacar adelante las leyes secundarias en educación, telecomunicaciones y competencia económica (que es una tarea del congreso, o sea de los partidos, y de los integrantes del propio Pacto que se supone que están en eso desde por lo menos abril); la reforma electoral, sin duda importante pero que nadie sabe porqué tendría que ser tan urgente, y de la mano con ella la reforma política del Distrito Federal, que es otro tema de agenda que no tendría porqué ser de obvia urgencia; y al final las reformas energética y fiscal.

No se puede estar en contra de ninguno de los puntos planteados por los presidentes del PRD y del PAN, al contrario: todos son lógicos y tienen fundamentos. Lo que no tiene sentido es condicionar a la discusión de esos temas las dos principales reformas que están pendientes en el país desde hace por lo menos 18 años. Y están pendientes por falta de voluntad de los partidos que, en los tres sexenios transcurridos, han condicionado, como ahora, esas reformas a cambios electorales y políticos.

Así le ocurrió al presidente Zedillo al que, en plena crisis financiera, le cobraron el aumento del IVA con una notable reforma política, la aprobada en 1996, que iría de la mano con una reforma energética y fiscal que nunca se pudo sacar adelante. A Vicente Fox también se le prometió una reforma fiscal y energética y no pasó ninguna de ellas, incluso, pese a que existía un compromiso en firme, la fiscal propició el rompimiento interno en el PRI entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo (por cierto muchos de quienes operaron ese rechazo en el 2005 están hoy en el poder impulsando esas mismas reformas). Y algo similar le ocurrió a Felipe Calderón: la reforma del 2007, se aprobó con casi todos los puntos que planteaban el PRI y sobre todo el PRD, con el compromiso de que se discutieran la hacendaria y la energética. Se discutieron pero no se aprobó, en ninguna de las dos, nada realmente de fondo. Y así estamos ahora, 18 años después.

El problema no es la reforma política en sí misma, es que no se puede condicionar la discusión y aprobación de reformas estratégicas para el país a acuerdos entre partidos que son del interés de éstos, pero que no tienen repercusión directa en la calidad de vida de la gente. Por supuesto que es imprescindible que tengamos elecciones limpias, pero la verdad es que la guerra sucia que vivimos en los pasados procesos son responsabilidad directa de los partidos y los candidatos, estén o no en el gobierno, más que de las leyes. Estas pueden perfeccionarse pero colocar cada día mayores controles en las elecciones no solucionará los problemas, en algunos casos los agrava, si no hay voluntad política para realizar las campañas de otra forma (está muy bien denunciar los abusos o errores que haya cometido un aspirante a un puesto de elección popular, pero ¿qué sucede cuando se lo difama?: nada y esa es un arma cada día más usada por todos los partidos). O si no se termina con la costumbre de proclamar triunfos que no se tienen y desconocer los resultados cuando no lo favorecen al partido en cuestión. Ahí está el corazón del verdadero problema.

Hay puntos adicionales que podrían hacer aún más prolongado el debate: ¿qué reforma se discutirá?¿la propuesta por Manlio Fabio Beltrones desde el sexenio pasado?¿la impulsada por el Pacto por México?¿la que dieron a conocer Ernesto Cordero y Miguel Barbosa en el Senado, para contraponerla (o complementar) la del Pacto. Está muy bien que haya muchas propuestas, pero ¿realmente se puede sacar esa reforma en un periodo extraordinario en las próximas semanas?

Todo eso, sin duda, es solucionable, aunque en muchas ocasiones sea parte, sencillamente, de la idiosincracia de los partidos en la búsqueda de espacios de poder. Pero tener como rehén las reformas que la gente y el país realmente necesitan para mejorar su calidad de vida, no puede ser una salida lógica en un sistema político que se supone vela por los intereses nacionales y populares.

10 Julio 2013 04:06:15
Un país dividido en dos, plural y local
Los partidos no han terminado de leer aún los resultados completos de las elecciones 8una lectura en la cual lo que termine sucediendo en Baja California será determinante, sobre todo para el PAN) pero en los hechos ya están preparándose para lo que viene: para el proceso legislativo que comenzará en septiembre y que tendrá que dar como resultado las reformas energética y fiscal, si se hacen buenos los pronósticos de la propia administración Peña Nieto.

La elección tuvo poco que ver en este sentido. Como ya hemos dicho, estos comicios no fueron ni plebiscitarios sobre la gestión del presidente Peña Nieto ni tampoco las divisiones internas en el PRD y el PAN (la separación de Morena en unos, la fragmentación entre maderistas y corderistas en los otros) fueron determinantes en el voto. Pero todos necesitaban saber cómo quedaban sus equilibrios internos y externos. En última instancia no descubrieron nada nuevo: el país, electoralmente, sigue teniendo una fuerza mayoritaria que es el PRI; el PAN, como partido, sigue siendo la segunda fuerza, mientras que el PRD tendrá que profundizar mucho más para saber cuál es su real situación. No está urgido de tiempo, ya que por lo pronto, la fórmula PAN-PRD, en el terreno electoral, parece estar vigente, darle buenos réditos a ambos partidos y escenifica, mejor que nada, el verdadero escenario político: la mitad del país es priista, la otra mitad la comparten las oposiciones de centro derecha y centro izquierda juntas, a pesar de todas sus diferencias.

La paradoja que se presenta en todo esto es que en el terreno legislativo, esa alianza quién sabe si funcionará: tanto en lo hacendario como en lo energético, difícilmente la oposición tendrá una posición común en el congreso. En todo caso, es mucho más probable que el PRI y el PAN vayan en un frente común, aunque en ese sentido también el PRD o su dirigencia tendrán que hacer lo posible por subirse a ese tren. Lo que menos le conviene al PRD es volver a mostrarse, como lo ha hecho muchas veces en el pasado, aislado, solo. Esa será la presión a la que lo someterá el lopezobradorismo y la oposición interna a los Chuchos, pero estas elecciones, aunque se pueda decir que la gente de Zambrano está haciendo números alegres con los resultados (en realidad el perredismo como tal ganó muy poco y sus triunfos devienen de la alianza con el PAN), lo cierto es que si hubieran ido solos, si no hubieran operado inteligentemente, como lo hicieron, hoy en lugar de especular sobre cuánto de los triunfos opositores son del PRD, estaríamos ante un derrota indudable.

Eso coloca al PRD en la lucha política y le abre mayores perspectivas en las negociaciones que vienen. Su labor, su desafío será tener las propuestas como para intervenir en los mismos. Se esté de acuerdo con ellas o no, lo cierto es que toda esa corriente está haciendo un esfuerzo por no llegar a las negociaciones con las manos vacías, con algo más que meras propuestas publicitarias.

Pese a todo, los partidos parecen tomarse su tiempo. El periodo extraordinario de julio ya será exclusivamente de los diputados, para sacar adelante, entre otros temas que les quedaron pendientes, la designación del consejero electoral faltante, además de capítulos estratégicos como el relacionado con el código único de procedimientos penales. Pero ya no habrá en julio extraordinario en el senado, y está en duda que se vaya a dar en agosto, porque ya estarán demasiado cercanos los tiempos con el periodo ordinario, que comienza el primero de septiembre.

¿Están dispuestos todos a negociar? Muy posiblemente sí, pero, ante las actuales circunstancias, podrían cambiar los espacios y dinámicas. El Pacto por México no se acabará por estas elecciones, todos quedan con por lo menos un pie dentro. Pero muy probablemente en el futuro inmediato los que tengan mayor protagonismo serán las negociaciones legislativas: es un espacio que podría canalizar las iniciativas mientras en el propio Pacto se tratan de afianzar otros tipos de acuerdos, que pasarían en buena medida por las reformas políticas que se desprenderán de esta elección.

Con todo, el escenario alcanza para ser moderadamente optimista. Para poder sacar adelante por lo menos los debates necesarios para impulsar las reformas. Se confirmó que tenemos un país políticamente dividido en dos (si entendemos la suma opositora más que por sus perfiles propios por el antipriismo común) pero también infinitamente plural, donde las visiones locales de la política tienen cada día mayor peso propio, específico.
29 Junio 2013 04:08:55
Mandela, el amo de su destino, el capitán de su alma
No debe haber en la historia política del último medio siglo una vida política más fascinante que la de Nelson Mandela, el hombre que después de pasar 27 años en la cárcel por defender sus ideales y luchar contra el racismo, logró comprender y convencer de que la única alternativa para su pueblo y su país era acabar con el racismo en forma pacífica, abrazando la democracia, abriéndose a construir una sociedad donde todos pudieran, haciendo un enorme esfuerzo político y social, integrarse, vivir y compartir, desterrando la venganza. El hombre que a los 94 años, después de ser preso político, presidente de su país y premio Nobel de la Paz estaba, al momento de escribir estas líneas, abandonándonos, muriendo y cerrando así una vida que es parte ya de nuestra historia.

Como él mismo decía, Nelson Mandela no era un santo, nunca lo pretendió, simplemente era un luchador por la libertad de su pueblo, un luchador contra el racismo y contra uno de los sistemas más infames que vimos en el siglo 20, el apartheid. Era un hombre de convicciones firmes, que demostró qué quiere decir, en verdad, ser progresista, de izquierda, liberal en el mejor sentido de la palabra. Hablar de un hombre que estuvo 27 años preso y que logró salir de la cárcel sin alimentar el odio y la venganza contra sus adversarios, dispuesto a trabajar con ellos para construir un país democrático e integrado socialmente, es hablar de una excepción histórica, de un ejemplo. Fue esa disposición suya la que permitió acabar con el sistema de discriminación sin violencia y por la vía de la negociación. Si la voz de Mandela hubiera clamado por la revancha, jamás Sudáfrica hubiera salido de esa larga etapa sin sangre en las calles, y quizás no hubiera podido ser ni siquiera una nación viable. “Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero”, decía Mandela, y lo cumplió a rajatabla. No sé si Mandela habrá leído alguna vez a Borges, pero aquello de no hablar de venganzas ni perdones, porque el olvido es la única venganza y el único perdón, Mandela también lo hizo suyo.

Pero más aún: Mandela impulsó esa salida democrática e integradora, siendo la única figura pública en su país que tenía capacidad y consenso para realizarla, sin ser un dictador, un gobernante autoritario, alguien que quisiera perpetuarse en el poder. Salió de prisión, muy tiempo después se convirtió en presidente en la primera elección libre en su país y cuando concluyó su periodo se fue a su casa. No abandonó la política, ni la nacional ni la internacional, pero nunca buscó perpetuarse: había comprendido que si se quería construir un sistema democrático y abierto, el heredarse a sí mismo el poder, el considerarlo una prenda propia, el identificar a su persona con el país y la sociedad, como han hecho muchos que dijeron tomar su ejemplo, desde los Castro hasta los Chávez, era precisamente la antítesis de lo que se buscaba. El poder unipersonal nunca puede ser entendido como democrático. El mesianismo político, se vista con ropajes de izquierda o de derecha nunca puede ser la vía para la construcción de una sociedad abierta. Mandela se convirtió en una suerte de padre de su patria sin ejercer el poder, salvo ese poder moral que otorga precisamente el haber sabido abandonar a tiempo el poder material.

Para eso hay que ser valiente. Decía Mandela que en la cárcel aprendió que “el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo”. Y Mandela no tuvo miedo de vivir de la misma forma en que lo pregonaba en sus discursos y textos: en libertad y para la libertad.

Ahora que se va este personaje entrañable de nuestra historia sólo queda recordarlo con una de sus mejores definiciones, que todos deberíamos hacer nuestra “soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”. Adiós Nelson Mandela, que tu historia de inteligencia, intransigencia contra el racismo, la injusticia y el totalitarismo, de una mano abierta para colaborar incluso con quienes te mantuvieron preso por décadas, abone la construcción de las sociedades abiertas, educadas, tolerantes, democráticas, donde ningún hombre o mujer tenga un destino marcado por su origen o su color de piel, esa sociedad por la que luchaste. En tu caso, Mandela, la historia no sólo te absolverá, también te recordará como el hombre que escribió una de sus mejores páginas.

22 Junio 2013 04:06:06
Ni Ladys ni Gentlemans, ladrones
No se trata de una coyuntura electoral: las sucesivas administraciones perredistas en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, en Quintana Roo, han sido desastrozas, pero, además, con un alto componente de corrupción. Y los hechos, al respecto, resultan irrebatibles.

Era el 3 de febrero del 2009. Esa noche el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, que acaba de pasar a retiro, era presentado en un restaurante de Cancún por el entonces alcalde Greg Sánchez, como el nuevo responsable de la seguridad pública en el municipio. Allí estaban el alcalde con todo su equipo de seguridad. Cuando terminó la cena, el general y su ayudante fueron secuestrados por algunos de los propios participantes en el encuentro. Fue torturado brutalmente y asesinado, su cuerpo apareció en la carretera a Mérida esa misma noche.

El asesinato del general Tello generó innumerables investigaciones, cayeron funcionarios de seguridad y fueron detenidos responsables materiales e intelectuales del mismo. Pero también se destapó, aunque se hubiera podido llegar mucho más lejos en esas investigaciones, toda una trama de tráfico de drogas y de gente que operaba en la zona con protección de distintos funcionarios, sobre todo de la alcaldía y por lo menos un cuñado del alcalde. Uno de los negocios que se descubrieron fue el del reclusorio de Cancún (a donde había sido llevado el general Tello para ser torturado antes de arrojar su cuerpo en la carretera). Pues resultó que la comida y otros aprovisionamientos del reclusorio eran proporcionados nada menos que por la empresa familiar de Nicolás Mollinedo, el famoso jefe de ayudantes de López Obrador, Nico. Nunca pasó nada con todo ese entramado de corrupción que giraba en torno al reclusorio.

Un año después, Greg Sánchez, pese a todas esas denuncias, fue candidato a gobernador por el PRD. En eso estaba cuando fue detenido, acusado de relaciones con el narcotráfico. Pasó meses en la cárcel pero logró ser liberado por un amparo que “olvidó” responder el juez que llevaba su caso, casualmente el mismo que había dejado en libertad a todos los involucrados en el michoacanazo. Ahora vuelve a ser candidato, pero por el PT, en las candidaturas lo acompañan su esposa y otros familiares.

A Greg Sánchez cuando en el 2010 renunció a la presidencia municipal lo sucedió Latifa Musa Simón, que en medio de un conflicto político y judicial tuvo que dejar el cargo a otro interino, Jaime Hernández, que le dejó el cargo, a su vez, al actual alcalde, Julián Ricalde Magaña. Ahora todos hemos visto como en el periodo de transición entre Hernández y Ricalde, el primero le entrega al segundo 3 millones de pesos en efectivo, producto, dice Hernández en el video, de la recaudación fiscal de ese mismo día. Hernández dice que fue chantajeado por Ricalde (y también por Musa) para que no tuviera investigaciones sobre su corto paso por la administración municipal. Ricalde, en el colmo del cinismo dice que él no cometió delito alguno, porque simplemente recibió el dinero, no lo entregó.

En medio de todo esto la senadora por Quintana Roo, con fuerte influencia y carrera en Cancún y en Playa del Carmen, Luz María Beristain, también fue vista por todos agrediendo e insultando a trabajadores de una aerolínea en esa ciudad turística porque habían faltado a su “investidura” por no dejarla abordar un vuelo que ya estaba cerrado. Uno de sus argumentos, fue que no la dejaban abordar porque era del PRD. Lo mismo había argumentado poco antes cuando estaba en campaña y fue detenida por la policía por conducir a exceso de velocidad. Pero su hermano también ha sido filmado. Juan Carlos Beristain Navarrete, que era candidato a diputado local perredista (fue reemplazado cuando se divulgó el video), fue grabado en el 2011 cuando era regidor en el municipio de Solidaridad (donde está Playa del Carmen) pidiendo a uno de sus colaboradores el 80% de su sueldo para supuestamente apoyar eventos de Andrés Manuel López Obrador.

El hermano de la senadora, fue grabado por su entonces colaborador en el municipio de Solidaridad, Eduardo Alberto Aguado Meza. En el video el colaborador le dice a Beristain Navarrete qué su sueldo es de 46 mil pesos mensuales pero que sólo le permiten disponer de 9 mil pesos y que tiene que entregar el resto a su superior, que trabaja con Beristain, quien le dice que ni modo, que el dinero es para la campaña y que si no quiere participar tendrá que renunciar. Y explica: “tan solo un camión de Andrés Manuel cuesta 40 mil pesos.  Con lo tuyo todavía me hace falta la otra mitad. El movimiento cuesta un chingo”.

Hay muchos otros escándalos en torno a las administraciones perredistas en Cancún. Resulta inconcebible que el principal destino turístico del país sea expoliado de esa forma y por esos personajes de caricatura. Y que no pase nada.
15 Junio 2013 04:06:21
La seguridad se mueve pero no se ve
No existe en la gente todavía una percepción, mucho menos generalizada, de que hoy tengamos un marco de seguridad más efectivo de parte de las autoridades. Los cerca de 900 muertos al mes que persisten como consecuencia de la violencia de grupos criminales sigue siendo una cifra inaceptable. También preocupan fenómenos que han estado en el centro de la opinión pública, como los grupos de autodefensa, la violencia que se ha vivido en Michoacán, Guerrero, en la Comarca Lagunera, y en otros puntos del país. También preocupan, si bien la cifra oficial indicaría que han disminuido, la cantidad de secuestros que se siguen generando en varios estados, incluyendo la Ciudad de México.

Sin embargo, pareciera que hay cosas que comienzan a moverse, tendencias que pueden dar frutos en el futuro cercano. Lo primero que llama la atención es la insistencia de gobernadores de distintos estados y regiones del país, provenientes del PRI, pero también de sus oposiciones, de rescatar la forma en que se está trabajando en el ámbito de la seguridad: con mayor coordinación y confianza, dentro del propio Gabinete de Seguridad y de sus integrantes con los gobernadores. También son varios los que destacan la importancia de haber dividido al país en áreas y que en los grupos de coordinación de esas áreas participen en forma directa los gobernadores, haciéndose responsables de la situación de cada uno de sus estados. No es que no existan diferencias dentro del gabinete de seguridad o entre el gobierno federal y los gobernadores, lo que sucede es que con esos mecanismos de trabajo conjunto a la larga terminan estableciendo los lazos de confianza recíproca que se habían perdido.

Pero son mucho menos públicas algunas de las formas que ha adoptado la operación de las fuerzas de seguridad. Hay menos quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas y se ha dicho que es porque el ejército se ha replegado. En parte es verdad porque su presencia es menos ostensible, pero también es verdad que ha cambiado su forma de operar. No se suele ver ya a tropas en el día, encargándose de la seguridad cotidiana, salvo en casos muy puntuales. Las operaciones militares se están haciendo, o se está ejecutando esa vigilancia pública, en las horas en que existe la menor presencia de la gente, sobre todo en horas de la noche, reduciendo la exposición a errores o hechos de violencia. La Policía Federal también ha cambiado su forma de operación, con menor exposición pública y una apuesta mayor por la información previa a la información.

Dos cosas que no se han publicitado lo suficiente llaman la atención. Por una parte, continuando un trabajo anterior pero ahora mucho más focalizado, se han ido cortando los lazos internos de comunicación de distintas organizaciones. Las detenciones se han centrado en los operadores reales de los distintos grupos, en los diferentes territorios que cada uno de ellos manejan. Aseguran las autoridades que esa labor ha sido intensa y que ha rendido frutos muy importantes pero que no se ha percibido públicamente porque se decidió que no tenía sentido, ni siquiera operativo, presentar día con día a algún “líder” de una agrupación criminal local o regional, operador de algún cártel o capo famoso.

El otro tema es la forma de operar ante los secuestros. Apenas ayer, el vocero de seguridad del Gobierno federal, Eduardo Sánchez, informó que en menos de 15 días fueron desmantelados 11 grupos delictivos dedicados al secuestro, rescatadas 67 víctimas de ese delito y detenidos 37 presuntos delincuentes. Hace unos días en Chihuahua, en otra operación que no ha tenido la difusión que merecía, fue detenida una banda de trata de jóvenes, que secuestraba jovencitas, las obliga a prostituirse y si no aceptaban las mataban. Según las autoridades 17 mujeres fueron asesinadas por esta banda.

¿Ha cambiado algo para alcanzar éstos y otros éxitos bastante silenciados en el ámbito de la seguridad y sobre todo de la lucha contra el secuestro?.

La verdad es que sí ha habido cambios, algunos de tipo operativo que las autoridades prefieren no divulgar públicamente para no poner sobre aviso a los delincuentes, pero otros que son mucho más evidentes. Uno es clave: ahora, con la información, se busca liberar al secuestrado, no esperar que sea liberado por los delincuentes para comenzar su persecución. Una decisión que tenía lógica en el pasado, pero que la ha dejado de tener ante la forma en que actúan, y el perfil que tienen hoy este tipo de delincuentes. El número de liberados y de detenidos tiene directa relación con ese cambio de enfoque.

No lo sabemos, es difícil establecerlo, el éxito y la trascendencia que tendrán en el futuro estos cambios y ajustes. Por lo pronto, con mucha menos difusión de la que deberían tener, han comenzado a aplicarse con un índice alto de eficacia. No es un dato menor.
08 Junio 2013 04:06:53
La Chente Gold
Dice el ex presidente Fox que si se legalizara, él “como agricultor” le entraría a la producción y comercialización de mariguana para competirle al “Chapo” Guzmán. Sostiene que con la legalización de las drogas se acabaría con la violencia y que el país está perdiendo miles de millones de pesos al no producir y exportar drogas.

Vicente Fox olvida algunas cosas. Primero que él no puede opinar “como agricultor” porque es un ex presidente de la República, y como tal son tomadas, buenas o malas, sus declaraciones. Se puede estar o no de acuerdo con la legalización, pero si se comparan estas declaraciones con los documentos que han emitido, por ejemplo, los ex presidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y otros, sobre el mismo tema, estaremos viendo la enorme distancia que existe entre abordar la legalización de las drogas desde la óptica del “agricultor” a la de un ex mandatario.

La legalización de las drogas es un tema delicado, que incluye desde la seguridad hasta la salud pública. Ningún presidente en funciones o después de dejar su cargo lo puede abordar con superficialidad. Hace un par de años Vicente Fox me dijo en una entrevista que habría que establecer una suerte de Cocopa, aquella comisión para la paz formada en 94-95 para restablecer la paz en Chiapas, con los narcos. Y que si esa negociación no se hacía formal se podría hacer a través de otros personajes, como por ejemplo, algún obispo. En este tema no puede haber ocurrencias.

El presidente Fox no estableció durante su sexenio un combate intenso contra el narcotráfico. Fuera de declaraciones puntuales, nunca abordó de lleno un fenómeno que desde 2001 se le estaba yendo de las manos (ese año publicamos el libro “El Otro Poder, las redes del narcotráfico en México”, Aguilar 2001) porque comenzaba a presentarse lo que en 2004 se convirtió claramente en una realidad: el control y dominio de distintos grupos criminales sobre diferentes territorios desplazando a las fuerzas del Estado. La violencia como ahora la conocemos, no comenzó en 2006 con Felipe Calderón, sino entre el 2003 y el 2004, con la lucha de los distintos cárteles por el control de territorios que el Estado no protegía. Calderón, bien o mal, reaccionó a esa realidad, no la generó ni inventó.

Lo cierto es que durante la administración Fox la lucha contra el narcotráfico quedó en algunos cuerpos de élite del Ejército, en la SIEDO que encabezaba José Luis Santiago Vasconcelos y en la AFI de Genaro García Luna. No se recuerdan en esos años detenciones de narcos por la Policía Federal. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, ese país también abandonó el tema del narcotráfico entre sus prioridades y esa lucha quedó en una suerte de tierra de nadie.

En lo personal no tengo claro cuáles serían los beneficios de la legalización de las drogas (que obviamente va más allá de la legalización de la mariguana). Me queda claro que ninguna estrategia puede pasar por la penalización de los adictos, pero no creo que una decisión como la legalización baje automáticamente los índices de violencia (¿ha bajado en la decena de estados de la Unión Americana donde se legalizó el consumo de mariguana? Comprobado con datos duros en ninguno ha sucedido). En México, la violencia está generada por la venta de drogas, pero esos grupos, esas pandillas se dedican a muchos otros delitos, desde el secuestro hasta la extorsión que no se detendrán por la legalización. La experiencia internacional tampoco demuestra que la legalización deje a esos grupos sin recursos: los mismos provienen de muy diferentes fuentes, y si se legaliza la mariguana, por ejemplo, nada les impediría seguir vendiendo otras drogas, como cocaína y sintéticas, que son en realidad donde está el gran negocio del narcotráfico.

La legalización, en última instancia, es un tema de salud pública y como tal debe ser tratado. No creo que la mariguana tenga efectos mucho más perniciosos que el alcohol y el tabaco, pero no deja de ser significativo que mientras se desarrollan intensas campañas para reducir el consumo de ambos, se desarrolle otra para legalizar las drogas (¿para luego realizar campañas para reducir su consumo?). Pero también es lógico el argumento de quienes impulsan la legalización basándose en la libertad que tiene cualquier persona de consumir lo que desee bajo su propia responsabilidad y sin afectar a los demás. En algún lugar se debe establecer el límite entre derechos individuales y políticas públicas, y eso es lo que se debe debatir.

Lo que queda claro es que el tema no se debe trivializar. Y que lo que realmente aportaría a este debate un ex presidente sería un relato sincero y de fondo de cómo vivió ese problema…si es que estuvo preocupado e involucrado en la búsqueda de soluciones.
01 Junio 2013 04:04:30
Pobres políticos, todos los atacan
¿Qué importancia puede tener que la muy poco conocida senadora por Quintana Roo, la perredista Luz María Beristain, haya llegado tarde a un aeropuerto, perdido un vuelo y haya armado un pequeño escándalo para tratar de que la subieran al vuelo ya cerrado? En realidad poca, el problema es lo que argumenta la senadora, más allá de sus malos modales, su arrogancia y patanería (no hablemos de su acompañante) para tratar de obligar a una empleada, a una trabajadora, a romper las normas de seguridad y control de su propia empresa, alegando tener prerrogativas superiores a las de los demás ciudadanos por su condición de senadora. Cuando no logra su objetivo, intenta politizar la situación y acusa a la trabajadora de no ceder a su intento, porque no le simpatiza su partido y luego ya avanza en un despeñadero total.

La senadora, La güera Beristain, como ella misma se hace llamar, retrató aún mejor su concepto de la política cuando, al llegar a la Comisión Permanente, dijo que iba a proponer “una fiscalía especial para atender las agresiones contra los políticos”. Seguramente cree que por el hecho de ser política (y la “más alta representante popular”, como dice en el video) debe ser tratada en forma diferente de los demás mortales y que cuando se le niega algo es por razones ideológicas. También esta grabada hace unos meses alegando contra un policía porque le hizo una multa por conducir a exceso de velocidad. La castigaban, le alega al policía por ser perredista, aunque el agente no parece tener ni la menor idea de con quién está hablando. En ninguno de los casos son la empleada de la aerolínea o el agente de tránsito quienes hacen comentarios partidarios: es la propia senadora la que hace ostentación de su militancia o de su cargo para tratar de que, en los hechos, esos trabajadores violen las normas y la ley.

La senadora miente en forma recurrente en el video. Dice que llegó tarde al aeropuerto porque estaba en una reunión donde precisamente estaban viendo el otorgamiento de un crédito para el aeropuerto, préstamo del que no existe dato alguno, pero que, además, se retrasó porque estuvo atendiendo a la prensa, de lo que tampoco existe antecedente. Vuelve a mentir cuando dice que sólo ha faltado a una sesión en el Senado, cuando es la cuarta legisladora que más ha faltado de los 128 integrantes de la Cámara alta, nunca ha presentado una iniciativa, prácticamente no ha subido a tribuna y, como cereza del pastel, se difundieron las fotos de la senadora durmiendo, durante la sesión, plácidamente en su curul.

El poder puede enloquecer a quienes lo detentan, aun cuando es a cuentagotas. La senadora Beristain es un ejemplo, como lo es Genaro Góngora Pimentel, un hombre que tuvo mucho más poder que la senadora, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que apeló a una serie de maniobras infames para ahorrarse unos pesos de la pensión alimenticia que debía pagar a la madre de sus dos niños, a la que terminó metiendo a la cárcel, con la complicidad del magistrado Juan Luis González Alcántara y Carrancá, argumentando un fraude inexistente en su contra. En realidad se trata de una infamia que una y otra vez se repite contra muchas mujeres en nuestro país: hay jueces y abogados particularmente corruptos que utilizan cualquier pretexto para despojar a una mujer de todo en un divorcio, incluyendo sus hijos y si es posible hasta meterla a la cárcel. No todos lo pueden hacer aunque se lo proponen. Peor es que Góngora lo haya logrado apelando a su condición de ex presidente de la SCJN.

¿Y qué decir, como lo ha documentado Excélsior en estos días, de personajes como el panista Ulises Ramírez, que entre otras linduras vende las candidaturas de su partido en el Estado de México? ¿O de ex funcionarios como Andrés Granier que parecen haberse robado tanto dinero que ni siquiera se puede terminar de contabilizar? ¿O de los dirigentes de la sección 22 que defiende a cinco secuestradores porque los considera luchadores sociales (por cierto, el comunicado del EPR que quiere deslindarse de los secuestros, termina defendiendo también a estos personajes y permite explicar de dónde viene el afán defensor de la sección 22) como lo mostramos en Todo Personal, en Proyecto 40?

Se podrá argumentar que estos excesos y abusos, ese sentimiento de impunidad, siempre han existido. La única diferencia es que ahora se ven, se conocen, se difunden y se necesitará algo más que una fiscalía especializada para poder limpiar la imagen de éstos y de otros muchos políticos impresentables.

Al margen

Ciudad Juárez parece estar comenzando a recorrer el camino que hizo Tijuana hace unos años. En ningún otro lugar los índices de violencia, siendo aún significativos, han bajado tanto como en Juárez en el último año. Es, hay que decirlo, una historia de éxito, que se debe resguardar a través de la política social para poder preservarla.
30 Mayo 2013 03:00:21
Las carreteras de nadie, la huelga de AMLO
Siete personas mueren por un desgajamiento anunciado de un cerro en la carretera México-Querétaro; 16 mueren al desbarrancarse un autobús que no estaba en condiciones en Real del Monte, en Hidalgo; en Ecatepec, hace poco más de una semana, una pipa de gas se desprende del doble remolque en plena carretera y se estrella contra un grupo de casas, hasta ahora van 27 muertos. Cincuenta muertos en tres accidentes en carreteras en unos pocos días, desgraciadamente no son una triste coincidencia, son la demostración de algo que se vive todos los días: el abandono en términos de seguridad y control de nuestro sistema carretero; la impunidad con la que se mueven buena parte del transporte de carga y de pasajeros, donde las normas oficiales sencillamente no se cumplen ni respetan; la inseguridad que sufren, día con día quienes deben transitar por nuestras carreteras, sean de cuota o federales, víctimas de delincuentes, manifestantes o de las simples imprevisiones.

Nunca alguien es responsable. En el alud de Tepeji del Río la culpable fue la lluvia que cayó esa tarde. Capufe había sido advertida horas antes por un usuario de que el cerro estaba a punto de desgajarse. Según las autoridades sí revisaron la zona, pero el alud se dio a cinco kilómetros del aviso. Pero ¿no estaba toda la zona amenazada por las propias tormentas?¿no hemos visto caídas de tierra y piedras, significativas y que han causado innumerables accidentes, en esa y en muchas otras carreteras (en la México-Acapulco son casi cotidianos)?¿No habría que tomar medidas de previsión reales y de fondo?. Por lo pronto, nadie es responsable de lo sucedido.

En la caída del autobús en Real del Monte se acepta que el camión de pasajeros era viejo y no estaba en condiciones idóneas, que el chofer actuó con irresponsabilidad al tomar una curva y que la vieja máquina y la impericia del conductor causaron el accidente. Algo similar ocurre en Ecatepec: el conductor de la pipa, se dice, actuó con irresponsabilidad o inexperiencia, iba a exceso de velocidad y eso provocó que no pudiera controlar la doble carga. Por lo pronto, estará en prisión seis meses mientras se investiga lo sucedido. La preguntas son obvias ¿quién es responsable de que haya conductores irresponsables o inexpertos, pero también cansados después de cumplir jornadas que sobrepasan la legalidad y el sentido común?¿quién es responsable de que circulen autobuses que no están en condiciones?¿quién de que las normas en el transporte no se cumplan?. Los conductores terminarán tras las rejas, está bien. ¿Nadie más compartirá su suerte?.

Pero cómo exigirles a todos ellos que respeten la legalidad cuando las propias autoridades no lo hacen. Olvidemos por un momento que el control de las carreteras está abandonado desde hace mucho tiempo. Un grupo de normalistas de Michoacán, mantuvieron durante semanas secuestrados 62 camiones de carga, autobuses, pipas y hasta patrullas. Secuestraron a los trailers con la carga, que se robaron; a los autobuses con los pasajeros a bordo, a los que en muchas casos despojaron de sus equipajes. Y no pasó nada: luego de una negociación política en la que les concedieron todo lo que pedían, simplemente regresaron esos transportes y no hubo un solo responsable, nadie procesado, nadie se hizo cargo de los costos que debieron absorber las víctimas. ¿Cómo pedirles a unos que respeten la ley si otros pueden violarla alegremente?.

Y no hablemos de los asaltos, cotidianos, constantes, de carga y de pasajeros, sobre todo en la periferia de la ciudad de México. Tanto se han vuelto un paisaje normal, que los ladrones (muchas veces en acuerdo con los conductores) en ocasiones ya no “roban”: se suben al autobús y piden una “contribución voluntaria” para que “no se vean obligados” a asaltarlos. Y una vez más no pasa nada. La norma es la impunidad.

24 Mayo 2013 04:08:52
Y Granier se robó el Edén
El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, argumentó, hace apenas unos días, que aquella grabación en la que se lo escuchaba presumir de poseer cientos de trajes, zapatos, camisas y pantalones, de sus casas en México, Miami y Cancún, de sus paseos por Rodeo Drive, eran el producto de una mala borrachera durante una fiesta, donde había “alardeado”, dijo, de propiedades que no tenía. También decía allí el ex gobernador que cuando iba a su estado tenía que andar en “fachas”, disimular, en otras palabras, su riqueza.

Pues bien, el camuflar la riqueza parece ser norma entre quienes estuvieron en la administración Granier, aunque, como bien dicen, sólo hay dos cosas que no se pueden disimular: la riqueza y la estupidez. José Saiz Pineda, ex secretario de Administración y Finanzas del estado, se mandó construir un pequeño taller que funcionaba también como oficina. Ubicada en una zona popular, en el ejido Lomitas, nada distinguía a ese taller de los muchos otros que allí conviven.

Ahora el taller construido apenas en diciembre pasado, es visto en forma completamente diferente. Dentro fueron hallados 88 millones 560 mil pesos en efectivo, que, según la Procuraduría de Justicia del estado, están relacionados con la investigación del desvío de recursos del erario durante el gobierno de Granier.

Tendrá que ser la justicia la que determine lo sucedido, la que compruebe la veracidad de la acusación y tendrá que ser el ex funcionario el que trate de justificar semejante cantidad de efectivo escondida en ese taller, pero lo que no se puede ocultar es el evidente desastre administrativo y los malos manejos, incluida una altísima dosis de corrupción, en la que incurrió el gobierno de Granier.

Más allá (o más acá) de cientos de camisas, trajes y zapatos, más allá de borracheras y decomisos millonarios de dinero, hay datos duros que no se pueden soslayar. Uno de ellos es el de la deuda estatal. La deuda en Tabasco es de 17 mil millones de pesos, según confirmó en febrero pasado, el gobernador de ese estado, Arturo Núñez, lo que representa 7 mil millones de pesos arriba del monto que había reportado el ex gobernador Granier al dejar el gobierno. La cifra, sin embargo, no es siquiera definitiva, porque siguen apareciendo acreedores constantemente. Existe sin que fueran consignados adeudos a proveedores, gastos no reportados, adeudos bancarios que tampoco fueron consignados, además de un adeudo en revisión de 865 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, hay un faltante de mil 900 millones de pesos de programas federales que no se aplicaron y una larga lista adicional de irregularidades. La deuda significa más de la mitad de todo el presupuesto del estado que es de alrededor de 36 mil millones de pesos.

No es un problema de ideologías o partidos: el gobierno de Arturo Nuñez, un político serio y respetable, es obviamente perredista y el Granier fue priista, pero hemos visto lo mismo en entidades gobernadas por el PAN, por el PRI y por el PRD. En los estados donde no hay controles, donde no funcionan los equilibrios de poder, donde los gobernadores son (o se sienten) una suerte de señores feudales, las tropelías se repiten un día sí y el otro también. Tabasco era de esos.

Granier, un químico con un escaso bagaje político, en un estado con pesos pesados de la política federal y local, llegó a la gubernatura como un personaje serio, de bajo perfil y que prometía administrar con honradez. Ocurrió todo lo contrario y su personalidad también se fue modificando con el tiempo. Aunque usted no lo crea, como ha sucedido con muchos mandatarios estatales sin ninguna visión nacional, Granier llegó a pensar que podía trascender a la política federal, incluso que podría ser candidato presidencial. Dicen que cuando comprobó que en ese terreno no tenía mucho por hacer, fue cuando comenzó el saqueo de las arcas estatales que se acrecentó en los últimos meses de gestión, quizás pensando en que de llegar a la presidencia Enrique Peña Nieto tendría algún tipo de protección, y quizás también porque el proceso interno de elección de aspirante en el priismo local fue particularmente desaseado por la insistencia en colocar gente de toda la confianza del propio Granier…los que eran cada día menos.

Pasó lo que tenía que pasar: las elecciones locales fueron ganadas por Nuñez, que se llevó prácticamente todo el estado y se entregaron las finanzas estatales en situación catastrófica. No sé que pensará Granier, pero no creo que tampoco vaya a tener protección de la administración Peña Nieto. Al contrario, para el presidente Peña, hacer justicia contra un gobernador, sea o no priista, que aparentemente se cansó de vaciar las arcas públicas en su beneficio, no puede ser más que una asignatura necesaria y una medida cautelar de cara al futuro.
18 Mayo 2013 04:08:38
Michoacán: el rescate peligroso
El general Alberto Reyes Vaca es el nuevo secretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán. Esa nueva responsabilidad no sería ninguna novedad (militares o ex militares son muchos los que están en tareas de seguridad) sino fuera porque la suya es prácticamente una designación del Gobierno federal, que se incluye, además, en el anuncio de una nueva estrategia para atender la dramática situación de seguridad (y gobernabilidad) en la que se encuentra el estado.

Hace ya varias semanas, se había dicho que Michoacán sería el inicio de la aplicación de la nueva estrategia del presidente Peña en el ámbito de la seguridad. Quién sabe qué sucedió, pero lo cierto es que no hubo movimientos importantes en el estado, entre otras razones, porque ello se cruzó con una crisis institucional derivada de la enfermedad del gobernador Fausto Vallejo. La única razón de las reiteradas licencias del Gobernador, un hombre que evidentemente está enfermo, en lugar de recurrir a su renuncia, es que, dadas las circunstancias y tiempos, si se diera esa renuncia se podría tener que convocar a nuevas elecciones estatales, que alimentarían, probablemente, la caótica situación existente.

Lo cierto es que con gobernador electo o interino, el estado vive una situación de profunda ingobernabilidad. Algo que, además, no es nuevo: la crisis de seguridad en Michoacán comenzó en el 2004, cuando aparece oficialmente el cártel de “La Familia”. Estos (como los Zetas con los que en alguna época fueron socios, antes de convertirse en adversarios), eran un cártel atípico, diferente a lo que se había conocido hasta entonces: hiperviolento pero presentándose como una alternativa para defender a los michoacanos; usando un lenguaje entre pseudoreligioso y al mismo tiempo de pseudoguerrillero. “La Familia”, que años después se dividió entre ese grupo y Los Caballeros Templarios, generaron una ola de violencia que creció geométricamente con la lucha que allí libran muchos grupos. Ahí están “La Familia” y los Caballeros y en uno movimiento constante de alianzas y traiciones, el Pacífico, Jalisco Nueva Generación, los Zetas, los Beltrán y muchos grupos menores.

La violencia del crimen organizado y su evolución hasta convertirse en una suerte de poder dual en muchos territorios michoacanos, se puede ver con absoluta claridad en lo que sucede en La Ruana, y en el municipio de Buenavista Toltepec. Las comunidades cercadas, chantajeadas, sin alimentos, sin gasolina, los productores amenazados sin poder sacar su producción, grupos de autodefensa que tienen relaciones según las autoridades con unos grupos criminales que a su vez se enfrentan con sus rivales en forma abierta. De todo hay en la zona, menos una mínima presencia del estado de derecho.

Pero si la crisis de seguridad se arrastra desde hace años, la de los normalistas rurales y el magisterio de la Sección 18, siendo un problema también endémico, ha exhibido en las últimas semanas, un crecimiento que altera la gobernabilidad en forma evidente. El Gobierno estatal parece paralizado ante la suma de barbaridades que cometen estos grupos. El nuevo secretario de Seguridad Pública, el general Reyes Vaca, dijo que una de sus primeras medidas será la dignificación de las policías. Y está muy bien, pero será imposible hacerlo mientras se siga tolerando que cuatro policías (otros dos fueron liberados en el transcurso de la semana) estén secuestrados desde hace diez días por un grupo de supuestos normalistas y no pase nada, encerrados en una comunidad (secuestrada a su vez por los activistas) donde además están secuestrados poco más de 60 camiones de carga, de pasajeros, vehículos oficiales y hasta patrullas de la policía. La última toma de camiones llevó a las autoridades al ridículo: los activistas se metieron a la terminal de Zamora, bajaron a los pasajeros y se llevaron los autobuses sin que nadie hiciera nada.

No se puede negociar, un secuestro masivo. Un Gobierno no puede estar tan atado de manos. La nueva estrategia dicen que se anunciará el martes, cuando haya una reunión en Morelia del gabinete nacional de seguridad. Dicen, también, que será algo similar a lo que se hizo hace años en Ciudad Juárez (pero a un nivel mucho más amplio y en condiciones, habrá que agregar, mucho más difíciles) donde, en los hechos, hubo una intervención del Gobierno federal en toda la línea. Pero no será sencillo hacerlo en Michoacán, donde el poder de las autoridades estatales parece tan débil como desdibujado. Decíamos hace ya varias semanas, que Michoacán fue una plaza en la que no tuvo éxito (creo que tampoco lo buscó) el presidente Fox; en la que el presidente Calderón hizo una altísima inversión en términos políticas y de seguridad sin demasiado éxito. Ahora será el momento y el desafío que deberá asumir el presidente Peña.

11 Mayo 2013 03:00:24
¿Al diablo con la Policía?
Las políticas de seguridad deben ser más transparentes. No dudo de que exista un diseño en la administración federal para ir operando la transformación que desean en ese terreno y que el presidente Peña ha calificado a la reducción de la violencia, como un objetivo primordial. Pero a la hora de presentar esos instrumentos sigue privando la confusión, misma que el propio presidente Obama, en su reciente discurso en México, dejó traslucir.

Dos declaraciones de esta semana lo demuestran. El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, preocupado con toda razón en volver a darle a la PGR presencia, cuerpo y sustancia, señaló que no se integraban correctamente las averiguaciones porque la Policía Ministerial no investigaba y se encargaba de custodias y traslados. En buena medida es verdad, pero la realidad es mucho más compleja y parte de un diseño que se tiene que volver a definir y explicitar. Durante el último gobierno priista, en los tres últimos años de Zedillo, se fue construyendo una estructura de seguridad muy eficiente que incluía una fuerte subsecretaría del sector dependiente de la Secretaría de Gobernación, que tenía bajo su control un poderoso (en esas fechas) CISEN, una naciente Policía Federal que prevenía e investigaba, mientras que en la PGR, se sufrían graves problemas para depurar a la Policía Judicial Federal.

En el cambio de sexenio, el presidente Fox desarticula todo el esquema de Gobernación, le quita la seguridad, crea la secretaría del ramo, y se produce un doble fenómeno: por una parte, los nuevos mandos de la PF con Alejandro Gertz a la cabeza desplazan a los anteriores en medio de duros enfrentamientos políticos internos. Los desplazados, son cobijados en la PGR de Rafael Macedo de la Concha que, para reemplazar a la desprestigiada PJF, crea la AFI, colocando en su mando precisamente a quienes habían creado la PF en el gobierno de Zedillo: la encabezaba Genaro García Luna que venía de las áreas de inteligencia del Cisen y la naciente PF.

Al mismo tiempo, arrastrando un problema de años, la PGR no puede deshacerse de viejos agentes, muchos de ellos con dudosos antecedentes. Se deben quedar en la corporación pero en los hechos se establecen dos áreas: por una parte la nueva AFI, con un nuevo modelo policial y por la otra los viejos agentes que se quedan, la mayoría, en áreas administrativas. Cuando llega la administración Calderón, la que estaba en zona de desastre era la Policía Federal mientras la AFI tenía presencia y reconocimiento. Pero lo que se decide entonces es enviar a los mandos de la AFI a refundar la Policía Federal. Estos llegan con todo su equipo y es la Policía Ministerial la que queda entonces desmantelada. En ese momento y en un contexto de diferencias entre el procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de seguridad Genaro García Luna, inicia un debate, incluso legislativo, que se arrastra hasta nuestro días: ¿quién investiga?¿qué atribuciones tiene cada Policía?¿se debe o no tener mandos únicos?.

Ciertas reformas legales le dan parte de la investigaciónn a la PF, aunque no se establecen claramente. Pero hacia mitad del sexenio otras normas le limitan esa capacidad y se decide reconstruir la Policía Ministerial (ahí llega por corto lapso Wilfrido Robledo), pero no se le otorgan ni los recursos ni la fuerza política para sacarla adelante. La idea del gobierno era que la PF se encargara simultáneamente de la prevención y de la investigación. Pero todo, por diferencias internas y externas, se quedó a mitad de camino.

Ahora tiene el derecho Murillo Karam en pedir que exista una policía investigadora sólida, pero antes se deben definir con claridad las atribuciones de cada uno de los cuerpos de seguridad en el país. Y esto viene a colación con otra declaración, la de Carlos Humberto Toledo que anunció que el 16 de septiembre próximo marchará la nueva gendarmería nacional y que la PF regresaría a sus antiguas labores de resguardar caminos, acciones de prevención, etc. Puede ser, pero antes se debería explicar con claridad qué es la nueva gendarmería nacional, cómo se relacionará con la Policía Federal y con el Ejército y la Armada, cómo se articulará el nuevo diseño operativo y cuáles son las responsabilidades recíprocas.

En el caso de la gendarmería existía un debate, que no sé si ya ha sido superado, sobre dónde se inscribirá institucionalmente y bajo qué mandos estará. Y creo que hay algo más importante aún: ¿qué se hará con la Policía Federal? Se puede estar de acuerdo o no con la forma en que se llevó esa institución el sexenio pasado, pero se debe reconocer también que se creó un cuerpo policial de 40 mil elementos, con alta tecnología y fuerte capacidad operativa y de inteligencia. Que se puede utilizar todo eso de otra manera, con otras políticas y mandos, es obvio.

Lo que parece menos sensato es desarticular una institución que ya existe para crear otra o distribuir entre las demás sus pedazos, en lugar de aprovecharla íntegramente.
30 Abril 2013 03:00:36
¿Rehenes de calendario?
Pareciera existir una decisión gubernamental muy clara de que no pasará nada, ni en Guerrero, ni en Michoacán, ni en la UNAM, por lo menos hasta que el presidente estadounidense Barack Obama abandone el viernes próximo México. Se dice que con el Mandatario estadounidense de gira en el país no se puede realizar ningún operativo importante en ese terreno porque pondría en peligro la visita.

Puede ser, y quizás ello sea una señal de sensatez. Pero también se puede pensar lo contrario: que se deja la iniciativa a grupos declaradamente desestabilizadores, relacionados unos con corrientes de ultraizquierda y otros con el narcotráfico (sin olvidar los cruces entre ambos fenómenos), que pueden, aunque sea por unos días, tratar de reventar esa intención pacificadora de los distintos niveles de gobierno puede ser un riesgo innecesario.

Quién sabe cómo se darán las cosas, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Tepelcatepec y La Ruana, poblados michoacanos de la Tierra Caliente, donde apenas hace unas semanas el ejército desarmó y detuvo a los miembros de los grupos de autodefensa porque tenían en su poder armas largas y porque se comprobó que eran financiados y armados por un grupo del narcotráfico, esos “policías comunitarios” volvieron a aparecer y terminaron en un enfrentamiento con otros grupos armados con un saldo de 10 muertos. Los combates y tiroteos siguieron durante el fin de semana y llegaron a Apatzingan, donde ayer se tuvieron que cancelar las clases por los enfrentamientos armados en las calles.

En Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tuvo que dar su informe de gobierno prácticamente en estado de sitio, mientras el vocero de la CETEG Minervino Morán reapareció anunciando marchas y movilizaciones y negando que exista una tregua con el gobierno hasta el primero de mayo. Lo que sí es verdad es que, por una parte, los paristas, pese a que llevan más de 60 días sin trabajar, cobraron sus sueldos y muchos fueron a dejar dinero a sus casas, que las marchas sin duda están convocadas para el miércoles y también que, pese al anuncio de que se libraron 39 órdenes de aprehensión por los actos vandálicos y de pillaje del miércoles pasado, ninguna se ha ejecutado.

Mañana, unas horas antes de la llegada de Obama a México se celebrará el primero de mayo y sin duda habrá movilizaciones en Chilpancingo, pero sobre todo en el centro de la ciudad de México. La demostración de que las autoridades, federales y locales, tienen un cierto control sobre la situación lo determinará lo que suceda en las próximas horas. Es verdad, no tiene sentido alterar una visita estratégica para el futuro de las relaciones México-Estados Unidos por disturbios o actos de violencia, pero hay que recordar que son muchos los intereses involucrados en los mismos, que la tentación provocadora está presente, y que la impunidad de la que ha gozado este movimiento en los hechos los hace operar con mucho mayor atrevimiento.

¿Cómo combatir a estos grupos? Lo primero que se necesita (y que falta, visto los acontecimientos) es mucha más información e inteligencia. En los hechos, las autoridades o ignoraron la información o fueron sorprendidas en muchos de los actos vandálicos que se han dado desde el primero de diciembre hasta hoy. En medio de una visita de Obama eso no puede repetirse. Lo segundo, es que las órdenes de aprehensión se deben ejecutar, por lo menos contra los personajes que en forma manifiesta han participado en mayores desmanes. Hay “activistas”, provocadores en realidad, que se han convertido en profesionales de la violencia y que han estado en todo tipo de acto y movilización de estos grupos (ver la información de la primera plana de “La Razón” al respecto) y a los que no les pasa nada. No son dirigentes, no son líderes, son los que ejecutan la violencia y no deben tener espacios ni impunidad para hacerlo. Esos son los personajes más peligrosos en todo este proceso porque no se sabe, en realidad, quién o qué los mueve.

Lo tercero es que no puede haber fechas tabú: jueves y viernes estará Obama, pero luego es el aniversario 150 de la batalla de Puebla, y viene el día de la madre e inmediatamente después el del maestro (una fecha clave en todo este proceso) y comienzan las campañas en 14 estados donde habrá elecciones en unas semanas más, unas campañas que determinarán, también, el tipo de relación del gobierno federal, por lo menos, con el PRD y el PAN. Lo cierto es que los gobiernos no pueden estar atados al calendario. Es verdad que tampoco lo pueden ignorar, pero los tiempos políticos siempre suelen ser difíciles para tomar cualquier decisión. Atenerse al calendario termina haciendo a los gobiernos rehenes del mismo.
26 Abril 2013 04:06:05
El diablo no era Gordillo
En Chiapas, en 1994, los zapatistas efectuaron su levantamiento armado ejecutando distintos actos de violencia, la mayoría dirigidos contra personajes o instituciones gubernamentales, secuestraron a un ex gobernador e incluso le “declararon la guerra” al Estado mexicano, pero después de 10 días de confrontaciones entraron en una lógica de negociación, no exenta de confrontaciones que de una u otra forma se mantiene hasta hoy. Pero la impunidad ahí quedó como marca.

Años después, en Atenco, un grupo de manifestantes, muchos de ellos relacionados con grupos afines al EPR y otras organizaciones armadas, con una serie de acciones muy violentas lograron que el Gobierno federal se echara para atrás en su decisión de construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de México. Fue decisivo para la pérdida de credibilidad de la administración foxista pero fue también, en muy buena medida, la apertura de la puerta de la impunidad para los actos de violencia social, impunidad que alcanzó todo tipo de delitos: desde el secuestro y la amenaza de muerte de funcionarios rociados con gasolina en una plaza pública (poco después la amenza se convirtió en realidad en Tláhuac) hasta la toma de oficinas gubernamentales durante semanas. El desalojo de Atenco estuvo jalonado por acciones que fueron calificadas por la CNDH como violaciones a derechos humanos. Violaciones que si se cometieron son injustificables, tanto como las acciones violentas cometidas por esos grupos políticos.

No había terminado de suceder Atenco cuando una ola mayor de violencia sacudió a Oaxaca. La APPO, junto con la sección 22 del magisterio, tomaron la ciudad y, otra vez, un intento de desalojo mal realizado, les dio la coartada para cometer todo tipo de tropelías. El gobierno de Ulises Ruiz podía ser o no defendible, pero lo que hizo la APPO en Oaxaca fue injustificable. Tardaron meses las autoridades en recuperar la ciudad y ésta difícilmente se ha recuperado de los costos de aquella toma. La impunidad fue la norma.

Antes de lo sucedido en estas semanas en Guerrero y en menor medida en Michoacán, se sucedieron los hechos violentos relacionados con la Coordinadora, en esos estados pero también en la propia Oaxaca, en el DF, en Chiapas, en otros puntos del país. Ese tipo de acciones no era aceptable ni justificable, pero nunca hubo castigos, ni cuando se sacaba a golpes a una dirigente del sindicato de una estación de radio en Morelia para llenarla de chapopote y plumas en la plaza pública, ni cuando se prendía fuego a la histórica puerta de la SEP en el DF; tampoco cuando moría un modesto trabajador intentando apagar el fuego generado por los manifestante en una gasolinera en la Autopista del Sol, en Chilpancingo. Cuando se destrozó el centro de la ciudad de México el pasado primero de diciembre la Asamblea Legislativa se apresuró a modificar el código penal para que nadie fuera a la cárcel y la Comisión de derechos humanos de la ciudad sacó una dura condena…de las fuerzas de seguridad que trataron, bien o mal, de controlar la situación.

A fines del año pasado, con mi compañera Bibiana Belsasso publicamos el libro “La Élite y la Raza” (Taurus, 2012) donde sosteníamos que la Coordinadora era el mayor peligro y el mayor dique para cualquier reforma educativa y que, al contrario de lo que era la opinión dominante, ese obstáculo mayor no lo constituían el SNTE o Elba Esther Gordillo, con la que existían otro tipo de disputas, personales, políticas o de otro tipo (hasta éticas si se quiere) pero que por allí la reforma podía transitar. No por la Coordinadora que haría, para oponerse, todo lo que estuviera a su alcance, como lo que ahora estamos viendo. La opinión y el libro (que se acompaña de un documental que presentaremos en el programa Todo Personal, en Proyecto 40 el próximo domingo a las 21 horas) no gustaron en ciertos ámbitos porque no eran políticamente incorrectos: el diablo era Gordillo y había que exorcizarlo. Y así se hizo y la maestra probablemente cometió tantos errores políticos que era lógico que así terminara. Pero el peligro real, el diablo que se quería exorcizar, seguía siendo, y hoy lo podemos ver en toda su extensión, la Coordinadora y los grupos que operan dentro y junto a ella. Grupos que se han potenciado por el aprendizaje y la impunidad de que han gozado. Y que están dispuestos a todo, hasta a prender fuego con gente dentro (como los narcos del Casino Royale) a la sede de todos los partidos y a reconocer que ellos sí lo hicieron (desmintiendo la versión del gobierno estatal de que habían participado “provocadores”). Grupos que enfrentarán con violencia cualquier reforma que vulnere sus intereses particulares, que objetivamente van en contra de la educación pública y que fomentan la privatización de la misma, desacreditando a miles de maestros que día con día cumplen, muchos en las condiciones más difíciles, con aciertos y errores, con su responsabilidad de educar.
25 Abril 2013 03:00:12
‘Usted o el Pacto’: un chantaje
Todos los partidos desde el poder utilizan los programas sociales para consolidar sus propuestas: la gente no respalda a un gobierno por sus grandes cambios estructurales (que muchas veces conllevan costos, sobre todo en el corto plazo, o cuyos beneficios no se perciben más que con el paso de los años). Eso no implica, ni puede ser así, que esos programas se utilicen conscientemente en la lucha electoral. Pero nadie puede negar que la buena o mala implementación de esos programas determinan en buena medida los éxitos o fracasos electorales.

Decía esta semana, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que ningún otro estado tenía la calidad de programas sociales del Distrito Federal. Probablemente es verdad, pero también lo es que esos programas sociales, que comenzaron paradójicamente a ser implementados por Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles en el primer trienio de gobierno perredista y que luego se relanzaron sin ningún control en el sexenio de López Obrador (durante la administración Ebrard y en los meses que lleva Mancera los padrones son mucho más transparentes), son los que permiten explicar los éxitos electorales del PRD en la capital. Mancera tiene el carisma y el peso propio del que carecen prácticamente todos los delegados y asambleistas capitalinos, pero eso no impidió que el PRD se llevara casi el carro completo en el DF en las elecciones pasadas. El secreto está en los programas sociales: se puede compartir o no la forma en que se implementan y discutir si solucionan en realidad los problemas o son un simple paliativo, pero no se puede negar su utilidad tanto social como política.

Siempre, desde que existen estos programas en forma articulada (o sea desde el surgimiento de Solidaridad), quienes han tenido que implementarlos a nivel de “tierra”, entre la gente, han sido operadores de confianza del gobierno en turno. Las medidas de control han aumentado desde los años 80 hasta ahora, así como los padrones y listas de beneficiarios, lo mismo que la transparencia presupuestal. Por supuesto que hay mucho que hacer todavía, tanto en el ámbito federal como en el local, incluyendo los presupuestos federales que se destinan con ese fin (y en otros como la seguridad) a estados y municipios y que en muchas ocasiones no se puede saber muy bien cómo se utilizan.

También se puede regular las figura de los delegados, pero nadie quiere, cuando está en el poder, perder la prerrogativa de designarlos. Comentaba ayer Francisco Garfías en su columna Arsenal algo que es absolutamente verídico: hace dos años, el PAN bloqueó una reforma legislativa que proponía requisitos para los delegados de distintas dependencias, en este caso la Sedesol, como que no hubieran tenido cargos en la dirigencia de los partidos. Hace dos años esa reforma no le convenía a Acción Nacional, de la misma forma que el PRD ha luchado porque no entre la Cruzada contra el Hambre en la capital y en caso de canalizar recursos para ella, que sean los propios delegados políticos, casi todos del PRD, los que los apliquen. Tener el control de los recursos, aunque se utilicen con escrupulosa legalidad, es un capítulo clave para gobernar. Y eso sirve tanto para el PRI, el PAN o el PRD.

El PRD y el PAN están poniendo a prueba al Gobierno federal con los ataques hacia Rosario Robles y la Cruzada contra el Hambre. Dice Gustavo Madero que ellos no piden la renuncia de la secretaria, pero “sólo” piden juicios políticos contra ella, contra otros 57 funcionarios locales y federales y contra el gobernador Javier Duarte. El PRD teme que su ex presidenta nacional sepa demasiado bien cómo ha operado siempre ese partido y reclama su renuncia. Manuel Camacho convierte la consigna casi en un chantaje: el presidente Peña, dice, tiene que elegir “o usted (Rosario Robles) o el Pacto”. Por cierto, hay en lista otras 37 solicitudes de juicio político, entre ellas una en contra de Marcelo Ebrard.

Debe haber reglas más estrictas en torno a las políticas sociales, puede haberlas para la designación de delegados o para el control de los padrones de beneficiarios. Y eso vale tanto para el Gobierno federal como para los locales. Lo que no se puede hacer es cancelar la política social de un gobierno, federal o local, porque sobre ella se sustenta la gobernabilidad. Tampoco la misma puede estar supedita a caprichos para la designación o la separación de su cargo de algún funcionario, le guste o no a sus opositores, menos cuando aún no se pueden ni siquiera percibir los resultados de su gestión ni se ha comprobado que ha cometido delito alguno.
19 Abril 2013 03:00:31
El Pacto tiembla
Los jaloneos en torno las reformas en telecomunicaciones continuaron a lo largo de toda esta semana y hoy, en el pleno de la cámara de senadores, pondrán en la balanza la posibilidad de llegar a acuerdos de todas las fuerzas políticas, pero el desafío irá más allá. Las reformas pasarán con modificaciones en el senado y tendrán que regresar a la cámara de diputados, que las había aprobado sin cambios, como habían pedido las dirigencias de los partidos que sacaron adelante esa reforma en el Pacto por México.

Pero que el propio pacto está tan a prueba como las dirigencias del PAN y del PRD se ha puesto de manifiesto con el proceso legislativo en el senado. Los senadores, inicialmente sólo los del PAN, tienen razón al apoyar las reformas pero, al mismo tiempo, en exigir que se realicen modificaciones. Primero por una razón obvia: los legisladores para eso están, no tiene sentido demandarles que aprueben todo lo que les envía sus dirigencias, o en su caso el poder ejecutivo, aunque esté basado en acuerdos que no se violan discutiendo y introduciendo modificaciones en un texto. Y segundo, porque resulta también evidente que en la iniciativa hay errores que deben ser subsanados y cuando hablamos de una serie de reformas constitucionales no se puede sacar adelante las mismas y simplemente argumentar que esos errores se corregirán en la ley reglamentaria.

Así que habrá cambios que no modificarán el corazón de la reforma (y me temo que ni siquiera sus extremidades) pero que significarán algunos ajustes a los capítulos menos claros de la misma, y que giran, en general, en torno a las generosas y hasta discrecionales atribuciones otorgadas en la reforma al futuro Ifetel, el nuevo organismo regulador contemplado en la minuta aprobada ya en la Cámara de Diputados. Habrá cambios sobre todo porque el PAN en la Cámara de Senadores lo impulsó y salvo cuatro legisladores, encabezados por Javier Corral, el resto no apoyó sacar la iniciativa sin tocarla como lo demandaba la presidencia panista.

Pero todo ello también tiene otras repercusiones. En la Cámara de Diputados entonces se negaron a discutir la ley financiera de endeudamiento de estados y municipios, otra reforma constitucional, que salió aprobada casi por unanimidad desde la Cámara Alta y que recibió incluso el beneplácito de la Secretaría de Hacienda por el trabajo realizado. Según los diputados los senadores no tienen atribuciones para iniciar ese tipo de iniciativas, pero los senadores les han contestado, y otra vez tienen razón, que sí las tienen para reformas constitucionales en cualquier ámbito. Pero el conflicto no son las atribuciones sino la decisión del senado de modificar la iniciativa de telecomunicaciones, que hizo ver muy mal a la cámara baja que la pasó sin siquiera haberla discutido. Y en buena medida el conflicto está dentro y entre las bancadas del PAN y del PRD. Para no agudizarlo, Manlio Fabio Beltrones se apresuró a aclarar que siempre sí se discutirá en la cámara baja la reforma sobre endeudamiento estatal y municipal, porque de otra forma se hubiera empantanado aún más el tema de telecomunicaciones.

En el PRD hay un problema adicional: no saben qué hacer con la Coordinadora en Guerrero. La CETEG no sólo tiene un casi nulo apoyo popular, sino que además refleja la contra reforma educativa. No se puede avalar esa reforma y apoyar a la Coordinadora; no se puede apoyar a la Coordinadora, los grupos de autodefensa y demás, sin regresar a una imagen del PRD que por lo menos la dirigencia de ese partido, no quiere tener. No puede apoyar a la Coordinadora cuando, en los hechos, son sus enemigos en muchos sentidos, y lo pusieron de manifiesto hace dos semanas destrozando la sede del partido en Chilpancingo. Pero temen perder imagen y votos. Para la dirigencia del PRD tomar decisiones en torno a la Coordinadora y la educación, aún más que frente a la reforma en telecomunicaciones será determinante para su accionar futuro dentro y fuera del Pacto. Más aún cuando en el seno del mismo ya tienen algo más que avanzadas las propuestas de leyes reglamentarias para educación e incluso para telecomunicaciones.

Las dirigencias del PAN y el PRD tendrán que realizar un ejercicio de equilibrios extremos hasta su renovación en diciembre próximo y antes del estratégico ciclo legislativo que comenzará en septiembre. Sobre todo porque, hay que recordarlo, en julio hay 14 elecciones locales.

Por cierto, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles cortó por lo sano ante la controversia con el PAN en el tema Veracruz. No tenía sentido discutir sobre si había respaldo o no a políticas electorales en el estado. Separó a todos los funcionarios involucrados en el tema y deja que los hechos tomen su cauce natural. Fue una buena decisión.
18 Abril 2013 04:08:19
La explosión del odio
Los tres muertos, un niño de 8 años, una estudiante china de 23 y una joven profesionista de 29, ni tampoco los 170 heridos, varios de ellos graves, dan la dimensión real del daño producido por los atentados en Boston el lunes pasado. Más allá del terror, de las escena terribles que observamos recordando Oklahoma, el 11S, Madrid, Londres, Mumbay, lo que vimos el lunes puede ser el catalizador del accionar de grupos que se caracterizan por el odio en la Unión Americana, un proceso que ha ido germinando desde hace años y que podría catalizarse a partir de estos atentados que cada día más parecen ser producto de grupos internos, de esos miles de grupos que pululan por la Unión Americana pregonando racismo, fanatismo por las armas, formando milicias, rechazando el pago de impuesto y la “intromisión” del Estado e incluso pregonando que el presidente Barack Obama nació en África, en algún país árabe o vaya usted a saber dónde. Para el catálogo de estupideces nunca hay límite.

Lo cierto es que hoy, un par de días después del atentado, la administración Obama y la sociedad estadounidense parecen estar bajo ataque, pero las características del mismo podría dar más pistas sobre los orígenes de los atentados, y la intención de los agresores que los encontrados por las ingentes tareas periciales en Boston. Cartas a dos senadores con ricino, una sustancia venenosa; ayer un paquete para Obama con sustancias tóxicas, y muchos dirigidos al Capitolio; un paquete bomba que estalla en Atlanta. Nada es algo que, por sí solo, pudiera significar que las cosas están fuera de control, pero pareciera que el atentado en Boston abrió la puerta, o pudiera terminar de hacerlo, para que distintos grupos o personajes liberen abiertamente su odio contra unos Estados Unidos que han cambiado y que hoy, siendo ellos parte de él, detestan: unos Estados Unidos que elección tras elección demuestra que sigue siendo cada vez más urbano y liberal (los resultados electorales, por el sistema indirecto que ha adoptado ese país, no refleja siempre en sus resultados las verdaderas tendencias electorales: en los hechos, desde 1992, los demócratas, salvo la elección del 2004, nunca han perdido el voto popular: Bush Jr ganó en el 2000 habiendo obtenido muchísimos menos votos que Al Gore); una sociedad que es cada vez más plural, en lo cultural y en lo social; que se ha convertido en multiracial; que tienen un presidente afroamericano, mujeres en puestos de decisión, latinos con un poder creciente.

Esa transformación de la sociedad estadounidense, que parece más lenta de lo que es, genera enormes resistencias. Hoy Estados Unidos, según las encuestas, está más polarizado en sus opiniones políticas que nunca antes, desde la guerra civil de 1861-65. Esa polarización se expresa en algunas ocasiones abiertamente en política, sobre todo en poderosas y regresivas organizaciones que van desde el Tea Party hasta la Asociación Nacional del Rifle. Muchas otras, que suelen ser pequeñas pero diseminadas por todo el territorio estadounidense, simplemente acumulan odio y rencor, alimentado por líderes religiosos y medios que actúan en forma demencial, todo ello sumado a la irracional política de venta de armas. Y son las que parecen estar apareciendo ahora con el ataque en Boston.

Las autoridades extraoficialmente parecen haber descartado que sea un ataque proveniente de Al Qaeda. Tienen razones para pensarlo. El ataque coincidió con muchas fechas de relevancia interna: el aniversario del asesinato del presidente Abraham Lincoln; el día del Patriota en Boston, celebrando el levantamiento independentista; la fecha límite para presentar declaraciones fiscales; el anuncio de que un grupo bipartidista alcanzó un acuerdo para una reforma migratoria; la insistencia para que se acote aunque sea mínimamente la venta de armas: en los últimos tres meses hubo tres mil muertos en la Unión Americana por armas de fuego, y la tendencia va constantemente al alza.

Son los demonios con los que deben lidiar la sociedad y el Gobierno estadounidense, aunque un ataque tan abierto, tan brutal contra la población, en un evento deportivo tradicional que congrega siempre a tantos jóvenes y niños sólo exhibirá el carácter despreciable de sus autores y puede catalizar, también, el rechazo y el aislamiento de estos grupos y personajes totalitarios, racistas, fundamentalistas, por la sociedad, se trate de republicanos o demócratas, WASP, afroamericanos, latinos y asiáticos. Todos han sido sorprendidos por el terror.

Por cierto, para quienes dicen que esas cosas en México no pasan habría que registrar varios hechos pero uno alcanzaría: ¿quién puso un explosivo en pleno día dentro de los andenes del metro en la transitadísima estación de Indios Verdes en días pasados?. Afortunadamente no hubo víctimas, pero el dato debe registrarse.
16 Abril 2013 03:00:03
Maduro y la diferencia con el 2006
Como dijo Time ante los resultados electorales en Venezuela, aunque fuera ganando en forma muy discutida, Nicolás Maduro perdió y mucho el pasado domingo: perdió votos, perdió liderazgo y perdió la posibilidad de posicionarse como el heredero natural de Hugo Chávez. Ayer se abrió la lucha por la sucesión en Venezuela entre el propio chavismo. Después de una campaña en la cual, sin disimulo alguno, todo el poder del Estado se lanzó a refrendar la campaña de Maduro, el que ganara por apenas un 1% de los votos resulta notable.

Algún simpatizante lopezobradorista me pedía en Twitter que explicara ahora los resultados de Venezuela, comparándolos con los de 2006 en México. La verdad es que salvo lo cerrado del resultado no existen más similitudes. Vayamos por parte: primero, el gobierno bolivariano es autoritario, se ha perpetuado en el poder durante 15 años, sin contrapesos, con cambios constitucionales que le han dado al presidente un enorme poder, incluyendo el uso discrecional de las finanzas públicas, con un control casi absoluto de los medios que incluye una censura previa a muchos de ellos, y la expropiación lisa y llana de todos aquellos que fueron opositores.

El gobierno autoritario de Hugo Chávez que heredó Nicolás Maduro, tiene el control directo de los organismos electorales y de la justicia (la procuradora del país es la esposa de Maduro), también del ejército y de los recursos. Durante la campaña electoral Nicolás Maduro, según cifras oficiales, tuvo 40 veces más publicidad que su opositor Henrique Capriles. Durante la campaña, Maduro pudo utilizar hasta el mismo día de la elección en forma abierta todos los medios públicos del país para hacerse publicidad, incluyendo largos anuncios, discursos y programas de abierta difamación de su adversario. Capriles no pudo tener publicidad en la televisión pública (que gracias a la política de expropiaciones de Chávez, es, con mucho la de mayor cobertura en el país). Maduro utilizó todos los instrumentos de la presidencia durante la campaña, pero es más: Maduro detenta la presidencia interina de Venezuela en forma ilegal. Maduro estaba impedido constitucionalmente, al ser vicepresidente de asumir la jefatura del Estado. Esa posición le correspondía constitucionalmente al líder del Congreso, Diosdado Cabello. Un acuerdo político en la cúpula del régimen desplazó al sucesor legal y le dio la posición a Maduro, para que, precisamente, pudiera desde la presidencia hacer su campaña electoral.

Las autoridades electorales fueron designadas por el régimen sin presencia de opositores y, como decíamos la justicia, incluida la electoral, está manejada directamente por la procuradora del país, Cilia Flores, esposa del presidente y candidato Maduro. Capriles no pudo tener apoyo en las instituciones electorales, ni acceso a los medios, ni posibilidad de presentar siquiera impugnaciones al proceso. Puede reclamar el recuento voto por voto y hace bien en pedirlo porque haber quedado en esas condiciones a sólo un punto de Maduro es una hazaña, sin embargo será difícil realizar un recuento real porque desde la pasada elección el régimen de Chávez había tornado buena parte del sistema de votación en electrónico y técnicamente es muy complejo saber si hubo o no alteraciones.

López Obrador perdió en el 2006 por 300 mil votos en una competencia abierta, donde dispuso de los mismos tiempos de prensa y televisión que sus adversarios, con un control y regulación hasta excesivo de lo que se podía o no hacer en medios; con un gobierno que desde tres meses antes de la elección (a nivel federal y local) no pudo hacer ningún tipo de publicidad, mucho menos electoral; en una lucha entre tres grandes fuerzas políticas en la que obviamente ningún candidato estaba en el poder ni gozaba de prerrogativas especiales ni de los recursos del Estado para su campaña; en una elección organizada por un Instituto Electoral independiente y con un sistema de justicia electoral también independiente, en comicios en los que participaron más de tres millones de ciudadanos cuidando todas y cada una de las casillas electorales. No se hizo el recuento voto por voto de todos los paquetes electorales porque la ley no lo permitía pero sí de todos los paquetes cuestionados, mucho más del 50% de la elección. Ese recuento incluso amplió la ventaja de Calderón. En los comicios del 2006 pudo haber ganado López Obrador, y si hubiera tenido 300 mil votos más se hubiera reconocido su triunfo porque el sistema está diseñado para eso. En Venezuela el sistema estaba construido para que, como fuera, ganara Maduro, así fuera porque, como dijo el propio Maduro, el espíritu de Chávez se lo había dicho adoptando la forma de un pajarito que le habló al oído.
12 Abril 2013 03:00:48
La quincena de las reformas y las presiones
Comienza este lunes una quincena clave para sacar adelante varios de los principales temas de la agenda política y para definir, de paso, qué ocurrirá con muchos de los capítulos centrales del llamado Pacto por México, pero también para ver cómo resisten los partidos y los gobiernos las presiones políticas de los grupos más radicales.

En Guerrero, el intento para reeditar la APPO oaxaqueña es más que evidente, las provocaciones no cesan y los bloqueos (ayer el último nuevamente en la autopista del Sol) buscan llegar a un límite que obligue a las autoridades a implementar un acto de “represión”. Es el ingrediente que les falta. Tarde o temprano, en esta dinámica de desafíos y provocaciones, terminarán teniéndolo. Esa presión política quiere comprobar hasta dónde está dispuesto el Gobierno federal a llegar para sacar adelante sus propuestas, y hasta dónde llegarán sus aliados. Lo que estamos viendo con la reforma educativa es sólo una suerte de prueba respecto a lo que debemos esperar cuando llegue la hora de las reformas energéticas y fiscal: están poniendo a prueba hoy la verdadera disputa de mañana.

Por eso es tan importante saber cómo actuarán las autoridades ante este desafío. Si, como algunos creemos, ha cambiado la forma de entender y ejercer el poder por el presidente Peña Nieto, la prueba de fuego estará ante estas provocaciones. No está de más recordar que el sexenio de Fox perdió toda la iniciativa política cuando el gobierno se doblegó en su intención de construir un nuevo aeropuerto ante las manifestaciones de Atenco y, tiempo después, cuando mostró una completa parálisis ante la toma de Oaxaca por la APPO. Un gobierno no necesita mostrar continuamente su fuerza si se sabe que cuenta con ella, pero es suficiente con que una vez que haya mostrado su debilidad para que la misma se vuelva endémica.

Las presiones se darán en forma simultánea con dos temas que no están en el interés público, pero que resultan también claves para la configuración futura del país y el reequilibrio de fuerzas políticas, económicas y sociales. Por una parte se espera que el 18 de abril se presente en el Senado la minuta de la cámara de diputados con la reforma en telecomunicaciones. Como hemos dicho, es una reforma increíblemente compleja con innumerables aristas que deben analizarse. No dudo que lo aprobado en diputados sea perfectible: sobre todo en el tema de las atribuciones del IFETEL, el nuevo organismo autónomo que regulará el sector, hay muchos aspectos que deberían analizarse y probablemente reformarse. En eso tiene razón el PAN. La autonomía absoluta del IFETEL puede significar costos altos para la capacidad de control del propio Estado sobre el sector. En todas las democracias existen organismos relativamente autónomos pero en ninguna el Estado ha resignado su responsabilidad y atribuciones mínimas, que en realidad son de seguridad nacional sobre el sector.

Todo indica sin embargo, que la reforma se aprobará sin cambios significativos porque la intención es que no regrese a la cámara de diputados y que los cambios que deban realizarse se efectúen en las leyes reglamentarias que ya están siendo preparadas entre los integrantes del Pacto por México. Se asegura que si se dan cambios, sobre todo en el IFETEL, se romperán los acuerdos con la dirigencia del PRD en el Pacto, mientras que el PAN tiene una posición dividida al respecto.

En el plan de hacienda que también se analizará en estos días en el Congreso se establecerán mecanismos crediticios y de manejo de deuda que serán, en los hechos, parte de la base para las reformas fiscales que se darán en septiembre. No deja de ser significativo que, en ese capítulo, la propuesta tenga el respaldo de la fracción del senado panista encabezado por Ernesto Cordero y seguramente no del PRD. Lo cierto es que en estos días estos dos grandes temas estarán en el debate bajo la presión de grupos radicales que, con la coartada de la reforma educativa, están haciendo una prueba para tratar de bloquear las grandes reformas: la energética y la fiscal.

Empresas en la Cruzada

Hay cosas difíciles de explicar. Por ejemplo ¿cómo pueden oponerse personajes sobre todo de la izquierda a que las empresas privadas participen apoyando la cruzada contra el hambre? ¿Qué sentido tiene rechazar que, con aportes privados, el Estado haga llegar alimentos o leche a los más desprotegidos que no pueden pagar por ella?¿tienen idea de cómo les puede cambiar la vida a familias que ganan 10 pesos diarios que los dos litros de leche Liconsa que hoy cuestan nueve pesos les puedan llegar en forma gratuita?. Cuando el discurso se niega a confrontarse con la realidad, simplemente hay que ignorarlo.
11 Abril 2013 04:08:01
Impunidad, negociaciones y chantajes
Tenemos innumerables problemas: desde la inseguridad hasta la educación, desde la necesidad de incrementar la productividad del país hasta nuestra dependencia del petróleo. Desde la pobreza y el hambre hasta la desigualdad. Pero si se hace un estudio más detenido de esa suma de problemas y desafíos, llegaremos a la conclusión de que el mayor, sin duda, es la impunidad. La cárceles están llenas, pero en ocasiones de inocentes y casi siempre de pobres que no pueden pagarse una buena defensa. El dato duro es que el 98% de los delitos que se denuncian quedan impunes, una cifra de escándalo que sólo palidece cuando se insiste en que se habla de los delitos que se denuncian, no de los que se cometen que son muchísimos más.

Si en términos de seguridad ello es altísimo, cuando hablamos de los delitos que se cometen con una coartada o tras una bandería política, ese porcentaje del 98% que parecería insuperable se torna un límite irrisorio. Es difícil recordar que haya verdadero castigo ante un delito político. Ejemplos hay miles, desde la impunidad que ronda a cualquier tipo de manifestante que acude a la violencia para tratar de imponer sus reclamos hasta políticos que desconocen las resoluciones de la Suprema Corte y alegan que existe un complot en su contra. Si cualquier ciudadano no paga sus impuestos y retiene el ISR o las cuotas del IMSS puede terminar en la cárcel, si los partidos no pagan impuestos o retienen cuotas no sucede nada, aunque los partidos, vaya paradoja viven de los recursos públicos, o sea de los impuestos que ellos mismos no pagan. No deja de ser un poco ridículo que los legisladores de los distintos partidos reclamen en el Congreso que los partidos paguen los impuestos que deben cuando ellos mismos son parte del delito que condenan.

Pero es más grave aún cuando la que queda impune es la violencia. Se ha hecho una norma desde hace años que cualquier grupo de manifestante puede cometer todo tipo de delito y no pasa nada. Eso se aplica desde aquellos que queman carros de simples transeúntes hasta los que destrozan negocios u oficinas públicas o de partidos; para los que pueden bloquear durante 10 o más horas una carretera federal con miles de automovilistas varados o estrangular la vida de una ciudad. Para los que pueden golpear y agredir a un opositor o un policía que está custodiando una calle. Para aquellos que deciden portar armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas por las calles sin que nadie se lo impida. O los que secuestran y amenazan con quemar vivos (y en ocasiones lo hacen) a funcionarios o policías.

Me parece muy bien que se esté implementando una mesa de negociación con los grupos del magisterio disidente, pero me parece inconcebible que, como dijo uno de sus dirigentes, el sólo sentarse en esa mesa implique que el gobierno quite las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes o que se libere a los que han cometido agresiones y actos de vandalismo evidentes, públicos, notorios. La impunidad no puede ser nunca una base para la negociación: funciona como chantaje y el mismo se torna cada día más costoso para la sociedad y para las autoridades. ¿Cómo puede ser que uno de los líderes de las llamadas autodefensas sea detenido portando una pistola 9 mm y sea liberado porque los propios miembros de ese grupo marchan armados por una carretera y llegan hasta el centro de Chilpancingo?

No estamos hablando de cancelar ningún derecho, pero es inadmisible que, como han dicho los dirigentes de la Coordinadora, se exija a las autoridades que ellos tengan “libre tránsito”, o traducido al español que puedan bloquear lo que quieran, donde quieran, por el tiempo que sea y que no sean “reprimidos”.

Ya ocurrió con los dirigentes de Atenco, con los del SME, con el Francisco Villa, con los 400 Pueblos, con la propia Coordinadora en innumerables oportunidades, y sucedió el 1 de diciembre pasado cuando hasta se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales del DF al vapor para aplicarles ese nuevo código en forma retroactiva (lo que se supone es ilegal) a los vándalos que destrozaron ese día el centro de la ciudad y que no fueran a la cárcel. Por cierto, nadie indemnizó a las víctimas de aquellos destrozos como tampoco se castigo a los responsables de la muerte de aquel trabajador de la gasolinera de Chilpancingo que murió apagando las llamas de ese establecimiento incendiado por los mismos manifestantes que ahora piden “libre tránsito” e impunidad.

Nadie puede estar en contra de la negociación con éste o con cualquier grupo, pero no se puede negociar con un cuchillo en el cuello, no se puede negociar sobre la base de aceptar todo o cuando se exige impunidad por delitos cometidos que dañaron a cientos de miles de personas. Ésa es la diferencia entre estar negociando o ser víctima de un chantaje.
09 Abril 2013 03:00:24
Las entretelas de un atentado
Ricardo Monreal Ávila era un joven y aguerrido legislador priista políticamente cobijado por todo un personaje legislativo, José Luis Lamadrid, pero desde el inicio de la administración Zedillo, sus cartas, pese a que había sido muy disciplinado con las líneas del presidente no iban precisamente al alza. Quería ser candidato a gobernador en Zacatecas en un ambiente de confrontación priista en ese estado. En enero de 1998, en plena sucesión en ese estado, un personaje de muy alta posición en la administración federal me hizo llegar un amplio expediente sobre Ricardo Monreal. Una serie de documentos oficiales, que en ese momento dimos a conocer, señalaban relaciones de Ricardo, de su familia y de su familia política, pero sobre todo de dos de sus hermanos, uno de ellos el ahora senador David, con el narcotráfico, que comenzaba a florecer en Zacatecas. La información fue ampliamente divulgada y desde el Gobierno federal se anunció el inicio de una averiguación contra Ricardo. Este renunció al PRI (inició en realidad la moda de renunciar a ese partido para hacerse candidato de otro, en particular del PRD), fue candidato por la izquierda en Zacatecas y ganó la gubernatura. El Gobierno federal nunca realizó acción legal alguna contra Monreal y las denuncias y documentos, así lo dijimos en ese momento, debieron considerarse, ciertos o no, como un mero ejercicio político-publicitario.

Pero los años de Ricardo en el gobierno fueron también los de un crecimiento geométrico del narcotráfico en su entidad, un crecimiento que se agudizó en los años posteriores, sobre todo con la irrupción de los Zetas. A eso se sumó un durísimo conflicto político: Monreal quería que su sucesor fuera su hermano David, pero a éste sólo le alcanzó para la alcaldía de Fresnillo. Amalia García, que había sido desplazada en el 98 para darle la candidatura a Monreal, se convirtió en la aspirante perredista y desde entonces las relaciones entre la que fuera también presidenta nacional del partido y Monreal se deterioraron de forma absoluta. El acoso del narcotráfico contra la administración de Amalia fue proporcional a la incapacidad demostrada para combatirlo. Hubo de todo, desde secuestros, asesinatos, extorsiones hasta fugas masivas de presos. Incluso hubo agresiones físicas incalificables contra la entonces gobernadora. Pero también el hallazgo de 14.5 toneladas de marihuana en un rancho propiedad de David y Candido Monreal, hermanos del ex gobernador. Una vez más se habló de investigaciones, del inicio de averiguaciones previas pero no pasó nada, se dijo que el depósito había sido rentado y el caso murió en los medios y en la justicia. Los Monreal no fueron con el PRD en la elección para gobernador y eso le abrió la puerta a Miguel Alonso Raya. Su historia también estaba ligada a Monreal. En 1998 junto a Ricardo renunció al PRI y se incorporó al PRD, fue su secretario particular al asumir la gubernatura, y en el 2001, fue candidato del PRD a presidente municipal de la capital del estado, y ganó la elección. En el 2004 Amalia García lo nombró Secretario de Turismo del estado, pero renunció al cargo en 2007 para ser candidato y electo diputado local. En el 2009 renunció a la militancia en el PRD y se declaró diputado independiente, y en junio se reincorporó al PRI, fue postulado candidato de ese partido a la gubernatura y ganó la elección en el 2010. Nada mal para un político de apenas 42 años.

En el 2011 es secuestrado y desaparece Juan Carlos Guardado, ex alcalde de Fresnillo y cercanísimo colaborador de David y Ricardo Monreal. El ex alcalde era hermano de un conocido empresario local, Arturo Guardado, ahora investigado y acusado de ser el autor intelectual del intento de atentado contra los hermanos Monreal, a quienes aparentemente acusaba de no haber hecho lo suficiente para lograr la aparición con vida de su hermano, pese a que incluso se había pagado un rescate. El hecho cierto es que según autoridades federales y militares, el ex alcalde fue secuestrado y asesinado por los Zetas, cuando se trasladaba con su chofer de Zacatecas a Mazatlán y pese a que hay incluso detenidos por el caso, nunca hubo una explicación sobre el tema. Sólo se habló de lucha entre los Zetas y el cártel del Pacífico pero sin esclarecer la participación del ex alcalde en esa trama.

La historia como se ve, dista de ser lineal y las preguntas son inevitables: la primera es obvia ¿por qué se intentaba atentar contra los hermanos Monreal y sobre todo contra David? A la versión de que es una venganza de antiguos aliados políticos le falta algo (o mucho) para ser verosímil. Lo segundo es qué estaban investigando los organismos de inteligencia cuando se toparon con el intento de atentado a los Monreal, porque nadie le quita mérito al descubrimiento de ese complot, pero todo indica que lo que se investigaba era otra cosa y en el camino se cruzó esa información. Quien sabe si habrá respuestas.
22 Marzo 2013 02:00:31
Sicilia y el derecho a las armas
Se han creado grupos de autodefensa armados en 37 municipios del país: 19 en Guerrero, cinco en Michoacán, cuatro en el estado de México, uno en Morelos, dos en Campeche, 11 en Chiapas, uno en Jalisco, uno en Oaxaca y cinco en Veracruz. En las últimas horas se habla de que se ha creado otro en Yucatán. Lo que llama la atención es que ninguno de esos 37 municipios está catalogado como de los más inseguros del país y tampoco están contemplados dentro de los cien municipios prioritarios del programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia. La información es de Gladys López, directora de la revista Alcaldes de México.

No dudo que en la mayoría de esos municipios y particularmente en muchos de sus poblados más alejados la situación de seguridad y la falta de presencia de las autoridades puede y debe provocar situaciones límites en sus comunidades. Pero tampoco nos engañemos: la mayoría de estos grupos de autodefensa armados no surgen espontáneamente, como tampoco les llegan espontáneamente las armas, los mandos y en ocasiones hasta los uniformes que utilizan. En realidad, la mayoría de los que han surgido en Michoacán, según las autoridades federales, son impulsados por grupos criminales, en particular por el cártel de Jalisco Nueva Generación, más conocidos también como los matazetas, aunque también los hay políticos como el de Tepalcatepec, donde participa la ex senadora del PAN Xóchitl Díaz; los de Guerrero, los impulsan grupos cercanos al ERPI; los de Chiapas, son del EPR, los de Venustiano Carranza, y del EZLN en su tradicional zona de influencia.

En la sesión en la que fue ratificado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, decía que no es posible reglamentar la existencia de estos grupos. Y lo mismo ha dicho el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam y el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón. No es posible reglamentar algo que por definición funciona fuera de la ley y que además constituye una invitación a violarla en forma cotidiana. Eso no exime al Estado, en sus tres niveles de gobierno, de garantizar la seguridad a las comunidades pero es precisamente la existencia de esos grupos un elemento más que la vulnera. Lo que no deja de llamar la atención es que los gobernadores de dos de los estados más afectados, Michoacán y Guerrero, Fausto Vallejo y Ángel Aguirre Rivero, estén insistiendo en que reglamentaran la existencia de estos grupos cuando la Federación ha sido tan explícita en que ello no se puede permitir y cuando el propio pleno de la cámara de diputados aprobó un punto de acuerdo condenando la existencia de estos grupos.

Que la formación de estos grupos responde a intereses políticos lo puso de manifiesto el inefable Javier Sicilia quien en Cuernavaca llamó al gobierno a que los respete y respalde en lugar de desarmarlos, argumentando que de otra forma dejará a la población a merced de grupos criminales y diciendo algo que han repetido hasta la saciedad los señores y señoras de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos: que la Constitución nos otorga el derecho a portar armas en legítima defensa. El señor Sicilia tendría que leer la Constitución para comprender que la misma no nos otorga ese derecho, que le da al Estado el monopolio de la violencia y que existen normas muy estrictas que especifican que sólo se pueden portar ciertas armas con el permiso correspondiente de la secretaría de la Defensa.

El embajador Bremer

Juan José Bremer es uno de los mejores diplomáticos de la historia reciente de México. Se ha desempeñado en forma notable en Washington, en Londres, en Berlín, entre muchos otros destinos. Ahora que es propuesto para La Habana, sale un grupo de legisladores de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados a impugnarlo porque no se peleó con un ex alcalde de Londres que criticó a México o porque en una mudanza de la embajada alguien se olvidó una bandera. Bremer ha representado mejor a México a lo largo de su vida que todos los integrantes de esa comisión legislativa juntos. No se vale ensuciar una carrera de toda la vida con estupideces.

El Santo Oficio

José Luis Martínez publica desde hace años su columna “El Santo Oficio” en “Milenio”, una crónica de la cultura, la política, el periodismo, el espectáculo, la sociedad y la vida con una visión aguda y nunca condescendiente. “El Santo Oficio” acaba de ser publicado en libro. Es un placer verlos reunidos y poder disfrutarlos.

PD: nos tomaremos estos días de Semana santa y Pascua para un descanso no sabemos si merecido pero sí necesario. Nos leemos en este espacio el lunes 8 de abril. Páselo bien.
21 Marzo 2013 02:00:44
Aeropuertos, negocios y justicia
El 22 de octubre de 2001, el presidente Fox ordenó trasladar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la zona de Texcoco, utilizando los terrenos federales en donde se ubica el ex Lago de Texcoco, que suman aproximadamente 10 mil hectáreas. Para desarrollar el ambicioso proyecto, que tendría que concluirse poco antes del fin de su administración se realizarían expropiaciones en varios municipios aledaños, la enorme mayoría de ellos asentados sobre tierras consumidas por el salitre y muy poco productivas.

Un año después, en agosto de 2002, el Gobierno había fracasado en su intento y anulaba su propio decreto de traslado del aeropuerto. Fue un golpe mortal para el foxismo: desde entonces fue un gobierno a la defensiva, percibido como débil y que había resignado su principal proyecto de infraestructura sometido por la presión de un grupo de manifestantes (los de Atenco, ligados a grupos muy radicales del EZLN y el EPR) sin mayor representatividad que la que tenían en una comunidad de las muchas que vivían en torno al proyecto. El gobierno no se había enterado de esa presencia y por lo tanto la violencia de esos manifestantes lo sorprendió. Nunca se pudo recobrar el foxismo de ese fracaso ni en lo político ni en la confianza de los inversionistas.

Nadie tenía dudas entonces, o ahora, de que el AICM está rebasado. El aeropuerto tiene más de 60 años en operación y literalmente no puede crecer: está rodeado por la mancha urbana, en buena medida porque nunca se planificó su crecimiento futuro ni se previeron las necesidades que tendría la aeronáutica con el paso de los años. Desde el gobierno de López Portillo se manejaron varias alternativas para construir un nuevo aeropuerto para la capital y nunca se decidió hacerlo por conflictos políticos, intereses económicos y falta de determinación. Fracasado el proyecto del nuevo aeropuerto propuesto por Fox, se construyó una nueva terminal que, como se previó entonces, al paso de unos pocos años ha quedado también saturada. No hay más alternativa que volver a la propuesta de construir una nuevo aeropuerto para la capital del país. Y el lugar idóneo probablemente sigue siendo Texcoco, independientemente de que se puedan ir descentralizando operaciones hacia Toluca.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció que ya está sobre la mesa ese proyecto y que el anuncio lo hará el presidente Peña cuando estén concluidos todos los estudios. Después del fracaso de hace una década se analizaron varias alternativas para construir en Texcoco sin tocar la zona de conflictos. Quién sabe qué alternativas se propondrán ahora. Lo cierto es que sin duda, y más aún viniendo el presidente Peña y buena parte de su equipo del Estado de México, se trata de una decisión política, que tiene que ser operada con un alto grado de eficacia. El fracaso de Fox con el aeropuerto se derivó, entre otras razones, de que no se hizo trabajo político alguno en torno a la decisión, tampoco se había trabajado con los ejidatarios que serían expropiados y antes se había realizado un largo e infructuoso proceso de consulta sobre el lugar donde ubicar el aeropuerto que sólo sirvió para dividir opiniones entre los partidarios de Texcoco y los que proponían su ubicación en Hidalgo (paradójicamente hoy buena parte del equipo del presidente Peña se divide entre funcionarios de ambos estados), la única otra alternativa posible.

No se puede emprender nuevamente la tarea de construir un nuevo aeropuerto sin cubrir todas las exigencias políticas que el proyecto implica, eso obviamente lo sabe la nueva administración. Pero también sabe que lograrlo sería un golpe político y económico clave, además de una reafirmación de la nueva concentración del poder presidencial, tan disperso, sobre todo en aquellos años.

Por lo pronto, ya comenzarán las tareas de desconcentración de vuelos del aeropuerto capitalino hacia Toluca, y deberá darse en estos días la resolución final sobre Mexicana. Y de la mano con ello, sería el momento de ejecutar otro acto de justicia: responsabilizar penalmente a los ex dueños de esa empresa que realizaron un fraude inocultable con su vaciamiento, que dejaron a miles de trabajadores en la calle y que están tratando de alargar todo el proceso de quiebra hasta más allá de septiembre próximo para que los posibles delitos prescriban y ellos queden impunes.

Al margen, qué triste que hayan tenido que agredir a Jesús Zambrano, para que en el PRD descubrieran que los amigos de Noroña y patanes semejantes son simplemente provocadores fascistoides. Cientos han sufrido esas agresiones con el silencio cómplice de los dirigentes partidarios. Esperemos que ahora la denuncia vaya más allá de las declaraciones.

16 Marzo 2013 03:08:33
Telecom: ¿nada qué debatir?
Creo que la de telecomunicaciones es una gran iniciativa de reforma, la más importante que se ha planteado en nuestro país en años y con repercusiones que trascenderán el sexenio, la política y los negocios. De alguna forma quedará a partir de ella planteada la forma en que adquiriremos mucha de la información y el entretenimiento en el futuro, también las formas en las que nos comunicaremos entre nosotros y con el mundo y también se redefinirá, por lo menos esa es la intención, buena parte de la distribución de los mercados, en esos sectores y en muchos otros. Es, finalmente, una reforma que sienta precedentes en muchos otros ámbitos, lo que la constituye en paradigmática, sólo a nivel de la energética que se espera para la segunda mitad del año.

También me parece muy bien que no haya sido una iniciativa del Ejecutivo, sino el resultado de una negociación de éste con el PRI, el PAN y el PRD (y si bien no está en los logros del Pacto por México, también del Verde). Eso le da una fuerza, una viabilidad, la posibilidad de transitar por ella (sobre todo cuando hablamos de una serie de reformas constitucionales) con rapidez y eficacia.

Precisamente por todo eso, no creo que el mejor método sea aprobar esta iniciativa sin revisar, sin discutir, dos, tres, cuatro puntos, que son claves para su futuro. En última instancia para eso está el Congreso, no sólo para levantar las manos ante una iniciativa enviada por los partidos, más aún cuando ninguno de los coordinadores parlamentarios (y por supuesto tampoco sus legisladores) de esos partidos participó activamente en las negociaciones.

En lo personal, creo hay dos puntos de la iniciativa que deberían ser revisados. Por una parte, el que concede la posibilidad de un 49% de inversión extranjera en radiodifusión. En principio, como un dato aislado, no está mal, pero cuando los vemos en un contexto global o regional afloran asimetrías evidentes. Esa inversión, cuando se produzca, vendrá, sobre todo, de Estados Unidos: la expansión de esas cadenas en México es casi un proceso natural, como lo debería ser la de las cadenas mexicanas, las actuales y las que se creen, hacia el norte, sobre todo para la creciente población latina en la Unión Americana. El único problema es que en Estados Unidos, los mexicanos (o cualquier extranjero) sólo pueden invertir hasta el 25% del total del capital en una empresa de radiodifusión. Los grandes empresarios que han invertido en ese mercado siendo extranjeros, han tenido que obtener, primero, la ciudadanía estadounidense, entre otras razones para atenerse estrictamente a las leyes que emanan de ese país. Ejemplos hay muchos pero quizás los dos más importantes son el australiano Robert Murdoch (Fox e innumerables medios, entre ellos el Wall Street Journal) y el propio Emilio Azcárraga Jaen.

La pregunta es obvia: ¿porqué los empresarios estadounidenses de la radio y la televisión podrán invertir hasta un 49% en el sector, cuando los empresarios mexcianos pueden invertir un 25 por ciento en su país (y en Canadá cero por ciento)? No está mal abrir el sector al capital privado internacional, pero como en todo el comercio global, debe haber reciprocidad. Y la norma debería ser equiparable a la de nuestro socio comercial: mientras sea en Estados Unidos de 25 por ciento, debería ser equivalente en nuestro país; cuando en esa nación se aumente o disminuya el porcentaje deberá equipararse en el nuestro. Así se fomentaría la competencia y la inversión pero no las asimetrías.

El otro punto se relaciona con un capítulo clave de la iniciativa. Se supone que todo el andamiaje está construido para evitar concentraciones monopólicas o dominancias evidentes en estos sectores. Por eso se estableció que ninguna empresa debería tener más de 50% de uno de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Lo cual está muy bien, pero entre las atribuciones del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones se establece que esa será una decisión que deberá tomar el propio Ifetel, lo cual, por una parte, pone en entredicho la medida (porque pasa a ser una decisión exclusiva del nuevo instituto aplicarla o no según sus propias consideraciones) y por la otra la otorga a ese Instituto una discrecionalidad y un poder enormes que deben ser atenuados por la propia letra de la ley.

El porcentaje de dominancia en el mercado debe estar especificado en la ley, en ese y en otros mercados. Y sin que tenga relación con el sector pero sí con la práctica ahí tenemos nuevamente el ejemplo estadounidense, donde se acaba de prohibir la compra de cervecería Modelo con AB-InBev, un negocio de 20 mil 100 millones de dólares porque ello reducirá la competencia en el mercado de cervezas de Estados Unidos. Su participación, conjunta, en el mercado sería de apenas el 46 por ciento.

14 Marzo 2013 02:00:56
Las sombras de los cien días
Los exitosos en muchos ámbitos primeros cien días de la administración Peña Nieto, no deberían ocultarnos algunos capítulos que siguen siendo motivo de preocupación y que pueden torpedear todo lo hecho en otras áreas.

La seguridad sigue siendo la mayor preocupación de la población, y si bien se ha reducido el número de muertos en el mes de febrero, la cifra sigue siendo escandalosamente alta, más de 900. No es algo que se pueda disminuir de la noche a la mañana, más aún cuando según distintos estudios, en ciertas regiones del país (Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, entre otras) se ha exacerbado la guerra entre distintos grupos criminales. Sin embargo, hay acciones que son muy preocupantes, un ejemplo es el hostigamiento que están sufriendo distintos medios de comunicación: el Siglo de Torreón, el Diario en Chihuahua, el Zócalo de Coahuila, un portal en Tamaulipas, otro en Ojinaga, entre otros, han sufrido ataques, amenazas, secuestros de sus trabajadores y ello ha obligado al Zócalo, por ejemplo, a decidir no cubrir la información relacionada con la delincuencia. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, con la representación presidencial en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Puebla, aseguró que se garantizarán las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de prensa. Y está muy bien. Pero lo cierto es que en varios puntos del país esa protección debe hacerse mucho más presente.

Otro tema que se ha disparado, creciendo sobre todo la cifra negra, es el secuestro. Hay varios lugares del país donde el mismo está creciendo en forma más que preocupante. Sobre todo porque, como decíamos, se trata de secuestros de relativamente corta duración que no se están denunciando. Ocurre en muchas ciudades, incluyendo sobre todo la periferia de la ciudad de México, sus municipios conurbados, en Tampico, en Torreón y la Comarca Lagunera y en Monterrey.

Quizás el mayor logro de estos 100 días para el Gobierno federal ha sido sacar adelante la reforma educativa, pero allí sigue habiendo focos rojos que deben atenderse. Una cosa es todo lo sucedido en torno a Elba Esther Gordillo y el SNTE, y otra la creciente radicalización de los grupos de la Coordinadora. El propio secretario Chuayffet, en declaraciones en la reunión de la SIP, dijo que los maestros que no den clases podrán perder su salario y su puesto. Y por supuesto que está muy bien, pero lo cierto es que en las últimas semanas, han estado constantemente paralizadas las escuelas de Oaxaca, Michoacán y Guerrero y si analizamos lo sucedido en los tres últimos años en la sección 22 de Oaxaca, vemos que se han perdido, por una u otra causa, un año de clases. Los niños y su educación no pueden ser rehenes de este tipo de movimientos políticos: las normas, se supone, deben ser para todos.

Y hablando de educación, en un tema que no involucra directamente al Gobierno federal (sí al del DF) pero que debería estar dentro de esa lógica general de la reforma educativa, lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es sencillamente vergonzoso. Esa institución académica, si así se la puede llamar, creada hace diez años, en la administración López Obrador, ha servido para todo menos para ser una alternativa de superación para sus jóvenes estudiantes: en 10 años ha tenido apenas 38 alumnos egresados de la licenciatura y se ha convertido en una suerte de refugio militante de distintas fracciones que se escenifica en el enfrentamiento por el control de la rectoría, una lucha que en última instancia es entre el PRD y el Morena. Mientras tanto, hace semanas que esa Universidad no tiene clases pero sigue despilfarrando los recursos públicos.

El Gobierno federal ha comenzado a tomar cartas en uno de los aspectos más preocupantes de los últimos meses: el surgimiento de grupos de autodefensa. En Buenavista Tomatlán, en Michoacán, fueron desarmados y detenidos, más de 50 integrantes de un grupo que en realidad era parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, aliados con el Chapo Guzmán. Muchos de los otros que han aparecido, tienen características similares. Otros, sobre todo en Guerrero, son parte de organizaciones como el ERPI y los que han surgido, por ejemplo, en Venustiano Carranza, en Chiapas, del EPR. No estaría de más, en ambos casos, reiterarles a sus integrantes la conveniencia que integrarse a la vida política pública de sus regiones y municipios.

Y mientras sale adelante la estrategia nacional de energía que sentará las bases para la transformación en el sector, habría que recordarles en Pemex, por ejemplo, que no todas las licitaciones y nuevos contratos deben ser para empresas españolas, que las hay también mexicanas, y muy eficientes.
09 Marzo 2013 05:06:49
El día 101
El domingo el presidente Peña Nieto cumple 100 días en el poder y lo hace superando expectativas propias y ajenas sobre las posibilidades reales que tendría su administración de reconstruir en tan corto plazo todo el andamiaje de poder que había perdido el priismo hace 12 años.

Hay reformas, iniciativas, gestos políticos que se deben destacar en estos cien días, sobre todo el Pacto por México, la Reforma Educativa, la cruzada contra el hambre, las reformas a la ley de amparo, las de la propia administración pública o la detención de Elba Esther Gordillo; hay decisiones que son más controvertidas, como promulgar la ley de víctimas a sabiendas de sus numerosos errores que obligan a una reconstrucción de la misma o, aunque no se pueda atribuir al ejecutivo, la liberación de Florence Cassez; hay procesos todavía inconclusos, aunque aparentemente bien encaminados, como la reconstrucción de las estructuras de seguridad, con focos rojos como la aparición de los grupos de autodefensa o la inevitable, en este plazo, presencia de la violencia. Y objetivos muy claros hacia el futuro como las reformas energética y fiscal.

Pero más allá de todo eso, lo que se debe destacar en estos cien días es la reconstrucción del poder presidencial: en poco más de tres meses, el presidente Peña ha recuperado muchos hilos del poder que estaban dispersos, sueltos o perdidos; ha impulsado iniciativas que vuelven a concentrarlo en el poder ejecutivo, ha acabado con la balcanización de muchos gobernadores y ha puesto un margen importante (real o tácito) a distintos poderes fácticos o reales que habían crecido ante el repliegue del ejecutivo federal, incluyendo el regreso, público, del presidente priista al liderazgo de su partido.

No es algo que se deba minimizar. Esta es la base sobre la que gobernará Peña Nieto en todo el resto del sexenio: tiene instrumentos para hacerlo y ahora, sobre esa base, comienza la etapa decisiva de su gestión. El día 101 será paradigmático en ese sentido: se espera que el lunes, en algo más que un gesto político, se presente la iniciativa para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, uno de los capítulos claves en la lógica de acotar y redistribuir espacios de poder económico e incluso político en el país.

El contenido de la iniciativa se ha guardado celosamente, pero si nos atenemos a lo dicho por el propio presidente Peña en diversos pronunciamientos sobre los monopolios y los grupos hegemónicos en el país, el lunes tendremos en el congreso una ley que cumpla con varios principios que deberían formar parte de un nuevo equilibrio económico y de poder. El sector de telecomunicaciones tendrán que tener algún tipo de redistribución, cuando hay operadores que manejan más del 80 por ciento del mercado, quizás tengamos cambios en medidas de interconexión e incluso en la desinversión de operadores hegemónicos como Telmex; el área de televisión tendrá una apertura que podría contemplar la desincorporación de una cadena, la licitación de dos o tres cadenas nuevas, una de ellas pública, acabando también con los candados de participación para ciertos jugadores; en los sistemas de cable y satélite, se supone que se establecerá el llamado must carrier, must offer; en todos estos sectores se ha dicho que ningún operados debería tener mucho más del 40% del mercado.

Habrá que ver si esas y muchas otras medidas que se supone contemplaría esa nueva ley estarán finalmente en la iniciativa, pero de lo que no cabe duda es que se tratará, incluso más allá de lo hecho hasta ahora, de la primera reforma de gran calado que emprenderá la administración Peña, una iniciativa en la que se tendrán que equilibrar la política con la economía, las finanzas, la competitividad y la equidad. Y con enormes intereses de todo tipo en juego. Las reformas a la ley de amparo, en realidad, han sido una parte de todo este proceso, lo mismo que la llamada de atención que implicó la detención de Gordillo.

El mismo lunes se espera aprobar en el senado el Plan Nacional de Energía, un paso previo imprescindible para la otra gran reforma que quiere sacar Peña Nieto antes de que concluya su primer año: la energética. Los contenidos de la misma están plasmados en el Plan Nacional, aprobado el mismo ahí estarán las bases de la nueva legislación, que a su vez es clave para poder aprobar una reforma fiscal que simplifique la recaudación, aumente y acabe con los regímenes especiales.

Todo eso es lo que estará en la mesa en el día 101, apenas acabe el recuento y la celebración. Si hubo un periodo de gracia, para propios y extraños, el mismo ya acabó.


07 Marzo 2013 05:08:39
Chávez, el hombre solo y desconfiado
Los seguidores del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez suelen identificar a su líder y su movimiento político con la identidad de su país. Es tan falso como cualquier pretensión política por el estilo: ningún partido identifica a una sociedad por definición plural y compleja. Chávez lo que hizo es lo que hacen todos los políticos que quieren perpetuarse en el poder: dividir la sociedad en buenos y malos, encasillar a los suyos, hagan lo que hagan, en el primer grupo, tener con ello una razón para excluir a sus opositores presentándolos como traidores a la patria y finalmente quedarse en el poder como única forma de defender al “pueblo bueno” de esos traidores y sus acechanzas.

¿Qué mejor demostración de esa forma de razonar que la declaración del sucesor de Hugo Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro, de que investigarán “con un grupo de científicos” si la enfermedad de Chávez fue producida por “el imperialismo y sus opositores”? No deja de ser paradójico que en esa lógica de identificación como patrono del pueblo y de la nación, Chávez haya sido tan desconfiado de los suyos. De los grupos y personajes políticos y militares que le permitieron acceder al poder hace ya casi 15 años, no queda nadie junto a él: todos se han ido alejando con mayor o menor virulencia ante un hombre que sólo se escuchaba a sí mismo, que creía tener una misión providencial en la vida y que confundía en una extraña amalgama, en la que él estaba en el centro, la religión, la política, el nacionalismo, la continuidad histórica con Simón Bolivar y el disfrute puro y directo del poder. El ahora presidente Maduro, su sucesor, era chofer del Metrobús: ascendió desde lo más bajo de la pirámide política de la mano con Chávez, que lo hizo desde su propio chofer hasta líder sindical, canciller y luego vicepresidente y sucesor. Maduro no podía ni podrá hacer sombra alguna a Chávez, simplemente no tiene la preparación ni el bagaje para hacerlo.

Pero la desconfianza iba mucho más allá. No había venezolanos en la guardia personal de Chávez que estaba formada por cubanos enviados por el gobierno de los hermanos Castro; las áreas de inteligencia también eran controladas por gente de Raúl que llegó al límite, luego de la crisis petrolera de hace ya varios años, de enviar una suerte de embajador plenipotenciario para controlar y organizar a la administración chavista. Cuando Chávez se enfermó decidió no tratarse en su país: decidió ir a Cuba en donde estuvo desde el 11 de diciembre pasado sin que nadie lo viera, sin que se informara de qué padecimientos sufría, vamos ni siquiera se sabía si estaba o no consciente. Era secreto de Estado, pero del Estado cubano. Los propios hombres del gobierno venezolano, salvo el propio Maduro y un par más, no tenía acceso alguno a Chávez. Y cuando regresó a Venezuela fue porque su situación era ya insostenible y volvió, ahora es evidente, para morir, sin que existiera constancia alguna de que hubiera recuperado la conciencia en alguna oportunidad.

Los regímenes que se construyen en torno a una persona se suelen derrumbar cuando ésta falta. Desde Alejandro Magno hasta nuestros días esa siempre ha sido la norma. No será diferente con la Venezuela de Chávez. No se puede gobernar el futuro despilfarrando el presente y abusando del pasado. Cuando se gobierna para quedar en la historia el futuro no importa.

Chávez deja a su país con un líder, Nicolás Maduro, que no se sabe qué capacidad real tiene para gobernar, sostenido por un grupo de líderes que, en realidad, dependen de una cúpula militar que parece ser la única institución más o menos organizada en el país. Deja al país con una situación económica muy difícil: con una inflación que se está escapando de control y con el bolívar en constante devaluación. Venezuela es hoy el quinto país más inseguro del mundo. La riqueza petrolera se está convirtiendo en polvo, tanto al utilizarla para expropiar y comprar para el Estado todo tipo de empresas, como por las decisiones personales de Chávez de entregar el petróleo a sus aliados a precios discrecionales (en torno a los 40 dólares por barril) al mismo tiempo que fustigaba al “imperialismo yanqui”, pero se escondía el hecho de que el 50% de sus exportaciones de crudo van hacia ese país (que no las necesita tanto: implican sólo el 5% de todo el suministro de crudo estadounidense). La corrupción es galopante; las libertades, sobre todo la de prensa, está extremadamente limitada. La nación dividida: el arrastre de Chávez es indudable pero teniendo todo el aparato del Estado trabajando a su favor hubo un 45% de venezolanos que no van votaron por él en octubre pasado.

Ni duda cabe que Chávez fue uno de los personajes claves de los últimos 15 años en América Latina. Pero su legado puede derrumbarse tan rápidamente como sucumbió su cuerpo ante la enfermedad.
01 Marzo 2013 04:00:31
Del dinero al poder
Algún periódico publicó ayer y lo han repetido algunos analistas, que Elba Esther Gordillo se quedó sola. Puede ser, pero me temo que más allá de apoyos y animadversiones Gordillo se enfrenta, además de sus propios excesos, al más descarando rostro del poder. Y ante él, evidentemente un personaje, casi cualquiera, casi siempre se queda solo.

Los dos principales brazos operativos de Elba han sido muy discretos en su reacción: el SNTE ratificó su apoyo a la maestra y confirmó, mientras tanto a Juan Díaz como líder del sindicato. No puede hacer otra cosa: difícilmente Elba obtendrá el lunes su libertad y aunque ello ocurriera tendrá que concentrar fuerzas en su propia defensa. Es un caso complejo y seguramente largo, que recuerda el que afrontó en su momento (por lavado de dinero, el caso Ruiz Massieu evidentemente tenía otros caminos) Raúl Salinas. Paradójicamente en ambos había componentes comunes: en un caso se hablaba de recursos provenientes del fondo secreto de la presidencia, que por cierto ya no existe, y en esta ocasión provenientes del sindicato. En este sentido quizás no es nada extraño que quien fue el principal acusador hace casi 20 años, Antonio Lozano Gracia, encabece hoy el despacho que asume la defensa de Elba Esther.

Nueva Alianza e incluso su única senadora, Mónica Arreola, hija de la dirigente detenida, han adoptado también una actitud moderada. Han exigido un debido proceso y que no exista linchamiento en contra de Gordillo.

Ambas acciones tienen lógica: convocar a cualquier otro tipo de medidas, como marchas o bloqueos, que vayan más allá de la batalla legal, lo que puedan lograr en el terreno político es tiempo perdido, confunde al SNTE con la CNTE y, además, serán fórmulas que en lugar de facilitarles las cosas a su dirigente detenida, le dificultarán las vida y el futuro del proceso. En todo caso, el SNTE, ante el gobierno tiene otro tipo de cartas que jugar, mientras afronta su propio proceso interno que será complejo y difícil en el futuro. Por lo pronto, tienen en marcha un capítulo tan importante como la renovación contractual que debe estar concluida para mayo y que determinará el ánimo de la base magisterial. Nueva Alianza tendrá que tomar decisiones en torno a los futuros comicios y sus alianzas tanto electorales como legislativas: me imagino que para ese partido mantener su cuota electoral en julio es más importante que nunca.

Pero más allá de eso, no se puede perder de vista, en el terreno meramente pedagógico, cuál es el mayor riesgo para el futuro de la educación. Como decíamos en el libro La élite y la raza que publicamos con Bibiana Belsasso hace unos pocos meses, el mayor riesgo estriba en la pérdida constante de la calidad educativa y de un sistema que de público está pasando a privado, de laico en muchos casos a confesional, que se torna cada día más elitista y aleja a los jóvenes de menores recursos de la posibilidad de una educación de calidad. Y de la misma forma que existen intereses privados que sin duda quieren hacer negocios con la educación, existen intereses y grupos políticos que no están interesados en absoluto en ella. Unos se retroalimentan de los otros.

Uno de los graves problemas de cara al futuro es qué se hará con la llamada Coordinadora, la CNTE, que ahora se presenta como una alternativa sucesoria al liderazgo de Gordillo. En los hechos son los responsables de la peor educación que se imparte en México: en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en parte de Chiapas y el DF, la Coordinadora, que goza de las mejores condiciones laborales del magisterio del país, que tiene a miles de comisionados (en porcentaje mucho más que el SNTE); que se opone terminantemente a cualquier tipo de evaluación y de profesionalización, incluso algunos de sus grupos se han negado a estudiar (y mucho menos a enseñar) inglés y computación; que están participando en la creación de los muy controvertidos grupos de autodefensa; que han tenido en promedio un año de paros y miles de bloqueos de los tres últimos años de clases; no pueden ser una alternativa de sucesión. Sería una tragedia para la educación del país. Los tres estados donde la Coordinadora controla ecuación (porque controla las propias secretarías de educación de esos estados: Oaxaca, Michoacán y Guerrero) son los tres con peores índices educativos del país.

El proceso contra Gordillo tendrá que seguir su camino, pero la educación no puede esperar y el cambio que ella requiere necesitará de la participación de todos los que sí están interesados en ella.

Por cierto, el domingo 3, también con Bibiana y con el maestro Raúl Quintanilla presentaremos el libro La batalla por México, de Enrique Camarena al “Chapo” Guzmán, 25 años de historia del narcotráfico, de un servidor, junto con un documental que acompaña al libro. La cita es domingo 3 de marzo en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro, a las 19 hs en el salón de actos. Los esperamos.

28 Febrero 2013 05:08:34
Elba y el ejercicio del poder
Ayer, durante prácticamente todo el día, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong estuvo reunido con gobernadores, dirigentes sindicales, sobre todo magisteriales, y miembros del propio gabinete. La detención de Elba Esther Gordillo requiere, por supuesto, de comprobar los elementos aportados ante el juez por el Ministerio Público, pero, más allá de eso, exige que una medida destinada, entre otras cosas, a fortalecer el poder presidencial, no termine debilitándolo. Y para ello todos los factores tendrán que quedar, desde el punto de vista gubernamental, muy bien atados.

Hace algunas semanas decíamos que uno de los factores que más nos llamaban la atención de la forma de ejercer el poder de Peña Nieto era el redimensionamiento que se había logrado efectuar en torno al poder de Los Pinos, de la Presidencia de la República. Todas y cada una de las medidas que ha adoptado la administración Peña están destinada a volver a concentrar y fortalecer el poder de la Presidencia. Habrá que darle la razón a quienes decían que ese poder no se había perdido en demérito de otros poderes: lo que había sucedido es que no se supo o no se quiso usar, debilitando institucionalmente a la propia Presidencia.

El tema Elba Esther no se puede disociar de muchos otros, incluyendo la reforma energética y fiscal en ciernes, pero antes la de telecomunicaciones, y la reforma a la ley de amparo, indisolublemente ligada con el tema de telecomunicaciones, ya aprobada (está actualmente en el senado) y que aumenta en la presidencia un músculo que exhibió con la detención de Elba Esther. Un músculo con el que necesitará contar para todas las reformas planteadas.

¿Qué viene ahora? Como decíamos ayer, un papel clave lo jugarán los gobernadores: el verdadero poder del SNTE está en los estados, en la base magisterial y en los dirigentes intermedios que en su mayoría son, hasta ahora, fieles a Elba Esther. Esa es, también, la verdadera base de su poder. Recordemos, además, que la enorme mayoría de los gobernadores (de todos los partidos) ganaron con apoyo, político y de recursos, de Elba. Porque ahora todos acaban de descubrir la realidad del SNTE pero hasta el pasado muy reciente ese no fue problema alguno y eso incluye a personajes diversos, se llamen Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, o Ebrard, López Obrador, Bartlett y Gabino Cué. Ellos y muchos más han trabajado con Elba Esther, han sido aliados, en otras ocasiones adversarios, pero ninguno de ellos era o es ignorante.

Porque tampoco hay que equivocarse: cuando se dice que Elba Esther tuvo durante 24 años “un poder sin límites”, es una verdad a medias. Primero porque durante muchos de esos 24 años sí tuvo límites políticos e institucionales, y segundo porque su poder aumentó en la misma medida en que el poder le fue entregando espacios que el propio poder no podía o quería controlar o asumir. Eso fue notable, sobre todo, durante la administración Fox y se trató de adecuar, pero no se revirtió, en la de Calderón. El Estado no había perdido el control de la educación, simplemente no lo quiso asumir o lo negoció.

Hay quienes se preguntan porqué antes no se dio este golpe contra Gordillo. La respuesta es obvia: no se dio por las mismas razones por las que ahora sí se decidió darlo: por una decisión política basada en costos y beneficios. Así funciona el poder cuando se lo sabe utilizar.

Hay otra cuestión que también vale la pena analizar. Hace ya tiempo dijimos que una de las cosas que intentaría Peña sería replicar una práctica que impuso en su momento Salinas de Gortari que era no sólo centralizar y tener control sobre los distintos resortes del poder, sino también crear una suerte de nueva clase política basada en personajes de una nueva generación, entremezclados en la operación con políticos más experimentados pero que le fueran leales. Si a fines de los 80 eso se reflejó, por ejemplo, en los Colosio, los Camacho, los Aspe, los Serra, los Gurría, entremezclados con los Gutiérrez Barrios o los Hank, ahora los vemos con los Osorio, Videgaray, Nuño y otros, compartiendo espacios con los Beltrones, Gamboa y Murillo. Si entonces se removieron y renovaron dirigencias sindicales y personajes empresariales no tendría porqué ser diferente ahora.

Un último punto en relación con la caída de Elba Esther. Como decíamos ayer, el SNTE operó muy mal ante el ejercicio de poder que constituía la reforma educativa y no supo o no pudo defender ni siquiera los puntos en los que podía ganar el debate. Pero hay un capítulo que no se debería dejar librado al azar: sí es verdad de que hay una tendencia creciente hacia la privatización de la educación, sí es verdad de que nuestra educación se elitiza cada día más. Y en todos estos juegos de poder lo que no se puede perder es el objetivo de contar con una educación pública, gratuita, laica y de calidad para todos.
22 Febrero 2013 04:00:05
No es el arraigo,  es la impunidad
En distintos ámbitos gubernamentales, del Ejecutivo y del Legislativo, no hablemos del judicial, se sigue leyendo muy mal el diagnóstico sobre los problemas reales de inseguridad que vive el país. Por ejemplo, desde la propia PGR y Gobernación (y desde el Congreso) se ha insistido en los últimos días en revisar la figura del arraigo, catalogándola como uno de los mecanismos que están fallando, violando derechos humanos y debilitando la justicia.

En parte tienen razón. Se ha extendido tanto la utilización del arraigo que se usa para prácticamente cualquier detención mientras se prepara el expediente que se presentará al Ministerio Público. Y por supuesto que ha habido excesos al respecto. Pero el arraigo, bien utilizado, es un arma imprescindible para la lucha contra la delincuencia organizada y se utiliza en muchos países con ese objetivo.

Se argumentó también esta semana que de todos los arraigos que se han dictado, sólo se prosiguió el proceso en el 3.7% de los casos. Es verdad. Pero para que esa cifra tenga sentido se la debe cruzar con otra: el 98% de los delitos denunciados quedan impunes. El porcentaje de los arraigados que quedan en libertad es prácticamente el mismo del de los delincuentes que cometen un delito denunciado y no son castigados. En síntesis: el problema no es el arraigo, que sin duda debe mantenerse con adecuaciones y precisiones (lo mismo que la figura de testigo protegido). El problema es el sistema de procuración e impartición de justicia que no funciona, que trasmina impunidad y que como decíamos días atrás, terminará haciendo inútil cualquier esfuerzo que se realice en otros ámbitos para mejorar la seguridad.

Un ejemplo sencillo: todos sabemos que Raúl Salinas de Gortari no es el personaje ni más querido ni simpático en la vida política nacional. Sin embargo, Salinas fue juzgado, estuvo detenido varios años, fue dejado en libertad desde hace ya también mucho tiempo, y lo cierto es que hoy, 18 años después de su detención su proceso aún no está cerrado, sigue abierto. Nadie sabe porqué ni cómo, pero allí se siguen acumulando millones de hojas de expediente, sigue su marcha un mecanismo judicial que nadie sabe hacia dónde va, siguen cobrando, por supuesto abogados, fiscales, gestores, funcionarios, para que un proceso se prolongue todo lo posible y no vaya a ningún lado. Justicia que no es expedida no es justicia. No puede haber justicia en un caso que se extiende durante 18 años.

La otra cara de la moneda. Oscar Pistorius, el famoso atleta sudafricano, le disparó, matándola, a su novia, una conocida modelo, en la noche del 14 de febrero. Una semana después ya está en los tribunales de Petroria, para decidir si seguirá el juicio en su contra en libertad bajo fianza o en la cárcel y en un plazo máximo de seis meses se le tendrá que dictar sentencia. Y todo se realiza en un juicio oral y público. Antes de que concluya el 2013 su vida estará decidida. Así debe funcionar la justicia: por supuesto que hay fallas, que se cometen errores, pero la justicia funciona y sirve a la sociedad si ex expedita y no abona la impunidad. Y que nadie diga que Sudáfrica, una nación que abandonó el apartheid hace apenas 20 años es un país mucho más desarrollado o civilizado que nosotros.

La diferencia es que esa nación pudo, en apenas dos décadas, modificar su sistema penal, de justicia y nosotros no (Colombia cambió su sistema de justicia hacia los juicios orales en apenas dos años). Y recordemos que Sudáfrica sigue viviendo un conflicto racial, solapado pero real, tiene enormes bolsones de pobreza, tiene violencia, inseguridad, narcotráfico y una fuerte discriminación contra las mujeres. Pero su sistema de justicia funciona mucho mejor que el nuestro.

El tema es la impunidad y ella crece día con día cuando se permite que se tome con violencia el CCH, se golpee a trabajadores, estudiantes, profesores y no pasa nada; cuando se destroza el centro de la ciudad y la propia asamblea legislativa aprueba una ley para liberar a los vándalos; cuando se permite la existencia de grupos de autodefensa que ya provocan muertos y enfrentamientos. Y también cuando se tiene aprobada hace cinco años una reforma al sistema de justicia, para pasar al sistema de justicia oral y no hemos avanzado prácticamente nada al respecto. En esa transformación y en la creación de un código penal único para todo el país se tendría que concentrar las autoridades: el arraigo y los testigos protegidos son simplemente instrumentos que serán bien o mal utilizados de acuerdo al funcionamiento de todo el resto del sistema, que hoy tiene la marca de la impunidad.
21 Febrero 2013 04:00:47
No hay, ni hubo, tregua
La administración Peña ya sabe cuáles son los verdaderos desafíos de la violencia y de los grupos criminales. Hace seis años, el presidente Calderón comenzaba a decir que la estrategia de seguridad implicaba un reto similar a cambiarle las ruedas a un carro en pleno movimiento. No creo que hayan podido en los pasados seis años cambiar las cuatro ruedas ni mucho menos, pero lo que sí es un hecho es que la nueva administración tendrá que continuar, con sus métodos y políticas, haciéndoles. Porque el carro de la inseguridad se sigue moviendo a toda velocidad.

No nos engañemos, en el terreno de la inseguridad no ha habido ni tregua ni impasse. El Gobierno ha hecho su tarea y los delincuentes también: en diciembre y enero hubo más de mil muertos cada mes y febrero no se percibe mejor. Desde enero, además, como que se han desatado los demonios en distintos lugares que habían estado en relativa calma, o por lo menos sin acciones que convulsionaran el ambiente. Hay en todo este proceso, dos regiones que se retroalimentan y contaminan mutuamente: una es la de Guerrero, Michoacán y Morelos, con ramificaciones en el estado de México. La otra es Nuevo León y Tamaulipas, con ramificaciones aunque sean más lejanas geográficamente en la Comarca Lagunera y, de otra manera, en Veracruz.

La ciudad más violenta en los últimos meses ha sido Acapulco, pero lo sucedido en el puerto es expresión también de la lucha que se está dando entre distintos grupos por controlar esa zona, incluyendo la Montaña y la Tierra Caliente, alimentado, también por la confusión que genera la existencia de distintos grupos armados, incluyendo las llamadas policías comunitarias; las luchas políticas internas; en el caso de Morelos y Michoacán, del cambio de gobierno, de los municipios en Guerrero, y en resumen de la insuficiencia institucional para atender la inseguridad galopante en toda la región. El caso de las turistas españolas o del atentado al procurador de Morelos son paradigmáticos en ese sentido, pero están lejos de ser los únicos. Hay distintas posibilidades, distintas políticas en esos tres estados (cuatro con la zona limítrofe del estado de México) pero la problemática, las insuficiencias y los grupos enfrentados son los mismos.

Mientras se han tomado medidas mucho más drásticas en la Comarca Lagunera, que le han cerrado espacios a distintos grupos criminales, ha recrudecido la violencia en Tamaulipas y en Nuevo León, con acciones muy publicitadas como el atentar con granadas contra el Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, secuestrar al jefe de la policía en Nuevo Laredo o asesinar a uno de los principales mandos de la nueva Policía Estatal en Apodaca, en Nuevo León. La diferencia con lo que sucede en Guerrero, Michoacán y Morelos, es que tanto Tamaulipas como Nuevo León son estados que han tenido avances muy importantes, en la construcción de sus nuevas policías (Veracruz, por lo menos en sus principales zonas urbanas parece haber salido de sus mayores problemas). En esos dos estados, sobre todo en Tamaulipas, falta aún mucho por hacer, pero las bases de una nueva política de seguridad ya están sentadas y es esa presión la que se quieren quitar de encima los grupos delincuenciales.

Hay que recordar que, además, en esos dos estados, al igual que la Laguna, el enfrentamiento entre los cárteles del Pacífico y sus aliados del Golfo, contra los Zetas, es claro y directo, mientras que en el centro del Pacífico, esas mismas organizaciones también están enfrentados, pero tienen distintos testaferros más pequeños y locales, aliados con unos u otros y que luchan entre sí, además de que las policías locales de Guerrero, Michoacán y Morelos están institucionalmente destrozadas y penetradas por el crimen.

Pero más allá de todo esto, el hecho es que esos grupos están trabajando para desafiar a los gobiernos locales que ahora sí parecen estar dispuestos a asumir los costos y las responsabilidades de combatir la inseguridad. Y ese desafío, obviamente, se extiende al Gobierno federal que más temprano que tarde deberá establecer objetivos y metas muy concretas para responder a la provocación.

Por cierto, algo más que extraño el secuestro y la repentina reaparición, negándolo, del alcalde de Huitzuco, Guerrero, Norberto Figueroa, que dice que nunca fue secuestrado pero durante día y medio no apareció y testigos vieron cómo fue interceptado por un grupo de hombres armados.
19 Febrero 2013 04:00:14
Cien años de lealtad con la gente
El Ejército mexicano cumple hoy 100 años y lo hace siendo, a pesar de todas las difíciles y duras pruebas que ha tenido que superar a lo largo de este siglo, la institución más respetada del país. El Ejército es reclamado cuando falla la seguridad, cuando nos azota un desastre natural, cuando se deben distribuir despensas u ofrecer atención médica en las zonas más apartadas del territorio nacional.

El respeto social hacia las Fuerzas Armadas tiene razones en sus orígenes y en su comportamiento a lo largo de un siglo. En sus orígenes porque, a diferencia de otras instituciones armadas, el Ejército mexicano tiene un origen eminentemente popular. Puede ser un lugar común, pero es un ejército que surgió de una revolución y después de derrotar a una fuerza militar que se había caracterizado por la represión y la lejanía de los intereses populares. Pero más allá de ello, quizás lo importante, pese a los periodos muy turbulentos que tuvo que pasar el Ejército desde su creación hasta bien entrada la década de los 40, pese a innumerables provocaciones e intentos de manipularlo e involucrarlo en actos que no fueron de su responsabilidad (los sucesos del 68 son quizás el evento paradigmático en este sentido), lo cierto es que el ejército mexicano ha mantenido esa confianza y respetabilidad entre la población porque en un país donde los ciclos, si bien nos va, son sexenales, ha sabido mantener la institucionalidad durante un siglo: no hemos visto al Ejército mexicano en cuartelazos, no lo hemos visto cambiando de banderas y lógicas institucionales con cada presidente y ha sabido serle leales a todos ellos pero sobre a sí mismo. Ha sido un instrumento clave en la lucha contra la delincuencia organizada y en el mantenimiento de la seguridad interior, pero también es indispensable (ninguna otra institución en el país puede cumplir ese papel en esa misma dimensión) ante desastres naturales o emergencias de todo tipo.

Ha tenido que soportar todo tipo de provocaciones y también traiciones en esas tareas. Como no se acopló, a pesar de la intensa colaboración internacional que ha desarrollado a lo largo de décadas, a las lógicas más cerradas de la guerra fría o luego a las antiinsurgentes en América latina, muchas veces ha sido visto con desconfianza (la que genera la autonomía e independencia) en Estados Unidos: la más reciente demostración de ese tipo de provocaciones e insidias ha sido el reportaje publicado por el “New York Times” sobre la sucesión en las fuerzas armadas. Ha recibido acusaciones por actos cometidos, en realidad por otras instituciones, y ha tenido, como decíamos, también traiciones, quizás la más notable en las últimas décadas la del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo, con episodios traumáticos como el de los propios generales actualmente en proceso.

Pero a pesar de todos esos momentos difíciles y delicados, a pesar de todas las vicisitudes (y vaya que las ha tenido) del sistema en un siglo, el Ejército nunca ha tenido la intención de asumir el poder político y esa es quizás la mayor de sus diferencias con otras instituciones militares en el continente. Y la gente por eso le tiene confianza y agradecimiento. Ha sido leal y de la gente ha recibido lealtad.

Viene una etapa compleja y difícil en el futuro: la lucha emprendida contra la delincuencia organizada tiene y deberá seguir teniendo al ejército como una pieza fundamental en una tarea por definición desgastante. Es verdad que la marina ha asumido nuevas responsabilidades en los últimos años, que la Policía Federal comienza a ser la institución que en ese ámbito el país requiere, pero la debilidad policial en el terreno de la seguridad es tan aguda, sobre todo en los estados y municipios que la única instancia que tiene el despliegue suficiente para cubrir esas tareas es el ejército: podrá cambiar el presidente y el sexenio, podrán cambiar las políticas de seguridad y el enfoque, pero esa realidad no puede modificarse, por lo menos no en el corto y mediano plazo.

Las fuerzas armadas tendrán que pensar y trabajar en este sentido para el futuro. Muy probablemente en los próximos años vamos a ver un ejército que siga cumpliendo todas las tareas de seguridad interior que tiene ahora asignadas pero con unidades mucho más especializadas; quizás un Ejército que pueda reducirse gradualmente en el número de sus efectivos (sobre todo si se lleva a cabo el proyecto de la Gendarmería Nacional, que no parece aún hoy estar bien delimitado) pero más eficiente y preparado para garantizar la seguridad nacional y la interior. Lo que no cambiará, porque no puede hacerlo, es la convicción en sus mandos de que están al servicio de la sociedad y del Estado y de que son la última frontera para muchos de los desafíos que México debe enfrentar.
15 Febrero 2013 04:00:44
Posterguemos, que nada queda
¿Tienen relación entre sí hechos como los disturbios en los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional, las movilizaciones como las efectuadas el pasado primero de diciembre, los desmanes que han propiciado otros grupos en estados como Michoacán y Guerrero, los propios grupos de autodefensa que se reproducen en esos mismos estados, pero también en Oaxaca y en el Estado de México o las cartas bombas a académicos del ámbito de biotecnología?

Algunos obviamente están relacionados entre sí, como la creación de los grupos de autodefensa en forma simultánea en cuatro estados del país, impulsados unos por organizaciones armadas, otros por caciques locales, ambos alejados de las leyes y alimentados por la impunidad. Otros como los del CCH o las cartas bombas se podría decir que tienen orígenes distintos, pero en realidad son parte de un mismo movimiento, amorfo, sin fronteras definidas pero que parte del desafío a las estructuras del Estado. Un desafío que tiene o argumenta razones ideológicas, políticas, pero que también en muchas ocasiones se trata de simples intereses personales o de grupos o son parte de la acción de delincuentes que explotan la amplia vertiente que no termina de delimitar la política de la criminalidad.

En realidad son muchos años de impunidad los que se ponen de manifiesto con estas acciones, demasiados años en los que se compensa la violencia con una mesa de diálogo, con un acuerdo para salir indemnes de cualquier delito, con el otorgamiento de prebendas para evitar conflictos o postergarlos. Nadie quiere enfrentar la realidad y tomar decisiones. Como diría mi amigo Raúl Quintanilla, la procrastinación (definida también como postergación o posposición: es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables, todo porque el acto que se pospone puede ser percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante, por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro idealizado, en que lo importante es supeditado a lo urgente) es casi una norma nacional.

Postergamos hasta que los problemas estallan: pasó con la violencia y el narcotráfico que no quisimos ver durante lustros, hasta que no pudimos manejarlo y pasa ahora con estos movimientos que por separado pueden parecer poco importantes pero cuando se observan en un escenario general se convierten en un verdadero desafío para el propio Estado o para instituciones tan sensibles como la Universidad nacional.

No hay razones para la postergación en la toma de decisiones, pero se repite una y otra vez la norma. Para los manifestantes que destrozaron el primero de diciembre el centro de la ciudad se llegó al exceso de modificar códigos penales para que no terminarán procesados; para los porros del CCH que quemaron edificios, agredieron profesores y funcionarios y que se dedican a vender droga en el campus se instala una mesa de diálogo; a los grupos de autodefensa de Ayutla, llega el Gobernador a saludarlos y felicitarlos por estar preocupados por la seguridad de la zona y se celebra que liberen a once de medio centenar de detenidos ilegalmente por esos grupos. No se trata de tener una lógica represiva o de renunciar a la política pero debe haber normas, reglas, espacios de lo que se puede o no hacer, sin violar la ley. Hoy, ante esos desafíos, la impunidad es la norma.

Y allí reside el mayor desafío, el mayor peligro que tiene el programa de prevención social contra la violencia y la inseguridad que se ha lanzado en estos días. El programa es, sin duda, un gran acierto, aunque sólo fuera porque coordina y le da un sentido integral a más de 300 programas que funcionaban en el pasado sin la coordinación y la eficiencia necesarias. Tan sólo el monto de los recursos involucrados son una demostración de la importancia que se le dará a esa política. Pero para reconstruir el tejido social se requiere de todas estas acciones emblemáticas pero también del ejercicio y el imperio de la ley. En realidad, la combinación de la prevención con el ejercicio de la autoridad, es la única fórmula para recuperar la seguridad, la convivencia y reconstruir el tejido social. En este sentido, postergar decisiones claves en la aplicación de la ley debilitará y retrasará esa reconstrucción tan necesaria.
14 Febrero 2013 04:00:30
El poder de Los Pinos
No hace demasiados meses, platicando con uno de los funcionarios más importantes de la administración Calderón, hablábamos de los poderes reales que tenía el presidente de la república en la actualidad. Según mi interlocutor, esos poderes habían menguado en forma notable en los últimos años y me decía que “cuando volvieran los priístas se iban a dar cuenta que ya no podrían gobernar como antes, ya en Los Pinos es imposible decidir todo ni tampoco se cuenta con las herramientas para manejar las cosas como antes”.

Unos días después entrevisté a Carlos Salinas de Gortari. Le pregunté al ex mandatario si ahora se podía gobernar como antes, si la presidencia había perdido las atribuciones metaconstitucionales de las que gozaba en el pasado. Salinas me dijo que él creía que no habían disminuido en absoluto las atribuciones de la Presidencia, que lo que sucedía es que las mismas no se utilizaban por ausencia de trabajo político, pero que el poder presidencial se mantenía incólume en términos políticos y legales.

Muy probablemente la gran diferencia pasa por la percepción y la intencionalidad en la utilización del poder de administraciones que vienen de etapas históricas y políticas diferentes pero también de una forma de utilizar el poder y de entenderlo también distintas. Lo cierto es que si vemos la forma en que está actuando la administración Peña, lo que podemos comprobar es que está tratando de recuperar, utilizando la política y los instrumentos que ésta le otorga al presidente de la República, los poderes que en Los Pinos creían perdidos. Y lo están haciendo a costa de recortar los espacios del poder que se habían construido en torno a otros actores.

En esta semana tres o cuatro decisiones lo demuestran: se presentó un programa nacional de viviendas que, sin duda, tiene muchos elementos positivos, como evitar la expansión de las ciudades, no seguir ampliando la distancia que deben recorrer los trabajadores hasta su centro laboral, dejar de construir casas en lugares donde no hay servicios o es muy costoso hacerlos llegar, hacer crecer las ciudades “hacia arriba”. Y dejar de construir viviendas que, por sus dimensiones, no pueden garantizar una calidad de vida mínima a sus habitantes.

A muchos de los constructores no les gustó. Altera sus planes y altera también el financiamiento público a los mismos. Muchos habían comprado ya terrenos en lugares lejanos pero que pensaban urbanizar en el futuro próximo. Las acciones de esas empresas cayeron en la Bolsa cerca de un 5 o 10%. No son golpes decisivos para ninguna de ellas, pero sí implican una recuperación del Estado sobre los grandes proyectos de vivienda y obliga a las grandes empresas constructoras a adecuarse a las normas que el propio Estado les dicte para conseguir financiamiento.

El PRI, siguiendo iniciativas previas del PAN y del PRD presentó su propuesta para acotar las deudas de los estados y municipios. En los hechos, con la legislación que inevitablemente saldrá de la confluencia de las tres propuestas, el poder de estados y municipios se acotará en uno de sus capítulos más sensibles. Muchos han manejado bien sus posibilidades y capacidades de endeudamiento, pero otros gobernantes locales lo han hecho en forma desastrosa y con fundadas sospechas de corrupción. Uno de los mayores problemas que tuvo en el pasado la administración federal con las locales fue precisamente el de los manejos financieros y el control de los presupuestos.

En los hechos desde el inicio de la administración Peña se ha iniciado un control mucho más estricto en esos ámbitos y ahora con esta ley el mismo no sólo aumentará sino que se establecerán regulaciones legales mucho más estrictas.

La ley de amparo aprobada en la Cámara de Diputados tiene la misma intención. Más allá de algunos capítulos que tendrán que ser muy discutidos todavía en el Senado, como la posibilidad de no suspender actos de autoridad en todos los ámbitos económicos que implican una concesión del Estado (lo que podría suponer un peligro para inversiones realizadas por particulares, desde las telecomunicaciones hasta las carreteras), lo cierto es que resulta evidente que la nueva ley lo que intenta hacer es darle mucho más músculo al Estado frente a intereses privados.

Falta por ver, en éste y en otros terrenos qué tan deseable es que aumente en forma tan considerable la musculatura estatal y cuál es el punto de equilibrio idóneo entre el poder del Estado central, las administraciones locales y los grupos de poder, privados o fácticos, que existen en toda sociedad.

Lo que llama la atención en todo esto es cómo el poder de Los Pinos se está reconstruyendo siguiendo las premisas que señalaba en aquella entrevista Carlos Salinas: utilizando la política y las atribuciones legales que no había perdido (sino que no se había utilizado) el presidente de la República.
12 Febrero 2013 04:00:49
La Iglesia ante la realidad
La abdicación de Benedicto XVI al trono de San Pedro, al papado que ejerce desde hace siete años, pone fin a un periodo de transición en la Iglesia Católica que se ha prolongado ya demasiados años, considerando que los últimos de Juan Pablo II, con el Papa ya enfermo y sin poder cumplir con sus responsabilidades, ocasionaron un deterioro institucional en la Iglesia que Benedicto trató de revertir en estos años, con éxitos apenas relativos en ese notable esfuerzo.

La cúpula de la Iglesia ha estado en los últimos tiempos bajo un asedio constante de muchos de los temas que se intentaron ocultar durante años: los casos de pederastia sobre todo, han cobrado un costo altísimo a la legitimidad moral de una Iglesia refugiada cada vez más en una suerte de eurocentrismo que no se condice con su propia realidad. La Iglesia católica depende, cada vez más, de los recursos que llegan de algunos países como Estados Unidos pero también del número de fieles que, en un porcentaje superior al 42 por ciento, viven en países latinoamericanos.

Desde hace años se dice que ha llegado la hora de un papa latinoamericano o por lo menos del Nuevo Continente. Las posibilidades de un papa proveniente de alguno de estos países parece ser una necesidad de la Iglesia: en Estados Unidos la renovación de la Iglesia Católica es imprescindible, y la fuerza de la Iglesia en América latina es indudable. Pero ni la renovación en la Unión Americana se ha dado ni la Iglesia en la región se ha fortalecido. En realidad, el poder de la misma ha menguado porque son demasiados años en los que la Iglesia habla un lenguaje cada día más alejado de la realidad que viven cotidianamente nuestros países.

Benedicto XVI es un notable teólogo, un hombre con una indudable integridad intelectual pero su visión del mundo está muy alejada de nuestra realidad y la de nuestras sociedades. Atenazado en una formación que fue transitando desde el progresismo de su juventud a la estricta ortodoxia de su madurez, Benedicto apenas si pudo poner orden en algunos de los más acuciantes desafíos de la Iglesia, pero no le alcanzó (creo que tampoco quiso porque sabía que no tendría tiempo) emprender una labor de renovación intelectual.

¿En qué debe cambiar la Iglesia? En mucho, sobre todo en volver a estar cerca de la gente y de sus reales necesidades. En las últimas décadas se ha embarcado en una lucha demasiado conservadora, demasiado cercana al poder, demasiado concebida desde sus propias ópticas y necesidades, y se ha olvidado de la gente. La forma en que se ocultó, en México y en muchos otros países, los casos de pederastia, comenzando por los de Marcial Maciel, son una demostración palmaria de los males que roen a la institución. Es verdad que durante el papado de Benedicto XVI se realizó una intensa labor para limpiar esos establos, para desechar los engaños, pecados y la suciedad que empañaron a la iglesia, según las propias palabras del Pontífice. Y el trabajo realizado en los propios Legionarios es una demostración de ello. Pero no ha sido suficiente: falta cambiar y quien sabe si el Colegio Cardenalicio que deberá elegir al sucesor de Benedicto esté en condiciones de hacerlo.

¿Podrá haber un papa latinoamericano? Es posible, lo que no hay es posibilidades de contar con un sumo pontífice mexicano, por más que México (aunque el porcentaje se redujo en casi 10% de fieles en la última década) es el segundo país del mundo, luego de Brasil, con mayor número de fieles a la religión católica. No hay figuras que puedan llenar ese espacio, que puedan aspirar al trono de San Pedro, porque la iglesia en México no realizó su propia renovación ni intelectual ni de figuras reconocidas nacional e internacionalmente. Está profundamente relacionada con la Curia y la burocracia y en todos los entramados de poder de ambas, pero le está faltando fuerza intelectual y social. Brasil ha progresado mucho más que nosotros en ese sentido y por eso tiene amplias posibilidades con dos o tres figuras para suceder a Benedicto.

En todo caso, quien llegue en su lugar tendrá que ser, como dijo el propio Benedicto, un hombre adoptado a los nuevos tiempos y tecnologías. Y es verdad, pero también adaptado a una nueva realidad, a sociedades distintas, muchos más abiertas, plurales y librepensadoras que en el pasado. Y la fe no tendría porqué estar reñida con esa realidad.
08 Febrero 2013 04:00:33
El NYT se enreda con los vetos
Había por lo menos tres opciones para ocupar la secretaría de la Defensa Nacional en este sexenio, una de ellas obviamente era el general Salvador Cienfuegos quien finalmente se quedó con esa responsabilidad. Otro, con altas posibilidades, era el general Moisés García Ochoa. El tercero era el general y subsecretario de Defensa en el pasado sexenio Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. No sabemos por qué el presidente Peña se decidió por el general Cienfuegos, pero muy probablemente haya sido por considerarlo un militar más cercano al propio Peña, con el que tenía trato y contacto desde tiempo atrás: para esas posiciones la confianza personal es clave y Cienfuegos la tiene con el presidente.

Una cosa es cierta: no se debió, como afirma el “New York Times” de esta semana, en un largo reportaje que insólitamente no tiene una sola fuente, a una imposición y veto del Gobierno estadounidense.

García Ochoa en particular, contra el que se centra el reportaje, es un militar con una carrera excepcional en las fuerzas armadas, con experiencia operativa, administrativa, diplomática, muy cercano a por lo menos dos anteriores secretarios de la defensa. Superada la sucesión en la secretaría de la Defensa, fue designado por el general Cienfuegos como el responsable militar en la zona más peligrosa y delicada para el combate actual contra el narcotráfico: la Comarca Lagunera, donde está encargado desde hace dos meses de coordinar los esfuerzos de seguridad en el ámbito regional, en un nuevo esquema en el que participan los estados involucrados (Durango y Coahuila), empresarios y especialistas en seguridad, además de las fuerzas locales y federales. Si hubiera cualquier tipo de sospecha o veto contra el general García Ochoa obviamente no tendría hoy esas responsabilidades y menos en esas regiones tan delicadas.

En estos días se ha dicho, y probablemente es verdad, que lo que se intenta con ese tipo de textos es presionar al presidente Peña para alinear su estrategia de seguridad con la de Estados Unidos. Puede ser, pero no creo que ese tipo de presión, vía medios, a través de un reportaje sin fuentes, pueda tener ese efecto ni que provenga de altos círculos de poder en la Unión Americana. La estrategia de la administración Peña en seguridad no puede transformarse en algo demasiado distinto a la de su antecesor en Los Pinos por la sencilla razón (a veces las cosas sencillas son las más difíciles de comprender) de que la situación objetiva no ha cambiado ni cambiará por la simple voluntad de los gobernantes. Y eso lo sabe el presidente Peña. Si hiciera falta un dato duro más, lo podríamos encontrar en las estadísticas de violencia de estos dos meses que en lugar de disminuir han aumentado, incluso en regiones o zonas del país donde no tenían tanta presencia en el pasado.

¿Es culpa de la administración Peña? Obviamente no, los cambios sexenales, con reemplazos en todas las áreas de seguridad así lo suelen determinar: algo similar ocurrió cuando la administración Fox fue relevada por la de Calderón. Pero hay dos, tres cosas que sí deben ser responsabilidad de la nueva administración. Debe establecer con rapidez y con mucha mayor claridad las líneas de trabajo en el sector; deben estar mucho más definidos los mandos operativos en cada región (varios están aún en proceso de transición) y debe haber una mejor definición de los objetivos para que éstos sean medibles. Estos aspectos, por ejemplo, fueron básicos para que se tuviera una mala percepción de la lucha que libró en su momento Felipe Calderón: la gente no sabía a qué objetivo se quería llegar, cuándo y de qué manera y cuando se intentó hacerlo ya era tarde. El presidente Peña no puede cometer el mismo error.

El otro punto es precisamente la relación con Estados Unidos que sigue pasando en buena medida por la seguridad. La designación de Eduardo Medina-Mora en Washington ha sido un acierto, pero debemos asumir que estamos ante una administración Obama que ha cambiado a buena parte de los responsables de la relación con México, desde Hillary Clinton que ayer fue reemplazada por John Terry (que no se caracteriza precisamente por un conocimiento profundo de México o América Latina) en el departamento de Estado o el reemplazo del secretario de la Defensa León Panetta por el ex militar y senador Chuck Hagel. Hay temas que involucran demasiadas cosas en Los Pinos y la Casa Blanca como para obviarlas o hacerlas girar como un simple objeto de presión, desde la reforma migratoria en EU que involucra a millones de mexicanos, hasta las restricciones a la venta de armas propuestas por Obama, estratégicas para el combate a la delincuencia en nuestro país.

No sé, no sabemos de dónde surgió la información tan mal manejada por el “New York Times” pero dudo de que haya salido de los primeros círculos de poder estadounidense. Allí tienen relaciones y preocupaciones verdaderas.
07 Febrero 2013 04:00:08
Guerrero, el fantasma de la ingobernabilidad
Pese a los esfuerzos realizados, el estado de Guerrero es, sin duda, el que más cerca se encuentra de una pérdida real de gobernabilidad: las policías locales están profundamente corrompidas, las áreas de seguridad parecen estar sobrepasadas por grupos delincuenciales, armados, políticos, caciquiles, que en más de una ocasión terminan emparentados entre sí o impulsados por aparentes enemigos para imponer sus propias condiciones. Y las autoridades están apostando a diversas medidas publicitarias para mejorar la percepción, pero éstas se derrumban cada vez se topan con la realidad.

En los últimos meses se han sumado una serie de eventos que confirman la debilidad institucional del estado: los hechos de la normal de Ayotzinapa, donde murieron dos dirigentes estudiantiles y el trabajador de una gasolinera durante el bloqueo de la autopista del sol, en la que las instituciones locales mostraron una doble debilidad: primero porque no pudieron controlar a sus propias fuerzas de seguridad, y segundo porque no pudieron castigar a ninguno de los vándalos que incluso asesinaron a una persona y quedaron impunes.

En la sierra los grupos armados son una norma, lo mismo que las extorsiones: conocemos casos de empresarios de Arcelia, en Altamirano, en Tierra caliente o en el Filo Mayor, que han sido secuestrados ellos o sus trabajadores para pedir rescates o extorsiones de largo plazo por grupos o personas que actúan pública y abiertamente y las autoridades locales no intervienen porque, simplemente, no tienen control sobre la zona.

En Ayutla y en la Costa Chica el control lo tienen grupos armados no identificados que hacen justicia por su propia mano, que se dan el lujo de instalar retenes, dispararle a quienes no se detienen en ellos, además de pedir una módica (o a veces no tan módica) cuota a todos los que pasan por el lugar (como lo hacen los maestros disidentes y los de las normales rurales cada vez que deciden tomar las casetas de cobro de la autopista del Sol). Estos grupos no sólo tienen el control armado de la zona sino que también tienen sus propios tribunales y mantienen detenidas a más de 50 personas que serán juzgadas por sus propias leyes. No se trata de una erupción controlada, más de 30 comunidades y municipios están adoptando el mismo modelo que resulta obvio que está siendo impulsado por organizaciones armadas y sus grupos de base.

La nueva imagen de Acapulco en la que tanto se ha invertido se cayó este puente vacacional. De nada sirvió que se consiguieran créditos para financiar la deuda que tiene al borde de la quiebra al municipio y la implementación del Operativo Guerrero Seguro. La imagen se derrumbó cuando un carro con turistas fue atacados por uno de estos retenes porque no se detuvieron ante un grupo de personas armadas, encapuchadas y sin identificación, pero sobre todo por la violación de seis turistas españolas que rentaban, junto con otras personas, una casa en la playa. Si a eso le sumamos que el propio alcalde Luis Walton minimizó el caso diciendo que “eso (o sea la violación masiva de seis turistas en un destino de playa internacional) pasa en todos lados”, la imagen de Acapulco no hubiera podido salir más deteriorada.

Ante este tipo de situaciones sobran los discursos y las fotos y faltan los hechos: la autoridad tiene que tomar medidas concretas para solucionar los problemas no para dilatarlos o diluirlos. Si en un estado como Guerrero no se impone la ley para todos en todas las ocasiones, no puede haber resultados: decir que se van a impulsar programas sociales para reconstruir el tejido social sin que se imponga el imperio de la ley es una banalidad. Alguien tendría que explicarles a las autoridades de Guerrero y de Acapulco que no se puede mejorar la imagen de un destino turístico si las carreteras para llegar a él son bloqueadas, si el peaje lo cobran personajes encapuchados, si se instalan retenes de grupos armados y se le dispara a quien no se detiene en ellos, si es público y notorio que los servicios se caen porque no hay dinero para pagarlos, si un grupos de turistas europeos no pueden rentar una casa para pasar sus vacaciones en la playa sin que terminen secuestrados y las mujeres violadas por una decena de delincuentes.

Las autoridades tienen que hacer muchas cosas, más allá de pagar en los periódicos fotos donde el gobernador aparezca del brazo con su padrino Rubén Figueroa o que Walton asegure que una violación tumultuaria de turista es cosa de todos los días en los destinos turísticos. Pero nada es más importante en Guerrero que restablecer el imperio de la ley. Sin ella no habrá convivencia ni progreso, mucho menos un cambio de percepción para impulsar su principal fuente de ingresos que es el turismo.
01 Febrero 2013 04:00:46
La agenda y el Pacto
Comienza el periodo ordinario de sesiones y el gran desafío que comparten la administración Peña y los partidos es poder sacar adelante los acuerdos del Pacto por México, demostrar que es un instrumento útil y no simple declaración de principios. Un Pacto que se ve absurdamente amenazado en estos días por el chantaje del PRD y el PAN que dicen que si no se retira la multa de 129 millones de pesos a la alianza electoral del Movimiento Progresista, podrían abandonar esa instancia política.

Lo cierto es que sigan o no en el Pacto, lo importante es la existencia de una agenda legislativa común que incluye para este periodo casi 30 iniciativas diferentes que en los hechos deberían servir como preparación para las dos grandes reformas que se deben encarar antes de fin de año: la reforma energética y la fiscal, con todas las adecuaciones que ambas conllevarán incluso en los documentos internos de varios partidos, reformas que, también, terminarán definiendo la correlación interna de fuerzas en todos ellos, particularmente en el PAN y el PRD, los dos principales partidos de la oposición, que tienen puntos de vista divergentes en varios capítulos peor que buscan ir juntos en los 14 comicios locales que se escenificarán el próximo 7 de julio, el más importante de ellos la elección de gobernador de Baja California, que el PAN tiene en su poder desde 1989.

Es complejo para el Gobierno y el PRI mantener la agenda porque saben que viene ese periodo electoral donde las oposiciones harán lo que sea para evitar que continúe su racha ganadora; saben que pueden ser objeto de presiones en torno al Pacto y a la agenda; saben que deben conceder pero que no pueden hacerlo en lo sustancial sin dar muestras de debilidad porque en última instancia éstos son los prolegómenos de las reformas centrales, la energética y la fiscal. Pero al mismo tiempo, sacar adelante la agenda legislativa de este periodo demostraría que el ritmo de la política (ahora ha estado de moda denostarla, quizás porque se confunde la política con la politiquería) se puede imponer finalmente para que tengamos un congreso que funcione con normalidad, lejos de la parálisis que lo ha atenazado, por lo menos, desde 1997.

Para el PRD y el PAN tampoco es sencillo: ambas dirigencias han apostado muy alto con la firma del Pacto y de la agenda que éste incluye. No pueden, sin pagar un altísimo costo político interno y externo, renunciar al mismo: uno y otro han dicho públicamente que el Pacto incluye porciones muy amplias de sus propios programas ¿porqué tendrían entonces que abandonarlo porque no les gustó, por ejemplo, una resolución del IFE?.

En todo esto creo que el PAN está, incluso, en una situación más difícil que el PRD porque aún le falta digerir la derrota pero además, cada día aparecen nuevos elementos que demuestran que lo que en su momento denunció Josefina Vázquez Mota, de que no había tenido todo el apoyo de su partido, simplemente era verdad. El dato más duro es el de los 115 millones de pesos escamoteados a la campaña de Josefina, por una decisión de la dirigencia nacional que no quiso gastar en la campaña más de 220 millones de pesos, pese a que podía llegar por lo menos a 335 millones. La dirigencia del partido apostó, desde antes de la elección, a perder y guardar recursos para el futuro, algo inimaginable en una verdadera competencia electoral entre tres, como debió haber sido la de julio pasado.

En ese terreno, el PAN tiene una reunión muy importante de su Consejo en marzo y, si no hay cambios en el calendario, en diciembre debe renovar su presidencia nacional. Y a Gustavo Madero comienzan a surgirle adversarios de peso. Me parece que el más importante, aunque no ha manifestado públicamente esa intención, es Javier Lozano, quien tiene un discurso, se esté o no de acuerdo con él, más articulado y combativo para que el PAN recupere el ánimo y una lógica opositora, más allá de que siga los acuerdos con el gobierno o con otros partidos.

Nueve años de la tercera emisión

Hoy cumplimos nueve años al frente de la tercera emisión de Imagen Informativa que se trasmite cotidianamente, de 18 a 20 horas, por las frecuencias de Imagen Radio en el 90.5 de FM en la ciudad de México y en numerosas estaciones estatales del grupo. En nueve años hemos intentado fortalecer lo que es algo más que un slogan publicitario: cuando decimos que en ese tercera emisión “se informa a los enterados”, es porque ese es el verdadero objetivo. Proporcionar siempre más que la simple información, desde la política hasta la música; mostrar los matices, los grises; tomar posición ante los hechos; opinar no simplemente decir, es nuestro objetivo. Gracias a todos nuestros radioescuchas y a los directivos de Grupo Imagen por nueve años de lealtad.
31 Enero 2013 04:00:10
AMLO gasta, el PRD paga
Comprender a nuestros partidos políticos es bastante sencillo: son incapaces de reconocer un error y mucho menos aceptar que sean sancionados, hayan cometido o no una infracción. Pero mucho más allá de eso, cuando se trata de asuntos de dinero, los partidos actúan sencillamente como pandilleros: hacen lo que sea para conseguir más por una parte y ya no hablemos para ahorrarse una multa.

El PRD y sus aliados de las elecciones de julio pasado se han ganado una multa por el desorden y el descontrol que tienen siempre esos partidos en términos de dinero y administración. Ha habido demasiada indulgencia para el perredismo a lo largo de la historia: desde el manejo administrativo en los gobiernos capitalino y en la mayoría de los estados en los que ha gobernado el PRD hasta el affaire de René Bejarano y otros dirigentes partidarios llevándose millones de pesos en efectivo (daba cierta ternura escuchar a Dolores Padierna quejándose de la multa que les aplicó el IFE y diciendo que en el equipo de campaña no tenían ni para pagar panfletos), siguiendo con los obvios gastos de campaña en el 2006 o en el 2012 (¿recuerda usted el pase de charola con varios empresarios de un asesor electoral de origen uruguayo que trabajaba con Andrés Manuel?) y con la forma en que presentaron las cuentas en esta elección. Según la comisión de vigilancia del IFE, el Movimiento Progresista no presentó cuentas claras, y ni siquiera sumó correctamente sus gastos. Algunas de las justificaciones diciendo que la publicidad era para diputados y senadores pero que llevaba la foto y el nombre de AMLO para que tuvieran mayor identificación los electores es absurdo. Lo cierto es que rebasaron los gastos de campaña. Lo cierto es que una vez más tienen un desorden notable en el ámbito administrativo y en el manejo de recursos y querer justificarlo diciendo que existe saña del IFE en su contra es una tontería. Que un sector del PAN, el encabezado por Gustavo Madero, lo secunde, es una tontería multiplicada al cuadrado.

Pero lo más grave es llegar a decir que si el IFE sanciona al PRD se irán del Pacto por México, como si hubiera alguna relación entre los dos temas, o proponer realizar un juicio político contra los consejeros del IFE porque no les gustó la resolución sobre la multa. No entienden los partidos que no pueden destrozar una institución cada vez que no les gusta una decisión o pierden una elección. La reforma del 2007 fue un error y el descabezamiento del IFE que le hizo perder en buena medida su autonomía al Instituto fue un error aún mayor. El IFE actual y la legislación electoral que nos rige incluyendo todo lo relacionado con los gastos de campaña es la que decidieron los partidos, en particular el PRD, ya que la reforma del 2007 se hizo a modo para ese partido.

En parte es comprensible que para el perredismo esta situación sea tan crítica. En realidad están viviendo el peor de los mundos posibles: tienen que pagar una multa millonaria (la mayor parte de los 120 millones los pagará el PRD, mucho menos el PT y Movimiento Ciudadano) por una campaña en la que los dejaron afuera, ya que López Obrador lo único que le permitió al perredismo es que le entregara el dinero para la campaña y no dejó ser parte de ella ni siquiera a los principales dirigentes de los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. El candidato se fue del partido en cuanto concluyó la elección y ha formado su propia fuerza política que por supuesto no tiene que pagar multa alguna, un partido, el Morena, que además, le competirá al PRD por su mismo electorado. En lugar de indignarse con el IFE, el perredismo tendría que exigirle cuentas (y cobrárselas) a López Obrador y su equipo, que fueron los que manejaron la campaña y obviamente también sus recursos.

Sobre el PAN, la posición de desconocer al IFE para apoyar a López Obrador sólo puede entenderse como una estrategia para apuntalar la alianza con el PRD en las elecciones locales de julio próximo. Está bien, pero no pueden, una vez más, olvidarse de que son un partido institucional. De todas formas se comprende la posición del equipo de Gustavo Madero: lo verdaderamente insólito de lo que ha reportado el IFE y de lo que hizo la dirigencia del PAN en las elecciones pasadas es haber gastado 115 millones de pesos por debajo del tope permitido de gastos de campaña: Josefina Vázquez Mota tuvo que competir gastando un tercio menos que el PRI y el PRD, no porque no hubiera dinero, sino porque la dirigencia de su partido se lo escamoteó.

Por eso, más allá de los propios errores de campaña se puede explicar cómo el PAN terminó en tercer lugar. Cuando Josefina decía que no tenía apoyo de la dirigencia de su partido en la campaña, tenía razón. Para algunos era más importante conservar la dirección del partido (y tener dinero para ese momento) que buscar la presidencia de la república con todos sus recursos.
26 Enero 2013 05:06:42
Florence en la alfombra roja
Mientras Florence Cassez a su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle era recibida por el canciller francés, con alfombra roja como estrella de cine, llevada al pabellón de honor de la terminal y presentada como una heroína, una de las víctimas de la banda “Los Zodiaco” a la que pertenecía Florence, Ezequiel Elizalde, sintetizaba el sentir de muchos mexicanos (más del 80% según algunas encuestas) y decía que se iba de México porque “éste es un país de porquería”.

Por supuesto que México no es un país de porquería como dice con justa indignación Ezequiel al ver que se dejaba en libertad y se enviaba en primera clase (boleto pagado por el Gobierno mexicano) a Florence Cassez a París convertida en una extraña réplica de Ingrid Betancourt. Pero la decisión adoptada el miércoles por la Suprema Corte sí huele muy mal, por la forma en que se llevó la sesión y por el fondo de la decisión asumida.

Una cosa es respetar a la Suprema Corte y admitir los enormes avances que su desempeño ha generado, y otra es insistir en que en este asunto la Corte se equivocó. El cambio de la posición de la ministra Olga Sánchez Cordero (a la que respetamos por su labor desde hace años) y el voto que sorprendió a propio y extraños del nuevo ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se percibieron como altamente politizados y le dieron la libertad a Cassez cuando lo correcto, como lo plantearon los ministros José Ramón Cossío y Juan Pardo Rebolledo era reponer el proceso, estableciendo qué pruebas se admitirían y cuáles no en el mismo.

En un caso tan delicado como el de Cassez no se podía decretar la libertad sin más trámite, sin establecer si era inocente o culpable. No se podía ignorar los testimonios de las víctimas, de los cómplices y de los policías e investigadores que participaron en su detención. El montaje televisivo, realizado minutos después del operativo original, no afectó en lo más mínimo la investigación ni el hecho de que allí estaban las personas secuestradas y allí vivía Florence con su novio Israel Vallarta. Dijo en entrevista la ministra Sánchez Cordero que en el contexto del montaje fueron cambiando los testimonios de las víctimas. Sencillamente y con todo respeto a la ministra, eso es falso: algunas de las víctimas como Ezequiel Elizalde desde siempre sostuvieron que Cassez era su secuestradora. A la señora Ríos se le tomó una declaración inmediatamente después de que fue liberada, donde habló de generalidades sobre su secuestro (¿alguien puede asumir lo que significa para una mujer estar secuestrada durante días, que sea abusada frente a su hijo, como para pedirle inmediatamente una declaración exhaustiva de lo sucedido?) y días después entregó una declaración pormenorizada de lo que había sucedido identificando plenamente a Cassez. ¿Qué sentido tendría que siete años después, cuando esos hombres y mujeres secuestrados por la banda de Los Zodiaco viven en su mayoría incluso fuera de México precisamente por el temor que les generó ese suceso, que se mantuvieran incólumes en sus testimonios? ¿Qué necesidad tendrían de sostener antes y ahora que Cassez efectivamente fue su secuestradora?

¿Por qué tendrían que seguir insistiendo en que Cassez era su cómplice por lo menos otros cinco integrantes de la banda de “Los Zodiaco”? Están detenidos, la mayoría ya con sentencias firmes que no podrán cambiar ¿para qué mantenerse en sus dichos? El único que no ha hablado al respecto es Israel Vallarta. Lo que sucede es que esperaba esta resolución: con ella sus abogados podrían también terminar sacándolo de la cárcel. Si el montaje fue suficiente para liberar a Cassez, el hecho es que Vallarta estuvo en la misma circunstancia: claro, no es francés ni tiene detrás un buen equipo de abogados ni aboga por él algún presidente, pero en la estricta lógica de la Corte también tendría que ser liberado, lo mismo que miles de otros delincuentes que están en una situación similar.

Es un desastre de resolución, la peor que se podía tomar. Da una imagen de impunidad y de una justicia que privilegia las presiones políticas, internas o externas. El abogado de Florence, Agustín Acosta ha sabido explotar esos intersticios magníficamente bien, (no lo condeno: es su trabajo, lo hace muy bien y para eso le pagan) logró que René Bejarano quedara en libertad sin explicar hasta el día de hoy qué hizo con los millones que le pedía vía extorsión a Carlos Ahumada y ahora libera a Cassez pese a testimonios en su contra de víctimas, cómplices y policías.

Viendo a más largo plazo, el caso Cassez ratifica algo que sabíamos desde hace mucho: es urgente que tengamos juicios orales, sobre todo para este tipo de delitos que lesionan tanto y tan frecuentemente a la sociedad.
24 Enero 2013 04:00:46
Cassez es libre…  ¿era culpable?
Había muchísimas ganas de liberar de una vez por todas a Florence Cassez. Era tan políticamente correcto hacerlo que en lugar de reponer el proceso, que hubiera sido lo lógico y lo correcto, lo justo, en plena sesión de la Corte, la ministra ponente, Olga Sánchez Cordero decidió cambiar su proyecto original y proponer lisa y llanamente, con el apoyo de otros dos ministros, Arturo Zaldívar y Gutiérrez Ortiz Mena, dejarla en libertad de inmediato.

Es políticamente correcto, pero no es un acto de plena justicia, salvo que se crea a pie juntillas en la plena inocencia de Florence y en que víctimas, autoridades y cómplices se complotaron para dejarla en prisión. Lo justo hubiera sido eliminar las pruebas que la Corte considerara no válidas y reponer el proceso. Pero, como decíamos ayer, se impusieron los vientos sexenales ¿quién quiere comenzar un sexenio con un estorbo diplomático con Francia que ya tuvo altos costos publicitarios?¿qué mejor que demostrar que se puede dar una vuelta de tuerca en la justicia que dejar ir a Florence a Francia, donde ya están asegurados los derechos de la película y el libro antes de definir si, efectivamente, era culpable o no del delito que más azota a la sociedad mexicana?.

Es verdad que, según la Suprema Corte, se violaron derechos de Florence en su proceso, sobre todo al momento de su detención y presentación. No es verdad, pero a fuerza de repetirlo se ha tornado casi un lugar común, que los testigos en su contra fueron desechados: los testimonios de las víctimas de Cassez ahí están, a la mano de quien quiera revisarlos. También están los testimonios de cinco de sus cómplices.

Se dirá, con una buena dosis de razón, que las violaciones al derecho de Cassez en el proceso, son suficientes para dejarla en libertad sin considerar si es o no culpable. En realidad no debería ser así, por lo menos no lo es en nuestro sistema: lo correcto, en este caso era eliminar las pruebas, que no eran determinantes (o quizás para el juzgador pudieran serlo, pero en un nuevo proceso) para establecer su culpabilidad, para, a partir de allí, realizar un nuevo juicio y entonces decidir si Florence seguía o no en prisión.

El caso Cassez se escapó de la órbita judicial hace ya mucho tiempo, desde el momento en que se convirtió en tema de conflicto en una televisora; desde que el presidente Sarkozy intervino directamente para reclamar su libertad en plena visita de Estado; desde que se apostó a una estrategia de medios para liberarla, colocándola, en un verdadero exceso mediático, al mismo nivel que Ingrid Betancourt; cuando se transformó el caso en un argumento para golpear a Genaro García Luna y por extensión a Felipe Calderón (aunque paradójicamente la detención se realizó durante la administración Fox); cuando Gerardo Fernández Noroña se convirtió, en una época, en el más asiduo visitante de Florence; cuando se canceló la exposición de México en París, en el 2012, demostrando la profundidad de la crisis; y cuando los nuevos gobernantes de México y Francia, Enrique Peña Nieto y Francois Hollande, respectivamente, decidieron que estaban hasta el gorro de tener una relación bilateral golpeada por algo que había nacido en los gobiernos de sus predecesores, ambos de partidos distintos a los suyos.

Se hablará ahora de una lección de la justicia para todas las autoridades que no han respetado plenamente los derechos de los presuntos culpables al momento de su detención; se dirá que todo había sido un montaje para beneficiar a alguien, quién sabe quién; se dirá que es una demostración de la forma en que se hizo justicia en el sexenio pasado (aunque, insistimos, la detención se realizó en el gobierno de Fox), y servirá para pedir la revisión de muchos otros casos, que en su mayoría quedarán en el olvido porque no tienen el interés mediático, político y diplomático de éste.

Lo único que no sabremos nunca, gracias a esta decisión, es si Florence Cassez era culpable o no. Por lo pronto el derecho de sus supuestas víctimas quedará, simplemente, para mejor oportunidad, misma que lisa y llanamente nunca se presentará. Al señora Ríos o a su hijo, no sólo les robaron el país (tuvieron que abandonarlo luego de su secuestro) no sólo no se les hará justicia, tendrán que ver en televisión o en el cine cómo la persona que ellos consideran su secuestradora y agresora se convierte en celebridad. Y la gente, la de la calle, seguirá considerando que de acuerdo al sapo es la pedrada, que la justicia se acopla al sexenio, haya sido culpable o inocente Cassez…algo que por cierto nunca sabremos.
22 Enero 2013 04:00:23
Hambre y desarrollo son incompatibles
Sin duda el mayor desafío de México es la desigualdad. Somos una nación más desigual que Chile, que Argentina, que Uruguay, que Costa Rica, que Colombia, para hablar sólo de naciones con un nivel de desarrollo cercano al nuestro. Pero nuestra desigualdad tiene relación directa con los millones que no tienen nada o casi nada. Son ocho millones de familias que según los estándares internacionales viven con menos de un dólar diario de ingresos por cada uno de sus integrantes. No se puede vivir así y tampoco se puede abatir la desigualdad sin construir un piso de ingresos y calidad de vida mínimo, básico para poder tener una sociedad de oportunidades.

Desde hace muchos años las opciones han ido escaseando para quienes tienen menores ingresos: la caída de la calidad de la educación pública ha ido de la mano con la de la salud pública, con los ingresos, con los servicios indispensables para sobrevivir en las grandes ciudades o en el campo. Ha habido, es verdad, programas con los cuales se ha intentado, a veces con mayor o menor éxito, paliar esa caída: Solidaridad fue un magnífico programa social que logró poner el acento en las comunidades e intentó integrar a muchas de ellas al mercado y le dio a otras un sentido de identidad que se había perdido. Oportunidades cambió el acento y lo puso en los individuos: dio apoyos importantes que han servido para reducir las alarmantes carencias de muchos, pero no fue suficiente. En aquel viejo dilema entre entregar un pescado o enseñar a pescar, ambos programas apostaron cada uno a su propia lógica, descubriendo que en nuestra circunstancia se necesita la enseñanza para construir el futuro pero también el pescado cada día para sobrevivir.

Avances más sectoriales ha habido muchos: en el sexenio pasado lo que se logró en el sector salud fue notable. Obviamente no es suficiente, pero se estableció una base diferente, más sólida sobre la cual comenzar a construir. Lo que se hizo durante mucho tiempo en educación también fue notable, por más que ahora se lo olvide. El nuestro era en los años 20 y 30 un país de analfabetas. Hoy tenemos que transformar esa base educativa que comienza a tener hoyos por todas partes, en una educación de calidad, pero que continúe siendo pública y laica. Hay muchos capítulos positivos en la reciente reforma pero la misma carece de capítulos eminentemente sociales que deberían estar en el centro de la dinámica que se intenta impulsar. No puede haber calidad educativa con niños y maestros con hambre, en escuelas sin baños, sin aulas, sin pupitres, sin electricidad. Por supuesto que debe haber evaluación, mediciones, una sana competencia cualitativa entre alumnos, maestros, escuelas. Es la diferencia entre una sociedad basada en la meritocracia y una sociedad de élites hereditarias. Pero, una vez más, hay que construir las bases para ello.

La Cruzada contra el Hambre es el programa más importante que tendrá la administración Peña Nieto. Por supuesto que la reforma hacendaria y fiscal, la energética, las reformas laboral y educativas son trascendentes. Pero todo el andamiaje de desarrollo que se quiere impulsar necesita un piso, y ese piso es que nadie en este país pase hambre. Pobres hay y habrá, desigualdades también, trasciende a una administración y termina siendo una parte inherente a cualquier sociedad. Pero no puede haber pobreza extrema ni hambre y menos en los números en los que lo sufrimos cotidianamente.

Rosario Robles y su equipo tienen una tarea clave en este gobierno. La credibilidad real de la administración Peña se sustentará en el éxito o no de éste y los otros programas sociales, porque desde allí se puede crear el piso para cualquier otra lógica de desarrollo. Dos ejemplos resultan evidentes en este sentido: apenas ayer, en su toma de posesión para el segundo mandato, Barack Obama decía que su país requiere crear una mucho más amplia clase media, que debe erradicar la pobreza y el hambre que también azota a muchos sectores, sobre todo en el sur profundo y algunas zona suburbanas, a ese país. En Brasil, hay muchas teorías para explicar el éxito de Lula da Silva a pesar de errores, actos de corrupción y forcejeos políticos entre sus propias fuerzas. Se olvida que Lula lanzó un programa contra el hambre (en un país mucho más desigual que México) que le dio la base social para emprender y en otros casos profundizar las grandes reformas estructurales que su nación necesitaba. Ambos, el programa (que por cierto fue tomado, como su principal referente, de los programas Solidaridad y Oportunidades) y las reformas, terminaron siendo un éxito, pero uno no se hubiera podido lograr sin el otro. Ahí está nuestro verdadero desafío: acabar con el hambre y la pobreza extrema impulsando el desarrollo y la competitividad, para rebasar el simple asistencialismo.
18 Enero 2013 04:00:04
Cuatro historias de armas y narcos
La primera. El presidente Barack Obama retomó la prohibición que había existido durante la administración de Bill Clinton sobre la prohibición de venta de armas de alto poder y le adicionó a través de varias órdenes ejecutivas, la prohibición de la venta a civiles de cartuchos especiales y la exigencia para cotejar antecedentes antes de la venta. Esas normas habían sido derogadas (en realidad lo que Hizo George W. Bush fue no ampliar la vigencia de la orden ejecutiva) y está íntimamente relacionado con la ola de violencia que hemos vivido en México.

En el 2004 se combinaron cuatro factores determinantes para el crecimiento de la violencia: primero, los cárteles en México comenzaron su proceso de fragmentación y redistribución de espacios y territorios; segundo, entraron en acción los Zetas, entonces como grupo de sicarios de Osiel Cárdenas Guillén, imponiendo un grado de violencia y militarización de los grupos del narcotráfico que no había existido hasta entonces; tercero, la administración Fox decidió replegarse en ese sentido e incluso concentró fuerzas en los grandes centros urbanos, mucho más preocupada por los arrestos de insurgencia que podía provocar la candidatura de López Obrador que por el narcotráfico; y cuarto la ola de violencia generada por todos esos factores terminó siendo alimentada por la decisión del presidente Bush de permitir la venta indiscriminada de armas de asalto. Desde entonces las disputas entre los grupos criminales pasó a otro nivel, porque terminaron teniendo, incluso, mucho mejor armamento que las fuerzas de seguridad locales y obviamente también la violencia escaló a dimensiones desconocidas hasta entonces.

Estados Unidos en plena paranoia por los ataques terroristas del 11-S, desatendió ese proceso que ellos mismos habían abierto e incluso lo terminaron fomentando con operativos tan ridículos como “Rápido y Furioso”. Tuvieron que darse una sucesión interminable de masacres, para que finalmente Barack Obama tomara la decisión que no quiso adoptar en su primer mandato. Habrá que ver cómo se aplica el nuevo ordenamiento pero por lo pronto parece una decisión con mucha influencia para el futuro de la lucha contra los grupos criminales en México.

Segunda historia: Estados Unidos descubre el hilo negro. Desde hace mucho tiempo todo el norte de Sinaloa, Sonora y otras zonas se encuentran envueltas en la violencia derivada del enfrentamiento entre el cártel que encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán contra “El Chapo” Isidro, Fausto Isidro Meza, un sicario y operador de los Beltrán Leyva que ha tomado cada vez mayor peso en los últimos tiempos, quedándose con buena parte de los espacios de sus ex jefes y todavía aliados.

Pero bueno, muchos meses después el departamento del Tesoro estadounidense se da por enterado y ya tenemos, oficialmente, otro cártel que compite con “El Chapo” Guzmán. Entre Chapos parece estar la cosa.

Tercero. Mucho se dijo y se escribió en las postrimerías del sexenio pasado en relación con la detención del general Tomás Ángeles Dauahare y otros militares de alto rango acusados de encubrir a grupos del narcotráfico. Se dijo, sobre todo que era una medida política y que se detenía a esos militares porque el general Ángeles era cercano al PRI. Lo cierto es que han pasado los meses, terminó el sexenio, el priísmo está nuevamente en el poder y ayer un tribunal civil determinó que sí existen elementos de prueba suficientes para confirmar la orden de aprehensión de los militares y continuar el proceso penal en su contra. Ha habido continuidad en el proceso judicial y no ha habido cambios por la alternancia política. No es una buena noticia que un militar con una carrera como la del general Tomás Ángeles haya sido procesado, pero deben ser los jueces los que determinen si es o no culpable. La política no intervino en el tema.

Cuarto. En el DF y toda el área metropolitana continúan los hechos de violencia y las autoridades insisten en que no existe presencia del crimen organizado en la ciudad. Es una tontería. La Ciudad de México es el mayor centro de consumo del país, el lugar de mayor influencia comercial y por donde deben entrar y transitar muchas de las drogas de todo tipo que se trafican en el país. Decir que los grandes grupos del narcotráfico no operan en la ciudad es querer cerrar los ojos a la realidad.

Dos historias extras

El lunes se presenta en Chiapas la Cruzada contra el Hambre, el programa social más ambicioso de la administración Peña Nieto. Es importante por partida doble: primero, porque la lucha contra la desigualdad debe pasar, antes que nada, por acabar con la pobreza extrema. Nunca dejaremos, ningún país de nuestras dimensiones lo ha logrado, de tener pobres, pero sí podemos y debemos no tener niños, mujeres y hombres hambrientos. Segundo porque ese programa será la base social de las reformas estructurales, económicas, fiscales y energéticas que el país requiere.

Otra historia. Luego de revisar las declaraciones patrimoniales de los nuevos miembros del gabinete, queda más o menos claro cuáles tienen mayores recursos, pero de lo que no queda duda es que el que mejor gusto en artes plásticas tiene en el equipo es Emilio Lozoya: un Picasso, un Dalí y algunos cuadros del oaxaqueño Luis Zárate son parte de su patrimonio. Felicidades para el director de Pemex.
17 Enero 2013 04:00:17
Cerrando heridas
En cualquier otro país el que el presidente de la república, se reuniera con los coordinadores parlamentarios del Senado, en la sede de la Cámara alta no sería nota. ¿Qué tendrían de de interesante?

El hecho es que en México desde mediados de la administración Zedillo no se daban ese tipo de encuentros. Carlos Salinas tenía encuentros frecuentes con los distintos grupos parlamentaros y sobre todo con el del PAN que encabezaba entonces Diego Fernández de Cevallos, pero con el PRD tenían que ser confidenciales porque la relación estaba seriamente deteriorada desde las elecciones de 1988. Al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, la crisis dificultó aún más las cosas, y el entonces Presidente en la primera mitad de su mandato pudo sacar adelante algunas iniciativas pero ni una sola de la reformas estructurales significativas (entre ellas la fiscal y la energética, congeladas desde entonces).

Vicente Fox, desperdició en forma notable el bono democrático que había recibido no le interesó ir al Congreso, construir acuerdos. Se reunió, por primera vez, con la bancada de legisladores priístas pasadas las elecciones intermedias del 2003. Felipe Calderón intentó, después de las elecciones de 2006, tener un acuerdo más amplio. Quería un gobierno de concertación, y le ofreció sobre todo al PRI pero también al PRD, participar en él. En aquellos meses el PRI, vía Mnalio Fabio Beltrones especificó que estaba dispuesto a sacar una agenda legislativa común pero no a entrar en un gobierno de coalición. El PRD ni siquiera se lo planteó: el gobierno de Calderón era “ilegítimo” y López Obrador el “presidente legítimo”.

Hay que reconocer que en todo esto hubo falta de trabajo político de los mandatarios pero también una actitud inaceptable de muchos legisladores. Desde 1988, los informes presidenciales, de todos los mandatarios, fueron insufribles, para los actores y para los espectadores. Las acciones de violencia que se presentaron y que tuvieron sus puntos culminantes en el último informe de Vicente Fox y la toma de protesta de Felipe Calderón llegaron a poner en riesgo la propia seguridad de los presidentes y de otros legisladores.

El presiente Peña ha tenido el mérito, que no es menor, de haber sabido leer una coyuntura distinta en la percepción de la ciudadanía y en la actitud de los legisladores. El PAN venía saliendo del poder habiendo sufrido esa intransigencia legislativa y sabe de sus propios errores en la relación con los otros poderes y las otras instancias de gobierno. El PRD, consumada ya la división con el Morena, sabe que la vía de la confrontación ya está agotada. Las condiciones para buscar diálogo y acuerdos estaban dadas y las ha aprovechado con mucha atingencia en la forma y en el fondo Peña Nieto. En ese sentido es importante la presentación de la propuesta de reforma energética que hizo Cuauhtémoc Cárdena acompañado por Jesús Zambrano. No es un tema menor, primero, porque la propuesta es seria y viable; segundo, porque tiene puntos de acuerdo posibles; tercero, por la actitud propositiva y abierta a discutir alejándose, como lo ha planteado Cuauhtémoc desde mucho tiempo atrás, en éste y otros temas, de la radicalización vacía de López Obrador. Esta misma propuesta fue rechazada por López en el 2006 y aceptada, sólo en la forma, en su campaña del 2012. Ahora es una propuesta oficial del PRD.

Y hablando de cerrar heridas y acabar con conflictos abiertos en el pasado. Durante dos semanas consecutivas se reunieron en un restaurante que está a espaldas del Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos y el empresario Carlos Ahumada, quienes no habían tenido contacto desde el episodio de los videoescándalos en 2004 y sobre todo después de que Ahumada publicara su libro “Derecho de Réplica”. Se dedicaron a cerrar heridas e historias. El propio Ahumada había cerrado otro capítulo semanas atrás, cuando el Gobierno de los Estados Unidos le regresó la visa de ese país con una carta en la que se lee, según el original, incluidos errores, “qué orgullo tenemos Carlos por su colaboración con nuestros esfuerzos y por lo que usted a hecho para Méjico y el mundo.  Si fuera permisible, sé que el Embajador (Manuel Rocha) y yo (Roy Barquet) pidiéramos disculpas de nuestro país por un fallo tan serio en estos trámites de visa, un documento tan importante y representante de los valores de nuestro país.  Acuérdese que como decimos mucho en los EU, somos un país de leyes y no de hombres; la ley ha sido su respaldo y mejor testigo; los hombres, como siempre, débiles y demasiadamente incapaces… Bienvenido siempre a nuestro país, y DISCULPAS por tan bochornoso tratamiento en tiempos pasados”. Las heridas, si hay voluntad, siempre pueden cerrarse.
12 Enero 2013 05:06:58
¿Una ley para víctimas y victimarios?
“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, dice el viejo refrán. ¿Quién puede estar en contra de que exista una Ley de Víctimas, que proteja, indemnice, asegure los derechos de las víctimas y de sus familias, más aún cuando esa ley puede ser un instrumento en la pacificación del país? El problema es cuando se tiene que dar otro paso y definir a quién entendemos como víctima. Y en la ley que se acaba de promulgar al respecto, entre otros, ése es el mayor de los problemas.

La ley dice que se obliga al Gobierno federal a compensar hasta con un millón de pesos a víctimas o familiares de asesinatos, secuestros o desapariciones sin importar quienes sean los delincuentes ni cuando sucedió la agresión. Suena muy bien, pero es una barbaridad. La ley está inspirada en ordenamientos relacionados con dictaduras militares, como en Argentina y otros países. Allí el margen de confusión es mínimo: se trata de víctimas de los gobiernos que pueden ser identificadas con claridad como tales. En la búsqueda de convertir la lucha contra el crimen organizado que aún vivimos en un proceso similar, en una “guerra de Calderón”, como insistió el propio miércoles Javier Sicilia, se termina cometiendo una terrible injusticia de colocar en el mismo rasero a víctimas y victimarios.

No tengo ni la más mínima duda de que cualquier persona que haya sido detenida injustamente, secuestrada, asesinada o desaparecida por fuerzas del Estado, debe ser protegidas por ley. Tengo dudas sobre cómo se podría instrumentar pero también deberían ser protegidas las personas que fueron víctimas de un grupo criminal que actuó por complicidad o por negligencia de las autoridades. Pero ¿debe ser entendida como víctima e indemnizada por la sociedad la persona que siendo parte de un grupo criminal perdió la vida, ya sea en un enfrentamiento contra las autoridades o contra otro grupo criminal, que fue la circunstancia en que ocurrieron la enorme mayoría de los casos?. Para ponerlo más claro: ¿debe tener el mismo tratamiento el sicario anónimo que fue asesinado por sus rivales, que las familias de los miles de inocentes que han sido víctimas de secuestros por grupos criminales?

Es verdad, habrá un consejo ¿quién decidirá en él?¿cómo puede ser que ese consejo tenga autoridad incluso para suplantar en sus funciones al Legislativo y al Poder Judicial y tener derecho para llamar a cuentas a los funcionarios? Hay mucho más: la ley dice que cubre los delitos federales ¿qué ocurrirá con los que están catalogados como del fuero común?¿una persona cuyo secuestro no fue catalogado como realizado por delincuencia organizada está protegida por la nueva ley? Otro punto: ¿de cuántos recursos estamos hablando y de dónde saldrán? Porque partida presupuestal no hay y tampoco, si no se define el tipo de víctima y el número de las mismas, se sabe de cuánto podemos estar hablando.

La ley de víctimas, como fue promulgada, es una fuente de conflictos para el futuro. Y desgraciadamente puede terminar provocando las confrontaciones que se desean evitar.

Negocios, sexo y política

Lo publicamos en este espacio el 26 de septiembre pasado. Hoy, dadas las circunstancias, simplemente lo volvemos a recordar. “Juan Iván Peña Neder, quien fuera uno de los creadores de las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador y luego jefe de asesores del subsecretario Abraham González, fue detenido a principios de septiembre en el DF, por la Policía Judicial de Michoacán, acusado de la violación de su ex esposa, la también ex candidata a senadora por el PRD, Thalía Vázquez, hermana a su vez de la también ahora candidata a diputada local por el PRD, Selene Vázquez. Todos los personajes involucrados en la historia son controvertidos, pero la misma estalla primero por el divorcio de Peña y su esposa Thalía con la consiguiente separación de bienes; continúa con la denuncia de que Thalia y Selene tenían la propiedad de un casino en León, denuncia simultánea con el incendio del casino Royale, donde Peña Neder había dado asesoría legal a su propietario (al momento de su detención se dijo que era su representante legal, lo que no es verdad). En todo ese contexto, se da la denuncia sobre el presunto abuso sexual cometido en marzo pasado y pero que es reportado hasta septiembre, cuando es tomado por la procuraduría local que operado rápidamente para detener a Peña en el DF y dejarlo en prisión, aunque no hay pruebas testimoniales del delito, salvo diversas entrevistas televisivas de hace unos meses en las cuales Thalía habla maravillas de su ahora ex marido, aunque ahora dice que abusaba de ella desde hace años. Mientras tanto lo que se debate en realidad es la propiedad o no, de las hermanas Vázquez, de casinos en Michoacán y en Guanajuato. Así funciona la justicia en nuestro país, cuando la política y los negocios siguen marcando la actuación de muchos jueces”.

10 Enero 2013 04:00:11
El golpe de Estado técnico del chavismo
Dentro de 10 días, Barack Obama tendrá que prestar juramento para un nuevo periodo como presidente de los Estados Unidos. ¿Se imaginaría usted que Obama estuviera enfermo de cáncer, sin que se supiera su nivel de gravedad, sin que se supiera siquiera si está conciente o en un coma inducido?, ¿se imagina en esas circunstancias al congreso estadounidense declarando como una suerte de presidente provisional a su líder y explicando que, en realidad, eso de la toma de protesta es una formalidad que puede ser trasladada a cualquier otro momento?, ¿se imagina un país en el que no se sabe quién está a cargo, quién decide, quién firma los decretos y hace cumplir las leyes?

Pero vaya mucho más allá, imagínese por un momento que ese presidente no está siquiera internado y tratado en su país, sino en otra nación, donde no se sabe qué médicos lo atienden, en qué lugar está hospitalizado, qué tratamiento recibe y, obviamente, cuál es su estado de salud en una enfermedad que todo apunta a que sea terminal.

Eso es lo que está ocurriendo, desde hace meses con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que debería hoy haber protestado por un nuevo periodo presidencial. Como Chávez está siendo tratado desde hace casi dos años en Cuba de lo que primero se dijo que era un absceso y que tiempo de después se tuvo que aceptar que era un grave cáncer, la mayoría chavista en el Congreso decidió que la toma de protesta no era importante, que Chávez sigue al frente del país, mientras se nombró a una suerte de presidente provisional, un tal Diosdado Cabello, al tiempo que el vicepresidente y posible sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, permanece despachando en La Habana, y la sociedad venezolana no tiene ni idea de cuál es el estado de salud de su presidente.

Sería imposible que algo así ocurriera en cualquier democracia, ni en Estados Unidos (una de las grandes controversias en la Unión Americana sobre estos temas se dio cuando Ronald Reagan sufrió un atentado que lo dejó herido y que provocó que fuera anestesiado durante cuatro horas: hubo todo un conflicto para definir si quien estuvo al mando del país durante esas cuatro horas había sido el secretario de Estado Alexander Haig o el vicepresidente George Bush). Tampoco en México podría producirse una situación similar, ni en ninguna de las democracias latinoamericanas.

Llama la atención que, en estas condiciones, que obviamente violan la legalidad, las mismas naciones que no lo aceptarían para sí, lo vean hasta con simpatía en el caso de Chávez, o que algunos mandatarios peregrinen no a Caracas sino a La Habana, convertida en la verdadera capital de Venezuela, a presentarles sus respetos a un Chávez que evidentemente no está en condiciones de recibirlos.

No es un tema menor y poco tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos. Hace unos meses, instigadas por el propio gobierno de Chávez, las naciones del Mercosur y de la OEA, suspendieron la participación de Paraguay porque el congreso de ese país, con una abrumadora mayoría, destituyó de su cargo al muy controvertido presidente Fernando Lugo, para colocar en su lugar al vicepresidente Federico Franco. Algo similar había ocurrido tiempo atrás en Honduras, cuando el congreso destituyó al más que controvertido presidente Manuel Zelaya. Tanto Lugo como Zelaya, émulos de Chávez, fueron destituidos en procesos legales y abiertos por los congresos de sus respectivos países después de un juicio político. En los dos casos, la Venezuela de Chávez encabezó la ofensiva para convertir a los gobiernos de esos dos países en parias internacionales, alegando la existencia de un golpe de Estado técnico.

Ahora, cuando no se sabe siquiera si Chávez vive, si está consciente e incluso dónde está en La Habana, la mayoría chavista en el congreso venezolano impone su ley, decide que la toma de protesta es una mera formalidad que no es necesario cumplir, decide que Chávez sigue siendo el hombre al frente del gobierno y designa una suerte de suplente, violando todas las normas legales. Y no pasa nada.

La doble cara de buena parte de la comunidad internacional, sobre todo en varios países de Latinoamérica que dependen del petróleo que les regala Venezuela, es bochornosa. Se puede simpatizar o no con Chávez (en lo personal lo considero una suerte de dictador región 4) pero lo menos que se le puede exigir a un gobierno es que cumpla con sus leyes. Y si se considera que no es así que se sea tan férreo con Venezuela, como se fue con los gobiernos de Honduras y Paraguay. Lo de Chávez es, sin duda, un golpe de Estado técnico.
08 Enero 2013 04:00:47
Los enemigos y las agendas
Este 2013 electoralmente será un año tranquilo. Es verdad que habrá 13 elecciones incluyendo la de gobernador en Baja California, pero el primer año del sexenio siempre ha sido, en ese sentido, un espacio para reacomodar fuerzas, lo que permite, también, plantear un agenda legislativa que si no se concreta en esos primeros meses del sexenio luego tiene muchas dificultades para salir adelante. Pero esos reacomodos pueden, también, influir en el futuro de toda la agenda. Las tres últimas administraciones priístas (De la Madrid, Salinas y Zedillo) terminaron teniendo problemas serios en esos meses, precisamente por la irrupción en la agenda, de conflictos derivados de esos procesos electorales.

Hoy, sin embargo, salvo el PRI, los demás partidos políticos están enfrentando este 2013 con graves dificultades internas y divisiones que tienden a profundizarse. La resaca del poder puede medirse en el panismo con la desafección del 80% de su militancia. Es verdad que durante los últimos años hubo una labor de afiliación tan masiva como vacía de sustento en el panismo, para hacer crecer los padrones en la misma medida en que el partido se hacia con el poder federal y mantenía sin cambios un sistema de elecciones internas que da preeminencia a la decisión de sus afiliados. El problema es que ese mecanismo hace ya mucho tiempo que se desvirtuó y en los hechos lo que hizo fue no oxigenar al partido, no le otorgó nuevas fuerzas, desperdició los años que estuvo en el poder y lo tiene hoy más débil que en el pasado. En marzo el PAN tendrá que decidir qué hacer, cuál es su futuro y en ese sentido el problema no es que se haya reducido drásticamente el número de sus afiliados sino que no se ve cómo el partido podrá recuperar su conexión con la ciudadanía. Desde ese punto de vista, la elección de Baja California es estratégica para el PAN: perder ese estado tendría costos altísimos para su futuro.

En el PRD están enfrentados internamente y el fantasma de Morena, que esta semana pedirá formalmente su registro, se agiganta en la misma medida en que el partido se ve obligado a tomar decisiones. Desde el primero de diciembre, la dirigencia perredista decidió participar en el Pacto por México, alejarse de la lógica de López Obrador y trabajar sobre un agenda mucho más propositiva. Pero el conflicto interno crecerá en la medida en que Morena se constituya formalmente como partido y se vaya rompiendo la alianza del PRD con el PT y Movimiento Ciudadano, que terminarán, dicen sus dirigentes, confluyendo con el grupo de López. El problema para esas dos fuerzas políticas es que el Morena puede, literalmente, terminar vaciándolas. El PRD ha tomado la decisión correcta al moverse hacia el centro izquierda. El problema es que los resultados electorales pueden ser decepcionantes en este año de reacomodos y crecerá la presión para mantenerse en la misma línea de los últimos 15 años.

Si Morena es un problema para el perredismo, la creación de Concentración Mexicana lo será, en parte, para el panismo, pero también para el perredismo capitalino. Ese nuevo grupo que encabeza el ex presidente del PAN, Manuel Espino, que se supone tiene el respaldo de, entre otros el ex presidente Vicente Fox, y de antiguos militantes de izquierda como René Arce y Ramón Sosamontes, puede ser el embrión de otro tipo de movimientos, sobre todo para atraer descontentos en el panismo y la izquierda.

También el Panal tendrá que tomar decisiones. No es verdad que su relación con el presidente Peña Nieto esté rota, pero obviamente existe un fuerte jaloneo político en torno a la reforma educativa que tendrá repercusiones en el Congreso y sobre todo en los procesos estatales, locales, donde el magisterio tiene mucha mayor capacidad de operación.

Para la nueva administración el peligro está en que por distintas razones, tanto el PRD como el PAN y el Panal puedan tomar una vía de confrontación o de boicots constantes a la agenda legislativa. Lo decía el propio Emilio Gamboa Patrón hace un par de días: todas las fuerzas políticas apoyan el Pacto por México, pero “lo hacen en sus propios tiempos”. El problema es que en política el tiempo es decisivo para el éxito o fracaso de una iniciativa. Y para sacar adelante sobre todo la reforma hacendaria y la energética, estos meses son claves. ¿Se puede seguir gobernando sin esas reformas? Por supuesto, pero entonces lo que caen son las expectativas.

Las oposiciones saben que necesitan tiempo para recomponerse, para que vayan saliendo sus propios procesos internos, para medir la fortaleza del nuevo gobierno y ver cómo responde a las distintas amenazas y desafíos, desde la seguridad hasta la economía, desde el trabajo legislativo hasta el social. Y en muchas ocasiones, cuando una fuerza política está dividida, o en peligro, suele recordar que nada la puede cohesionar más que tener (o inventarse) un enemigo externo.
14 Diciembre 2012 04:00:42
Lavado de dinero: elefantes y hormigas
Hace algunas semanas decíamos que uno de los problemas de la muy recientemente aprobada ley de lavado de dinero era que apuntaba desde muy de cerca a las hormigas, pero se olvidaba de los elefantes. La ley está muy atenta a las actividades de los que operan en actividades minoristas con mucho o poco efectivo pero deja con demasiada libertad, sin controles o con pocos, a los grandes operadores del sistema financiero.

Hace ya muchos años, Barry MacCaffrey, que era entonces el zar antidrogas de Bill Clinton en la Casa Blanca, me decía que, según sus propias estimaciones, 90 centavos de cada dólar de las utilidades provenientes del crimen organizado se lavaban en el sistema financiero de los propios Estados Unidos. Muchos especialistas han dicho que aunque parezcan cifras escandolasamente altas (la más conservadora de las cifras hablan de unos 60 mil millones de dólares) en realidad se diluyen en un mercado financiero de billones de dólares, que se mueven en forma incesante y cotidiana. Lo cierto es que en forma cotidiana se dan a conocer operaciones millonarias de lavado de dinero, que involucran a grandes instituciones financieras, pero se suelen solventar con el pago de una multa y ya.

En esta semana, HSBC fue multada con mil 900 millones de dólares por encubrir operaciones multimillonarias de lavado de dinero proveniente sobre todo de los cárteles del Norte del Valle de Colombia y de sus socios del cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.

Mientras con la nueva ley de lavado de dinero se castiga como delincuentes a los notarios, a las tiendas de joyería o de ropa, a quienes realicen operaciones en efectivo mayores a ciertos montos (todos lejos de ser movimientos millonarios) que no respeten escrupulosamente la ley, en instituciones bancarias de Sinaloa (y de otros puntos del país) se recibían en uno de los bancos más importantes del mundo, cajas con millones de dólares para ser depositadas en distintas cuentas de testaferros de esa organización criminal. No es un caso único, ayer mismo se informaba que JP Morgan, también está acusada de haber participado en operaciones de lavado de dinero.

Pero tampoco es el primer caso en el cual se detectan ese tipo de operaciones: en el pasado muchas otras, desde American Express Bank hasta el Bank of America, incluyendo muchas instituciones financieras y cambiarias sobre todo en California, han participado de ese negocio.

¿Cuánto vale ese negocio? Nadie lo sabe con exactitud. Hace un par de años, el departamento del Tesoro, junto con la secretaría de Hacienda, hicieron un estudio para medir la magnitud de esas operaciones. Llegaron a una conclusión un poco desconcertante. Dijeron que la delincuencia organizada obtiene ganancias en México de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. Sin duda es mucho dinero, pero cuando alguien tiene un margen de error de 10 mil millones de dólares en realidad no tiene idea de cuánto dinero estamos hablando.

También apenas ayer se dijo que desde el propio departamento del Tesoro, se incluyeron en las listas de empresas consideradas ligadas con el narcotráfico, a algunas de Juan José “El Azul” Esparragoza, en particular algunas gasolineras y una inmobiliaria, asegurando que inicia con ello “un férreo cerco” contra este narcotraficante, el más longevo del país, presente desde por lo menos mediados de los 80, en los primeros planos de la delincuencia organizada. ¿Usted cree que colocando en esa lista tres gasolineras y una inmobiliaria se crea un “férreo cerco” en contra del “Azul” Esparragoza?

El tema debe, necesariamente, revisarse. Ocurre algo similar a lo que sucede con los impuestos. Debe actuarse en torno al lavado de dinero en torno a los grandes inversionistas y operadores de ese negocio, en lugar de poner la mira en los pequeños y potenciales operadores. Se suele olvidar un dato, que el último Buen Fin volvió a sacar a flote: el 80% de las transacciones que se realizan cotidianamente en el país se efectúan en efectivo. Cerrar la pinza sobre los pequeños y medianos contribuyentes u operadores, con medidas penales que son incluso mucho más drásticas que en los propios Estados Unidos, mientras se deja la puerta abierta para los grandes, no creo que sea la medicina más conveniente.

Volando a ninguna parte

El terrible descontrol que existe en la aviación civil se pone una vez más de manifiesto con el accidente donde falleció la cantante Jenni Rivera. Ha pasado casi una semana y no terminamos de saber siquiera si los pilotos tenían o no la licencia adecuada, si el avión estaba o no en condiciones de volar. Si fuera un accidente aislado quizás no sería tan grave, pero la aviación civil ha tenido un crecimiento geométrico que está lejos de ser alcanzado por el control y las regulaciones de las autoridades.
13 Diciembre 2012 04:00:09
Dos semanas: expectativas y realidad
Le están cargando a la administración Peña Nieto demasiadas intenciones que no son las suyas, que no ha tomado y que aparentemente tampoco quiere tomar. Se podrá decir que está muy bien, que lo mejor que puede ocurrirle a un gobierno es despertar las expectativas de distintos grupos sociales, incluyendo los que no son sus partidarios, porque eso le facilita la labor de gobierno. Y es verdad, pero es una verdad a medias por la sencilla razón de que si esas expectativas no son realistas y tampoco están en el marco de los propósitos reales de esa administración, al final lo que sucede es una suerte de frustración o sentimiento de engaño que tiene costos políticos.

Está pasando algo así en el inicio de esta administración. El Gobierno ha actuado muy bien en el manejo de los temas que desea posicionar: desde las reformas hasta el Pacto por México. Pero al sacar esas propuestas con otros partidos y al permitir que todo mundo le otorgue la lectura que quiera, sin establecer con claridad su línea de trabajo, está permitiendo también una generación de expectativas, sanas o no, intencionadas o no, que no se corresponden con la realidad.

De esa forma se dice que a partir de lo suscrito en el Pacto, el Gobierno tomará medidas contra las principales televisoras y no parece que ésa sea su intención: de romper los monopolios a confrontarse con los grandes medios hay una enorme distancia; de subastar una par de cadenas de televisión a desarticular a las existentes hay una distancia enorme. Y sin embargo hay quienes han leído eso en el Pacto. ¿Qué sucederá cuando no ocurra? Simplemente acusarán al Gobierno de no haber cumplido una palabra que, en esos términos, nunca empeñó. Algo similar ocurre, ya lo hemos dicho, en el terreno de la educación. La interpretación que algunos medios le dan a la reforma me parece, sencillamente, un monumento a la especulación y la imaginación política. O simplemente un intento de manipulación informativa.

En este contexto ¿qué sucederá con la seguridad? En la campaña electoral la tesis de cambiar la estrategia de seguridad sonaba muy bien y daba votos. A la hora de gobernar, ya lo hemos visto en estos días, no resulta tan sencillo. En sus dos apariciones públicas sobre el tema, el presidente Peña Nieto ha insistido, con toda razón, que mientras no se construyan otros mecanismos, la estrategia deberá permanecer: el ejército y la marina deberán seguir garantizando la seguridad interior y en los estados deben reconstruirse las fuerzas policiales locales apelando a lo que tanto se reclamó, no se concedió y que está funcionando en los pocos estados que lo han aplicado: un mando único local, con una estrecha colaboración en el terreno federal. En ese ámbito no hay nada nuevo por descubrir: eso es lo que hay que hacer. Por supuesto que debe haber mayor coordinación y un mucho mayor trabajo político y social, pero hay medidas e instituciones que se deben construir y que son pasos ineludibles para ir recuperando paulatinamente la seguridad. En esto también las percepciones son fundamentales y hasta ahora, apenas dos semanas en el gobierno, la administración Peña ha logrado crear una percepción de mayor tranquilidad y ha tenido un manejo de los medios que se ha beneficiado de una reducción de la violencia, que se venía registrando también desde la primera mitad del año y se ha agudizado en estos meses.

Pero precisamente por eso, hay muchas preguntas sin responder sobre el tema. No sabemos aún cómo se articularán: sí se ha dicho que ese gabinete quedará bajo control de la secretaría de Gobernación pero ¿cómo se articulará? ¿Cómo funcionarán en los distintos estados? ¿Cómo se hará para que las distintas dependencias involucradas tengan márgenes de autonomía que siempre son necesarias, sin caer en la competencia interna? ¿Quiénes quedarán en los mandos de la Policía Federal y junto a Manuel Mondragón como Comisionado de Seguridad? Ya sabemos quiénes quedarán en los principales mandos de la Marina, pero ¿quiénes ocuparán esas posiciones en la Sedena y en las distintas áreas del Ejército y la Fuerza Aérea? ¿Qué sucederá con el Cisen? ¿Se mantendrá con su perfil actual? ¿La estructura de inteligencia y de Plataforma México con que cuenta la Policía Federal permanecerá adscrita a la misma, irá al Cisen o a otra dependencia? ¿Qué sucederá con la tan mentada gendarmería que parece que se superpone a la Policía Federal? ¿De qué forma todo esto se articulará con los gobiernos estatales? Son preguntas que están sin responder. Es verdad que hay funcionarios que están pasando controles de confianza antes de su designación y que en esto no debemos apresurarnos, ya hemos visto que la prisa puede ser, especialmente en estos temas, una muy mala consejera. Pero son preguntas que deben tener respuesta para que no crezcan expectativas e ilusiones que sencillamente no pueden o no deben cumplirse.
11 Diciembre 2012 05:02:18
Educación, seguridad y el hilo negro
Se presentó la nueva versión de la reforma educativa, que habrá que analizar con mayor detalle para que no se convierta en otra reforma similar, en la forma y en el fondo, a la de los últimos sexenios, sin atacar los verdaderos problemas de fondo que azotan a la educación pública. Desde el mismo momento en que se considera que el desafío central de la educación en el país es “recuperar el control del Estado en la educación” a través de la plena autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para evaluar alumnos, programas, maestros y autoridades, el diagnóstico suena incompleto, más político que educativo. La evaluación, por supuesto, es imprescindible, pero debemos insistir en que sin infraestructura, sin un cambio de modelo real, sin involucrar en todo ese proceso a los maestros, a los padres de familia y a las autoridades locales, la evaluación terminará siendo una radiografía que no mostrará las verdaderas carencias del sector. Mientras haya escuelas sin aulas, sin baños, sin electricidad, sin piso firme, mientras la distancia social se siga ampliando entre los que tienen una educación al nivel de Canadá, como en San Pedro Garza García y los millones que tienen una educación a nivel de cualquier nación africana, como en buena parte de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, o amplísimas zonas de los cinturones de miseria metropolitanos, cualquier reforma quedará incompleta. Mientras maestros y alumnos deban recorrer horas para llegar a las aulas o mientras estén acosados por la delincuencia, la inseguridad o el desempleo, será difícil realizar una evaluación realista del sistema.

El tema es clave porque cualquier reforma que realmente funcione en ese terreno debe ser transversal, debe cruzar diferentes ámbitos y sectores. Algo similar ocurre en el terreno de la seguridad. El presidente Peña, en su primera semana al cargo, estuvo con los mandos militares en el Heroico Colegio Militar y días después en Nuevo León. En ambas ocasiones el tema central fue la seguridad. Y en los dos dijo lo que tenía que decir porque la realidad suele ser muy terca: que no puede haber cambios de fondo en lo que se está haciendo, por lo menos no en el corto plazo. El Ejército y la Marina seguirán en las calles, cumpliendo con sus labores de preservar la seguridad interior del país. En los estados desafiados por la delincuencia, como Nuevo León, se debe seguir haciendo lo que se hacía: construir fuerzas policiales locales confiables y con verdadera capacidad operativa para combatir el secuestro, el robo, la extorsión, el narcomenudeo. Mientras tanto deben tener esas fuerzas y esas regiones, apoyo federal, sea policial o militar, o ambos.

No hay posibilidad de cambio en ese capítulo de la estrategia, nadie inventa el hilo negro en temas tan duros como estos. Lo que se debe modificar es la política con la cual se lleva esa estrategia. Se debe trabajar en la coordinación institucional, se debe (aunque le pese a algunos senadores) volver a incluir la seguridad en las instituciones de gobernabilidad interior, se debe lograr que los gobernadores no se sientan perseguidos sino parte de la solución de los problemas. Todas esas son medidas eminentemente políticas, y son las que de alguna forma se están tomando en ese ámbito. Hay que ver, como un buen ejemplo de lo anterior, el tiempo que se están tomando en Seguridad Pública para definir el próximo esquema de mandos (no habrá desmantelamiento de la SSP como algunos piensan), o cómo se planteará la organización de todo el sector, sobre todo de inteligencia, ya en la Secretaría de Gobernación.

Algo similar debería suceder en la educación. Nadie va a descubrir el hilo negro. En la educación, para aplicar la reforma se deben cambiar no las estrategias sino las políticas. Por supuesto que es necesario evaluar a maestros, alumnos y autoridades, pero eso no alcanza e incluso si es mal leído puede terminar teniendo efectos contraproducentes, si no se aterriza en la realidad cotidiana. Una cosa es enseñar en la sierra y otra en colonias de clase media urbana. Una cosa es enseñar en Monterrey, Guadalajara o el DF, y otra en casi cualquiera de las entidades del sur del país. Vamos, es muy distinto enseñar en Aguascalientes que en su vecina Zacatecas. En la educación se debe actuar como en la seguridad: ambos son los dos grandes temas de debate actuales y en los dos se tienen diagnósticos y propuestas de solución populares, que rayan en la más absoluta simplicidad.

Si los diagnósticos no son lo suficientemente precisos y profundos en esos temas, si las nuevas autoridades se van a ir con las soluciones de los aficionados que repentinamente se convirtieron en expertos, aunque ni siquiera entiendan el fenómeno, se van a equivocar, en la seguridad y en la educación, dos temas que no admiten reformas o salidas falsas, pero tampoco verticales, sino transversales, que abarquen prácticamente todo el andamiaje institucional.


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