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Mauricio Merino
Mauricio Merino
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Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.

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28 Diciembre 2016 04:00:00
2017, otra revolución
Los calendarios sirven para organizar la vida. Nos dan orden, agendas y esperanzas. Pero son una ilusión, pues el tiempo simplemente fluye y las inercias se mantienen, mientras no hagamos nada para modificarlas. Y hasta ahora, ninguno de los desafíos con los que está cerrando el 2016 parece tener una salida fácil para el año próximo. No sólo porque son de suyo muy complejos, sino porque el país ha venido perdiendo poco a poco la capacidad de responder.

El cambio de año no es la única ilusión que compartimos. También creemos que el Estado mexicano es invencible y cargamos sobre sus activos casi todas las expectativas. Nos cuesta establecer la diferencia obvia entre las limitadas capacidades del gobierno –de los gobiernos, en plural– y nuestra propia voluntad de acción y de organización política. Es una tendencia histórica: nos gusta imaginar que los problemas públicos pueden resolverse a golpe de decisiones gubernamentales, acompañadas de leyes y de instituciones que cargan sobre el presupuesto y las burocracias.

Todos los datos nos dicen, sin embargo, que esa posibilidad no existe sin contar con el respaldo y la conciencia despierta de la gente; de los ciudadanos comunes y corrientes que no ostentan cargos públicos ni utilizan poderes otorgados, porque el Estado no es solamente un aparato de poder que ejerce –según la definición clásica de Weber– el monopolio legítimo de la coacción física, sino que es también y sobre todo la mayor organización política de la sociedad en su conjunto. El Estado no está formado por un puñado de individuos, ni pertenece como cosa propia a los intermediarios de la vida pública. Eso es su deformación, no su esencia.

Hacia 2017 –el año en que cumplirá 100 la desgastada Constitución Política de la Revolución del siglo 20– no sólo será inevitable hacernos cargo de las promesas no cumplidas e incluso traicionadas de aquella rebelión social, sino de la necesidad de rescatar la vida pública de aquellos intermediarios que la tienen secuestrada. En la medida en que se insista en que son ellos los únicos capaces de afrontar los problemas que todos padecemos, nuestras dificultades seguirán multiplicándose.

Ya que los calendarios organizan, el 2017 debe organizarnos a nosotros: a quienes creemos obstinadamente en las instituciones, pero entendidas como las reglas que nos damos para convivir en armonía y cuya validez depende de nuestro compromiso honesto por cumplirlas; a quienes asumimos que las desigualdades y las violencias que padecemos de mil formas diferentes seguirán creciendo si entregamos a otros toda la responsabilidad de conjurarlas; a quienes pensamos que el dinero público es realmente nuestro y que no hay razón alguna para que no se distribuya en función de los problemas públicos no solucionados y sobre la base de una propuesta igualitaria sin reparos; a quienes defendemos una idea democrática que no se constriñe solamente a los partidos, las campañas y los votos, sino que ha de extenderse a la apropiación cotidiana de la vida en común que las oligarquías, los oligopolios y las burocracias nos han ido arrebatando.

Por lo demás, tampoco tenemos otra opción. Creer que esas violencias que nos están rompiendo como nación articulada –acrecentadas por los descalabros económicos que nos esperan a la vuelta de la esquina– serán mitigadas por los medios habituales que nos ofrecen los partidos y los programas gubernamentales es, a todas luces, una ingenuidad. En 2017 hay que replantear la ruta: hacernos cargo de que la vida pública nos pertenece a todos y poner en marcha la revolución de las conciencias que todavía no ha sucedido en México. Una revolución tan fácil de enunciar, como difícil de emprender, pero indispensable para darnos un destino compartido. Que el calendario nos ayude.
30 Diciembre 2015 05:00:32
Sueños guajiros
Me gustaría que en 2016 no sólo se completaran las leyes que todavía le hacen falta al sistema nacional de transparencia, sino que el conjunto resulte coherente y eficiente; que la Ley General de Archivos y la de Protección de Datos Personales no contradigan ni anulen los avances de la Ley General de Transparencia; que el Congreso zanje las trampas operativas que se colaron en la legislación federal sobre ese tema y que el Senado nombre a un excelente Consejo Consultivo del INAI, en un proceso responsable y ajeno a los repartos habituales y las demagogias, para colocar un contrapeso a los conflictos y a los excesos que se han comenzado a permitir los comisionados de ese nuevo órgano.

Que los congresos estatales den prueba de compromiso democrático y completen exitosamente las garantías de nuestro derecho a saber y comparar, sin regresiones ni reparos; que las legislaciones locales que ya faltaron a ese compromiso durante el año 2015, como Tabasco y Querétaro, se echen abajo por la SCJN.

Que nadie ponga más pretextos para cumplir con honestidad y sentido republicano el compromiso de poner en marcha el sistema nacional anticorrupción que, de momento, no es más que una promesa constitucional; que se modifique desde la raíz el derecho disciplinario mexicano, para que ningún corrupto encuentre justificaciones tramposas a sus
fuentes ilícitas de ingreso en los complejísimos procesos legales que se siguen para sancionarlos; que se haga, en consecuencia, una excelente ley general de responsabilidades capaz de dotar a la Administración pública de medios de investigación para probar las desviaciones de recursos, evitar el daño patrimonial y social que la deshonestidad
causa a la nación y quebrar las redes de complicidad entre funcionarios y particulares que han hecho de la corrupción un hecho cotidiano en México.

Que no triunfe la versión tradicional del derecho administrativo mexicano, que insiste en abrevar del derecho penal para hacer mucho más compleja la posibilidad de contener y sancionar la corrupción; que haya una ley general del sistema nacional anticorrupción que sea ejemplar para América Latina; que los órganos que le darán vida a ese sistema
tengan los medios para funcionar con éxito y que las personas que lo encarnarán comprendan la dimensión histórica del papel que estarán llamados a cumplir; que las reformas legales que se deriven del sistema no acaben siendo un galimatías que nadie entienda y acabe bloqueando la eficiencia en los gobiernos.

Que la hechura de las legislaciones estatales en materia de combate a la corrupción no se convierta en una fiesta de complicidades y simulaciones; que, por el contrario, se genere una sana competencia entre los estados de la federación para ver cuál de ellos construye los mejores sistemas para garantizar la honestidad de sus gestiones públicas; que
se entienda la relación directa que hay entre esos sistemas de transparencia y combate a la corrupción y la orientación social del gasto público.

Que mediante el acceso a la información y los muros levantados contra la apropiación ilegítima del dinero que es de todos, se geste durante el año una nueva visión del combate a la pobreza y del compromiso público con la igualdad; que los programas presupuestarios ya no excluyan ni discriminen a los grupos vulnerables de la sociedad; que el
debate sobre el salario mínimo permita su incremento gradual pero sostenido, sobre la base de un nuevo pacto económico y social con los empresarios responsables del país.

Que los servidores públicos de mayor jerarquía comprendan que su misión profesional es, precisamente, el servicio público; que asuman que eso significa ponerse del lado de las personas vulnerables y no del lado de los poderosos; que utilicen los presupuestos recortados que tendrán para potenciar el uso de su tiempo y su imaginación a favor de la
igualdad y de la dignidad sociales; que comprendan que la combinación de transparencia, honestidad y compromiso social es el mejor antídoto contra la violencia y la única forma de contener al crimen organizado.

Que las cámaras legislativas abran por fin su información completa y rindan cuentas del uso que hacen del dinero; que los partidos ganen votos sin comprarlos y sin utilizar los programas públicos para construir clientelas; que tengamos una sociedad más responsable y armoniosa y tolerante y solidaria y…
20 Abril 2011 04:00:56
Nombres y apellidos, almas y biografías
No sé si alguien conoce la historia completa y puede identificar plenamente las causas, pero estoy seguro de que hubo un momento en que algo se salió de control y la violencia se convirtió en el signo ya inexcusable de nuestros tiempos. Nos dicen que ya sucedía y que antes era todavía peor. Nos aseguran que los cambios han ocurrido más bien en la valentía con la que el Gobierno de la República ha enfrentado el problema y en la publicidad mundial que ha tenido. Pero el hecho es que la violencia sigue creciendo, que las elecciones del 2012 se acercan como signo ominoso y que no hay ningún atisbo de paz a la vista. 

Comprendo que es un problema de muchas aristas, cuya solución exige mucho más de lo que cualquier otra política pública necesitaría para verse colmada. En ésta se juega la viabilidad del Estado y la vida de quienes se atreven a formar parte de la cadena de operaciones para enfrentar a los criminales. Y es, de lejos, mucho más que una intervención habitual del gobierno en cualquier otro tema -incluyendo los más espinosos y delicados- pues en éste se entrelaza la justicia con la templanza y la eficacia con los derechos humanos. Es una política pública, pero es también una guerra y una condición de sobrevivencia política. Todo a la vez. 

Sin embargo, ninguna política pública tiene éxito sin una teoría de entrada capaz de explicar las causas del problema que quiere atender, y ninguna prospera más allá de la retórica de la acción si no logra distinguir entre esas causas y los efectos de la situación que quiere cambiar. He aquí uno de los mayores desafíos del Estado contemporáneo: Seleccionar problemas fundamentales para la sociedad y actuar sobre las razones que los generan, mientras intenta paliar sus efectos más inmediatos con los recursos escasos que tiene a su alcance. Y a sabiendas de que la simpatía que puede ganar temporalmente si sólo actúa sobre los efectos se revertirá tan pronto como las causas desatendidas vuelvan a aflorar sobre los problemas planteados. 

Por eso pienso que la violencia que estamos sufriendo es producto de causas que no están siendo atendidas y, probablemente, ni siquiera están siendo entendidas. No creo que sea el costo inexorable de esta guerra sin enemigos precisos que se reproducen a sí mismos todos los días y sin victorias dignas de celebrarse. Es algo más grave que eso: Es una ruptura brutal de las relaciones sociales, del respeto más elemental por la vida, del sentido de convivencia, de la identidad compartida. La violencia se desató por la guerra incivil en la que estamos metidos, pero también responde a sus propias causas. Y es algo más que un puñado de estadísticas sobre muertos, levantados, desaparecidos, bandas de criminales y acciones heroicas de las Fuerzas Armadas. 

La violencia es una espiral que se reproduce y se justifica a sí misma, especialmente cuando los seres humanos desaparecen tras la frialdad de los números, la mecánica de las fuerzas del orden, las estructuras y los sistemas de los criminales y del Estado. Y mientras más crece, más invisibles son los nombres, el alma y las biografías de las víctimas y los victimarios. 

Un muerto en la dinámica impuesta por la violencia es un dato y no una vida truncada, un listado de amores vacíos, una promesa incumplida, una esperanza, una historia. Del mismo modo que alguien dispuesto a matar y a seguir matando es, a la vez, un ser humano fallido: El producto de una biografía y de una situación que han cancelado todas las opciones de convivencia pacífica. Algo que, de conservar alguna conciencia común, debería llamarnos a la vergüenza y la indignación colectivas, pues no sólo pierde la vida quien muere, sino quien mata para seguir viviendo. 

Nos haríamos un gran favor si comenzáramos a documentar quiénes son todos los muertos y a conocer sus nombres y biografías, de todos los bandos y en todas las circunstancias, pues todos fueron seres humanos, todos soñaron alguna vez el futuro, todos imaginaron que su país podía darles algo más que una muerte violenta. Víctimas y victimarios tuvieron nombres, almas y biografías. No fueron ni quisieron ser números, ni prejuicios, ni argumentos para seguirnos matando. Todos ellos representan los peores efectos de la violencia -¿qué puede ser peor que la muerte?- y la mejor explicación de las causas que la han generado. Entender esas vidas truncadas ayudaría a entender también el origen de las razones que las truncaron. Seguirle la pista a la vida y no a la muerte, para darnos la oportunidad de volver a vivir. 
12 Enero 2011 04:15:23
Arizona y discurso conservador
Mauricio Meschoulam
Internacionalista de la Universidad Iberoamericana
Twitter: @maurimm
Agencia El Universal


Ya se armó. Agárrense. Unos atacan, otros defienden. Esa es la política. El problema es que si no sabemos distinguir los fenómenos, nos involucramos y dejamos de comprender lo que sucede. De un lado se dice que el atentado a la congresista demócrata Gabrielle Giffords ha sido prácticamente el producto de un incendiario discurso ultraconservador que desde hace meses viene cobrando fuerza y que ocasiona que algunos ciudadanos exaltados puedan cometer este tipo de crímenes. En otras palabras, se establece una liga directa entre la violencia retórica y el atentado. Del otro lado, hay un completo deslinde. Se retiran frases comprometedoras en internet y se dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En el medio estamos nosotros, entre confusos y preocupados, no sabiendo bien hasta qué punto se relaciona la agresividad discursiva con el matar seres humanos.

Se señala en la prensa que no es la primera vez que un discurso conservador inflamado cobra fuerza en la historia de Estados Unidos. Lo novedoso en este momento es la propagación que esta clase de lenguaje ha tenido a través de las redes sociales e internet. Eso hace que la retórica tenga mucho mayores efectos y que llegue a poblaciones como nunca antes en el pasado había ocurrido.

Sin embargo, al margen del impacto real de esta clase de discurso en el tirador o su potencial organización, resalta la manera en la que el sector conservador busca de forma inmediata eliminar frases o sitios en internet en un intento por mostrar que ellos no tienen nada que ver con esta clase de atentados. Pareciera que se busca eliminar cuanto antes la “evidencia” de haber sido los incitadores del crimen. Es por ello que en este juego que se entreteje con la lucha por el poder es necesario establecer matices.

En este y otros espacios hemos argumentado, en efecto, la importancia del discurso. La realidad no es algo que preexiste, sino una estructura que se va construyendo socialmente a diario. El lenguaje que utilizamos representa la forma de entender esa construcción y, a su vez, contribuye en la edificación de dicha realidad. Por eso decimos que un discurso de paz termina por engendrar paz, y un discurso violento va a reproducir violencia. De esto no cabe la menor duda. Pero es una idea de largo plazo. En otras palabras, el terror que vimos emerger en Arizona, o el que se manifiesta cuando un estudiante mata a 20 compañeros, no es un producto automático de los conflictos políticos más recientes entre los conservadores y los liberales de Estados Unidos. Es resultado, sí, de un entorno de justificación de la agresividad que viene desde muchas décadas atrás, donde los programas de televisión, los videojuegos, las películas de cine, los héroes del planeta, son violentos y validan el combate por la “justicia”. Un discurso que muestra a Estados Unidos como una de las potencias más pasionales de la historia, pero lo es porque su destino manifiesto significa luchar por la “libertad” y llevar la “civilización” y la “democracia” desde Vietnam y Cuba hasta Irak o Afganistán. Un lenguaje que justifica la venta y posesión de armas para ciudadanos corrientes en aras de la “legítima autodefensa”. Vamos, si queremos encontrar la relación entre discurso y violencia, la hay. Salvo que de esa retórica, la del largo plazo, los demócratas, me temo, no se salvan. Visto así, de manera compleja, la reciente embestida discursiva del Tea Party en contra de los liberales termina siendo un factor contribuyente pero no determinante en este último incidente.

El lamentable atentado se convierte en un episodio más de la guerra real: la disputa que desde hace décadas sostienen los sectores más conservadores en contra de los liberales y la defensa que éstos últimos ejercen de sus proyectos. Y al revés. Se rebasan los límites del suceso mismo. Ahora, la víctima no es presentada únicamente como la congresista Gabrielle Giffords, sino como su activismo en pro de los derechos de migrantes y su lucha liberal. El victimario no es un joven de 22 años (en un complot o fuera de él), sino el discurso inflamatorio conservador que hace que este tipo de incidentes sean posibles.

Desde la Casa Blanca hasta los más recónditos espacios del Tea Party unos y otros se aprovechan del incidente para establecer sus agendas, enfocando la atención sobre lo más inmediato. Los próximos proyectos de ley. Las próximas encuestas y elecciones. La buena noticia es que en medio de su guerra hay quien no se deja engañar. La paz se construye, efectivamente, a través del discurso, entre otros factores. Pero en la larga duración. En la distancia.


12 Enero 2011 04:14:59
El año de la izquierda quebrada
El año electoral comienza y termina desafiando al PRD y a sus principales aliados. Tres de sus gobiernos estatales estarán en juego: Guerrero a final de mes, Baja California Sur el primer domingo de febrero, y Michoacán el segundo domingo de noviembre. Se trata de casi todo el capital gubernativo de ese partido, exceptuando al DF y a Chiapas —cuyo gobernador fue, sin embargo, un destacado militante del PRI—. Todo lo demás ha sido ganancia compartida con el PAN y entregada a los candidatos que militaron en el PRI de Oaxaca, Sinaloa y Puebla. De modo que este año, el PRD ha de refrendar el éxito de sus gestiones locales o perder casi toda su presencia en los gobiernos de los estados. De ese tamaño es el desafío.

A mitad de camino, el PRD enfrentará, además, las elecciones del estado de México con uno de sus más respetados portavoces. Pero este ha querido hacerlo —y qué bueno— sin maquillajes ideológicos, ni estrategias destinadas solamente a ganarle al PRI, pagando cualquier precio. Decisión que no sólo entraña el riesgo de afrontar las mismas consecuencias de 1993, cuando Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena fueron derrotados por la locomotora del aparato político local del PRI, encabezado entonces por Emilio Chuayffet, sino el de aparecer como una opción sin fuerza para competir con Peña Nieto. E incluso el de ser derrotado antes de entrar siquiera a la contienda por el desarraigo estatal —que el propio Encinas reconoce—, y quedarse en el camino sin candidatos convincentes para pelear la plaza.

Y al final del año, el PRD todavía tendrá que defender de cualquier modo su vieja hegemonía en Michoacán, la tierra que alguna vez se presentó como el terruño simbólico del perredismo, tanto por el liderazgo indiscutible de Cuauhtémoc Cárdenas, como por el recuerdo del Tata Lázaro, cuya obra se quería reivindicar desde la izquierda ofendida de aquel PRI que gestó el movimiento del 88 como la mejor herencia de la revolución social que quería convertirse en democrática. Hoy, esa tierra está cruzada de violencia y atenazada por una de las bandas criminales más fanáticas y peligrosas del país y, por si esto fuera poco, también se ha convertido en una tentación política para el muy michoacano presidente Calderón, cuyo compromiso con su tierra le puede llevar hasta el extremo de apoyar la candidatura de su propia hermana, a fin de zanjar de una vez cualquier duda.

Todo indica, además, que el PRD habrá de cruzar por esos ríos sin el respaldo de las coaliciones con el PAN. Tendrá que nadar sólo con sus brazos: Convergencia y el PT, que no siempre significan mayor fuerza ni mejor organización política. Y habrá de hacerlo en medio de la muy compleja sucesión de Jesús Ortega como presidente del partido —que podría quedar en manos del heredero de la dinastía Cárdenas— y de la disputa poco fraterna por la candidatura a la Presidencia de la República entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Dos momentos tan definitivos para el futuro inmediato de la izquierda partidaria que pueden incluso hacerles olvidar que, en el camino, se les podrían caer todas las piezas que habían venido levantando.

Pero quizás el desafío más importante para el PRD en 2011 no será llegar vivo a las Posadas, sino como una opción creíble para quebrar la polarización que ya se dibuja entre el gobierno del presidente Calderón y el PRI. Ganarse una silla propia y respetable para saltar del muy posible plebiscito de 2012 a una verdadera elección entre tres candidaturas viables sería una valiosa aportación del PRD a la democracia mexicana. No llegar como apéndice del PAN para trabar la vuelta del PRI a Los Pinos a través de coaliciones aberrantes, no como un aparato de acompañamiento al enfurecido líder testimonial, sino como un partido con voz propia, con una organización articulada, con un programa de izquierda —y no de un sólo hombre—, y con una perspectiva de futuro político indiscutible. Es decir, como un partido político en serio.

Para llegar así al 2012, el PRD tiene que salir a salvo de las elecciones que comienzan al final de este mes en Guerrero, y resolver los problemas de liderazgo interno que lo han ido matando y dejar de ser una marca de uso, al modo y la conveniencia de los personajes que se la van poniendo o quitando según los vientos del día. Cosa nada fácil, a juzgar por las circunstancias en las que inicia este ciclo y por los antecedentes y las actitudes de los grupos que lo conforman.

Profesor investigador del CIDE


29 Diciembre 2010 05:00:41
Mis mejores deseos para el 2011
Cerrar cada año con los mejores deseos para el que sigue es una tradición sana. Sobre todo cuando las cosas están mal, los buenos deseos pueden servir para darnos aliento e imaginar que estamos de acuerdo en algunas cosas. Desear, por ejemplo, que el 2011 no traiga más baños de sangre para el país, ni más violencia, ni más odio, quizás sea algo que podamos compartir muchos. Y conste que no se trata más que de la expresión de un deseo.

Pero ya sería algo, pues con frecuencia sospecho que ni siquiera estamos deseando lo mismo. Porque una cosa es ganar una guerra sin cuartel contra todos los delincuentes, todos los enemigos y todos los conspirados -tan ardua y tan paranoica como la que libraba el sultán de Delhi, Muhammad Tughlak, según la versión de Elías Canetti, tan exitosamente librada, que acabó con todos sus adversarios reales y potenciales, hasta quedarse sólo consigo mismo- y otra distinta es desear que vuelva la paz y la seguridad a la convivencia o, al menos, que se nos vaya quitando el miedo que llevamos pegado a la piel desde hace años.

Me gustaría que el presidente Calderón cobrara conciencia del tiempo; que se dé cuenta de que el sexenio dura exactamente seis años y que el suyo está de salida; desearía que aspire a dignificar las instituciones que tiene en sus manos y que comprenda que todavía sería viable, si quisiera, construir los cimientos de un buen sistema de rendición de cuentas que es hoy la gran carencia ética y práctica que traba la eficacia y el funcionamiento de todo el gobierno. Pero me detengo enseguida, pues eso ya es desear demasiado. A cambio, formulo un deseo más modesto: Que no intente de ninguna manera extender sus designios más allá del 2012.

Deseo también que el proceso electoral comience con buenos augurios, que los partidos no sigan minando la autonomía, ni abusando de la confianza social en el IFE, como si ésta fuera petróleo. Y deseo también que los consejeros -los seis que ya están y los tres que nombrarán algún día- se tomen en serio como autoridades electorales y no permitan que sea el Tribunal, una y otra vez, quien dicte la última línea en todos los casos. A los magistrados les puede encantar la política y lucir bien en los reflectores, pero es deseable recordar que si el Trife ha de tomar la batuta solo, será porque las cosas ya se han salido de cauce.
08 Diciembre 2010 04:09:44
Doña Isabel
Tras la captura de Jacobo Tagle, a quien buscó por sus propios medios durante años, Isabel Miranda de Wallace ha vuelto a estar presente en todos los medios de comunicación dando nuevas muestras de valentía, pundonor y talento a partes iguales. Su entereza para encarar a los asesinos de su hijo, Hugo Alberto Wallace, es sobrecogedora. Tanto, como la claridad de sus ideas de justicia y la firmeza con la que está dispuesta a enfrentar lo que sea antes que renunciar a su causa. Sus entrevistadores suelen hablarle bajito cuando le formulan preguntas y, con mucha frecuencia, se quedan mudos con las respuestas. No conozco a nadie que no le tenga respeto a este bello compendio de templanza, coraje y prudencia.

Sin embargo, la causa de doña Isabel es también una prueba de nuestros fracasos y de nuestras desdichas como sociedad fracturada. Si la conocemos y la admiramos, no sólo es porque existe el crimen organizado, sino porque las autoridades han sido negligentes para enfrentarlo y porque están infiltradas por los mismos criminales a quienes dicen estar combatiendo. No hemos escuchado con atención lo que nos ha dicho la señora Miranda en el largo y tortuoso camino que ha recorrido para localizar, denunciar y conseguir la captura de los secuestradores y los asesinos de su hijo. La vemos asombrados e incluso incrédulos, pero no estamos poniendo suficiente atención a su historia.

Doña Isabel nos ha demostrado que es posible localizar a los criminales cuando se pone en marcha una cadena básica de investigación. Ella no echó mano de recursos sofisticados para saber quiénes eran y dónde estaban los secuestradores y los asesinos que le hicieron pedazos la vida. Bastó la punta de una madeja amarrada a una convicción, hacer preguntas en los lugares correctos, mucha paciencia, unas fotos, un par de nombres y anuncios espectaculares bien situados en busca de datos sobre los criminales, además de muchas agallas para dar con ellos y situarlos inequívocamente. No fue cosa sencilla, pero su testimonio nos habla de la impunidad y el cinismo con el que pueden actuar y vivir quienes cometen los peores crímenes, porque saben que casi nunca les pasará nada.

Durante más de cinco años, doña Isabel ha presionado con insistencia a las autoridades, ya no para investigar, pues esa tarea la asumió por su cuenta, sino para que al menos atrapen a los criminales localizados y para que no los dejen salir enseguida por la puerta de atrás. Al primero de la banda lo acorraló ella misma con su familia, y fue ella misma quien lo entregó a las autoridades. Por fortuna, no se hizo justicia por propia mano. Con la altura moral que ha demostrado tener con creces, ha preferido tomar con un brazo a los asesinos, y con el otro empujar al Estado para que cumpla con su deber. Y dice que todavía le faltan “como 10 años” para que finalmente se dicte sentencia definitiva, con el más alto castigo disponible en la ley para quienes secuestraron y mataron a su hijo.

El mes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le concedió el Premio Nacional de Derechos Humanos a doña Isabel “por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos de las víctimas del secuestro”. Ella lo aceptó con gusto, porque le ofrece una nueva ventana de oportunidad para seguir en su causa, pero la razón para dárselo no era esa que dice el acuerdo oficial, sino la de haber demostrado y enfrentado con éxito la red de complicidades, negligencias y corrupción que ha secuestrado al país, como la banda dirigida por Freyre, que secuestró a su hijo.

Es preciso entender y acompañar la lucha de doña Isabel, porque no se trata de una venganza dolosa, sino de una increíble sed de justicia. Si hubiera querido, en medio de la impunidad en la que vivimos, la señora ya se habría cobrado ojo por ojo y diente por diente. En cambio, quiere que las autoridades hagan su trabajo, que la policía sirva y que los jueces juzguen, exigir justicia en su caso y que se haga por igual en todos los casos. No quiere privilegios: privarse de la ley para saciar su venganza, sino su opuesto: que nadie actúe al margen de la legalidad.

Es imperativo entenderla, porque todo nos dice que la extorsión y el secuestro serán cada vez más graves y más frecuentes, en la medida en que la impunidad derivada de la negligencia y la corrupción siga protegiendo a los criminales. Y no todos somos como Isabel Miranda de Wallace, ni debemos convertirnos en héroes para imaginar que podemos vivir a salvo.

Profesor investigador del CIDE

17 Noviembre 2010 04:50:28
La Revolución maldita
Es obvio que el gobierno de la República no tuvo el mismo interés en celebrar los 100 años del comienzo de la Revolución, que los 200 del inicio de la Independencia. La razón más evidente de esa diferencia de entusiasmos se la escuché decir a Héctor de Mauleón hace unos días: los festejos de la Independencia podían ser presentados como cosa propia del gobierno federal, mientras que la celebración revolucionaria le pertenece al PRI. Y así, no tenía sentido organizar una conmemoración fastuosa para aplaudir el ideario de la oposición, ni mucho menos emprender debates y recuerdos que sólo hubieran beneficiado la memoria del partido que quiere volver a gobernar a México.

De modo que el próximo 20 de noviembre, serán muy pocos los que celebren el principio del movimiento social más importante que ha tenido México y, a cambio, tendremos un despliegue militar que nos recordará mucho más la guerra en la que estamos, que las muchas causas que se cruzaron en la Revolución que inició en 1910.

Causas que nunca se cumplieron a cabalidad, a pesar de que el régimen anterior cabalgó sobre ellas durante varias décadas. Y cuya situación concreta, cien años más tarde, produce más motivos de tristeza que de orgullo: la pobreza y desigualdad siguen siendo los problemas más lamentables del país; la mayor parte de los campesinos sigue viviendo al margen de las oportunidades —aunque así se llame el programa oficial del régimen—, mientras que los indígenas siguen situados al extremo de la marginación y la discriminación sociales. Las causas del trabajo han quedado capturadas entre los intereses sindicales y la voracidad de los mercados, mientras que nuestros derechos sociales a la educación y la salud —hoy reconocidos y extendidos— no cumplen con la calidad y la oportunidad indispensables para producir una verdadera movilidad social. Y además, seguimos siendo una sociedad clasista, racista y discriminadora.

La mejor noticia estaría, acaso, en la democracia cuya búsqueda dio origen al movimiento revolucionario de Madero, aunque esa nota de alegría se nos escurre cada día entre los abusos de las burocracias partidarias y la incapacidad de las instituciones para resolver los problemas principales del país. Y para colmo —como si fuera un sino— llegamos al festejo centenario en medio de una nueva guerra entre los mexicanos, agravada por el hecho de que ésta no tiene más causa ni propósito que el dinero y el poder edificados al margen de la ley. Una mala lista, pues, que oscurece los motivos que tendríamos para celebrar cien años de Revolución.

Con todo, el 20 de noviembre podría ser buen pretexto para dar inicio a otras revoluciones, menos dramáticas pero no menos importantes. Ya hay un grupo de activistas sociales que ha propuesto, por ejemplo, iniciar una nueva revolución educativa. Un movimiento social pacífico comprometido con los cambios que le están urgiendo al sistema de educación pública para salir de la mediocridad, iniciando por su liberación de los controles sindicales que lo ahogan. Hay otra revolución, más proclive a la información pública y la rendición de cuentas, que se está tomando en serio el seguimiento de los asuntos públicos y la vigilancia del dinero que nos pertenece.

Hay otras más a favor de los derechos ambientales, de los derechos de las minorías, de los derechos colectivos y de la no discriminación. Es decir, de la agenda alternativa a los intereses más superficiales de los poderosos, que ha ido avanzando paulatinamente con reivindicaciones muy concretas y en lugares específicos, como la Ciudad de México. Y esas revoluciones están acompañadas de otra, más visible por naturaleza propia, que es la revolución de los medios y de los nuevos contenidos de la comunicación política. Y no me refiero sólo a las redes sociales electrónicas, sino a la nueva competencia mediática que promete dar al traste con los enfoques enlatados, los debates arreglados y las opiniones prefabricadas.

Todas esas son formas revolucionarias, porque quieren romper con el estatus quo y defender razones y derechos que harían mucho mejor nuestra vida en común. Revoluciones para recuperar el sentido de lo público, que nos ha sido sistemáticamente arrebatado y corrompido. Pero que tienen vías muy distintas de expresión para avanzar en sus propósitos y que, casi siempre, carecen de caudillos y de ambiciones personales de poder. Son anticlimáticas y posmodernas. Revoluciones acotadas, focalizadas, localizadas, dispersas y puntuales. Nada que pueda ser presentado como una alternativa para los festejos de la revolución de 1910. Pero que están ahí, incubándose y creciendo poco a poco, mientras nuestra clase política tropieza y se disputa hasta las fechas, pensando en las siguientes elecciones.

Profesor investigador del CIDE
03 Noviembre 2010 03:18:42
Por favor, no hagan lo que ya hicieron
De modo sistemático y como si todavía no hubiera pasado nada, sigo leyendo notas y exhortos que convocan a la Cámara de Diputados a producir una designación razonable de los tres siguientes consejeros electorales del IFE. Como si los diputados no hubieran quebrantado ya los plazos establecidos por la Constitución, como si no hubieran incumplido ya la promesa de establecer y publicar los criterios, los métodos y las calificaciones que habrían de darles a las y los candidatos a ocupar esos puestos; como si no supiéramos ya que la única razón que hubo para aplazar la tarea que debieron concluir la semana pasada es que volvieron a negociar cuotas y vetos. Así y todo, les estamos suplicando que por favor no hagan lo que ya hicieron.

O quizás, más bien les estamos pidiendo que no lo hagan aún peor. Ya que fuimos testigos de la falta de método y de rigor profesional para seleccionar a los 17 finalistas de esta contienda, que no se basó más que en las simpatías y los apoyos que cada uno de ellos logró concitar entre los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara, y ya que la televisión transmitió en vivo la ausencia total de criterios para fijar esa cantidad por razones ajenas a la confianza y la cercanía política de los enlistados con alguna de las fracciones parlamentarias, ahora nos alarma que el resultado no sea sino el producto directo de todos esos despropósitos ya cometidos.

Con todo, las razones que hoy podríamos tener para albergar un hálito de esperanza no son distintas de las que tienen los propios dirigentes de los partidos políticos para confiar en que los designados serán sus fieles representantes: ante la falta de método y de criterios comunes, no queda más que la biografía de los candidatos, sus aportaciones y sus relaciones más evidentes. En esa lista final yo tengo mis propias querencias (como las tuve también entre quienes quedaron fuera), y puedo argüir que me consta que varios de ellos tienen mejores credenciales democráticas que los otros. Pero la trampa consiste, precisamente, en que, sin más argumento que la cercanía y la amistad con algún partido político, alguien podría sostener que ya es indiferente nombrar a cualquiera de los 17 seleccionados, una vez que la Comisión de Gobernación los propuso con el voto unánime de sus integrantes.

Sin embargo, de consolidarse esa tesis corremos un doble riesgo: el más grave es que el PRI porfíe —como lo ha reportado la prensa sistemáticamente— en arrogarse el derecho de seleccionar dos y dejar uno para que el PAN lo designe o lo negocie con sus aliados del PRD. De ser así, será prácticamente imposible designar consejeros por consenso político y el escenario horrible del 2003/2006 podría repetirse. Y el segundo es que, ante la falta de compromiso con las trayectorias profesionales de los finalistas, se reparta un consejero fiel por cada partido mayor y que cada quien se atenga a las consecuencias. Aunque quizás todavía cabe anotar un tercer riesgo: que, ya que los diputados viven impunes, decidan simplemente aplazar las designaciones hasta nuevo aviso. Si ya lo hicieron en 2007, ¿qué les impediría hacerlo de nuevo?

Como sea, a estas alturas ya nada nos salvará de las designaciones hechas a modo de los partidos políticos. Y ya nadie se engañará sobre la forma en que se procesaron los nombramientos. En cambio, lo que algunos ciudadanos conscientes y comprometidos de veras con la vida pública del país están pidiendo tenazmente es que, a pesar de todo, los diputados hagan un último esfuerzo por elegir los perfiles profesionales más autónomos y mejor preparados de esa lista que ellos mismos fijaron, y que lo hagan con el consenso de todas las fuerzas políticas. Un toque de pundonor, por lo menos, ya que pasaron por encima de todas las consideraciones sensatas que se han hecho hasta ahora.

Después de todo, la mayoría de los integrantes del Consejo General del IFE ya está trabajando y seguirá haciéndolo, vaya quien vaya a ocupar los lugares vacantes. Ese grupo ya consiguió resultados plausibles en los comicios del 2009 y podría restaurar la confianza en la institución hacia el 2012 si nadie los pierde de vista, si somos capaces de aumentar la vigilancia y la presión de los ciudadanos y de los medios sobre su conducta imparcial, y si elevamos entre todos los costos que tendrían que pagar en caso de caer en la tentación de favorecer a sus promotores. Así que los diputados deberían relajarse y actuar con mayor responsabilidad: la casa ya es suya. Por favor, no la tiren.



13 Octubre 2010 03:00:46
AMLO o la vuelta de la polarización
El mayor peligro, la destrucción de nuestras expectativas democráticas.

Creo que Andrés Manuel López Obrador habría sido el candidato de la izquierda de cualquier manera, pero estoy seguro de que la ofensiva que lanzó en su contra el entonces presidente Fox fortaleció la veracidad y la fuerza de su postura alternativa. Pienso que el tiempo nos ayudará a entender que la polarización que produjo ese conflicto fue, a la vez, su mayor potencia y su mayor fracaso. Pero lo que llama mi atención es que la polarización siga vigente: esa película que vimos todos anuncia su remake para el año 2012, con el mismo guión y los mismos personajes.

No tenía ningún sentido que el presidente Calderón volviera a calificar a López Obrador como “un peligro para México“, a menos que quisiera ir preparando el argumento para las elecciones venideras. Y es que, además de su falta de magnanimidad, esa afirmación revela que el Presidente sigue viendo, más bien, el peligro que López Obrador representa para sus propios intereses y muestra, de paso, su evidente intención de intervenir en la agenda electoral. Pero al hacerlo le ha devuelto a López Obrador su papel de antagonista principal y el privilegio de ser visto, desde Los Pinos, como el único capaz de amenazar la continuidad del proyecto de gobierno. Para la mayoría de la gente, la conclusión es obvia: si el Presidente dice que López Obrador es un peligro, por algo lo dirá.

Por otra parte, López Obrador ha dado pruebas sobradas de ser un político experto en cabalgar bien las tempestades. Disfruta de las crisis y las maneja con maestría, pues subrayan el sentido iconoclasta con el que se identifica. Estoy seguro de que gobernar le parece mucho menos apasionante que pelear por el poder, pues la administración pública nunca fue lo suyo. En cambio, su trayectoria entera habla de alguien que actúa mucho mejor cuando hay una causa política qué perseguir y un adversario a quién enfrentar, por poderosos y difíciles que sean. Y si la coyuntura le ofrece la oportunidad llamándolo por nombre y apellido, como lo hizo el presidente Calderón, mucho mejor.

Y a todas luces, esa coyuntura está ya en las elecciones del Estado de México. Supongo que el encono renovado en contra del líder peligroso ha obedecido a su oposición a las alianzas entre el PAN y el PRD. Si el Presidente ya había pavimentado el camino para enfrentar al PRI de aquí en adelante, con la enorme ventaja de contar con el aval del PRD, la indignación de López Obrador ha dado al traste con la idea. Dispuesto incluso a “pedir licencia” a su partido, ha decidido ir a esa elección con un candidato diferente. Y con vista larga, puede anticiparse, ya que la derrota de ese candidato será proclamada como el nuevo fraude de la mafia frente al pueblo organizado –pues supongo que nadie sensato anticipará que, en buena lid, se puede ganar desde el PT al PRI y al PAN-PRD al mismo tiempo.

Como sea, las elecciones mexiquenses ya se volvieron la antesala de la elección presidencial y nos anuncian que la seña de identidad será la polarización. Elecciones sin matices y sin moderación: blanco o negro, conmigo o en mi contra.

15 Septiembre 2010 03:20:09
¿Por qué gritamos esta noche?
La verdad es que al llegar este momento, no tenemos un argumento compartido para decir exactamente qué estamos celebrando —además del penoso transcurrir de estos 200 años. Y no hay duda de que la responsabilidad principal de esta carencia es del gobierno federal, que no consiguió articular ni proponer nada convincente para reconstruir el sentido político de nuestra independencia, ni ofrecer una idea común sobre el significado de la nación que somos, ni sugerir un proyecto razonable de lo que querríamos ser mañana. Sin embargo, somos mucho más que un montón de gente viviendo en el mismo territorio.

Pero eso que llamamos México, lo mexicano, las señas de nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia a algo compartido y aun los motivos para seguir siendo mexicanos, se han diluido entre las tragedias que vivimos y la incapacidad oficial de imaginar algo que fuera más allá de un espectáculo o de un programa de festejos más o menos desarticulado. Pienso que el Presidente descubrió muy tarde que la conmemoración estaba vinculada a la educación y la cultura, y dudo que la muy tardía entrada de la SEP haya obedecido más a una reflexión de fondo sobre el sentido de nuestra identidad que a un problema de eficacia en la implementación.

De modo que vamos a la fiesta de esta noche sin saber bien a bien qué significa gritar ¡Viva México! Y hasta hay un cierto pudor en llevar el entusiasmo patriótico muy lejos, pues tampoco tenemos evidencia suficiente para sentirnos especialmente orgullosos de un país que está a punto de cumplir doscientos años (aunque en realidad eso sucederá hasta 2021) en medio de una profunda desigualdad social, con cerca del 10% de su gente fuera del país, con más de la mitad viviendo en condiciones de pobreza, con alrededor de siete millones de jóvenes “ninis”, con una violencia cada vez más cruda y más generalizada, con miedo de salir a convivir y con una profunda desconfianza hacia sus dirigentes.

Y así y todo, México sigue significando algo muy valioso para la gran mayoría de quienes nos sentimos mexicanos y seguimos esperando una definición común y un argumento convincente que no sólo mire hacia el pasado (a los retratos vívidos de los héroes patrios convertidos en telenovelas, a sus epopeyas que no nos dicen casi nada, o incluso hacia sus huesos trasladados de un lugar a otro), sino que sean capaces de decirnos qué somos y qué podemos ser ahora mismo y si realmente podemos construirnos un futuro compartido. Ya que no se pudo para el 15 de septiembre, quizás todavía haya tiempo de intentar responder esas preguntas antes del próximo 20 de noviembre.

Por lo pronto, creo que la mayoría gritaremos esta noche por razones más bien personales y casi íntimas. Yo lo haré, por ejemplo, porque no me siento tan vinculado a ningún otro sitio en el mundo como a la colonia Escandón, de la Ciudad de México; porque aquí nacieron mis hijos, a quienes no consigo imaginarme sino como mexicanos; porque mi mujer defiende a Xochimilco como yo a Tacubaya; porque no sólo hablo el español de México sino porque sólo aquí comprendo el significado de lo que me dicen mucho más allá de las palabras; porque, a pesar de todo, reconozco con sinceridad que me duele más lo que pasa en este territorio de lo que sucede en otros; porque conozco datos, historias y anécdotas sobre México con mucho más detalle e interés del que jamás podría tener, aunque lo tenga, sobre cualquier otro país; porque le he dedicado la mayor parte de mi vida a tratar de comprender los problemas públicos de este país, en clave mexicana, y porque al haber vivido algunas veces fuera, sé lo que significa ser un extranjero y también lo que quiere decir volver a México.

Pero me gustaría gritar por el orgullo de pertenecer a una comunidad que se respeta, que se ayuda y que se cuida; por la confianza bien ganada entre vecinos y por la seguridad de andar en cualquier lugar entre paisanos; gritar por la solidaridad que nos brindamos cuando de veras hace falta, y por las ganas de ser cada vez generosos, más parejos y más justos; por sentir como cosa propia los triunfos de otros mexicanos y por hacer todo lo posible para que sucedan. Me gustaría gritar porque me siento protegido y porque mis hijos estarán rodeados de gente buena, honesta y leal cuando les toque hacer su vida; gritar por entender que cuando digo México, estoy diciendo tú y yo, lo que aquí somos y lo que podemos ser.

Profesor investigador del CIDE
18 Agosto 2010 03:32:26
En busca de responsables
No será fácil que, tras los Diálogos por la Seguridad, vengan cambios importantes en la estrategia o en la operación del gobierno. Más bien, me queda la sensación de que los participantes en esa mesa —al menos la mayoría de ellos— fueron a defender sus propios puntos de vista y, en general, a eludir responsabilidades. Se dijo todo y de todo, pero viendo la paja en el ojo ajeno.

La tesis del Presidente es que, a pesar de las fallas de comunicación y de los errores operativos que admite en los cuerpos de policía federal y el Ejército, la estrategia seguida hasta ahora ha sido correcta. Una y otra vez ha reiterado que no se trata de la guerra del Presidente, sino de una batalla para salvaguardar la seguridad pública de los mexicanos, y ha repetido cien veces que la mayor parte de los asesinatos cometidos ha obedecido a la fragmentación de los cárteles y a la disputa que han establecido entre ellos para ganar territorios y liderazgos. También sostiene que si todas las demás instituciones públicas del país cumplieran con su deber —y especialmente los estados y los municipios—, México no estaría sumido en esta espiral de violencia y de corrupción.

Por su parte, los gobernadores pidieron más facultades y más recursos. Con todos los matices que hay entre ellos, el argumento principal que se estableció en esa mesa fue que los mandatarios locales están atrapados entre las facultades y los medios del gobierno federal y las carencias municipales. Aceptan y promueven la coordinación de las policías estatales con mando único, pero esperan los cambios legales indispensables para actuar en ese sentido. Y de ninguna manera asumen la falta de cooperación que se reclama desde Los Pinos.

Para completar esa visión elusiva, los presidentes municipales —excluidos de la convocatoria presidencial— perdieron la oportunidad de sumarse a la reconstrucción de las fuerzas de seguridad del Estado, aceptando con dignidad sus debilidades propias bajo el argumento manido, según el cual, lo que les falta es dinero, facultades y medios. No estuvieron en las mesas del Presidente, pero reunidos en otro lugar, restaron: todos son responsables, menos ellos.

Una actitud casi idéntica a la que asumieron los dirigentes de los partidos políticos que, atrapados entre el autismo y la arrogancia, fueron a hablarse a sí mismos. ¿Por qué tendrían que asumir alguna responsabilidad, si el Presidente puede pagar todos los costos? En todo caso, habrá que esperar hasta las próximas elecciones.

Sin embargo, tengo para mí que las posiciones más lamentables, fueron las que se esgrimieron durante el juego de acusaciones cruzadas entre la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial. He ahí el nudo de la impunidad que nos está hundiendo: las debilidades de las policías palidecen ante la ineficacia y la corrupción del sistema de administración de justicia. Pero el argumento repetido por el presidente de la SCJN —de quien todos esperábamos más— no fue menos burocrático del que presentaron gobernadores y presidentes municipales: con más recursos —acabó diciendo—, todo funcionaría mejor.

Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos pedimos más participación, más y mejor información de los órganos responsables y abrir el debate sobre la legalización del consumo de drogas. Hubo más y mejores ideas en esas dos mesas, creo yo, que en el resto de las reuniones. Pero la tesis principal que corrió fue la de romper el aislamiento informativo y la falta de apertura que ha tenido el gobierno hacia las organizaciones que quieren colaborar en el tema. En particular, los personajes que se han vuelto emblemáticos de esta lucha por haber tenido el coraje de salir a pelear tras haber sido víctimas de la delincuencia, parecían francamente desesperados por la falta de responsabilidad de casi todos los actores políticos.

Tras los diálogos, el panorama no es menos sombrío. Ha sido bueno que el Presidente haya puesto la mesa y abierto la discusión, y sería deseable que hubiera continuidad para pugnar por respuestas concretas a lo que ahí se dijo. Pero habría que empezar por exigir que cada quién se haga responsable de lo que hace (o no hace) y no sólo por encontrar culpables fuera de su ámbito.

No hacían falta esos diálogos para darnos cuenta de la gravedad de la situación en la que estamos metidos, pero sí mostraron hasta qué punto somos irresponsables ante ella. Y tampoco hace falta ser brujo para saber que el Presidente seguirá cursando solo el resto del viaje, hasta que cambie la distribución del poder. Y entretanto, que se salve el que pueda.

11 Agosto 2010 03:28:08
Pequeños ajustes electorales
El día de hoy se estarán discutiendo —en un seminario de análisis convocado por la Cámara de Diputados, el IFE y el CIDE— las posibles reformas que convendría llevar a cabo en la legislación electoral vigente, para recuperar la experiencia acumulada por los órganos responsables de organizar las elecciones en 2009 y 2010, y evitar que las rendijas legales que ya se han revelado como asuntos difíciles de procesar, se conviertan en conflictos irreparables para los comicios del 2012.

El temario propuesto para ese seminario tiene la virtud de la autocontención: no se propone revisar toda la legislación electoral de nueva cuenta, ni volver a abrir los debates que se vivieron durante la reforma de 2007 y 2008. Lo que busca es asimilar la experiencia ya vivida tras la reforma (durante las elecciones federales del 2009 y las 28 elecciones locales organizadas con el nuevo régimen electoral) y advertir sobre los riesgos que podrían venir en la sucesión presidencial siguiente si la norma actual se queda intacta. La convocatoria no propone un cambio de modelo, ni la rectificación de las decisiones principales que se tomaron hace tres años, sino escuchar las conclusiones a las que han llegado los órganos electorales, al aplicar las leyes tal como fueron redactadas.

No es frecuente que un órgano del Estado mexicano se atreva a reconocer sus limitaciones, ni a señalar los riesgos que plantea la aplicación de las leyes que regulan su responsabilidad, del modo en que fueron diseñadas. Por eso es buena cosa, creo yo, que el IFE haya producido un “Informe sobre la implementación de la reforma electoral del 2007-2008“ para la Cámara de Diputados, en el que describe, puntual, y hasta morosamente, dónde cree que estuvieron las virtudes y dónde los defectos en la ejecución de ese nuevo modelo construido con el consenso de todos los partidos, pero amenazado, como siempre, por ellos mismos.

Dice el IFE, en ese informe, que “el cambio más importante (a la hora de poner en funcionamiento el nuevo modelo de comunicación política, en el que se prohibió la compra-venta de propaganda electoral a través de radio y televisión) residió en los aspectos de procedimiento. Con la instauración del Procedimiento Especial Sancionador, se debió instrumentar y concluir una queja o denuncia en tiempos reducidos y plazos fatales (en cinco días). Sin embargo (añade el informe), el hecho de que su desahogo (haya sido) público llevó a que el proceso electoral del 2009 (haya sido) el más litigioso de la historia, con 1,076 quejas y denuncias”. Para el órgano electoral, ese procedimiento se distorsionó “porque la propia dinámica de la competencia electoral lo convirtió en otro instrumento de propaganda, sometiendo a la institución a la celebración de 88 sesiones de Consejo General en tan sólo 48 semanas“, que todos los partidos aprovecharon para acusar a sus adversarios hasta la náusea.

El IFE pide, con razón, que esos procedimientos se modifiquen, pues de lo contrario el Consejo General instaurado para velar por la mejor organización de los procesos electorales, se convertirá en tribunal de primera instancia —en juez de barandilla—, dedicado casi exclusivamente a resolver quejas en plazos perentorios. Riesgo al que debe sumarse, en los términos descritos por el propio IFE, “la diversidad de casos de propaganda electoral en radio y televisión que ocurrió (en el 2009) fuera de la pauta del IFE y que desafiaron la interpretación de la reforma electoral (infomerciales, propaganda integrada, informes de servidores públicos, propaganda velada en entrevistas, contratación de propaganda partidista a través de medios informativos de terceros, etcétera)“.

Evitar esas irregularidades para el 2012 no sólo debe depender de la capacidad de respuesta del IFE, cuya principal obligación es la organización misma de los comicios. En cambio, sería mucho mejor que las decisiones jurisdiccionales se lleven al territorio del Tribunal Electoral, donde pertenecen por derecho y aun por sentido común: que sean los magistrados quienes juzguen y no los administradores del proceso. Y de paso, que al hacerlo, los jueces vayan produciendo los criterios de interpretación jurídica sobre las limitaciones a la propaganda que, de todos modos, acabarán llegando hasta su órbita.

Por su parte, el IFE no sólo podría perfeccionar su capacidad de monitoreo, sino abrir cada vez más puertas a la vigilancia pública de los procesos organizacionales y, especialmente, a los del reclutamiento, capacitación, designación y sustitución de los funcionarios de casilla, así como al recuento de los votos —con más tiempo concedido en la ley, para evitar errores y saturación por una prisa innecesaria—, que son los pasos decisivos para ofrecer certeza al resultado. Para decirlo de buen modo: cada chango a su mecate.

Profesor investigador del CIDE


21 Julio 2010 03:09:49
Podría ser
Es probable que los cambios en el gabinete del presidente Calderón respondan a una legítima necesidad de mejorar la calidad de la interlocución del Ejecutivo con el resto del gobierno federal, con los gobiernos locales, con los líderes de los partidos e, incluso, con la sociedad. Si se mira con cuidado, se verá que los nuevos nombramientos atañen a los puestos a través de los cuales el Presidente se comunica con todos los demás: Gobernación, la oficina de la Presidencia y su vocera. Podría ser.

También podría ser que el Presidente sintió bloqueadas sus instrucciones por un desempeño opuesto a sus expectativas, por agendas políticas distintas a las suyas o por problemas de personalidad y trató con quienes ocupaban los puestos que cambió. No hace mucho que Fernando Gómez Mont le dijo a los medios que él solamente le informaba al Presidente sobre los asuntos que consideraba trascendentes y —tras el escándalo de los acuerdos firmados entre el PAN y el gobierno de Enrique Peña Nieto— reivindicó una suerte de autonomía basada en la confianza, según la cual podía tomar todas las decisiones que quisiera, siempre que éstas estuvieran alineadas con las grandes líneas trazadas por el Presidente. Quizás esa misma autonomía dio al traste con la gestión de Patricia Flores al frente de la oficina de Los Pinos. Podría ser.

Por otra parte, es muy probable que el cambio de titular en la Secretaría de Economía no obedezca sino al deseo del Presidente de contar nuevamente con el respaldo de Gerardo Ruiz Mateos muy cerca de él, mientras que la selección del señor Bruno Ferrari como el nuevo responsable de la cartera que quedó vacante no haya obedecido tanto a sus credenciales académicas —que en todo caso estarían más cerca de Provida que de Economía— como a la confianza que el nuevo secretario designado construyó con Ruiz Mateos durante el tiempo en el que trabajaron juntos. Podría ser que el Presidente haya confiado de plano esa designación en quien habría de volver a Los Pinos como su más cercano colaborador.

También es posible que la muy polémica designación del nuevo secretario de Gobernación haya respondido al diseño de una estrategia para especializar a esa dependencia en la coordinación de los temas de seguridad, mientras que el manejo de la agenda política propiamente dicha habría de trasladarse a Los Pinos. Quizás la selección del nuevo titular de Gobernación fue el producto de una revisión, de una negociación o de un acuerdo entre los distintos funcionarios —militares y civiles— que hoy están a cargo de la seguridad pública, con el propósito deliberado de bajar el perfil político de esa dependencia y facilitar, en cambio, la coordinación establecida desde la oficina de Genaro García Luna. Podría ser que se haya buscado a un funcionario discreto, sin aspiraciones políticas de largo aliento, para dejar claro que Gobernación tampoco intervendrá de ningún modo en la sucesión presidencial.

Pero también podría ser que el Presidente haya decidido asumir directamente el manejo de su propia sucesión, tras haber registrado los resultados electorales desastrosos de los dos últimos años —aun disfrazados de éxitos aliancistas— y tras haber observado el comportamiento lamentable de buena parte de los gobernadores del PRI, que hicieron todo y de todo para ganar votos. Podría ser que el Presidente se haya sentido decepcionado y hasta traicionado por sus colaboradores, porque éstos no hicieron lo suficiente para derrotar a sus adversarios principales y, por el contrario, acabaron contemporizando con ellos. Después de todo, Gómez Mont incluso renunció al PAN.

Y también podría ser que el Presidente haya decidido cerrar su círculo de colaboradores más cercanos entre quienes gozan de su mayor confianza, para poner en marcha una agresiva estrategia política destinada a buscar la continuidad de su proyecto. Un grupo de amigos leales, a toda prueba, situados en los cargos indispensables para fijar una sola línea de comunicación que no sólo desemboque en la investidura de su candidato favorito a sucederlo —que podría ser Ernesto Cordero—, sino en una acción concertada y eficaz para mover todos los recursos del gobierno federal en esa dirección.

Podría ser que Calderón haya caído en cuenta, finalmente, de que su periodo sexenal se está acabando y de que le resulta urgente mover todas las piezas a su alcance para tratar de mantener al PAN en Los Pinos. Las nuevas designaciones podrían ser el war room anticipado del siguiente candidato, mucho más que la recomposición del gabinete de gobierno. Y también podría ser todo lo anterior, porque lo único que sabemos bien a bien es que al Presidente le gusta mucho estar con sus amigos.


30 Junio 2010 03:26:41
Para salvar a la democracia
Temíamos mucho que llegara el momento en que el crimen organizado bloqueara los procesos electorales, determinara candidatos y condicionara programas políticos, pero ese momento ha llegado. Ya no se trata de una hipótesis sino de la más descarnada realidad: el asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú ha cambiado la naturaleza de la violencia, porque no se trató de un “crimen de negocios“ sino de la incursión frontal de los criminales en la política electoral.

Significa un desafío mayúsculo a la clase política en su conjunto, y una amenaza a la vigencia del régimen democrático. Y lo peor es que no tenemos medios suficientes para contrarrestarlos, pues el mayor defecto de la lucha por la seguridad pública –como prefiere llamarle el Presidente a esta guerra—es que está basada casi exclusivamente en el uso del poder de fuego contra el poder de fuego. De modo que según la definición clásica de Max Weber sobre el Estado como el monopolio legítimo de la coacción física, no sólo se ha perdido el monopolio efectivo en el uso de la violencia sino que además, y sobre todo, se está perdiendo la legitimidad.

Son muchos los defectos de la clase política que hoy gobierna al país. Han sido desleales con los imperativos de la consolidación democrática, han preferido usar de los medios que tienen a su alcance para construir clientelas políticas en lugar de favorecer la multiplicación de ciudadanos conscientes, han menospreciado la importancia de fortalecer cada vez más los derechos y el apego a la ley, han ignorado la rendición de cuentas y le han faltado el respeto a la gente jugando a la propaganda mediática en lugar de hablarles con la verdad; y sobre todo, no han sido capaces, ni remotamente, de quebrar el ciclo de corrupción, ineficacia e impunidad que ha minado las bases de nuestra convivencia. Pero con todos esos defectos y más, nuestra clase política no está formada por una banda de criminales ni, lo que sería todavía peor, de empleados de criminales.

No obstante, el asesinato de Torre Cantú nos coloca frente a ese riesgo inminente: que ante la impotencia del Estado para frenar el poder de los cárteles, éstos acaben dictando los contenidos de la política. Recuerdo bien los textos de Hermann Heller, el clásico de la Teoría del Estado, quien escribió que cuando un poder fáctico desafía con violencia el dominio legítimo del Estado, solamente puede suceder una de dos cosas: o ese poder es destruido por el Estado o éste queda subordinado a quien lo derrota. Una vez que se ha llegado al extremo, ya no hay otras salidas.

Pero también es un desafío a la creciente apatía de la sociedad. Hastiados de la corrupción y del cinismo de la clase política, empobrecidos y rotas sus esperanzas por todos lados (incluyendo las del futbol) cada vez más mexicanos van optando por refugiarse en su vida privada. No sienten los asuntos públicos como cosa de ellos, sino de otros: de los ricos y de los poderosos. Sin embargo, la violencia está ahí, todos los días y nadie puede ignorarla. Por más apatía que se tenga de la política o de la vida pública, nadie sensato puede hacer la vista gorda de la forma en que nos estamos matando. Y tampoco puede ignorar que de seguir así, cualquiera puede ser la siguiente víctima.

Por eso, tendría que haber una fuerte reacción frente a este nuevo desafío de los criminales. Pero no en el mismo sentido de la violencia que ya tenemos, pues si seguimos por esta ruta de fuego cruzado, acabaremos convalidando entre todos la muerte del régimen democrático y la emergencia necesaria de un régimen militar. Algo que México nunca tuvo y que no se merece de ninguna manera. Con el derecho quebrantado por la corrupción y la impunidad, con la sociedad cada vez más ajena a los asuntos de todos y con la clase política maniatada e inútil, la violencia puede acabar justificando las peores salidas.

Para conjurar ese riesgo que nadie se atreve siquiera a decir, el propósito común tendría que consistir en crear las condiciones para que haya elecciones democráticas en el año 2012. Pero elecciones de veras: ordenadas, pacíficas, legales, participativas. Tenemos que volver a la ruta que ya estaba en curso al nacer el siglo XXI, antes de que sea demasiado tarde. Y eso significa retomar la agenda del estado de derecho, de la rendición de cuentas, de la transparencia, del apego a los derechos humanos, del buen uso de los recursos públicos, de la política como el medio para resolver los problemas comunes. Que nadie se engañe: o consolidamos la democracia como la única alternativa ante el deterioro, o los cárteles dictarán lo que sigue.
23 Junio 2010 03:21:04
Las elecciones de la codicia
Nada de lo que está sucediendo en las elecciones locales en curso debería sorprendernos; se trata de las mismas conductas destructivas, codiciosas y absurdas que hemos visto repetirse una y otra vez desde que se estableció el régimen burocrático de partidos y se perdió el espíritu de construcción democrática que nos ilusionó en la última década del siglo pasado. Pero, aun sin sorpresas, el desastre electoral que estamos viviendo debería causarnos alarma e indignación.

Apenas si es necesario insistir en que los resultados electorales pueden ser aceptables si y sólo si los procesos electorales que les anteceden producen confianza. Hace años lo sintetizó muy bien Felipe González, el ex presidente de España, y yo no me canso de repetirlo: lo fundamental de las elecciones no es sólo asignar ganadores, sino generar condiciones para que las derrotas sean aceptables. Una vieja idea hegeliana —dialéctica pura— que nos advierte sobre el verdadero sentido de la legitimidad democrática: no la que quiere imponer vencedores a cualquier costo, arrebatando y atropellando a quien sea y como sea, sino la que quiere convencer de su triunfo y afirmarlo en el reconocimiento del adversario.

Pero nuestros principales actores políticos están sumidos en otra lógica, que no se explica por la búsqueda de legitimidad democrática sino por la más pura y dura corrupción burocrática: codician el poder para repartir puestos y presupuestos y desean conservarlo usando esos mismos recursos. Lo decía bien Alberto Olvera, hace unos días, en las páginas de este diario: durante los últimos años se han quebrado “los principios que guiaron la lucha por la democracia electoral: equidad en la competencia, autonomía de los órganos electorales y control de la intervención privada en el financiamiento de las campañas“. Y yo pienso que también se han minado, a fuerza de golpearlas todos los días, la confianza y la esperanza de los ciudadanos en este nuevo régimen que quisimos darnos para sortear los problemas del siglo XXI. Pero es una pena que se reniegue de la democracia cuando lo que nos ha faltado, en realidad, es una clase política democrática.

A estas alturas, ya es difícil imaginar que alguna elección estatal saldrá bien librada. Y más todavía porque unas contaminarán a las otras. Sea por la intervención directa de algunos gobernadores, documentada de la peor manera posible; sea por el diligente trabajo político de los delegados federales, puestos a favor de los intereses del PAN; sea por las prácticas clientelares irredimibles de las izquierdas y sus candidaturas fallidas, sea por la influencia pactada de los principales medios de comunicación en las entidades o sea por la entrada de dineros inexplicables a las campañas, lo que hemos visto en estas semanas ha sido una larga secuencia de despropósitos repetidos sin liderazgos, ni ideas políticas, ni propuestas que valgan la pena. Que me perdonen los publicistas de los partidos, pero no parece estar en disputa lo nuevo contra lo viejo, ni lo corrupto contra lo honesto, ni lo refrescante contra lo caduco. Más bien, en todos los partidos están corriendo los mismos aires: ganar como sea, ganar a cualquier precio.

Tampoco será fácil “limpiar“ los procesos electorales que ya están dañados. No lo será porque los propios partidos se negaron a sí mismos la posibilidad de contar con un arbitraje imparcial. Ciegos y sordos por las ambiciones políticas inmediatas, creyeron que los órganos electorales debían ser suyos: responder a sus intereses, representarlos. Y en lugar de fortalecer a los institutos electorales y de auspiciar la vigilancia de los ciudadanos y de establecer cláusulas de garantía y equidad válidas para todos optaron por repartírselos, creyendo que la suma de parcialidades equivalía a la imparcialidad. Y hoy se llaman a escándalo ante el resultado de sus decisiones.

Con todo, todavía cabe la esperanza de que al final del proceso acaten las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que volverá a ser el último recurso institucional disponible antes de incendiar a las entidades. Y también cabe la posibilidad de que el Tribunal saque la casta, pensando en los horrores que se nos pueden venir encima en el año 2012 y decida llamar al orden a los partidos y a sus aliados corruptos. Si ya es inevitable que vivamos más crisis políticas, mejor que sea cuanto antes. Si hoy hacemos la vista gorda, después será casi imposible evitar que la sucesión presidencial no reproduzca la misma dinámica de ganar como sea (otra vez), pero con efectos devastadores ya no sólo para la democracia recién nacida, sino para la estabilidad política y el futuro inmediato de México. Nunca habrá mejor “Iniciativa México“ que salvar nuestro precario régimen democrático.

Profesor investigador del CIDE
16 Junio 2010 03:56:15
Lo que dice y no dice el Presidente
El lunes pasado, el presidente Calderón publicó un desplegado con el título: “La lucha por la seguridad pública” que merece la mayor atención. El propósito explícito del documento es modificar la percepción según la cual estamos lisa y llanamente en una “guerra contra el narco”, por la idea más elaborada de que, en realidad, el Estado está librando una batalla por la seguridad pública de los ciudadanos. Ese matiz es muy relevante, pues nunca será lo mismo ganar una guerra en contra de un enemigo elusivo y difuso que “reducir la acción del crimen organizado” para volver a la calma.

Por primera vez en lo que va del sexenio, puede leerse una interpretación de esa batalla del gobierno federal en clave política y no sólo militar. Gracias al desplegado queda claro que el Presidente ha decidido asumir la responsabilidad de esa interpretación y sus múltiples consecuencias y, al mismo tiempo, está convocando a un debate abierto sobre el sentido de las decisiones que se han tomado. Convertida en la línea de acción más relevante de su sexenio —y que lo marcará para siempre—, la falta de seguridad y la expansión del crimen organizado se define por el Presidente como una herencia que le resultó inexcusable: algo que no eligió sino que le fue impuesto por las circunstancias. Algo que “se encontró al inicio de su administración“ y que, de no haberse enfrentado, habría generado una situación “muchísimo peor”.

El desplegado afirma que “la intervención del gobierno federal no pretende ni puede ser permanente. Debe entenderse como una intervención necesaria pero transitoria, que busca dar tiempo y oportunidad a los gobiernos locales para reorganizar su propia fuerza”, pese a que también se ha buscado “escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas (federales) del Estado”.

Por otra parte, el Presidente reitera la tesis del “fuego cruzado” que ya conocíamos. Cito: “más que una ‘guerra del gobierno contra el narcotráfico’, la guerra mas mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí (…) El gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente un 70% de los casos. Alrededor del 90% de estos casos (…) corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”. Y añade que no fue el gobierno quien modificó los patrones de comportamiento en el mercado de las drogas y del crimen organizado, pero sí fueron las autoridades anteriores quienes toleraron y aun “procuraron un arreglo implícito o explícito con los criminales, pensado que así ‘controlarían’ a los delincuentes”, quienes además se beneficiaron de la apertura plena del mercado de armas en los Estados Unidos desde el año 2004.

Lo que no dice el Presidente es dónde está la salida. Ahora mismo estamos viviendo los días más violentos de la historia contemporánea de México —el día de la inauguración del Mundial de Futbol también será recordado como el día en que hubo mayor número de ejecuciones—, y aunque haya explicaciones plausibles sobre las causas que le llevaron a entrar a esta guerra, lo que no dice el desplegado es cómo saldremos de ella. No es el pasado sino el futuro inmediato el que está angustiando a los mexicanos. Si al fin tenemos una explicación política razonable sobre el sentido de la batalla, ahora necesitamos un horizonte político —y no militar— para imaginar cómo podremos salir de ella.

Tampoco nos dice nada sobre las estrategias no militares y no violentas de esta batalla para volver a garantizar la seguridad pública. Si no es una guerra de las bandas criminales contra el Estado, entonces es preciso saber por qué no ha habido una estrategia financiera exitosa para desmontar el negocio del narcotráfico, los secuestros y la extorsión, y por qué se insiste en la captura de los cargamentos de droga como prueba de éxito, sin haber desmantelado el consumo como un problema de salud pública, ni la corrupción y la porosidad fronteriza, ni los negocios financieros derivados de ese comercio. Le escuché a un amigo mío la mejor crítica a esa versión, puesta en caricatura: “El Estado capturó un barco con cien toneladas de chocolate: ha sido un golpe mortal contra la obesidad”.

Pero sobre todo, no nos dice por qué no hay información confiable ni una estrategia articulada para minar las bases sociales del narco, caso por caso, ni para enfrentar esta batalla más allá de las armas. Si no estamos en guerra sino en la reconstrucción de la seguridad pública amenazada, entonces es preciso involucrar más a la sociedad y reconstruir la confianza pública. Porque hasta ahora, todos estamos fuera.

Profesor investigador del CIDE

02 Junio 2010 03:33:14
De 2010 a 2012
Llamar a la responsabilidad de los principales actores políticos del país se ha revelado, cada vez más, como un ejercicio frustrante. Pero aun así, el desarrollo de los procesos electorales en lo que va del 2010 está mostrando con claridad los desafíos que enfrentará la elección presidencial del 2012 si no hacemos nada para evitarlos. Esa mezcla de triquiñuelas lanzadas desde los gobiernos locales para ganar votos de cualquier modo, de intrusión de los grupos del crimen organizado en la definición de candidaturas, de la obstinada mala conducta de las televisoras, de la actitud ambigua y errática de las autoridades y del rechazo frontal a los resultados electorales constituye una bomba de relojería para el próximo cambio de mandos en la Presidencia de la República.

Sabemos que, al menos desde la sucesión de 1994, el mejor predictor de lo que puede suceder en las elecciones presidenciales siguientes no está tanto en los comicios legislativos de mitad de sexenio cuanto en las elecciones gubernativas del cuarto año. Las elecciones que se llevan a cabo en la mitad del país dos años antes del cambio presidencial ofrecen datos muy relevantes para estimar la probabilidad de los resultados presidenciales, así como sobre la forma en que se desenvolverán los comicios.

No hay que hacer demasiada memoria para recordar que el triunfo de Vicente Fox en el año 2000 fue precedido por la más intensa alternancia que haya tenido el país en los mandos locales, ni tampoco que los conflictos que estallaron en el 2006 se incubaron al menos desde dos años antes. Y es que aunque sucedan un domingo determinado, las elecciones no son más que el desenlace de una larga secuencia de acontecimientos que se van tejiendo como hilo fino.

No encuentro ninguna razón para que el 2012 sea diferente. Por el contrario, cada vez me queda más claro que el candidato a vencer en esas elecciones presidenciales volverá a ser del PRI, porque así lo predicen ya los comicios que están ocurriendo en 2010 y porque esta previsión (más que esta predicción) se verá reforzada, a su vez, por los triunfos que muy probablemente obtendrá el antiguo partido hegemónico en la mayor parte de la República. Pero se equivocaría mucho quien pensara que hemos vuelto a los viejos tiempos y, por tanto, quien intentara sacar del baúl los argumentos y los criterios de hace 20 años para interpretar el presente.

El PRI que está regresando se llama del mismo modo (y tiene gestos, actitudes y rasgos que nos permiten identificarlo muy bien con sus padres y sus abuelos, por así decir), pero ya no encarna al régimen político en su conjunto, ni responde a la misma lógica. El reto fundamental de nuestra época ya no es pasar de un régimen autoritario y vertical de un solo partido a un nuevo régimen plural de partidos, sino afirmar (o incluso inventar, si mucho me apuran) el Estado social y democrático de derecho. Aunque el PRI vuelva a ser el protagonista, tanto el régimen político como los problemas que desafían al país son muy diferentes.

Pero tengo para mí que estamos atorados en esas viejas lecturas políticas del pasado, que nos ofrecen su mullida comodidad rutinaria, mientras nos van creciendo los monstruos que pueden hacer imposibles las elecciones del 2012. ¿Cómo, por ejemplo, podemos tener garantías de seguridad en dos años, si en éste hemos visto ya la multiplicación de las amenazas, el asesinato impune de candidatos y el secuestro de personajes como Diego Fernández de Cevallos, sin que el gobierno haya podido impedirlo? ¿Cómo evitar la infiltración del crimen organizado en las campañas y las candidaturas y la crispación derivada de las acusaciones en ese sentido, como ya está sucediendo en Quintana Roo? ¿Cómo conjurar las actitudes desleales de partidos y medios, que una y otra vez burlan las reglas electorales, mientras las autoridades emiten tímidas amonestaciones ante conductas claramente opuestas al modelo de competencia vigente?

¿Cómo impedir que los gobernadores y los alcaldes metan las manos (y a veces, hasta los pies) en el desarrollo de los comicios? ¿Cómo construir climas políticos propicios a la construcción democrática civilizada y pacífica, cuando cada derrota se convierte en una ruptura y en una confrontación, sea del partido que sea, como ya sucedió en Yucatán? Y sobre todo, ¿con qué medios pueden conjurarse estos riesgos, ante la muy disminuida estatura de nuestra clase política actual y la debilidad de nuestras instituciones?

Un mes antes de la mayoría de las elecciones del 2010 ya estamos situados en la parte alta de un tobogán que puede desembocar en piedras y lodo durante 2012. Me pregunto si estamos conscientes.

Profesor investigador del CIDE
05 Mayo 2010 03:27:00
De vuelta a la oscuridad
La razón principal que motivó la reforma al Artículo 6º de la Constitución en julio del 2007 fue combatir la disparidad de interpretaciones y medios que se oponían al derecho de acceso a la información pública en las entidades federativas —y en la Federación. La reforma quería fijar un piso mínimo de obligaciones y garantías a favor de ese derecho fundamental, a fin de evitar que su cumplimiento quedara sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios locales o federales. De ahí que ese cambio haya sido leído, en su momento, como un triunfo indiscutible para la transparencia del poder político en México.

Sin embargo, para cumplirse de veras era indispensable que los legisladores —federales y estatales— modificaran las leyes de transparencia en un plazo máximo de dos años con el propósito de armonizarlas con el nuevo mandato de la Constitución. Pero la mayoría de los representantes del pueblo no cumplieron con esa misión, sino que más bien la defraudaron en nombre de argumentos burocráticos opuestos de plano a la transparencia. Vueltos en contra de la Constitución, de sus principios y de sus fines, buena parte de esos legisladores —que no todos, por fortuna— ha convertido las buenas noticias del 2007 en los desengaños del 2010.

Apenas el lunes pasado, Darío Ramírez daba a conocer en las páginas de este diario el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, construido por las organizaciones Artículo 19 y Fundar (
http://www.checatuley.org), en el que se muestra que 17 de las 33 legislaciones vigentes en la materia contradicen o no cumplen con la Constitución y el resto lo hace de manera incompleta. Ese instrumento “nos confirma —dice el director de Artículo 19— que no toda la población nacional tiene el mismo acceso al derecho de conocer la información pública. Nos vuelve a señalar que hay ciudadanos de primera y de segunda al clarificar que la población de Guerrero o Querétaro tiene menos derechos que la población del DF o Chihuahua, a pesar de que la Constitución garantiza el principio de igualdad”. Y a despecho —añado yo— de que evitar ese despropósito era precisamente el objetivo de la reforma constitucional de 2007.

Pero lo más desalentador es que la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia de la administración pública federal que se votó hace unos días en la Cámara de Senadores no sólo llegó tarde sino que se rindió ante la especie según la cual la transparencia es un engorro para la burocracia. De ser aprobada en sus términos, esa nueva ley le permitiría a los funcionarios negar el acceso a la información cada vez que entregarla les represente un trabajo excesivo. Y el IFAI, por su parte, podría desechar los recursos de revisión cuando los considere ofensivos o frívolos. Dos criterios que, como ha observado ya Irma Eréndira Sandoval, vulneran abiertamente el principio de máxima publicidad establecido en el texto constitucional.

Quienes impusieron esa interpretación a la iniciativa aprobada por el Senado no sólo siguen viendo a la información pública como patrimonio propio, sino que siguen pensando que solamente ha de producirse —como si se tratara de una fábrica de papeles— sobre pedido. Pero se equivocan de palmo a palmo: la información no se produce cuando se pide, sino que debe estar en los documentos que se generan todos los días en la administración pública, como prueba de la forma en que se están usando los dineros y las atribuciones otorgadas a los burócratas y que deben depositarse en los archivos de todas las dependencias.

Es verdad que todos los derechos tienen sus límites. Pero en este caso, la frontera del derecho a la información no tendría que estar, ni remotamente, en prohibir el “esfuerzo extremo” de los burócratas por cumplir su obligación de documentar lo que hacen, ni en decretar que el ejercicio de un derecho fundamental pueda ser declarado frívolo u ofensivo a juicio de una autoridad superior (como si caminar de una determinada manera o escribir de cierta forma pudiera ser prohibido cuando a una autoridad le parezca frívolo). Y no veo cómo se puede ofender a los funcionarios, pidiéndoles la información que ellos mismos producen. De modo que el único límite aceptable podría ser, acaso, el haber entregado toda la información disponible y demostrarlo de manera fehaciente. Ningún otro argumento cabría en esa ley, sino como una contradicción a los principios constitucionales que debe reglamentar.

Pero hay que volver a dar la batalla, pues todos los datos nos dicen que estamos de vuelta a la oscuridad. Como muchas otras cosas que han sucedido en este sexenio, en ésta también hay que volver a empezar.

Profesor investigador del CIDE
14 Abril 2010 03:56:22
La niña Paulette y la mirada colectiva
Pocos dramas privados han concitado tanto interés público como el caso de la niña Paulette Gebara Farah. Es un ejemplo de lo que pueden hacer los medios cuando se proponen subrayar un tema, pero también es un reflejo de algunas de nuestras pulsiones sociales más terribles: el chisme, la especulación, el voyerismo, el morbo; una ventana a la telenovela de la realidad, protagonizada por personajes verdaderos de la pequeña burguesía de México, que bien podrían haber sido inventados por doña Yolanda Vargas Dulché.

También es un alivio: un cambio de tema a la obsesión por nuestra decadencia política y social que, sin embargo, empalma bien con nuestra percepción de lo que está ocurriendo cada día. Espejo fiel de la degradación en la que estamos, al drama de Paulette no le falta casi nada: una niña indefensa y minusválida, que primero desaparece y después muere (¿o al revés?) en condiciones que nadie acaba de entender. Unos padres con apellidos y posiciones sociales muy notables que, a su vez, revelan la descomposición del matrimonio por razones que sugieren la infidelidad y el desamor, y la disputa abierta entre familias que ni siquiera pueden compartir el último adiós de la niña posiblemente asesinada. Una madre que se volvió antihéroe predilecto por voluntad propia: que ensaya su próxima salida a medios y que disfruta, a todas luces, el espectáculo de la mirada pública sobre los detalles más terribles de su vida íntima. Una locura que, sin embargo, es seguida en horario triple A por millones de mexicanos que emiten toda clase de juicios sobre lo que está pasando. ¿Quién no está al tanto de lo que va diciendo la señora Farah?

Para cerrar el ciclo, el caso de Paulette está aderezado por la incompetencia de las autoridades. Como confirmación exacta de lo que ya sabíamos, resulta que el Ministerio Público del Estado de México se tropieza desde el comienzo de las investigaciones y desacierta en casi todo: primero no consigue articular la búsqueda de la niña desaparecida y luego no sabe explicar cómo es que su cadáver volvió al lugar del que partió. Alguien se ha burlado de la autoridad local literalmente en sus narices, y todos pensamos: como siempre. Entretanto, los padres son arraigados y liberados según soplan los vientos de la opinión pública, mientras los días pasan y esas autoridades —en medio del despliegue acostumbrado de policías, peritos y abogados— siguen dando muestra de la indefensión en la que estamos todos. No es que el procurador Bazbaz sea una excepción, sino que su impericia confirma la regla conocida.

De paso, el caso añade un toque de interés político, pues el episodio ha sucedido en la tierra de quien promete ser el siguiente candidato a vencer. Un regalo para sus enemigos, que pueden alegar la incompetencia del gobierno del Estado de México para proteger siquiera a una pequeña de cuatro años, o para encontrar las evidencias que todo el mundo cree estar viendo en cada nueva entrevista concedida por la madre. Y al final, vienen incluso los especialistas de Estados Unidos a contribuir al desconcierto —o eso parece— en busca de las pruebas necesarias para ensayar alguna respuesta válida. Pero mientras más tiempo pasa y más detalles se publican, más difícil se vuelve articular una respuesta que sea satisfactoria para el gran jurado popular.

Recuerdo que cuando sepultaron a José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, Guanajuato —hace casi treinta y siete años—, un pariente mío de aquellas tierras contaba que había ido al sepelio, a hurtadillas, para criticar a los chismosos; pero que al llegar se dio cuenta que todos habían hecho lo mismo. Y ahora me pregunto si no está sucediendo algo similar con el caso de Paulette. Si todavía queda alguien que haya guardado distancia ante la vida vulnerada de esa niña y no haya emitido juicios tronantes y definitivos. No les paso reproche: es la suma de las circunstancias que nos agobian las que hacen que este caso corra por las calles como pólvora. Pero también somos nosotros mismos, viéndonos en los espejos del drama familiar de los Gebara.

Alguien ha sugerido que, además, se trata de una manipulación mediática. Un caso escandaloso bien administrado por los medios principales para entretener al público y desviarlo de los asuntos graves de la inseguridad y las miles de muertes acumuladas por la guerra contra el crimen. Pero yo no creo en esa especie. Pienso que el interés que ha despertado el caso, aun amplificado por la televisión y los medios principales, es genuino. Y es que la vida pública se ha vuelto tan difícil para casi todos, que lo más sensato es refugiarse entre los secretos de la vida íntima, aunque no sea la propia.

20 Enero 2010 04:40:46
La libertad de vivir sin miedo
Las crónicas y las escenas que vienen de Haití son brutales, insoportables. Mucho más que cualquier otro episodio reciente, nos hablan de todos los horrores por los que puede cruzar un grupo de seres humanos: no sólo nos describen la devastación que puede causar un fenómeno natural, sino los daños que podemos infligirnos entre nosotros. Hablan de la pobreza brutal y de la falta de solidaridad ante un destino imposible; del fanatismo religioso y de la ausencia completa de Estado; de nuestra fragilidad y de nuestra crueldad como especie.

En distintos momentos, los últimos años han conmovido al mundo con guerras terribles, como las del Golfo y sus escenas televisadas de luces mortales (apenas distinguibles de los fuegos artificiales con los que celebramos los mexicanos); nos han sacudido con ataques terroristas de efectos inolvidables, como los perpetrados aquel 11 de septiembre en Nueva York; con destrucciones masivas e inesperadas de vidas humanas, como las que produjo el tsunami que atacó a buena parte del orbe; o con amenazas tangibles a la salud pública, como el sida, el virus del ébola o como la que significó en su momento el brote de influenza AH1N1. Pero ninguno de esos eventos ha cobrado la dimensión moral, humana y política que ha revelado el terremoto que ha destruido Haití.

Ruanda nos trajo, quizás, situaciones equivalentes en cuanto a la capacidad de odio y destrucción que podemos generar entre seres humanos —es decir, en contra de nosotros mismos, matando incluso a nuestros vecinos y a nuestros amigos, por razones políticas e ideológicas. También vibran en nuestra conciencia momentos horribles que se han repetido cien veces, en mayor o en menor escala —como sucedió con el Holocausto o sucedió en Serbia, por citar dos ejemplos concretos—, motivados por la ambición de poder y por el deseo de destruir a quien se considera enemigo.

Pero lo que está sucediendo en Haití no responde a las ambiciones políticas, sino a la ausencia total de sentido político. No es la ambición de un partido o de un líder quien ha motivado a la gente de ese país a matarse entre sí, sino la simple sobrevivencia, sin reglas, sin límites y sin más valor que la fuerza propia. Quiero creer que son unos cuantos los que han generado ese odio sin límites; que la mayoría se defiende, sin abandonar su condición de seres humanos. Pero las crónicas y las escenas más obstinadas nos dicen que Hobbes sigue teniendo razón y que, mientras no llegue el monstruo del Leviatán a imponer su orden violento, en Haití el hombre seguirá siendo el lobo del hombre.

Hace poco leí —gracias a la sencilla dicha de una conversación— el discurso que leyó el presidente Roosevelt en enero de 1941, cuando Estados Unidos todavía no declaraba la guerra abierta a Hitler, pero ya trabajaban con los aliados para enfrentarlo. En ese discurso, el presidente que los estadounidenses suelen equiparar con la grandeza de Churchill, hablaba de la importancia de defender cuatro libertades fundamentales: la libertad de expresión, en todas partes del mundo; la libertad de creer en Dios a la manera de cada uno; la libertad de no tener necesidades insatisfechas, y la libertad de vivir sin miedo.

Me llamó la atención, sobre todo, la última: la libertad de vivir sin miedo, que aunque Roosevelt vinculaba con la ausencia de amenazas de guerra, a mí me recordó la forma de vida a la que poco a poco nos hemos habituado los mexicanos y me hizo temblar, literalmente, al ver las primeras crónicas venidas de Haití. Es verdad: quien vive con miedo no vive con libertad. Pero el miedo que yo compartí es diferente: no es el miedo a un enemigo extranjero, ni a una amenaza del líder de otros lugares. No es el miedo de guerra —que debe ser espantoso—, sino algo que es quizá mucho peor: es el miedo a quien es como yo, a quien vive conmigo, a quien comparte mi espacio vital. Y ese miedo, que a veces sentimos quienes vivimos en México, es el que está destruyendo la vida completa de Haití.

Es inútil llamar a la conciencia en una situación como ésa. El periódico español El País tituló hace dos días: Haití ya no existe. Pero existe la gente de Haití, la que sobrevivió al hundimiento, pero se está matando por cualquier cosa, la que se está odiando y la que está perdiendo todo sentido de vida. Y existimos nosotros que estamos viendo, impotentes, hasta dónde puede llegar el horror de la destrucción —mucho más devastador que cualquier movimiento de tierra— cuando se pierde todo sentido de convivencia.

Profesor investigador del CIDE
06 Enero 2010 04:31:35
200 años de errores
Apenas ha comenzado el año 2010 y ya es evidente que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia se impondrá poco a poco al recuerdo del Centenario de la Revolución mexicana. No sólo por doblarle la edad, sino porque la Independencia tiene menos carga ideológica, menos dueños con cartas de propiedad y porque puede ser lanzada por el gobierno y por sus aliados sin más compromiso que el de celebrar la emancipación del país. De paso, el Bicentenario también lo es de Latinoamérica y puede significar un pretexto magnífico para buscar una mayor cercanía con el lugar al que realmente pertenecemos.

No obstante el aspecto lechoso que ya auguran esas celebraciones —llenas de discursos inútiles, héroes a modo y fuegos artificiales—, el Bicentenario también debería servirnos para cobrar conciencia de las cosas que hemos hecho tenazmente mal durante 200 años. Como lo haría un hombre maduro al reflexionar sobre su trayectoria desde el momento en que dejó la casa paterna, México podría volver la vista atrás para reconocer los errores que ha cometido. Sería mucho más provechoso un bicentenario así, que el diseñado para el gran grito y la gran verbena.

Durante 200 años, por ejemplo, hemos mantenido la desigualdad como la principal seña de identidad del país y como lo primero que advierte un viajero, del mismo modo que lo hizo Alexander von Humboldt a principios del XIX, o incluso peor. Si Humboldt decía que “los españoles componen la décima parte de la masa total y casi todas las propiedades y riquezas del reino están en sus manos”, para el último tercio del siglo Luis González veía que “en medio de un edén, sobre un subsuelo dorado, bajo un cielo luminoso y una verde superficie, moraba un pueblo de parias”: más del 80% de la población sobrevivía apenas con su trabajo, mientras que un puñado de poderosos —y enriquecidos— gobernaba sobre la masa. Exactamente igual que ahora, cuando el país alberga a uno de los hombres más ricos del mundo, mientras la pobreza absoluta afecta a más de la mitad de la sociedad y las carencias sociales siguen creciendo como humedad.

En dos siglos de vida tampoco hemos derrotado a la ineficiencia. Si la colonia que fuimos inventó el “obedézcase, pero no se cumpla”, el país independiente creó una amplia red de impunidades y burocracias para dejar de hacer, mientras se discute obsesivamente qué vamos a hacer. John Coatsworth vio que si “en 1800, México producía más de la mitad de los bienes y servicios que producía Estados Unidos, hacia 1877 México generaba apenas 2% de la producción que salía de las fábricas y del campo del coloso del norte”. Y hoy, casi todo nuestro desempeño económico depende ya de lo que suceda en la economía de Estados Unidos. En 1810 escapamos de España, pero no de nuestros propios errores.

Y es probable que el más grave de todos sea la persistencia de la corrupción y de la inseguridad: dos males que han ido juntos desde un principio. El informe del segundo periodo presidencial de Benito Juárez ya advertía que entre las causas que impedían el crecimiento de México, “la principal es la falta de seguridad, que proviene del temor al robo y sobre todo al plagio, que aterra y paraliza el movimiento de la vida y de la sociedad”. Y si hoy padecemos el narcotráfico, en el XIX sufríamos de los “charros contrabandistas de la hoja” del tabaco, cuyo libre comercio estaba prohibido. Cuando se leen los relatos de Luis Inclán, salta a la vista que seguimos sin resolver el tráfico ilegal de sustancias prohibidas, porque las policías locales son cómplices de las bandas que trafican con esos productos y porque el gobierno federal nunca ha logrado dar un golpe definitivo.

Pero del mismo modo que ayer, nos siguen sobrando palabras para justificar lo que no hicimos. La incapacidad de los mexicanos para ponerse de acuerdo y trabajar armoniosamente es tan vieja como nuestra identidad nacional. Tanto, que de hecho gracias a ella nacimos como país. Y desde entonces también surgió el desencuentro que dura hasta nuestros días. Si hoy nos quejamos de la partidocracia es, acaso, por desmemoria, pues antes de los partidos consolidados México se había gobernado mediante una secuencia de proclama, alzamiento y líder autoritario, seguida de una nueva proclama, un nuevo alzamiento y un nuevo líder autoritario. Y todavía ahora hay quien sugiere que el 2010 traerá una nueva proclama, un nuevo alzamiento y la promesa de un nuevo líder autoritario. De brotar algo así, no haríamos más que confirmar que durante 200 años no hemos hecho más que dar vueltas en una noria.

Profesor investigador del CIDE
30 Diciembre 2009 04:55:59
El año de la grandilocuencia
Pobres de nosotros. No era difícil prever que el 2009 sería un año espantoso, por la combinación de la crisis económica, la crisis de seguridad, la pobreza acumulada y la nueva contienda electoral. Lo que no previmos con exactitud fue el efecto devastador de este año, que nos ha convertido en uno de los países menos eficientes, menos competitivos y más corruptos del planeta. Se dice rápido, pero la magnitud de los fracasos es apenas comparable con la falta de conciencia sobre ellos.

Tampoco es necesario hacer de pitonisas para prever que el 2010 será el año de la grandilocuencia. La mesa de las conmemoraciones está servida ya con generosidad para que los políticos de todo cuño hablen sobre la importancia de recuperar nuestro pasado de glorias y heroísmo, para afrontar los desafíos del día. Aunque es probable que para el gobierno federal sea un poco más difícil, pues esa historia que recordaremos hasta el vómito habla de inconformidades, de rebeliones ante la desigualdad y la opresión, de programas revolucionarios exitosos, de gobiernos proclives a los pobres y la justicia social, y de cambios radicales para salir de la marginación atávica. Mal llevado, el asunto podría convertirse incluso en propaganda gratuita para sus adversarios, que reclaman como cosa propia el legado revolucionario (que ambos llevan en el nombre), y ven a los gobernantes actuales como los conservadores y los porfiristas de las épocas heroicas de ayer.

En contrapartida, el gobierno federal y sus aliados responderán con más grandilocuencia, mirando hacia el futuro y acusando a sus oposiciones de haberse anclado en el pasado. La gravedad de los problemas que está viviendo el país abonará a esa causa, como ya se anticipó de hecho durante los últimos días de este 2009. Atrapado entre la impericia, la desconfianza y la impotencia, el gobierno de Felipe Calderón decidió ganar la agenda del debate público desde el tercer informe de gobierno, lanzando decálogos que sirven para discutir e imaginar futuros, aunque no ayuden en nada a resolver los problemas más urgentes del país. Pero las palabras tienen fuerza y, paradójicamente, ganan mucha más por las crisis que ahogan al país. En tiempos menos agresivos, las palabras pueden volverse tersas y anodinas. Pero en medio de las llamas cada frase suena como un grito. Y esto lo saben de sobra los políticos.

De otro lado, sin embargo, ya han comenzado a brotar otras ideas grandilocuentes de los bienpensantes preocupados por la patria que, aprovechando el doble marco de las crisis y de los centenarios, han comenzado a proponer sus propias listas de reformas inexcusables para resolver todos los problemas. Son apenas las primeras de las que vendrán después como en alud, tras la organización de mesas redondas, seminarios, encuentros y presentaciones de los muchos libros con los que se conmemorarán los aniversarios de la Independencia y la Revolución. Cada quien hará un panfleto para el árbol y cada oportunidad será propicia para inventar la patria pues, en la mayor parte de los casos, la diferencia principal entre los políticos, los académicos y los intelectuales es que solamente los primeros tienen el poder.

Pero la grandilocuencia más lamentable será la que vendrá acompañada de violencia física. Y a estas alturas, me parece ya imposible que a la lista de discursos, reformas y decálogos no se sumen también los manifiestos y las proclamas emanadas directamente del siglo XIX. De hecho, me sorprende que el EZLN haya guardado silencio durante tanto tiempo y me hace pensar que, junto con otros movimientos armados y revolucionarios, ellos también están esperando la magia del año 2010 para volver a la palestra con el auxilio de la culpa histórica. Y peor será si la delincuencia organizada decide sumarse a la celebración, disfrazada de movimiento justiciero.

Lo que no parece previsible es que la sociedad mexicana caiga en cuenta de que el gran cambio que realmente necesita tendría que ser, en realidad, la suma de los pequeños heroísmos de cada ciudadano. La revolución de las conciencias y de la responsabilidad de cada día, al menos para no causar más daños. No será la grandilocuencia que nos espera en abundancia durante el 2010 la que vendrá a salvarnos de nosotros mismos, sino su opuesto; menos palabras para explicar y justificar lo que no hicimos o hicimos deliberadamente mal, con negligencia y mal humor, y más acciones solidarias, comprometidas y dignas para los nuestros y para nosotros mismos. Pero eso no sucederá aún el año que entra. Para eso nos falta mucho caldo, como el que nos regalará el 2010 en grandes ollas.

Profesor investigador del CIDE
11 Noviembre 2009 04:23:43
Al diablo con las instituciones
Hubo una época en que las principales decisiones del país eran completamente predecibles, en función de la posición del presidente en turno. Saber que las cosas se arreglaban tras las negociaciones entabladas con el líder sexenal era uno de los rasgos distintivos del régimen autoritario. De ahí que nada importara tanto como buscar la ruta hacia Los Pinos. Un método muy conveniente para los más poderosos del país, que no sólo perduró por varias décadas sino que produjo prácticas políticas que aún están vigentes.

Creímos que el cambio de régimen las modificaría, con el mismo desacierto con el que confundimos pluralidad con democracia y acabamos aceptando la falacia utilitarista según la cual la suma de parcialidades equivaldría a la imparcialidad. Nos equivocamos de cabo a rabo, creyendo que en lugar de arreglos y negocios entre dirigentes cada vez más poderosos y voraces, habría pesos y contrapesos entre partidos diferentes; y suponiendo (sin solución alguna de continuidad) que tras ese nuevo equilibrio vendrían los ciudadanos, la participación social, la dignificación de la política y la apertura del espacio público. No fue así y hoy el régimen ha vuelto a ser tanto o más predecible que antes, pero ya no en función del arbitraje de Los Pinos sino de las negociaciones aritméticas entre partidos.

Esta afirmación vale para todas y cada una de las decisiones que han de tomarse en las cámaras legislativas —la parcela de los líderes de los partidos— o mediante el equilibrio entre poderes. Y es especialmente cierta para el caso de los nombramientos que deben aceptar o hacer los senadores y los diputados.

Si la idea original era salvaguardar del poder presidencial (ese poder autoritario) los nombramientos de quienes habrían de dirigir los órganos autónomos de Estado, de procurar justicia y de encabezar el Poder Judicial y los organismos técnicos de acceso a la información y de fiscalización de los dineros públicos, en la práctica esa salvaguarda se convirtió en licencia franca para nombrar a los amigos, con muy malas artes de negociación política. Se dijo, eso sí, que el propósito de designar todos esos cargos a través de los representantes populares era ofrecer seguridades a los ciudadanos de que sus derechos estarían garantizados. Que nunca más sería el interés político de los grupos de poder lo que determinaría los nombres de tan altos funcionarios.

Y es que todos esos cargos, siendo tan distintos, tienen en común la obligación de garantizar los derechos sustantivos de los mexicanos. Se supone que son las instituciones que nos hemos dado (nos hemos dado: un plural democrático que está en desuso), para cuidar nuestros derechos políticos electorales a través del IFE; para vigilar y garantizar nuestros derechos humanos, a través de la CNDH; para cuidar nuestro derecho a saber lo que hace el gobierno, a través del IFAI; para tener datos exactos sobre el buen uso de nuestro dinero público, a través de la Auditoría Superior de la Federación (la siguiente víctima en lista).

Todas esas instituciones nacieron para completar la tarea de garantizar los derechos de los mexicanos, que también están a cargo de la PGR y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por eso se decidió que el nombramiento de quienes las encabezarían debía pasar por el tamiz de los representantes populares, quienes estarían moralmente obligados a cuidar el interés del pueblo. Con esas instituciones se supone que nos defendemos como sociedad, que ejercemos nuestra soberanía y que dignificamos el espacio público en el que convivimos. No son instituciones destinadas a cuidar los intereses de los partidos, ni mucho menos de los dirigentes políticos de turno que tienen el poder de nombramiento, sino de los mexicanos en conjunto.

Pero todo eso es la teoría pues, en la realidad, pasamos del autoritarismo de los nombramientos fraguados en Los Pinos al cinismo de las designaciones cuajadas ya por conveniencia, ya por cercanía personal con los dueños de las cámaras. Sistemática y reiteradamente, esas instituciones destinadas a velar por los derechos sustantivos de los mexicanos se han sometido a esas prácticas políticas, ajenas por completo a la autonomía ganada por algunas de ellas (como el IFE o la CNDH), o a los propósitos imparciales que persiguen (como el IFAI o la ASF). Los políticos de turno ganan nuevos puestos y mayores presupuestos. Pero la confianza se hace trizas y los mexicanos vemos cómo se van rindiendo, poco a poco, las instituciones destinadas a proteger nuestros derechos sustantivos. Es un error gravísimo y lo menos que puede pedirse es cobrar conciencia de estos hechos, antes que mandar al diablo las instituciones.

Profesor investigador del CIDE
04 Noviembre 2009 04:56:53
El reparto de los chilaquiles
Pocas veces se había generado un consenso negativo tan firme en torno de las decisiones tomadas por el Congreso. Nadie quedó contento. Pero no sólo por el magro resultado de las reformas fiscales sino por la evidencia de las limitaciones de nuestra clase política. Quienes creímos que ninguna otra podría ser más deficiente que la 60 Legislatura nos equivocamos de plano. Esta 61 promete ser peor.

Como pudimos verlo nítidamente, a lo largo de las negociaciones fiscales lo que más interesó a nuestros notables políticos fue no perder el estilo, aparecer en los medios del modo más cercano posible a la imagen que se han hecho de sí mismos y pasar las facturas al adversario. Podemos colocar estos tres rasgos en cualquiera de ellos, y veremos lo bien que funciona esa caracterización.

Si los amigos de López Obrador disfrutaron tomando la tribuna legislativa para oponerse al incremento de impuestos —por la vía de los hechos y convertidos de repente en furibundos neoliberales—, el presidente del PAN lo hizo a través de una conferencia de prensa, negando sin más las negociaciones que se llevaron a cabo entre diputados y culpando al PRI de todos los despropósitos. Y el PRI, por su parte, no sólo cobró venganza verbal acusando al gobierno de los errores, sino que dejó a los senadores panistas votando solos el aumento al IVA. Al final, no importan tanto las siglas ni los detalles; la cosa es que todos querían mostrarse valientes, para que la gente viera que están trabajando a favor del pueblo, aunque tomen decisiones en sentido contrario. Si no nos fuera la vida pública en todos esos giros histriónicos, quizás hasta serían divertidos. Como narró la prensa, fue Pablo Gómez quien, al cabo de las larguísimas y sesudas deliberaciones en el Senado, le puso su verdadera densidad histórica al episodio. Dijo: “¡Ya vámonos, que ya llegaron los chilaquiles!”.

Si la primera razón para hacer tantos desfiguros era pasarle la factura al de enfrente —tarea en la que seguirán trabados hasta el 2012—, la segunda era, en efecto, no perder “los chilaquiles” que se repartirán gracias al incremento logrado. Especialmente entre los gobernadores de los estados, que se han convertido en la clave de bóveda de los procesos electorales. Una vez que el presidente Calderón salió al terreno de las negociaciones con la idea de colocar un impuesto especial para ganar votos, pretextando la lucha contra la pobreza, ¿por qué no habría de cambiarse por un punto más de IVA, para dotar de recursos frescos a los barones de los partidos? Después de todo, el gobierno federal seguirá conservando la sartén del reparto fiscal por el mango.

Y ya puestos en la tesitura de salvaguardar los distintos intereses en juego, nomás faltaba evitar las heridas que pudieran causarse a los contribuyentes más grandes. Aligerarles la carga de los impuestos que quizá ahora sí pagarán, aunque sea en abonos, para que vieran que nuestra clase política es muy sensible a sus verdaderas demandas. Y de paso, convocar inmediatamente a la sociedad (es decir, a los amigos de siempre) a una convención fiscal nacional para remediar, de una vez y para siempre, las carencias que venimos arrastrando desde hace décadas. Resuelto el presente, siempre será más fácil y más barato convocar al futuro para resolver los problemas fundamentales de México. Ya se verá.

En cambio, es de esperarse que el siguiente capítulo sea tanto o más elocuente del tamaño de nuestra clase política. Tras haber garantizado el ingreso —sin ninguna teoría plausible sobre el curso de la economía del país, que no sea la misma de siempre, a despecho de la catástrofe—, ahora vendrán los discursos interminables sobre la importancia de repartirse los chilaquiles. Es probable que se hable, como se hace todos los años, de la necesidad de ajustar el aparato burocrático del Estado, de revisar la vigencia de oficinas inútiles y de establecer nuevos sistemas para rendir cuentas. Todas las promesas serán válidas, con tal de ganar dinero seguro.

Pero lo cierto es que estamos atrapados en una red de intereses sin más destino ni causa que la de protegerse a sí mismos. Más allá de toda ironía, cada vez es más claro que nuestra clase política no está impuesta de la gravedad de la situación que está viviendo el país, que es profundamente provinciana —en el sentido peyorativo de esta expresión, por ciega al resto del mundo—, y que no tiene una teoría válida para sacar al país del desierto. Muchos intereses, muchas palabras y muy pocas ideas.

Profesor investigador del CIDE
28 Octubre 2009 03:02:39
La mejor de todas
Tuve la tentación de escribir sobre el debate y la incertidumbre que estamos viviendo tras la aprobación del paquetazo fiscal por los diputados, y en cuyo rechazo de repente coinciden los legisladores más radicales de la izquierda política con las organizaciones empresariales de la derecha, a favor de la idea del Estado mínimo y por razones que se parecen muchísimo. Pero preferí, en cambio, celebrar el Premio Príncipe de Asturias que recibió la semana pasada nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Una de cal, por las que van de arena.

Que la UNAM haya sido reconocida con el galardón más importante que se entrega en el mundo hispano ha servido para recordar: a) la enorme importancia de nuestra máxima casa de estudios en las ciencias y las humanidades; b) su influencia científica, cultural y política en México y en el resto del mundo; c) su generosidad con exilios como el que produjo la guerra civil española; d) las aportaciones notables que ha hecho a la cultura internacional (sus estudiantes, investigadores y egresados han acumulado 5 mil 600 premios y distinciones, entre los cuales están los tres premios Nobel, los tres premios Cervantes y ocho de los 10 premios Príncipe de Asturias); y, por supuesto, e) la necesidad de cuidar, de fortalecer y de acrecentar su acervo, su reconocimiento y sus aportaciones insustituibles.

Tiene razón el rector Narro, como la tuvo en su momento el excelente rector Juan Ramón de la Fuente, al defender a capa y espada el presupuesto asignado a la UNAM. A diferencia de muchas otras instituciones públicas del país, cuya justificación y sentido se ha ido perdiendo por el camino, la utilidad de la universidad es inobjetable. No sólo por los 300 mil alumnos que estudian en sus distintos y casi siempre bellísimos campus (Ciudad Universitaria es ya patrimonio cultural de la humanidad), sino por ser la única institución del país donde se hace ciencia pura y dura, donde se piensa y produce tecnología aplicada sin fines de lucro, donde las artes siguen encontrando el sitio de creación más propicio y donde las humanidades siguen siendo, realmente, universales.

En buen momento llegó el premio Príncipe de Asturias, pues hoy se corre el riesgo de ver recortes muy significativos en el presupuesto de las instituciones de educación superior, precisamente cuando deberíamos estar llevando mucho más dinero para ayudarles a cumplir sus propósitos. Barbaridad que no equivale a un disparo en el pie, sino en la cabeza.

Ignoro el origen exacto de la especie que comenzó a desacreditar el papel de la UNAM y, con ella, el de las universidades públicas en conjunto. Probablemente fue alguien que nunca pasó por sus aulas, que nunca entendió la importancia de la educación pública para el desarrollo económico y la movilidad social del país y que acaso vio en ellas, leyendo el periódico, que había un sindicato rijoso (¡esos enemigos de la prosperidad!) y un montón de alumnos con pase automático que promovían la revolución social y las huelgas. Algo inaceptable para las buenas conciencias.

El reiterado reconocimiento internacional a la UNAM viene a mostrarnos, en cambio, lo que aquí en México hemos visto con ojos de miope. Que la UNAM ofrece a cientos de miles de mexicanos mucho más que estudios de preparatoria, licenciatura y posgrado; que a cada uno de ellos les regala una identidad, una forma de pensamiento y una comunidad para convivir. La UNAM es mucho más que una carrera y un título. Es incluso más que los méritos señalados para ganar el premio otorgado en nombre del heredero a la Corona española. Para cientos de miles de sus egresados, entre los que me encuentro, la UNAM ha sido el principio, la oportunidad y la guía para trazar un proyecto de vida.

Personalmente, me duele como cosa propia cada vez que tengo que defender a la UNAM por razones clasistas, ya sea por la pobreza de la mayoría de sus estudiantes, por su aspecto o su modo de hablar, por sus tendencias políticas o por la masificación necesaria que se opone a la exclusividad de las escuelas privadas (no siempre afincada en los méritos académicos). Ofendiendo o minusvalorando a la UNAM nos ofendemos como mexicanos, nos degradamos como país y perdemos de vista que gracias a las escuelas públicas sigue siendo posible la verdadera movilidad social, que de otro modo simplemente no existiría.

He aquí un tema de fondo, con verdaderos alcances sociales, que de ninguna manera deberíamos perder de vista. Hay que celebrar los premios que se están otorgando a la UNAM y defenderla como se lo merece. Ojalá lo comprendan los diputados, en medio de su tráfago absurdo.

Profesor investigador del CIDE

14 Octubre 2009 03:29:42
Lo malo es el modito
Aunque las razones técnicas y financieras sean inobjetables, la forma en que se puso en marcha la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro deja mucho que desear. Una decisión que exigía el cuidado y la sutileza de una cirugía se llevó a cabo de un hachazo. Así pues, lo que era una medida indispensable se volvió, por una mala hechura, en la causa de una nueva escalada de conflictos y polarización.

Por supuesto que se seguirá culpando al SME de todos los males que vengan tras la decisión de cortar de tajo su existencia. Pero las movilizaciones que tendrán lugar esta semana y los respaldos públicos que recibirá esa organización amenazan con sumarse a una espiral de inconformidades incubadas durante mucho tiempo, en uno de los momentos más inoportunos y delicados del país, en medio de la crisis y cuando se negocia el paquete fiscal para 2010 navegando entre intereses enfrentados y agravios potenciales.

Siempre podrá decirse que la decisión ya no admitía demora, porque hubiera sido inaceptable extender un año más el altísimo subsidio que estaba recibiendo la compañía que quiso liquidarse desde hace mucho tiempo y que se mantuvo viva, sin embargo, a fuerza de negociaciones sindicales. Y se alegará mil veces que los privilegios obtenidos por el sindicato han sido la causa más importante de la quiebra, muy por encima de los problemas generados por una dirección hoy inexistente o por las decisiones de política energética tomadas a lo largo de decenios. Como si sólo hubiera un actor en la escena del conflicto.

Pero el problema es que esos argumentos y la forma en que han sido presentados han ido mucho más allá de la extinción de la compañía de Luz y Fuerza. Desde la hostilidad con la que el secretario del Trabajo intervino en el debate público generado tras la disputa por el liderazgo del SME, hasta la forma en que entró la policía a las instalaciones de esa compañía el sábado en la noche, las formas hablan más de un enfrentamiento abierto contra un grupo criminal que de una negociación y un arbitraje ante una organización de trabajadores al servicio del Estado.

Tras el modo en que se ha llevado a cabo esta decisión hay una inculpación directa del fracaso de la empresa pública al sindicato y a sus afiliados. Y de paso, hay también una idea implícita de que todas las organizaciones de trabajadores se han convertido en un verdadero lastre para el país. Según esa versión cada vez más extendida, nadie más tendría responsabilidad alguna, incluyendo a los secretarios de Energía (con Felipe Calderón entre ellos) en la creación del Coco al que hoy le tienen miedo. Son los trabajadores abusivos, y nadie más, a quienes hay que pasarles la factura del fracaso.

Además, si alguna parte de la izquierda mexicana quería acercarse al gobierno federal y si alguna esperanza había de suavizar los tres últimos años del sexenio en busca de estrategias compartidas para enfrentar los gravísimos problemas que vivirá el país en el futuro próximo, este conflicto promete quebrar esa posibilidad. Los partidos y los movimientos de izquierda jamás leerán esta decisión como una cuestión de eficiencia financiera, sino como una agresión inaceptable hacia los trabajadores y sus sindicatos y, especialmente, en contra de aquellos que mantienen simpatías políticas con el PRD, el PT o Convergencia. Y más todavía por el modo en se ha operado esta extinción, primero con insultos directos a la dirigencia sindical y luego, literalmente, con las armas.

Cuesta trabajo imaginar un trato semejante hacia las organizaciones de trabajadores más proclives a la negociación y el acuerdo con el gobierno federal. Ya la prensa se ha preguntado, con razón, si tras la fractura del SME vendrán otros movimientos similares de Los Pinos para romper la hegemonía del SNTE o las ventajas de las que goza el sindicato de trabajadores petroleros, entre otras organizaciones que también disfrutan de amplios privilegios y prebendas públicas. Pregunta respondida de antemano, pues sabemos que las alianzas celebradas por el gobierno federal con esos otros sindicatos no sufrirán quebranto alguno.

En cambio, la idea de que buena parte de los males del país se ha gestado por la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores se va repitiendo cada vez más entre los medios. Y ya es previsible que esa opinión se ahondará en estos días, cuando los sindicatos salgan a la calle para solidarizarse con los electricistas. Y yo me pregunto si esa forma de convertir una solución plausible en un conflicto tiene algún sentido. De algo bueno se ha hecho algo que parece malo. Y a juzgar por el tono y el modito, seguramente lo es.

Profesor investigador del CIDE

07 Octubre 2009 03:08:07
Los burócratas felices
Aunque algunos hemos intentado defenderla, porque creemos que responde a una necesidad vital para la administración pública de México, todo parece indicar que la Secretaría de la Función Pública se diluirá durante el año 2010. Ganarán quienes piensan que las contralorías se volvieron invasivas y estorbosas, que el servicio de carrera es un obstáculo espantoso, que las evaluaciones no sirven para nada y que los programas de mejora de la regulación, del lenguaje y de los trámites que llevan a cabo los burócratas acaban siendo un verdadero engorro. Esas personas prefieren una contraloría pequeña, manejable, que solamente cuide los dineros desde algún despacho de Los Pinos.

¿Quién defendería a la Función Pública? Si se piensa en términos del uso del dinero, cualquier burócrata preferirá actuar con libertad para gastarlo a gusto. Los controles y los trámites que deben seguirse para hacer licitaciones o adjudicar contratos son, en efecto, una verdadera lata. Cuando se les pregunta, casi todos coinciden en que la culpa del subejercicio la tienen las regulaciones excesivas de la Función Pública. Sin duda, todo sería más fácil si se pudiera gastar en paz, sin restricciones y sin tener que documentar todo lo que se hace; y sería mejor aún si las decisiones tomadas no fueran atacables, si no hubiera auditorías y si nadie pidiera información.

La misma impresión se tiene del servicio de carrera, o incluso peor. ¿Quién puede estar contento con la prohibición de contratar libremente a la gente de confianza, a los amigos, a los leales? Se dice que los exámenes y las entrevistas solamente sirven para añadir costos inútiles, pues de todos modos cabe la posibilidad de declarar desiertos los concursos y colar al empleado que los jefes quieren. Y en cuanto a las evaluaciones, el ejercicio es irrisorio: los amigos siempre aprueban. Además, no sólo son los secretarios, los subsecretarios y los oficiales mayores los enemigos del sistema, sino los propios funcionarios que lo integran, pues para estos últimos es mucho más fácil quedar bien con el de arriba que aprobar exámenes, evaluaciones y hacer méritos verificables.

Por otra parte, casi todos los burócratas se asumen como expertos principales del tema que manejan. Aunque muy pocos llegaron a sus puestos por haber acreditado sus conocimientos o su experiencia en las áreas en que trabajan, la mayoría actúa como si hubiera nacido para el cargo en donde está. ¿Cómo entonces pedirles que se dejen evaluar por resultados, que mejoren sus procesos, que perfeccionen su comunicación, que sean más transparentes? Casi todos aseguran que esas herramientas no sirven para nada, excepto para justificar la existencia de la Función Pública.

Tras su desaparición, la mayoría de los burócratas respirará tranquila y algunos hasta serán felices. Acaso quedarán oficinas de contraloría acotadas a vigilar procedimientos formales para ejercer el gasto y (si les toca en suerte) quedarán las auditorías posteriores de la Auditoría Superior de la Federación; pero se habrán liberado de casi todo lo demás. Quedará Hacienda y sus controles obsesivos de índole presupuestal que, como sea, ya han generado una costumbre y rituales internos de negociación.

Pero también quedará la vergüenza de haber retrasado varios lustros los relojes de la administración pública de México. Si ya estábamos a la cola de los países más desarrollados, ahora lo estaremos también de América Latina. En todo el mundo hay una corriente que busca recuperar, públicamente, los asuntos que deben ser de todos: más transparencia, más información bien procesada, más participación social en las cuestiones administrativas, más vigilancia pública de las licitaciones, de las evaluaciones, de los procedimientos y los gastos. Excepto en México, donde vamos para atrás.

Si tuviéramos mayor conciencia sobre la importancia de la administración pública y mayor capacidad de indignación, buscaríamos evitar que nos quiten lo poco que se había ganado. No sólo estaríamos exigiendo que la Función Pública no desaparezca ni que los contralores pasen a Los Pinos, sino que esa dependencia se ponga en manos de los ciudadanos. No de manera retórica ni simulada —ni tampoco capturada por el sistema de partidos—, sino construyendo un consejo amplio de evaluación, control y vigilancia de los recursos públicos (con representantes de las OSC, de los medios, del trabajo, del capital y la academia), capaz de construir un verdadero sistema nacional de rendición de cuentas y de poner en manos de la sociedad las funciones a las que el gobierno ha decidido renunciar. Es decir, estaríamos exigiendo que en lugar de volver a los años del presidente Echeverría, México se ponga a la vanguardia de la gestión pública en el mundo.

Pero son sueños guajiros. En la vigilia, el retroceso es ya inminente. Hasta nuevo aviso.

Profesor investigador del CIDE

30 Septiembre 2009 03:38:59
Los muertos de Juárez
Acababa de leer 2666, la novela total que dejó escrita Roberto Bolaño antes de partir, cuando vino la propuesta del presidente Calderón para nombrar como nuevo procurador general de la República al señor Arturo Chávez Chávez. Quizá mi opinión sobre ese nombramiento habría sido diferente si no hubiese leído la novela de Bolaño; pero el caso es que la leí y no pude evitar la zozobra que me produjo saber que la persona que hoy procura mis derechos es el mismo que procuró los de decenas de mujeres en Ciudad Juárez.

No es un problema de partidos ni de ideologías. Es algo mucho más tangible y, a la vez, huidizo: se trata del respeto a la vida y a la opinión de cientos, o quizá de miles de personas, que han visto vulnerada su existencia para siempre tras haber perdido a un ser querido de la manera más violenta imaginable y que también han padecido esa violencia en carne propia.

Cito el texto de Bolaño porque el libro cuarto de ese larguísimo relato está dedicado por completo a las muertas de Juárez, mientras que el hilo conductor de la obra toda descansa en la búsqueda de la dignidad básica del ser humano, que consiste en respetar la vida ajena. Y nada de eso ha sucedido durante mucho tiempo en esa tierra hostil en la que se ha convertido la frontera mexicana. Una frontera con seres humanos de carne y hueso que debieron contar con el apoyo de su gobierno, de su policía, de su procurador y no lo tuvieron.

No hace mucho escuché a Frank Anechiarico (un experto en el estudio de la corrupción americana) decir que la integridad moral de un funcionario no puede separarse de su desempeño; que es imposible alegar que alguien dotado de responsabilidades públicas puede ser, a un tiempo, honesto a pie juntillas pero ineficiente e incumplido. Se trata de una contradicción flagrante, pues la honestidad de alguien que actúa para los demás también reside en cumplir su cometido.

Y si bien es probable que el nuevo procurador general de la República no haya tomado nunca un centavo mal ganado, ni haya utilizado jamás su puesto para obtener un beneficio personal al margen de la ley, también es indudable que sus resultados en Chihuahua son impresentables. Quizá hizo todo lo posible, tal vez puso su vida en riesgo, es probable incluso que las circunstancias lo hayan rebasado. Pero el hecho puro y duro es que las llamadas muertas de Juárez constituyen uno de los capítulos más ominosos de la historia criminal de México.

No obstante, para el señor Chávez Chávez su nuevo nombramiento es una reivindicación y un reconocimiento explícito del presidente Calderón. ¿Qué razones llevaron a este último a proponer su nombre, aun a sabiendas de que las críticas serían inevitables? No lo sabemos, como tampoco conocemos las que le llevaron a remover al funcionario que ocupaba antes ese sitio. Podemos advertir las consecuencias de un mal desempeño posterior, pero no hemos ganado todavía el derecho a ser informados sobre los criterios que se usaron para promover ese cambio de estafeta. La única verdad pública, la conocida y repetida, descansa en la especulación.

Lo que sí sabemos es que también hubo negociaciones para obtener el respaldo del Senado de la República a esa designación. Y sabemos que, aun a despecho de los antecedentes del candidato propuesto por el Presidente, de la oposición franca y activa de muchos activistas de derechos humanos y de los agraviados por la violencia en Juárez, e incluso del significado simbólico de nombrar a alguien que protagonizó el fracaso del Estado en la defensa de la vida en una región completa del país, el PRI (que pudo impedir el nombramiento) optó por aprobarlo a partir de razones totalmente pragmáticas: calculando que el costo político habría de pagarlo su adversario principal y, quizá, que se trata de una carta que podrá usar en las elecciones del año 2012. ¿Qué más ventajas lo llevaron a tomar la decisión? Eso ya no lo sabemos. Simplemente lo aprobaron en medio de discursos que curaban en salud, y punto.

Al final del día, es muy probable que el más inocente de todos los involucrados en esta trama lamentable sea el nuevo procurador de la República. Que antes y ahora haya sido víctima de la situación y del sistema y que su único pecado haya sido el de la vanidad, deseando para sí mismo el puesto más difícil del país. Pero aun así, no puedo confiar en la designación de alguien que fracasó rotundamente en Juárez y ahora está llamado a proteger a todos. No debí leer 2666. Que Bolaño duerma en paz. Yo no.

Profesor investigador del CIDE
09 Septiembre 2009 03:46:15
Un presidente en campaña
Me habría gustado que, tras el discurso, hubiese venido un paquete completo de estudios, programas e iniciativas y no sólo algunos cambios de nombres y recortes presupuestales. Me gustaría conocer las razones exactas que llevaron a la selección de los temas, los datos de los que se nutre cada uno de ellos y el mapa de ruta completo. No es que esté en desacuerdo con el listado. ¿Quién podría estarlo? Pero de momento, no es mucho más que eso: un listado.

Después de todo y a la luz del tiempo transcurrido, tenemos derecho a sospechar que el presidente Calderón no lanzó esos 10 puntos con el ánimo de resolver de una vez todos los problemas de México, sino con el propósito de recuperar la iniciativa que fue perdiendo durante los dos primeros años de su gobierno y que, durante el primer semestre de 2009, se cayó en definitiva tras la durísima mezcla de la crisis económica, el aumento de la violencia del narcotráfico y la derrota electoral de mitad de camino. De lo contrario, ese decálogo habría servido como plataforma electoral para el PAN —puesta en lugar de la campaña negativa que lo llevó directamente al fracaso— o al menos se habría ofrecido como carta de presentación de la bancada legislativa más proclive a la Presidencia. Pero como lo confirmó Josefina Vázquez Mota, los legisladores panistas tampoco conocían el contenido del discurso de mitad de sexenio.

Es verdad que, en materia política, un solo discurso puede cambiar el curso de los acontecimientos. Abundan los testimonios de la fuerza que pueden cobrar las palabras que pronuncia un jefe de Estado, cuando lo hace en momentos cruciales y con los medios indispensables para darles credibilidad y sentido. Pero la condición es que no sean solamente palabras, sino que tengan el respaldo de la reflexión previa, de la conciencia asumida sobre las decisiones que siguen y de la responsabilidad sobre sus consecuencias. Para que se vuelvan parte de la historia —antes de que el viento se las lleve consigo—, tras las palabras deben venir las acciones políticas.

Sería muy mala cosa que el presidente Calderón haya empleado ese llamado al cambio sólo para recuperar las luces mediáticas o, peor aún, para preparar las estrategias electorales en el camino hacia 2012. Fue Giandomenico Majone quien, citando a Michael Oakeshott, nos recordó que cualquier político que propone algo cuya realización sabe imposible está cometiendo un acto de corrupción. Sin embargo, es frecuente que los políticos apuesten fuerte a la voluntad y al consenso, con más soberbia que sensatez. Pero cuando lo hacen a sabiendas de que sus propuestas carecen de factibilidad y sólo están destinadas a ganar simpatías, caen en uno de los peores defectos de la política: el de la estulticia; esa necedad de creer que la voluntad propia basta para cambiar el mundo que nos rodea. Y peor aún, cuando las primeras decisiones tomadas anuncian mucho más el renuevo de lo vigente (y hasta la vuelta al pasado) que la mudanza.

Por lo demás, abierta la caja de Pandora ya nadie podrá cerrarla. De modo que pronunciado el discurso, será imposible hacer como si nunca hubiera ocurrido. Y cada vez que el Presidente intente mostrar las bondades de alguna política o de alguna acción emprendida, habrá alguien dispuesto a citarle parrafadas completas, para recordarle que él mismo deploró la situación del país; y aun para decirle que, si no lo había hecho antes, fue porque no quiso reconocerlo ante el riesgo de perder votos. Y cada vez que defienda el sistema político, le será recordado que fue él mismo quien advirtió de su agotamiento.

Sin embargo, todavía no está claro, ni mucho menos, cuál será la respuesta del Presidente cuando a las palabras deban seguir decisiones que afecten no sólo los privilegios de la burocracia a su cargo, sino los verdaderos intereses que han sido causa de la situación que describe; me refiero a los intereses de Televisa y de TV Azteca, a los de Telmex, a los de Cemex, a los intereses de los banqueros y de las corporaciones empresariales, a los de los grandes sindicatos de Estado (el SNTE y el STPRM, en los primeros lugares), a los de los partidos políticos, y a los de los políticos mismos. Y es que si al discurso de mitad de sexenio le faltó señalar a los culpables de los males que se mencionan —como si la historia no la hicieran los hombres de carne y hueso—, a la disputa de la segunda mitad de sexenio le sobrarán.

Aun suponiendo que el Presidente hubiera querido levantar la mirada ante la zozobra y la decadencia que nos rodea, nos está haciendo falta el complemento de sus palabras y la respuesta de la clase política. De modo que aunque ya se haya dicho todo, todavía no se ha dicho nada.

Profesor investigador del CIDE
12 Agosto 2009 03:08:27
El poder del gran hermano
No existe ningún registro de personas a cargo del Estado que carezca de sentido político. Así sea para saber cuántas hay y dónde viven, los registros de personas siempre han sido políticamente relevantes. En esa materia no hay nada que sea inocuo. Por el contrario, la información que reúne el Estado sobre los individuos que habitan su territorio, así como los usos que hace de ella son temas que atañen a los derechos fundamentales, a la seguridad y a la confianza, por lo menos. De ahí la necesidad de pensar con cuidado las implicaciones que tendrá el relanzamiento de la cédula nacional de identidad para el año 2012, según el anuncio que hizo el presidente Calderón.

Es obvio que la precisión sobre las características biométricas de la información que obtendrá el Estado revela que la prioridad es la seguridad. Quizá la propuesta de volver a la cédula nacional de identidad haya surgido de los órganos responsables de ese tema, en busca del mayor control posible sobre el conjunto de la población: que nadie firme contratos, compre servicios o haga trámites sin que esté plenamente identificado. El ideal del control policiaco.

Pero todavía carecemos de una ley de protección de datos personales y estamos aún lejos de haber construido prácticas para garantizar, a un tiempo, la máxima publicidad en los asuntos de los gobiernos y la máxima protección de la información que los individuos les ponemos en las manos. Por desgracia, las autoridades siguen negando datos que deberían ser públicos y, al mismo tiempo, siguen utilizando la información que tienen para propósitos políticos. Exactamente al revés de como debería suceder para garantizar los derechos fundamentales.

En el debate abierto sobre la conformación y el uso de los padrones de beneficiarios de los programas sociales se ha ido mostrando, a la vez, el daño que causa la oscuridad de la información sobre el destino de los dineros públicos y la falta de ética que supone utilizar esos mismos datos para ganar apoyos políticos inconfesables. No hay ninguna razón válida, por ejemplo, para impedir que cualquier ciudadano verifique el uso de los subsidios que otorga el gobierno y, al mismo tiempo, para permitir que el Presidente envíe cartas personales a los domicilios de los beneficiarios de esos programas. Tras esa dualidad hay una percepción muy reprobable de la información pública, que de ninguna manera puede entenderse como patrimonio de los funcionarios de turno.

Esto último lo sabían bien los liberales de la Reforma, que promovieron el registro civil para impedir que la Iglesia católica fuera la única institución que poseyera datos de las personas, como se decía entonces, de la cuna a la tumba. Pero hacer el registro civil no equivalía a estatizarlo, sino a evitar que una organización privada supliera esa función del Estado. Era una operación política, destinada a quitarles a los conservadores una de las armas más importantes que tenían en sus manos, para ponerla en el ámbito de los municipios y a disposición de la sociedad.

Desde entonces, se sabe muy bien que la información registral es una pieza política clave. De ahí también la importancia que cobró en su momento el registro federal de electores, antecedente del IFE, cuya construcción y actualización ha costado varios miles de millones de pesos y enormes esfuerzos para dotar a esa herramienta de la confianza pública suficiente. Algo que muy probablemente se vendría abajo si la información que hoy está en posesión del IFE y vigilada por todos los partidos políticos se entregara sin más al gobierno. Con toda sinceridad, no me imagino siquiera cómo podría edificarse la credibilidad de las elecciones de 2012, si esa pieza maestra de la maquinaria electoral perdiera la legitimidad y la confianza que se ha ganado a pulso.

Tengo para mí que volver, sin mayor reflexión, a la idea de la cédula nacional de identidad, que fue concebida en los años 90 y que se quedó en suspenso desde un principio, podría generar muchos más problemas de los que buscaría resolver. Nadie sensato se opondría al mayor cuidado posible de la seguridad pública. Pero no a cualquier costo ni por encima de cualquier cosa. Para decirlo de manera coloquial, creo que antes de ir en busca del big brother, tendríamos que asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, incluyendo desde luego el de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, así como salvaguardar el enorme trabajo que los mexicanos hemos invertido en la credencial para votar con fotografía y la organización eficaz de los procesos electorales. Detrás de los registros de las personas hay mucha historia política. Ojalá no se olvide.
05 Agosto 2009 03:16:28
Inventar otros partidos
Tal vez sea una buena oportunidad para renovar la vida de los partidos que produjeron la transición pero que han sido incapaces de consolidar el Estado democrático y eficaz. Pero sospecho que tomará mucho más tiempo lograr que el PAN y el PRD salgan de sus crisis de liderazgo e identidad para volver a la ruta de la construcción democrática.

De momento, tendrán que afrontar las derrotas que sufrieron el 5 de julio por un periodo mucho más largo, pues no sólo perdieron las elecciones, sino la credibilidad de sus liderazgos y el control de la agenda política del país. Y aunque los responsables más importantes de esas derrotas fueron más o menos hábiles para trasladar los costos más inmediatos hacia otras personas, es obvio que ya no podrán evadirse de la reconstrucción (o de la ruptura) de sus partidos políticos. Y no sobra recordar que tanto Felipe Calderón como López Obrador son especialmente obstinados.

El caso del PAN parecería, en principio, menos complejo que el del PRD, no sólo porque a pesar de todo se trata del partido en el gobierno, sino porque tiene una disciplina interna mucho más arraigada. Además, se trata de un partido de militantes y no de corrientes; y aunque algunos de ellos representan verdaderas oposiciones al liderazgo formal del Presidente de la República, puede suponerse que el diálogo entre ellos sigue siendo una opción válida para ponerse de acuerdo.

No obstante, todo indica que Felipe Calderón llegó muy pronto a la conclusión de que la renuncia de Germán Martínez fue un precio demasiado alto que cargó contra sus cuentas políticas, y que ya no está dispuesto a seguir perdiendo plazas para el control del partido. Empieza a ser evidente que el espíritu de Los Pinos se está colando a la conciencia del Presidente, para convencerlo de que quien habita esa casa tiene derecho a proponer a su sucesor. Y en su caso, esa convicción estaría reforzada por su idea inconmovible de la lealtad personal como condición básica para formar parte del círculo que accede a las decisiones más importantes.

De ahí la relevancia de la candidatura de César Nava para suplir en la dirigencia de su partido a Germán Martínez. Por más que quiera ocultarse el sol con un dedo, lo cierto es que se trata de un alfil del Presidente de la República y de un refrendo de la estrategia de tándem entre partido y gobierno diseñada desde un principio. Luego del 5 de julio, Martínez habría servido acaso como fusible para mantener el resto de los circuitos intactos. Y es frente a esa decisión que se han levantado los disidentes del PAN, tratando de imaginar una ruta distinta para volver a ganar en 2012, que ya no dependa sin más del círculo íntimo del Presidente de la República. Pura estrategia para ganar votos, pero nada todavía sobre el contenido de su gobierno ni sobre las ideas políticas que necesita el país para respirar otra vez. Pragmatismo sin redes, que ya probó su ineficacia política.

Mientras que en el PRD la ruptura parece ya la única salida posible. De hecho, las elecciones de 2009 podrán acreditarse algún día como las primeras en las que la formación política construida tras el fraude electoral de 1988 se presentó dividida. Veinte años exactos duró aquella idea encabezada por Cárdenas, Muñoz Ledo, Heberto Castillo, Pablo Gómez y muchos otros, que imaginaron una izquierda unida en torno de un programa y de una causa común, a pesar de las diferencias de origen entre corrientes diversas. Una idea que consistía en tolerar el pasado de cada uno para organizar un futuro común. Pero que fracasó al suplir esas causas por nombres propios. De modo que en lugar de programas, surgieron personas. Ejércitos de generales y coroneles, sin mando y sin tropas, enfrentados abiertamente a los caudillos intransigentes.

Al final, el PRD ya no podría seguir como una formación política articulada sin que haya, al menos, alguna derrota plenamente asumida entre las corrientes que se disputan su liderazgo. Y eso ya lo sabemos todos, y también ellos. Pero se trata de una petición imposible para el caso de Andrés Manuel, que ha preferido soñar con su regreso triunfante al poder desde partidos pequeños pero bien articulados en torno de sus decisiones; y muy difícil de aceptar para Los Chuchos, que han culpado al primero de las derrotas sufridas pero no se han atrevido a expulsarlo. Cosas de la conciencia histórica de la izquierda: están dispuestos a lo que sea, menos a aparecer como los causantes definitivos de la ruptura.

Entretanto, los dos están atrapados por su pasado inmediato, sus fobias presentes y su falta de imaginación para ver el futuro. Una mezcla perfecta para seguir perdiendo elecciones, mientras el PRI vuelve tranquilo a ocupar las plazas que dejó prestadas por unos años.

Profesor investigador del CIDE

22 Julio 2009 03:48:56
Por el bien de todos, primero los pobres
La primera vez que escuché esa frase no fue en la campaña de López Obrador sino en Tabasco, hace 25 años, cuando Enrique González Pedrero gobernaba ese estado e iniciaba el programa de redistribución del ingreso más ambicioso que haya conocido el sureste de México, a través de las obras públicas, la prestación de servicios y la organización social que gestionaban de manera directa las comunidades más pobres de aquella entidad. Se trataba de los llamados centros integradores, cuyo diseño y resultados siguen siendo motivo de análisis hasta nuestros días.

En pleno ajuste estructural tras la crisis de 1982, la política social de González Pedrero no sólo estaba apoyada por un altísimo presupuesto, derivado de los ingresos petroleros, sino por un esfuerzo de organización que ponía a los seres humanos, a la gente de carne y hueso, en el centro de la implementación. Esa experiencia mexicana tuvo lugar cinco años antes de la registrada más tarde en Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil), bajo el nombre de presupuesto participativo y que, a la postre, no sólo le daría vuelta al mundo sino que se convertiría en la base de la estrategia del exitoso gobierno brasileño del presidente Lula da Silva.

En el mismo periodo, Julieta Campos puso en marcha el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, concebido por María Alicia Martínez Medrano, como una estrategia que no sólo apelaba a la idea del desarrollo humano, en el sentido más literal de este concepto (y mucho antes de que fuera divulgado por el PNUD en busca de un índice de alcance mundial, construido a partir de las ideas de Amartya Sen), sino que quería que las comunidades de la entidad se reconocieran a sí mismas a través de su identidad cultural y, desde ahí, construyeran opciones reales para dejar atrás la marginación. Y así fue: el teatro de Oxolotán se convirtió pronto en un símbolo universal de cultura (reconocido y aplaudido en Europa y en Estados Unidos) y su gente salió del atraso y modificó para siempre su visión y su relación con el mundo.

Tras aquella experiencia notable, González Pedrero y Julieta Campos publicaron varios libros para contarla y para decirnos que, aunque quizá fuera imposible impedir las crisis cíclicas que produce el capitalismo (y que siempre vienen de fuera, aunque siempre nos sacuden por dentro), es viable enfrentarlas cuando se piensa en quienes padecen y reproducen la pobreza como seres humanos y no como datos o registros anónimos: ya como empleados, ya como clientela política o ya como mendigos y pedigüeños.

Julieta Campos, en particular, escribió ¿Qué hacemos con los pobres? (Aguilar, 1995), con el angustiado deseo de contribuir a evitar la multiplicación de las condiciones políticas y sociales, pero sobre todo de las culturales, que generan la marginación política, la exclusión social y su consecuencia económica, que es la pobreza.

Es decir, la falta de medios para sobrevivir en una sociedad descarnada, que mide el éxito por el acceso a los bienes que ofrece el mercado y por el volumen de las cuentas individuales de banco. Un éxito cifrado, literalmente, por la lógica de los números que acreditan que un producto, una idea o una persona valen más porque son más consumidos, más comprados o más leídos. Y que desecha, a la vez, cualquier cosa que no logra subirse a la máquina de la acumulación y el consumo masivo.

Lo que Julieta Campos le regaló muchos años después a López Obrador no era una frase destinada a ganar votos, ni a agotarse en una sola campaña, ni mucho menos a quedar marcada por el nombre y los conflictos gestados por el político que la usufructuó. Tras ella había una experiencia exitosa, comparada con muchas otras del mundo. Y yo añado que también había la esperanza de comprender que las políticas públicas que no buscan la mayor igualdad entre los miembros de una comunidad nacional no valen la pena. Se caen de su peso y, a la postre, pueden generar muchos más descalabros.

Hoy México tiene más de 50 millones de pobres. Más de 18 millones de ellos no tienen recursos suficientes ni siquiera para comer todos los días. Han quedado excluidos de todo, precisamente porque son pobres. Pero su sola existencia debería bastar para comprender y dimensionar el resto de los problemas de México. Son esas personas las que nos dicen, con su vida precaria y sin esperanza, que todos hemos fracasado como nación. Y eso no es cosa de un solo partido ni, mucho menos, de una sola persona. Tras la publicación de los nuevos datos sobre la enorme y desesperante pobreza de México y, en memoria de quien realmente acuñó esa frase, me gustaría repetir: por el bien de todos, primero los pobres.

Profesor investigador del CIDE
15 Julio 2009 03:03:53
La corrupción también mata
¿Realmente era necesario que murieran cuatro docenas de niños para cobrar conciencia? ¿Y de veras tenemos más conciencia ahora, tras el escándalo de las guarderías? Quizá todavía no caemos en cuenta de que la captura, la desviación y la corrupción de la administración pública no sólo son prácticas indignantes, sino que pueden producir verdaderas tragedias.

La que sucedió en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tiene todos los ingredientes para dejar constancia de los horrores que puede desencadenar la falta de ética en el servicio público. Más allá de los peritajes sobre las causas del incendio que originó la muerte de esos 48 niños, y de la responsabilidad individual de quienes habían asumido su custodia, el episodio nos ha mostrado de cuerpo entero tres de los más graves defectos de la administración pública mexicana: la falta de criterios profesionales para designar a los servidores públicos; la falta de rigor en la asignación de contratos y concesiones; y la falta de transparencia. De paso, también hemos visto el uso electoral de la información y la banalización mediática. Todo a la vez.

De entrada, no existía ninguna razón para mantener oculta la información sobre los contratos de concesión de las guarderías. No obstante, en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, el director general del IMSS dijo que ese organismo público había cumplido en exceso con lo que le ordenó el IFAI, al entregar todos los nombres de los concesionarios actuales y anteriores del sistema de guarderías, así como los perfiles profesionales de quienes están al frente de cada una de ellas. Y añadió que divulgar esa información significaba “un hecho de transparencia sin precedente en la administración pública federal, estatal y municipal”.

Es probable que lo haya dicho con un toque de orgullo. Pero lo cierto es que todos los contratos suscritos por el gobierno deberían estar disponibles para el escrutinio del público, sin que medie solicitud previa y sin más reservas que la protección de la vida privada, pues todos ellos atañen a la forma en que el gobierno cumple con sus funciones y gasta el dinero público. Además, hoy sabemos que el IFAI había ordenado la entrega de toda esa información desde el 22 de junio y el IMSS, por las razones que sean, no la publicó sino hasta el 8 de julio: tres días después de las elecciones.

También supimos que dos delegados del IMSS y varios funcionarios más perdieron su empleo como secuela directa de la tragedia. Pero nadie nos ha dicho quién nombró a esos funcionarios, ni qué procedimientos siguieron para seleccionarlos, ni cuáles eran sus credenciales profesionales para ocupar las plazas de las que fueron defenestrados. No sobra añadir que el delegado del IMSS en Sonora ocupó ese lugar después de abril de 2006, cuando ya estaba en pleno vigor la ley del servicio profesional de carrera. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, de la coordinadora de guarderías, quien (según los datos recabados por Jaime Obrajero de W Radio) antes de ocupar ese puesto había estudiado, como si se tratara de una broma siniestra, diseño de interiores. ¿Qué razones podrían esgrimirse para haberle otorgado un puesto así, que no estuvieran directamente ligadas a la amistad o, acaso, a la conformación de equipos políticos?

En el mismo sentido, nos enteramos de que no fue sino hasta 2008 cuando el IMSS decidió sujetarse al método de licitación pública para otorgar concesiones de guarderías, pues desde el año 2001 —de acuerdo con la investigación divulgada por Carlos Puig el 9 de julio—, 98 de cada 100 contratos se habían adjudicado directamente a los propietarios. Y hoy sabemos que muchos de ellos entraron al negocio de cuidar niños, por razones muy ajenas a la pedagogía pública.

En suma, lo que hemos visto desde el pasado 5 de junio no sólo ha sido una larga secuencia de “causas y consecuencias de una tragedia que pudo haberse evitado”, como ha dicho Daniel Karam, sino uno de los ejemplos más tristes y reveladores de los despropósitos que se cometen todos los días en la administración pública mexicana y cuyos efectos no nos llaman a indignación, sino cuando suceden desgracias como ésta.

Las plazas mal entregadas, los contratos mal adjudicados, la información escondida, y toda la trama de alianzas y arreglos políticos que han brotado tras el incendio de la guardería desnudan la falta de rendición de cuentas que hay en todo el país y duelen, duelen literalmente, cuando producen episodios como el de la guardería de Sonora. ¿Qué más se necesita para cobrar conciencia?

Profesor investigador del CIDE
01 Julio 2009 03:02:02
En México no hay rendición de cuentas
Hace un año, un grupo de investigadores del CIDE nos dimos a la tarea de indagar cómo funcionaba y cuál era la estructura de la rendición de cuentas en México. Cuando comenzamos ese proyecto, ya sabíamos que rendir cuentas no era una práctica que se cumpliera en nuestro país, pero algunos pensábamos que el problema estaba más del lado de los políticos que de las reglas formales. Un año después comprobamos que el problema está en ambos lados, y también que es mucho más grave de lo que habíamos imaginado.

Los resultados del diagnóstico que llevamos a cabo (plasmados hasta ahora en 10 documentos y varias bases de datos, que pueden verse en
http://www.rendiciondecuentas.cide.edu) nos dicen que ese concepto ni siquiera está definido en la Constitución del país. Rendir cuentas puede ser, por ejemplo, publicar informes, inventar indicadores, entregar papeles contables, atender instrucciones o responder solicitudes de información, según el cuerpo jurídico que se invoque, pero casi nunca en función de los ciudadanos, de los resultados comprometidos o de los costos en los que incurre cada unidad de la administración pública. Hoy estamos seguros de que en México no hay un sistema, ni un conjunto de reglas coherentes, ni una política armónica dedicada a la rendición de cuentas.

En el trabajo escrito por Sergio López Ayllón se muestra que hay al menos tres sistemas jurídicos diferentes en la Constitución del país (el de responsabilidades, el de transparencia, el del gasto público) con principios, normas, procedimientos y responsables diferenciados. Sistemas que, mientras más se complican (cuando se aplican), más diluyen la rendición de cuentas. Y entre ellos no hay coherencia ni articulación ni comunicación.

Sabemos que no es posible rendir cuentas sin cuentas. Pero ocurre que los criterios que se utilizan en el gobierno federal y en las distintas entidades federativas para llevar la contabilidad gubernamental y para fiscalizarla no sólo son diferentes entre sí (lo que hace imposible comparar costos, procesos y resultados), sino que también difieren en su propia estructura. Por ejemplo, tras revisar las cuentas públicas que presentan los estados de la República a la luz de 15 indicadores básicos, diseñados para calificar si es posible conocer de dónde viene el dinero público y cómo se gasta, el resultado fue de apenas 3.5 sobre 10. Y en los municipios (aun con excepciones sorprendentes) la situación es todavía peor. Laura Sour estudió las cuentas estatales y municipales con el mayor detalle, y confirmó que ni por el lado del registro de ingresos ni por los gastos es posible desentrañar información sustantiva y oportuna para tomar decisiones de política pública.

Y como prueban Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos, mientras más se estudian los métodos, los procedimientos y las oficinas estatales y municipales responsables de garantizar el control de la legalidad, la evaluación del desempeño o la información pública sobre dineros y resultados, más se confirma que están diseñados para no rendir cuentas.

Por otra parte, María del Carmen Pardo revela que aunque el gobierno federal ha inventado distintos programas formalmente destinados a rendir cuentas, lo cierto es que cada uno obedece (en el mejor de los casos) a su propia lógica. De modo que al final no se rinden cuentas sino a través de complejísimos sistemas procedimentales, métodos de control y salvaguardas burocráticas de toda índole, en los que nadie acaba siendo responsable de nada. Los programas pueden fallar y los procesos se pueden desviar y, a pesar de todo, los responsables quedarán casi siempre impunes, a menos que se hayan llevado el dinero a su casa y hayan sido delatados o descubiertos, por excepción.

Y las cosas en el Poder Legislativo y el Judicial son todavía peores. María Amparo Casar e Ignacio Marván, por una parte, y José Antonio Caballero, por la otra, han documentado que esos poderes pueden llegar a ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Vigilan a los otros poderes, fiscalizan a los ejecutivos, dicen el derecho, pero no rinden cuentas.

En esta materia, hay una larga agenda por delante. Tan larga como compleja y difícil de construir. Pero me parece que arreglar esos problemas básicos de fontanería democrática, que hoy ya tenemos documentados, es una tarea elemental para volver a imaginar que México puede ser un poco mejor y que no todo ha de depender de la calidad de nuestra clase política, o de la bondad o la perversión del poderoso de turno. También puede ser que cambiemos, algún día, porque aprendimos a recibir y a rendir cuentas sobre el ejercicio de la autoridad pública. A ser ciudadanos en serio, con políticos que también se tomen en serio.

Profesor investigador del CIDE

24 Junio 2009 03:12:23
Despertar del sueño democrático
Faltan unos días para las elecciones y no parece haber nada sustantivo que logre despertar el interés sincero de los ciudadanos. A pesar del alud de spots, las campañas han sido más bien anodinas y vacías. La verdad es que la falta de imaginación de los partidos es equivalente a la arrogancia de quienes los dirigen. De modo que lo más probable es que predomine la abstención y, acaso, que aumenten los votos anulados (en sus distintas versiones) como testimonio de la protesta de la sociedad civil organizada en contra del sistema de partidos. No me atrevo a formular otro pronóstico: en el mejor de los casos, será una jornada anticlimática.

En el camino, sin embargo, han sucedido varios hechos que no debieran pasar inadvertidos. El desinterés por la oferta partidaria no debe hacernos suponer que no hay nada que aprender de este proceso electoral. Por el contrario, en estos meses se han producido varias lecciones relevantes que sería importante recuperar lo más pronto posible, para tratar de evitar los muchos errores cometidos y conjurar los riesgos que ya están amenazando el incipiente proyecto democrático de México. Sin esas lecciones aprendidas, los vicios de 2009 podrían volver imposible la elección de 2012.

Las lecciones que me parecen (casi) obvias son tres: primero, que la multiplicación de spots y de propaganda callejera no despierta mayor interés político en las elecciones. No hay una relación directamente proporcional entre los dineros invertidos, la propaganda divulgada y el número de votos obtenidos. Esto ya lo habían observado varios académicos (como Citlali Villafranco en su tesis doctoral), pero nunca había sido tan evidente como ahora.

La segunda lección es que los partidos pueden cambiar las reglas tras cada proceso electoral, pero también están dispuestos a romperlas inmediatamente. Es absurdo, pues los legisladores actúan a nombre de los partidos a los que se deben, que a su vez quebrantan las normas que ellos mismos hacen. Es absurdo, pero así es como funciona. El PAN ha persistido en sus campañas negativas, el PRI sigue utilizando impunemente a los gobiernos, el PRD sigue haciendo trampas para luego declarar que se hizo trampa, etcétera; y, en la cúspide de los descaros, el Partido Verde sigue encontrando rutas legaloides para vulnerar de plano las restricciones a la compra de propaganda en radio y televisión, de modo cada vez más ostensible. Y en el camino, las autoridades electorales están llamadas a pagar los platos rotos: fueron puestas como árbitros para hacer valer las reglas. Pero los jugadores que las rompen juzgan si los árbitros cumplieron su encomienda y si deben continuar. Sabemos bien que esta no es una lección nueva ni exclusiva de 2009. Pero está vigente.

La tercera es que las plataformas políticas de los partidos no despiertan el más mínimo interés. En el mejor de los casos, se votará por razones casi siempre ajenas a la pluralidad de ideas políticas que representan los partidos. En ausencia de candidatos emblemáticos (como sucede en las presidenciales) y de dinámicas plebiscitarias (como ocurrió en el 2000 y volvió a suceder en 2006), no queda casi nada: solamente caritas que sonríen, muy maquilladas, acompañadas de frases sin historia. La lección revela que seguimos pensando en clave de caudillos y de escándalos, y no de programas políticos articulados y sensatos.

Pero hay otras lecciones, quizá menos obvias pero más graves. Pienso, por ejemplo, en la destrucción de la confianza: que el narcotráfico se haya colado a las instituciones y haya sembrado dudas por doquier es una de los rasgos más preocupantes de este proceso electoral. Lo que ayer advertíamos como peligro hoy se ha vuelto realidad. O al menos, noticia cotidiana. Por otra parte, las instituciones responsables de conducir las elecciones también han ido perdiendo credibilidad y han visto desafiada su autoridad moral, en buena parte por sus propios yerros, pero también por la ofensiva de los medios en su contra. Y la combinación alarma: es como andar de prisa por la cuerda floja, mientras la red de protección de la confianza se va rompiendo.

Finalmente, habrá que aprender también la diferencia entre el imaginario público y la terca realidad política. De la respuesta a las lecciones anteriores dependerá la calidad de las siguientes elecciones. Pero ya estamos pensando en otras cosas, como si el país fuera diferente, como si la democracia fuera sólida, como si nuestro estado de derecho fuera invulnerable, como si los ciudadanos nos respetáramos todos los días. Es una pena, pero no estamos siendo capaces de consolidar lo que apenas construimos. Quizá sea esta la lección más importante que nos dejará el proceso electoral de 2009: despertar del sueño democrático.

Profesor investigador del CIDE

17 Junio 2009 03:30:06
La reforma del descontento
Todo parece indicar que, tan pronto como se integre la nueva Cámara de Diputados, vendrá otra reforma electoral. Hay tantas incomodidades en curso, que sería difícil no suponer que después del 5 de julio habrá un sector amplio de poder y opinión pidiendo cambios a las reglas electorales vigentes. Lo que no está claro es que la falta de contento de esos grupos diversos se corresponda con una visión compartida sobre lo que debería suceder. No hay una sola agenda, sino muchas y tan variadas como los intereses que están detrás.

Es muy previsible, por ejemplo, que los medios electrónicos de comunicación (y especialmente las dos grandes empresas televisoras) hagan todo lo posible por derrotar en definitiva el modelo de competencia política que les arrebató dinero e influencia. Está en su mayor interés recuperar, hasta donde les sea posible, el negocio que hicieron durante años con el financiamiento de los partidos políticos. Querrán volver a vender el tiempo de radio y televisión dedicado a la propaganda, y no sólo entregarlo de manera obligada. Y si no pudieran del todo, al menos desearían recuperar el derecho a vender espacios a los particulares que quieran comprar propaganda y, desde luego, volver a cerrar facturas con los gobiernos, los diputados y hasta los jueces, más allá de los 15 días que hoy pueden pagarse (gracias a la generosa interpretación del TEPJF).

Supongo que de abrirse esa negociación, los medios también impulsarían el derecho a programar libremente la propaganda política a lo largo del día y de la noche, con el propósito de volver a diferenciar tarifas y pagos según el cliente y la hora. Y quizá buscarían romper, o al menos mitigar, los controles que hoy los agobian con respecto a la equidad de la competencia, aludiendo siempre a su libertad de expresión. Tiendo a creer que los medios apostarían a la lógica del mercado libre, libérrimo incluso, defendiendo la mayoría de edad de los ciudadanos para distinguir entre opciones políticas, con independencia de los dineros que los gobiernos, los partidos o las personas inviertan en comprar propaganda.

Me doy cuenta, por otra parte, de que algunos de los líderes de opinión que encabezan la campaña por la anulación de los votos están proponiendo una agenda distinta. Dicen, por ejemplo, que pugnarán por las candidaturas independientes para contrarrestar el peso de la partidocracia. Percibo que están pensando en candidatos independientes para moderar el peso de la representación partidaria y, eventualmente, para construir nuevas opciones políticas que ya no se llamarán partidos, sino movimientos de la sociedad civil (aunque se organicen políticamente, propongan programas de acción, lancen candidatos y busquen votos); y también, quizá, porque imaginan alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y hasta presidentes independientes, que serán diferentes porque ya no vendrán de los partidos políticos sino de los nuevos movimientos sociales (como Fujimori, Collor de Mello o Berlusconi, entre otros).

En esas agendas, también se ha planteado la reelección de los diputados, los senadores e incluso de los miembros de los cabildos. Confieso que no es fácil eslabonar la lógica del repudio a los partidos políticos y a todos sus candidatos, con la demanda a favor de la reelección de esos mismos políticos. Pero asumo (y comparto) que se trata de conseguir que los legisladores y los regidores le rindan cuentas a la ciudadanía y no solamente a sus líderes partidarios. Comprendo que esa propuesta quiere invitarlos a hacer carrera mediante la conquista de votos y no sólo de influencias. Pero me pregunto si, de haberse aprobado la reelección en 2007, hoy ya no habría militantes del voto nulo o si éstos estarían llamando a votar por la reelección de los candidatos. No lo creo.

Observo también que hay otras propuestas y de toda índole, por ejemplo, para disminuir el financiamiento a los partidos y para evitar que obtengan dinero del narcotráfico, aunque al mismo tiempo se pida mayor libertad para comprar propaganda; como también hay proyectos para disminuir el número de legisladores, que conviven mal con el propósito de minar el peso de las dirigencias de los partidos; o para introducir figuras como el plebiscito, la revocación del mandato o la iniciativa popular (que, por cierto, ya existen en varias legislaciones locales), para presionar por la mayor responsabilidad de los partidos políticos, a la vez que se pugna por disminuir su autoridad para tomar decisiones, etcétera.

La verdad es que el descontento no siempre se aviene con la razón. Pero ya que parece inevitable, sería muy deseable que la agenda de la siguiente reforma sea un poco menos caótica y menos llevada por los malos humores. Después de todo, el que se enoja pierde.

Profesor investigador del CIDE
10 Junio 2009 03:52:56
Las buenas conciencias electorales
Estamos enojados con la clase política que nos gobierna. Estamos ofendidos, pues no sólo han sido incapaces de entender y resolver los problemas principales del país, sino que se han repartido dinero a manos llenas y, con una frecuencia vergonzante, han asumido actitudes tan irresponsables como deleznables en el ejercicio de sus atribuciones. A veces dan ganas de arrojarles zapatos en sus conferencias. Dan ganas de echarles a perder su fiesta electoral: de lograr que cada voto se vuelva una mentada y darles la espalda colectiva.

Pero me pregunto si, más allá de ese estallido adolescente y furibundo, tiene algún sentido democrático la campaña desplegada a favor del voto nulo. Si vale la pena convocar a no elegir, porque nadie se merece nada: ningún partido, ningún candidato, ningún político, pues según esa campaña todos son exactamente iguales. Y nosotros, sin ninguna duda (añadiría ese movimiento, entre líneas), somos moralmente mejores. Tanto, que hemos decidido defender la democracia convocando al voto, pero sin partidos, sin candidatos, sin políticos. Una democracia ideal, incluso idílica, en la que solamente habría una sociedad civil articulada, sin diferencias, idéntica a sí misma y muy participativa. Lo malo de la democracia es que hay partidos; lo malo de las elecciones es que hay que elegir entre ellos.

De otro lado, veo que el alcance y el tono desplegado alrededor de esta campaña complace mucho a quienes se han opuesto, de manera obstinada y sistemática, al régimen de partidos que arrojó la transición y al modelo de competencia política que generó la última reforma electoral. Es cierto que tampoco son un coro griego y que entre ellos también hay diferencias (a despecho de su situación en el terreno de la sociedad civil). Pero las televisoras no le han hecho malos ojos a la idea de poner el pie a los partidos, con la esperanza de que sus tropiezos les devuelvan el dinero y la influencia política que les arrebataron en 2007. Mientras más agravios haya en contra de la democracia partidaria, mientras más fracasos se acumulen en su desempeño, mejores noticias habrá para los poderes fácticos. Es una ecuación muy simple. Y más todavía cuando el movimiento que llama a boicotear las elecciones y vulnerar al sistema de partidos no nació (como de hecho ha sucedido antes) entre las filas del EZLN o del EPR o incluso de López Obrador, sino de las buenas conciencias de nuestra clase media acomodada.

Y por lo demás, no sólo hay datos que nos dicen, obstinadamente, que la mayoría de los electores sigue teniendo preferencias claras por algún partido (apenas ayer este diario nos decía que cerca de 75% de los electores ya decidió a quién le otorgará su voto), sino que además el sistema legal electoral no registrará las distintas modalidades de anulación del voto que han previsto los airados promotores de esta convocatoria. Lo mismo dará tachar toda la boleta que escribir una mentada, que votar por doña Esperanza Marchita o poner una leyenda que diga: Así no. Todos esos votos serán nulos por igual y así se consignarán en las actas posteriores.

Peor aún: mientras más votos nulos haya, mayor será la votación total emitida. Y es este dato (todos los votos emitidos, sin excepción) el que sirve para calcular el porcentaje que deben obtener los partidos emergentes que quieren quedarse en la contienda. Una vez calculado ese dato, si algún partido no logra el 2% mínimo para conservar su registro, todos sus votos y todos los nulos se restarán, así nomás, para establecer la llamada votación nacional emitida, a partir de la cual se reparten las curules de representación proporcional. Dicho de otro modo: mientras más votos nulos haya, mejor será para los partidos grandes. Aumenta su probabilidad de quitarse competidores y, al mismo tiempo, de obtener un mayor número de asientos en la Cámara de Diputados.

Los militantes de la anulación del voto nos han dicho, una y otra vez, que solamente quieren expresar su incomodidad con la situación en la que estamos. Que no quieren contradecir la democracia. Y no sólo han logrado que durante varios días su propuesta haya sido motivo de debate (con lo cual ya ganaron lo fundamental), sino que probablemente las elecciones de 2009 serán recordadas luego por esta campaña, en particular. Haiga sido como haiga sido, su indignación ya tuvo efecto y puede ser que, a la postre, tenga aún más éxito.

Por mi parte, me gustaría mucho que fueran menos optimistas y menos complacientes con su posición. Y me encantaría que, después de este movimiento, enarbolaran otro a favor de la rendición de cuentas de los poderosos hacia los ciudadanos y del rescate de los espacios públicos que las oligarquías, los oligopolios y las buenas conciencias que los acompañan nos han arrebatado.

Profesor investigador del CIDE

03 Junio 2009 03:26:59
Jerarquía mata federalismo
Es muy probable que la decisión no sólo haya sido acertada sino que además haya sido indispensable: algo que debía hacerse y punto. Es posible que no cupiera ninguna duda sobre la culpabilidad de los arraigados, ni tampoco sobre la necesidad imperiosa de actuar de inmediato para desmantelar las redes a las que esos funcionarios corruptos, según se dice, estaban obedeciendo. Tal vez fue también una decisión valiente y audaz. Y, sin embargo, la forma en que se llevó a cabo no acaba de convencerme.

Conste que me rindo antes de dar guerra: no tengo nada que alegar sobre la importancia de impedir, a toda costa, que el crimen organizado influya sobre las decisiones de las autoridades municipales. El principio me parece impecable y creo, siguiendo el argumento ya presentado por María Amparo Casar, que es inútil aplaudir o descalificar esta decisión del gobierno a partir de sus intenciones políticas. Tampoco me opongo al propósito explícito de romper las complicidades establecidas entre los gobiernos locales y los cárteles criminales, ni al mensaje implícito que esta operación emite al resto de los gobiernos municipales. Creo que nadie sensato podría oponerse al objetivo de apresar a cualquier funcionario que se asocie o favorezca a los criminales.

Sin embargo, no sólo me produce desasosiego pensar que cualquier autoridad local pueda ser secuestrada, casi literalmente, por las bandas del crimen que cada día parecen más violentas y poderosas, sino el hecho mismo de estar viviendo en la duda y la zozobra. Tal como han sucedido las cosas, de repente un puñado de funcionarios puede caer en manos de la Policía Ministerial Federal bajo la sospecha de mantener vínculos con el narcotráfico, sin más trámite que el uso de la fuerza ni más argumento que el de la autoridad concedida al Ministerio Público. En una sola noche, 10 alcaldes electos por el voto popular pueden ser detenidos al mismo tiempo, sin que medie ningún protocolo ni intercambio alguno de información con el gobernador del estado ni, por supuesto, con la sociedad. Bastan los datos reunidos y custodiados por la PGR, para que las autoridades locales vayan directamente a la cárcel.

Creyente de las bondades del federalismo y de la fuerza social que puede producir la vida municipal, este episodio me ha dejado un pésimo sabor de boca. Como ciudadano común y corriente, debo asumir que la PGR está actuando con tanta eficacia como honestidad; que sus métodos de investigación están funcionando perfectamente, que son imparciales, y que no hay nada ni nadie que haya influido en la selección de los funcionarios y de los municipios que finalmente fueron defenestrados. No tengo ninguna razón objetiva para creer lo contrario. Pero de momento estoy obligado a creer, pues no tengo más información ni mejores elementos de juicio para darme una opinión razonada que la jerarquía y el recuento de facultades de la PGR. Ante el dilema, me están pidiendo que tenga fe en la autoridad federal, que desconfíe del gobierno estatal (pues no podía ser informado antes) y que afirme la complicidad de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque estamos en guerra contra el crimen organizado y porque todo lo anterior se deriva de la información clasificada que está en manos de la PGR.

Supongo que, con el paso de los días, tendremos mejores elementos de juicio para sentirnos más cómodos con las decisiones tomadas y para afirmar que no se trató de un ejercicio de autoridad sin sustento. Pero preocupa que en esta guerra no sólo haya tan pocos paladines y tan pocos aliados, sino que los primeros vayan reuniendo cada vez más poder en sus manos y los segundos se sigan quebrando. Hasta donde tengo leído, los poderes que no tienen contrapesos pueden volverse muy peligrosos. Y todavía no encuentro ninguna razón para estar absolutamente seguro de la perfección de los procedimientos, del personal y de las conclusiones que va ofreciendo la PGR. Quiero creer en ella y quiero pensar que todas sus decisiones son acertadas. Pero preferiría mil veces estar convencido.

Como sea, el episodio es revelador de la situación en la que estamos viviendo: cualquier autoridad puede caer en las redes del enemigo y aliarse con ellos. Pero, a juzgar por la evidencia reunida, ese riesgo es más probable a medida que se desciende en la escala jerárquica. Son más proclives los municipios y menos las autoridades del Ministerio Público federal. Pero la verdad es que tras las decisiones tomadas salen sobrando las conjeturas. Lo que todos necesitamos es información fidedigna y la mayor certeza posible en la calidad de las investigaciones que llevan a cabo nuestras autoridades. Las que vayan quedando tras la batalla.

Profesor investigador del CIDE
27 Mayo 2009 03:42:13
Las televisoras van ganando
Primero parecía una idea plausible, digna de consideración. Después se volvió parte del diagnóstico crítico sobre los problemas que complicaron la elección pasada y, más tarde, el núcleo principal de la reforma electoral de 2007. Desde entonces no han pasado ni dos años, y aquella idea ya se perdió. Se ha ido diluyendo entre el exceso de la norma, los malos cálculos presupuestales, los arreglos estratégicos a modo, los despropósitos operativos y, sobre todo, la infidelidad de las instituciones responsables de garantizarla. Las televisoras están ganando la partida y las campañas seguirán fluyendo por los viejos cauces del dinero redimido.

Al aprobar la reforma de 2007, los partidos parecían francamente convencidos del nuevo modelo de competencia electoral. Hablaron del predominio del interés público sobre los intereses de los concesionarios y debatieron con tanta convicción los argumentos de las dos televisoras, que lograron convencernos de la sinceridad de sus propósitos. Se trataba de impedir que los negocios determinaran o, al menos, que influyeran de manera decisiva en la conducta de los medios masivos de comunicación, mediante la asignación de tiempos, simpatías y apoyos públicos. Se dijo que el dinero otorgado a los partidos ya no se entregaría por carretadas a las empresas de televisión ni podría comprar sus voluntades. Se dijo que había nacido un nuevo modelo de competencia electoral, basado en la distribución equitativa de tiempos oficiales, y ajeno por completo a los intercambios de favores entre empresarios y políticos.

La reforma sirvió para observar, de paso, que los tiempos oficiales que los medios ya tenían que respetar eran más bien laxos. Cuando el IFE quiso retomar las herramientas de monitoreo de medios descubrió que Gobernación no las tenía. No existía la tecnología para saber si las estaciones de radio y televisión estaban cumpliendo con su obligación legal de transmitir la publicidad ordenada por el gobierno, ni mucho menos para verificar los horarios en los que se transmitía. Gracias al esfuerzo que hubo de llevar a cabo el IFE para montar un sistema de monitoreo eficaz, supimos que las estaciones de radio y de televisión jamás habían sido vigiladas puntualmente; que el gobierno seguía sus trasmisiones por muestreo, de manera más o menos caprichosa, y que nunca tuvo datos suficientes para afirmar con total certeza si las estaciones estaban cumpliendo sus obligaciones a cabalidad.

Pero tras la reforma, nació un nuevo interés político de los partidos para cuidar la asignación de tiempos y verificar el cumplimiento de las pautas. El IFE no sólo tiene que distribuir los spots de los partidos, sino que está obligado a informarles con detalle sobre la forma en que se publican en cada una de las estaciones, pues de lo contrario se rompería el principio de equidad en la contienda y no habría modo de reparar del daño. De modo que la autoridad electoral debe ser tan eficaz en la distribución, como precisa en el monitoreo y firme en las sanciones a los concesionarios incumplidos.

No obstante, los partidos y los medios ya han encontrado otras formas de hacer negocios con los dineros de campaña y volver a la lógica política anterior. No sólo mediante los favores mutuos, políticos o financieros, que se expresan en el uso más o menos obvio de la programación abierta y, en particular de los noticiarios, para favorecer a unos e ignorar a otros, sino a través de la compra directa de publicidad siete días antes y cinco después de los informes que deben rendir todas las autoridades públicas, incluyendo a los legisladores (según el criterio establecido por el Tribunal Electoral), y de modo más reciente, mediante la llamada publicidad estática que se vende como telón de fondo de algunos espectáculos masivos, como en las finales del futbol, y que más tarde veremos también, estoy seguro, en los conciertos de las estrellas rutilantes de la televisión. Con esos dos pretextos, avalados por las autoridades electorales del país, las televisoras no sólo pueden recuperar el mercado que perdieron tras la reforma de 2007, sino que además pueden jugar abiertamente con el poder que han demostrado en el ánimo de nuestra frágil y titubeante clase política.

Al finalizar esta campaña, habrá cerca de 32 millones de spots transmitidos a través de tiempos oficiales; pero también miles de minutos comprados, como antes, con el argumento de los informes oficiales y de la publicidad estática. Y muchos más, inconfesables pero evidentes, transmitidos a través de abundantes comentarios, editoriales y notas a lo largo de la programación normal de las televisoras. Y todo eso será pagado peso a peso, como antes. De modo que hoy tenemos el peor de los dos mundos y una reforma fracasada, cuando todavía no acababa de nacer.
20 Mayo 2009 03:26:13
La otra crisis
Estamos sobrados de diagnósticos, pero nos faltan soluciones. Quizá porque nos ha gustado la grandilocuencia y porque estamos habituados a los grandes proyectos nacionales, no estamos otorgando importancia suficiente a las pequeñas decisiones cotidianas que van formando eso que, a falta de otro nombre, llamamos el espíritu de la nación. O mejor dicho, la falta de espíritu, de coraje y de sentido.

Algunos políticos creen sinceramente (de verdad lo creen) que se trata de un problema de imagen y discurso. Se preocupan mucho por lo que dirán mañana y les encanta verse en las noticias, ya sea para alegrarse o enfadarse. Entienden la política como un juego de espejos y declaraciones, tan interminable como carente de objetivo y densidad. La política ligera, frívola, barata. Por eso importa menos lo que haya dicho Miguel de la Madrid —pues en el fondo no dijo nada nuevo ni nada que no hayamos sabido antes— cuanto el haberlo dicho. No es tan relevante saber si tras los negocios turbios que relata Carlos Ahumada hay más fantasía que verdad, o viceversa, cuanto seguir la trama de alianzas y de enredos, aderezada con las declaraciones que se publican cada día. Pero las aclaraciones posteriores son todavía más frívolas; el ex presidente que propone su propia descalificación: “Créanme, no deben creerme”; y el empresario corrompido que discute la falta de moralidad en la conducta ajena: “Créanme, soy tan mentiroso como ellos”. Toca el turno de Madrazo, que suele llegar muy tarde.

Sin embargo, nada de esto es nuevo. Pero mientras más graves son las dificultades del país (¿qué más nos falta?), más triste, más irresponsable y más pobre es la actuación de nuestra clase política. La profundidad de las crisis que está viviendo México parece equivalente a la ligereza de la mayor parte de los políticos. Pero su propósito parece ser limpiar su imagen, salir en la televisión y culpar a todos los demás, mientras insisten en que sus pequeñas soluciones arregladas por consenso deben leerse como grandes cambios, a pesar de que los verdaderos problemas del país, sin excepción, siguen creciendo: el desempleo, la inseguridad, la impunidad, la desigualdad y la pobreza.

Nos dicen que la sociedad civil no es mejor; que los políticos son una muestra representativa de la sociedad en su conjunto; que tenemos el gobierno, los partidos y los legisladores que nos merecemos. Y seguramente es cierto. Pero como argumento para salir de una crisis de ética política es inaceptable. Sería como decir que, ya que todos somos inmorales y corruptos, los gobernantes también han de serlo; que un gobernante confiable y capaz de producir confianza sería, en cambio, una anomalía.

Lo peor es que tampoco tenemos referencias válidas. Si se mira hacia adelante, nos encontramos con las campañas vacuas que están ahora mismo en curso, incapaces de producir un horizonte de entusiasmo y esperanza democrática. De hecho, son campañas amarradas al pasado y a la necedad de la polarización política. Volvimos a 2006, pero como parodia: sin el nervio y la veracidad de esa contienda.

Y si se mira hacia atrás, hay que hacerlo de manera profiláctica; tal como se están conmemorando ya los aniversarios de la Independencia y la Revolución. Esos dos momentos que produjeron, cada uno por razones diferentes, el cambio de la clase política de México. Aniversarios peligrosos, pues nos recordarán que aquellas élites cansadas y repetitivas tampoco lograron comprender la profundidad de los problemas que los desafiaban ni pudieron afrontarlos con sentido ético. Como si fuera agua, el país se les fue colando entre los dedos. Y mientras eso sucedía, ellos seguían peleando por sus pequeñas posiciones de poder.

La sensación de deterioro que se está implantando en México no es consecuencia de los problemas políticos que vienen de la elección pasada, ni de la crisis económica que nació fuera del país, ni de la inseguridad o de la impunidad que se refuerzan mutuamente, ni del virus de la influenza. Más bien es al revés: todo eso se presenta como causa, según las circunstancias y los discursos políticos del día, porque no acabamos de encontrarle salida a los problemas. Sin respuestas disponibles, nuestra clase política huye todo el tiempo hacia el futuro: a la siguiente campaña, al candidato que ya viene, a la ley que se está haciendo, al próximo sexenio. A lo que sea, con tal de evadir este presente horrible.

Nos está faltando mucha estatura ética. Nuestra clase política cree que es poderosa, pero va perdiendo el respeto, la credibilidad y la confianza cada día. Y no se puede mandar sobre lo que ya no existe. Pero no se enteran si no sale en el periódico, si no está su nombre mencionado, si no amenaza una tormenta escandalosa.

Profesor investigador del CIDE
13 Mayo 2009 03:34:49
Lecciones del federalismo
Mientras la zona metropolitana de la ciudad de México se muestra ansiosa por volver cuanto antes a las rutinas, el virus que nos ha vuelto locos corre erráticamente hacia otras entidades de la República para mostrarnos, sin compasión, las debilidades de nuestro federalismo. Cuando llega, cada gobierno estatal va tomando decisiones diferentes sobre la marcha y los municipios, una vez más, parecen ajenos a la emergencia.

Por fortuna, todo parece indicar que el famosísimo AH1N1 no es tan letal como se temía. Es peligroso, pero no mata a quienes se atienden a tiempo. Gracias a ese rasgo del virus y a la eficacia de la comunicación inicial, los defectos de la información y de la coordinación entre niveles de gobierno se han visto diluidos como cosa menor: problemas de cocina, que no han minado el éxito de la operación sanitaria en su conjunto. No obstante, dicen los que saben que el virus no sólo es muy contagioso, sino que todavía no está controlado y que puede volver pronto, con más fuerza. De modo que es indispensable sacar lecciones urgentes de todo esto y actuar en consecuencia,

Por lo pronto, apenas el sábado 9 de mayo EL UNIVERSAL nos informaba que seis estados de la República estaban atravesando por un incremento notable de contagios del virus y que los gobiernos de Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y Jalisco habían decidido suspender todas las actividades sociales, incluyendo el regreso a clases en todos los niveles educativos, hasta el 18 de mayo. Los datos presentados por esos gobiernos no coincidían o no habían sido confirmados por la Secretaría de Salud federal. Pero, de todos modos, las decisiones ya se estaban tomando. En cambio, en Chihuahua y en Michoacán decidieron acompañar la estrategia y los calendarios fijados por el gobierno de la República.

Tal como sucedió entre el 24 y el 30 de abril, cuando la información pública era todavía insuficiente y los gobiernos no acababan de ponerse de acuerdo con las cifras que nos decían, este fin de semana volvimos a observar diferencias notables entre los estados y la Federación. El resultado es que mientras unos estamos regresando a la vida normal (o algo así), otros están comenzando o prolongando el asueto forzado y restringiendo mucho más el contacto social. Así que no sólo tenemos un problema evidente de información, sino de lecturas, razones y atribuciones para tomar decisiones, a partir de los datos que se presentan.

Yo me pregunto, con sinceridad, si esas decisiones cruzadas tienen algún sentido favorable para la salud pública. Según la OMS, una vez que el virus se ha esparcido fuera de las zonas donde se observan los primeros contagios, es ya inútil cerrar fronteras e impedir el tránsito humano. Lo que debe hacerse es detectar, aislar y atender de manera oportuna a los individuos que presenten síntomas de contagio y, desde luego, seguir los protocolos de higiene para evitar la multiplicación de los casos. Pero no tiene sentido que una ciudad entera cierre sus puertas, mientras la otra las abre. Y mucho menos, cuando no se trata del lugar donde se ha originado un contagio potencialmente epidémico.

Si no hay razones profilácticas para tomar esas decisiones, ¿entonces para qué se tomaron? Quizá obedezcan, más bien, a la capacidad limitada de los gobiernos locales para responder ante la emergencia; es probable que se estén obsequiando una semana más para preparar con mayor eficiencia la vuelta a las actividades normales, aun a costa de la tranquilidad y la economía de esas entidades. O peor aún, que lo hagan para ganar notoriedad pública (para añadir su granito de arena a la salvación de la humanidad), mientras el resto del país vuelve a la actividad cotidiana. Pero si me equivoco de plano y en verdad lo están haciendo para salvar vidas, entonces quiere decir que esos gobiernos locales tienen información que no se compadece de la que ha divulgado la Secretaría de Salud. Cosa que sería mucho más grave.

Sin tener evidencia para estar seguro de las razones que han llevado a este desconcierto, observo sin embargo que en otras entidades la lógica fue muy diferente: consistió en hacer casi nada, de plano, mientras no hubiera datos definitivos sobre el contagio local o sobre el número de muertes provocadas por este virus. De modo que tiendo a creer que tras esas diferencias hay pocos datos y mucha intuición; que no hay información compartida, sino olfato local y pragmatismo político. Lo malo es que esas decisiones locales hoy ya son noticias globales. Y ya bastante daño les ha causado esta enfermedad al país y a los mexicanos, como para echarle más leña al fuego.

Profesor investigador del CIDE

06 Mayo 2009 03:03:24
La ley es de quien la trabaja
El jueves 30 de abril, el senador Ricardo Monreal estalló en la tribuna, agobiado por el número de dictámenes que debía votar sin haber tenido tiempo para estudiarlos. Según sus cuentas, en apenas dos sesiones (el 23 y el 28 de abril) se habían modificado 225 artículos de 38 leyes vigentes; se habían aprobado 73 artículos de una nueva Ley General, y se habían reformado nueve artículos de la Constitución General. Ese mismo jueves había, además, otras 12 reformas enviadas desde la Cámara de Diputados esperando turno en la Cámara Alta. Una verdadera cascada legislativa.

A puerta cerrada y en medio de la crisis sanitaria que vivió México, la 60 Legislatura decidió aprobar una larga lista de reformas constitucionales y legales, antes de clausurar su último periodo de sesiones. Estando en asueto obligado, los datos del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria del Congreso de la Unión se detienen precisamente el día 23 de abril y, por esa razón, todavía no podemos comparar con certeza la magnitud de los cambios votados ni, mucho menos, evaluar su trascendencia social. Pero sí sabemos que los legisladores querían aprobar muchas leyes antes de irse a su casa.

Pensando de buena fe, podría decirse que los miembros de la Legislatura que concluirá el próximo mes de agosto quisieron sacar adelante muchas reformas, para que las estadísticas del Congreso (cuando estén puestas al día) revelen que se trató de una Legislatura muy productiva. Es decir, de una que modificó la Constitución muchas veces y cambió muchas leyes. De eso están hablando ya, muy orgullosamente, varios de los integrantes de nuestro Legislativo: de su capacidad para reformar muchas cosas al mismo tiempo, en una suerte de competencia febril entre fracciones parlamentarias.

Sin embargo, casi nadie sabe a qué criterios respondieron las reformas de esta cascada legislativa, qué nuevos derechos y obligaciones inventaron nuestros legisladores para justificar sus salarios, a quién favorecen o perjudican con sus reformas, ni por qué razones lo hicieron. No hubo tiempo de explicar nada de eso, ni siquiera entre ellos mismos. Se trataba de legislar mucho y muy rápido, aprobándose unos a otros sus proyectos y sus minutas, y no de estar dando explicaciones morosas.

Es probable que se feliciten por mucho tiempo, como ya lo están haciendo sus líderes, por la capacidad política que demostraron para ponerse de acuerdo durante las últimas sesiones en que habrán de estar juntos. De hecho se veían muy contentos. Pero legislar es algo mucho más importante que intercambiar favores y simpatías mutuas. Tras los acuerdos parlamentarios puede haber compromisos plausibles, pero también arreglos muy lamentables. La 60 Legislatura ya ha dado varias pruebas de los daños que pueden causarse al país cuando se privilegian los intereses de los grupos parlamentarios por encima de todo. Y en esta ocasión, fue evidente que se pusieron de acuerdo para no entorpecer la aprobación inmediata de los proyectos que se iban poniendo sobre la mesa.

Como si el estado de derecho fuera su patrimonio y los mexicanos estuviéramos solamente para ser gobernados, protegidos y dirigidos por nuestros líderes, la 60 Legislatura consideró innecesario dar cuenta pública de las reformas que ha producido al sistema legal del país. Ya nos enteraremos. Pero de momento, instalados en la oscuridad, quizá se dirá que el verdadero trabajo legislativo es el que se realiza en las comisiones y no en el pleno; que éste solamente sirve como caja de resonancia pública, como ventana mediática y como trámite para aprobar o desechar las iniciativas, y se insistirá, por lo tanto, en que lo ocurrido entre el 23 y el 30 de abril es lo mejor que le pudo suceder al país. ¿No queríamos un Legislativo que hiciera leyes? Pues ahí las tenemos.

Los grupos parlamentarios y los legisladores seleccionaron a sus clientelas, hablaron con ellas, trabajaron en comisiones las reformas que consideraron más pertinentes, y aceptaron o rechazaron criterios y argumentos para cambiar las leyes a modo de sus intereses políticos. Luego se pusieron de acuerdo y votaron por reciprocidad, por disciplina o por conveniencia. Y hoy, es muy posible que los allegados estén celebrando los cambios logrados. Pero todos los demás hemos estado ajenos a ese proceso, porque los diputados y los senadores no se tomaron la molestia de ofrecernos explicaciones, ni tuvieron tiempo de debatir sus reformas a la luz del día, y de cara a la sociedad.

Que cada quien aplauda su ley y celebre, en privado, la reforma que haya logrado. Ya habrá tiempo después para revisar el despropósito del conjunto. Al fin que la 60 Legislatura ya está de salida.

Profesor investigador del CIDE

29 Abril 2009 03:10:36
La salida de la emergencia
Mientras escribo estas notas, todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que debería suceder para saber que finalmente estamos a salvo de la epidemia. Hasta el martes 28 por la mañana, aún no había encontrado una respuesta precisa a esa pregunta. ¿Qué datos tendrían que reunirse para saber con exactitud que la emergencia ya concluyó y que podemos volver confiados a nuestras actividades normales?

Es obvio que el gobierno aprovechó la cercanía del puente del 1 de mayo para alargar el periodo de asueto del 27 de abril hasta el 6 de mayo, y disminuir así las posibilidades de contagio entre la población escolar y entre los adultos. También lo hizo para divulgar la gravedad de la situación y su propio sentido de responsabilidad. Y en mi opinión, ha estado tomando decisiones acertadas y también oportunas.

No comparto la crítica de quienes dicen que el gobierno se tardó demasiado en declarar la emergencia. Creo que es una afirmación muy ligera, pues informar oficialmente sobre la existencia de una epidemia no es una decisión fácil bajo ninguna circunstancia, ni podría haberse tomado sin tener la más absoluta certeza de que realmente había una amenaza creíble a la salud pública. Creo que el secretario José Ángel Córdova nos dijo la verdad y que no fue sino hasta la tarde del 23 de abril cuando tuvo en sus manos la información exacta sobre la gravedad del virus que estaba atacando al DF. Y a partir de esa noche, creo también que el secretario Córdova se ha desempeñado muy bien en la conducción de la crisis. Por su parte, Marcelo Ebrard se desenvuelve estupendamente en las crisis: desde que lo recuerdo, sus mejores momentos públicos están asociados a la madurez que transmite cada vez que enfrenta problemas graves. Y esta vez tampoco ha sido excepción. Hasta ahí, todo muy bien.

Mi preocupación atañe al momento que sigue. Como en otros casos de política pública (comenzando con el tema de la seguridad), el gobierno ha tomado las decisiones correctas para entrar a la crisis, pero no está siendo eficaz para decirnos en dónde está la salida. El gobierno nos está contando las decisiones que va tomando sobre la marcha y nos está ofreciendo los números generales que va recabando, pero todavía no nos dice cuál es la salida del túnel.

El manual de las políticas públicas dice que un gobierno no debe actuar solamente para paliar los efectos visibles de una situación emergente. Lo que importa es atacar las causas que provocaron el daño, tras definirlas con precisión. Y con mayor razón todavía, cuando la gente está esperando respuestas exactas para volver a la calma. ¿Qué debe suceder hacia el 6 de mayo (o después de esa fecha) para saber que la emergencia ya concluyó, y que podemos volver a nuestras rutinas? ¿Acaso que se haya generado una vacuna eficaz y que esa vacuna haya sido distribuida entre toda la población? ¿O bien que el número de enfermos se haya estabilizado y esté controlado por el sistema de salud oficial? ¿O que se hayan producido y entregado los medicamentos que atacan con eficacia al virus? ¿Cuál es el dato, la cifra exacta, el corte de información que nos permitirá respirar aliviados?

Quizá nunca había sido tan importante como ahora precisar la información pública y aclarar el objetivo que perseguimos. Saber que todo lo que estamos haciendo tiene un propósito definido y conocer con exactitud el punto de llegada de todas estas medidas. De hecho, sería muy buena noticia que cuando este artículo viera la luz pública, mañana temprano, ya tengamos la información completa sobre las condiciones que deben reunirse para asegurar que el próximo 6 de mayo podemos volver tranquilos a la vida de siempre.

Cierro este artículo con una aclaración técnica sobre los datos que manejé el miércoles anterior, acerca de la pobreza rural. Citando fuentes oficiales, exageré involuntariamente. Tomé los datos del número de personas pobres que viven en el campo mexicano de un documento publicado por Sedesol, que remite a su vez a la información producida por INEGI y por Coneval. El punto es que INEGI calcula la frontera de lo rural a partir de 2 mil 500 habitantes, mientras que CONEVAL lo hace a partir de 15 mil, cosa que no establecía el documento citado. Como sea, al comparar ambas cifras produje un porcentaje incorrecto. Los datos absolutos sobre el número de pobres eran ciertos: 23 millones 828 mil, pero situados en localidades con menos de 15 mil habitantes, donde viven 38 millones 407 mil personas, equivalen a 62% de la población. En cambio, aunque puedo asegurar que son muchos más, no puedo decir exactamente cuál es el porcentaje de pobres en las comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes porque, al menos oficialmente, no lo sabemos. Mala cosa.

Profesor investigador del CIDE

22 Abril 2009 03:44:57
El campo lo aguanta todo
Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de que los campesinos mexicanos son pobres, que esa convicción no sólo se ha vuelto parte del paisaje habitual y de nuestra cultura política, sino que también la hemos convertido en una profecía autocumplida. Y es que, a pesar de todos los cambios políticos y económicos vividos en México durante los últimos 21 años (de 1988 a la fecha), en ese territorio rural del país la historia se ha congelado.

Veo los datos oficiales de la Sedesol (compilados en los objetivos estratégicos de desarrollo social 2007-2012) y un escalofrío me recorre la espalda. Según el último conteo de población y vivienda, en 2005 había 24 millones 276 mil personas viviendo en el campo mexicano (en 184 mil 748 comunidades menores de 2 mil 500 habitantes), y más de 90% eran pobres. La cifra puntual que nos da el Coneval para ese mismo año, tomando como referencia los datos de las encuestas de ingreso y gasto de los hogares, es de un total de 23 millones 828 mil pobres. Lo voy a decir de otro modo: en ese año, solamente 447 mil 898 personas residentes en el campo mexicano no eran pobres. Todas las demás, sí.

Esas personas no estaban en “situación de pobreza”, como les gusta decir a los especialistas para sugerir que las cosas pueden cambiar repentinamente, sino que vivían condenadas por un sistema que las perpetuaba en la marginación. Detrás de esa afirmación está toda la historia de México, incluyendo las causas de los movimientos que conmemoraremos en 2010. Pero no sobra decir que si en 1992 había, en el campo mexicano, 8 millones 317 mil hogares con medios insuficientes para sufragar sus necesidades básicas, en 2005 esa cifra ya se había incrementado a 10 millones 35 mil. Una cuarta parte de nuestra población vive atada a comunidades dispersas, marginadas y pobres, sin alternativa visible.

De ahí que muchas de esas personas se hayan movido hacia las grandes ciudades, y que nuestro siglo XXI haya amanecido con 55 zonas de aglomeración metropolitana, donde hoy viven tres cuartas partes de los habitantes de México. Es ahí donde ocurre la historia, donde se toman las decisiones y se discuten las opiniones, donde se conquistan los votos y donde se producen las políticas públicas. Y para olvido y desgracia de quienes se van quedando en el campo, es también en esas ciudades donde se agolpa la mayoría de los pobres: 25 millones 66 mil pobres hacinados en las zonas urbanas, que equivalen a la tercera parte de la población total de nuestras ciudades, que ascendía en 2005 (para seguir en la fecha elegida) a casi 79 millones de almas.

De ahí que hasta la esperanza de recibir algún apoyo oficial sea menor en el campo que en las ciudades, o incluso la expectativa de tener acceso a la pavimentación de una calle, a un drenaje para conducir aguas negras o acceso al agua potable. Dada la escasez de recursos y el predominio de la racionalidad económica (y electoral), la mayor parte del gasto público se dirige hacia donde está el mayor número de personas. De modo que la lucha contra la pobreza urbana, paradójicamente, se ha convertido en un medio para diferenciar a los pobres y, a la vez, en un incentivo para incrementar la presión migratoria sobre las grandes ciudades. En los grandes números, ya hay más pobres aglomerados en las metrópolis que los que están dispersos en las pequeñas comunidades. Y es más sencillo y más eficiente hacerles llegar recursos a los primeros.

Y la misma lógica ha seguido la pluralidad y la democracia. No sólo porque todavía existen al menos 418 municipios (de 2 mil 440) que se gobiernan por usos y costumbres y porque los cacicazgos locales están muy lejos de pertenecer al pasado, sino porque (como lo han probado los excelentes estudios de Rafael Aranda) el régimen democrático del país ha transitado mucho más por las carreteras pavimentadas, los restoranes y los mejores hoteles de México, que por los caminos de tierra y las casas sin baño. El campo mexicano tampoco ha participado de la mudanza política, ni sus autoridades o su lógica de poder clientelar han cambiado gran cosa desde mediados del siglo XX… o del XIX.

Tampoco es una amenaza, ni un peligro para México, sino una de las grandes anclas de la estabilidad política. Es verdad que algunos programas oficiales ofrecen recursos al campo (Oportunidades, Procampo, Microrregiones y muchos otros originados en los estados y en los municipios más pobres) y así logran mantener el statu quo. Y nadie se queja demasiado, ni es un tema principal de las elecciones, pues la historia camina por otros lados. Es la historia de las ciudades, hecha y publicada en las zonas urbanas. El campo, en cambio, no tiene historia. Y lo aguanta todo.

Profesor investigador del CIDE

15 Abril 2009 03:59:55
Los más poderosos del sistema
Como sostiene la propaganda divulgada por el IFE, los diputados federales son muy importantes. No sólo aprueban reformas constitucionales, leyes y presupuestos federales (o designan a los consejeros del IFE), sino que influyen en el diseño y en la implementación de las políticas; son responsables de la fiscalización de todos los dineros públicos; y pueden juzgar y sancionar a los funcionarios de mayor nivel de los tres poderes de la Unión, con excepción del presidente de la República.

Según nuestra Constitución, los diputados federales son los representantes de la nación. Y junto con los senadores, pueden hacerlo casi todo. No hay materia en la que no puedan entrar, ni asunto público que no les competa de algún modo. Basta una mirada a los artículos constitucionales que facultan al Congreso de la Unión (y no sólo el artículo 73) para observar que no hay ningún rincón de la República que los diputados federales no puedan conocer o en el que no puedan influir. En estricto rigor jurídico, el Poder Legislativo es el más poderoso de los tres, pues es el único que puede fijar las reglas, cambiarlas, entregar los medios para hacerlas cumplir y juzgar el desempeño de los otros. Ni el Ejecutivo ni el Judicial tienen ámbitos de actuación, a un tiempo, tan protegidos y tan amplios.

No obstante, nuestros diputados federales llegan a la cámara que los reúne gracias al monopolio de la representación política que ejercen los partidos. De modo que, aunque las normas digan que cada uno de ellos representa a la nación, nuestro sistema electoral determina que en realidad responden por las banderías que los identifican. Como sucedió en su momento con los presidentes del antiguo régimen, nuestros diputados pueden ser tan fuertes como esclavos sean de sus lealtades partidarias. Mientras más se entregan a las líneas de sus dirigencias y de sus clientelas, más oportunidades tienen de influir en las decisiones tomadas por las cámaras.

Por otra parte, es bien sabido que los diputados que mayor peso tienen en las decisiones colectivas no compiten por su plaza. O por lo menos, que no suelen postularse para competir con otros candidatos en igualdad de circunstancias y en cada distrito. Los más influyentes en realidad obtienen su curul al ser incluidos entre los primeros lugares de las listas de candidatos por representación proporcional que integran los partidos. A decir verdad, esos representantes no son electos por sus méritos, sino por su filiación y sus lealtades. De hecho, no llegan a la cámara por representar al pueblo, sino por trabajar con sus partidos.

Y de ahí también que los medios que la Cámara de Diputados tiene para rendir cuentas a los ciudadanos sean más bien lábiles, discursivos, incompletos. Que puedan hacer leyes o dejar de hacerlas, en un sentido o en otro, con promesas o plazos constitucionales fijos, sin más argumento que el acuerdo político posible. Nadie les exige nada, porque no hay medios para hacerlo. Protegidos por el régimen, los diputados pueden incluso darse el lujo de pasar de largo los tres años, sin haber aportado nada sustantivo: pueden asistir a las comisiones, sentarse en los plenos, votar de vez en cuando y guardar silencio por tres años. No recibirán ningún reproche, mientras mantengan la disciplina necesaria.

Algunos analistas han insistido en que la reelección de los legisladores podría ayudar a fortalecer los vínculos entre los diputados y los electores. Pero la verdad es que, dada la forma en que los primeros llegan a sus puestos, la mayoría no tendría razones para tratar de rendirle mejores cuentas a la gente que a sus dirigencias; o no al menos, hasta el punto de perder el respaldo del partido que les ofreció una candidatura, que les garantizó su acceso a una curul y de cuya simpatía depende el éxito o el fracaso de su gestión en el seno de la cámara y su carrera.

Así pues, tiene razón el IFE: los diputados federales son muy importantes. Pero no para los ciudadanos de modo individual y directo, sino para dirimir la fuerza que tendrá cada partido en las decisiones legislativas. Sin engaños, el voto del 5 de julio no será para elegir a nuestros representantes por distrito (aunque también se trate de eso), sino para decidir qué partido ganará más peso en la próxima Cámara de Diputados y, en consecuencia, de qué manera se usará y se negociará el poder enorme que tiene ese órgano del Estado mexicano. La decisión ya tiene avances muy considerables, pero todavía no está resuelta.

Profesor investigador del CIDE

08 Abril 2009 03:19:07
El futuro es puro cálculo
No es una promesa, un ideal común, un sueño, ni nada que no pueda medirse con la mayor exactitud posible. En la visión y la práctica política de nuestros días, cualquier interpretación que escape a la lógica de los cálculos merece ser desechada. He aquí la parte lamentable de la democracia actual: que la teoría de los grandes números se impone cada día sobre cualquier otra forma de concebir nuestro futuro.

Sin embargo, hay quienes sostienen que no debe culparse a la democracia; que acaso ni siquiera pueda achacársele ninguna responsabilidad, pues las causas de esa nueva visión del mundo estarían más bien en el agotamiento de la época moderna, plagada de proyectos tan grandilocuentes como fracasados. Que la democracia de nuestros días ni siquiera respondería ya por los reclamos que algún día le formuló Norberto Bobbio, al haber incumplido sus promesas de mitad del siglo XX. Que en la era posmoderna que vivimos, cuyos signos son el individualismo, la tecnología global, la búsqueda de la eficiencia, la frugalidad y la limpieza, y también el egoísmo más feroz, la democracia ha de servir acaso para decidir a quién le toca atender las cosas de intendencia, pero de ninguna manera para establecer proyectos o destinos que nos comprometan demasiado, ni mucho menos, para arrogarse el derecho de decidir por todos.

El problema de esta visión del mundo es que produce engendros peligrosos. Dejo a un lado los textos paganos escritos en el siglo XIX, que hablaban del deber y del honor como cosas que debían seguirse a ultranza y aun a costa de la propia vida. Esos textos eran tan inaceptables como los fanatismos religiosos que todavía convocan a la muerte, en nombre de la vida en otro sitio.

No se trata de correr al otro extremo, sino de asumir que la pura lógica del cálculo supone, ya de entrada, que cada quien sabe lo que quiere. Que cada uno tiene definidos sus propósitos y los medios que está dispuesto a emplear para obtenerlos. Afirmación que resulta tan dudosa como las campañas de publicidad y propaganda que hemos de sufrir todos los días para tratar de persuadirnos sobre las decisiones que habremos de tomar.

La falta de compromisos de largo aliento y la multiplicación de convicciones tan profundas como el grueso de la piel son una secuela previsible de esa cultura del cálculo inmediato. De modo que, aun animada por las mejores intenciones, la vida política se vuelve frívola porque no apela a la maduración de las ideas, a la morosidad de los arraigos que se vuelven parte de una vida, ni mucho menos a la secuencia de las generaciones, sino a la edición del día siguiente, al noticiario de la noche, al resultado de la encuesta que se levantará mañana, a las elecciones inmediatas. Se trata de conquistar ya, ahora mismo, lo que sigue, lo que viene, lo que se impone. Y si sale en la televisión y lo ven miles o millones de personas, mucho mejor. Aunque esas mismas personas olviden casi de inmediato lo que vieron; aunque no recuerden más que la fugacidad de una luz intermitente; aunque no sirva para nada. Lo importante es que hubo mucha gente viendo, oyendo o leyendo. ¿Entendieron, aprendieron, imaginaron, compartieron, descubrieron? ¿A quién le importa?

Hay una contradicción flagrante entre esos cálculos y el sentido de nuestra convivencia. Si los números mandan, la televisión y la internet no sólo han de imponerse sin apelación posible sobre los medios impresos más serenos y maduros, sino que también terminarán estableciendo contenidos y estándares de calidad: todo es más mediocre, más banal, más frívolo, porque así lo piden los mercados: los cálculos del día. Y en materia de política, cualquier cosa es válida cuando se trata de ganar. ¿Quién puede reprocharle al partido en el gobierno que diseñe “sopas de letras”, si gracias a ellas puede volver a competir con sus adversarios principales? Después vendrá la venganza estratégica del otro lado y así sucesivamente, hasta deshonrar nuevamente la calidad de las campañas que, según se dijo, ya no serían negras, ni saturarían al público con tonterías.

Más tarde, sin embargo, será cada vez más imposible no aceptar que también la gente fue perdiendo los ideales, los proyectos compartidos, las promesas y los sueños para calcular en cambio, con muy buenas razones, dónde podría ganar más dinero, más fácil y más rápido. ¿No tenemos buenos ciudadanos? ¿Pero a quién le importan esas bagatelas? ¿No es acaso nuestra democracia una apuesta por los grandes números?

Profesor investigador del CIDE
01 Abril 2009 03:13:07
Pequeños secretos burocráticos
¿Quién está recibiendo dineros públicos del gobierno mexicano? En rigor, la respuesta a esta pregunta debería ser simple, directa e invariablemente pública. Tendría que ofrecer no sólo la información que se refiere a los salarios de los funcionarios, sino la relativa a los recursos que esos funcionarios administran a través de los programas de subsidios gubernamentales, y que reparten dineros entre millones de personas.

Sin embargo, gracias al informe de la Auditoría Superior de la Federación —relativo al ejercicio fiscal de 2007—, nos enteramos de que la Secretaría de la Función Pública solamente “dispuso de información relacionada con los padrones de beneficiarios de 45 programas (38.5%) de los 117 que otorgan recursos federales con el carácter de subsidios”. Y supimos también que, hasta el final de ese año, carecían de CURP más de la mitad de los 113 millones de registros utilizados para identificar a los beneficiarios de esas transferencias de dineros.

En otras palabras, durante 2007 la entidad superior de fiscalización del Estado mexicano no tuvo información suficiente para verificar el destino exacto de 72 programas de subsidios gubernamentales, ni tampoco tuvo plena certidumbre sobre la identidad de cerca de 67 millones de personas que se acreditaron como receptoras de una parte de esos recursos. Y si se toma en cuenta que durante ese año se repartieron más de 414 mil millones de pesos en subsidios, se comprenderá la importancia de esas imprecisiones.

No se trata de un asunto burocrático, sino del sentido de lo público y del riesgo de que alguien se apropie irresponsablemente (tanto en el momento de la entrega como en el de la recepción) del dinero que nos pertenece a todos. No obstante, la falta de esos datos muestra que el gobierno federal no le ha concedido suficiente importancia a la gestión interna de la información, ni a la publicación franca de los padrones de beneficiarios. Le ha importado más gastar esos dineros y decirlo por todos los medios a su alcance; presentar a la sociedad muchos programas para mucha gente; redactar reglas de operación que parecen (y quizá hasta sean) muy rigurosas; y dejarse evaluar después por un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Pero no ha querido o no ha podido responder: ¿quiénes son exactamente las personas que se están beneficiando de los programas públicos y por qué razones?

No es casual que en los resultados del Índice de Calidad de Diseño de los Programas Públicos construido por Gestión Social y Cooperación, AC, con los datos de las evaluaciones externas encargadas por el Coneval sobre 104 programas de subsidios, éstos hayan obtenido una calificación general de 4.9 sobre 10 en su orientación hacia la ciudadanía, ni tampoco que los 10 programas con mayor presupuesto público hayan sido calificados apenas con 1.6 en ese mismo rubro.

La verdad es que no sabemos con exactitud quiénes están recibiendo recursos gubernamentales, ni podemos estar completamente ciertos de que esos subsidios no están siendo empleados para intercambiar favores o garantizar lealtades. Y no me refiero solamente al uso electoral, que finalmente está mediado por la conciencia y la voluntad de los electores que deciden intercambiar su voto o defenderlo, sino a algo más sutil y preocupante: al uso particular de los dineros públicos.

Lo que quiero decir es que nos hemos habituado a la idea de que el gobierno puede (y aun debe) distribuir recursos sin tener la obligación de decirnos exactamente a quiénes ni por qué. Y mi punto es que, cada vez que se entregan dineros públicos sin que el gobierno se vea obligado a informar con precisión sobre el destino y las razones por las que lo hace, convierte un derecho social en un privilegio individual. Y, al mismo tiempo, cada vez que alguien recibe recursos del erario, consciente de que no ha cubierto los requisitos exigibles, contribuye a la corrupción de la sociedad en su conjunto. Ambas cosas son inaceptables y, con el tiempo, aportan las razones que siguen después muchas otras formas de degradación social.

Ni un peso del dinero público debería permanecer oculto a nuestra vista, aun cuando a veces el gobierno tenga argumentos válidos para mantener su destino en reserva por un tiempo (como el que se usa para sufragar los gastos de seguridad). Pero de ninguna manera debería aceptarse en el caso de los subsidios gubernamentales. No hay razón alguna para esconder ese dinero.

Profesor investigador del CIDE

25 Marzo 2009 03:35:44
Decisiones equivocadas
En la vida política hay, por lo menos, dos momentos distintos: uno en el que se toman las decisiones y otro en el que se producen sus consecuencias. Por supuesto, los políticos prefieren participar en el primero que afrontar el segundo; les gusta más mostrarse como los dueños de las mejores soluciones mientras van ejerciendo el poder, que asumir la responsabilidad por los efectos posteriores de sus errores.

Pero los políticos no pueden ignorar invariablemente la secuela que producen sus decisiones, como si vivieran en una especie de presente continuo, sin pasado ni futuro probable. En algún punto, así sea llevados por la más estricta necesidad, deben mirar hacia atrás y hacerse cargo del daño que algunas de esas decisiones pudieron causar a la sociedad, del mismo modo en que reclaman la paternidad por los éxitos que han tenido. De lo contrario, la reiteración obstinada y ciega de los errores que cometieron puede convertirse en una barbaridad, literalmente hablando.

Digo todo esto, porque veo con angustia que nuestra clase política no está mirando hacia atrás y, por lo tanto, tampoco está advirtiendo lo que viene después. Todos los datos consignados en las encuestas recientes nos dicen que los ciudadanos siguen perdiendo confianza en la democracia, en el régimen de partidos, en las instituciones electorales y en el futuro de México. Véase, para comprobarlo, la encuesta más reciente de escenarios políticos de GEA-ISA (empresas a las que difícilmente se les puede acusar de oponerse al gobierno), así como el excelente análisis de María Amparo Casar, publicado el lunes pasado en el diario Reforma.

Esos datos nos dicen que los partidos están minando su propia base de sustentación y que hoy vamos, ajenos a cualquier cosa que haya sucedido ayer, a las elecciones menos confiables, con el sistema de partidos menos creíble y con la menor intención de participación electoral, desde que comenzó nuestra transición a la democracia. Desde que podemos confiar en las encuestas electorales, nunca habíamos tenido números tan lamentables.

No obstante, los partidos están repitiendo exactamente los mismos errores que cometieron ayer, e incluso los están subrayando. No sólo se nos anuncia ya la reproducción de las campañas negras que nublaron los procesos electorales de 2006, sino que ahora se añade el agravante de la acusación de complicidad con el narcotráfico, que ya utilizó el presidente del PAN para restarle votos al PRI. Si ayer López Obrador era un peligro, hoy el PRI es una amenaza.

Como si el país no hubiera pagado ya costos altísimos por esa estrategia electoral en el pasado inmediato, como si los datos que revelan las encuestas recién publicadas no fueran la consecuencia de la polarización, las disputas políticas y los desencuentros de los años recientes, y como si la situación nacional no fuera ya suficientemente grave para la consolidación de la democracia y aun para mantener la estabilidad política del país, el PAN y el gobierno han vuelto a la carga de las campañas negras, mientras sus adversarios, una vez más, están mordiendo el anzuelo.

Durante los últimos años hemos presenciado este juego interminable, de cuyos efectos nadie se quiere hacer responsable. Ni siquiera tras haber modificado la ley para evitar esos despropósitos, de los que se culpan unos a otros nuestros líderes políticos. No obstante, el uso electoral de la guerra contra el crimen organizado puede ser verdaderamente devastador para el futuro de México. La conducta anterior de nuestra clase política no fue inocua: los datos nos dicen que dañó con creces el proceso de construcción democrática. Pero lo que viene puede ser mucho peor: si la gente deja de creer en los procesos electorales y deja de confiar en las instituciones políticas, acusadas por los mismos partidos de estar integradas por cómplices de la delincuencia y del narcotráfico, ¿cómo piensan seguir gobernando el país?

Es preciso que la clase política nacional cobre conciencia del daño que está causando. La vida política no puede consistir solamente en ganar de cualquier modo las elecciones siguientes. También es necesario que el país logre resolver sus problemas fundamentales y recuperar, algún día, la esperanza que depositamos en la democracia como un régimen que podía servir para organizar el Estado, para garantizar los derechos fundamentales, para generar riqueza colectiva y para producir la igualdad social que nunca tuvimos. Estamos jugando con fuego y ya nos estamos quemando.

Profesor investigador del CIDE
18 Marzo 2009 03:22:43
Descubrir las cuentas públicas
No recuerdo otro informe anual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que haya despertado más interés mediático que el presentado el 12 de marzo ante la Cámara de Diputados. Quizá porque es el último de Arturo González de Aragón al frente de esa institución, que en diciembre cumplirá ocho años, o acaso porque es el primer informe que atañe al gobierno de Felipe Calderón los medios le prestaron más atención que nunca. Hubo primeras planas, suplementos y editoriales dedicados a ese tema. Y hasta la televisión, generalmente distraída en otras cosas, se tomó la molestia de echar un ojo.

En un país donde la rendición de cuentas no forma parte de la cultura ni de las rutinas, hay que celebrar que la prensa haya descubierto la mina informativa que publica cada año la oficina de fiscalización del gasto público. Aunque sólo fuera por curiosidad morbosa, valdría la pena saber que se practicaron 962 auditorías a la cuenta pública de 2007 y que nadie tiene más información, mayor detalle ni más certeza sobre la veracidad de lo que afirma que esa oficina responsable de verificar las cuentas de los poderes federales.

No digo que todo ciudadano bien nacido debiera sentir la obligación moral de leer los 60 volúmenes del informe completo de los auditores. Cosa muy difícil no sólo por la extensión, sino porque la ASF todavía no encuentra la forma adecuada para transmitirle sus hallazgos a la gente. Sus informes son larguísimos (problema que parece inevitable, por la naturaleza de sus contenidos), pero sobre todo son abstrusos, complejos: como para iniciados. Comprendo que en su calidad de órgano técnico de la Cámara de Diputados, la ASF debe practicar auditorías puntillosas y precisas: técnicamente irreprochables. Pero sus resultados públicos también deben ser claros, accesibles y de fácil comprensión, pues su razón de ser es decirles a los ciudadanos si los responsables de gastar el dinero público lo están haciendo bien; si lo hacen con eficiencia y eficacia, con economía, con transparencia y honestidad.

No obstante, gracias a la ASF sabemos que México todavía no tiene una verdadera política de rendición de cuentas; que las lagunas en nuestros sistemas de fiscalización le han permitido al gobierno desviar dineros derivados de subejercicios presupuestales, hacia fondos y fideicomisos que no están sujetos al control legislativo: hacer “cochinitos”, que se escapan de la vista pública. Sabemos que las transferencias de dineros federales a los estados y los municipios son opacas (para usar los términos de la ASF), y que resulta imposible saber a ciencia cierta en qué fueron usadas ni, mucho menos, evaluar sus resultados con absoluta certidumbre y objetividad.

Las auditorías de la ASF nos han alertado sobre la discrecionalidad en el manejo de los excedentes petroleros; o sobre la ligereza que ha habido en los donativos otorgados por nuestros gobiernos a sus amigos y allegados; o sobre la regulación y supervisión precarias a las concesiones, permisos, contratos y licencias con las que el Estado ha delegado a los particulares el cumplimiento de funciones.

Gracias a esos informes supimos de la urgencia de construir un sistema completo y confiable de armonización contable, que generó una nueva ley de contabilidad gubernamental, cuya puesta en marcha tomará por lo menos hasta el año 2012; y supimos de la necesidad de registrar los pasivos y las contingencias laborales, el patrimonio público, o los compromisos financieros que podrían ahogar el aliento del país. Y también sabemos, por desgracia, que la impericia o la complicidad, o ambas, han protegido a los funcionarios que han sido acusados en distintos momentos por la ASF de desviar recursos, sin que esas denuncias hayan prosperado todavía.

Estamos muy lejos de tener una política de rendición de cuentas, que subraye la responsabilidad pública asumida por los funcionarios y no sólo sus rutinas inventadas para salir del paso, contestar informes o simular la honestidad, la legalidad y el compromiso que supone un cargo público. Nos falta mucha fontanería, para limpiar y destapar nuestras tuberías dañadas y obstruidas. Pero que los medios estén tomando nota de la información que se deriva de la ASF me parece ya una magnífica noticia: un pequeño triunfo cultural sobre la negligencia y la ignorancia colectivas, que también han contribuido con creces a la prepotencia, la opacidad y la ligereza con la que se gasta el dinero público de México.

Profesor investigador del CIDE

04 Marzo 2009 04:38:17
La fe perdida
La credibilidad y la confianza son hermanas. Ambas provienen de la fe y las dos llevan a afirmar la existencia de algo que todavía no ocurre, con una certeza equivalente a la que damos a los hechos conocidos. Confiamos en alguien cuando creemos en lo que nos dice, sin albergar dudas sobre su comportamiento y sus promesas. Pero si no responde a lo esperado, perdemos la confianza.

Casi todos entendemos esa fórmula al hablar de amores o de religión: los extremos entre el descrédito y la fe. Pero en materia política no es muy diferente. Acaso no es tan cercana como los defectos que advertimos en nuestras parejas, ni tan distante como la perfección que otorgamos a la divinidad, pero las instituciones políticas y quienes las representan también deben ofrecer confianza como condición ineludible para cumplir con sus propósitos. No existe ningún texto respetable de ciencia política en el mundo, desde Cicerón y Tácito hasta nuestros días, que no afirme la necesidad de producir confianza (así sea mediante engaños y estratagemas reprobables), como una necesidad inexorable para el buen gobierno.

Y más todavía cuando se convoca al pueblo; ese conjunto de individuos con orígenes, intereses, circunstancias y propósitos tan diferentes, a unirse en una acción común. Solamente desde la más ciega de las arrogancias o desde la más profunda ingenuidad puede pensarse que ese grupo incierto responderá con gusto y responsabilidad a una convocatoria, si ha perdido la confianza en las autoridades que lo llaman y ha dejado de creer en los propósitos que se persiguen.

De ahí que preocupe tanto la secuencia de despropósitos y errores que ha ido devastando la confianza en el IFE. Lo que está detrás no es solamente el prestigio de un puñado de altos funcionarios, sino la credibilidad de la institución que convoca a la movilización de millones de mexicanos por todo el territorio del país, para hacer posible la vigencia de la democracia. Nadie más tiene sobre sus hombros esa enorme responsabilidad: convencer a la gente que participa en los comicios, que instala las casillas y que cuenta los votos, de que todo ese esfuerzo merece la pena por los valores democráticos que envuelve.

No será la obsesiva repetición de spots (hechos, por cierto, por productores que probablemente deben vivir en otro México) ni el gasto multimillonario en propaganda oficial lo que devolverá la confianza de los mexicanos en las autoridades electorales. Si éstas son vistas como correas de transmisión de los partidos, si se enfrentan entre ellas por ensanchar sus espacios de poder, si flaquean ante los poderes fácticos, si abusan de sus prerrogativas, si titubean ante el abucheo mediático, si pierden autoridad moral, no sólo lloverá sobre mojado (pues ya venimos de la ruptura de 2006), sino que no habrá manera de persuadir a tanta gente de volver a entregar su tiempo y su talento con honestidad y por convicciones democráticas.

La eficacia del IFE depende, en realidad, de los verdaderos ciudadanos. Desde los consejeros locales y distritales, hasta quienes instalan las casillas, las cuidan, las vigilan y protegen la veracidad de esos papeles que cambian de naturaleza en el momento de ponerse en una urna: dejan de ser boletas para convertirse en votos. Todo es un asunto de confianza y de credibilidad: de creer que podemos decidir con libertad y de confiar en los resultados obtenidos. ¿Pero cómo lograr eso, si las conductas de quienes tienen la responsabilidad de convencernos contradicen los valores que dicen defender? Me pregunto si todavía es posible añadir mayúsculas a la política que, de momento, se está escribiendo aún con letra muy pequeña.

Profesor investigador del CID
25 Febrero 2009 04:23:36
La derrota de los municipios
Entre las numerosas víctimas de la guerra entre la delincuencia organizada y el gobierno federal, debe contarse a los ayuntamientos del país. Como nunca antes (y este nunca incluye toda nuestra historia), los gobiernos de los municipios aparecen hoy como una de las causas principales de los problemas que enfrentamos.

El discurso dominante dice que, en buena medida, ha sido culpa de los ayuntamientos que las policías se hayan dejado corromper, y que hayan sido capturadas por los intereses de los grupos criminales. El diagnóstico del gobierno federal coloca a las fuerzas de seguridad pública municipal como cómplices o aliadas potenciales de los delincuentes, y subraya la necesidad de centralizar las decisiones.

Ese diagnóstico se robustece cada día, por la violencia desatada en contra de los alcaldes y de los responsables de la seguridad pública municipal, que parecen inermes ante la contundencia del poder que los derrota. Pero como un mal signo de los tiempos que vivimos, tras las amenazas, los atentados y los asesinatos que se cometen en contra de esos funcionarios, la conclusión inevitable es que todos ellos estaban coludidos con los delincuentes. Para los servidores públicos municipales, morir a manos de los narcos es una doble muerte: la de la vida y la de la honra, pues se asume que nadie que haya sido honesto merecería ese veredicto.

La centralización que sigue a ese diagnóstico está en curso. Ya está sucediendo en la práctica, y pronto vendrán las reformas constitucionales destinadas a quitarles a los municipios todas las facultades que aún conservan en materia de seguridad. Y tras ellas, es probable que los débiles avances que el país había logrado para fortalecer las instituciones que gobiernan en los municipios sufran regresiones similares, animadas por el argumento de la falta de capacidad, la carencia de recursos y la vulnerabilidad locales. Todas esas causas producidas, paradójicamente, por el centralismo político de México.

No hay muchos alegatos que enderezar en contra de esa lógica implacable, que ha revelado de un solo trazo las debilidades de los municipios. Empero, sería imposible imaginar siquiera la gobernabilidad de México sin ellos. Ni siquiera en la más extrema polarización de la contienda que libraron centralistas y federalistas durante el siglo XIX se puso en duda su importancia, como la base indispensable para el gobierno interior de los pueblos (como se decía entonces). Lo que se discutía era la vigencia de las entidades. Pero ni a Santa Anna ni a Lucas Alamán (por citar a los más conspicuos) se les ocurrió jamás que México podría gobernarse sin los municipios.

En cambio, esa idea está ganando partidarios en nuestros (enloquecidos) días. De modo que en lugar de fortalecer los lazos entre la sociedad civil y los gobiernos locales; de recordar que la función más importante de esas autoridades es mejorar la calidad de vida de pueblos y ciudades; de reconocer que los fracasos que se les achacan son el resultado de un pésimo diseño institucional; y de afirmar la capacidad de organización y de respuesta de la gente en los espacios públicos donde la vida ocurre, se habla cada vez más de volver a la centralización.

No pongo en duda que la urgencia de atender la crisis de seguridad está exigiendo la concentración (temporal) de la fuerza policiaca del Estado. Pero los municipios son mucho más que policías mal pagados y corruptos. Son una forma de organización política y social que no tiene sustituto y que hoy está perdida y derrotada, para nuestra desgracia, por razones burocráticas. Precisamente ahora, cuando más indispensables son para reconstruir nuestros tejidos desgarrados.

Profesor investigador del CIDE

11 Febrero 2009 04:41:24
Al despertar, seguía allí
Aunque en materia política “nadie está completamente vivo ni completamente muerto” —según la frase atribuida al general Lázaro Cárdenas—, todo indica que el PRI se alzará con el triunfo en las elecciones federales del 5 de julio. Así lo sugieren los resultados acumulados en 2007 y 2008 y las últimas encuestas que se han publicado. A estas alturas, lo que se discute ya no es el regreso del PRI, sino sus posibilidades de obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

En 2000, la alternancia en la Presidencia de la República fue leída como la culminación del proceso de transición a la democracia, y no pocos analistas se apresuraron a predecir el final de la vida del PRI. Un pronóstico que pareció confirmarse en las elecciones presidenciales de 2006, cuando ese partido cayó al tercer lugar en las preferencias políticas y la predicción (propia de libro de texto) del futuro dividido entre izquierda y derecha pareció aparcarse en las siglas del PAN y del PRD.

Pero apenas seis meses después, el PRI volvió a ganar elecciones donde podía hacerlo: en las cámaras y los gobiernos locales, donde seguía siendo mayoría y donde seguía contando con la mayor estructura política. La misma fuerza que, en vísperas de las elecciones de 2009, lo tiene en el umbral del dominio del Poder Legislativo federal.

Pero el regreso del PRI no podría explicarse solamente por sus méritos propios. Lo cierto es que sus dos adversarios históricos han contribuido con creces a pavimentarle el camino de vuelta. Apenas es necesario decir algo más sobre el costo que le acarreó al PRD el abandono de la vida institucional a la que convocó López Obrador tras las elecciones de 2006. Cuando el principal partido de izquierda se fue a la calle, el PRI se quedó en las cámaras, en los gobiernos locales y en la negociación política con el PAN.

Podrá discutirse hasta la eternidad el valor moral de esa decisión. Pero el hecho fue que el PRI llenó de inmediato los lugares vacantes, ganó la agenda y fijó condiciones al nuevo gobierno. Andrés Manuel optó por las Batallas Históricas, mientras el PRI se ocupó de las batallas políticas. Y hoy el PRI está a punto de volver a la mayoría absoluta, mientras el PRD se debate entre la extinción (convertido en un movimiento de masas) y el renacimiento (a través de un nuevo partido con vocación de poder).

Por su parte, el PAN no sólo ha pagado el costo de gobernar el país (que no es poca cosa), sino que acumula el saldo adicional de haber abandonado buena parte de los argumentos que lo llevaron a ganar la Presidencia en 2000.

Si ya era difícil olvidar la forma en que tomó posesión Felipe Calderón y el modo en que se condujo la crisis política de 2006, la disputa interna planteada por Vicente Fox y sus partidarios le ha añadido costos altísimos a ese partido.

El PAN aparece hoy como un partido quebrado, que dejó atrás su sentido federalista y que se ha entregado, como lo hizo antes el PRI, a la obediencia acrítica y fiel al Presidente de la República. Pero en las condiciones actuales, tener la Presidencia ya no equivale sin más a ganar elecciones.

Nada está resuelto en definitiva. Pero ya es probable, al menos, que a partir de julio de 2009 el PRI gane los mandos completos del Legislativo y, desde ahí, refuerce el vigor del federalismo. Y de ser así, el gobierno presidencialista de Calderón habrá durado tres años para dejar su sitio a una suerte de régimen semipresidencial, acotado por todos lados. Eso es lo que se juega en la siguiente elección.

Profesor investigador del CIDE
14 Enero 2009 04:54:21
Honestamente no es así
Es verdad que en México no se está masacrando a la población civil, pero es falso que en las calles se viva un ambiente de paz y tranquilidad.

Ambas afirmaciones las hizo el presidente Calderón al instruir al cuerpo diplomático a divulgar una buena imagen del país en el extranjero. Les ordenó decir que México no tiene un Estado fallido y que estamos lejos del caos. “Honestamente no es así”, añadió el Presidente. Y ordenó divulgar que estamos viviendo un proceso de recomposición institucional, en medio de una guerra contra y entre bandas de delincuentes. Pero nada más: el resto de la vida nacional está en paz.

Sabemos que el gobierno de Calderón le ha otorgado una alta prioridad a su imagen. Si para algunos gobernar es seleccionar y solucionar (o gestionar con éxito) los problemas públicos, para el gobierno de la República parece que lo fundamental es más bien persuadir: convencer a propios y extraños de la buena marcha de las políticas emprendidas desde Los Pinos.

Y en esa lógica, gobernar equivaldría a decidir y comunicar: a decir una y otra vez que las cosas están bien y que los problemas más apremiantes de México son, acaso, el costo temporal que debe pagarse por haber tomado las decisiones correctas. El costo de la limpieza y el cambio, y no la causa del deterioro y el desgobierno.

No soy el primero en observar que el entorno hermético de Los Pinos está medrando sobre la visión cotidiana del Presidente. Esto ya les había sucedido a varios de sus antecesores: la distancia que los separaba de entrada del ciudadano común y corriente se fue ensanchando conforme avanzaba el sexenio hasta acabar, en algunos casos, en el paroxismo.

Una visión construida a modo de sus deseos, que terminó por desmentirse con la dureza implacable de la realidad: Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Carlos Salinas y Vicente Fox han sido los casos recientes más elocuentes.

No estoy diciendo que el Presidente mienta de manera deliberada. Por el contrario, lo grave es que parece convencido de su propia verdad.

Da la impresión de estar seguro, de veras, de que la gente puede caminar por las calles de México sin temores de ninguna índole, y de que los mexicanos vivimos en paz y tranquilidad. Parece persuadido de que las preocupaciones sobre la inseguridad física (y económica) del país han exagerado sus enemigos con el propósito de causar daño. De modo que hay que contrarrestarlos.

Pero si la vida en las calles de México le parece apacible, con mayor razón debe parecerle la capacidad de su gobierno para sacar adelante las decisiones que ha puesto en marcha: todo es cuestión de tiempo.

Cree con sinceridad (o eso parece) que las policías serán purgadas con éxito, que su administración ejercerá el gasto anticíclico con eficacia y honestidad y que la crisis económica será temporal. Da la impresión de que confía de verdad en que todo eso sucederá. Pero resulta que afuera y abajo, en las calles y entre la burocracia de carne y hueso, las cosas son mucho más difíciles.

Comprendo que no puede pedirse que el Presidente se vuelva en contra de sí mismo. Entiendo de sobra que debe defender la eficacia de su gobierno y de sus políticas. Lo que preocupa es que siga creyendo, como lo dice, que la vida del país está bien y que la sociedad debe ser paciente para celebrar el producto de sus decisiones.

Eso, en definitiva, no es cierto: la gente está preocupada y la sociedad fracturada, las calles nos amenazan todos los días, las burocracias no están funcionando y el futuro es incierto. Honestamente es así.

Profesor investigador del CIDE
24 Diciembre 2008 04:11:55
La venganza de los políticos
Una vez más, los políticos que desordenan a México desde la 60 Legislatura se volvieron a equivocar. Algún día, cuando baje la bruma de la propaganda oficial, vendrá la conciencia del daño que le han causado al país. Pero ya puede afirmarse, sin titubeos, que esta Legislatura ha sido al Legislativo lo mismo que el sexenio de Fox al Ejecutivo: tiempo democrático malgastado.

Ahora decidieron modificar el Código Penal para clausurar el acceso a las averiguaciones previas, ya concluidas, del Ministerio Público. Pero ya no hay que pedirle peras al olmo: nuestros legisladores no tienen, ni mucho menos comparten, un proyecto democrático para México. Lo que tienen es puro pragmatismo político. Han actuado conforme a las negociaciones del día y siguiendo los mandatos imperativos de sus partidos, según van soplando los vientos.

De ahí que ellos mismos hayan boicoteado sus contadísimos éxitos: la reforma del Estado que no cumplieron, la reforma electoral que no completaron, la reforma económica que no hicieron y la reforma de transparencia, de la que ya se arrepintieron.

Les gusta reformar la Constitución, para negarla enseguida con las leyes que ellos mismos aprueban. También les gusta organizar foros para decir que escuchan con atención, antes de volver a la rutina de las negociaciones en corto. Y les gusta cantar el Himno Nacional cuando se ponen de acuerdo.

Lo que no les gusta es perder un ápice de poder ni, mucho menos, cederlo al muy peligroso espacio en el que pueden hacer algo los ciudadanos. Piensan en términos de una sociedad política, capaz de ofrecer bienes públicos a la gente y controlar todos los beneficios. La multitud y el anonimato que se agrupa tras el concepto del ciudadano los ponen nerviosos, pues están habituados a tratar con sus pares.

De ahí que perciban la transparencia, el acceso a la información o la rendición de cuentas como una trampa: puertas por donde se cuelan los enemigos, disfrazados de una sociedad civil que no da la cara. ¿Cómo puede aceptarse que cualquier persona quiera saber lo que hacen los poderosos y preguntar sin decirles quién es o para qué quieren saber?

Para ellos, los ciudadanos no han de ser más que los receptores pasivos de sus decisiones, electores activos cuando conviene y, en el mejor de los casos, partidarios y militantes de sus propuestas. En cambio, el ciudadano que se interesa y pregunta, el que investiga y actúa, es un enemigo al que hay que derrotar de antemano. ¿No se ha entendido, acaso, que la democracia es cosa de los partidos políticos?

Y con mayor razón, cuando la información atañe a la necesidad de reforzar el secreto de los dueños de la justicia. Después de todo, si ni siquiera han ofrecido datos confiables sobre el trabajo legislativo o sobre los beneficiarios del dinero que reparte el gobierno, ¿por qué tendrían que abrir las averiguaciones previas del Ministerio Público?

¿Para qué las quieren los ciudadanos? ¿Para decir, como siempre, que la integración de esos expedientes es deficiente, que casi todas son de machote (en todas las acepciones del término), que la justicia castiga a los pobres y absuelve a los ricos, o que el Ministerio Público hace mucho que no es público, sino privado?

Después de todo, la guerra contra el narcotráfico puede justificarlo todo. Por eso, la PGR goza de autoridad moral para pedirle al IFAI que se calle y que no desprestigie el afecto que sentimos los ciudadanos por el trabajo del Ministerio Público, ni exacerbe el ánimo de saber cómo se imparte la justicia en México. Si la 60 Legislatura ya dijo la última palabra, ¿para qué insistir en la transparencia?

Profesor investigador del CIDE

17 Diciembre 2008 04:11:22
Estamos metidos en un pozo
México está metido en un pozo y no estamos encontrando salidas. En el mejor de los casos, nos hemos especializado en describir los detalles del pozo. Como personajes de una novela de Murakami, cada día vamos cobrando mayor conciencia de ese lugar oscuro y profundo, y cada vez nos resulta más familiar. Pero estamos siendo incapaces de imaginar cómo podríamos salir de él. Apenas ayer, un estudiante a quien aprecio sinceramente, me dijo: “lo mejor que podemos hacer, es esperar a que todo esto termine”.

¿Pero cómo podría terminar, si no tenemos siquiera una idea, una intuición, para comenzar a salir del pozo? El gobierno federal está muy ocupado en la guerra contra las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, y ha decidido leer el mundo que le rodea en clave de campo de batalla. Todas las acciones que emprende acaban vinculadas con la obsesión de vencer a esos enemigos, quienes, sin embargo, ahora tendrán de su lado al magnífico aliado de la crisis y la desesperación que traerá el desempleo y la pérdida del ingreso. Y en las fronteras, una nueva amenaza: el llamado de Guatemala a integrar una fuerza multinacional para combatir a los malos, y el reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos sobre el peligro que entrañan las bandas organizadas de México.

Caímos en este pozo mientras estábamos imaginando la construcción de la democracia. Pero nos distrajimos y esa construcción se fue convirtiendo en una larga secuencia de pérdidas de los espacios públicos donde convivimos. Viene a cuento que a finales del mes de noviembre, la Universidad Veracruzana dedicó su tradicional Simposio de Otoño, convocado por Enrique Florescano, a preguntarse: ¿Qué tan público es el espacio público en México? Tras dos días de deliberaciones sin desperdicio, todos los ponentes llegaron a una conclusión similar: casi todos los espacios públicos del país se han convertido en lugares privados, excluyentes y oscuros. Perdieron los atributos que Nora Rabotnikof ha sintetizado con lucidez: lo público como lo que es común; lo público como lo que es conocido; lo público como lo que es accesible.

La expresión más dramática de esas pérdidas es la violencia orquestada por el crimen organizado. Pero no es la única y quizás ni siquiera sea la causa de las demás, sino su consecuencia. Antes perdimos a las instituciones públicas, de las que se apropiaron los grupos que iban llegando al poder. Los puestos públicos y las decisiones tomadas desde esos lugares, incluyendo el destino de los dineros públicos, se tomaron de plano como cosa privada. La alternancia de Fox no cambió esa dinámica, sino que la profundizó. Perdimos también los espacios abiertos para la deliberación pública: la televisión y la radio son empresas privadas y excluyentes, en todos sentidos. Perdimos el control sobre los partidos y la dinámica de la representación pública: perdimos al IFE y los órganos electorales de los estados, que ahora son territorio de los partidos. Y fuimos perdiendo la fuerza de la regulación del Estado sobre los oligopolios privados, sobre los bancos, sobre las grandes empresas. Y al final, perdimos también el monopolio de la coacción física. Caímos, en definitiva, en el pozo en el que estamos metidos.

Mi amigo estudiante está equivocado: no debemos sentarnos a esperar a que todo esto termine, porque es posible que no termine jamás. Necesitamos una escalera para salir del pozo: una ética del espacio público, para volver a convivir gozando, al menos, del aire libre.

Investigador del CIDE

10 Diciembre 2008 04:14:06
Más fuego a la lumbre
Tengo para mí que la organización de las elecciones de 2009 será mucho más difícil que la de 2006. No sólo porque el primer domingo de julio habrá más electores que nunca, ni porque se pondrá a prueba un nuevo modelo de competencia, sino por los efectos sociales que traerán las crisis de seguridad y de crecimiento y, sobre todo, porque la clase política sigue añadiendo factores de incertidumbre a la construcción de resultados confiables.

Los partidos parecen haber olvidado que la aceptación social y política de los resultados no depende tanto (o no, al menos, únicamente) de los resultados que arrojan los conteos oficiales la noche de los comicios, cuanto de la construcción del proceso de decisiones y acciones que conducen a la veracidad de esos resultados.

Me consta que una parte de la ciencia política mexicana todavía no ha logrado comprender esta afirmación. Pero me preocupa mucho más que los partidos tampoco lo hagan y que, obrando con prepotencia, sigan sumando razones para desconfiar de los resultados.

No es cierto que la única clave de la aceptación de los resultados sea la magnitud de la diferencia entre ganadores y perdedores. En México abundan los ejemplos históricos de victorias arrolladoras, que sin embargo no produjeron confianza (por el contrario, esos triunfos abultadísimos fueron la razón de la mayor parte de los alzamientos armados en la segunda mitad del siglo XIX y el origen político de la Revolución Mexicana). Y en fechas más próximas, bastaría recordar las elecciones de 1988, cuando Carlos Salinas ganó la elección con más de 19 puntos de diferencia, para dar constancia de que esa variable es insuficiente por sí misma para ofrecer certidumbre política.

Pero suponiendo que así fuera, en las elecciones de 2009 habrá varios comicios que se resolverán apenas por un puñado de votos y, en esa medida, construir procesos confiables desde el origen será cosa fundamental. No obstante, los partidos no sólo se están volviendo en contra de las reglas mediáticas que ellos mismos se dieron, sino que han pugnado con insistencia para que el IFE blinde (esa palabra de moda, que no dice nada) las campañas y evite que el narcotráfico se adueñe de ellas.

Se trata de un despropósito inaceptable. Se le exige al IFE que actúe por encima de sus facultades legales y que supla, como si fuera una institutriz, la irresponsabilidad de quienes postulan candidatos y organizan campañas, y que además asuma la tarea de combatir a la delincuencia organizada, que en rigor le corresponde exclusivamente al gobierno. El IFE debe ceñirse a la legalidad más estricta, y nada más.

Bastará la primera acusación de complicidad con el narcotráfico, formulada por un partido en contra de otro, para que la (ya de suyo precaria) confianza en los procesos electorales se venga abajo. ¿Cómo probaría el IFE que ese candidato o ese partido efectivamente tienen lazos con los criminales o, peor todavía, cómo probaría que no los tienen?

Nos consta que los partidos, puestos a competir, utilizan todos los medios que tienen a mano para restar votos al adversario: fue así como estropearon las elecciones de 2006. Pero añadir más estrategias negras bajo el pretexto de blindar las campañas, en parte para proteger la ineficacia de sus gobiernos y en parte para disponer de otro argumento político, me parece una imprudencia muy grave.

Nos hemos cansado de pedir sensatez a los partidos políticos. Es inútil. Pero todavía cabe la posibilidad de que el IFE la tenga y no se rinda a las presiones absurdas. Que cada quien haga lo suyo.

Profesor investigador del CIDE

19 Noviembre 2008 04:09:55
Mauricio Merino
El desencanto con la democracia mexicana recién nacida obedece, a primera vista, a la incapacidad del régimen para resolver los problemas públicos más apremiantes (como la inseguridad, el desempleo o nuestra pésima calidad de vida). Luis F. Aguilar lo ha descrito muy bien: dejamos la prepotencia y llegamos a la impotencia.

Pero tras esa primera impresión hay otras razones mucho más graves: el nuevo régimen no está ofreciendo un proyecto de vida en común, no está produciendo cohesión social y está plagado de corrupción. No sólo es ineficiente sino que está siendo, sobre todo, muy deficiente.

Si nos quedáramos con el diagnóstico de la ineficiencia, confundiríamos a la democracia con la gerencia, y creeríamos que gestionar los problemas del día equivale a consolidar el régimen democrático. Con frecuencia observo que eso piensa el gobierno de México: que la administración pública es algo así como la gerencia de Wal-Mart, pero en mayor escala. También percibo que el predominio de los partidos y las contiendas electorales sobre la agenda pública del país ha llevado a construir, en el imaginario del pueblo, una especie de democracia de turnos: si ayer gobernó el PRI, hoy le toca al PAN, y mañana, a quien gane las próximas elecciones.

En esa lógica, la gente no importa sino como un dato estadístico: los que se reflejan en la calificación de la última encuesta, en las tendencias electorales recientes o en las percepciones públicas sobre los problemas en curso.

Datos indispensables, acaso, para lidiar con la mercadotecnia cotidiana de la política y su parafernalia de declaraciones, boletines y conferencias de prensa, tan efímeros como la moda o la fama, y carentes de largo aliento: nuestra democracia se agota en los noticiarios del día.

Nuestra clase política no está pensando en los ciudadanos ni en el país que nos gustaría, sino en sus oponentes. Todo se lee y se dice en clave de contienda definitiva por el poder, como si los partidos no fueran agrupaciones de ciudadanos dispuestos a convivir y entenderse con otros, sino iglesias fundamentalistas: “Si no estás conmigo, estás contra mí”.

Y aun dentro de los partidos está sucediendo lo mismo: el PRD se ha desfondado entre los fanáticos y los adversarios de Andrés Manuel; el PAN se desgarra entre los seguidores de Calderón, los confesionales y los pragmáticos; el PRI, entre los partidarios de sus precandidatos indiscutibles a la Presidencia de la República. Los demás buscan, desesperados, la clientela propicia. ¿De qué se trata? De nada sustantivo, en absoluto. Se trata de conservar el espacio ganado, de ensancharlo mientras se pueda, de combatir a los enemigos y de enarbolar la bandera del triunfo.

Es imposible generar la cohesión social en un escenario como éste. En cambio, la señal de la corrupción corre por todos los medios, pues lo importante es ganar de cualquier modo. No me refiero tanto a la corrupción simple de la mordida, aunque ésta valga millones, cuanto a la apropiación salvaje del espacio de la política y el poder para imponerse a los otros. Andar a la gandalla como cultura política.

Después del 88, muchos creímos que el conflicto era una condición inevitable para la construcción de la democracia. Después de 2006, aquella tragedia se volvió farsa y el conflicto amenaza con destruir a la democracia. Nunca fue cierto que así sea la normalidad democrática. Pero como diría González Pedrero, citando a Lázaro Cárdenas: “Para que las cosas se pongan mejor, antes se tienen que poner peor”. Y allá vamos, sin duda.

Profesor investigador del CIDE

12 Noviembre 2008 04:54:57
¿Sí podemos?
El 4 de noviembre hubo grandes giros en las historias de México y de Estados Unidos, por razones muy distintas. Allá, los electores optaron por Barack Obama como una alternativa a los errores y la prepotencia inagotables de George W. Bush. En México, se vino abajo el avión en que viajaban el secretario de Gobernación y el asesor más importante del gobierno en la lucha contra el crimen.

Lo primero fue obra de la conciencia de una mayoría abrumadora de estadounidenses; lo segundo, nos dicen, fue obra de la casualidad. La elección de Obama fue un signo de esperanza para su país y para el mundo, mientras que la muerte de Mouriño y de Santiago Vasconcelos añadió nuevas razones para el desconsuelo de los mexicanos. Pocas veces se había presentado un contraste más elocuente entre la situación de ambos países. Contraste que se volvió mayor al confrontar el contenido y el sentido de los discursos pronunciados luego por Obama y por Felipe Calderón.

El primer discurso del presidente electo de Estados Unidos me recordó, inevitablemente, el de Churchill ante el Parlamento inglés en mayo de 1940, cuando dijo: “No tengo más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”. Obama lo dijo de otro modo: “Mientras disfrutamos esta noche, sabemos que los retos que traerá el mañana son los mayores de nuestras vidas: dos guerras, un planeta en peligro, la peor crisis financiera desde hace un siglo”.

Y añadió: “Siempre seré sincero sobre los retos que nos esperan. Escucharé, sobre todo cuando estemos en desacuerdo. Y, sobre todo, les pediré que participen en la labor de reconstruir este país de la única forma en que se ha hecho durante 221 años: bloque por bloque, ladrillo por ladrillo, mano callosa sobre mano callosa. (…) Esta victoria no es el cambio que buscamos. Sólo es la oportunidad para hacer ese cambio. Y eso no puede suceder (…) sin un nuevo espíritu de sacrificio”.

En contraste, el domingo 9 de noviembre el presidente Felipe Calderón convocó a sus correligionarios a enfrentar las circunstancias desde otra óptica: “Para nosotros (dijo, en relación con el PAN), política es la acción humana encaminada a acceder, ejercer y vigilar el poder para hacer el bien común. (Juan Camilo Mouriño) ejerció el poder con todas sus consecuencias, con todas sus amenazas, con todas sus flaquezas, con todas sus fortalezas, con todas sus ingratitudes, porque es muy fácil pontificar sentados desde la columna de mármol, desde el pedestal que se convierte, precisamente por la inacción, en pedestal de imbéciles”.

Dos visiones diferentes ante las circunstancias más difíciles. La de Obama, convocando “a un nuevo espíritu patriótico, responsable, en que cada uno colabore y trabaje más y se preocupe no sólo de sí mismo sino del otro”. Una visión que pidió resistir “la tentación del partidismo, la mezquindad y la inmadurez que han envenenado nuestra vida política hace tanto tiempo”.

Y la de Calderón, quien llamó a sus copartidarios a honrar la memoria de quien fuera secretario de Gobernación dejando atrás las mezquindades, las ruindades, los pleitos y las envidias “que paralizan la acción del partido, nos alejan de los ciudadanos y además nos hacen perder elecciones”.

Para enfrentar los enormes desafíos que tenemos por delante, el presidente Calderón llamó a sus partidarios a conservar y acrecentar el poder ganado a través de su partido “para seguir luchando contra todos los enemigos de México”. El presidente electo de Estados Unidos llamó en cambio a todos los ciudadanos de su país, “con ese credo eterno que resume el espíritu de un pueblo: sí, podemos”.

Profesor investigador del CIDE
05 Noviembre 2008 04:28:50
La destrucción de la confianza
No existe ningún modelo económico o político de talante liberal que pueda subsistir sin una dosis de confianza básica. Aun en las versiones más audaces del capitalismo, la sociedad funciona gracias a la confianza que generan las transacciones que hacen entre sí los individuos y, en su defecto, a la que produce la capacidad del Estado para sancionar los comportamientos abusivos y corregir las fallas del mercado. Si la confianza se quebranta, es imposible imaginar un orden social libre, estable y próspero de carácter duradero.

En México nos estamos perdiendo la confianza. A golpes de corrupción, de ineficacia y de oportunismo, cada vez desconfiamos más de las instituciones, de quienes las representan y hasta de nosotros mismos. El espacio público se ha convertido en un lugar hostil, porque está lleno de personas que nos producen desconfianza y en donde, en lugar de sentirnos protegidos, nos sentimos más bien amenazados. Y el Estado ineficaz y corrompido, en vez de devolvernos la confianza en nuestras relaciones cotidianas, nos atemoriza y nos separa más.

En ausencia de confianza, las relaciones sociales de cualquier índole se vuelven cada vez más onerosas y difíciles. El mensaje cotidiano que estamos recibiendo nos dice que en nuestra sociedad casi siempre ganan los poderosos, los violentos y los ricos. Que no podemos confiar en la solidaridad, en el respeto o en la responsabilidad de los demás, porque en caso de engaño o de traición estamos indefensos: la policía está infiltrada por los delincuentes, la administración pública por los intereses partidarios y las agencias reguladoras por los dueños de los intereses que regulan.

Sabemos que el derecho individual también se compra y, además, no tenemos medios colectivos de defensa ante los abusos del mercado, mientras que el sistema electoral está atrapado en la desconfianza que generan los mismos partidos que lo encarnan. ¿Quién puede confiar en los demás en una situación así?

Nuestra clase política parece convencida de que la confianza se construye mediante la publicidad. Todos los días anuncian, en sus spots y en los canales de mayor audiencia, que los poderes de la República funcionan estupendamente y que podemos confiar en su eficacia, mientras Televisa insiste, por su parte, en que ninguna crisis ha sido mayor que nuestros corazones (sic).

Pero, como Penélope, esos anuncios se destejen por las noches para recordarnos al despuntar el día que, en realidad, el Ejecutivo se equivoca, que los legisladores se tropiezan entre sí, que es imposible confiar en las autoridades electorales y que las instituciones judiciales no funcionan.

Sin embargo, es indispensable reconstruir la confianza en el espacio público y en la capacidad de las instituciones. Es asunto de supervivencia. En la dinámica en que estamos, la desconfianza puede minar en definitiva los resultados de las elecciones de 2009, las respuestas del Estado ante la crisis económica que ya está en curso y hasta la posibilidad misma de devolverle la seguridad a las calles del país.

Construir un piso mínimo de confianza en el espacio público debería ser un propósito elemental de la clase política de México. Está en su interés más inmediato hacerlo, aun a despecho de sus diferencias. Pero están haciendo lo contrario, como si la confianza fuera una chequera con fondos infinitos. Necesitamos volver a creer en el Estado, en sus reglas básicas y en la posibilidad de convivir en paz con los demás. No es cosa trivial: nos estamos jugando la viabilidad futura del país.

Profesor investigador del CIDE

08 Octubre 2008 05:36:00
Malos augurios
Me pregunto si no le estamos pidiendo demasiado a las reformas institucionales, y muy poco a la responsabilidad política. Cambiar las reglas se ha vuelto la piedra de toque para afirmar que resolveremos los problemas públicos del país, mientras las cosas se ponen cada vez más difíciles. Pero buena parte de los escenarios de crisis que se están configurando ya no depende tanto de la novedad de las instituciones, cuanto de los comportamientos políticos que las niegan casi tan pronto como se emiten.

La lista de ejemplos es larga. Pero las cuestiones electorales pueden ilustrar bien ese riesgo. Enumero: ya comenzó oficialmente el proceso de 2009 y todavía no concluyen los litigios de 2006. Y aunque las nuevas autoridades del IFE fueron designadas por el más amplio acuerdo entre los partidos, sus primeras decisiones ya han sido puestas en tela de juicio.

Esas autoridades están obligadas a aplicar la regulación más compleja que jamás hayamos tenido, para impedir que el dinero entregado a la radio y a la televisión determine la orientación de los votos, a través de la parcialidad comprada de los medios masivos. Pero éstos no sólo se han opuesto a esas reglas sino que han decidido defender a capa y espada su libertad de influir en las preferencias electorales.

Los medios no aceptan el monopolio de la propaganda política, ni mucho menos la vigilancia y el control que el IFE habrá de emprender sobre el contenido de sus programas. De modo que ya es evidente que esas instituciones serán el origen de nuevos litigios, inéditos en el sistema político mexicano. Para defenderlas, los partidos tendrían que ser consecuentes con sus decisiones: aceptar y respaldar el trabajo del IFE que ellos mismos reconstruyeron, literalmente, a su imagen y semejanza. Pero en lugar de seguir esa ruta, han decidido enfrentarlo y poner en entredicho su autoridad desde un principio.

Por otra parte, si ya era difícil pavimentar el nuevo modelo de competencia política que las nuevas instituciones electorales establecieron, el control de las campañas negativas añadirá muchos más problemas al escenario. Hoy ya sabemos que los partidos no acatarán los criterios del IFE y que habrá fuego cruzado. Y en el camino, el uso de los recursos públicos para fines de proselitismo político, que está prohibido por todos lados (incluyendo el texto recién reformado de la Constitución Política), será otro motivo seguro de controversia.

Ya de entrada, el presidente Calderón decidió enviar cartas personales a los beneficiarios de los programas sociales, del mismo modo que varios gobernadores están empleando los recursos que tienen para subrayar la definición política de las obras que emprenden. La regla que prohíbe esas conductas está definida por los propios partidos, pero nadie la está respetando.

Y para colmo, los mismos partidos han agregado ya el riesgo más grave: el de la posible incursión de las redes del narcotráfico en las candidaturas y en las campañas. Y le piden al IFE que blinde esa posibilidad, como si esa institución tuviera los medios para evitarlo y los partidos la voluntad de aceptarlo.

Todo metido en la misma lógica esquizoide que reclama el respeto de las instituciones recién creadas, mientras los actores que las han producido se oponen a ellas activamente y son, al mismo tiempo, la causa principal de su desprestigio.

Los escenarios de crisis están servidos. Pero ninguno se resolverá inventando nuevas instituciones. Lo que falta es, a todas luces, tamaños de Estado y verdaderas responsabilidades políticas.

Profesor investigador del CIDE
24 Septiembre 2008 03:53:02
La banalidad del mal
El atentado del 15-S marcó, en efecto, un salto cualitativo en la guerra incivil que está viviendo el país. Tras la muerte de Fernando Martí, que llevó al gobierno a replantear muy de prisa su estrategia de combate al crimen organizado, el ataque terrorista cometido en Morelia nos dice que las organizaciones criminales no tienen ningún límite en su intento de crear condiciones propicias para seguir operando con la mayor libertad posible. Ya no sólo están disputando entre sí mercados y territorios, sino que han decidido manipular la reacción del Estado a cualquier costo: usarlo para sus fines, pasando por encima de lo que sea.

No sabemos exactamente qué está pasando. Pero, de buena fe, podemos suponer que el Estado sabe más que nosotros y que estos atentados responden a la propia dinámica de la guerra incivil en proceso. Que atentaron contra la población indefensa para obligar a la movilización de sistemas de inteligencia, tropas y recursos hacia donde ellos quieren, mientras las verdaderas batallas se despliegan por otros lados. Que se trata de “calentar territorios”, como ellos dicen, donde sus enemigos internos van avanzando. Y que aparentemente están dispuestos a seguir cometiendo actos de terrorismo mientras el gobierno, supongo, no se rinda a la negociación y la tregua.

Como sea, hoy sabemos que esta guerra está atravesando por uno de sus peores momentos y que nunca antes se había desafiado hasta estos extremos la capacidad de la fuerza pública.

Temo, sin embargo, que la creciente respuesta bélica no sólo sea insuficiente, sino que acabe generando una espiral sin destino. Los enemigos son tantos y tan diversos, que resulta casi imposible seguir la pista de las bandas en pugna y comprender bien a bien la situación que está viviendo el país. Digo que es una guerra incivil porque el Estado está peleando contra sombras e infiltrados en movimiento constante y la sociedad es, al mismo tiempo, víctima y aliada del enemigo.

¿Quiénes son los malos y quiénes los buenos? ¿Contra quién estamos luchando y cómo podemos saber si las batallas en curso apuntan hacia el lado correcto?

Hace mucho que pedimos información y lo único que tenemos son las noticias detalladísimas que nos hablan de capturas aisladas de capos, dólares y cargamentos de drogas sin conexión de sentido con el conjunto. Incluso se ha dicho que lo mejor sería no volver a hablar de esos temas. ¿Pero cómo evitarlo, pregunto, si la violencia es cada vez más frecuente, más cruda, más trágica?

Hay dos datos que me dicen que hace tiempo que cruzamos de una situación a un sistema: 98% de impunidad ante el crimen y 500 mil personas involucradas (según las declaraciones del general secretario de la Defensa Nacional) en las redes del narcotráfico.

Nadie en su sano juicio puede pensar, con esas cifras a mano, que estamos frente a un conflicto entre policías y ladrones. Se trata más bien de una estructura social y política que entiendo mejor por lo que Hannah Arendt llamó la “banalidad del mal”: cientos de miles de acciones emprendidas por personas más o menos normales, todos los días, que causan daños a los demás porque creen que no es cosa grave, que es cosa aislada, que no pasa nada, que no tienen alternativa o porque así lo reclaman sus circunstancias. La banalidad, la superficialidad, la frivolidad del mal que, agregado, puede destruir sociedades enteras.

El 15-S nos ha dicho que esa incivilidad sistémica ya está entre nosotros, y que de aquí en adelante puede ser peor. Y eso no sólo se combate con armas. Nunca antes había sido más importante volver a la sociedad verdaderamente civil.

Profesor investigador del CIDE
17 Septiembre 2008 08:08:00
Puros leales
México es el único país de la OCDE que no tiene un servicio civil consolidado. Durante todo el siglo XX fue imposible establecer reglas de ingreso, ascenso y salida de los cargos públicos basadas en el mérito profesional y en la ética de la responsabilidad, porque los puestos disponibles se repartían conforme a la lógica del régimen autoritario: como botín de guerra entre los vencedores sexenales, con quienes se articulaban redes de lealtad política de beneficio mutuo. Siempre fue uno de los pilares principales de ese régimen.

Parecía posible que, tras la alternancia en los mandos de Los Pinos, esa lógica cambiara y México viera por fin el nacimiento de un servicio público profesional, imparcial, estable y fuerte. Esta esperanza creció con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 2003 que, a pesar de sus graves errores de diseño y de su barroquismo calculado, abrió la puerta para pensar y construir con seriedad los medios necesarios para ir abandonando aquel sistema de botín.

Empero, tras cinco años de vigencia, esa ley no sólo sigue siendo una excepción a la regla general, sino que aparece ya como una franca anomalía en la cultura y en las prácticas más aceptadas por el gobierno de Felipe Calderón. Al principio, se creyó que el servicio de carrera no lograba prosperar debido a las deficiencias que acumuló su puesta en marcha, asentada en una reglamentación tan compleja como contradictoria. Pero en 2007, esas trabas quedaron abrogadas por un nuevo reglamento que apostó por una mayor descentralización operativa, un mejor control normativo de la secretaría responsable del sistema y una mayor vigilancia pública.

No obstante, esa reforma tampoco ha logrado despegar: los métodos tradicionales siguen vigentes y la mayor parte de los puestos de la administración pública siguen repartiéndose entre leales.

No es cosa sencilla establecer un sistema de carrera. Pero es mucho más difícil cuando el propio jefe del Ejecutivo se declara abiertamente favorable a privilegiar las lealtades personales en sus designaciones, antes que evaluar las competencias o la trayectoria de sus colaboradores. En una franca negación de los valores de un sistema democrático, el Presidente ha optado por los nombramientos de sus amigos y sus partidarios en los puestos públicos, de modo cada vez más extendido, como si la campaña no hubiera terminado y el aparato del Estado fuera en realidad un aparato de partido.

Lo peor es que esa idea forma parte de una subcultura que goza de amplia aceptación, forjada largamente durante el régimen del PRI. Que los jefes nombren libremente a sus subordinados y que éstos respondan con lealtad individual a quien los designó es algo normal en la burocracia mexicana. Así fue siempre, aun a despecho de que los salarios vinieran del erario público y ellos estuvieran investidos de autoridad y responsabilidades públicas.

Como si la democracia fuera cosa de turnos y los puestos patrimonio temporal mientras el plazo corre, el Presidente no sólo se ha desentendido de la profesionalización del servicio público en México sino que ha enviado, de manera pública y deliberada, la señal contraria: lo que importa para estar en el gobierno es la lealtad a su causa personal.

Que las políticas públicas no logren tener éxito se explica, en buena medida, por esa razón sencilla: cada seis años el país vuelve a cambiar de leales y todo vuelve a comenzar. Pero nadie se queja ni se llama a engaño, pues la administración pública siempre ha estado al servicio del poderoso en turno. Así funciona México.

Profesor investigador del CIDE
10 Septiembre 2008 03:27:00
La ruptura del mito
El debate abierto sobre la importancia de recuperar el informe presidencial, ya cobijado por el viejo formato o ya por alguna alternativa que auspicie el diálogo entre poderes, ha suplido el estudio cuidadoso de los documentos entregados por el Presidente. Quiere decir que los críticos de ese cambio tenían razón, al menos, en que casi nadie se ocuparía del informe escrito y en que lo más relevante era el mensaje político.

También acertaron en que la divulgación de los spots con la imagen del Presidente, permitida por el Cofipe, no serviría para sustituir la relevancia del informe leído en la tribuna legislativa. Para confirmar sus aciertos, además, vino enseguida el informe del gobernador Peña Nieto, en el estilo tradicional, que sirvió para mostrar la fuerza mediática de ese mandatario en contraste con la del Presidente de la República.

Con todo, sigo pensando que el informe presidencial ya no podría ni debería volver a las rutinas políticas del país. O al menos, ya no con el viejo formato en el que todo el país suspendía actividades para escuchar al primer mandatario. Si en política la forma es fondo, lo que ese cambio revela es mucho más importante que la discusión sobre el protocolo correcto.

En realidad nos está diciendo que buena parte del poder que acumulaba el Presidente de la República se ha ido transfiriendo a los otros poderes y a los gobiernos locales; es decir, se ha transformado junto con la nueva pluralidad política que gobierna el país.

No se trata solamente de un asunto coyuntural, derivado de las presiones y los disturbios organizados por el PRD para impedir que el Presidente alcance la tribuna legislativa, sino de una relación diferente entre el Ejecutivo, las oposiciones y el resto de las instituciones políticas.

Con toda franqueza, percibo que se ha venido imponiendo una lectura parcial sobre el tema. Es verdad que se perdió la oportunidad principal para discutir el estado que guarda la administración pública federal. De acuerdo. Pero me parece innegable que tras el informe también estaba el ritual más notable del mito presidencial. No era, como se ha dicho en los últimos días, un ejercicio de rendición de cuentas, ni un intercambio de ideas y propuestas con los legisladores, ni una revisión imparcial y objetiva de la situación nacional. Nada de eso.

La prueba está, una vez más, en el informe rendido después por el gobernador Peña Nieto: ¿alguien puede afirmar, con sinceridad, que ese ritual vigente en el estado de México respondió a alguno de los atributos recién mencionados?

Estamos en el principio de un nuevo régimen, que ya no obedece al presidencialismo de antaño. Cada vez es más evidente que la creatura no se parece a lo que nos hubiera gustado. Pero podría volverse un espanto si queremos recuperar rituales del régimen anterior para tratar de suplir las carencias del que hoy tenemos.

En efecto, es necesario que el jefe del Ejecutivo rinda cuentas sobre el gobierno, y también que el Legislativo cumpla su labor de control sobre el ejercicio del presupuesto y actúe a nombre de los ciudadanos para evaluar resultados.

Y nada de eso se satisface tampoco con un documento escrito que (casi) nadie leerá, con un conjunto de spots y con llamados a los secretarios de Estado para aprobar exámenes de retórica. Todo eso es verdad. Pero ya que los críticos del nuevo formato tienen razón, y tomando en cuenta que es imposible (o no sólo indeseable) volver al pasado, quizá es el momento de diseñar una verdadera política de rendición de cuentas para el país. Urge construir la plomería de la democracia.

Profesor investigador del CIDE

03 Septiembre 2008 03:25:01
Fallida implementación
Aunque el llamado día del presidente se convirtió en el día de los partidos (como una seña más del régimen que hoy vivimos), el informe seguirá siendo relevante para saber en dónde están las prioridades del Ejecutivo, qué problemas reconoce y qué está proponiendo.

Sería deseable que el Congreso honrara las nuevas reglas que se ha dado y discutiera a fondo y de verdad el segundo informe de gobierno. Y ya no sólo con el ánimo de subrayar errores y defectos, sino para ayudar a resolver los problemas públicos fundamentales. Ya no es un asunto electoral sino vital, pues el Estado mexicano se está fracturando poco a poco.

Si se mira con cuidado, la mayor parte de los temas que el Presidente ha subrayado en este informe tienen restricciones jurídicas de fondo y graves problemas de implementación. De un lado, parece que estamos inventando el gobierno para resolver los problemas básicos de nuestra convivencia; y de otro, vemos que el invento no prospera porque la implementación se ha vuelto poco menos que imposible.

No me refiero solamente al tema de la seguridad, que ha mostrado la mayor fractura entre las estructuras del Estado. Ya sabemos que no estamos preparados para enfrentar la delincuencia, no sólo por la corrupción de la mayor parte de los sistemas policiacos, sino porque el marco legal favoreció esa debilidad y porque se dejaron de hacer las tareas más elementales.

Y aunque en estos años se aprobó la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia, su implementación está resultando mucho más difícil de lo que parecía. Hay que empezar como si no existiera nada. O peor aún: hay que hacerlo a pesar de lo que existe.

La Alianza por la Educación, que es otro tema clave del Estado, está capturada por el SNTE y sus intereses políticos más inmediatos. Todo el mundo lo sabe y, a estas alturas, ya no hay diagnóstico medianamente serio sobre la pésima calidad de la educación en México (y ya no sólo de la pública) que no incluya como una variable principal el daño causado por ese grupo de poder.

Sin embargo, la implementación de esa estrategia pasa por el sindicato, por los acuerdos obligados para mantenerlo en paz y por la falta de medios para conseguir que de veras ocurra algo sustantivo. Habrá que resignarse, en el mejor de los casos, a la gradualidad y la medianía que exige su implementación.

La reforma de Pemex se convirtió en un problema nuevo, en sí misma. Pero, además, cualquier cosa que llegue a salir de ahí enfrentará nuevos problemas de implementación: habrá que desmontar buena parte de la administración de esa empresa enferma y lidiar con el otro poderoso sindicato.

Mientras que la política social y los subsidios otorgados a la producción agropecuaria atraviesan, a su vez, por otra clase de problemas de implementación, cruzados por la debilidad de las estructuras estatales y municipales que, en lugar de favorecer el éxito de los programas, se han convertido en una dificultad adicional.

No es preciso ir más lejos. El país no sólo está atrapado por los desacuerdos, sino porque la implementación de las respuestas que van brotando se convierte en un problema adicional. Cuando se revisan las trampas en las que han caído las reformas ya pactadas, da grima pensar en las que todavía hacen falta.

De modo que por atrabiliario que suene, lo más deseable sería que este segundo informe de gobierno fuera el punto final de esa larga lista de novedades sin destino, al menos, mientras el país logra reconstruir una administración pública capaz de procesarlas.

Profesor investigador del CIDE

27 Agosto 2008 04:00:00
El bono criminal
Después de leer el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado 21 de agosto, me quedaron tres impresiones inmediatas: 1) que el Estado abandonó ese tema hasta extremos increíbles; 2) que todo está por inventarse, como si México hubiese nacido hace una semana; 3) que viviremos muchos meses más en la zozobra, mientras las tareas elementales enunciadas en ese documento comienzan a cobrar forma. ¿Cómo pudimos llegar hasta este punto?

Pongo ejemplos: no hay sistemas de evaluación permanente ni de control de confianza de los integrantes de las policías, ni de los ministerios públicos, ni de los agentes aduanales, ni de los custodios de las cárceles; los habrá, quizás, en el transcurso de otro año.

Los mecanismos para reclutar, seleccionar, capacitar, promover y retirar a los policías son deficientes o, de plano, nulos; los tendremos acaso seis meses después de que se haya modificado la legislación (si se modifica), hacia el final del tercer año de la actual Legislatura. Para los ministerios públicos federales, esa tarea podría tomar un año más y hasta dos en el caso de las procuradurías estatales.

Habrá una estrategia nacional contra el secuestro, el narcomenudeo y el lavado de dinero en el lapso de seis meses y otra contra la delincuencia organizada en año y medio, porque hoy no existen o no funcionan. Se dice que en tres años habrá una Cédula Nacional de Identidad (que está prevista desde 1996). Las aduanas tendrán tecnología para contener el tráfico de armas y de precursores químicos, acaso, en el lapso de dos años.

Tendremos un sistema único de información criminal, porque los que hoy tenemos no funcionan, junto con los sistemas necesarios para que las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes, y la PGR (todas del Ejecutivo federal) puedan intercambiar datos confiables, al paso de otro año. Y mientras eso llega a suceder, en 30 meses más el Consejo de la Judicatura revisará y modificará los procedimientos para seleccionar a los impartidores de justicia penal en el país.

Tomará otro año, por su parte, establecer procedimientos para que los policías de los estados sean evaluados a la luz del día y hasta dos años más para el caso de los municipios marginados.

No es necesario glosar más, excepto que habrá dinero en abundancia (es otro compromiso asumido por todos los firmantes del acuerdo) para que puedan desarrollar esas tareas que antes no hicieron, o hicieron mal o corrompieron. Y entretanto, los criminales irán tomando nota y contarán también con tiempo suficiente para orquestar sus propias estrategias. Asistiremos al lento nacimiento de las actividades que realiza cualquier Estado digno de ese nombre, en medio de la violencia desatada por los delincuentes.

Temo que la inseguridad no sea el único asunto del Estado que guarda un deterioro semejante, ante la negligencia, el incumplimiento o la corrupción de tareas y decisiones básicas.

Y aunque me gustaría suponer que los compromisos firmados se cumplirán a tiempo, que darán buenos resultados, y que habrá finalmente instituciones capaces de honrar la función de brindar seguridad, lo que me salta a la vista ya no es sólo la falta de normas e instrumentos de organización elementales para hacer fluir la administración pública de México, sino la ausencia casi absoluta de ética de la responsabilidad. Henos aquí, al final de 2008, inventando al Estado desde lo fundamental.

Profesor investigador del CIDE
06 Agosto 2008 04:53:00
Entre la democracia y la ingobernabilidad
Sin duda, en la mecánica del régimen de partidos que nos hemos dado, la suma de los votos determina la supervivencia y la fuerza de los grupos que van tomando las decisiones políticas. El problema está, sin embargo, en los recursos que se utilizan para conseguir esos votos, en las reglas y las condiciones de la competencia y en los medios que tienen los ciudadanos para emitir juicios bien informados sobre partidos y candidatos.

La democracia se degrada cuando los votos no responden a la libre convicción de los electores, cuando las reglas se ponen en entredicho y cuando la información sobre los partidos y los gobiernos es deficiente. Si en lugar de convencer, los partidos buscan reclutar electores; si en lugar de informar, manipulan los datos; si en lugar de ofrecer certeza, generan incertidumbre, la democracia pierde calidad y en vez de producir ciclos creativos de acción y de reflexión colectivas, puede construir espirales de desconfianza y confrontación. Los procesos electorales pueden significar oportunidades insustituibles para consolidar a la democracia o pueden convertirse en ciclos interminables de crisis políticas.

México no tiene garantizado ninguno de esos destinos. Para bien o para mal, todo depende de la forma que adopten los siguientes procesos electorales. Tenemos experiencias de ambos tipos de desenlace: 1988, un ciclo constructivo de más de 10 años, y la crisis política de 2006. En el camino, cambió el régimen político del país y las reglas y las autoridades electorales se han modificado cada vez que ha sido preciso. Pero la clave ha estado, a final de cuentas, en el proceso de construcción de la aceptabilidad de los resultados, mucho más que en éstos en sí mismos.

En este sentido, creo que hay motivos fundados para encender las alarmas. De un lado, salta a la vista que hay un amplio grupo de la sociedad que no sólo ha perdido la confianza sino que está dispuesto a escalar los costos de cualquier acto que ponga en entredicho la equidad y la transparencia de las próximas elecciones. Para ellos, el agravio de 2006 sigue vigente y lo estará, por lo menos, mientras transcurre el sexenio completo.

Pero de otro lado, las decisiones que están tomando el gobierno y su partido en la antesala de los procesos electorales tienden a confirmar el riesgo de un nuevo escenario de crisis. La alianza explícita con el SNTE y el refuerzo del liderazgo político de Elba Esther Gordillo, el retorno estelar del ex presidente Vicente Fox y su grupo, el cese de Santiago Creel tras el reclamo de Televisa y la recomposición de puestos en la administración pública en manos de militantes activos del PAN son signos que anuncian la decisión gubernamental de ganar mayorías a toda costa. Como si las lecciones tomadas en 2006 no hubiesen causado ninguna mella, parecería que lo único relevan te fuera la aritmética de los votos, aunque en el camino se destruya la cristalería fina que condiciona el éxito del proceso.

Pedir a las autoridades electorales que asuman todas las consecuencias es ya, también, un expediente agotado. Y más todavía cuando éstas se encuentran desafiadas por la entrada en vigor de una nueva legislación, mucho más compleja que la anterior. Si los actores en disputa no se hacen cargo de las consecuencias de sus decisiones, nadie más podrá hacerlo. El proceso electoral puede ayudar a consolidar nuestra democracia, pero también puede ser el principio de otra crisis. Las calculadoras electorales no sólo suman, también restan.

Profesor investigador del CIDE










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