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Fabiola Ferrer
Fabiola Ferrer
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07 Octubre 2014 04:00:54
Los estudiantes normalistas y el rayo que partió al PRD
La noticia de que 17 de los 28 cuerpos desenterrados de una zanja podrían ser parte de los 43 estudiantes normalistas que fueron secuestrados por policías municipales, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cayó en los territorios del Congreso de la Unión como un rayo, y su estruendo cimbró cimientos, muros, pasillos y alerones de esta institución central del sistema político mexicano.

¿Por qué a los estudiantes normalistas? ¿Qué razones tuvieron quien o quienes dieron la orden de, primero, secuestrarlos y después matarlos? ¿Si el que dio la orden fue el presidente municipal, José Luis Abarca, cuáles habrían sido sus motivos para tanta vileza, tanta infamia? ¿Habrá alguien detrás de Abarca o del narcotraficante que presuntamente dio la orden de matarlos? ¿O con quién, quiénes pretendió el criminal quedar bien, matando a los estudiantes? Éstas y más preguntas relampaguearon todo el día en el Poder Legislativo.

En la Cámara de Diputados, dos noticias sucedieron a la que provino de Iguala: Que este jueves el Pleno camaral estará creando, e instalando, una comisión especial que vaya a dar seguimiento a la desaparición y posible ejecución de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala.

Y, derivada de aquel hecho brutal, estaría celebrándose muy pronto una reunión excepcional de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, en terrenos del Congreso General, a la que tendrían que asistir los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación y el procurador general de la República.

El Senado, ayer mismo en voz de Miguel Barbosa, dijo a la República que aquel hecho de sangre es de tal malignidad que definitivamente “se trata de un hecho horrendo, del nivel de aquellos que trastornan la vida de un Estado y de un país; que demuestra que el crimen organizado ha penetrado a las autoridades y que supone que pueden actuar con total impunidad”.

También el senador hubo dicho: “Las autoridades federales y locales deben acreditar que no están rebasadas y que pueden ejercer sus funciones esenciales de seguridad y justicia.

No sólo se trata de tener algunos de los policías municipales asesinos: Se deben de desmantelar los grupos del crimen organizado que operan en esa región, identificados como ‘Guerreros Unidos’ y ‘Los Rojos”.


Y el apostille del senador: “Y se debe determinar el nivel de vinculación de la política con el crimen organizado”.

De esto último, precisamente, estuvieron opinando varios de los correligionarios perredistas de Miguel Barbosa.

La senadora perredista Dolores Padierna Luna: “Hace un año se opuso Nueva Izquierda rotundamente a que se le tocara siquiera con el pétalo de una rosa a su presidente municipal (se refería a la corriente de “los chuchos” que tienen el control del PRD y al edil Abarca), a sabiendas de lo que estaba haciendo”.

Padierna Luna remachó: “Esto lo comunicamos a la dirección nacional, lo comentamos con Jesús Zambrano directamente, y se opusieron radicalmente a que fuera sometido a juicio político por el Congreso del estado de Guerrero”.

Hacía un instante, Padierna hubo dicho también: “Los líderes políticos de Guerrero que han asesinado son de nuestro equipo político; mas los estudiantes, mas los defensores de los derechos humanos; somos nosotros las víctimas.

Y como víctimas hemos actuado con muchísima responsabilidad y advertimos en su momento quién era, y aun con riesgo, porque sufrimos muchas amenazas.

Sabemos quiénes estaban asesinando a la gente de izquierda en el estado de Guerrero y no fuimos atendidos en su momento. Las cosas se agravaron y hoy hay una crisis agravada”.

Cuando Dolores aludió a Ángel Aguirre Rivero, dijo: “Quiero precisar que el gobernador hace un año nos ayudó.

Cumplió con su responsabilidad de averiguación, de brindarnos algunas garantías para llegar hasta donde estuviera la verdad y la encontramos y él hizo lo posible por que se quitara a este presidente municipal que llegó con apoyo del narcotráfico y que forma parte de sus redes”.

Alejandro Encinas Rodríguez, senador perredista, afirmó: “En el caso de Iguala, donde el presidente emanó de las filas del PRD, estoy convencido de que hubo muchas omisiones y mucha tolerancia a diversas denuncias que se habían hecho con anterioridad, no solamente de corrupción y de enriquecimiento inexplicable, sino de presunto vínculos con la delincuencia organizada, y no se atendió con oportunidad”.

Y remachaba: “Es un acto de terrorismo de Estado este atentado contra la vida de jóvenes y de personas inocentes que tiene que esclarecerse, fincarse responsabilidades, detener y castigar a los responsabilidad y con esto no vale eludir ninguna responsabilidad en el ejercicio de gobierno”.

--¿Llega tarde el Ejecutivo Federal?, un reportero preguntó.

“Bastante tarde”, respondió Encinas, “porque tenían información indudablemente de esta situación y resulta inexplicable la fuga del presidente municipal de Iguala, cuando está acreditado el abuso de la policía municipal y la intervención de grupos de la delincuencia organizada. Ni el Gobierno estatal ni el federal debieron haber permitido esa fuga, y ahora tienen que explicar cómo fue posible que sucediera”.


Muchas cosas faltan por decir en torno de los estudiantes normalistas.

Hoy las tribunas del Congreso estarán candentes, unos justificando, otros denunciando, otros más describiendo la orfandad de la población ante un Estado inoperante y rebasado por la evidente vinculación política con el crimen organizado.

¿Hasta qué niveles ha llegado esa vinculación? Veremos qué se dicen hoy, tirios y troyanos.

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