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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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16 Abril 2019 03:40:00
El clon de Peña Nieto
José Narro Robles resultó ser el as bajo la manga para la sucesión del PRI. Su edad (70) y falta de carrera política pueden ser sus mayores activos tras el batacazo de la “generación Peña Nieto” cuya corrupción y arrogancia le pusieron a López Obrador la presidencia en bandeja de plata.

El PRI elegirá presidente y secretario general el primer domingo de septiembre, para el periodo 2019-2023. El proceso, “libre y abierto” a la militancia, será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por acuerdo de la 62 asamblea, encabezada por Claudia Ruiz Massieu. Los principales rivales de Narro son: Ulises Ruiz.

Mapache electoral, impuesto por José Murat en el gobierno de Oaxaca (2004-2010), se presenta como el aspirante rupturista. “Les voy a ganar, soy el único que tuve la fortuna de no trabajar con (Enrique) Peña Nieto, no soy de esa expresión política. Soy el único, porque de los dos lados son o los funcionarios de Peña Nieto (Narro ocupó la Secretaría de Salud) que quieren seguir secuestrando al PRI, o los gobernadores de corte peñista como el caso de (Alejandro) Moreno, que es Peña” (ADNPolítico, 27.02.19).

Ruiz permaneció en el banco en el sexenio pasado, pero junto con Humberto Moreira fue uno de los gobernadores que más impulsaron la candidatura presidencial de Peña Nieto. En el conflicto de 2006 con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varios de sus colegas –entre ellos Peña– le sugirieron renunciar, pero los despidió con cajas destempladas. Peña y Ruiz asistieron al quinto (y último) informe de Humberto Moreira, meses antes de su ascenso a la presidencia del PRI.

Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche (43 años) pertenece a la generación de Peña; incluso podría ser su clon. Su carrera política (como la de los Moreira en Coahuila) fue meteórica, igual que vertiginoso ha sido el crecimiento de su patrimonio (otra coincidencia) “el cual debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Alfredo Lecona, Aristegui Noticias, 01-17-17).

Ruiz acusa a Moreno de desviar recursos públicos y por hacer campaña anticipada. En un oficio fechado el 9 de marzo, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, pide a los dirigentes de los sectores, organizaciones y comités estatales y municipales, asumir «una conducta ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad (…)”.

Lo anterior, advierte, “no implica limitación o impedimento para reunirse o intercambiar impresiones” con los aspirantes, sin realizar “pronunciamientos” o “asumir posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del partido”.

Ulises Ruiz es el aspirante más zorro a la dirigencia del PRI. Y Peña Nieto, el presidente más repudiado –incluso algunos sectores priistas piden su expulsión– y el principal responsable de la derrota que tiene a ese partido al borde de la tumba. Asociar a Narro y a Moreno con el gobierno de la corrupción, la impunidad y la violencia, como lo hace el exgobernador de Oaxaca, es un llamado a la rebelión para impedir que Peña mantenga el control del PRI otros cuatro años.

Ruiz no es el más calificado para hablar de democracia y honradez ni para dirigir al PRI, pero sí quien puede darle la puntilla a un organismo sin liderazgo ni apoyo social.
17 Agosto 2019 04:00:00
Incuria humana
Mientras los glaciares y el planeta se derriten, las autoridades se miran el ombligo y la industria y las personas no dejan de contaminar. El cambio climático es una realidad, pero no hay políticas consistentes y serias para mitigarlo. Javier Mariscal escribe sobre el tema en el bisemanario Espacio 4 (620).

«El año 2019 se encamina a formar parte de los cinco periodos más calurosos registrados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). “Si las emisiones de efecto invernadero siguen aumentando, para mediados de siglo las temperaturas promedio de verano podrían ser hasta 4.5 grados (centígrados) más altas que ahora”, dijo la portavoz de ese organismo, Claire Nullis (Naciones Unidas Noticias, 26.07.19).

»Incendios, deforestación, calentamiento de océanos, pérdida de bosques, descongelamiento de los polos y glaciares amenazan el sostenimiento de la vida en el planeta. Frente a ello, la preocupación mundial crece por dos razones:
»La primera, por el alto riesgo que implica para la salud de las personas y el resto de los seres vivos en el planeta, debido a que los trastornos climatológicos alteran los ciclos agrícolas y biológicos de muchas especies.

»La segunda, por las tensiones políticas internacionales, “las cuales nacen de la exigencia global para que los gobiernos, y sobre todo los de aquellos países que más contribuyen al aumento del problema, hagan mayores esfuerzos por revertir la situación”, según el secretario general de Naciones Unidas (NU), Antonio Guterres.

»En un comunicado emitido en julio, la OMM afirma que lo significativo ahora es que los registros de incremento de la temperatura anual mundial rompen récords con oleadas de calor cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas.

»“El sobregiro térmico ya excede el aumento de un grado centígrado y apunta a superar los 4 grados por año, llevando el nivel muy por encima de los 12 grados promedio del siglo pasado, y ya no cabe duda de que el ser humano es quien más altera el equilibrio de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero tolerables en la atmósfera”, refiere la ONG. De acuerdo con sus estadísticas, el nivel de dióxido de carbono atmosférico ha pasado de 357 partes por millón en 1993, a 405.5 en 2017, un aumento de 13.6 por ciento.

»De forma colateral, también se acelera el impacto socioeconómico y eso genera riesgo de fricción entre países, pues parte de los flujos migratorios surgen a consecuencia de prolongadas sequías que afectan la agricultura en regiones del planeta que solían captar más lluvias.

»Además, el calentamiento también propicia enfermedades. En México, por ejemplo, al menos 2% de la población enfrenta padecimientos de asma, tos, resfriados, alergia y bronquitis atribuibles al cambio climático, según afirma el doctor Reyes Haro Valencia, investigador del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es decir, de los 130 millones de mexicanos, cerca de 2.6 millones se ven afectados por los contaminantes derivados del calentamiento global (EFE, 11.01.19).

»Petteri Taalas, secretario general de la OMM, señala que “es a consecuencia del calentamiento global que en los primeros meses de 2019 el ciclón Idai causó inundaciones devastadoras y trágica pérdida de vidas en Mozambique y Malawi, regiones cuya baja altitud las hace vulnerables a las mareas de tempestad y víctimas de la elevación del nivel del mar, por lo cual Idai se convirtió en el desastre atmosférico más mortífero del hemisferio sur”».
16 Agosto 2019 03:51:00
Ensayo reeleccionista
Baja California, primer estado donde hubo alternancia, refleja la nueva realidad política del país. En las elecciones de junio pasado, Morena captó el 50% de los votos y terminó con 30 años de hegemonía panista, cuyo candidato obtuvo el 23%. Superado por el PRD (8%) y Movimiento Ciudadano (6%), el PRI (4%) pasó al quinto puesto. La fuerza dominante entre 1930 y 1989 está ahora al nivel del Partido de Baja California. De ese tamaño es el ataúd que cargan Alejandro Moreno y Carolina Viggiano después de su triunfo democrático.

El atropello de Morena para tratar de extender a cinco años un gobierno electo para dos, lo explica el personalismo de su fundador (AMLO) y de Jaime Bonilla, cuyo ejercicio debe terminar el 31 de octubre de 2021, de acuerdo con la Constitución local. En julio de ese año se votará para diputados federales y gobernador, quien ocupará el cargo por seis años; así se homologarán los procesos federales y locales, como ya ocurre en otras entidades.

Bonilla pretende gobernar hasta 2024, cuando habrá elecciones presidenciales. La maniobra le ha generado a Morena un desgaste innecesario y oposición incluso dentro del mismo partido de López Obrador. En los comicios del año pasado en Puebla, para elegir gobernador, la panista Érika Alonso ganó por una diferencia de cuatro puntos porcentuales al candidato de Morena, Miguel Barbosa. El resultado fue impugnado, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Alonso. Barbosa mantuvo una actitud beligerante
y enconó al Estado.

Alonso falleció en un accidente aéreo el 24 de diciembre —10 días después de su toma de posesión— junto con su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Barbosa ganó la elección extraordinaria, pero Morena perdió 350 mil votos en relación con los comicios del año previo. Los ciudadanos les cobraron en las urnas su mal comportamiento.

El PRI captó el 18% de los votos y se ubicó en el tercer lugar. El PAN perdió los gobiernos de Puebla y Baja California, pero en Tamaulipas derrotó a Morena en todos los distritos. En Durango, el partido del Presidente solo conquistó dos municipios, pero en Quintana Roo se hizo con la mayoría de las diputaciones. La competencia tiende a ser entre el PAN y Morena. El PRI retrocede en cada proceso y nada hace pensar en su recuperación; al contrario, los escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto y la desaseada elección de su dirigencia nacional lo hunden cada vez más en el ánimo de los electores y de su propia militancia.

El PAN entró en crisis desde antes de los comicios de 2018 debido a la disputa entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala por la candidatura presidencial. Su mejor momento lo tuvo en 2016 cuando ganó siete gubernaturas bajo la batuta de Anaya. Marko Cortés no ha podido reunificar a Acción Nacional, pero aun así es el principal opositor de López Obrador y de Morena.

El apoyo de los diputados panistas de Baja California a la “Ley Bonilla” exhibió la falta de liderazgo en ese partido; para asumirlo, Cortés tiene un reto: frenar el ensayo reeleccionista en la península, al cual se oponen Montescos y Capuletos. Tal es el propósito de la controversia constitucional que diversas fuerzas presentarán ante la Suprema Corte de Justicia, una vez promulgado el decreto 112.
14 Agosto 2019 03:50:00
Vergüenza panista
Medio siglo tardó el PAN, desde su fundación, en obtener la primera gubernatura. En ese lapso, fue objeto de persecuciones y libró batallas memorables, pero la “dictadura perfecta” era implacable, y cuando no ganaba, arrebataba. En 1986, Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y ahora director de la CFE, calificó de “patriótico” el fraude contra Francisco Barrio para imponer a Fernando Baeza (PRI). Perder Baja California, su buque insignia, después de timonearlo por tres décadas (1989-2019), habría significado, sí, un fracaso, normal en cualquier democracia –el poder corrompe–, mas no el fin del mundo. Pero avalar la ampliación del período del gobernador electo Jaime Bonilla (Morena), de dos a cinco años, es distinto. Traicionar sus principios constituye un acto deleznable difícil de ignorar y menos aún de perdonar.

El golpe al estado de derecho habría fracasado si la 22 Legislatura, dominada por el PAN, votaba en contra de la reforma al decreto 112 (octavo transitorio constitucional) propuesta por el diputado de Morena Víctor Manuel Morán, el 8 de julio. Sin embargo, sus diputados la aprobaron ese mismo día, mes y medio después de las elecciones del 2 de junio. El presidente López Obrador se ha deslindado con tibieza del asunto, en tanto que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo juzga violatorio de la Constitución. El abogado Francisco J. Rubio comparte el criterio de la exministra de la Corte. “La inconstitucionalidad de la medida en Baja California se sustenta en la temporalidad de su expedición y por el contenido sustantivo del proceso legislativo. Por estas razones, se trata de una reforma claramente inconstitucional”, (Nexos, 22.07.19).

El líder del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien ya le ha enmendado la plana al Presidente varias veces, planteó una solución tajante, respaldada por el PRD: desaparecer los poderes del Estado por violar la Constitución. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descarta esa vía, pero tomarla sentaría un precedente positivo, pues enviaría un mensaje a los gobernadores, a las legislaturas y a los tribunales superiores de justicia locales para apegarse a la ley fundamental o atenerse a las consecuencias.

La mayoría de los gobernadores pertenece al PRI (11) y al PAN (10); Morena subió a seis con Baja California y Puebla. En caso de desaparición de poderes, el Artículo 76 constitucional faculta al Senado para nombrar sustituto, quien convocaría elecciones extraordinarias. A pesar del abstencionismo del 70%, el triunfo Morena en Baja California fue rotundo. Hace 30 años, el PAN obtuvo la gubernatura –con Ernesto Ruffo– dos ayuntamientos y nueve de 15 distritos. El 2 de junio, Morena hizo carro completo al ganar, en coalición con los partidos Verde, del Trabajo y Transformemos, el Gobierno, las cinco alcaldías (antes no existía la de Playas de Rosarito) y todas las diputaciones de mayoría (ahora son 17 bajo ese principio y ocho de representación proporcional).

Después del atraco legislativo, lo procedente es regresar al período de dos años para el cual fue electo Bonilla o anular la elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apuntó en la primera dirección el 29 de mayo al revocar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, según la cual el candidato de Morena podría ser gobernador por cinco años. La Suprema Corte de Justicia resolverá el caso en favor del derecho y de la democracia.
13 Agosto 2019 04:00:00
La hora final del PRI
El PRI renunció a ser oposición para colocarse en la órbita del presidente López Obrador. Así nació y así eligió morir: en 1929, bajo el caudillaje de Plutarco Elías Calles y 90 años después, bajo la sombra del fundador de Morena. Final deshonroso para un partido cuyas aportaciones al país acabaron sepultadas por la generación de Peña Nieto, caracterizada por la corrupción, la soberbia y el abandono de su doctrina social. La elección de la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano –combinación de Peña y Marta Sahagún– resultó según lo planeado.

Obnubilado, el PRI acaso supone que su alianza con AMLO y el eventual fracaso de la Cuarta Transformación lo convertirán en opción para regresar al poder. Si ya ocurrió con Peña tras los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, argumentarán sus estrategas, ¿por qué no en 2024 con Miguel Osorio Chong e incluso con Moreno? Chiste cruel o sueños guajiros, da lo mismo. En 2012 concurrieron factores irrepetibles: el PRI gobernaba 19 estados, entre ellos Veracruz –entonces su segunda reserva de recursos y de votos–, y hoy solo 11. El más fuerte de ellos es Estado de México, donde virtualmente está copado por Morena.

La tendencia en los estados, como se observó en Baja California y Puebla el pasado 2 de junio, es que Morena avance y el PRI siga en picada. En Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, el PAN borró del mapa al partido de AMLO. Acción Nacional representa hasta hoy la única oposición, a pesar de la pifia en Baja California por la “Ley Bonilla” de la cual se deslindó. También expulsó a los nueve diputados de la anterior Legislatura que avalaron el atropello. Una vez promulgada la reforma que amplía de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla, el PAN presentará un juicio de inconstitucionalidad ante la Corte para anularla.

En las presidenciales de 2006, Fox intentó eliminar de las boletas a López Obrador con el apoyo del PRI, y por poco pierde la elección. En 2012, Calderón siguió la misma ruta, sin embargo, para asegurarse de no fallar, abandonó a Josefina Vázquez Mota y se decantó por Peña Nieto. Si el PRI supone que López Obrador podría favorecer a un tricolor en la sucesión de 2024 para frenar a la derecha, significa que también perdió la razón. El PRI negoció con Fox y Calderón desde una posición de fuerza; hoy no la tiene. La suya no es una alianza, sino una rendición.

La victoria del tándem Moreno-Viggiano es menos que pírrica; ya pueden regresar solos a casa. El proceso interno del PRI fue un montaje con los vicios de siempre (acarreo, compra de votos, padrones rasurados). El elevado abstencionismo confirma la condición de un partido agónico y de una militancia desmoralizada. El PAN tampoco ha dado señales de recuperación (su triunfo en los estados corresponde a los gobernadores) y Marko Cortés es un líder bastante anodino, pero en el imaginario colectivo es la oposición más viable y visible.

Si Acción Nacional logra salir de la crisis –ya ha superado otras, pero ninguna tan profunda como la actual– podría ser el contrapeso que el país necesita con urgencia frente a un López Obrador avasallador. México Libre, partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, en gestación, trata de convertirse en alternativa para las elecciones intermedias en las cuales se renovará el Congreso. Movimiento Ciudadano es otra opción. En 2018 ganó Jalisco con Enrique Alfaro, y en 2021 podría hacerse con el gobierno de Nuevo León tras el fracaso estruendoso de Jaime Rodríguez, el Bronco.
12 Agosto 2019 04:01:00
Coahuila en el candelero
Aún no terminaba de borrarse de la mente la imagen de los cuerpos inertes de los migrantes salvadoreños Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y de su hija Valeria, de 2, a la orilla del río Bravo, arropados en la misma camiseta, cuando policías del estado asesinaron en Saltillo al hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán (29) frente a su hija Nataly (8), el 31 de julio. Ambos salieron de la Casa del Migrante con un grupo que pretendía abordar el tren para viajar a la frontera e intentar cruzar a Estados Unidos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) dispararon a mansalva contra los migrantes, uno de los cuales ocultó a su hijo de 2 años en una tienda para librarlo del fuego. Si en Estados Unidos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sugirió, según la agencia de noticias ProPublica, que la fotografía de Óscar Alberto y Valeria había sido manipulada, pues los cuerpos lucían «demasiado limpios», aquí la FGE quiso imponer su versión de lo ocurrido -culpar a la víctima y exonerar a los agresores-, pero fue descubierta en la mentira.

A Marco Tulio se le sembró un arma para presentarlo como provocador; sin embargo, la FGE cedió ante la presión y la evidencia, y detuvo a varios agentes, entre ellos al presunto asesino. La Casa del Migrante ha solicitado la renuncia del fiscal Gerardo Márquez, mientras el obispo de Saltillo Raúl Vera, defensor de los migrantes antes de que el fenómeno hiciera crisis por el racismo político y el discurso de odio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó terminar con el «ambiente de criminalización de los migrantes» y detener la caza de brujas provocada por la amenaza de imponer aranceles comerciales a México.

Si la supuesta ejecución extrajudicial de traficantes de droga en el estado responde a una política pública para disuadir el crimen y «mantener el orden a cualquier costo» es violatoria del derecho internacional humanitario, con mayor razón lo es cuando se trata de migrantes protegidos por mecanismos de Naciones Unidas. «Una ejecución por parte de agentes del Estado es extrajudicial cuando no está dentro de los siguientes parámetros: la legítima defensa; el combate dentro de un conflicto armado; el uso racional necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley; y por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento» (Wikipedia).

El caso del migrante abatido ha puesto a Coahuila de nuevo en el candelero. La FGE debe afrontar su responsabilidad -el engaño para encubrir el asesinato no puede quedar impune- y el gobernador Miguel Riquelme responder sin paliativos. Primero, para garantizar justicia; segundo, para que ese tipo de agresiones no se repita; tercero, para respetar y hacer cumplir los protocolos de protección a migrantes; y cuarto, para dejar de acosar y estigmatizar, por razones políticas, a la Casa del Migrante. Si el proceso exige cambios radicales en la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias, ningún compromiso o consideración personal deben interponerse.

Las agresión del 31 de julio contra personas indefensas pudo haber tenido consecuencias más graves, no solo para los migrantes y los habitantes de la colonia San Miguel, sino también para el Gobierno del Estado. Es preciso desterrar el odio del discurso político, de la conversación cotidiana y de los medios de comunicación. La crisis humanitaria podrá resolverse con solidaridad y apego riguroso a las leyes, nunca con balas.
10 Agosto 2019 04:03:00
La mujer del celular
La escritora y periodista Renata Chapa analiza en la nueva edición de Espacio 4 la actitud de la mujer que grabó en su celular imágenes y diálogos durante el tiroteo en El Paso, Texas, compartidas en una página de Facebook. Después de la narración, su sentencia es concluyente:

«A tan solo unos momentos de que Patrick Crusius, un joven de 21 años, ejecutara a balazos a varias personas ubicadas en ese estacionamiento del Walmart de Cielo Vista, y teniendo los cuerpos de algunos de ellos de frente, y al asesino sin capturar -aún armado y con evidente intención de continuar los disparos-, ubicado a metros de distancia dentro del mismo centro comercial, ¿de dónde sacó valor, en esos precisos momentos, la mujer que videograbó en su celular lo arriba narrado? ¿Qué pudo haber sido más poderoso en ella para videograbar una y varias veces a los recién asesinados en lugar de velar por su propia vida y por la de otras personas ahí mismo en alto riesgo?

»¿Qué tipo de cruel y ciego empoderamiento brota con celular en mano? ¿Hasta dónde llega la necesidad de dar cuenta del dolor ajeno, de la caída del otro, de la vulnerabilidad humana ante el fanatizado morbo viral? ¿Y los familiares de las víctimas videograbadas y los derechos humanos de unos y de los otros? ¿Adquiere, entonces, más peso un “valiente” videograbador de masacres que el masacrador? Las dudas siguen, al igual que el profundo sentimiento de ofensa.

»Cierro con varias reflexiones del libro electrónico, Redes Sociales: del Daño Virtual a la Responsabilidad Legal (Kindle Edition, Bogotá, 2018, recuperado de Storytel). Su autor, Felipe Sánchez Iregui, señala puntual: “Para muchas personas, las redes se han vuelto una herramienta de validación social, aceptación, o el medio con el cual son escuchadas para no pasar inadvertidas en un mundo donde los medios de comunicación exigen, enseñan o difunden una cierta necesidad de aceptación o visualización social. (…)

»“¿Qué riesgos aparecen, entonces, bajo el contexto de la disponibilidad de datos de internet, la portabilidad de las herramientas tecnológicas y la inmediatez de los hechos? (…) El riesgo social que comporta la información en eventos de alto impacto masivo como situaciones catastróficas, actos de terrorismo, situaciones políticas, marchas masivas, crímenes de lesa humanidad, actos o decisiones judiciales de trascendencia, cuyo manejo exige tacto, prudencia y llamado a la calma, entre otros. (…) No ser un wallflower -es decir, una persona impopular, imperceptible, tímida- es un reto (enfrentado) por la presión social, muchas veces inculcada en la misma casa, colegio o entorno familiar (y laboral)”. Daños a la moral, la autodenigración, lo irracional e indigno por los “cinco minutos de fama” que buscan llenar quién sabe cuántos vacíos emocionales.

»Ricardo Raphael explica en su libro Mirreynato: la Otra Desigualdad (Ed. Planeta, México, 2016) que una de las características esenciales de los “mirreyes” de cepa es atreverse a lo endemoniadamente peligroso. Al marasalvatruchismo versión millonarios. Caiga quien caiga. Le pese a quien le pese.

»Patrick Crusius se atrevió a pasar por alto la vida; y la mujer del celular, a pasar por alto la muerte. Entornos que dan miedo al miedo mismo. Violentaciones supremas como opción a qué. Por qué. Hasta dónde. Cuántas disculpas en una cada vez más larga lista de espera». (Texto completo en espacio4.com)


09 Agosto 2019 04:00:00
Rebelión silenciosa
El PRI ha tenido 54 presidentes desde su creación, en 1929, como Partido Nacional Revolucionario; en 1938 cambió a Partido de la Revolución Mexicana y desde entonces adoptó el nombre actual. Su ideología centrista, corporativista, tecnocrática y neoliberal, y su posición de centroderecha lo apartó de la socialista de su segunda etapa. En apenas cinco años, Morena –cardenista-reformista– se convirtió en el partido de izquierda y ganó la Presidencia y el Congreso. El PRI ocupa una precaria tercera posición después del PAN.

En las tres épocas del PRI, al menos seis de sus líderes fueron presidenciables, pero solo Lázaro Cárdenas logró el objetivo. Con la autoridad de no haber aprovechado su popularidad para crear un nuevo maximato, el general se opuso a la tentativa reeleccionista de Miguel Alemán cuyo Gobierno, igual que los de Salinas de Gortari y Peña Nieto, sobresalió por ser de los más corruptos de la historia. Luis Donaldo Colosio –segundo dirigente en obtener la candidatura presidencial, –el tercero fue Roberto Madrazo– murió en una emboscada urdida desde el poder.

El PRI viró a la derecha en el Gobierno de Miguel de la Madrid, cuyo predecesor, José López Portillo, se había autoproclamado “el último presidente de la Revolución”. El periodo neoliberal se afianzó con Salinas. A esa corriente se ha referido el presidente López Obrador: “Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo, y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas”.

Manlio Fabio Beltrones, quien también aspiró a la Presidencia, encendió las alarmas cuando renunció a la jefatura del PRI después de perder la mayoría de las elecciones estatales de 2016: “estamos obligados, como nunca antes, a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos; de todos ellos, votantes priistas o por otros partidos, que exigen mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad (…) que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas (…) seguridad para sus hogares y sus ciudades. No están satisfechos con solamente enterarse de que vamos bien, sino que quieren sentirse bien”.

Es el mismo discurso de López Obrador, ignorado por Peña Nieto y sus 40 ladrones con olímpico desdén. El PRI —como The Economist le restregó al ahora expresidente, quien prefería mirar para otro lado con tal de no ver la corrupción propia y de su Gobierno– “no entiende que no entiende”. La pretensión de imponer a Alejandro Moreno y a Carolina Viggiano –satélites de Peña y de Miguel Osorio— al frente del Comité Ejecutivo Nacional, acabará con los restos de un partido repudiado dentro y fuera de las urnas. Osorio se asume como jefe político, y desde el reino de la mediocridad y la insania crea su propia fantasía: ser presidente.

La elección priista será una farsa, y como tal la descalificó Beltrones después de haber sido eliminado de la competencia, con malas artes, el único aspirante capaz de plantarle cara a López Obrador: “Lamento y mucho la renuncia de mi amigo @JoseNarro al @PRI Nacional. Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria”, publicó el 19 de junio en su cuenta de Twitter.

Junto con Beltrones –amigo de Colosio–, muchos militantes se abstendrán para no avalar el fraude, o votarán por Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro, la fórmula opositora. Legiones de priistas agraviados emigraron ya a Morena. El PRI está acabado.

07 Agosto 2019 04:00:00
La guerra perdida
La impunidad en México obedece al diseño de la Constitución y de las leyes, cuyo propósito consiste en proteger a los poderes público y económico. El Congreso aprobó reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema y atacar la corrupción. Empero, en ocho meses de Gobierno, los resultados de la estrategia contra ese flagelo -núcleo de la campaña presidencial de 2018- han sido pobres o de plano nulos en un país con las peores calificaciones en materia de estado de derecho y transparencia.

«El distintivo del neoliberalismo es la corrupción», insiste AMLO. Implantado hace 36 años, según el Presidente, el modelo comprende cuatro gobiernos del PRI y dos del PAN. Sin embargo, Ernesto Zedillo, sin aspavientos, creó las condiciones para la alternancia, reformó el Poder Judicial y encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Salinas fue enlistado por la revista Forbes entre «Los 10 mexicanos más corruptos de 2013», junto al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

«Mister ten percent», como era conocido Salinas por las comisiones que cobraba a contratistas y proveedores del Gobierno federal, fue detenido el 28 de febrero de 1995 bajo los cargos de lavado de dinero del narcotráfico, enriquecimiento ilícito y la presunta autoría intelectual del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, padre de la saliente líder del PRI, Claudia Ruiz Massieu. El expresidente Carlos Salinas quiso presionar a Zedillo con una huelga de hambre. Finalmente, se autoexilió en Irlanda. Después de 10 años en prisión, Raúl Salinas no solo fue absuelto, también recuperó 19 millones de dólares y 41 propiedades (Forbes, 22.12.13).

Así ha operado siempre el sistema judicial. López Obrador pretende cambiarlo… sin castigar a los corruptos. Ningún presidente había puesto entre rejas a uno de los intocables del régimen como Zedillo lo hizo con Raúl Salinas. Vicente Fox, lo mismo que AMLO, prometió una pesca abundante de corruptos, pero solo encausó a Rogelio Montemayor por el Pemexgate, el cual consistió en el desvío de más de mil millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida, en el año 2000. El exdirector de Pemex fue exonerado, como Salinas, y el PRI multado con mil millones de pesos.

Zedillo -candidato sustituto del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio- es uno de los presidentes mejor calificados; y Salinas, junto con Peña Nieto, de los más repudiados. La corrupción alcanzó en sus gobiernos cotas de escándalo. Zedillo superó el naufragio económico, herencia de Salinas, cuyas consecuencias fueron la crisis bancaria y el empobrecimiento de millones de mexicanos. El rescate de los bancos, a través del Fobaproa, costó al país más de medio billón de pesos.

De los 14 últimos presidentes, Zedillo ocupa el segundo lugar en la clasificación general del portal México Mágico, después de López Mateos, y por encima de Fox. En «desempeño personal», el primero; Felipe Calderón, el segundo; y Lázaro Cárdenas, el tercero. Los primeros sitios del ranking de «desarrollo económico» corresponden a López Mateos, Fox y Ruiz Cortines; y en «desarrollo social», los líderes son Luis Echeverría, López Portillo y López Mateos. A escala mundial, López Obrador es uno de los presidentes mejor evaluados -y el número uno de América-, con una aprobación de 67% (Consulta Mitofsky).
06 Agosto 2019 04:00:00
Gobernar sin barreras
Los presidentes de México le temían a la gente. Desde Luis Echeverría, ninguno se mezclaba entre ella como lo hace ahora López Obrador incluso con mayor naturalidad. En ese periodo, los mandatarios no ponían pie fuera de Los Pinos si no eran rodeados por un ejército de guardaespaldas que quizá «ni Obama» tenía. En Estados Unidos, la protección del Presidente, el vicepresidente y sus familias corresponde al Servicio Secreto, que también desarrolla funciones como la de prevenir e investigar la falsificación de dinero, fraudes, hurtos financieros y otros delitos (Wikipedia).

El Servicio Secreto depende del Departamento de Seguridad Nacional y lo integran alrededor de 6 mil agentes. En México, la seguridad del Presidente estaba asignada al Estado Mayor Presidencial (EMP), cuyo número de elementos era similar al de su equivalente norteamericano. Creado en 1942, el EMP devino en casta dorada. Y como sucede en Coahuila con la legión de policías pagados por los contribuyentes para cuidar a las cabezas y a los peones del moreirato, en vez de salvaguardar a la población, las fuerzas federales dejaban de prestar otros servicios al país.

Una de las primeras medidas del Gobierno de López Obrador consistió en desaparecer el EMP e integrar sus elementos a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. En el sexenio pasado, proteger y atender al jefe de Estado y de Gobierno mexicano costó más de 6 mil millones de pesos. El EMP celebró su día el 22 de febrero de 2018, sin saber que sería el último. En la ceremonia, una frase de cinco palabras -a espaldas de Peña Nieto- resumía la función de este controvertido «órgano técnico militar»: «¡Al Presidente nadie lo toca!».

Además de corrupto y frívolo, Peña fue un Presidente pusilánime. Ni López Portillo aireó su vida privada con el descaro con que lo hace hoy el «orgullo de Atlacomulco». Repudiado por los mexicanos, el expresidente se refugió en la soledad junto con su segunda esposa y con sus hijos; y murió, si no en la pobreza, sí muy cerca de ella. Además de su pensión, vivía de la ayuda de «políticos ricos». Lo único que pedía era respetar su intimidad para rumiar el fracaso por el cual lloró y pidió perdón en su último informe. Quizá al final López Portillo obtuvo indulgencia; Peña, en cambio, se obstina en ser recordado con desprecio.

López Obrador, a diferencia de sus predecesores, no teme a las personas; por esa razón prescindió de los símbolos del poder que en realidad eran barreras infranqueables para que nadie «tocara»» al Presidente, cual si fuese dios. Ello explica, en parte, por qué AMLO mantiene altos niveles de confianza después de siete meses de Gobierno, no exentos de dislates, errores y turbulencias. La mayoría de los mexicanos le cree; y en contra de quienes tildan a sus seguidores de fanáticos, la encuesta de Reforma y The Washington Post (17.07.19) refleja madurez social en sus evaluaciones, pues reconoce éxitos y subraya fracasos.

Frente al 53% y el 49% de los ciudadanos satisfechos con los resultados de la lucha contra la pobreza y la corrupción, el 52% y el 55% reprueban las políticas del Presidente para combatir el crimen y reducir la violencia. Para el 86% de la muestra, Peña Nieto cometió actos de corrupción, por los cuales AMLO debe castigarlo, respondió el 78 por ciento. El mensaje es irrefutable: ni perdón ni olvido. Todavía es temprano para juzgar el sexenio, pero la encuesta es un buen termómetro.
05 Agosto 2019 03:30:00
Ingenuidad política
La consigna de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, los candidatos de Enrique Peña Nieto (EPN) y Miguel Osorio Chong (MOC) para dirigir al PRI es clara: terminar con los dinosaurios de una vez por todas. Esa especie la representan Manlio Fabio Beltrones y las generaciones de gobernadores, secretarios de estado y políticos previas a la de EPN. Sin ser un dechado de honestidad, Beltrones significaba un peligro para la cleptocracia que ostentó el poder hasta el año pasado; por esa razón, el peñismo conjuró para echarlo de la jefatura del PRI por la puerta de atrás.

El temor era que Beltrones aprovechara su experiencia y relaciones con los cuadros del PRI y otros sectores para conseguir la candidatura presidencial en 2018, como Roberto Madrazo lo hizo 12 años antes. En ese escenario, quizá tampoco hubiera vencido a López Obrador, pero el desplome de su partido habría sido menos estruendoso. Para eliminar al émulo de Gutiérrez Barrios de la sucesión y derrumbar el mito, nada mejor que presentarlo como perdedor.

Las elecciones de 2016 marcaron el debut y la despedida de Beltrones de la presidencia del PRI. El resultado fue desastroso, pues de 12 gobiernos en disputa, perdió siete con el PAN; entre ellos los de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz donde jamás había habido alternancia. Cuatro datos curiosos: 1) en la mayoría de los estados donde participó Encuentro Social (ES), partido patrocinado por MOC, afrontó al PRI; 2) en Hidalgo —donde el cacique es MOC— el PRI ganó con el más alto porcentaje de votos; 3) los candidatos de Morena obtuvieron votaciones marginales, excepto en Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, y 4) en las presidenciales del año pasado, ES apoyó a López Obrador y no a José Antonio Meade.

El triunfo del PAN catapultó a su líder Ricardo Anaya y lo consolidó como el plan B de EPN y sus secuaces para la presidencia. Sin embargo, cuando el “joven maravilla” emprendió su propio vuelo y en campaña prometió encarcelar al Presidente por delitos de corrupción, la preferencia cambió hacia López Obrador y su partido. Súbitamente, AMLO modificó su discurso y perdonó a EPN. Sin embargo, la presión interna y exterior, para enjuiciar a Peña, podría rebasarlo.

Boicoteado desde Los Pinos, Gobernación y Hacienda —entonces a cargo de Luis Videgaray, promotor de la candidatura de Meade—, Beltrones optó por renunciar a la jefatura del PRI y a sus aspiraciones presidenciales. La trama había dado resultado. Beltrones era el candidato natural en las sucesiones de 2012 —de la que fue eliminado por intrigas de Humberto Moreira y de EPN— y 2018. El currículum del dinosaurio asusta a los párvulos arrogantes que gobernaron el país en el sexenio pasado y sepultaron al PRI: subsecretario de Gobernación, gobernador de Sonora, líder de la CNOP y presidente de las cámaras de diputados y de
senadores.

En su discurso de renuncia a la dirigencia del PRI, el 20 de junio de 2016, “don Beltrones” pegó un coletazo: “(…) los electores dieron un mensaje a políticas públicas equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable… (la) ciudadanía premia o castiga con su voto”. También parafraseó a su paisano Colosio, asesinado por la nomenklatura para cerrarle las puertas de Los Pinos: “Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo pagan”. Un año después, Peña y su grupo fueron castigados en las urnas por 45.6 millones de mexicanos (suma de los votos por AMLO, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez).



03 Agosto 2019 04:00:00
El fin del mito
Joaquín Guzmán, el capo que se le fugó a Vicente Fox y a Peña Nieto, terminará sus días en una prisión de Estados Unidos a prueba de túneles, como lo cuenta Gerardo Moyano en el número 619 de Espacio 4.

“El ‘juicio del siglo’, que acabó el 17 de julio con la sentencia a cadena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera en una cárcel de máxima seguridad de EU, exhibió el alto nivel de corrupción gubernamental en México.

“En su declaración ante el jurado, Víctor J. Vázquez, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), señaló que la recaptura del narcotraficante se logró cuando dejaron de incluir en los operativos a la “corrupta policía” mexicana, en particular a la Policía Federal (…).

“‘Lo habíamos hecho con ellos –la Policía Federal– antes; simplemente por el nivel de corrupción no iba a funcionar si los usábamos de nuevo’, dijo Vázquez, quien desde enero de 2014 tuvo el encargo de arrestar a ‘los líderes’ del cártel de Sinaloa: ‘El Chapo’ y sus socios Ismael ‘el Mayo’ Zambada y Rafael Caro Quintero. Por este último, liberado por un ‘error judicial’ en 2016, las autoridades estadunidenses ofrecen la recompensa más alta de la historia: 20 millones de dólares.

“Vázquez señaló que ‘por miedo a la corrupción’ se limitaron a compartir información con un grupo selecto de la Marina de México, lo cual refuerza la decisión de AMLO de transferir los policías federales a la Guardia Nacional.

“En este sentido, el jefe de Operaciones de la Oficina de Aplicación Global de la DEA, Greg Cherundolo, advirtió ante el Senado estadunidense que ‘la presencia de la DEA en México representa nuestra mayor huella internacional’ y que la recaptura del ‘Chapo’, en 2106, fue el ‘ejemplo más notable del alto nivel de cooperación’, así como de la ‘fuerte y exitosa asociación de seguridad bilateral en la última década’.

“Sin embargo, esta cooperación ha sido ríspida. De hecho, la defensa del ‘Chapo’ mostró una foto de Vázquez sosteniendo un rifle de asalto y vistiendo un uniforme militar mexicano frente a 2 mil 800 paquetes de metanfetamina decomisados en un cateo, el 17 de febrero de 2014, en el marco de la búsqueda del ‘Chapo’. Esto fue antes de que el Senado mexicano aprobara una iniciativa de ley, en abril de 2015, que permite que haya agentes extranjeros armados en el país.

“La parte acusadora intentó evitar que Vázquez respondiera al respecto, pero el juez Brian Cogan lo permitió. ‘¿Por qué portar un arma de asalto?’, preguntó el abogado Eduardo Balarezo. ‘Por protección, por si los miembros del cártel atacaban a los marinos’, respondió el agente.

“La defensa del “Chapo” mostró luego otra fotografía de su cliente sometido por un hombre con uniforme militar. ‘¿Esa es su mano?’, cuestionó Balarezo. Si bien Vázquez aceptó que él fue quien confirmó la identidad del narcotraficante en su última captura, asegura que nunca lo tocó. Tras la respuesta, los fiscales interrumpieron el interrogatorio y pidieron acercarse al juez, junto al abogado de Guzmán, quien no retomó el tema.

“Esta sería una de las irregularidades por las cuales el 22 de julio, la defensa del “Chapo”, ahora liderada por el litigante Marc Fernich, apeló el veredicto –culpable de 10 delitos por tráfico de drogas y lavado de dinero– y la sentencia –cadena perpetua, más 30 años de cárcel por uso de armas de fuego y 240 meses por blanqueo de dinero–. El proceso podría demorar un año. Mientras tanto, ‘El Chapo’ purga su condena en la prisión ADMAX de Florence, Colorado, donde pasa 23 horas del día en absoluto aislamiento”.


02 Agosto 2019 04:01:00
Diques fracturados
La megadeuda de Coahuila tiene ocho años de haberse descubierto, sin que hasta hoy, ninguno de los responsables haya sido procesado todavía; mientras, el estado afronta apremios financieros cada vez mayores. La apuesta del moreirato ha sido por el agotamiento, la prescripción de delitos y el olvido. Las legislaturas implicadas, los últimos fiscales y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) han cumplido con celo la encomienda de encubrir una trama urdida desde el centro mismo del poder, ejercido por los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El absurdo tiene una explicación: algunos de los defensores del clan fueron sus cómplices y ahora ocupan puestos clave en el Congreso y en el aparato de justicia.

Los partidos de oposición y los organismos del sector privado renunciaron a su compromiso de presionar a las autoridades para exigir el esclarecimiento de la deuda y someter a juicio a quienes abusaron de su autoridad e infringieron leyes para hipotecar al estado. El vacío de liderazgo lo han cubierto ciudadanos y organizaciones civiles.

A ellos y a algunos medios de comunicación se debe que el tema continúe vigente en la agenda del país. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó levantar la veda sobre el moreirazo.

Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción deberán turnar a un juez las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la Secretaría de Finanzas por irregularidades cometidas en los ejercicios 2013 y 2014, cuyo monto asciende a 691 millones de pesos.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, siempre ha preferido mirar para otro lado. El zar Jesús Homero Flores Mier presenta como una proeza haber enjuiciado a 31 funcionarios y recuperado 700 mil pesos dentro del Reto de los 100 días.

En un estado donde la deuda pública se disparó de 380 millones de pesos a cerca de 40 mil millones, en el lapso de un sexenio; donde se contrataron créditos a espaldas del Congreso y con documentos falsos; donde se ocultaron pasivos y se desviaron casi 500 millones de pesos a empresas fantasma, y donde el sistema de Pensiones fue saqueado, los resultados expuestos por Flores Mier son ofensivos y ridículos. Para dar credibilidad y legitimidad a la estructura creada para combatir la corrupción, es preciso depurarla. El SEA lo diseñó Rubén Moreira para cubrirse las espaldas.

Sin embargo, la presión social y las denuncias de la ASE, por la deuda, las firmas fachada y otros gastos anómalos, empiezan a surtir efecto. Los diques de la impunidad ya están fracturados.

Para responder a las demandas de justicia de los coahuilenses, también es condición separar de sus cargos e investigar a quienes la obstruyeron, participaron –directa o indirectamente– en el quebranto o son manifiestamente incompetentes.

Magistrados como Homero Ramos Gloria (procurador del moreirato) y el fiscal Flores Mier (del mismo grupo) lastran las instituciones. La iniciativa del presidente López Obrador para purgar los tribunales de justicia y los sistemas estatales anticorrupción, convertidos en refugio de políticos, obedece al clamor nacional de terminar con la simulación y eliminar el sistema que premia la indecencia en vez de castigarla.

31 Julio 2019 04:05:00
Vientos de fronda
La fórmula compuesta por el gobernador de Campeche con licencia y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo –en el Gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong– y exprimera dama de Coahuila, divide a una militancia agraviada por las decisiones cupulares.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, y José Encarnación Alfaro representan la opción contra el continuismo tras la renuncia de José Narro. Lorena Piñón y Daniel Santos son comparsa, y sus posibilidades de ganar, nulas. Entre los escándalos que persiguen a Moreno y a Viggiano destacan:

• La detención de Juan Collado –expresidente de Caja Libertad y presunto socio de Carlos Salinas y Peña Nieto– por lavado de dinero y delincuencia organizada.

• Las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, contra Peña por haber autorizado la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados a AHMSA.

• Las órdenes de aprehensión contra Lozoya por lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y la adquisición de una residencia de 1.9 millones de dólares en Ixtapa, con un supuesto soborno de AHMSA. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la propiedad el 11 de julio.

• La investigación de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos contra el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, por lavado de dinero. El empresario afronta en España un proceso por el mismo delito.

• Las denuncias contra Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

• La casa de 46 millones de pesos de Alejandro Moreno, en Campeche. Según organizaciones civiles y líderes de oposición, el dinero provino de “moches” pagados al Gobernador.

• Las imputaciones de la FGR contra la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, por peculado de 5 mil 875 millones de pesos a través de la Estafa Maestra.

• Las denuncias penales por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma y otras irregularidades financieras en el Gobierno de Rubén Moreira, esposo de Viggiano.

• Los 1.6 millones de dólares que Alfredo del Mazo ocultó en Andorra cuando era alcalde de Huixquilucan y su primo, Peña Nieto, Gobernador del Estado de México.

• La denuncia de Ivonne Ortega contra Rubén Moreira por amenazas.

Eso no es todo: mientras Peña ventila sin rubor sus devaneos en la misma revista donde su exesposa Angélica Rivera detonó el escándalo de la casa blanca, su viejo aliado Javier Duarte lo puso en la picota. El exgobernador de Veracruz –“paradigma del nuevo PRI”– declaró que su captura en Guatemala, el 15 de abril de 2017, fue un montaje –estilo Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, en el caso de Florence Cassez–. El político huyó después de renunciar al Gobierno para evadir una orden de aprehensión por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Pacté mi entrega; no me detuvieron (…) me entregué a cambio de que dejaran –en paz– a mi familia”. En un video grabado supuestamente en Guatemala, y difundido por Grupo Imagen el 15 de julio, Duarte descubre el engaño: “darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero, como verán, estoy totalmente en libertad”.
30 Julio 2019 04:05:00
Dinero y traición
Dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo aterrizaron el 30 de enero de 2012 por la noche en el aeropuerto de Toluca, en un avión del Gobierno de Veracruz. Según el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, los recursos eran para Industria 3, organizadora del Carnaval, la fiesta de la Candelaria y la Cumbre Tajín. ¿Por qué en efectivo? “Por las prisas”, argumentó. Las maletas con el dinero y Miguel Morales Robles, funcionario del estado, fueron asegurados por la PGR; igual suerte corrió el emisario enviado por el gobernador Javier Duarte para gestionar la liberación de Morales y del dinero.

El caso –revelado por el periódico Reforma– se cerró con un cabeza de turco: Vicente Benítez González perdió su empleo de tesorero. Felipe Calderón recordó el episodio en un mitin del candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes, el 28 de mayo de 2016: “La maquinaria judicial nos impidió seguir adelante y hasta nos obligó a regresar ese dinero con intereses”.

Sin embargo –dijo el expresidente– la PGR prosiguió la investigación y descubrió una cuenta bancaria del Gobierno de Veracruz, de la cual se retiraron 3 mil
400 millones de pesos en el lapso de un año.

La versión más creíble sobre “el extraño caso de los 25 millones de pesos voladores” (así tituló El País la nota, 31.01.12) es que eran para la campaña de Peña Nieto (muchas maletas con efectivo viajaron por el país con el mismo propósito).

Los gobernadores del PRI habrían sufragado, con recursos públicos, una parte de los 4 mil 599 millones de pesos para el pago de representantes de casilla y promotores del voto con tarjetas Monex y Soriana, los cuales no fueron reportados, de acuerdo con un informe de la comisión plural de la Cámara de Diputados creada para el caso (La Jornada, 14.03.14).

Peña pagó a los gobernadores con impunidad, a un alto precio para los estados, cuyo nivel de endeudamiento creció entre 2010 y 2011, el año previo a la elección presidencial, según datos de Hacienda. Uno de los casos más escandalosos fue el de Coahuila donde los pasivos se dispararon a 38 mil millones de pesos. Humberto Moreira, efímero presidente del PRI, ha corrido hasta hoy con mejor suerte que Javier Duarte. Pues mientras Peña rescató al primero de la prisión española de Soto del Real, traicionó al segundo.

Duarte acusa al exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio, de violar el pacto para su entrega, y lo responsabiliza de cualquier represalia contra él y su familia.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado niega las acusaciones. El también exgobernador de Hidalgo está en la picota justo cuando pretende tomar la jefatura del PRI con la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano. Osorio Chong es uno de los principales responsables de la crisis de inseguridad en el país. Mientras el jefe del sistema carcelario intrigaba para ser candidato presidencial, en julio de 2015 se le fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán –condenado a cárcel de por vida en Estados Unidos–.

La sonrisa de Duarte la borró el fracaso del PRI en las presidenciales del año pasado. En el video donde denuncia que su captura fue un montaje organizado
por Osorio y otros colaboradores de Peña, el exgobernador desvela otra parte del plan de sus antiguos aliados: «Desde ahora les digo que, en el caso de que
me obligaran a hacer alguna acusación o declaración en contra de persona alguna, llámese Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona, es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido que lo haré».
29 Julio 2019 04:01:00
En rumbo de colisión
Rubén Moreira le cerró las puertas de Coahuila a Ivonne Ortega, cuyo compañero de fórmula, José Alfaro, compite contra su esposa Carolina Viggiano por la secretaría general del PRI, pero a Ulises Ruiz no logró intimidarlo. El gobernador de Oaxaca y Blanca Gándara no participarán en la elección del 11 de agosto, por no haber cubierto los requisitos de la convocatoria, pero están en campaña contra Alejandro Moreno y Viggiano, candidatos de Peña Nieto y de Osorio Chong.

Ortega declaró a Reforma (17.07.19) que Moreno le ofreció posiciones para no competir, y que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial José Antonio Meade trataron de disuadir a Ulises Ruiz de registrarse. Bloqueada por la cúpula del PRI, Ortega recurrió a la militancia para reunir las firmas necesarias y estar en la contienda. El mismo día de su descalificación (25 de junio), Ruiz dirigió una carta al priismo nacional:

“El servilismo, el interés, la abyección, la estrechez de miras, el miedo a la competencia, me ganaron en la mesa y no en las urnas. El temor a perder el voto de una militancia que se ha pronunciado por un proyecto de cambio real, contra la corrupción, el engaño y la simulación; el miedo y la compra de protección por parte de Peña, gobernadores y dirigentes sin liderazgo, obedientes a la línea, pudieron más que la supuesta apertura democrática. (…) Una cúpula voraz y temerosa en complicidad con una dirigencia fallida movieron todas sus piezas (…) para construir una elección simulada”.

Ruiz afronta a Moreno: “Tu triunfo estará respaldado por afiliaciones espurias, levantadas con recursos públicos y programas sociales como La Mera Mera en Coahuila, donde se concentra la mitad de las “nuevas” afiliaciones y donde han dejado muestras claras de sus formas, como el proceso interno para elegir al gobernador Miguel Riquelme. ¿Recuerdas cuando obtuvo más de 500 mil votos a partir de 400 mil boletas impresas, siendo gobernador Rubén Moreira, distinguido y prestigiado miembro de nuestro partido? ¡Cien mil votos sin boletas!”.

El exgobernador oaxaqueño tampoco es un demócrata, y juega más rudo que Moreira. Ruiz era menos peligroso dentro que fuera de la competencia por la jefatura del PRI. El 23 de julio, presentó una denuncia contra Moreno ante la Fiscalía General de la República, por falsear su declaración 3de3, según la cual el valor real de 15 propiedades adquiridas por el Gobernador de Campeche con licencia, entre 2012 y 2015, rebasa en 103 millones de pesos al reportado. En un mensaje por Twitter, acusa: “Dinero ilícito tras las propiedades de Alejandro Moreno”.

Según Ruiz, el favorito “de la línea”, cuyo principal operador parece ser el “distinguido y prestigiado” Rubén Moreira, ha excedido el tope de gastos de campaña y varios gobernadores han desviado recursos públicos para apuntalarlo. Moreno tiene el apoyo de la nomenklatura, mas no de la militancia ni el de cuadros importantes. La candidatura de Ortega es una prueba. La elección del PRI está en rumbo de colisión. Existen elementos para impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde incluso podría anularse.

El repudio social y de amplias capas del priismo contra el expresidente Peña Nieto y sus adláteres aumenta conforme se descubren nuevos escándalos de corrupción de su Gobierno. Inflar el padrón del PRI a 7.2 millones de militantes es una medida desesperada para imponer a Moreno. En Coahuila, la nómina registró un aumento del 270% al pasar de 88 mil 170 a 326 mil 863 en junio.
27 Julio 2019 04:00:00
Caja de cuello blanco
México es uno de los países donde menos se persigue a la delincuencia de cuello blanco, negocio en el cual concurren políticos y autoridades de todos los partidos y empresarios sin escrúpulos. Frente a la opulencia insultante de esas minorías rapaces, millones de mexicanos pasan las de Caín todos los días. Espacio 4 dedica un reportaje al asunto en su nuevo número. Este es el principio:

“Un nuevo escándalo de corrupción aumenta la presión para que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumpla su promesa de campaña y encarcele a los “neoliberales que saquearon al país”. En México, los delincuentes de cuello blanco también gozan de impunidad.

“Las declaraciones del empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la investigación contra el litigante Juan Ramón Collado Mocelo, detenido el pasado 9 de julio por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, salpican a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Incluso Ernesto Zedillo (1994-2000) podría estar involucrado.

“Bustamante acusa a Collado de haber triangulado recursos a campañas políticas a través de Libertad Servicios Financieros, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) conocida como Caja Libertad.

“La entidad ‘se convirtió en una institución financiera que, al amparo de las opacas leyes del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda gama de delitos financieros que se ocurran; negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores’. (Reforma 11.07.19).

“Según el empresario queretano, los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña serían los ‘verdaderos propietarios’ de la Sofipo. ‘Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de José Antonio Rico (expresidente del Consejo de Administración de Libertad) y Collado estaba gente muy pesada’, declaró Bustamante a la FGR.

“‘(…) Que en realidad eran los verdaderos propietarios, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco

Domínguez Servién –gobernador de Querétaro–, Mauricio Kuri –líder del PAN en el Senado–, sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros’, señala la carpeta de investigación que se inició el 7 de junio de 2019, luego de que Bustamante denunciara el presunto robo de su identidad en la venta de un terreno de su propiedad a Caja Libertad, de la cual Collado fue socio y presidente del Consejo de Administración.

“El denunciante asegura lo anterior basado en información de Jesús Beltrán González, exdirector general de la financiera, quien habría elaborado contratos privados ‘que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas’ en Caja Libertad. De hecho, el Comité Administrador de Acciones de la financiera, que representa a casi 70% del capital social, oculta los nombres de los titulares a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige reportarlos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“De acuerdo con el columnista Mario Maldonado (El Universal 22.07.19), un hijo del expresidente Zedillo, Ernesto Zedillo Velasco, sería presunto socio de los hermanos Óscar y Francisco Rodríguez Borgio (…). De acuerdo con Maldonado, los hermanos poseen 20 casinos Big Bola, cuyos permisos se otorgaron en 1997 por la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio de Ernesto Zedillo”.
26 Julio 2019 04:06:00
El último tango
La crisis del PRI se manifiesta en las urnas –donde Morena lo superó por 17.5 millones de votos en 2018–, pero sobre todo en la falta de liderazgo y autoridad moral de sus últimos presidentes. Después de dirigirlo políticos de la talla de Jesús Reyes Heroles, quien, como secretario de Gobernación, promovió reformas para iniciar la transición democrática, cayó en manos de Humberto Moreira, expulsado del PRI en 2017; no por los escándalos causantes de su captura en España, acusado de peculado, blanqueo de dinero y delincuencia organizada, sino por su postulación para diputado local por el Partido Joven.

Otro caso de líderes del PRI en las antípodas lo representan Luis Donaldo Colosio y Enrique Ochoa Reza. El primero se formó en las filas del partido fundado por su paisano Elías Calles, en 1929, y ascendió hasta convertirse en candidato presidencial; su propuesta para reformar el poder consistía en “cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad”, hoy banderas de Andrés Manuel López Obrador, pero fue asesinado. En 2010, Ochoa aspiraba a ser consejero del IFE (hoy Instituto Nacional Electoral); cuando el diputado del PT Juan Enrique Ibarra lo interrogó acerca de su filiación partidista, el burócrata anodino respondió sin ambages: “No formo parte del Consejo Político Nacional del PRI, ni soy militante”.

Peña Nieto y un grupo de tecnócratas y gobernadores secuestraron al PRI antes de ocupar Los Pinos. Con la corrupción hasta el cuello y su popularidad por el suelo, el peñismo pretendió salvar la presidencia y cuidarse las espaldas con un candidato externo, pero la apuesta por José Antonio Meade resultó suicida. El priismo castigó el atropello y se abstuvo de votar o lo hizo por López Obrador. Sin embargo, nadie, bajo unas siglas asociadas con el tráfico de influencias, la impunidad, la soberbia y la “mafia del poder” tenía posibilidades de triunfar en una elección resuelta de antemano.

El repudio contra Peña Nieto y su pandilla fue abrumador. Meade no ganó ni uno solo de los 300 distritos electorales ni de los 32 estados. Ni Roberto Madrazo, en las presidenciales de 2006, recibió tamaña humillación. El PRI es hoy la tercera fuerza en el Congreso, muy por debajo de Morena y superado por el PAN. También perdió la mayoría de las legislaturas locales, es oposición en las principales ciudades del país y solo controla 11 gubernaturas, dos de las cuales (Estado de México y Coahuila) se decidieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morena y el PAN impugnaron los triunfos de Alfredo del Mazo y de Miguel Riquelme por haber excedido los topes campaña.

En esas circunstancias elegirá el PRI a su nueva dirigencia el 11 de agosto. Alejandro Moreno, gobernador de Campeche con licencia, satélite de Peña Nieto y comparsa del presidente López Obrador, y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, son los principales aspirantes a la presidencia. Ortega canceló su gira a Coahuila por las amenazas de Rubén Moreira. La cúpula del PRI alineó a los gobernadores e infló el padrón de afiliados en favor de Moreno. En respuesta, José Narro Robles, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, declinó a sus aspiraciones y renunció al partido; lo mismo hicieron quienes, en otro tiempo, fueron “militantes distinguidos”, como Rogelio Montemayor, gobernador de Coahuila (1993-1999) y director de Pemex (2000).
24 Julio 2019 04:01:00
La cereza del pastel
Al moreirato no le bastó endilgarle a Coahuila una deuda superior a los 38 mil millones de pesos. La codicia era tal que el Gobierno de Rubén Moreira, además de elevar los pasivos, utilizó otros medios para distraer recursos del erario. El año pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó denuncias penales por el desvío de 475 millones a 13 empresas fantasma, incluidos 65 millones no comprobados por la Secretaría de Salud. Hasta hoy, el Sistema Estatal Anticorrupción no ha movido un dedo para proceder contra los responsables.

Riviera Álamo, una de las firmas fachada –propiedad del esposo de la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis–, recibió 71 millones de pesos. Las otras son Asha Consultores Especializados, Centro de Especialidades Corporativas, Distribuidora Universal Tobosa, Comercializadora Vilansa, Constructora y Comercializadora Sara, Consultora Murano, Consultorías Bardo, Grupo SJ3, Hotelería y Alimentos GRF, Nuberia Comercial, Operadora de Negocios EGEO y Consultoría Integral Vilsel.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el 26 de junio pasado que la Administración de Rubén Moreira “asignó un contrato a PLC Servicios por 3.8 millones de pesos”. Una bagatela frente a las irregularidades denunciadas por la ASE. Lo relevante es que PLC Servicios figura entre las empresas utilizadas por Odebrecht para sobornar a políticos.

“Nuevos documentos del caso Odebrecht, (…) extraídos de una plataforma secreta de la constructora brasileña, revelan la transferencia encubierta de 13 millones de dólares del llamado Departamento de Sobornos a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper en México y en otros países como Ecuador y Guatemala. Dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht (PLC Servicios y TTG Asociados) han sido declaradas este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas “fantasma” (…). Una de ellas recibió contratos por casi 180 millones de pesos en el anterior sexenio, en instancias del gobierno que encabezaban colaboradores de primer nivel del exmandatario Enrique Peña Nieto”, dice MCCI.

Los 13 millones de dólares son adicionales a los 10 millones pagados al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre 2012 y 2014, confesaron exfuncionarios de Odebrecht ante los fiscales del caso. PLC Servicios se registró como proveedora de “servicios profesionales, científicos y técnicos”. Sin embargo, fue por supuestos trabajos de lavandería y limpieza por los cuales recibió 172 millones de pesos del Gobierno del Estado de México; 3.8 millones del de Coahuila y 3 millones del SAT (Hacienda) en las gestiones de Alfredo del Mazo, Rubén Moreira y Luis Videgaray.

La información proviene de archivos “extraídos del sistema secreto Drousys, desarrollado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para ocultar pagos ilegales, como sobornos y financiamiento de campañas políticas”, advierte MCCI en el documento titulado Las Corruptoras Mexicanas de Odebrecht.

En medio de la desaseada campaña del PRI para elegir a su futuro presidente, el nombre de Rubén Moreira, cuya esposa Carolina Viggiano aspira a la Secretaría general, surge, cual pájaro de mal agüero, en un escándalo internacional de corrupción investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina. “El que tenga oídos, que oiga” (Mateo 13:1-9).
23 Julio 2019 04:00:00
¿Nadie sobre la ley?
El presidente López Obrador sigue atrapado en el laberinto de la corrupción. “La venganza no es mi fuerte”, insiste, como si el robo de recursos públicos y los negocios al amparo del poder fuesen agravios contra su persona y no contra el país. Al mismo tiempo, ofrece realizar “una consulta para revisar todo el período neoliberal”, no para presentar ante la justicia a chivos expiatorios, “sino empezar arriba, con los expresidentes, desde Salinas a la fecha”.

AMLO declaró, en la rueda de prensa del 18 de junio, que la compra de Agronitrogenados está bajo investigación, y en la de Fertinal –adquirida también por Pemex en la gestión de Emilio Lozoya– “no puede haber impunidad (…) son procesos penales, no es perseguir a nadie”. Misael Zavala, de El Universal, aprovechó para cuestionarlo sobre la indagatoria del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por el supuesto soborno al expresidente Peña para autorizar la adquisición de Fertinal.

Aguijoneado por Zavala (“Todos los negocios jugosos pasaban por las manos de los expresidentes”), López Obrador concedió: “Pues esa es una regla general; o sea, es muy difícil que el Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”. Sobre el futuro de las plantas, dijo que una opción “es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes”; pero antes “teníamos que desahogar el asunto jurídico”, lo cual, en su opinión, no contradice su propósito de “ver hacia adelante” y no emprender una caza de brujas.

Para AMLO, investigar a Lozoya y al Presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no significa incumplir “el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial, (…) esto ya estaba en proceso; son denuncias que ya se habían presentado, y si nosotros nos quedábamos callados, íbamos a ser cómplices, encubridores, y eso no”. El 1 de julio, en su mensaje por el primer aniversario de su elección, López Obrador empezó por informar que “ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la Presidencia de la República”. Asimismo, dio por abolidos “el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen. (…) La corrupción y el fraude electoral fueron clasificados como delitos graves”.

Sin embargo, no es posible erradicar los vicios del sistema por simple voluntad presidencial o por decreto. Máxime en casos cuya flagrancia y falta de castigo indignan a la sociedad, como la Estafa Maestra, en la cual participaron secretarías de Estado y universidades públicas, el enriquecimiento de funcionarios federales, estatales y municipales, las empresas fantasma y el endeudamiento de estados como Coahuila. Según López Obrador, la adquisición de
Agronitrogentados y Fertinal formaron parte del Pacto por México suscrito por PRI, el PAN y el PRD con Peña Nieto.

Para mejorar la posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 135, junto con Honduras y Paraguay, se necesitan más acciones y menos retórica. La investigación contra Peña en Estados Unidos y la presunta sociedad de él y Salinas con Juan Collado, le brindan a López Obrador la oportunidad de demostrar que “nadie está por encima de la ley”. Bajo ese principio, Brasil, Argentina, Guatemala y otros países de América Latina, además del Perú, han procesado, destituido y encarcelado a expresidentes corruptos. ¿Por qué México no? Motivos sobran.
22 Julio 2019 04:00:00
Peña-Odebrecht
La “mafia del poder”, como califica el presidente López Obrador a la élite que desde el sexenio de Carlos Salinas se apoderó del país, y en el de Peña Nieto se aposentó en Los Pinos, puso sus barbas a remojar después de la detención de Juan Collado y de Alonso Ancira.

El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) pagó una fianza por un millón de euros (alrededor de 21 millones de pesos) para enfrentar en libertad provisional el proceso de extradición a nuestro país por lavado de dinero en la venta de Agronitrogenados a Pemex.

Amigo y acaso mecenas político de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, cuando la situación económica y patrimonial del clan era otra, Ancira pretendía expandirse al negocio del gas y el petróleo. “Zapatero a tu zapato: minería, acero y petroquímica, en eso estamos”, declaró a Forbes (09.08.16) después de desprenderse del equipo de beisbol Acereros de Monclova. Sus relaciones con el poder le permitieron comprar y vender empresas públicas en condiciones ventajosas (AHMSA, Pajaritos y Agronitrogenados).

Ancira contaba con aliados en Pemex y en el Clúster de Energía de Coahuila (Rogelio Montemayor) para explotar gas shale. Sin embargo, la prohibición de la fractura hidráulica (fracking), dispuesta por el presidente López Obrador, y el escándalo por la venta de Agronitrogenados, frustraron el sueño. Para AMLO, privatizar equivale a corrupción. “El poder político y el poder económico se han alimentado mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación”, dijo en su discurso de toma de posesión.

Las operaciones de Agronitrogenados (2014) y de Fertinal (2015), empujadas desde Los Pinos, observan el mismo patrón. Pese a las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y de Pemex sobre el estado operativo y la situación financiera de las plantas, el Gobierno las compró en ruinas. No solo eso, también pagó más de 200 millones de dólares por encima del valor real de cada una, sin incluir inversiones para reactivarlas y elevar la producción de fertilizantes, lo cual tampoco se logró.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indaga a Peña Nieto por un presunto soborno en la compra de Grupo Fertinal, pero el caso de Agronitrogenados podría conectarlo a Odebrecht. El escándalo de la constructora brasileña provocó la renuncia del presidente peruano Pablo Pedro Kuczynski, el 23 de marzo de 2018, y el suicidio del expresidente Alan García un año más tarde.

Según Animal Político, un mes después de vender su planta a Pemex, AHMSA remitió más de 3.7 millones de dólares a la offshore Grangemouth Trade Company, empresa fantasma de Odebrecht.

Quinto Elemento Lab, organización independiente dedicada al desarrollo de reportajes de investigación para empoderar a los ciudadanos, descubrió que Grangemouth transfirió 5 millones de dólares a la offshore Zecapan, S.A., a través de la cual Lozoya habría recibido los sobornos de Odebrecht. Funcionarios de la multinacional brasileña declararon que entre 2012 y 2014 entregaron 10 millones de dólares al exdirector de Pemex a cambio de contratos. Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que, días después de la toma de posesión de Peña Nieto, Lozoya compró una casa por 2 millones de dólares en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México.
20 Julio 2019 04:02:00
Drama ignorado
Las muertes más dolorosas del fenómeno migratorio son las de los niños. El drama ha sido ignorado por las potencias mundiales, más con la llegada de Donald Trump y otros extremistas al poder. En los países expulsores, la corrupción ahonda la crisis. Gerardo Moyano aborda el tema el bisemanario Espacio 4 (618).

“Ciento cincuenta mil, 300 mil, medio millón. Las cifras sobre migrantes que han ingresado al país con rumbo a Estados Unidos en lo que va del año varían según las fuentes. (…) 2019 ya es el año más letal para los niños que intentan cruzar la frontera sur de EU, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas, la cual comenzó a sistematizar las estadísticas de defunciones y desapariciones en 2014.

“Según la OIM, hasta el 5 de julio murieron 184 migrantes en la frontera México-EU, de los cuales 114 eran hombres, 22 mujeres, 13 menores de edad, y de 35 no existen detalles disponibles. En 2018, murieron nueve niños; cinco en 2017; ocho en 2016; dos en 2015; y otros dos en 2014. La OIM calcula que mil 600 menores migrantes han muerto o desaparecido de 2014 a 2018 en todo el mundo.

“Los 184 decesos de migrantes en la frontera de México y EU registrados por la OIM en 2019 (de los 426 de todo el continente) ubican a la zona como la ruta más mortal para los migrantes, detrás del Mediterráneo (683) y por encima de África (164), Medio Oriente (63), Europa (23) y Asia (16). La región México-EU suma, además, mil 97 muertes registradas entre 2014 y 2018.

“Se trata de estadísticas que hasta el 23 de junio no tenían rostro. Horas más tarde, los cuerpos del salvadoreño Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y su hija Valeria, de un año y 11 meses, emergieron abrazados desde las aguas del río Bravo.

“Un día antes, al constatar que la oficina migratoria de Matamoros, Tamaulipas, estaba cerrada, Óscar decidió cruzar el río. Logró llevar a su niña hasta la otra orilla, pero cuando regresaba por su esposa, Valeria se volvió a meter al agua, por lo que Martínez acudió a su rescate; ambos fueron arrastrados por la corriente.

“La imagen se hizo viral y rememoró la del niño sirio Aylan Kurdi, ahogado en una playa de Turquía, en 2015, la cual indignó a la opinión pública internacional y detonó donativos y acciones de diferentes organizaciones no gubernamentales.

“El mismo 23 de junio, agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron en Texas los cadáveres de una familia de migrantes guatemaltecos: una mujer de 20 años, un niño y dos bebés, quienes murieron deshidratados.

“A estas muertes se suman las que ocurren en los improvisados centros de detención migratoria en EE.UU. –al menos cinco menores en reclusión en los últimos seis meses– las cuales han detonado un fuerte debate entre demócratas y republicanos sobre los efectos de la rígida política migratoria impulsada por Donald Trump.

“Bajo este clima enrarecido, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y Trump se encontraron en la reunión del G20, en Osaka, Japón, el 28 y 29 de junio. Fue del primer encuentro de ese nivel tras el acuerdo alcanzado entre ambos países para suspender la aplicación de aranceles a productos mexicanos a cambio del despliegue de la Guardia Nacional en fronteras de México para disminuir el flujo migratorio”.
19 Julio 2019 04:05:00
Presidente rufián
En algunos países de América Latina los presidentes acusados de corrupción huyen, renuncian, son defenestrados, están tras las rejas o se pegan un tiro. Apenas el 17 de abril pasado, el peruano Alan García, de 69 años, se disparó en la cabeza para evitar ser detenido; cuatro horas después falleció.

En México, los presidentes mueren de risa. Hasta hoy ninguno, ni los más venales, ha sido tocado siquiera con el pétalo de un citatorio. Enrique Peña Nieto podría ser enjuiciado en Estados Unidos por supuesto soborno en la compra de Grupo Fertinal; y en México, junto con Carlos Salinas de Gortari, por el caso de Juan Collado, detenido el 9 de julio por la Fiscalía General de la República bajo cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en su gestión como presidente de la Caja Libertad.

Según El Universal, un “informante” entregó al Departamento de Justicia estadunidense y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) un expediente sobre el caso, bajo pena de perjurio. “El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadunidenses y que apunta a su ‘aprobación’, a cambio de sobornos, para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal” (18.06.19).

La operación se realizó en 2015 sin tomar en cuenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), según las cuales la productora de fertilizantes se hallaba en virtual quiebra: disponía de 12 mil dólares en efectivo y sus pasivos bancarios eran por 264 millones de dólares.

“Aun así, Lozoya habría recibido autorización (…) para adquirirla y entregar a Fertinal 51 millones de dólares para un reparto de dividendos antes de la operación de compraventa”.

Sobre el monto de la compra y la supuesta coima al expresidente, el testigo declaró a la SEC: “El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno –a Peña Nieto– que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación (…). Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno”, dice El Universal.

Covarrubias es uno de los beneficiarios del mexicanísimo capitalismo de compadres. “En 1998 –de acuerdo con el diario– ganó la subasta pública de una de las dos partes del monopolio de la producción de fertilizantes en sociedad con Rogelio Montemayor, uno de los hombres cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari y que más tarde fue director de Pemex con Zedillo”.

En su confesión al Departamento de Justicia y a la SEC sobre el caso Pemex-Fertinal, el informante cita a Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. “Covarrubias tenía a Salinas —en un aprieto— debido a ciertos pagos de soborno a Peña Nieto”.

El expresidente escapista, a quien solo el 3% de los mexicanos le creía “mucho” hacia el final de su sexenio (GEA-ISA, 28.06.17), refutó en Twitter los señalamientos. “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

En este caso, Peña no es investigado por la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública, que en 2015 lo exoneró por el escándalo de la “casa blanca”, sino por el Departamento de Justicia y la SEC de Estados Unidos donde los corruptos no tienen fuero.
17 Julio 2019 04:05:00
País en vilo
Luis Echeverría y José López Portillo sumían al país en la zozobra cada 1 de septiembre. En esa fecha, bautizada como “El Día del Presidente”, el Ejecutivo federal informaba a los mexicanos sobre el estado de la Administración pública. Las sesiones del Congreso –desaparecidas ya para ese propósito– eran maratónicas. Desde “la más alta tribuna de la nación”, Echeverría se envolvía en la bandera, retaba a los empresarios y abanderaba al tercer mundo. Sus delirios provocaron las primeras crisis.

El 1 de septiembre de 1982, López Portillo lloró por “haberle fallado a los pobres” y para “compensarlos” nacionalizó la banca. “¡Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!”, sentenció en su último informe. Salinas de Gortari reprivatizó las instituciones de crédito; Ernesto Zedillo las rescató y después pasaron a manos de extranjeros. En un desplegado tipo crónica sobre el tema, Amparo Espinosa Rugarcía, hija del accionista mayoritario de Bancomer, Manuel Espinosa Yglesias, narra cómo se escribió “la historia de una de las empresas nacionales más exitosas de nuestro país”.

“Una historia que –dice–, de no haber ocurrido la expropiación bancaria del 82, bien podría haberse escrito al revés, y quizá hoy estaríamos viendo a Bancomer comprar BBVA y desaparecer sus siglas”. Y es que este año –denuncia– los inversionistas españoles suprimieron de sus iniciales el nombre de Bancomer. “La joya de la corona, el banco mexicano que le reporta más utilidades que su matriz –mismas que en buena medida repatria– ostenta desde ahora, solo las siglas del banco español” (Reforma, 21-06-19).

Si los actos de un ciudadano común tienen consecuencias, el efecto de las decisiones tomadas por el hombre más poderoso del país –el Presidente– es mayor, pues perduran y afectan a varias generaciones, máxime cuando son arbitrarias. Los informes presidenciales dejaron de rendirse ante el Congreso en 2008 –segundo año del Gobierno de Felipe Calderón–, pero, ya desde antes, el 1 de septiembre había dejado de ser “día de tormenta”.

Sin embargo, con López Obrador la incertidumbre se apodera del país todos los días, en cada conferencia mañanera y en cada gira por los estados. El Presidente despotrica lo mismo contra medios de comunicación y periodistas críticos, que contra empresarios, sociedad civil y organismos autónomos. Igual ahorca financieramente a instituciones de salud, ciencia y cultura, que abre la billetera para obras inviables como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y los subsidios clientelares de la Cuarta Transformación. Con la misma facilidad cancela rondas petroleras y desacredita a las calificadoras, que fija crecimientos del PIB inalcanzables. Y, para más inri, perdona a los corruptos cuyos capitales ofreció devolver a las arcas nacionales. En Coahuila, la deuda y las empresas fantasma fabricaron nuevos ricos.

Querer resolverlo todo con base en consultas amañadas, algunas de las cuales las decide solo él, reflejan autoritarismo, incapacidad y miedo. El mensaje es: las equivocaciones son del pueblo y los aciertos míos. El Presidente gobierna con la vista puesta en el retrovisor en una autopista sin límites de velocidad. El primer choque ha sido con el muro de la realidad. Las bases para una nueva crisis, que nadie desea, están sentadas. AMLO podría salvarla si corrige; si no, pasará a la historia junto con Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari y Peña Nieto.
16 Julio 2019 04:00:00
Crujir de dientes
Los gobernadores Miguel Ángel Riquelme (Coahuila) y José Rosas Aispuro (Durango) no participaron en la instalación del Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, pero salieron bien librados de la reunión con el presidente López Obrador, el 12 de junio pasado en Palacio Nacional. De acuerdo con la versión de uno de los concurrentes, AMLO puso de relieve la estrategia aplicada en La Laguna para recuperar la paz, después de años de violencia entre cárteles por la disputa de territorios. El modelo podría seguirse a escala nacional.

Incluso antes de la guerra contra el narcotráfico, La Laguna ya era una de las zonas preferidas por la delincuencia para lavar dinero, según declaró el entonces procurador Rafael Macedo, en una visita a la comarca. En los 80 y los 90 del siglo pasado, la zona metropolitana también sirvió de residencia alterna para algunos de los mayores capos: Amado Carrillo –el Señor de los Cielos–, líder del cártel de Juárez, fue detenido en Torreón y liberado en Ciudad de México; Rafael Aguilar, del mismo cártel; Alfredo Ceja del Río, de la organización de Juan Manuel Salcido, “El Cochiloco” (Sinaloa); Vicente Carrillo Fuentes, aprehendido en Torreón en 2014, y Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

Entonces la violencia era entre cárteles, no contra la población. En ese tiempo, el Gobierno federal “pactaba” con los capos las rutas de la droga, dijo el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, en el marco de una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. El expresidente Carlos Salinas de Gortari lo reprendió. ¿Por faltar a la verdad o por revelar secretos? Si uno da crédito a las series sobre narcos, sería por lo segundo. En una entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente Miguel de la Madrid sugirió que los Salinas –sobre todo Raúl– tenían tratos con organizaciones de ese tipo.

Cuando Calderón afrontó el problema, sin el apoyo de los estados –Humberto y Rubén Moreira controlaban Coahuila–, el equilibrio se rompió y los cárteles se multiplicaron. Algunos gobernadores pactaron con el narco protección a cambio de dinero. La violencia le allanó el camino al PRI para recuperar la presidencia. Peña Nieto trató de revertir el fenómeno, pero no pudo, pues el Gobierno federal y los locales habían perdido incluso el mando de las instituciones.

Los Zetas entraron a Coahuila, por La Laguna y se expandieron después por el resto del estado, donde radicaron sus principales líderes. Uno de sus operadores financieros, Juan Manuel Muñoz –“El Mono”–, supuesto protegido del moreirato, es clave para desentrañar las relaciones entre el cártel y el Gobierno. Sobre todo después de haberse declarado culpable de lavado de dinero en una corte de Texas y de llegar a un acuerdo de cooperación para enfrentar el proceso en libertad mientras recibe sentencia. “El Mono”, al parecer, fue entregado; ahora le toca a él jugar sus cartas.

La situación en Coahuila, tal como se planteó en la reunión del 12 de junio en Palacio Nacional, es distinta a la del periodo 2009-2014, pero el presidente López Obrador y el gobernador Riquelme cometerán un grave error si echan las campanas al vuelo. La demanda de la cúpula patronal de La Laguna, de no descuidar la seguridad, responde a nuevos síntomas de descomposición. El mensaje de las agresiones contra agentes e instalaciones de Fuerza Coahuila –herencia de Rubén Moreira– es irrefutable: la guerra no ha terminado... y las venganzas tampoco. Por eso la zozobra y el crujir de dientes entre la clase política.
15 Julio 2019 04:01:00
Pacto por el agua
La cuenca lechera de La Laguna, donde concurren varios grupos nacionales, es una de las más tecnificadas y desarrolladas del país; su impacto económico y social la convierten en un factor de poder.

Su influencia política le ha permitido eludir compromisos y obtener ventajas. En una gira por la comarca, el entonces presidente Felipe Calderón pidió a líderes ganaderos pagar sus adeudos con la CFE, los cuales sumaban cientos de millones de pesos.

La sobreexplotación del acuífero no existiría si las extracciones estuvieran sujetas a reglas y sanciones estrictas. Empero, la corrupción en la Comisión Nacional del Agua y la codicia del sector agravaron el abatimiento y contaminación de los mantos freáticos.

Críticos y ambientalistas responsabilizan a la industria lechera de la escasez y mala calidad del agua para consumo humano y, por ende, de las enfermedades provocadas por las sales de arsénico; también la culpan de contaminar el aire y el suelo con los desechos del ganado. El problema no es nuevo. Hace una década, La Laguna generaba casi 50% del estiércol de la población bovina nacional, calculado en 30 millones de toneladas anuales.

El metano derivado de esos residuos contribuye al efecto invernadero y por tanto es uno de los causantes del calentamiento global. Una de las opciones para revertir la degradación medioambiental es la de aprovechar el gas como fuente de energía. El ejido Batopilas, en Francisco I. Madero, transforma las heces en electricidad desde hace varios lustros.

En busca de soluciones de fondo, el Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico ofreció al presidente López Obrador aportar entre el 15% y el 20% del agua para riego almacenada en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, correspondiente al sector agropecuario.

El propósito consiste en dotar a la población de líquido de buena calidad mediante un sistema de canales y plantas potabilizadoras. Solo falta la aceptación del sector social. La inversión correría a cargo del Gobierno federal. Asimismo, se planteó una veda de cuatro años en los pozos profundos de las zonas urbanas.

También se le propuso a AMLO desarrollar una cuenca lechera en Tabasco, con inversión privada y vaquillas brasileñas adaptadas al clima de la zona, y apoyo para comercializar el producto.

La industria láctea de La Laguna está por lo pronto a salvo. El 12 de junio, los empresarios entraron a Palacio Nacional con “el Jesús en la boca”, y salieron de la reunión –calificada por Ramón Alberto Garza, en el sitio Código Magenta, como “Pacto en Palacio”— con otro ánimo. (En el sexenio de Fox se ensayaron inversiones de La Laguna en Chiapas, las cuales devinieron en negocio de oportunistas).

El 16 de junio, cuatro días después de la junta, el Presidente visitó Gómez Palacio. Ya no se refirió a la cuenca lechera, pero sí, tangencialmente, al tema del agua. AMLO canceló de un plumazo el Metrobús, en la parte de Durango, y reasignó los 450 millones de pesos del proyecto para obras de agua potable y salud, en una consulta fársica a mano alzada cuya duración fue de 31 segundos (Reforma, 18-06-19).

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, calificó de absurda la suspensión de ese proyecto de transporte, pues la obra, a punto de terminar en esa ciudad, dejará sin conexión a Gómez Palacio y Lerdo.
13 Julio 2019 04:01:00
Cloacas abiertas
Los escándalos de la deuda, las empresas fantasma y Ficrea han vuelto a ser noticia nacional. El clamor social seguirá vivo mientras no haya justicia. El bisemanario Espacio 4 dedica al tema la portada de su nuevo número. Gerardo Moyano empieza así su reportaje:

“El desvío de recursos públicos durante el Moreirato parece un laberinto sin salida. Sin embargo, tras ocho años de denuncias y presión, la ciudadanía ya abre paso a la justicia. No es una tarea fácil, pues las instituciones que deberían velar por el bien de los coahuilenses, entre ellas, la Fiscalía General de Coahuila (FGC), el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y priistas en el Congreso hacen hasta lo imposible para impedir que se castigue a los responsables.

“En esta batalla, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) abren resquicios para la justicia, tanto en el caso de la megadeuda heredada por el Gobierno de Humberto Moreira Valdés (2005-2011), como en el de los desvíos a empresas fantasma en la Administración de su hermano Rubén (2011- 2017) y el fraude del Ficrea (2010-2014). En las últimas semanas –ante la insistencia de los ciudadanos– ambas instituciones han logrado derribar algunos muros, pero detrás de ellos se han encontrado con otros.

“El 21 de junio, la ASE informó que ganó 12 amparos contra el ‘no ejercicio de la acción penal’ que en 2016 dictó la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía General) ante denuncias de irregularidades financieras. Uno de ellos data de 2010 (cuando HMV era gobernador) y se relaciona con créditos de la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco). La Promotora presentó facturas en el programa Cadenas Productivas, de Nacional Financiera (Nafin), por 3 mil 994 millones de pesos, que luego transfirió a cuentas de la Secretaría de Finanzas y del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), entonces a cargo de Javier Villarreal, lo que constituyó un ocultamiento del crédito (“Espacio 4” 617).

“Recién el 9 de julio, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, se pronunció al respecto. ‘En estos (12 expedientes), los señalados o es el titular o el auxiliar que operaban esas dependencias (…) Los expedientes de la deuda implican reanalizar, porque ya estaban determinados (…) Estamos recabando pruebas que nos permitan determinar si existe o no la comisión de un delito’, atajó el fiscal (‘El Siglo de Torreón’ 09.07.19).

“Por las mismas fechas, el INAI le enmendó la plana al ICAI, quien había avalado la respuesta negativa de la ASE ante solicitud de información de una ciudadana, en octubre de 2018, para conocer los detalles de las obras públicas realizadas entre 2009 y 2011.

“En un principio, la ASE se declaró ‘no competente’ y argumentó que la entrega de la información financiera le correspondía a la Secretaría de Finanzas. No obstante, ante un recurso de revisión impuesto por el solicitante, el INAI determinó que ‘toda información generada, adquirida o en posesión de un ente obligado es pública en términos de la Constitución Política de Coahuila’, por lo que le ordenó buscar en todas sus áreas y transparentar los documentos. (…)”.
12 Julio 2019 04:00:00
El poder y la mafia
Para un abogado que conoce los secretos del poder, tiene a su servicio el aparato de justicia y recibe protección desde la Presidencia, convertirse en estrella, codearse con celebridades y tener éxito económico, es juego de niños. Pero cuando los agentes políticos son otros, las cosas cambian. La detención de Juan Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada, jamás habría ocurrido si José Antonio Meade o Ricardo Anaya despacharan hoy en Los Pinos. Tampoco se habrían destapado los escándalos por la recompra de Agronitrogenados y de Fertinal, chatarra pagada por Pemex a precio de oro por órdenes del Peña Nieto. Ni andaría a salto de mata Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera.

Mientras el Financial Times le canta la cartilla por su política económica, el presidente López Obrador avanza su agenda contra la corrupción. Collado, entre cuyos clientes figuran “el hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps; el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, y el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, es la punta del iceberg contra el cual chocó el Titanic de la “mafia del poder”.

Sergio Bustamente Figueroa, socio de Caja Libertad, Sociedad Financiera Popular, acusa a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto de ser las cabezas de una trama criminal: “al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, (Caja Libertad) realiza actividades ilícitas como banqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran” (Reforma, 11.07.91).

En la declaración de Bustamante ante la Fiscalía General de la República, publicada por el diario, se lee: “Toda esta organización delincuencial tiene nombres y apellidos: Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez Servien, Mauricio Kuri González (gobernador de Querétaro por el PAN y coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado, respectivamente), Juan Ramón Collado Mocelo (señalado como el defensor de la mafia del poder), Javier Rodríguez Borgio (dueño de los casinos Big Bola cuyos adeudos con el fisco rondan los 600 millones de pesos, según Reforma) y José Antonio Rico Rico (presidente de Caja Libertad)».

Si el PRIAN hubiese retenido la presidencia, Bustamante tampoco se habría atrevido a denunciar a los intocables, por temor a ser encarcelado o desaparecido como pasa en un país kafkiano donde las víctimas son culpables y los delincuentes de cuello blanco resultan siempre exonerados, si acaso se les procesa. El fiscal general Alejandro Gertz Manero y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, deben tener una abultada lista de casos sobre políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción.

Los errores de AMLO, algunos graves, se magnifican, y los aciertos se minimizan, pero quién puede refutar la siguiente parte de su discurso inaugural, publicada por el New York Times en su portal, el 1 de diciembre: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. (…) Esa es la causa principal de la desigualdad económica, también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”.

Gertz y Nieto deben volver los ojos a Coahuila, donde la megadeuda y las empresas fantasma tampoco se explicarían sin esa relación perversa entre las élites políticas y económicas.
10 Julio 2019 04:00:00
Piedra de escándalo
Por la casa blanca de 7 millones de dólares empezó el declive del presidente Peña Nieto, en el segundo año de su gobierno, y por una residencia de 46 millones de pesos, en Campeche, se ha hecho añicos la escasa credibilidad del candidato a la jefatura del PRI, Alejandro Moreno. La mansión de Peña se adquirió a Grupo Higa, contratista federal, y la del gobernador campechano con licencia se construyó con sus ahorros, donaciones y un crédito hipotecario, según su vocero Paul Ospital.

En este caso es aplicable la pregunta de Elba Esther Gordillo al país, en la sucesión de 2006, sobre Roberto Madrazo. El personaje es otro, pero las aspiraciones presidenciales son las mismas. «¿Tú le crees a Moreno? Yo tampoco». Moreno empezó su campaña con el pie izquierdo desde la elección de su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, esposa del exgobernador Rubén Moreira, quien amenazó a Ivonne Ortega, la otra aspirante a la presidencia del CEN.

El éxito económico de Moreno confirma que la política, en México, es el medio más efectivo para enriquecerse; y también el más seguro, pues la sustracción de caudales públicos y otros delitos cometidos al amparo del poder, raramente se castigan. Pero cuando un político cae en desgracia, pocas veces se levanta. Un ejemplo es Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, uno de los rostros nuevos del PRI, de acuerdo con el código moral Peña Nieto. Según confesiones de Duarte, el expresidente le hizo llegar una cantidad de dinero, no especificada -«por un cargo de conciencia»-, para pagar «un soborno a sus propios funcionarios» (Reforma, 09-07-19).

La carrera política de Moreno fue meteórica, como la de Peña Nieto y otros de su generación, cuyo signo más visible es la corrupción. El candidato a la presidencia del PRI empezó como síndico del Ayuntamiento de Campeche; ha sido diputado federal dos veces, senador y gobernador. La investigación de Reforma sobre la casa blanca del campechano confirma varias cosas: la proclividad de los mandatarios jóvenes por el dinero, sin importar su procedencia, pues lo mismo lo hurtan del erario que lo reciben de la delincuencia organizada; y la resistencia de los partidos, en este caso del PRI, para cambiar y combatir la corrupción.

A la fórmula Moreno-Viggiano Moreira la persiguen los escándalos. Primero fue la renuncia de José Narro Robles, para no participar como comparsa en una elección amañada; después, las insolencias de Rubén Moreira a Ivonne Ortega, a quien amagó -según declaró la exgobernadora de Yucatán a Pedro Ferriz- con «una consulta nacional para averiguar quién es el padre de su hijo» y «echarle a los coahuilenses encima» si visitaba el estado; la denuncia de Ortega contra Moreira por amenazas; y ahora la mansión en Campeche. Moreno no pudo haberla pagado con su sueldo de gobernador (un millón 184 mil pesos anuales).

Algunos gobernadores ingresan a la mafia del poder para inmunizarse. Igual que los Moreira, Moreno buscó el mecenazgo de Carlos Salinas de Gortari. Aquellos lo trajeron a Coahuila y fue padrino de bodas de Humberto. El aspirante a la presidencia del PRI lo invitó a inaugurar su casa de 46 millones de pesos. Pero quienes mejor lo conocen son los campechanos, igual que al clan los coahuilenses. Adalberto Muñoz, expresidente del Consejo Cívico, puso el dedo en la llaga: el dinero de Moreno proviene de los «moches» por las obras.
09 Julio 2019 04:03:00
Línea directa con AMLO
Los laguneros atribuyen el rezago de su región al favoritismo de los gobiernos de Coahuila y Durango hacia las capitales. Con ese antecedente, Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del Palacio Nacional a la cúpula empresarial de la Comarca Lagunera el 12 de junio para instalar el Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Es el único orientado a una zona específica, pues la cobertura de los 32 restantes será estatal. El órgano colegiado nacional lo encabeza Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI), y de Durango, José Rosas Aispuro (PAN), no fueron convocados; tampoco los delegados federales Reyes Flores y Enrique Novelo. Por espacio de dos horas, AMLO, Romo y una treintena de empresarios intercambiaron información y puntos de vista. “El Presidente estuvo muy atento; conoce los problemas, ofreció respaldar a La Laguna y recibió propuestas para desarrollar el sureste”, dijo uno de los asistentes.

El Consejo Regional de Fomento, cuya cabeza es Eduardo Tricio, presidente del Grupo Lala, surgió del Grupo Laguna, formado hace varios años por Roberto Villarreal. Los empresarios sostuvieron reuniones previas con Romo en Monterrey y Ciudad de México. En la junta con AMLO, los temas predominantes fueron: bienestar económico, seguridad, agua y equidad social. Sin duda los más sensibles en una región donde el abatimiento del acuífero provoca problemas de salud (hidroarsenicismo). Durante el moreirato, la violencia colocó a la metrópoli lagunera entre las más peligrosas del mundo. El fenómeno ahuyentó inversiones nacionales y extranjeras, frenó la generación de empleos y expulsó talento y mano de obra calificada a otras regiones.

El 25 de marzo, en Tabasco, donde presidió la ceremonia por los 500 años de la Batalla de Centla, AMLO puso en jaque a La Laguna y desató la tormenta: “Ya no se puede seguir produciendo leche en las zonas desérticas, donde no hay agua. ¿Qué es la leche? Fundamentalmente, agua. Imagínense estar produciendo leche en La Laguna; por eso se están contaminando los mantos acuíferos (…) con problemas ya hasta de arsénico, porque no hay agua, y nosotros tenemos aquí el Usumacinta y tenemos la vocación productiva”.

Además de la refinería en Dos Bocas y del Tren Maya, el Presidente promueve inversiones en estados secularmente abandonados. Por lo tanto, ofreció a sus paisanos “impulsar mucho todo lo que es la ganadería lechera; vamos a producir aquí, en Los Ríos, la leche que ahora se está importando (…) se va a producir en esta región del país, Chiapas y Tabasco”. La reacción en La Laguna fue inmediata. Productores y autoridades defendieron la cuenca. Para calmar los ánimos, el superdelegado del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, matizó: “El Presidente solo pone como ejemplo una región en la que ha habido sobreexplotación del manto (freático), pero no advierte que se va a detener la actividad, (…) sino que solo se puede fortalecer otra área del país en la que se tienen ventajas climáticas favorables para producir leche sin problemas de disponibilidad” (El Diario, 27-03-19).

El gobernador Riquelme refutó en el mismo medio a Reyes y llevó el debate a otro plano: “no puede insultar la inteligencia de los coahuilenses respecto a las intenciones del Presidente de la República en torno a la cuenca lechera. Esa ocurrencia del Gobierno federal pone en riesgo más de 100 mil empleos en la industria agroalimentaria de La Laguna”.
08 Julio 2019 04:01:00
Encuesta mata consulta
La cancelación del Metrobús Laguna en el tramo de Durango, decidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mitin cuyo propósito era entregar apoyos sociales y no otro, truncaría la única obra diseñada hasta hoy para interconectar la zona metropolitana.

La población ocupada de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros es de 441 mil 163 personas. Alrededor del 10% trabaja fuera de sus municipios, pero dentro de la misma conurbación, conforme al estudio Movilidad Laboral Cotidiana en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML), elaborado por el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan).

El proyecto representa una inversión por 2 mil 380 millones, de pesos, mil 500 millones de los cuales ya se ejercieron en la parte de Coahuila. Sin embargo, mientras el 12% de los trabajadores de Gómez Palacio debe trasladarse a otro municipio para trabajar, en Torreón solo el 4.2% se encuentra en esa situación. En cambio, dice el Implan, “la cantidad de matamorenses que trabajan en Torreón es abrumadoramente mayor” a la de cualquier otro municipio, pues son 7 mil 073 personas, 95% de su población ocupada.

Más de 6 mil gomezpalatinos y de 3 mil lerdenses se desplazan a Torreón, donde tienen su trabajo. Por su parte, Gómez Palacio ocupa casi a 5 mil habitantes de Torreón, a 7 mil 727 de Lerdo y a 310 de Matamoros. Los datos confirman la necesidad del Metrobús tal como fue planeado originalmente.

El 28 de diciembre pasado, durante la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo para La Laguna, el presidente López Obrador comprometió ante los gobernadores de Coahuila y Durango 474 millones de pesos para terminar el proyecto. El 12 de junio lo canceló en una improvisada consulta a mano alzada.

De acuerdo con una encuesta de Massivecaller, levantada el 19 de junio a solicitud del Gobierno de Durango, 63.1% de los laguneros juzga necesaria la construcción del Metrobús y 36.9% la rechaza. El desglose por municipio coincide con el estudio del Implan sobre movilidad laboral, pues la obra tiene mayor apoyo en Matamoros: 71% a favor y 28% en contra; en Lerdo la relación es de 70-29 y en Torreón de 61-39. En Gómez Palacio, la oposición sube al 41% y la aprobación disminuye al 58% (Noticieros GREM, 20.06.19).

El Implan advierte que “en una zona metropolitana en donde los límites municipales son divisiones imaginarias, en términos prácticos, para las necesidades de la población el traslado de una ciudad a otra es una realidad”. Destaca, también, que “en cuestiones como la vivienda, el trabajo, el consumo, la educación y la oferta cultural, entre otras, analizar el flujo de personas de un municipio a otro se vuelve trascendente para comprender la dinámica metropolitana e indispensable para el diseño de políticas públicas eficientes”.

Frente a la reacción de los sectores público, privado y social por la cancelación del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, el presidente López Obrador ofreció una consulta pública para decidir el futuro del proyecto. Sin embargo, una región poco atendida por la Federación y por los gobiernos de Coahuila y Durango, no desea consultas, sino inversiones que atiendan necesidades ingentes. El sistema de transporte metropolitano se planeó justamente con ese propósito. Suspenderlo significaría un retroceso para la ZML, un golpe para millares de usuarios y un premio para los caciques camioneros.
06 Julio 2019 04:02:00
La tiranía de Agsal
Los resultados de la sociedad entre Simas y Suez México, iniciada con Aguas de Barcelona: utilidades para los inversores y sacrificios para los usuarios, le dan la razón al presidente López Obrador sobre el modus operandi del poder político y el poder económico respecto «de los bienes del pueblo y de la riqueza de la nación». Javier Mariscal entrevistó sobre el tema a dos activistas por la defensa del agua («Espacio 4», 617).

«De acuerdo con la Memoria 2017 de Aguas de Saltillo (Agsal), en esta ciudad vivimos gracias al agua que cae del cielo, (…) desciende al manto freático (…) y las formaciones geológicas son los cuerpos pétreos que la resguardan. Comprender lo frágil que es sostener los niveles del vital líquido -dice en ese informe Jordi Bosch Bragado, gerente general de Agsal- es seguro que ayudará a sumar en el cuidado del agua.

»Ahora, en 2019, conforme con sus declaraciones más recientes, en la capital de Coahuila ya es insuficiente el agua disponible para extracción de la profundidad a la que se tiene acceso en el llamado Acuífero Saltillo Sur.

»Gloria Tobón, quien preside la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), confirma esa afirmación y, con base en datos de Conagua, especifica que actualmente del Acuífero Saltillo Sur se ejerce una extracción de 17 millones de metros cúbicos al año, mientras la recarga por lluvia es de 14 millones de metros cúbicos.

»Tobón y su esposo, Rodolfo Garza, señalan que el problema no es reciente y buena parte de la situación podría deberse a la mala operación y administración que Agsal ha venido haciendo del recurso prácticamente desde su conformación como empresa semiprivatizada; por esa razón surge la necesidad de buscar otras opciones de abastecimiento para complementar la creciente demanda de la población y de la industria en el valle de Saltillo.

»Agsal se creó en 2001 a partir de la unión del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Saltillo con la filial de Aguas de Barcelona llamada Interagbar México. Agbar ya vendió sus acciones a Suez México -filial de esa transnacional francesa-, aunque Simas sigue conservando 51% de acciones y Suez, 49 por ciento.

»Los términos de la sociedad y el nombre Agsal siguen sin cambio, dicen Garza y Tobón, pero consideran que el problema es que, a casi 18 años de esa asociación, la promesa de lograr una mayor eficacia, cuidado y abasto del agua a menores precios por el servicio, en beneficio de la ciudadanía, no se ha cumplido. (…) el alto desperdicio por fugas prácticamente no ha cambiado, el costo del servicio ha repuntado muy por encima del nivel inflacionario y la calidad del agua (…) deja mucho que desear.

»(…) pese a que la Constitución (…) indica que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, y que desde 2010 los estatutos de Naciones Unidas reconocen el abasto de agua como derecho humano, actualmente hay unas 15 mil familias a las que Agsal les ha quitado definitivamente el servicio tras caer en un círculo de endeudamiento, reestructuración de deuda y recargos que les impide salir de la situación.

»Tras incurrir en moratoria de tres meses por impagos de 60 a 200 pesos, actualmente el adeudo promedio por casa de las que se les cortó el servicio ronda los 8 mil pesos, especifica, y cuestiona: “¿Cómo espera el Ayuntamiento -socio mayoritario en Agsal- que esas familias puedan pagar su deuda y aparte desembolsar otro tanto para la reconexión del servicio?”».
05 Julio 2019 04:01:00
Resquicio para la justicia
Coincidente con el inicio del simulacro de elección para imponer a Alejandro Moreno -clon de Peña Nieto y acólito de López Obrador- y a la esposa del exgobernador Rubén Moreira en la presidencia y en la secretaría general del PRI, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado (ASE) logró abrir el expediente de la megadeuda. La Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía) y la mayoría priista y sus adláteres en las cuatro últimas legislaturas le dieron carpetazo desde 2011 para proteger a los autores y beneficiarios del «moreirazo».

El caso se refiere al ocultamiento de créditos por 3 mil 994 millones de pesos, casi 10% de la deuda, por parte de la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco). La ASE detectó en la cuenta pública de 2010 transferencias por ese monto a la Secretaría de Finanzas y al Servicio de Administración Tributaria, correspondientes a facturas presentadas por Pideco en el programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera. El Gobierno federal denunció el «moreirazo». en 2011, pero nada hizo para investigarlo y menos aún para encausarlo.

El amparo del Juzgado Segundo de Distrito contra el no ejercicio de la acción penal, dictado en 2016 por la Procuraduría de Justicia del Estado, entonces a cargo de Homero Ramos Gloria, uno de los peones del moreirato, cuyos servicios pagaron con un asiento en el Tribunal Superior de Justicia, abre un resquicio para procesar a los responsables. Sin embargo, la cifra involucrada no representa siquiera la cuarta parte de la deuda adquirida con decretos apócrifos.

La Fiscalía General del Estado, cuyo desempeño hasta ahora ha sido mediocre -además, no se puede litigar y al mismo tiempo procurar justicia-, tiene la oportunidad de demostrar su independencia de los Moreira y que el Gobierno actual no es extensión del clan. También es ocasión para que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local y Armando Guadiana, quien como ciudadano estuvo más atento al tema de la deuda que ahora como senador, presionen en la misma dirección. Y si el presidente López Obrador es congruente, en Coahuila existen motivos suficientes para demostrar que su compromiso de atacar la corrupción y la impunidad no era pura demagogia.

El escepticismo ciudadano no es de balde. Lo mismo que Fox, AMLO ha faltado a su promesa de sanear el sector gubernamental, donde la corrupción no solo se comete con todos los agravantes, sino también con la seguridad de no ser castigada. No se trata de saturar las cárceles de políticos y funcionarios -como ahora lo están, en muchos casos, de gente inocente o a la cual se le fabricaron delitos- solo para dar gusto a la galería, pero tampoco de dejar impunes sus crímenes.

El desprecio de la clase gobernante por la ley tiene como respuesta el repudio ciudadano contra la política y todo lo que representa. Las rechiflas a los gobernadores en las giras de López Obrador, de las cuales tampoco se salva el Presidente, pueden ser inducidas en parte, pero reflejan un sentimiento social largamente reprimido. Los auditorios se colmaban antes con adeptos aleccionados para quemar incienso y aplaudir. En los mítines de AMLO también hay acarreados, pero la actitud general hacia el poder es otra. Por no entenderlo así, el PRI terminará sus días como comparsa de Morena.
03 Julio 2019 04:00:00
La dama y el porro
Un ataúd pasea por el país. Lo carga el tándem Moreno-Viggiano Moreira. El féretro contiene los restos de un dinosaurio. El cortejo hizo escala en Saltillo el domingo pasado. El candidato a la presidencia del PRI –clon de Peña Nieto y satélite de López Obrador– dio clases de congruencia y un discurso tan conceptuoso y estructurado como los de Reyes Heroles o Muñoz Ledo: “Quien promueva la división, quien critique y no proponga, quien esté en contra de todo y a favor de nada, ni quieren la unidad de nuestro partido ni quieren que al partido le vaya bien”.

La destinataria de la filípica era Ivonne Ortega, su incómoda rival por la dirigencia del PRI. La exgobernadora de Yucatán pulverizó en Twitter a Moreno en 50 palabras: “Él dijo que pactó con AMLO. Luego pactó con Peña. Pactó con los gobernadores. Y ahora dice que no es el candidato de la cúpula… Así de desesperado debe estar. Tenemos que acabar con la política de la mentira y simulación, tenemos que acabar con la política de la cúpula”. Justamente, la derrota el PRI en 2018 se debe a la nomenklatura, la cual terminó de dar muerte al dinosaurio neoliberal.

La elección priista del 11 de agosto no será un día de campo para la mancuerna Moreno-Viggiano Moreira, a pesar del ejército de mapaches reclutado. El eje Campeche-Hidalgo incluso puede ser vencido por su tufo peñista, soberbio y corrompido, y si acaso gana, peor para el PRI y sus cuadros leales pocas veces valorados. La nomenklatura quiere fabricar otro Peña con Moreno, inepto y manipulable. Sin embargo, el partido fundado por Calles ya terminó su ciclo. La conversión de Los Pinos en museo marcó también su destino. El único con carácter para afrontar a López Obrador era José Narro, quien renunció al PRI para no avalar la farsa.

Frente al riesgo de perder, como pasó en las presidenciales de 2018 cuando junto con su esposa coordinó la campaña de José Antonio Meade, Rubén Moreira recurre de nuevo a las tácticas de terror e intimidación utilizadas durante su gobierno bajo el amparo de Fuerza Coahuila, campeona en violaciones a los derechos humanos. Ortega, sobrina del exlíder de la CNC, Víctor Cervera, acusa al porro de amenazas –contra ella, sus hijos y su familia– y de prohibirle poner un pie en el estado. (Moreira persiguió en su sexenio incluso a algunos de sus aliados y cómplices; un caso fue el de Noé Garza, a cuyo hijo encarceló).

“(...) el exgobernador Rubén Moreira, de Coahuila, hoy diputado federal por ese estado, me comentó que no sabía con quién me había metido, que así como estaba haciendo la encuesta de quién quería que dirigiera (el PRI): si los mismos de siempre o los militantes, él iba a hacer una encuesta para saber quién es el papá de mi hijo, porque soy mamá soltera; lo he dicho públicamente: él no tiene la culpa de tener la madre que tiene. Así como yo, hay millones de mujeres. Me gustaría que la fórmula de Alejandro Moreno (Viggiano) se expresara respecto al tema… porque es mujer, porque es madre y porque es esposa de Rubén Moreira”, declaró Ortega a Elisa Alanís, de Milenio Televisión (02-07-19).

“(Moreira) le comentó a mi representante que cuidado y vaya a poner un pie en Coahuila, porque voy a saber de qué están hechos los coahuilenses. Conozco a muchos que son gente de bien, pero también muchas cosas que se dicen en el estado. Que tengan la plena seguridad de que no voy a ir, no voy arriesgar a mi equipo”.

Para Moreira II, Coahuila y el PRI no han dejado de ser suyos.
02 Julio 2019 04:00:00
Saber más por viejo
En 1990, en pleno auge salinista y en el marco del segundo informe presidencial, Mario Vargas Llosa dijo sin ambages en el corazón de Televisa, soldado del PRI: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”.Octavio Paz y Enrique Krauze, organizadores del debate entre intelectuales de Europa y América El siglo XX: la Experiencia de la Libertad, quedaron perplejos.

El escritor peruano-español recordó el episodio dos años después, en su columna Piedra de Toque: “Por haber llamado ‘una dictadura perfecta’ al sistema político del PRI –en el encuentro de intelectuales que organizó la revista Vuelta, en México, en septiembre de 1990– recibí numerosos jalones de orejas, incluido el de alguien a quien yo admiro y quiero mucho como Octavio Paz, pero, de verdad, sigo pensando que aquella calificación es defendible” (El País, 1-06-92).

En el mismo texto advertía que los intelectuales mexicanos son reclutados y puestos por el sistema a su servicio “sin exigirles a cambio la cortesanía o el servilismo abyecto que un Fidel Castro o un Kim il Sung piden a los suyos. Por el contrario, dentro del exquisito maquiavelismo del sistema, al intelectual le compete un rol que, a la vez que sirve para eternizar el embauque de que México es una democracia pluralista y de que reina en ella la libertad, a aquél lo libera de escrúpulos y de la buena conciencia: el de criticar al PRI.

“¿Alguien ha conocido a un intelectual mexicano que defienda al Partido Revolucionario Institucional? Yo, nunca. Todos lo critican, y, sobre todo, los que viven de él, como diplomáticos, funcionarios, editores, periodistas, académicos, o usufructuando cargos fantasma creados por el régimen para subsidiarlos”. Era 1992, más de un cuarto de siglo antes de la ruina del PRI y del inicio de la cuarta transformación.

El 26 de mayo pasado, Vargas Llosa encabezó en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara el Foro Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI. El debate lo convocó la Fundación Internacional para la Libertad –creada por el autor de La fiesta del Chivo– para, entre otros propósitos, cerrar filas con los intelectuales mexicanos que ven en el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no a un Mesías Tropical, sino a una especie de demonio.

Enrique Krauze –“víctima de una reciente campaña de descrédito e intimidación por sus críticas al Gobierno”, escribe Mario Llosa en Piedra de Toque del 2 de junio– también dedicó su columna al foro: “Soplan vientos autoritarios. En muchos países la figura del hombre fuerte, el líder populista que, habiendo llegado al poder por la vía de la democracia y en un marco de libertad, tiene el designio de acabar con ambos” (Reforma, 02-06-19).

Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y coorganizador del coloquio, advirtió a Vargas Llosa que tal vez habría incidentes. “Pero no hubo ninguno y las nueve horas del foro transcurrieron en absoluta paz. Esto es la civilización”, pensé muchas veces, “un mundo de ideas y razones, tan distinto a lo que estamos acostumbrados en otras partes, a las banalidades y lugares comunes de que suele estar cada día más trufada la política en nuestros días” (El País, 02-06-19).

En esta ocasión nadie le ha estirado las orejas al Nobel ni a los intelectuales por advertir sobre el posible advenimiento de una nueva dictadura perfecta. Quizá porque el demonio no es como lo pintan o porque sabe más por viejo que por diablo.
01 Julio 2019 04:01:00
La raíz de la crisis
Existe una propensión en diversos sectores, entre ellos algunos de los más poderosos e influyentes, a descalificar anticipadamente al Presidente López Obrador y augurar el fracaso de su Gobierno para atribuirle después la ruina de México y provocar el repudio de quienes “equivocadamente” votaron contra el statu quo causante de la crisis nacional y de la miseria. Como si AMLO hubiera recibido un país en jauja, libre de violencia, corrupción e impunidad; con un liderazgo sólido e instituciones igualmente robustas, respetado dentro y fuera de sus fronteras.

La situación actual se debe no solo al expresidente Peña Nieto, responsable del desastre por su función nominal de jefe de Estado y de Gobierno, sino también a quienes, sin costos, ejercieron el poder; no entre bastidores, sino a la vista de todos. El país lo supeditaron a su interés. ¿O advirtieron, como lo hacen ahora, de la rapiña en Pemex y de su deuda explosiva? ¿Denunciaron los excesos en el gasto público y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos?

Evidentemente se sentían más cómodos con un presidente pusilánime y una democracia corrompida, preferible, según el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, a una dictadura. A menos, claro, que fuera perfecta como la de Salinas de Gortari de la cual surgió un club de multimillonarios merced a la privatización de entidades públicas. Con el garlito de la modernización, políticos y empresarios vinculados al poder se repartieron cual botín el patrimonio nacional.

El Gobierno de López Obrador ha incurrido en errores graves y el país empieza a pagar las consecuencias, pero hasta hoy no son mayores que los de Peña Nieto, y ojalá no los exceda; no por bien suyo, sino de la nación y de los millones que en él confían. Cambiar un régimen viciado, ineficaz y al servicio de las élites, por uno de raíz social, comprometido con la mayoría, llevará tiempo y entrañará enormes dificultades y presiones; abiertas y embozadas.

En el proceso se han cometido fallos, injusticias y arbitrariedades inexcusables, mas ninguna autoridad, en sus cabales, expondría intencionalmente la vida de personas en clínicas y hospitales por suspender el abasto de medicamentos y otros insumos indispensables para su operación.

El sistema de salud colapsó en el sexenio de Peña, quien entregó finanzas públicas sin margen de maniobra y al país con una deuda exorbitante; la cual, como la de Coahuila, guardada la proporción, no se explica sin obras ni infraestructura, pero sí por la riqueza de una clase cínica y venal.

Los costos del sometimiento al poder y el silencio frente a la corrupción, la soberbia, las deficiencias e incapacidades del gobierno de turno serán siempre onerosos. En el caso de la actual Administración, sin embargo, los errores se magnifican, y acuerdos como la cancelación de aranceles del vociferante Donald Trump se minimizan o tratan de desvirtuarse. Las agencias calificadoras de riesgo crediticio, cuya laxitud con los bancos de Estados Unidos contribuyó a la crisis financiera global de 2008, se han unido a la embestida de los sectores antiAMLO para imponerle condiciones. Desearían un presidente de ornato, de florero, como Peña, no uno que separe con claridad los poderes público y privado cuya cohabitación envileció la política y tuvo para el país resultados devastadores.
29 Junio 2019 04:04:00
Sombras de junio
Mientras la justicia y el Ministerio Público tienen manga ancha con los criminales, y juniors de la política bailan para el líder de una secta internacional acusada de extorsión y tráfico sexual, la burocracia electoral defiende con uñas y dientes sus privilegios. Son los temas de la sección de Sombras, del nuevo número del bisemanario Espacio 4.

I
La justicia en Coahuila va en peor. Además de la impunidad en escándalos de corrupción que involucran a jueces, como el megafraude del Infonavit –cuyo principal actor, el magistrado Jesús Sotomayor Garza, goza de protección en lugar de ser sometido a juicio político e investigación– ahora se suma la fuga de un delincuente por la “pifia” de un juez. El pasado 11 de junio, José Alonso “N” asaltó a una persona que había retirado 240 mil pesos de una sucursal de Banamex en Saltillo, por lo cual fue detenido –su cómplice escapó con el botín–. Sin embargo, tras haber logrado un acuerdo reparatorio con la parte acusadora, el delincuente escapó del Centro de Justicia Penal, sin que la Fiscalía General del Estado lo pudiera reaprehender, debido a que el juez no libró la orden a tiempo. Al prófugo se le acusa de haber cometido cuatro robos con violencia, tres en Saltillo y otro en Torreón. Sombra enorme para las autoridades de justicia del estado.

II
Varios personajes relacionados con políticos mexicanos han formado parte de la secta Nxivm, cuyo líder, Keith Raniere, fue encontrado culpable de extorsión y tráfico sexual por un jurado de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn. En un video que data de 2016 se puede observar a los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano y Cecilia; así como a Lourdes Salinas, esposa del exgobernador oxaqueño Ulises Ruiz, y su hija, Lilia Ruiz, quienes bailan en honor al líder de la secta. Mientras los hijos de Carlos Salinas aparecen con playeras verdes, el tercer rango de importancia dentro la secta, la esposa e hija de Ruiz aparecen con playeras amarillas, lo que denota una jerarquía menor. El pasado 20 de junio, Raniere, de 58 años, también fue hallado culpable de obligar a trabajos forzados, lavado de dinero, fraude electrónico, robo de identidad y posesión de pornografía infantil. Raniere, quien fue detenido cerca de Puerto Vallarta, en marzo de 2018, enfrenta cadena perpetua. Su sentencia será dictada el próximo 25 de septiembre.

III
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están en pie de guerra contra la reforma electoral planteada por Morena, la cual busca desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y crear un Consejo de Vigilancia en el tribunal. “Lo digo de manera abierta, franca y, sobre todo, respetuosa, esta propuesta es innecesaria y podría atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, si no cuenta con un diseño adecuado”, dijo Felipe Fuentes Barrera, presidente de la Sala Superior del TEPJF. “Los poderes de la Unión son autónomos e independientes. Por ello, es inaceptable cualquier intromisión de un poder hacia otro”, agregó. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, señaló que la propuesta de sustituir los Oples por consejos locales “generaría problemas operativos”. El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña les enmendó la plana a ambos: “solo quienes protegen intereses inconfesables y privilegios, no quieren una reforma electoral que salga de su control”, dijo.
26 Junio 2019 04:05:00
El PRI que viene
La renuncia del exgobernador Rogelio Montemayor al PRI se suma a la de otros coahuilenses que militaron en el partido fundado por Calles hace ya varias décadas y ocuparon cargos relevantes, como José Narro Robles. Algunos lo hicieron por falta de democracia, después de haber sido ellos mismos candidatos por dedazo, varios en repudio a la tiranía de los Moreira, pero ninguno por objeción de conciencia, pues, de ser el caso, lo habrían hecho por la megadeuda, el insolente traspaso del poder entre hermanos, la corrupción galopante y los fraudes electorales cometidos por el PRI-Gobierno.

Quienes le plantaron cara a los Moreira –sobre todo a Rubén– fueron perseguidos y reprimidos; otros, a la vez, objeto de campañas bajunas: se les inventaron delitos, se invadió su privacidad y se les exhibió en las redes sociales. Pocos asumieron los riesgos: Armando Guadiana lo hizo protegido por su posición económica y sus relaciones políticas; Noé Garza poseía información comprometedora, pero no autoridad moral ni valor para denunciarlos, por haber sido cómplice y beneficiario de sus atropellos, y Javier Guerrero, quien no obstante su paso –efímero– por el gabinete de Moreira II, no se contaminó y afrontó al déspota dentro y fuera del PRI.

Por su parte, quienes vendieron su alma a Rubén a cambio de favores, puestos, bienes y riquezas ilícitas e impunidad, pagaron con humillaciones y desprecio social su desvergüenza (Jorge Torres López, David Aguillón, Homero Ramos Gloria, Armando Luna, Gregorio Pérez Mata, Jesús Torres Charles, María Esther Monsiváis y muchos más). “(…) fueron demasiados personajes a quienes el partido llevó a cargos de representación política que han saqueado y endeudado a sus estados, personajes corruptos y cínicos que abusaron” del poder y se dedicaron a “resolver su situación económica y política personal sobre la obligación de atender los problemas de las comunidades a las que juraron servir (…)”, acusa Montemayor en su renuncia, dirigida al presidente del CDE, Rodrigo Fuentes.

Nadie se asuste. Lo mismo pasa en los gobiernos del PAN, el PRD, el Verde y pronto sucederá con los de Morena, pues “el poder no corrompe –dice Rubén Blades–; el poder desenmascara”. Sin embargo, el PRI se envileció, quebrantó todas las reglas –incluidas las propias– y una vez suprimidos los cuadros que le daban rumbo, cohesión y sustento, y derribadas las contenciones morales e ideológicas, las pandillas enquistadas se adueñaron de sus siglas. En México las encabeza Peña Nieto; y en Coahuila, los Moreira.

Montemayor se decantó desde un principio por Narro Robles para la presidencia del PRI, consciente, como la mayoría –priista o no–, de que el exrector de la UNAM era la única opción capaz de hacer renacer a ese partido de sus cenizas; o al menos intentarlo. Rubén, cuya insania le procuró la enemistad de legiones –“Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud”–, fue empleado de Montemayor, Enrique Martínez y Eliseo Mendoza. A todos los traicionó y les causó daño, acaso por su complejo de clase, algún trastorno de personalidad o por los influjos de Hybris, diosa de la insolencia, la perversidad, la arrogancia, la desmesura y el ultraje en general. Mejor fórmula no pudo haber escogido Alejandro Moreno para recordarle al país el PRI que viene.
25 Junio 2019 04:03:00
Con uñas y dientes
Para el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, “es preferible una democracia corrompida que una dictadura. Todas las dictaduras –sin ninguna excepción– son profundamente corrompidas, pero esa corrupción aparece pocas veces a la luz pública, porque la censura lo impide”, dijo en la inauguración del Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, el 26 de mayo en Guadalajara. Entre los intelectuales antiAMLO participantes figuraron Enrique Krauze y Jorge Castañeda.

Diez años atrás, en el marco de un foro celebrado en Caracas, Vargas Llosa, Krauze y Castañeda fueron invitados por el presidente Hugo Chávez a un debate. Los escritores propusieron como temas liberalismo y socialismo, pero fijaron como condiciones debatir con el Presidente, no con subordinados, y equidad en los tiempos para evitar un soliloquio. Chávez rechazó los términos y su canciller, Nicolás Maduro, los llamó “provocadores”.

Enemigo acérrimo del populismo, Vargas Llosa conoce los efectos de la “peste bubónica”, según caracterizó a las dictaduras, para referirse a la de Maduro en particular. En 1990, la coalición Frente Democrático lo postuló para la presidencia, pero los peruanos se decantaron por un desconocido, Alberto Fujimori, quien devino en tirano: se apoderó de las instituciones y cambió la constitución para reelegirse. Durante su mandato, de 10 años, un escuadrón del Ejército asesinó a civiles, y estudiantes, acosó a empresarios y periodistas y se apropió de fondos públicos. Transparencia Internacional calcula su fortuna en 600 millones de dólares. Fujimori fue sentenciado a 38 años de cárcel.

Junto con Krauze y Castañeda, Vargas Llosa ha sido un crítico tenaz de AMLO desde antes de que ocupara la Presidencia. En la apertura del foro de Guadalajara cuestionó: “¿Significa la elección del señor López Obrador que la democracia mexicana va a seguir profundizándose o significa un retroceso? ¿O significa que el populismo ha echado raíces en México y que puede prosperar con este Gobierno y arruinar a este país, como ha arruinado a todos los países a los que ha hecho presa?”

Frente al colapso del PRI, PAN y PRD, reflejado de nuevo en las elecciones del pasado 2 de junio, la pasividad de la cúpula empresarial y la seducción de AMLO en amplias capas sociales, quienes le plantan cara al Presidente más fuerte, acaso después de Salinas, vuelven a ser los librepensadores que antes repudiaron las dictaduras de Castro, Chávez y ahora mismo la de Daniel Ortega en Nicaragua. A ellos se refirió el Premio Cervantes 1994: “intelectuales mexicanos de alto nivel han expresado claramente una preocupación, (…) hay síntomas de que se puede estar construyendo, dentro de este sistema, un sistema paralelo (…) que podría ser peligroso el día de mañana para la democracia”.

El llamado del autor de Conversación en la Catedral es “a la movilización en defensa de esas instituciones democráticas que luego de un periodo tan largo y tan difícil ha alcanzado México. (…) tenemos que defendernos contra el populismo con uñas y dientes, porque fíjense el caso de Venezuela; fíjense a dónde puede conducir el populismo”.

En los comicios recientes, sin embargo, la ciudadanía tomó el camino contrario: el abstencionismo; en algunos estados, rondó el 80%. La movilización deberá ser en la calle, pero ese espacio lo domina AMLO. ¿Hasta cuándo? Las cosas cambiarán cuando los partidos de oposición actúen como tales (el PRI ya se rindió), cuando surjan liderazgos creíbles y a la sociedad se le caiga la venda de los ojos.
24 Junio 2019 04:04:00
Tráfico de influencias
El cable «¿Quiénes son los líderes empresariales más ricos de México?», difundido por WikiLeaks en 2011, advierte cómo el poder económico incide en las decisiones políticas y de los tribunales: «El uso indebido del sistema judicial es empleado por compañías mexicanas de todos tamaños para resolver disputas. Refleja la debilidad de este sistema legal que explotan las compañías y es una de las razones por las que la reforma judicial es un tema tan importante en México».

Tras citar a la decena de empresarios que concentran 10% del PIB nacional, el documento señala que «algunas de estas personas claramente aprovecharon las deficiencias de las instituciones mexicanas y sus relaciones con importantes figuras políticas para expandir su riqueza. Varias de las dinastías empresariales que poseían estos individuos despegaron en la década de 1990, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (PRI) comenzó a desmantelar la economía centralizada de México. Salinas vendió más de mil compañías estatales, desde fundiciones de metales hasta ferrocarriles».

Entre los casos que devinieron en monopolios del sector privado -en beneficio de «empresarios y políticos inteligentes», pero que dejaron «al mexicano medio en el frío»- cita el de Teléfonos de México. «Cuando Slim y sus socios compraron Telmex en 1990, el Gobierno les dio condiciones extremadamente favorables». En 2008, de acuerdo con la revista Forbes, Slim era el segundo hombre más acaudalado del mundo, con 60 mil millones de dólares, después de Warren Buffett y por encima de Bill Gates, de Microsoft.

En su conferencia del 21 de febrero pasado, López Obrador declaró que la nómina de mexicanos en Forbes se disparó en el sexenio de Carlos Salinas, a quien llamó «el padre de la desigualdad moderna». En 1988, dijo el Presidente, solo figuraba la familia Garza Sada (Nuevo León) con 2 mil millones de dólares. Seis años después ya aparecían más de 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo, cuya fortuna ascendía a 48 mil millones de dólares. «De ese tamaño fue la transferencia de recursos por la política de entrega de bienes nacionales a particulares», acusó.

La estrategia privatizadora -salvaje en casos como el de Altos Hornos de México, pues se aplicó sin medir el impacto social en varias regiones de Coahuila- consistía en descapitalizar y convertir a las empresas en chatarra; aun así, se vendieron muy por debajo de su valor real. Los beneficiarios resultaron ser amigos, hermanos, esposas y prestanombres de políticos. Los artífices del modelo neoliberal salinista fueron el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, y un exalumno suyo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Jaques Rogozinski, quien fungió como jefe de la Oficina de Desincorporación de Empresas Públicas. En el gobierno de Peña Nieto, Rogozinski ocupó la dirección de Nacional Financiera.

«El distintivo del neoliberalismo es la corrupción -proclamó AMLO en su discurso inaugural-. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos en que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación».

Entonces, ¿por qué el Presidente protege ahora a la mafia del poder?
22 Junio 2019 04:04:00
Grietas en Morena
Las agencias calificadoras de riesgo no son las únicas que han bajado la calificación de México por las políticas del presidente López Obrador. En las elecciones del 2 de junio los electores también castigaron a Morena, cuya votación se desplomó a pesar de haber ganado Baja California y Puebla. Así lo refleja el balance de Gerardo Moyano en el nuevo número del bisemanario Espacio 4.

«El ganador categórico de las elecciones del 2 de junio fue, sin duda, el abstencionismo, cuyo promedio rondó 67% en las seis entidades donde hubo procesos locales: Puebla, Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango. ¿Pero a qué partido afectó, en mayor medida, la baja participación? Si bien Morena le arrebató al PAN las dos gubernaturas en juego, Puebla y Baja California (esta última después de 30 años de gobiernos panistas), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo una gran merma de votos en comparación con las elecciones de 2018.

»La votación de la alianza de Morena con los partidos del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) disminuyó 66%: de 4.5 millones en 2018, a 1.5 millones el 2 de junio en las seis entidades que acudieron a las urnas (el PES no se acompañó con Morena en este proceso). De partido a partido, el PAN aventajó a Morena por más de 150 mil votos. “El partido del Presidente fue el que más base electoral perdió en los procesos que se llevaron a cabo el domingo 2 de junio, pues perdió 65% de los votos que obtuvo apenas el año pasado”, acusó el consejero nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán.

»En los estados donde participó solo, a Morena no le fue nada bien: en Tamaulipas, el PAN arrasó en la composición del Congreso; en Durango, la mayoría de las 39 alcaldías se la dividieron la alianza PAN-PRD y el PRI. Morena ganó dos municipios, incluido Gómez Palacio, uno de los más poblados, donde jamás había habido alternancia. En Aguascalientes, Acción Nacional se impuso en cinco de los 11 ayuntamientos; el Verde Ecologista, en dos; y Morena, PRI, PT y PRD, en uno cada uno.

»En Quintana Roo, Morena, en alianza con el PT y el Verde, le arrebató el Congreso al PAN: obtuvo 11 de las 15 diputaciones de mayoría relativa. La coalición PAN-PRD-PES ganó dos curules y el PRI solo una. La participación más baja se registró en este estado: 22% de la lista nominal.

»La relevancia de las alianzas de Morena se refleja en que los únicos partidos que aumentaron su votación con respecto a 2018 fueron el Verde y el PT, en Puebla; en Tamaulipas, ambos perdieron su registro y quedaron fuera del Congreso. Con esos resultados, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña advirtió que si la coalición Juntos Haremos Historia, que postuló a AMLO para la Presidencia, no se une en las próximas elecciones, “será un desastre” (MVS 06-06-19).

»Rojas es de la misma opinión: “En algunos estados de la República, como Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, fue un desastre electoral. Pasaron por encima de nosotros, ante la complacencia y displicencia de nuestra dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, quien debe explicar sus inexplicables decisiones que nos llevaron a obtener estos pésimos números electorales”. Sobre el tema, el columnista Pablo Hiriart advierte: “El abstencionismo siempre juega en favor del partido en el poder. Y esta vez Morena enseñó que tiene los pies de barro. Morena gana con sus alianzas: PT y Verde, pero solo no puede (…) El efecto López Obrador se desinfla”» (El Financiero, 04-06-19).
21 Junio 2019 04:05:00
Alianza infecta
El PRI ha sido siempre apéndice del Presidente, pero jamás se había sometido a uno ajeno a sus siglas como ahora lo hace con López Obrador la escuálida panda encabezada por Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México y primo de Peña Nieto, y algunos ex de la talla moral de Rubén Moreira. Carlos Alberto Madrazo y Luis Donaldo Colosio, exlíderes del partido tricolor que intentaron rebelarse contra los mandatarios de turno (Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari), murieron en circunstancias sospechosas: el primero en un avionazo y el segundo asesinado en Lomas Taurinas, al inicio de su campaña por la Presidencia.

No extraña el rendimiento de la mafia priista a quien más la ha vilipendiado y acusado de corrupta; lo explica el ADN. La supervivencia de su partido no les importa, sino salvar el pellejo y obtener mayores presupuestos para llenar sus alforjas y las de sus secuaces por los servicios prestados a la patria. Alejandro Moreno y quienes arman el tinglado para cambiar de títere en la presidencia de un partido liquidado en las urnas en 2018 y rematado en las elecciones de junio pasado, buscan impunidad, y AMLO, gustoso, se la concederá a cambio de cuanta humillación le apetezca al mesías. Si perdonó al idiota y frívolo de Peña Nieto, ¿por qué no a sus peones?

Pero si el PRI supone que puede sacar provecho de esa alianza infecta, se equivoca. Basta ver cómo el PAN y su excandidato presidencial, Ricardo Anaya, pagaron su relación indecorosa con Los Pinos, iniciada por Salinas y Fernández de Cevallos. La ciudadanía castigó a Acción Nacional por haberse prestado a los juegos del poder, y a Anaya se le fabricó un delito cuando empezaba a crecer en la carrera presidencial. El PRI-AN devino en PRI-Mor por un pacto -cada vez más evidente- entre Peña Nieto y López Obrador.

La renuncia de José Narro Robles al PRI acaso sea plausible, por la calidad del personaje (moralmente en las antípodas de los Moreira, los Peña y los Duarte), su valor, y las causas esgrimidas para dar por terminada una militancia de 46 años. Sin embargo, como gesto de dignidad, es demasiado tardío, pues la nomenklatura que le dio con la puerta en la cara es a la que sirvió en los últimos sexenios; y el PRI, el mismo antidemocrático, marrullero y falsario de siempre. El partido que, en complicidad con el Gobierno y autoridades electorales, le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 e impidió la alternancia en Coahuila en 2017.

Cinco años mayor que López Obrador, Narro representaba la alternativa del PRI para plantarle cara a un presidente omnímodo, sin preparación ni contrapesos. Era el rostro respetable, sosegado y sin ambiciones futuristas de un partido sinónimo de corrupción, insolencia e impunidad; el único capaz de rescatar lo poco salvable de una institución envilecida y repudiada por casi la totalidad de los mexicanos e incluso por muchos de sus militantes. El servilismo de Alejandro Moreno -clon de Peña Nieto- prefigura la función del tricolor en la Cuarta Transformación.

La circunstancia brinda a quienes denuncian la farsa para imponer a Moreno la oportunidad de organizar una fuerza opositora como en su tiempo lo hicieron Cárdenas, Muñoz Ledo y el propio López Obrador. Si ese movimiento marcó el fin de la dictadura perfecta, los afines a Narro pueden sepultar al dinosaurio. Si se acobardan, entonces que no lloren como mujer lo que no sepan defender como hombres. Ese reproche a Boabdil, el Desgraciado, último sultán nazarí de Granada, se lo habría hecho su madre Aixa, después de entregar las llaves de la Alhambra.
19 Junio 2019 04:05:00
El ahijado de Salinas
WikiLeaks y su fundador Julian Assange sacudieron al mundo el 28 de noviembre de 2010 con la divulgación de más de un cuarto de millón de telegramas y documentos –la mayor fuga de la historia– del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La información, dividida en no clasificada, confidencial y secreta, se filtró a The Guardian (Reino Unido), The New York Times (Estados Unidos), Le Monde (Francia), El País (España) y el semanario Der Spiegel (Alemania). Las revelaciones ocuparon los principales espacios en los medios de comunicación y pusieron en aprietos a múltiples gobiernos; sobre todo al estadunidense.

Assange –detenido el 11 de abril en la embajada de Ecuador en Londres– entregó a un emisario de La Jornada un dispositivo USB con miles de cables, el 18 de enero de 2011, en la capital británica. El 09MEXICO2778, remitido a Washington, el 24 de septiembre de 2009, informa sobre el resultado de una visita de personal de la Embajada al Estado de México: “Si bien (…) ofreció una perspectiva menos que equilibrada sobre el desempeño de (…)

Peña Nieto, reveló claramente en qué medida sus esfuerzos actuales están orientados a prepararse para una futura candidatura presidencial (…) y proporcionó una idea de su estilo de gobierno. (…) la mayoría de los funcionarios electos del PRI (gobernadores, alcaldes y legisladores) ven algún beneficio en asociarse estrechamente con él”.

Bajo el sugestivo título de Una mirada al Estado de México, al Estilo de Pueblo de Potemkin, analogía entre la farsa para engañar a Catalina II de Rusia, con una urbanización escenográfica, y la montada por Peña para hacerse con la candidatura presidencial, la comunicación pone de relieve el papel del “monopolio” de Televisa en la sucesión de 2012. “Además, como ahijado del expresidente Salinas y formado por el arraigado molde político del PRI (…)

Peña Nieto no es conocido por la transparencia cuando se trata de sus amigos y aliados: ayudó a proteger al exgobernador (…) Arturo Montiel Rojas de la acusación por cargos de corrupción al principio de su mandato. El PRI del Estado de México tiene la reputación de aprovechar las brechas en la transparencia para construir cofres de guerra de campaña”.

Peña retribuyó a las elites políticas, económicas y mediáticas con contratos —muchos de ellos sin licitación—, exenciones fiscales e influencia en su gobierno. También hizo la vista gorda frente a escándalos de corrupción pública y privada. La nueva oligarquía surgió en el sexenio de Salinas de Gortari, su padrino. El cable “confidencial” 08MEXICO2187_a, del 16 de julio de 2008, “explica quiénes son estas personas, cómo llegaron a dónde están y cómo esta concentración de riqueza afecta a México”.

Los nombres –de sobra conocidos– han sido representados por López Obrador como “la mafia del poder”. El telegrama pone las cosas en perspectiva: “México, un país donde aproximadamente el 40% de la población vive en la pobreza, tiene 10 de las personas en la lista de Forbes de 2008 de los multimillonarios del mundo». Ellos son: Carlos Slim (Telmex/ Grupo Carso), Alberto Bailleres (Peñoles/ Palacio de Hierro), Germán Larrea (Grupo México), Ricardo Salinas (TV Azteca), Gerónimo Arango (Aurrerá), Isaac Saba (Grupo Casa Saba), Roberto Hernández (exdirector de Banamex), Alfredo Harp (Avantel), Emilio Azcárraga (Televisa) y Lorenzo Zambrano (Cemex). La embajada reconoce sus aportaciones, pero observa: “esta concentración de riqueza y poder económico dificulta la capacidad de México para lograr niveles más altos y más profundos de competencia en industrias clave”.
18 Junio 2019 04:05:00
Símbolos de corrupción
Neoliberalismo y corrupción son, para Andrés Manuel López Obrador, siameses, y la impunidad, su tutora. El mes pasado, el Gobierno emprendió acciones tendientes a romper ese círculo vicioso y suprimir el régimen de privilegios: el SAT reveló que en los dos últimos sexenios se condonaron impuestos por 400 mil millones de pesos a grandes contribuyentes; el Presidente renunció a la facultad de perdonar tributos; Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue detenido en España, y se ordenó la aprehensión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ambos son cercanos a los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña.

AMLO ofreció no desatar una caza de brujas, pues “no habría juzgados ni cárceles suficientes”. Sin embargo, 30 millones de mexicanos votaron por su promesa de castigar a los corruptos. La amnistía a quienes se apropiaron de bienes y recursos públicos causó enfado e incubó la idea de un pacto entre AMLO y Peña Nieto. Sin embargo, el tabasqueño es hombre astuto. La clave de las actuaciones contra Ancira y Lozoya se encuentran en el discurso inaugural del Presidente: “la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años sino también por el predominio (…) de la más inmunda corrupción pública y privada”.

“En el periodo neoliberal —dijo López Obrador— la corrupción se convirtió en la principal función del poder político”, y resumió en una frase el plan del nuevo Gobierno: “acabar con la corrupción y con la impunidad”. Para diferenciarse de Salinas de Gortari y de Peña Nieto, quienes –al principio de sus respectivos gobiernos– pusieron entre rejas al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia y a la cacique del SNTE, Elba Esther Gordillo, en venganza por haber apoyado a otros candidatos, advirtió que iniciaría su gestión “sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación”.

El Presidente hizo una insinuación: “si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios (…) y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”. Medio año después, dos de la cúpula neoliberal del PRI –Ancira y Lozoya– ocupaban las primeras planas de los diarios: uno esposado por la policía de España y otro fichado por la Interpol.

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y violencia que padecemos”, remarcó AMLO ya con la banda tricolor ceñida al pecho.

El proceso contra el presidente de AHMSA y el exdirector de Pemex, por la venta de una planta chatarra (Nitrogenados) a la petrolera, con un sobreprecio de 67%, los puso en la órbita del caso Odebrecht, la constructora de Brasil acusada de sobornar a políticos, presidentes y empresarios de América Latina para obtener contratos. El escándalo se destapó en el sexenio de Peña Nieto, pero la PGR hizo mutis.

AMLO puede cambiar la imagen del país en el mundo y de mejorar su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. En la clasificación de 2018, México aparece en el lugar 138 de 180 países, empatado con Guinea, Irán, Líbano, Papúa Nueva Guinea y Rusia. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plantea reducir la corrupción en un 53%; para lograrlo, la condición es empezar por castigarla. Los casos de Ancira y Lozoya, por sus nexos con Salinas y con Peña, apuntan en esa dirección.
17 Junio 2019 04:05:00
Morena: la resaca
El mensaje de las urnas se escuchó fuerte y claro el 2 de junio: en procesos locales Morena no es el acorazado de la elección Presidencial de 2018, sino literalmente una barcaza. El partido del Presidente y sus satélites ganaron el Gobierno de Baja California con holgura, además de las alcaldías y los distritos locales, en gran medida por la descomposición del PAN, después de 30 años de ejercer el poder.

Lo que el Grupo Atlacomulco no pudo, imponer a un Hank (Jorge) en la gubernatura, lo consiguió Jaime Bonilla, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia formada por Morena, el Verde, el PT y partido local Transformemos.

En Puebla, Morena y Miguel Barbosa debieron ser remolcados por el PT y el Verde para imponerse al candidato del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, el coahuilense Enrique Cárdenas. Los gobernadores panistas Martín Orozco (Aguascalientes, donde se eligieron alcaldes) y Francisco García (Tamaulipas, donde se renovó el Congreso) enfriaron al partido del presidente López Obrador. Morena se hizo con la mayoría de las diputaciones locales en Quintana Roo, pero en Durango el mandatario panista José Rosas Aispuro y su expartido (el PRI) aplastaron a la formación liderada por Yeidckol Polevnsky.

De los 39 ayuntamientos en disputa, Morena obtuvo solo dos; Gómez Palacio, donde por primera vez habrá alternancia, lo ganó por los pelos.

El Presidente tuvo cuidado de no inmiscuirse directamente en los procesos. Sin embargo, desde el Palacio Nacional tampoco pudo incidir en ellos.

El abstencionismo fue mayúsculo y Morena retrocedió donde antes había avanzado, lo cual es mala señal para elecciones futuras. Los programas sociales, en los cuales AMLO y su partido se han aplicado para ampliar y consolidar su base política, no se reflejaron en las urnas. Porque no han llegado a los beneficiarios o por un mal diseño y organización.

Los superdelgados no han cumplido su tarea y Morena tampoco se articula aún como partido; en Coahuila, incluso, es inexistente. El senador Armando Guadiana y el representante presidencial, Reyes Flores, cabezas visibles del amlismo, se han encapsulado y al parecer tienen otras prioridades; mientras, cunde el desaliento y la inconformidad entre quienes fueron los primeros cuadros de López Obrador en Coahuila. Es el caso de Juan Pablo Rodríguez, quien públicamente cuestiona las estrategias de la cuarta transformación y a sus emisarios en el estado.

El mensaje del 2 de junio no deja lugar a dudas. Las siglas de Morena y la popularidad de AMLO no son garantía de victoria; además, el poder desgasta. Es preciso organizar el movimiento político del Presidente. Y más importante incluso, seleccionar con lupa a los candidatos de Morena, pues tampoco gana con cualquiera.

El caso de Miguel Barbosa, en Puebla, es un ejemplo de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones. Un candidato como Enrique Cárdenas, con un perfil ciudadano, estuvo a 11 puntos de ganar la gubernatura. En procesos donde la diferencia es mínima (como pasó en Estado de México y Coahuila en 2017) y deben resolverse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el triunfo de Barbosa parece contundente pero, si se le mira con detenimiento, no lo es tanto.

Entre la elección de 2018 y la extraordinaria del 2 de junio, Morena perdió más de 340 mil sufragios. El voto anti-AMLO se dirigió al PAN; y el del PRI, hacia AMLO.
15 Junio 2019 04:00:00
La Ley Olimpia
La plaga del ciberacoso amerita atención urgente del Congreso, las autoridades y los usuarios de las redes sociales, más ocupados a veces en banalidades y juegos de artificio. Posponer respuestas y acciones judiciales puede costar más vidas. Espacio 4 dedica al tema la sección de Sombras en su nuevo número.

Los diputados coahuilenses podrían irse de vacaciones sin aprobar una incitativa de ley que tipifica los delitos contra la intimidad o privacidad sexual. El Congreso de Coahuila ha dejado pasar la oportunidad de sumarse a Veracruz, Yucatán, Chiapas y Puebla, los cuales ya aprobaron la llamada Ley Olimpia contra el acoso cibernético. Esto pese a que Coahuila ocupa el quinto lugar nacional en violencia digital, según datos del Inegi.

A finales de mayo, en un contexto marcado por el escándalo de acoso sexual en la UAdeC, el suicido de una adolescente de Monclova expuesta en las redes sociales y la detención de un vendedor de los llamados “packs” Coahuila (fotos íntimas de mujeres compartidas sin su consentimiento), el Frente Nacional para la Sororidad y el colectivo Defensoras Digitales presentó ante el Congreso local la iniciativa que lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, quien se convirtió en activista tras el calvario que vivió por un vídeo íntimo que fue publicado en redes sociales.

El proyecto de ley establece la violencia digital como delito y fija penas de 3 a 6 años de prisión para quien divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, solicite y/o publique o amenace con publicar imágenes, audios, videos de una persona desnuda (parcial o totalmente), de contenido íntimo, erótico o sexual de manera impresa, grabada o digital, sin el consentimiento de la víctima.

El pasado 9 de abril, la diputada Diana Patricia González Soto (PRI) y el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) presentaron por separado la iniciativa de Ley Olimpia. La primera propone hacer una adición al Artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado “para que se reconozca la violencia digital como un tipo de violencia con perspectiva de género”.

La segunda, plantea modificar el Artículo 271 Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza para “tipificar expresamente, el delito del ciberacoso como aquella acción de quien de manera directa o indirecta, hostigue o amenace por medio de las tecnologías de la información y telecomunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier espacio digital a una persona y cauce un daño en la dignidad personal o cualquier otro bien tutelado por la norma”.

Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones, la primera a la de Igualdad y No Discriminación, y la segunda a la de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. En los proyectos se reconoce que “al menos 400 mujeres coahuilenses están siendo ciberacosadas” y destacan que “al poner la palabra ‘Packs Coahuila’ se arrojan 2 mil 850 videos de mujeres exhibidas sin consentimiento”. También refiere que en la entidad “Se han detectado 93 casos de este tipo de violencia (digital) y se encontraron 86 carpetas de Dropbox donde se publican más de 2 mil videos con contenido íntimo de mujeres y jóvenes”. Esperemos que los diputados locales aprueben esta urgente iniciativa antes del receso de dos meses que se tomarán a partir del 1 de julio. La elaboración de la iniciativa contó con la participación de organizaciones locales, como Defensoras Digitales Coahuila y Colectivo Kybernus Laguna.
14 Junio 2019 04:01:00
Democracia onerosa
El presidente López Obrador ha puesto en la mira a los organismos autónomos y a ello obedece la iniciativa de Morena para reformar el sistema comicial, uno de los más gravosos a escala internacional. Este año absorberá recursos por el orden de los 28 mil 700 millones de pesos, con apenas seis procesos estatales, los cuales se realizaron el 2 de junio; la concurrencia a las urnas fue paupérrima. De acuerdo con el periodista Eduardo Hucihm May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, el pastel se distribuirá de esta manera:

Instituto Nacional Electoral (INE), 10 mil 362 millones de pesos; prerrogativas a partidos, 5 mmdp; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2.5 mmdp; institutos locales electorales, 10.8 mmdp. (Reforma, 13.06.19). La suma de las dos primeras partidas es superior al presupuesto de la Fiscalía General de la República, cifrado en 15 mil 351 millones de pesos. Por cada peso asignado a la investigación y persecución de los delitos del fuero federal, los partidos recibirán uno.

Frente a la presión política y social por el desempeño de las autoridades electorales en los estados –apéndices de los gobernadores; Coahuila fue prueba flagrante durante el moreirato–, la reforma de 2014 amplió las facultades del INE. Ahora puede atraer procesos locales, y el consejo general designa a los consejeros de los institutos de cada entidad, denominados ahora Oples (Organismos Públicos Locales Electorales). El cambio de nombre, sin embargo, no modificó la realidad, pues los Oples siguen sometidos a la férula de los gobernadores.

Los grandes beneficiarios de la reforma del 14 fueron los partidos, pues además de recibir mayor financiamiento federal, los estados les otorgaron recursos adicionales. Baste un dato: al año siguiente de los cambios a la ley, tan solo el INE les entregó alrededor de 5 mil 200 millones de pesos, 32% más con respecto al ejercicio previo. Quizá ese haya sido el premio de Peña Nieto a los firmantes del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) por haber aprobado sus reformas, algunas de las cuales han sido canceladas por la aplanadora de Morena en el Congreso.

La propuesta de reducir las prerrogativas a los partidos en un 50% es plausible y seguramente será aprobada. Pues aparte de responder a un clamor nacional por el descrédito de las formaciones políticas y su falta de identificación con la ciudadanía, reflejada en altos índices de abstencionismo, el país nunca debió colmar de dinero a las burocracias partidarias. Menos ahora, cuando sectores como el de salud piden a voz en grito atención frente a los recortes indiscriminados de la cuarta transformación.

AMLO ha seguido la tendencia centralizadora de sus predecesores. En su caso, también para poner fin a la borrachera de poder de los gobernadores, iniciada con Fox, continuada con Calderón y exacerbada con Peña. En el tema de los Oples, ejemplos como el de Coahuila, en los comicios de 2017, orquestados por Rubén Moreira y vigilados por Fuerza Coahuila, su brazo represor, la idea de desaparecerlos no parece mala. Sin embargo, debería ser para mejorar el sistema electoral, no para convertirlo en un galimatías. Por cierto, ¿no pudo el Ople haber suspendido la construcción de su edificio de 82 millones de pesos, como hizo el INE con el suyo? El consejo del organismo estatal vive en Babia.
12 Junio 2019 04:01:00
Fórmula para el fracaso
José Narro Robles puede reagrupar a la corriente del extinto Luis Donaldo Colosio y a otras fuerzas del PRI marginadas o dispersas. Peña Nieto tomó el control de esa formación un año antes de ocupar la presidencia y nombró a los 10 últimos dirigentes.

La lista incluye a Claudia Ruiz Massieu, todavía en funciones. Los más nefastos fueron Humberto Moreira, defenestrado entre acusaciones de corrupción por la megadeuda de Coahuila, y Enrique Ochoa, quien años antes negó pertenecer a ese partido. Peña y Ochoa sepultaron al PRI, no solo por su desempeño, sino también por despreciar a la ciudadanía, humillar a la militancia, fomentar la corrupción y proteger a los venales.

Por esa razón sorprende cómo, tras la derrota mortal de 2018, el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, pretenda repetir la fórmula de Peña Nieto: apoderarse del PRI con un ejército de mapaches –comandado por Rubén Moreira– para convertirse en candidato presidencial en 2024.

Cual si los agravios y el repudio hacia las siglas tricolores y su significado fueran un recuerdo etéreo, fácil de olvidar; y los errores del presidente López Obrador, el acicate para que los electores vuelvan a ponerse en manos de un partido habituado a mentirse a sí mismo. Su padrón es un ejemplo: de los 6.7 millones de militantes registrados, solo 20% (1.3 millones) es válido.

Beatriz Paredes, coetánea de Colosio y formada también en la cultura del esfuerzo, fijó su posición con respecto a la inminente elección priista, en el consejo político del 6 de mayo. Después de pedir perdón por haber sido presentada como exlíder del PRI y senadora –«la militancia va a decir: “pura pinche cúpula”»–, advirtió que para evitar la polarización y la quiebra del partido debe haber un acuerdo previo entre los aspirantes. «Si el partido organiza la consulta tiene que haber absoluta certidumbre de todos los participantes en la pulcritud con la que se va a manejar el proceso electoral interno».

Exgobernadora de Tlaxcala y primera diputada en contestar un informe presidencial (el tercero de López Portillo en 1979 y dos de Vicente Fox), Paredes precedió en la dirigencia del PRI a Humberto Moreira, y su nombre se barajó en la sucesión de 2012.

Pudo haber sido la Dilma Rousseff mexicana (la presidenta de Brasil, electa dos años antes, recibió a Paredes en 2013 como embajadora de México). Con ese antecedente, la también exlíder de la CNC soltó de su ronco pecho:

“El PRI está viviendo uno de sus momentos más difíciles (…) de repente las disputas por el poder al interior (…) nos llevan a olvidar el compromiso que tenemos con el conjunto nacional (…) a relegar cuál es la verdadera razón de ser de un partido (…) que se pretende mayoritario”. ç

El mensaje de Paredes a Moreno es rotundo: o la presidencia del PRI o la candidatura presidencial, si acaso llega, no ambas: »Dije en mi discurso de toma de protesta (como líder nacional) que no aspiraba a ser candidata a presidente de la República y lo cumplí (…) esa fue la piedra angular de la confianza de las corrientes (…).

Tuve que sacrificar lo que hubiese sido una legítima aspiración, por el bien del partido y (para) articular a un conjunto de personalidades y de corrientes en un momento muy complejo de transición política. (…) este todavía es un momento mucho más grave (…) porque la irresponsabilidad con que se está gobernando es dramática. (…) Para construir país necesitamos construir partido, que este partido pueda renacer».
11 Junio 2019 04:00:00
Renuncias forzadas
En los gobiernos del PRI y del PAN, nadie renunciaba por causas como las expuestas por Germán Martínez (IMSS) y Josefa González Blanco (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Los altos funcionarios acataban sin paular ni maular las órdenes presidenciales, pues la paga era sustanciosa, los privilegios enormes, los negocios ilimitados y el futuro, algunas veces, promisorio. En el quinto mes de su sexenio, Peña Nieto despidió de la Profeco a Manuel Benítez Treviño por un caso de tráfico de influencias: su hija Andrea ordenó la clausura del restaurante Maximo Bistrot por negarle una mesa ya asignada.

David Korenfeld –otro amigo del presidente– renunció a la dirección de la Comisión Nacional del Agua por un escándalo y una mentira. El 29 de marzo de 2015, el matemático Ignacio Vizcaíno, vecino suyo en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, de Huixquilucan, Estado de México, lo fotografió a él y a su familia mientras abordaban un helicóptero oficial, y publicó el material en las redes sociales. El funcionario pretextó problemas de salud, pero no: iba de vacaciones a Vail, Colorado. Korenfeld, quien debió pagar por el uso de la aeronave y 638 mil pesos de multa, renunció el 9 de abril.

Pero en general, Peña resultó demasiado laxo: permitió enriquecerse a sus más cercanos; no de balde la corrupción fue el signo de su administración. El líder del Senado y muñidor de los Salinas de Gortari, Emilio Gamboa, utilizaba helicópteros de la Fuerza Aérea para ir a jugar golf con el presidente, y nadie le increpó, excepto algunos medios de comunicación. Los escándalos de la Casa Blanca, la finca de Luis Videgaray en Malinalco, adquiridas a un contratista del Gobierno federal, la Estafa Maestra y el caso Odebrecht fueron sepultados desde Los Pinos.

Germán Martínez –exlíder del PAN y senador por Morena– dimitió al IMSS en un acto de congruencia. Denunció injerencias de Hacienda en momentos dramáticos para la mayor institución de seguridad social. Quizá desde la Cámara alta pueda hacer algo en defensa de los millones de derechohabientes, médicos, enfermeras y personal de todas las especialidades. La crisis del IMSS se ahondó con Peña, pero hoy la atención a los pacientes y las condiciones de trabajo han empeorado por la política de austeridad mal entendida de López Obrador.

En el sexenio de Luis Echeverría, aviones de Aeroméxico se ocupaban en giras internacionales –algunas duraban meses–, en detrimento de los usuarios y de la economía. Las comitivas e invitados eran legiones. AMLO decidió vender la mayor parte de la flota del gobierno. Otra medida radical, pues la administración necesita transporte para cumplir sus funciones, máxime en situaciones de emergencia y en distancias largas. La titular de la Semarnat detuvo la salida de un vuelo para abordarlo y cumplir un compromiso al otro lado del país. El capitán atribuyó la demora a una orden presidencial, lo cual resultó falso.

El asunto siguió la misma ruta de los casos Andrea y Korenfeld: de las redes a los medios y de las primeras planas a la presidencia. El ejemplo de Ignacio Vizcaíno, quien denunció al director de Conagua; y de Jorge Ruiz Rioja, por quien se conoció el desliz de González Blanco, debe animar a todos los ciudadanos a exhibir los abusos del poder y a demandar castigo por sus faltas: desde el presidente hasta el más modesto cargo.
10 Junio 2019 04:00:00
El reloj de la justicia
Entre el final del sexenio de Tomás Yarrington y su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de contrabando de drogas, lavado de dinero, fraude y delincuencia organizada, entre otros delitos, transcurrieron 13 años. El exgobernador de Tamaulipas y aspirante presidencial en la sucesión de 2006 fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017.

Quince meses atrás, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España detuvo en el aeropuerto de Barajas al exlíder del PRI, Humberto Moreira, “bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011). (…) Según fuentes (…) la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila” (El País, 15.01.16).

La justicia de Estados Unidos tiene otro ritmo, pero al final actúa; lo mismo contra terroristas y narcotraficantes que contra empresarios y políticos corruptos, sean presidentes o gobernadores.

En México, el sistema judicial fue diseñado para encubrir a los poderosos y castigar a los débiles. El 22 de marzo de 2016 –dos meses después de la liberación de Humberto Moreira, con el apoyo del presidente Peña Nieto y del Gobierno de Coahuila– la Policía Nacional detuvo en Madrid al empresario lagunero y presunto operador de los Zetas en Europa, Juan Manuel Muñoz Luévano, a quien se vincula con Humberto y Rubén Moreira, diputados, alcaldes y funcionarios municipales y estatales.

Apenas el 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a su lista al exgobernador priista de Nayarit. “(Roberto) Sandoval Castañeda ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación)” (Reforma, 18.05.19).

En México, mientras se preparan las denuncias contra el exmandatario, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, bloqueó cuentas por 70 millones de pesos a 42 personas, entre ellas a Sandoval y al magistrado federal Isidro Avalar Gutiérrez.

Sandoval, quien, como Humberto Moreira en Coahuila, fue alcalde de la capital antes de ser gobernador, pertenece a la misma generación de Peña Nieto, Javier Duarte, Roberto Borge (presos) y César Duarte (prófugo), Tomás Yarrington. Eugenio Hernández, exmandatario de Tamaulipas, también se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos por peculado, lavado de dinero y otros crímenes. Sin embargo, la atención se centra ahora en Moreira, sobre todo, después de la declaración de culpabilidad de Muñoz Luévano y de su papel de testigo protegido.

En la clase política existe pánico por los alcances de las investigaciones realizadas en Estados Unidos desde hace varios años. Con el producto de la malversación de caudales públicos y los sobornos del narcotráfico se tejió una red para lavar dinero, la cual está plenamente identificada por las autoridades.

Las declaraciones de operadores de los Zetas, exfuncionarios y empresarios, en la corte de Texas, apuntan en la misma dirección. Gran parte de la hacienda de Coahuila sirvió para improvisar fortunas personales.

El Gobierno de López Obrador colabora con el de Estados Unidos para evitar que el caso Coahuila permanezca impune por más tiempo.
08 Junio 2019 04:00:00
Tsunami político
La debilidad y negligencia del Gobierno mexicano es un negocio lucrativo para su similar de Estados Unidos. Decenas de millones de dólares sustraídos de la arcas de Coahuila o producto de sobornos por otorgar contratos o brindar protección a la delincuencia organizada han sido incautados por el Departamento de Justicia de ese país.

El presunto narcotraficante Juan Manuel Muñoz Luévano habría pagado una fianza por 10 millones de dólares para enfrentar en libertad un juicio en Texas, mientras espera sentencia. El caso tendrá los efectos de un tsunami político, como advierte Gerardo Moyano en Espacio 4 (615).

“La relación de funcionarios vinculados al ‘Mono’ en las investigaciones de la justicia española incluye a los exprocuradores de Coahuila, Homero Ramos (actual magistrado) y Jesús Torres Charles; al exfiscal de Nuevo León, Adrián de la Garza (Alcalde de Monterrey); y a Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en el sexenio de Rubén Moreira.

“En una indagatoria de la PGR relacionada con Muñoz Luévano por delitos contra la salud y delincuencia organizada, también aparece el nombre del exsecretario de Gobierno, Armando Luna Canales, quien habría recibido sobornos de los Zetas como pago por seguridad. Luna Canales colaboró con Humberto y Rubén.

“En noviembre de 2016, agentes federales y elementos de la Marina catearon el domicilio de Roberto Casimiro González (RCG), hermano de Rolando González, en el marco de una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). El 26 de mayo, se añadió otro nombre a la nómina: el de Ricardo Aguirre, exalcalde de Ramos Arizpe y actual titular de la Comisión Estatal de Vivienda, luego de que su domicilio fuera cateado por la Seido en horas de la madrugada. (…)

“En una nota de portada de Zócalo (27-05-19), el columnista Luis Carlos Plata destaca que en su declaración patrimonial presentada en 2014, al finalizar el primer año de su mandato como Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre dijo poseer una casa en el extranjero, cuentas bancarias e inversiones fuera de

México, además de inmuebles adquiridos a través de una persona moral.

“‘Al reingresar el 15 de enero a la Administración estatal, casa e inversiones en el extranjero, además de inmuebles adquiridos a través de una persona moral, desaparecieron de su declaración patrimonial actualizada, pese a que Grupo Zócalo ha detectado actividades durante el primer

trimestre del año y servicios domiciliados a su nombre, en Pharr, Texas’, señala Sinembargo en 2019.

“Por su parte, Jorge Torres López, el exgobernador interino de Coahuila (2011), estaría a un paso de ser extraditado, en el marco de la misma causa por lavado de dinero que se le sigue a Javier Villarreal, luego de que un juez de la Ciudad de México diera por sobreseído el juicio de amparo con el que pretendía evitar su traslado a Estados Unidos. Torres López está detenido desde el 6 de febrero. ¿Quién sigue? (…)

“En julio de 2016, el periódico San Antonio Express-News reveló que Adolfo Efrén Tavira, integrante de los Zetas, declaró a la Corte de Texas que en 2012 miembros de esa organización criminal le entregaron a Rubén Moreira una camioneta –una Chevrolet Suburban– llena de dinero, como “contribución a la campaña” electoral de ese año”.

El gobierno de Trump presiona al de AMLO no solo con aranceles, sino también para llevar ante la justicia a políticos corruptos y vinculados con el narco; de ayer y de hoy.
07 Junio 2019 04:00:00
Padrón simulado
La discrepancia entre el candidato a la presidencia del PRI, José Narro Robles, y el exsecretario de Organización del CEN, Rubén Moreira, surgió por el padrón de afiliados, cuyo registro debe ser “libre, voluntario e individual”.

El PRI reportó al INE 6.7 millones de adeptos. Sin embargo, para no ser multado con 48 mil pesos por cada militante inscrito ante la autoridad electoral sin reunir los requisitos legales, rasuró a 5.4 millones de sus partidarios y los dejó “en reserva”. Con esa operación, su membresía se redujo a 1.3 millones. Para Narro, el censo es una simulación: “no podría decir qué pasó, cuántos eran los militantes. Hoy la autoridad exige la cédula de afiliación y el PRI solo reconoce que tiene 1.3 millones”.

El exsecretario de Salud recomienda utilizar el padrón real en la elección de la dirigencia y depurar el listado “porque hay gente que falleció, que emigró a otro partido y otros que nunca firmaron un acta de afiliación” (El Universal, 17-05-19). El aspirante a la presidencia del PRI condiciona, para una elección democrática, utilizar “un padrón confiable y reglas que permitan evitar las simulaciones que han metido al partido en los problemas (en) que ahora estamos. No a la simulación. Sí a la democracia (…) pero con mecanismos confiables (…) sin recursos que no deban participar en esto y con apego a un código de ética fundamental”, declaró a Radio Fórmula (RF) el 16 de mayo.

¿Cuáles son los “recursos” que no deben intervenir en la elección priista? La compra, inducción y coacción del voto para imponer a un aspirante como Alejandro Moreno, en quien sus padrinos ven, igual que a Peña Nieto hace 12 años, cuando era gobernador de Estado de México, a un candidato presidencial en cierne. Narro advierte al respecto: “Cuando alguien llega a la dirigencia con un proyecto personal, al partido no le va bien; ya nos pasó. En el PRI, hay que reconocerlo, venimos de la peor derrota electoral de toda la historia; tenemos una situación compleja en el ánimo del priismo y sin duda alguna tenemos divisiones”.

Para la renovación de la presidencia y la secretaría general del PRI, cargo al que aspira su esposa, Rubén Moreira propone utilizar el padrón inflado de 6.7 millones de militantes. El engaño permite a mapaches como el exgobernador “arreglar” las elecciones. En Coahuila lo hizo durante dos sexenios, pero ahora no tiene poder ni mando sobre el INE.

“El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, aseguró que, para la elección, que se llevará a cabo en septiembre, debe utilizarse el padrón de 6 millones 787 mil 761 de militantes, pese a que 5 millones 386 mil 603 registros no tengan documentos que acrediten su militancia.

“Yo prefiero, y junto conmigo muchos priistas, que todos aquellos que alguna vez se registraron en nuestros padrones voten, ese sería el mejor de los refrendos. (…) Que [la dirigencia] aclare públicamente que no se trata de coartar los derechos de los priistas (…) la ausencia de una voz de la dirigencia provoca muchísimas confusiones” (El Universal, 15-05-19).

Si el PRI declara un padrón de 1.3 millones, es porque no puede comprometer aún más sus finanzas. En el supuesto de que solo el 20% de los 5.4 millones de militantes en reserva fuera irregular, la multa del INE sería por 48 mil millones de pesos, muy cercana a la deuda que el moreirato le impuso a Coahuila. El triunfo de Narro significaría el fin del ciclo de Moreira II en el PRI y el regreso de cuadros valiosos de Coahuila marginados y perseguidos por el clan.
05 Junio 2019 04:00:00
La última llamada
José Narro puede representar no solo la opción formal y sensata del PRI, sino también la única para sobrevivir y plantarle cara a un presidente fuerte como López Obrador. El partido de Salinas de Gortari y de Peña Nieto no murió de muerte natural, sino por atropellamiento… en las urnas. Morena le pasó por encima con 30 millones de votos. El exrector de la UNAM niega ser el candidato de Peña –menos aún de AMLO, con quien simpatizó en las elecciones de 2006– y refuta, contra toda evidencia, la muerte de su partido en las elecciones del año pasado.

Narro acepta que el PRI necesita recuperar la confianza ciudadana, mas no lo logrará mientras se ande por las ramas y no llame a las cosas por su nombre. Los corruptos y “los priistas que no le cumplieron al partido desde las estructuras de gobierno” tienen rostro y apellido.

En medio de la tempestad, el secretario de Salud de Peña Nieto –el peor presidente de las alternancias– supone que el castigo ciudadano es pasajero y que el PRI, en la elección de su nueva dirigencia, todavía tiene margen para volver a equivocarse sin pagar las consecuencias: “Yo no veo que esta sea la última oportunidad, pero sí tengo que decir que se vive un momento muy complicado, muy complejo, y que sí tiene que transformarse, de fondo, en serio, no solo de superficie” (El Norte, 21-05-19).

Para persuadir a una militancia renuente y desmoralizada, mucha de la cual ha emigrado a Morena (Fernando Castro, exsenador y exembajador de México en Argentina, y la exdiputada federal Nancy Sánchez, renunciaron al PRI para apoyar al morenista Jaime Boinilla, quien le ganó al PAN la Gubernatura de Baja California), Narro necesita articular una propuesta crítica y a tono con la realidad. Ser complaciente como José Antonio Meade, quien ponderó a los Moreira sin reparar en la deuda ilegítima, las empresas fantasma, las masacres y los miles de desaparecidos, podría permitirle obtener la presidencia del PRI, mas no el voto ciudadano. En Coahuila, AMLO aventajó a Meade por un cuarto de millón de votos.

La coordinadora de la campaña del candidato de la coalición Todos por México era Carolina Viggiano, esposa del entonces secretario de Organización del PRI, Rubén Moreira. ¿Cómo iban a votar los coahuilenses por ellos? Narro no carga con ese lastre. El tándem Viggiano-Moreira juega en el equipo contrario, el del gobernador de Campeche Alejandro Moreno. En el acalorado consejo político del 6 de junio, Viggiano acusó a Narro de advenedizo, y lo invitó a conocer el partido antes de aspirar a dirigirlo (Reforma, 7-05-19).

Narro es la mejor opción para dirigir al PRI. Además de pertenecer a una generación anterior a la de Peña y a la de su panda de gobernadores, su de-sempeño en el Gobierno federal y en la rectoría de la UNAM, en dos periodos, le dieron respetabilidad y prestigio. No es un político brillante ni está exento de dobleces, pero tampoco se ha visto envuelto en escándalos a pesar de haber formado parte de un gobierno en el cual México cayó 33 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Nacido en Saltillo en 1948, Narro desarrolló su carrera en Ciudad de México y obtuvo reconocimientos de la Organización Mundial de la Salud y el Unicef. Como coahuilense tiene un compromiso ineludible con el estado. Denunciar la corrupción del moreirato y repudiar su legado es lo menos que puede hacer quien aspira a recuperar la confianza ciudadana para revivir un partido de cuya muerte, al parecer, es el único que no se entera todavía.
04 Junio 2019 04:00:00
La muerte del PRI
Un cadáver no necesita cirugía mayor, sino una autopsia para determinar las causas de su muerte. José Narro –quien además es cirujano y no forense– puede encontrar en Churchill respuesta a una realidad irrefutable, excepto para él: “En la guerra nos pueden matar una vez; en política, muchas veces”. Desde la presidencia del PRI, Narro podría infundirle al difunto nuevo aliento. Amigo y contemporáneo de Luis Donaldo Colosio, es el único capaz de liberarlo de la cleptocracia y reconciliarlo con la sociedad y con sus militantes.

Pero si la nomenklatura peñista-salinista, de la cual forman parte el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano, utiliza partes en descomposición de distintos cuerpos para engendrar un liderazgo con Alejandro Moreno –clon de Peña Nieto–, el resultado será el mismo obtenido por Víctor Frankenstein en la novela homónima de Mary Shelly: un monstruo que espanta a todo el mundo y abomina de sí mismo.

Fundado en 1929 bajo las siglas del PNR (Partido Nacional Revolucionario) para suprimir los cacicazgos locales, hacer gobernable el país y concentrar el mando en el presidente, el PRI sufrió una regresión en la primera alternancia de 2000, la cual devino, 18 años después, en crisis terminal. La incuria de Vicente Fox les permitió a los gobernadores crear un feudo en cada estado, imponerle condiciones a la Presidencia de la República, apoderarse de sus respectivos partidos y en casos extremos de nepotismo, transmitir el poder entre hermanos como ocurrió en Coahuila en 2011.

Mangoneado por los gobernadores, Fox les entregó cantidades ingentes de dinero, derivado de las ventas petroleras, sin supervisar su aplicación. Deslegitimado en las urnas, Felipe Calderón hizo la vista gorda frente a la corrupción, el endeudamiento y los excesos en los estados, mientras los mandatarios locales pactaban con la delincuencia organizada para incendiar el país y desestabilizar al gobierno panista. Peña Nieto les pagó con impunidad por haber financiado su campaña e incubó la derrota más ignominiosa del PRI en sus 89 años de historia. Las elecciones de este domingo confirmaron que el partido fundado por Calles es un cadáver insepulto.

Alejandro Moreno, cuya compañera de fórmula es Carolina Viggiano –aspirante eterna al gobierno de Hidalgo–, representa a la generación de Peña Nieto. Una camada tan rapaz como inepta y de hibris exaltada. El gobernador de Campeche dio muestra del síndrome en su tercer informe, cuando se destapó para la presidencia de un partido pulverizado en las urnas el mes previo: “En la vida se gana y se pierde; y en la política también. A mí jamás me vencerán, pues (…) para vencer a alguien, se tiene que rendir; y yo jamás me rendiré. Por eso hoy les digo que no nos dejaremos vencer por nada ni por nadie. Yo lo tengo muy claro: yo por mi pueblo, primero muerto, que rendirme” (La Jornada, 7-08-18).

Hombre de convicciones tan sólidas como el papel de China, Moreno, en efecto, no es suicida. Por eso su rendición temprana ante Morena y el presidente López Obrador, de quien, según el mapache electoral Ulises Ruiz, otro de los aspirantes a la jefatura del PRI, es marioneta. ¿Denunciará Moreno la corrupción en el sexenio de Peña Nieto? El poder convirtió al gobernador de Campeche –una de las entidades donde no ha habido alternancia; las otras son Coahuila, Estado de México, Colima e Hidalgo– en una especie de rey Midas, como a los Duarte, los Borge y los Moreira. Según el activista por los derechos humanos Alfredo Lecona, su ascenso patrimonial “debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Aristegui Noticias, 17-01-17).
03 Junio 2019 04:00:00
¿Fin de la impunidad?
Hasta antes de la detención de Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), el 28 de mayo, en España, nuestro país era el único remiso en el caso de la multinacional brasileña acusada de pagar coimas por 200 millones de dólares a políticos, funcionarios y empresarios de 10 naciones de América y dos de África a cambio de contratos. De acuerdo con el diario El País “la empresa siderúrgica (…) estaría detrás de sobornos millonarios pagados por Odebrecht a políticos mexicanos”.

El actor principal de la trama en México es Emilio Lozoya Austin, coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto, quien premió sus servicios con la dirección de Pemex. Luis Alberto de Meneses, director de Odebrecht en nuestro país entre 2010 y 2017, acusó a Lozoya de recibir sobornos por 10 millones de dólares, antes y durante su gestión en la petrolera nacional. En ese periodo, la gigante brasileña obtuvo contratos por mil 500 millones de dólares, sin licitación.

Dos semanas antes de asumir el poder, Peña Nieto se reunió en Querétaro con Marcelo Odebrecht, dueño del conglomerado. Sin embargo, ya se conocían. En 2010, el entonces gobernador de Estado de México viajó a Sao Paulo para entrevistarse con el magnate. Como candidato, presidente electo y jefe de Estado en funciones, Peña celebró varias entrevistas con Odebrecht, admitió la Presidencia de la República ante los señalamientos de la organización Mexicanos Primero Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Existen bases para suponer que Lozoya destinó una parte de los sobornos a la campaña de Peña. Carlos Fadigas, exdirector de la petroquímica Braskem y quien ahora colabora con la justicia de Brasil, aseguró que la filial de Odebrecht apoyó la campaña de Peña “de tiempo completo”. Grupo Reforma y MCCI documentaron que la constructora transfirió 3.1 millones de dólares a Latin America Asia Capital, en las Islas Vírgenes, empresa vinculada a Lozoya, “en pago por supuestos favores”.

Cuando Santiago Nieto Castillo (SNC), a la sazón titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, recibió la encomienda de investigar el caso en México, centró su atención en Lozoya. Marcelo Odebrecht lo había señalado ya entre los funcionarios comprados por su empresa. El procurador interino Alberto Elías Beltrán lo destituyó en 2017 por supuestas filtraciones, pero en realidad fue porque representaba un riesgo para el gobierno de Peña y para el PRI. Hoy, desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, SNC puede continuar la tarea iniciada en la Fepade para castigar a los delincuentes de cuello blanco involucrados en el escándalo Odebrecht.

La detención de Ancira es por el delito de daño patrimonial en la venta de una empresa chatarra (Agro Nitrogenados) pagada por Pemex a precio de oro (273 millones de dólares), y la orden de aprehensión contra Lozoya, por lavado de dinero. Sin embargo, su vinculación con el caso Odebrecht, por una serie de transferencias a entidades relacionadas con el exdirector de Petróleos, les coloca en una situación harto difícil por tratarse de una investigación de alcance internacional. La presión interna y externa les ha costado el cargo, la libertad –e incluso la vida– a presidentes y empresarios de Brasil, el Perú y otros países. México debe dejar de ser ya el reino de la impunidad.
01 Junio 2019 04:00:00
El canto del ‘Mono’
El giro en el caso de Juan Manuel “El Mono” Muñoz tiene a la clase política de Coahuila al borde de un ataque de nervios; sobre todo a los Moreira y a los peones de Rubén incrustados en los tres poderes del Estado (entre ellos el exalcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, cuyo domicilio recién fue allanado). Gerardo Moyano aborda el tema en Espacio 4.

“En Estados Unidos, la libertad tiene precio. Lo saben bien los delincuentes mexicanos cuya suerte e impunidad acaban cuando son detenidos en el país vecino. Con la ayuda de capos del narcotráfico convertidos en informantes, como Jesús Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, o Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, la justicia estadunidense ha logrado extender su brazo para llevar al banquillo a los criminales mexicanos más buscados, incluido el mismísimo Joaquín

‘El Chapo’ Guzmán.

“Por eso, no es de sorprender que hayan seguido el mismo camino empresarios y exfuncionarios coahuilenses relacionados con el exgobernador Humberto Moreira Valdés (HMV). El extesorero del estado Javier Villarreal Hernández y el empresario mediático Rolando González Treviño se declararon culpables de lavado de dinero y aceptaron colaborar con la justicia estadunidense para lograr el beneficio de la libertad condicional.

“En ambos casos, los detenidos señalaron a Humberto Moreira como cabeza de un esquema para lavar dinero “proveniente de las arcas de Coahuila”. Entrevistado por fiscales españoles, Villarreal —que además de manejar las finanzas del Estado, administraba los gastos personales de HMV –habría confirmado que Humberto Moreira se reunió en al menos una ocasión con el contador de Los Zetas, Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, extraditado de España a Estados Unidos, en marzo pasado.

“Si bien Moreira lo ha negado en reiteradas ocasiones, ahora será el mismo Muñoz Luévano quien confirme lo anterior.

El 20 de mayo, ‘El Mono’ se declaró culpable por el delito de conspiración para el lavado de dinero ante una corte de Texas y formalizó un acuerdo para convertirse en un informante protegido ‘de alto valor’ para el Gobierno estadunidense (San Antonio Express-News 21-05-19). A cambio, habría obtenido el beneficio de la libertad condicional, según revelaron a Milenio ‘fuentes cercanas al caso’ (29-05-19).

“La versión de que ‘El Mono’ ofreció una lista de varias decenas de funcionarios y exfuncionarios de Coahuila que recibieron sobornos del crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, corrió como pólvora en la prensa mexicana y en las redes sociales. ‘Son mentiras’, respondió uno de los abogados de Muñoz al San Antonio Express-News.

Sin embargo, el periódico texano destacó que desde hace varios años las autoridades de Justicia de EU están investigando a ‘algunos políticos y funcionarios mexicanos, incluyendo a un exgobernador de Coahuila, por lavado de dinero.

“A la misma conclusión había llegado la Justicia de España, donde Humberto Moreira estuvo detenido como parte de una investigación por blanqueo de capitales (enero de 2016), pero fue liberado después de justificar sus ingresos con empresas de publicidad indagadas en el marco de una causa que sigue abierta.

“Un informe de la Policía Nacional española señala que ‘Juan Manuel Muñoz (…) se encuentra muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos”.
31 Mayo 2019 04:00:00
Aplanadora a prueba
La maquinaria de Morena se pondrá a prueba este domingo, en Puebla, donde habrá elecciones extraordinarias por la muerte de la gobernadora Marta Alonso (PAN) y su esposo y predecesor, Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre pasado. El triunfo de Alonso, quien obtuvo el 38% de los votos contra el 34% del candidato de Morena, Miguel Barbosa, fue impugnado, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo validó tras un conflicto que pervirtió el clima político y social en el estado. (Moreno, senador, era la carta fuerte de Acción Nacional para las presidenciales de 2024).

La postulación de Barbosa para el nuevo proceso confrontó a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, con el coordinador de ese partido en la Cámara alta, Ricardo Monreal, quien promovió la candidatura del senador Alejandro Armenta. Monreal reunió a los contendientes el 23 de abril para fumar la pipa de la paz, pero en lugar de salir humo saltaron chispas. Según una encuesta de Reforma, Barbosa, figura controvertida, tiene el 52% de las preferencias.

La intención de voto por Enrique Cárdenas, candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) es del 32% (la misma de AMLO dos meses antes de la elección presidencial de 2018, de acuerdo con Mitofsky). El aspirante del PRI, Alberto Jiménez, está en el fondo con un 16%. Morena y Barbosa intensificaron la guerra sucia contra Cárdenas. El PRI utilizó la misma táctica para debilitar a Ricardo Anaya, de la alianza Por México al Frente, cuando empezaba a representar un riesgo para López Obrador y Peña Nieto.

Cárdenas compitió por la candidatura de Morena para el proceso ordinario, invitado por AMLO, pero perdió con Barbosa y entonces se registró como independiente; si embargo, el TEPJF lo rechazó por no reunir las firmas necesarias. El PAN, el PRD y MC vieron en el economista –poblano por adopción– liderazgo, cualidades y prestigio para ganar. Quizá acierten. Barbosa, crítico pertinaz de AMLO mientras militaba en el PRD, encona y polariza.

El candidato de Morena faltó a un debate organizado por la Coparmex; y el PAN lo acusa de falsear su declaración patrimonial. Morena está dividido, y, por si no bastara, la salud de Barbosa es precaria –cuando era senador le amputaron un pie a causa de la diabetes– y no genera confianza en las clases medias y altas; menos entre los empresarios. Puebla es uno de los estados más conservadores del país.

Cárdenas, en cambio, goza de prestigio en los ámbitos social, académico, económico y gubernamental. Nacido en Torreón hace 65 años, ha sido rector de la Universidad de las Américas de Puebla –fundada en 1940 por Henry L. Cain y Paul V. Murray– cuyo lema “El amor a la sabiduría nos engrandecerá” resume el sentimiento de legiones en los primeros meses de la presidencia de AMLO. El lagunero dirigió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias hasta 2017 y ocupó distintos cargos en el Banco de México y las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. En el gobierno de Miguel de la Madrid fungió como director de Análisis Económico de la Unidad de la Crónica Presidencial.

El triunfo de Cárdenas le permitiría al PAN conservar Puebla –Baja California se da por perdido de antemano–, catalizaría el malestar contra López Obrador y le enviaría al Presidente un mensaje incontrovertible para futuras elecciones: Morena debe ser más riguroso, pues en el futuro no ganará con cualquier candidato.
29 Mayo 2019 04:00:00
La ola de Morena
El recorrido del presidente López Obrador por las regiones Centro, Carbonífera y Norte le permitió tomar el pulso político del estado con vistas a las siguientes elecciones: de Congreso el año próximo y de alcaldes y diputados federales en 2021, para las cuales, por temprano que parezca, los partidos ya se preparan. Los programas sociales de la Cuarta Transformación pueden permitirle a AMLO no solo conservar, sino acrecentar, el caudal de votos obtenido en 2018. La condición es que funcionen.

En procesos locales el comportamiento del electorado cambia, pero AMLO y su partido tienen ventaja en los estados. Así se aprecia en Baja California y Puebla cuyas gubernaturas, ahora en poder del PAN, seguramente ganará Morena el domingo próximo. Si el pronóstico se cumple, el movimiento del Presidente gobernaría siete entidades, una menos que el PAN y cuatro por debajo del PRI. Las otras corresponden al PRD (dos), Movimiento Ciudadano (una) y a un independiente.

AMLO tiene la ventaja de haberle ganado al PRI, al PAN y al PRD en 31 estados el año pasado. En Coahuila captó 609 mil sufragios contra 358 mil de José Antonio Meade y 307 mil de Ricardo Anaya. Empero, en la elección de senadores, la votación de Morena descendió a 493 mil y la del PRI subió a 442 mil. El Movimiento de Regeneración Nacional aún no se estructura como partido. La falta de organización y de cuadros lo hacen depender –para bien o para mal– de un solo hombre: el Presidente.

Los apoyos económicos del Gobierno federal a adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad buscan asegurar el voto de amplios estratos y dotar a Morena de una base electoral, además de sólida, leal. Retirar el manejo de esos programas a los gobernadores y asignárselo a los delegados de AMLO puede mermar la votación del PRI, cuyo rango en Coahuila, en procesos locales, es de alrededor de 500 mil sufragios. Miguel Riquelme obtuvo hace dos años 482 mil y el panista Guillermo Anaya, 452 mil.

Aunque el PAN afronta una crisis igual o más profunda que la del PRI, debido a la ausencia de liderazgos y la competencia del partido en formación México Libre, promovido por el expresidente Calderón y su esposa Margarita Zavala, en Coahuila todavía es la segunda fuerza electoral. Ahora tiene nueve diputados locales, uno menos que el PRI, y gobierna municipios estratégicos como Torreón, Monclova, San Pedro y Acuña, este en coalición con Unidad Democrática.

En la gira de AMLO, el gobernador Miguel Riquelme obtuvo buenos resultados, pese a los abucheos. El más importante es de carácter político. El Presidente reconoció la colaboración del mandatario local en su programa de reformas, tanto en el Senado y en la Cámara de Diputados como en la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago). Riquelme apoyó la Guardia Nacional y la reforma educativa. Sin embargo, la violencia ha regresado.

El juego del Presidente consiste en avanzar en los estados, sin confrontarse con los agentes políticos locales, y ganar el mayor número de espacios. Los gobernadores perdieron la elección de 2018, y frente a un líder fuerte como AMLO, cuya mayoría en el Congreso le confiere aún más poder, no tienen más opción que marchar al ritmo impuesto desde el Palacio Nacional. En Acuña, mientras Riquelme lidiaba con un público hostil, el senador Armando Guadiana –el aspirante a la gubernatura más visible de Morena– se acicalaba el bigote.
28 Mayo 2019 04:00:00
Abucheos y palmadas
El abucheo a los gobernadores es una de las constantes en las giras del presidente López Obrador por la República. No de balde sus partidos perdieron las elecciones federales de 2018. La única entidad donde triunfó la fuerza política dominante es Guanajuato. El castigo a los mandatarios locales y a sus formaciones se observa en la composición de las cámaras de Diputados y de Senadores y en los congresos estatales. Cinco años después de haber obtenido su registro, Morena gobierna ya cinco estados: Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Veracruz. El PAN tardó medio siglo en obtener su primera gubernatura (Baja California).

Ningún gobernador se ha salvado de las rechiflas y denuncias ciudadanas delante de AMLO, incluso quienes no lo han acompañado a la entrega de apoyos de programas sociales, como el de Aguascalientes, el 8 de marzo, “para no prestarnos al juego de grupúsculos que quieren divertirse como si la visita del Presidente fuera la llegada de un circo romano”. En un video difundido en las redes y en YouTube, Martín Orozco (PAN) cita al Mandatario federal: “Este tipo de acciones representan un gran infantilismo político de quien lo provoca”.

El presidente explicó la ausencia de Orozco: “(así) se convino, llegamos al acuerdo de que era mejor por lo que ha venido pasando, no prestarnos a un mal rato. Era mejor actuar con prudencia, pero aprovecho para decirles que el Gobernador de Aguascalientes se ha portado muy respetuoso con nosotros y les pido que respetemos a las autoridades. (…) Tenemos que respetar todas las maneras de pensar, todas las religiones y respetar también a los librepensadores”.

AMLO recurrió incluso a la Sagrada Escritura para aplacar la ira popular. “A ver, los que son creyentes: ¿cuál es el libro fundamental? ¡La Biblia! ¿Y qué dice la Biblia, el Antiguo Testamento? Que hay que respetar a la autoridad, ¿o no?”. Dueño de la situación, el Presidente arengó: “Cada quien es libre; yo nada más comento que no perdemos nada respetándonos unos a otros”. Con esa libertad, el público abucheó con “deferencia” al gobernador Orozco.

En Coahuila, Miguel Riquelme quiso tomar las cosas con espíritu olímpico. Tras las rechiflas en Monclova, primer municipio del estado donde hubo alternancia (PRI-PAN, en 1979), ironizó: “Me tocó un poquito menos de abucheo que al maestro Peralta (Colima), que a Pepe Murat (Oaxaca) y que a Héctor Astudillo (Guerrero). A usted le fue bien, Presidente”. Felipe Calderón no tuvo la misma fortuna cuando visitó Piedras Negras tras las inundaciones de julio de 2010. Las porras fueron para el gobernador Humberto Moreira y los reclamos para el presidente. Todo estaba fríamente calculado.

Los decibelios por los abucheos se dispararon en Acuña, cuya Alcaldía ganó, en las dos últimas elecciones, la coalición formada por Unidad Democrática de Coahuila y el PAN. Durante 30 segundos, Riquelme escuchó gritos de “¡Fuera!... ¡Fuera!”, sin desviar la vista del público mientras AMLO cruzaba algunas palabras con Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu. “Al cabo…”, dijo Riquelme, sin terminar la frase. La moderadora pidió respeto, y el Mandatario pudo continuar: “Así nos llevamos aquí, Presidente, en Coahuila”. La gira concluyó en Piedras Negras, gobernada por Morena después de 90 años de alcaldes del PRI.
27 Mayo 2019 03:59:00
La gira de AMLO
En su tercera visita a Coahuila en cinco meses de Gobierno, la más prolongada cubierta hasta hoy por presidente alguno, Andrés Manuel López Obrador palpó la situación política en uno de los cuatro estados donde no ha habido alternancia. El agotamiento del modelo ocasionó que la última elección para gobernador –ganada por el PRI por un margen de apenas 2.5%– se resolviera en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Reyes Flores Hurtado –ahora delegado de AMLO en la entidad– ayunó varios días frente al TEPJF para demandar la anulación de los comicios por irregularidades graves. El 6 de junio de 2017, dos días después de las votaciones, tuvo lugar en Saltillo la mayor marcha ciudadana por el supuesto fraude electoral y para repudiar a los hermanos Moreira. Participaron alrededor de 60 mil personas.

Entre las elecciones para gobernador de 2011 y 2017, el PRI perdió casi un cuarto de millón de votos, además del control del Congreso, y aunque recuperó la alcaldía de Saltillo, perdió las de Torreón, Monclova y Acuña. En los comicios del año pasado, Morena ganó la presidencia de la república, las dos senadurías de mayoría relativa y cuatro de las siete diputaciones federales, además de Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero, donde jamás había habido alternancia. El PRI desapareció virtualmente en La Laguna: no tiene ninguna diputación y solo gobierna Viesca. En las regiones Carbonífera y Frontera, el partido en el poder pasó a ser una fuerza marginal.

La gira del Presidente –del 3 al 5 de mayo– se desarrolló en un clima adverso al Gobernador y su partido. No solo por ser minoría en el Congreso, en el cual formalmente suman 10 diputados (de un total de 25), y en los municipios, donde solo controlan 18 de 38, sino por la herencia del gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira: deuda impagable a la cual se destinarán este año tres mil 431 millones de pesos por concepto de intereses, desvíos por cerca de 500 millones a empresas fantasma, masacres, desapariciones forzadas, fosas clandestinas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, documentadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional.

El moreirato arruinó al estado y, frente a la falta de castigo por los desmanes del clan, el gobernador Miguel Riquelme paga las consecuencias. El servicio de la deuda, la cual ronda los 39 mil millones de pesos, le resta a Coahuila capacidad financiera. La inversión en infraestructura y servicios se ha reducido. El sistema de salud colapsó en el gobierno de los Moreira. Varios hospitales se entregaron a medias y el desabasto de medicamentos hizo crisis.

Durante la presentación del Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, el 28 de diciembre, en Torreón, el presidente López Obrador tomó el micrófono para interrumpir los abucheos contra el gobernador Miguel Riquelme: “Nada más les quiero pedir algo, les quiero pedir respeto a todos. ¿Va a haber respeto? Eso es todo. Urbanidad política. Ya se acabó la campaña. Ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a todo México. Nada de gritos ni de sombrerazos”. El 4 de mayo en Monclova, en medio de una rechifla, AMLO volvió a defender al mandatario estatal: “Uno de los gobernantes que más ha apoyado al Gobierno federal ha sido el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, por eso tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto”.
25 Mayo 2019 03:59:00
Mirarse el ombligo
Mientras el Tribunal Superior de Justicia del Estado no hace más que mirarse el ombligo, y uno de los magistrados moreiristas es protegido por un ejército de guardaespaldas con cargo al erario, en otras entidades y en el Gobierno federal existen esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad. Son algunos de los temas de la sección de Luces del nuevo número del bisemanario Espacio 4.

I

Nayarit le está poniendo el ejemplo a Coahuila. El 3 de mayo, el Congreso de Nayarit aprobó por unanimidad retirar el fuero constitucional al magistrado Jorge Ramón Marmolejo y a cuatro jueces del Poder Judicial estatal (Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez), por estar involucrados en el megafraude a derechohabientes del Infonavit.

Otro magistrado, Pedro Antonio Enríquez Soto, ya había renunciado a su cargo y podría ser juzgado por el mismo delito. Según la Fiscalía estatal, entre 2013 y 2018, los desaforados ayudaron a despojar de sus casas a 60 mil derechohabientes del Infonavit de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, a través de juicios falsos tramitados en un despacho particular.

En Coahuila se utilizó un modus operandi similar para despojar de sus viviendas a cerca de 100 mil personas de otros estados, por lo cual fueron suspendidos seis jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite, aunque hasta ahora nadie ha pisado la cárcel.

II

Cientos de investigadores marcharon en la Ciudad de México para exigir mayor presupuesto para la ciencia, en el marco de una protesta que se llevó a cabo en 50 ciudades del mundo, el pasado 4 de mayo.

Aparte de más recursos para el sector, los manifestantes pidieron mejorar las condiciones laborales y una mejor política de Gobierno, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo, recientemente presentado por el Gobierno federal, dedica apenas unas líneas a la ciencia y la tecnología.

El Movimiento por la Ciencia-México señaló que la intención es “exigir a la Administración federal actual que se reconozcan las limitaciones de la investigación científica en México y mostrar la importancia de la ciencia y la actividad intelectual que desempeñan los trabajadores de la ciencia”. Los manifestantes pidieron que el sistema educativo fomente el pensamiento crítico sin tendencias reduccionistas, ni descontextualizadas, y que el presupuesto del sector alcance al menos el 1% del PIB, lo cual ya está establecido en la ley.

III

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda puso en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, a quien se le congelaron cuentas bancarias que suman un saldo de 50 millones de pesos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Así lo informó el pasado 14 de mayo el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien reveló que la FGR indaga al magistrado por presuntamente dejar en libertad en forma injustificada a líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos, a Juan Francisco Aguilar Santana, “Juan Pistolas”, hombre cercano a Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

La investigación de Hacienda inició a raíz de que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado diera a conocer que Avelar Gutiérrez adquirió inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016. Según Nieto, en los últimos cinco meses, la UIF ha presentado 54 denuncias por lavado de dinero que implican un monto de 49 mil millones de pesos.
24 Mayo 2019 04:00:00
Ingenuidad política
El presidente López Obrador cometerá un craso error si deja intactas las estructuras que permitieron a los gobernadores convertir a los estados en feudos personales y familiares como ocurrió en Coahuila durante el moreirato. Los mandatarios locales se le rinden por conveniencia, y en algunos casos por temor, no tanto persuadidos por las políticas de la administración federal, la cual los somete a la supervisión de los superdelegados, les recorta presupuesto y concentra el manejo de los programas sociales.

Los gobernadores aprovecharon la debilidad e indolencia de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto para apropiarse de los organismos teóricamente autónomos e imponer sus intereses y el de sus partidos sobre los del Estado. Las comisiones de derechos humanos y los institutos electorales, de acceso a la información pública, las fiscalías generales y los sistemas anticorrupción fueron desnaturalizados al integrarse con funcionarios y empresarios adictos al gobernante. Los ejecutivos estatales utilizaron a “sus” congresos para imponer agendas personales y blindarse contra investigaciones futuras.

Poner a Coahuila de ejemplo en materia de derechos humanos, como lo hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su reciente visita a Saltillo, constituye: o una declaración basada en la ignorancia o la ingenuidad política –en cualquier caso ofensiva para miles de familias afectadas por la barbarie registrada en el docenio moreirista– o, peor aún, un homenaje a Rubén Moreira, cuyo juego consistió en crear un montaje para ser reconocido como defensor del pueblo. ¿Ignora la funcionaria que los Moreira fueron denunciados por la Federación Internacional de Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Allende y en la cárcel de Piedras Negras?


Con el control de las legislaturas locales y otros contrapesos ficticios, los gobernadores eran –y son– absolutos. Apoderarse de los tribunales de justicia les permitió además convertirse en intocables. Coahuila es un ejemplo irrefutable. El Poder Judicial es uno de los reductos del tándem perverso, donde lo mismo cabe el exprocurador que obstaculizó las investigaciones por la deuda y las empresas fantasma, que pajes del poder, políticos vencidos en las urnas y juniors del clan.

Si las estructuras no cambian y los poderes Legislativo y Judicial siguen en manos de los gobernadores, la corrupción profundizará y extenderá aún más sus raíces. Frente a esa situación, el presidente López Obrador ha pedido que, en consonancia con la Suprema Corte de Justicia, los tribunales estatales se depuren a sí mismos. Para ello planteó la alternativa de darles “libertad, autonomía, o que el Poder Judicial en los estados se rebele. La libertad no se implora, se conquista”, sentencia.

Las asambleas legislativas y las instituciones encargadas de impartir justicia no pueden estar subordinadas al Poder Ejecutivo, dijo el 30 de abril en Palacio Nacional. «(…) sería muy bueno que los presidentes de los tribunales superiores de justicia no fuesen empleados de los gobernadores”. Sin embargo, esperar que los ejecutivos locales liberen a los otros dos poderes de su yugo, es también una ingenuidad. Si el presidente López Obrador se desentiende de los estados, como previamente lo hicieron Fox, Calderón y Peña, el compromiso principal de la Cuarta Transformación, de combatir la corrupción, devendrá en engaño.
22 Mayo 2019 03:21:00
Giro copernicano
Andrés Manuel López Obrador representa la antítesis de Salinas de Gortari y de Peña Nieto, quienes recurrían al maquillaje, vestían trajes cortados a la medida y se preocupaban más por su calzado y peinado que por las necesidades sociales. También eran adictos al teleprónter para no equivocarse y leer de corrido. A ese tipo de impostores les viene como anillo al dedo de la canción Alberto Cortez –No te juntes con ellos–: “Excelente consejo que he escuchado de grande / por no haberlo seguido, desperté mis verdades,/ me junté con prohibidos, con tachados y ocultos, / y aprendí que ser limpio… no es igual que ser pulcro”.

AMLO no presta atención ni a sus zapatos. Su peinado y desaliño son objeto de mofa. El desprecio por la imagen y la austeridad republicana no van con una clase política superflua y derrochadora ni con algunos sectores sociales con ínfulas de realeza.

Menos aún la –pobreza franciscana– de la que habló el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, para advertir sobre la tónica del Gobierno en cuestión de gasto público. En México los presidentes se daban vida imperial. Para eso existía la “partida secreta”, que algunos robaron íntegramente. Zedillo la minimizó y López Obrador la eliminó después de 102 años de existencia.

Entre el registro de Morena y el ascenso de AMLO al poder mediaron apenas cuatro años. En Francia, el partido La República en Marcha ganó la Presidencia en menos de un año. Contrario a lo ocurrido en México, donde la aprobación de López Obrador era de 78% en abril (Reforma, 03-04-19), la del líder galo cayó en picado y ahora se ubica en el 23% (Centro de Investigaciones Políticas). No solo por efecto de los chalecos amarillos, quienes le restaron 13% en los niveles de confianza, sino también por sus excentricidades. En Francia, como en México, la brecha entre ricos y pobres es cada vez más profunda y motivo de impaciencia e irritación social.

Macron gastó en maquillaje 26 mil euros (556 mil pesos al tipo de cambio actual) en los primeros meses de su presidencia, según la revista Le Point. El Palacio del Elíseo atribuyó la cuantía a una “emergencia” y ofreció reducir en el futuro el costo por ese tipo de servicios (Wikipedia). En sus dos primeros años de gobierno, Peña dilapidó 6 mil 397 millones de pesos en viajes (las comitivas incluían peinadoras y maquillistas), imagen, comunicación y servicios generales (Reforma, 08-04-15).

AMLO le ha dado un giro copernicano a la Presidencia. Una de las primeras acciones de su Gobierno consistió en poner a la venta el avión José María Morelos y Pavón, valuado en 4 mil 360 millones de pesos. En cuatro años, Peña realizó 214 viajes y recorrió 600 mil kilómetros en el fastuoso Boeing 787-8 (“ni Obama lo tiene”), machacó en campaña AMLO).

La licitación para la venta del jet se publicó en el sitio web del Mercado Global para los proveedores de Naciones Unidas. El Presidente realiza sus giras en líneas comerciales, con los consecuentes riesgos y molestias para el resto de los usuarios.

López Obrador es un Presidente atípico. Su estilo desagrada a los adictos al boato y al oropel, y algunas de sus decisiones, por obcecadas y riesgosas, preocupan a líderes de opinión y a especialistas. Sin embargo, ha dejado en claro que no busca el aplauso de esos grupos, sino –separar el poder económico del poder político– dar prioridad a los más necesitados y erradicar la fórmula de –Gobierno rico, pueblo pobre–.

¿Será AMLO el José Mujica mexicano? El tiempo lo dirá.


21 Mayo 2019 04:00:00
Chalecos en las antípodas
Los presidentes deben gobernar para tirios y troyanos. Sin embargo, por abandonar a los pobres y privilegiar a las elites, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, cuyas administraciones se caracterizaron además por la ineptitud, la corrupción, la violencia y la impunidad, allanaron el camino a Andrés Manuel López Obrador, convertido hoy en el jefe de Estado y de gobierno más popular quizá solo después de Lázaro Cárdenas.

Sobre las manifestaciones del 5 de mayo, en Ciudad de México y en algunas capitales estatales, el periodista y escritor Eduardo Huchim, escribe: “tienen su génesis en las medidas que está tomando el gobierno y, en particular, en el estilo heterodoxo del nuevo presidente que asombra a unos, conquista a otros, desespera a algunos y hace rabiar a un sector que le critica todo, desde su falta de institucionalidad hasta sus zapatos desgastados (…). Lo detestan porque AMLO encarna el empoderamiento de los más desfavorecidos, de los que literalmente sufren hambre, de aquellos que muy probablemente morirán en la pobreza porque nacieron en ella, fatalidad que el presidente quiere romper, en un encomiable propósito que merece apoyo general”, (Marchas: Excesos y Protestas, Reforma 08-05-19).

Uno de los desaciertos de la marcha, convocada para pedir la renuncia de AMLO, quien recién había cumplido cinco meses en la presidencia, consistió en haberla llamado chalecos México en alusión a los chalecos amarillos de Francia, que puso en jaque al presidente Emmanuel Macron y lo obligó a cancelar el alza de impuestos a los combustibles y a congelar el alza a las tarifas de gas y electricidad. El movimiento, iniciado en octubre de 2018 contra el impuesto sobre el carbono, ha sacado a la calle a cientos de miles de franceses y se ha extendido a Bélgica, Alemania, España e Italia. Algunas manifestaciones han sido violentas y reprimidas por la policía. Hasta hoy el número de muertos es de 10, la mayoría por atropellamiento, y los heridos y detenidos se cuentan por millares.

A los chalecos amarillos se han sumado las clases medias y bajas y los jubilados, inconformes por el deterioro del poder adquisitivo y las bajas pensiones. Los estudiantes rechazan la reforma a la educación secundaria. Otra de las reivindicaciones se refiere a la reimplantación del impuesto a las fortunas superiores a los 1.3 millones de euros (27 millones de pesos), creado por el gobierno socialista de François Hollande. Macron, de centro, lo suprimió para no espantar a los grandes inversionistas. Los chalecos amarillos expresan su “‘hartazgo’ ante un gobierno que, afirman, está “desconectado” de un “pueblo” que no hace más que ver cómo se degrada su nivel de vida” (El País, 08-12-18).

El movimiento francés tiene mayor base social que el de sus imitadores en México; por otra parte, su agenda es más afín a la del gobierno de López Obrador. En un país cuyo voto contra los partidos tradicionales determinó la abrumadora victoria del líder de Morena, las protestas del 5 de mayo tuvieron escasa respuesta. El presidente polariza, es cierto, pero su propuesta de cambiar de régimen, y no solo de gobierno, responde al clamor ciudadano y al agotamiento de un sistema carcomido por la corrupción, la impunidad y la violencia. Los electores repudiaron en las urnas a una clase política rapaz y soberbia que en los 36 últimos años le dio la espalda.
20 Mayo 2019 03:15:00
Campaña negra
Votar por personas y no por siglas partidistas no garantiza buenos gobiernos. En Nuevo León se dan contra la pared por haber convertido al expriista Jaime Rodríguez en el primer gobernador independiente del país, lo cual no implica el regreso a ciegas al PRI con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de Peña Nieto, ni a un PAN sin brújula y sin figuras. La opción podría ser Tatiana Clouthier, de Morena, hija del célebre Manuel “Maquío” Clouthier, o Miguel Treviño, quien colaboró en las administraciones de Fernando Canales (PAN) y del Bronco Rodríguez, según su desempeño como alcalde independiente de San Pedro Garza García.

El triunfo de Carlos Páez (Monclova) y Jorge Zermeño (Torreón), en 1978 y 1996, respectivamente, lo determinaron tres factores: a) la trayectoria del PAN, entonces fiel a los principios de sus fundadores, basados en el bien común, la democracia y la honradez; b) su carrera y prestigio personales; y c) el hartazgo contra el PRI y sus gobiernos. Páez volvió a ganar en 1987, pero el Congreso le otorgó la victoria al priista Benigno Franco por un margen de 233 votos. Seis años después, el empresario panista asumió la alcaldía por segunda ocasión.

La primera alternancia en Torreón ocurrió en 1996, con Zermeño, cuando el PAN, pese su alianza con Salinas de Gortari, todavía conservaba el halo de partido decente. Zermeño llevó la fiesta en paz con el gobernador Rogelio Montemayor y logró importantes cambios en la metrópoli lagunera. Después de pasar por el Congreso federal y por la embajada de México en España, regresó a la política local, pero su partido ya había perdido la estima de los electores por la incompetencia de Fox, la soberbia de Calderón, la violencia en el país y la corrupción dentro sus filas.

En las elecciones federales de 2015, Zermeño reapareció en las boletas como candidato a diputado por el Distrito 6, donde el PRI y el Verde utilizaron los programas sociales para imponer a Refugio Sandoval.

El PAN recurrió al exembajador en 2017 para recuperar Torreón tras ocho años de gobiernos priistas. Zermeño ganó la alcaldía de un año por un amplio margen… y reverdecieron los laureles. Ahora ocupa el cargo por tercera ocasión. La ciudadanía votó por él y no por un partido desfigurado por la corrupción, su sociedad con Peña Nieto y la codicia de sus cuadros jóvenes.

Zermeño superó en Torreón en votos a López Obrador en 2018, y Morena se acercó al PRI. Por esa razón se ha orquestado una campaña contra el alcalde lagunero, encabezada por el regidor José Antonio Gutiérrez, el candidato del PRI derrotado el año pasado, quien fue secretario de Desarrollo Económico de Rubén Moreira. Gutiérrez acusa a Zermeño de haber utilizado una empresa fantasma para equipar el Centro de Inteligencia Municipal, inaugurado por el gobernador Miguel Riquelme el martes pasado. Se trata a toda luz de un petardo. En cambio, existe una denuncia penal de la Auditoría Superior del Estado por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada en el gobierno de Moreira II.

La administración de Zermeño no está exenta de errores; varios de sus colaboradores no han dado la talla y otros se empeñan en crearle problemas. Mas no será con trucos ni con pirotecnia como se logre debilitar a un político confiable y con elevados niveles de aprobación. Torreón empieza a salir de un letargo prolongado. La ciudadanía observa el cambio y apoya con votos a su alcalde.

18 Mayo 2019 04:00:00
Educación en el limbo
El presidente López Obrador comprueba cada día la sentencia de Anatole France según la cual “Gobernar significa descontentar”. La reforma educativa de la 4T unió a montescos y capuletos, como lo advierte Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

» (…) Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió otra de sus promesas de campaña: tirar la reforma educativa de su antecesor Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el camino no fue fácil y los resultados quizá no surtan los efectos deseados.

» La contrarreforma pasó dos veces por ambas cámaras del Congreso, debido a que Morena debió negociar incluso con el PRI para sacarla adelante. El PAN, único partido que votó en contra de la iniciativa, (…) acusó a Morena de haberse rendido ante las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual había suspendido sus violentas protestas en el tramo final del debate legislativo.

» No tengo duda de que esta es una página triste en la historia del Senado, porque hemos sido convocados a un periodo extraordinario, pero lo único extraordinario es la prisa del Gobierno para cumplir sus compromisos electorales con la CNTE, y la urgencia por obedecer con disciplina casi militar las instrucciones recibidas de Palacio Nacional”, acusó el senador panista Marco Antonio Gama.

» Sin embargo, la reforma tampoco satisfizo a la CNTE, pues, asegura, no derogó la anterior. El 12 de mayo, profesores de la Sección 22 quemaron llantas frente al Congreso de Oaxaca y anunciaron un primer paro de labores de 72 horas desde el 15 de mayo, Día del Maestro, el cual dejó sin clases a legiones de alumnos en el país, principalmente en Chiapas, Guerrero y Michoacán.

» “Con la promesa de la abrogación de la reforma educativa, los adeptos creyeron en un verdadero cambio que a menos de un año comienza a desmoronarse. El decreto de este sexenio sigue siendo el mismo perro, pero con diferente collar; para el magisterio es el mismo sistema disfrazado de popular”, señaló la CNTE en un comunicado. (…)

» “Hoy, después de constantes mesas para exigir la inclusión de las propuestas educativas y laborales de la CNTE, este proceso resultó ser sólo un espacio de dilación mientras se imponía el presidencialismo apoyado por una campaña mediática en las ‘benditas redes sociales’, por encima de la razón de una verdadera lucha y el quehacer docente”, agregó. La CNTE se queja de que sus propuestas educativas y laborales no fueron tomadas en cuenta, pero el trasfondo del descontento es por el manejo de plazas, el cual fue el cambio más debatido.

» Si bien la reforma mantiene un artículo que establece que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el Artículo 123 de la Constitución, Apartado B (lo cual significa que podrán disponer de 50% de las plazas vacantes y de nueva creación), se agregó un transitorio, a propuesta de Movimiento Ciudadano, que dice a la letra: “la admisión, promoción y reconocimiento (de los maestros) se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (que debe ser creado), prevaleciendo siempre la rectoría del Estado”.

» Para el PAN, todo es un engaño. “El décimo sexto transitorio deja la posibilidad de la venta de plazas”, dijo en tribuna la senadora panista Xóchitl Gálvez, mientras mostraba una foto de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo. “Seguramente (Gordillo) va a celebrar con ustedes esta reforma, la tenemos de regreso por voto directo, acuérdense de mí”, sentenció”.
17 Mayo 2019 04:09:00
El fiscal caradura
Se necesita ser muy caradura para lanzar, desde la incompetencia y la complicidad, anatemas contra la única institución que ha denunciado penalmente al gobierno de los Moreira por la contratación irregular de deuda pública y el desvío de recursos a empresas fantasma, dentro de los márgenes estrechos que le permite la ley para inhibir la corrupción, arraigada durante el docenio trágico. Investigar y encausar la sustracción de caudales corresponde a las fiscalías General del Estado y a la Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, cuya pasividad mueve a la sospecha.

Atacar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ha convertido en el deporte preferido de agentes políticos que buscan, en la descalificación, atraer reflectores y ocultar su ignorancia y falta de compromiso con la sociedad. La fracción parlamentaria del PAN acusó al organismo de omisiones en la cuenta pública de 2017 (penúltimo año del gobierno de Rubén Moreira Valdez). Si las hay, existen procedimientos para sancionar a los responsables, pero en su lugar prefieren litigarlas a través de los medios de comunicación.

En la columna Salvar El Pellejo (Espacio 4, 610) se lee:

“Rubén Moreira terminó la obra iniciada por su hermano Humberto seis años atrás: devastar a Coahuila, solo que, en su caso, con mayor perversidad e insania. Moreira II no tiene problemas en el estado, pues la mayoría de los diputados del PRI fueron antes sus empleados (…). El Poder Judicial está a sus pies: los magistrados Homero Ramos Gloria, Iván Garza y otros que soportaron humillaciones y bajezas, tienen ahora la encomienda de cuidar a su jefe en el organismo encargado de impartir justicia.

“El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) también es obra suya. Con la aquiescencia de la anterior legislatura, dominada por el PRI, marcó los ritmos y los tiempos de la farsa. Moreira II nombró a incondicionales suyos y de su hermano para jamás ser investigados. Es insultante e inadmisible que uno de los estados donde se han registrado escándalos de corrupción de alcance internacional y posee una de las mayores deudas per cápita, aún no tenga entre rejas a quienes vaciaron las arcas para construir fortunas personales a costa del empobrecimiento de millares de familias.

“El SEA es un monumento a la simulación, dedicado, en todos sus niveles, a devorar recursos públicos sin ton ni son, a tender cortinas de humo y a perpetuar la impunidad. Para llamar a cuentas a los responsables del saqueo del estado, no solo se requiere valor, sino autoridad moral. El tamaño de la responsabilidad abruma e intimida al fiscal anticorrupción (…). Prefiere pasar por cómplice –al fin son legiones– que ponerse a la altura de las circunstancias y del clamor social de justicia”.

Casi dos años después de haber sido impuesto por la aplanadora del PRI en el Congreso –con el voto en contra de los diputados del PAN, la UDC y el PPC, por su tufo moreirista–, el zar anticorrupción, Jesús Flores Mier, lo único que ha ofrecido son excusas. Aferrado a la sinecura, el fiscal reparte culpas para desviar la atención, eludir su responsabilidad y proteger a quienes deberían estar en prisión. El SEA fue diseñado por quienes endeudaron a Coahuila y desviaron cientos de millones de pesos más a empresas fachada, no para echarse la soga al cuello, sino para jamás ser castigados. En ese sentido, el desempeño de Flores ha sido ejemplar.
15 Mayo 2019 03:24:00
Pinza presidencial
La pinza del Gobierno de López Obrador para pacificar el país, después de un par de sexenios cruentos, la forman los programas sociales y la Guardia Nacional.

Si en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, según el Presidente, “no había una línea divisoria (…) entre delincuencia y autoridad; eran lo mismo, si acaso se podía decir delincuencia común y delincuencia de cuello blanco”, el fundador de Morena se propone atacar las causas de la violencia y no solo sus efectos. En esa línea, la atención a los jóvenes es prioritaria para que la delincuencia deje de “engancharlos”, advierte.

El presidente reprocha a los regímenes neoliberales haber dado la espalda a los jóvenes –“estaban completamente abandonados”, declaró en Veracruz– y etiquetarlos de ninis: “ni estudian ni trabajan”. El ambiente cambiará cuando los programas sociales se consoliden, dice, pues “los grupos de delincuentes se van a quedar sin base social”. Cuando los adultos mayores y las personas con discapacidad reciban pensión, los estudiantes tengan becas y los jóvenes trabajo, la inseguridad bajará, asegura.

Si en el pasado “el problema era la autoridad” y “el Gobierno estaba (…) solo dedicado a facilitar el robo, el saqueo”, y no preocupado por las necesidades del pueblo, la cuarta transformación se coloca en las antípodas: “Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral, porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política.

No somos iguales a los conservadores y a sus voceros. (…) Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado”.

La Guardia Nacional cierra la pinza. Con un ejército de casi 300 mil elementos de las fuerzas armadas, el Gobierno federal retomará el control en los estados cuyas autoridades, en la mayoría de los casos, fueron infiltradas por la delincuencia organizada en los gobiernos de Peña y Calderón. Antes “no había protección para la gente, no había cuerpos de seguridad. No se le permitía ni al Ejército ni a la Marina hacerse cargo de la seguridad pública. (…) Cuando tengamos presencia de la Guardia Nacional en todo el país (…) entonces vamos a garantizar la seguridad pública”, ofreció el Presidente.

Sin embargo, para el director del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, la Guardia Nacional no resuelve la violencia –“puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios”–, como tampoco los programas sociales. “Es al revés, la violencia nos causa pobreza, despilfarro de recursos, corrupción y distracción de autoridades.

Es momento de generar oportunidades de negocio lícito a los pobres de México y fomentar la inversión productiva. México puede crecer a buen ritmo, pero para ello se necesita mejorar la actuación de su Gobierno y regular las drogas. En el Índice de Libertad Económica Mundial salimos muy mal evaluados por el concepto de Gobierno ineficaz y corrupto”.

AMLO está por cumplir seis meses en la presidencia. En ese tiempo era imposible revertir décadas de violencia, corrupción e impunidad. Le restan cinco años y medio para cumplir sus promesas de transformar al país en uno donde imperen la justicia social, la honradez y el estado de derecho. Para Roel, “La mejor manera de hacerlo es con un buen nivel de conciencia que se ubique en la paz y no en la ira, la venganza, la división o los mensajes de guerra.

Tenemos que aceptar la realidad, los datos y probar estrategias inteligentes. La solución no está en la fuerza de las armas, sino en el poder de las buenas ideas”.
14 Mayo 2019 04:01:00
Malos augurios
El presidente López Obrador se halla atrapado en su laberinto retórico. El Índice de la Paz 2018 del Instituto de Economía y Paz (IEP) ubicó a México en el lugar 140 –de 163 países–, por debajo de Irán e India y ligeramente arriba de Palestina, Venezuela y Colombia. El nivel de seguridad de México es “bajo”, según la clasificación. Entre los países más peligrosos del mundo figuran Siria, Afganistán e Irak. En el Gobierno de Peña Nieto, la cifra de homicidios dolosos rondó los 125 mil y en el de Calderón los 103 mil, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año más violento fue 2018 con 33 mil 341 víctimas.

Para el Semáforo Delictivo, los 8 mil 493 homicidios registrados en el periodo enero-marzo son un mal augurio. No obstante que el presidente López Obrador “ha declarado el fin de la guerra que se inició en el 2008 y a pesar de que su Plan de Paz y de Seguridad contempla la regulación de drogas como estrategia de reducción de daños, la guerra contra el mercado de drogas continúa, y con ella, el incremento de los homicidios”, apunta.

Santiago Roel, director del proyecto cuya función consiste en “promover el buen gobierno mediante la presión ciudadana organizada e informada”, advierte: “De continuar así la tendencia, de seguir con esta guerra, este año será el peor que cualquier otro que hayamos vivido”. El Semáforo Delictivo es el tipo de organizaciones que incomodan al Presidente. AMLO ha refutado incluso las estadísticas oficiales sobre la violencia en los primeros meses de su administración.

La mayor escalada proviene de “las ejecuciones en el mercado negro de drogas”. Roel insiste que “mientras no se regulen algunas drogas como la cannabis o la amapola, México seguirá en una tendencia a la violencia alcista. Los mercados no se combaten con fuerza sino con inteligencia económica”. La Guardia Nacional –dice– “puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios porque estos siguen una lógica de lucha por territorios que no se acaba con la presencia de policías, sino con la eliminación del mercado negro a través de la regulación”.

AMLO no prometió, como Fox con respecto al alzamiento del EZLN en Chiapas, resolver la violencia “en 15 minutos”, pero tras las matanzas en Guanajuato, Veracruz, Jalisco y otras entidades, ofreció resultados en los próximos seis meses, plazo demasiado corto frente a la gravedad del fenómeno.

Para abatir la violencia se necesitan, mínimo, dos años. El Presidente culpa a los gobiernos de Calderón y Peña de la situación. “Vamos a mejorar todo lo que está sucediendo. Nos entregaron un país en crisis, un cochinero, pero lo estamos limpiando”.

Según el Semáforo Delictivo, además de los homicidios dolosos, cuyo incremento fue de 10% en relación con el mismo periodo de 2018, en el primer trimestre del año también aumentaron otros delitos de alto impacto como la extorsión (47%) y el narcomenudeo (14%). “Este último es un indicador más de que algunas policías siguen distraídas o involucradas en la guerra contra las drogas en lugar de cuidar a la ciudadanía”, previene.

Con datos del Índice de Paz, el Semáforo señala que el costo per cápita de la violencia en México es de 41 mil pesos anuales. “Estamos destruyendo recursos en una guerra inútil que nos cuesta muchísimo en todos sentidos. Económicamente, crecemos a una tasa muy baja y hay estados muy rezagados”.
13 Mayo 2019 04:01:00
Enemigo de sí mismo
Andrés Manuel López Obrador ha conseguido lo que sus detractores más feroces no han logrado y las oposiciones (PRI, PAN y PRD), abismadas en la derrota de 2018, ni siquiera han intentado: debilitar su imagen, minar su credibilidad y poner en duda su capacidad para dirigir el país. Abril ha sido el peor mes del aún incipiente gobierno. Frente a las reacciones por la violencia rampante, el veto a la reforma educativa a través de un memorándum, el enfrentamiento con sectores y medios de comunicación críticos y los nulos resultados en la lucha contra la corrupción, los signos de exasperación del Presidente más votado y popular son cada vez más evidentes.

“La ley es para las mujeres y para los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley”, dijo en la conferencia del 18 de abril, a propósito de la reforma escolar. El sermón remite a Marcos 2, 23-28: “El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado”. Así replicó Jesús, de acuerdo con el evangelista, a quienes denunciaban a sus discípulos por no respetar la ley (el sábado).

AMLO supedita la Constitución a la justicia, según su interpretación del libro sagrado del cristianismo y de la carta magna. Bajo el mismo criterio, igual puede pasar por encima de todo poder y mandato que se interpongan entre el orden jurídico y su visión del universo. Incluso podría reelegirse (una especie de resurrección sin muerte política previa) como muchos temen, y él niega. El personalismo, la intolerancia y la vena religiosa del Presidente evocan a los ayatolás y a los líderes supremos de los países islámicos cuyos sistemas políticos y legales tienen como código de conducta la sharia.

¿Aspira AMLO a cambiar el Estado laico por uno fundamentalista con mandos civiles? No llegaría tan lejos, pero a veces da esa impresión. Las únicas teocracias en el mundo, organizadas en república o monarquía, son las de Afganistán, Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. El Vaticano es el único de los Estados gobernados por una monarquía electiva teocrática absoluta regida según los principios de la fe cristiana. El Papa ejerce el poder supremo, y de él dependen las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. A diferencia del resto de las monarquías, el cargo, que actualmente ostenta el argentino Jorge Bergoglio, no es hereditario.

Irán (antes Persia) era una monarquía gobernada por el sha Reza Pahlaví, quien se hizo con el poder en 1941 tras fusionar a todas las fuerzas políticas en el Partido del rey. Las reformas de la “Revolución blanca” de Reza tuvieron alcance limitado, pero su política económica propició el enriquecimiento de los grupos vinculados al poder, en perjuicio de una mayoría empobrecida (Wikipedia). En 1979 fue derrocado por la Revolución islámica cuyo dirigente, el ayatolá Ruhollah Jomeini, regresó al país en 1979, una vez consumado el movimiento, para ser proclamado líder supremo de la República Islámica de Irán.

Jomeini publicó, el 14 de febrero de 1989, un decreto religioso (fetua) contra el escritor indio-británico Salman Rushdie por supuestas blasfemias contra el islam y el profeta Mahoma en la novela Los Versos Satánicos (1988). La obra desató protestas en el mundo musulmán, algunas de ellas violentas como la del 24 de febrero del mismo año en Bombay, donde murieron 10 personas y mil 600 fueron heridas. El ayatolá ofreció una recompensa de 3 millones de dólares por la muerte de Rushdie. Jomeini falleció meses después. Rushdie sigue activo, pero la condena continúa vigente.
11 Mayo 2019 04:00:00
Vuelta al pasado
Inspirado en Octavio Paz, poeta y premio Nobel de Literatura 1990, el escritor Jaime Torres Mendoza advierte que una sociedad adoctrinada en el culto al poder forma ciudadanos cuya disciplina y sumisión acaban con la dignidad de la persona. La siguiente es una parte del texto publicado en la edición 613 del bisemanario Espacio 4.

“Somos un país desarticulado que a diario representa una obra ajena a sí mismo, en donde cada personaje intercambia rostros, nombres y actitudes, dejándolos sin la esencialidad de la identidad, donde los escenarios tienen como base constructiva el azar, sin la más mínima relación con la obra representada, arrojando como resultado una decoración que crea la sensación de estar en otro escenario, ajeno y extraño a lo que este país es en su más dolorosa intimidad.

“Hay qué reconocerlo. Este es un país donde la cultura de la sensiblería cultivada y reforzada desde la televisión, casi único medio por el que opta el mexicano para entrarse de lo que pasa en el país, es cosa corriente que nos desbordemos en llanto inconsolable ante los dramas de escenografía que nos presenta la pantalla chica, pero pasamos indiferentes ante las matanzas cotidianas que siembran terror e incertidumbre; nada nos dice la situación de drama de los migrantes utilizados como estrategias políticas para que se acomode el poder; indiferentes somos si nos hablan de las fosas clandestinas que aparecen como yerba mala en campo florido. Y...

“Duele, ¿no es cierto? Pone los pelos de punta saber que en el seno de mi país, los vencidos políticos, los vencidos ciudadanos, los vencidos todos, sometidos por el filo de la espada de la retórica más estrafalaria y vulgar que todos los gobiernos que han administrado el país utilizan como vía de explicación del mundo.

“El ciudadano incompleto, el fragmentado, al que le hicieron pedacitos su conciencia, es el que anda por ahí, dispuesto a comercializar su voto a cambio de la humillante membrecía de los partidos políticos a cambio de una despensa miserable, de un bulto de cemento, de un tinaco, de unas cuantas varillas, de unos bloques, de unos tacos de barbacoa el día de las elecciones para dejar asentado el voto que legitimará el ascenso al poder de un miserable politiquillo con aspiraciones de sanguinario gánster.

“¿No es esto una dolorosísima tragedia al mismo tiempo que una vergonzosa postura ante los hechos que nos agobian?

“Lo es ciertamente. Por eso urge un retorno a nosotros mismos, a nuestro pasado, como quería el creador de El Laberinto de la Soledad; no para revivirlo e imponerlo como sistema de vida y proyecto de nación, sino para que esta vuelta al pasado se convierta en un soporte firme para crear proyectos forjados en el conocimiento real de nuestra multiplicidad de herencias histórico culturales.

“¿Por qué nadie del poder ha leído a Octavio Paz?

“Hoy, pues, tenemos la urgencia de una revuelta, una vuelta al pasado, porque si tenemos un conocimiento pleno de lo que fuimos, estaremos en mejores posibilidades de soportar los embates del exterior y manejar, de la mejor manera posible, los problemas internos, los que nos destruyen; pero, sobre todo, sabremos que buena parte de nuestra situación nos viene de nosotros mismos, de esos males que nos echamos a cuestas cuando elegimos autoridades.

“Conociéndonos, con fundamento en la conciencia, podremos emprender mejores y más firmes proyectos de nación, sin necesidad de los rufianes que nos agobian”.



10 Mayo 2019 04:05:00
El tribunal de la 4T
Enrique Peña Nieto le cerró las puertas de Los Pinos a Jorge Ramos, uno de “los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos”. Seis años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador le abrió las de Palacio Nacional para la conferencia mañanera del 12 de abril. El presentador del Noticiero Univisión –la cadena con mayor audiencia de habla hispana en Estados Unidos y cobertura en 16 países de América Latina– refutó las cifras de asesinatos dolosos en los primeros meses del nuevo Gobierno, y dejó en claro que los periodistas no revelan sus fuentes. AMLO había pedido a Reforma, donde Ramos escribe una columna semanal, decir cómo obtuvo el borrador de la carta enviada a Felipe VI de España para exigir perdón por los abusos de la conquista.

A finales de febrero pasado, Ramos y su equipo de Univisión permanecieron retenidos por dos horas en el Palacio de Villaflores, sede del Gobierno de Venezuela, en el marco de una entrevista interrumpida por el presidente Nicolás Maduro, molesto por los cuestionamientos del periodista y escritor. En México, la relación de AMLO con algunos columnistas y sectores de la prensa (en particular con Reforma) es áspera, pero hasta hoy no se ha llegado a tanto. Sin embargo, a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a otras organizaciones les preocupa el discurso del Presidente, pues puede generar mayor violencia contra el gremio.

En su columna “El presidente no es el jefe de los periodistas”, publicada en su portal el 17 de abril, Ramos dice que las mañaneras son “un extraordinario ejercicio democrático”, pero advierte: “A pesar de la clara apertura periodística (…) López Obrador ha utilizado sistemáticamente ese espacio para desacreditar a reporteros, columnistas y medios de comunicación que lo critican. Les llama “prensa fifí”, entre otros calificativos (como conservadores y deshonestos). Él dice que solo está ejerciendo su “derecho de réplica”. Y lo tiene. (…) Pero las fuertes críticas desde Palacio Nacional (…) son preocupantes en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo».

Ramos reconoce “una gran diferencia” entre los presidentes de México y Estados Unidos: “AMLO aguantó y respondió todas mis preguntas durante la conferencia de prensa en Ciudad de México, mientras que Trump, en 2015, me expulsó con un guardaespaldas en Dubuque, Iowa. (…) Está claro: México no es ni será Venezuela y AMLO no tiene nada que ver con Maduro. Ni con los desplantes racistas y xenofóbicos de Trump. Pero el Presidente de México no tiene por qué descalificar a periodistas que cuestionan su labor; ese es precisamente nuestro trabajo. (…) Así como los periodistas no cuestionamos su legitimidad bien ganada (…) él tampoco tiene por qué recurrir a descalificaciones innecesarias”.

López Obrador juega sus cartas. Las ruedas de prensa matutinas, con preguntas abiertas y algunas presencias incómodas como la de Ramos, eran inimaginables en los gobiernos anteriores. Peña jamás se expuso. Empero, la apertura no es necesariamente democrática. Menos cuando el Presidente impone su criterio, desmiente a las propias fuentes gubernamentales y convierte cada conferencia en tribunal donde juzga a quienes piensan diferente. En Palacio Nacional se enciende cada mañana una pira para los enemigos de la Cuarta Transformación: periodistas, ONG y cualquier tipo de adversario, real o imaginario. El Presidente juega con fuego en un país regado de pólvora.
08 Mayo 2019 03:54:00
El peor Presidente
El periodista Jorge Ramos (Univisión) puso contra las cuerdas a Enrique Peña Nieto, en 2009, cuando el gobernador de Estado de México no supo decir de qué murió su esposa, Mónica Pretelini, el 11 de enero de 2007. “Parecía que era… se me fue el nombre de la… el nombre de la enfermedad puntual”. “Epilepsia”, le ayudó Ramos. “Epilepsia”, asintió Peña. “(Bueno) no era epilepsia puramente… pero sí algo parecido a la epilepsia”.

El político titubea, tiene lapsus y sonríe nervioso según se aprecia en el video disponible en YouTube con 1.1 millón de visualizaciones. (En 2008, Peña ya era pareja de la actriz de Televisa Angélica Rivera (ADNpolítico, 09-02-19) con quien contrajo nupcias el 27 de noviembre de 2010 y de la cual ya se divorció).

En una segunda entrevista con Ramos (febrero de 2011, antes de ser postulado para la Presidencia), Peña buscaba poner punto final a un tema potencialmente tóxico para sus aspiraciones, pero volvió a fallar: «A ver, es absurdo pensar (…) que no sepa de qué murió mi esposa. Fue un lapsus por no poderte decir qué era, que mi esposa sufrió en aquel entonces ataques de epilepsia que habían derivado justamente en eso, en alguna insuficiencia cardíaca”.

El gobernador negó haber tenido participación en el caso. Esa y otras versiones, como la del suicidio, las atribuyó a su posición política y a “contrarios a uno” que las dejaron sonar.

El asunto generó, desde el primer momento, un alud de rumores. Dos días después del fallecimiento, Proceso ofreció una hipótesis en un texto de la Redacción titulado Todo Huele Raro…: “La muerte de Mónica Pretelini, esposa del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, fue por lo menos inesperada y extraña: no aparentaba sufrir ninguna enfermedad grave, las causas que oficialmente provocaron el deceso no acaban de convencer a médicos prestigiados. Pero más rara aún fue la forma en la que personajes e instituciones “todo México”, podría decirse, se volcaron en condolencias. El número de esquelas estableció un récord. Superó, por mucho, a las publicadas, por ejemplo, con motivo de la muerte de personajes como Carlos Hank González y Juan Sánchez Navarro (…).

“Tras la declarada muerte cerebral de la paciente, de inmediato empezaron a circular versiones que sembraron sospechas y dudas sobre la causa de su repentino fallecimiento. Paradójicamente, la muerte de su pareja provocó que Peña saltara a la palestra política con mayor fuerza que antes.

Si bien es cierto que en 2005 dejó de ser un político de limitados alcances locales, el repunte de su fama se debe, en buena medida, a su alianza con Televisa, que desde hace dos años maneja no solo su imagen, sino gran parte de su futuro político con miras a las elecciones presidenciales de 2012”.

Peña no volvió a conceder una entrevista a Ramos. En su columna del 19 de noviembre de 2018 en Reforma (“Peña Nieto: el peor presidente”), el premio Gabriel García Márquez 2017 cita un número preliminar de homicidios dolosos en el gobierno del priista (122 mil 889
https://bit.ly/2LGFnty). “… fue un presidente solo de nombre. (…) confundido, creía que las malas noticias eran una cuestión de imagen y gastó millones en publicidad. Nunca entendió que mil anuncios de televisión no podían evitar una sola muerte.

Ni borrar la agonía de las familias. Los que votaron por Peña, o le ayudaron tramposamente a llegar al poder, son cómplices de haber empujado a la Presidencia a uno de los políticos más incompetentes que haya tenido el país”.
07 Mayo 2019 03:55:00
Lecciones de rebeldes
Donald Trump lo expulsó de una rueda de prensa, el 25 de agosto de 2015 en Dubuque, Iowa, cuando aún no era candidato. “Siéntese, no le he dado la palabra. Vuélvase a Univisión”. Enseguida, un guardia lo sujeta y lo escolta hasta la salida. Después se le permitió regresar a la sala. Jorge Ramos buscaba respuesta sobre la postura antiinmigrante del republicano. “Creo que ni siquiera lo había conocido antes. (…) Se puso de pie y empezó a gritar, así que quizá también él cometió una falta. Obviamente es alguien muy emocional, así que no tengo problemas con su expulsión”, dijo el magnate (El País, 26-08-15).

El 25 de febrero, Nicolás Maduro retuvo a Ramos y a su equipo de Univisión en el Palacio de Villaflores donde era entrevistado. Las autoridades requisaron el material para evitar su transmisión. El periodista mexicoestadunidense narró su experiencia al diario español: “Estuvimos retenidos más de dos horas (…) Tras 17 minutos de entrevista a él no le gustaron las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria (…) y se levantó (…) después de que le mostrara el video de unos jóvenes comiendo de un camión de basura. Inmediatamente después, uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada”.

Ramos y la productora María Guzmán permanecieron encerrados un par de horas en un cuarto de seguridad. Esa misma noche se les permitió regresar a su hotel, custodiado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Al día siguiente fueron deportados a Estados Unidos. En un mensaje a El País, Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, replicó:

“(Ramos) no vino a hacer una entrevista. Vino a insultar y a grabar con cámaras escondidas zonas de seguridad del palacio. Dimos por terminada la entrevista y ya se fueron al hotel”. El mismo funcionario publicó en su cuenta de Twitter: “Por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos”.

Ramos dedicó al tema su columna La Entrevista Que nunca Verás (Reforma, 02-03-19). Con un epígrafe de Julio Scherer (“Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos”, a propósito de la conversación de los actores Sean Penn y Kate del Castillo con el narcotraficante Joaquín Guzmán, en 2015) y los arrestos del fundador de la revista Proceso (contra quien el gobierno de Luis Echeverría urdió una campaña para deponerlo de la dirección de Excélsior, por su línea crítica), el presentador estrella del Noticiero Univisión dice que tras la interrupción de la entrevista le espetó a Maduro: “Eso es lo que hacen los dictadores, no los

demócratas”.

Autor de 11 libros –entre ellos Sin Miedo: Lecciones de Rebeldes–, Ramos inició su carrera en XEW y XEX (radio) en Ciudad de México. A principios de los 80 del siglo pasado emigró a Los Ángeles debido a la censura de su primer reportaje para Televisa. En 1985, cuando el país vivía aún bajo la “dictadura perfecta”, se incorporó a Univisión. La cadena en español pertenece a Univisión Communications, Inc., fundada por Televisa y Venevisión en 1992. En audiencia compite con la cinco principales redes de televisión de habla inglesa en Estados Unidos (Wikipedia).
06 Mayo 2019 04:00:00
Tambores de guerra
El primer enfrentamiento en Saltillo entre la delincuencia organizada y la fuerza pública ocurrió el 4 de marzo de 2011, mientras Humberto Moreira asumía la presidencia del PRI, en Querétaro, tras haber dejado el Gobierno y a Coahuila en una crisis sin fin. El suceso –declaró después– lo desconcentró de su discurso. Quizá aún no dimensionaba los alcances del mensaje.

En los primeros años del moreirato la violencia se concentró en La Laguna, donde la administración cobró caro a la ciudadanía haber votado contra el PRI en Torreón en 2005. Luego se propagó a las demás regiones como fuego en pastizal.

Catorce días después de la balacera en la capital, a la cual seguirían otras más cruentas, Los Zetas cometieron en Allende una de las mayores atrocidades: arrasaron viviendas, asesinaron y familias enteras desaparecieron. En ese tiempo, el cártel había convertido al penal de Piedras Negras en campo de exterminio. El caso de Allende recibió poca atención en México y Coahuila, pero en 2014 se convirtió en escándalo internacional por las investigaciones de algunos medios de comunicación extranjeros. En “Anatomía de una masacre” (2017), ProPublica y National Geographic, describen el horror:

“Los indicios de que algo innombrable pasó en Allende son contundentes. Cuadras enteras, en algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. (...) Esparcidos entre los escombros quedan vestigios raídos y enlodados de vidas destrozadas: zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes. (...) Durante años después de la matanza, las autoridades solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables”.

La guerra contra las drogas no ha terminado, advierte el Semáforo Delictivo en el informe correspondiente al primer trimestre del año. Coahuila figura entre los estados con los menores índices de homicidios después de Yucatán, Campeche, Durango y Aguascalientes. Sin embargo, en narcomenudeo registra la mayor tasa de incidencia con 76 denuncias por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional (14), lo cual resulta preocupante. Las raíces del fenómeno son bastante fuertes y profundas, pues el crimen organizado recibió apoyo y protección del Gobierno a cambio de dinero. La riqueza de algunos funcionarios del docenio, investigados en Estados Unidos, no se explica de otra manera.

Coahuila había sorteado la ola de violencia de los primeros meses del gobierno de López Obrador, pero el tiroteo del 27 de abril, en la colonia Loma Linda de Saltillo, donde murieron nueve presuntos sicarios y dos policías fueron heridos, atrajo la atención nacional antes centrada en Guanajuato y Veracruz, gobernados por el PAN y Morena, respectivamente, por el asesinato de civiles atribuido al crimen organizado.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado deben ser inobjetables y no dejar lugar a dudas, pues, por la posición de los cadáveres, se sospecha de ejecuciones.

Se trata de una coincidencia, pero la víspera de la balacera en Saltillo, el Instituto Estatal Electoral aprobó la creación del Partido Unidos, cuya cabeza visible es Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo y sobrino de los exgobernadores responsables de la ruina del estado. Los tambores de guerra –política y criminal– han vuelto a redoblar.

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