Panamá.- Los presidentes de Colombia, México, Panamá y Guatemala reconocieron que en sus países la delincuencia es un “monstruo” sin límites, que tiene territorios “copados” y amenaza la gobernabilidad, por lo que acordaron profundizar la cooperación entre ellos con la firma de acuerdos jurídicos únicos y el intercambio de información a partir de la Plataforma México.

La Jornada Presidencial de Colombia, Guatemala, México y Panamá contra la Delincuencia Organizada concluyó con un manifiesto de 10 puntos, en el que destaca una condena a todas las formas de violencia y la presencia y acción de grupos armados ilegales, cualquiera sea su origen y motivación.

Decidieron recopilar los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes entre países participantes en combate a la delincuencia organizada, para que suscriban un instrumento jurídico único y abierto a la firma de otros países de la región.

Álvaro Colom, Álvaro Uribe, Felipe Calderón y Martín Torrijos también decidieron estrechar la cooperación para una más efectiva “judicialización” de casos, ya que –según confiaron fuentes gubernamentales de México– se han dado casos, uno reciente en Panamá, de liberación de delincuentes por falta de intercambio de información entre países.

También acordaron aprovechar a corto plazo las infraestructuras y programas de capacitación de los países participantes diseñados para el entrenamiento de personal de combate a la delincuencia organizada, y profundizar el intercambio de experiencias en el desarrollo policial.

Promoverán esquemas de colaboración estrecha entre autoridades migratorias a fin de combatir el tráfico de personas y el uso de documentos falsos y desarrollar mejores controles de identidad.

Hicieron un pronunciamiento especial de respaldo a Guatemala en su esfuerzo contra la delincuencia organizada y en el fortalecimiento de las respectivas instituciones del Estado, e instaron a la comunidad internacional a brindar todo su apoyo a ese país.

Esto, porque en la sesión inaugural Colom, mandatario de Guatemala, pidió no dejar que el crimen sustituya las acciones de gobierno en territorios que, en el caso de su país, están “copados” por la delincuencia.

El deseo del guatemalteco es que se logre equilibrar asimetrías que los países tienen en sus capacidades internas de inteligencia y de fuerzas policiacas militares, y puedan combinar capacidades para ser más fuertes.

Para el guatemalteco, lo importante es alcanzar una victoria sobre esta lacra y reducir así el riesgo de amenaza al sistema de gobernabilidad democrático.

El colombiano Uribe se quejó de que se asocian las políticas de seguridad a las políticas de derecha, cuando son “universales” y representan “un presupuesto para el avance democrático, no un premio al avance democrático”.

Según el colombiano, en la historia de la humanidad se ha visto que las mismas izquierdas requieren de la seguridad para poder ser alternativas, que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos; la seguridad no es apéndice ideológico.

Rechazó que el crimen sea consecuencia social, al señalar que es causa de la problemática social. Añadió que el crimen “no tiene límites, ya que crece en cantidad y en crueldad, no respeta la ley nacional ni internacional, es oportunista, porque muchas veces simula respetar un Estado para poder utilizar una plataforma enorme para delinquir, pero en el momento que se siente incómodo empieza a delinquir contra el Estado donde se instaló”. Reiteró también su oposición a legalizar el consumo de las drogas, porque “de hecho ya lo está”.

Martín Torrijos, anfitrión y artífice de este encuentro, describió los “tentáculos” de la delincuencia organizada, el “monstruo” que tienen por delante.

Señaló, por ejemplo, que el narcotráfico es el más rentable de los crímenes, capaz de asegurar ganancias ilimitadas; la cocaína, por ejemplo, es una mercancía de la delincuencia organizada cuyo mercado es el más universal.

Además encuentra su mejor ambiente en la confusión social, corrompe el principio de autoridad y deteriora la legitimidad jurídica del gobierno, ya que trata de destruir el Estado y la cohesión social.

Por eso advirtió que la delincuencia debe ser tratada como una amenaza para la gobernabilidad democrática, la seguridad del Estado y la sociedad, y llamó a los gobernantes reunidos a conformar un “bloque sólido” para enfrentar el “salvaje enemigo” que acecha a sus países.