Miami, EU.- El cierre de la prisión de Guantánamo y la restricción de las técnicas de interrogatorio a las aprobadas por el manual del Ejército y reconocidas por tratados internacionales plantean dudas para el nuevo gobierno del presidente Barack Obama, opinaron analistas.

Según los expertos, esa nueva política plantea dos preguntas principales: ¿A dónde serán enviados los 245 sospechosos de terrorismo que se encuentran en la actualidad en Guantánamo?, y ¿bajo qué leyes serán juzgados?

“Esa es la papa caliente que le entregan a Obama, y no va a tener más remedio que elegir entre continuar la ficción de que en la guerra las reglas no se aplican, o aplicar esas normas y el estado de derecho de Estados Unidos”, afirmó Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.

“El problema fundamental es que hay que cambiar las leyes, o sea, no violarlas fácticamente. porque no se puede considerar solamente por sospecha que una persona es causante de terrorismo”, agregó.

De los más de 750 prisioneros que han pasado por la prisión de Guantánamo desde su creación en enero de 2002, sólo tres han sido juzgados por comisiones militares, creadas especialmente durante el gobierno del presidente George W. Bush como parte de su política antiterrorista.

Las normas dictadas por el gobierno de Bush permiten mantener en esa cárcel, ubicada en la base naval situada en el oriente de Cuba, a 245 prisioneros aún sin acusaciones formales.

Unos 60 de ellos fueron catalogados como “combatientes enemigos”, con lo que el Departamento de Defensa justifica su detención.

El profesor Dave Glazier, de la escuela de leyes Loyola, en Los Angeles, plantea que para Obama, decidir qué hacer con los prisioneros es mucho más complejo de lo que parece.

Acotó también que su orden presidencial no quiere decir que hayan quedado eliminados los juicios bajo la actual ley de guerra.

Según Glazier, la diferencia es que hay que dar a los prisioneros todas las protecciones que manda la ley, pero muchos de ellos no podrían ser juzgados, precisamente porque su confesión fue generada bajo técnicas cuestionables de interrogatorio.

Una opción, según analistas, sería que el Departamento de Justicia considere como precedente el juicio realizado en Miami en 2007 a José Padilla, el llamado “talibán boricua”, para tratar de resolver la cuestión de los procesos a los detenidos de Guantánamo.

Al igual que los detenidos de Guantánamo, Padilla, ex empleado de Taco Bell, fue detenido en Chicago como “combatiente enemigo” y sujeto a interrogatorios indebidos mientras estuvo detenido en una base naval.

El objetivo era obtener información de lo que el entonces procurador general, John Ashcroft, presentó como un complot coordinado con la red Al Qaeda para detonar una bomba radiactiva “sucia”.

La Fiscalía decidió excluir las declaraciones obtenidas mediante esos interrogatorios, y cambió las acusaciones ante una corte civil por cargos de apoyar al terrorismo por conspirar en Bosnia con redes islámicas antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para lesionar estadunidenses.

La Fiscalía presentó como evidencias contra Padilla la grabación de conversaciones con musulmanes sobre la manera de enrolarse en la “yihad” (guerra santa islámica) y una solicitud para asistir a un campo de entrenamiento de Al Qaeda.

Un jurado civil lo encontró culpable y lo sentenció a 17 años de prisión.

Sin embargo, algunos no ven con buenos ojos la posibilidad de que los prisioneros de Guantánamo, sobre todo los de alta peligrosidad, sean enviados a cárceles comunes y gocen de los mismos derechos constitucionales en los tribunales civiles del país.

Jeff Addicott, director del Centro para Derecho sobre Terrorismo de la Universidad San Marys en San Antonio, cuestionó qué se hará con los 60 detenidos que se supone son peligrosos, pero que no se pueden deportar porque sus países no los reciben.

El representante republicano por Florida, Bill Young, dijo sentir “ansiedad” ante la posibilidad de que esos prisioneros terminen con los mismos derechos constitucionales que cualquier estadunidense, siendo “nuestros enemigos”.

Otro factor que preocupa a los críticos de la medida anunciada por Obama, es que según un informe del Pentágono, por lo menos 61 de los ex prisioneros liberados regresaron a las redes terroristas.

Uno de ellos, Adballah Salih al-Ajmi de Kuwait, liberado en 2005, realizó un ataque suicida en Irak en abril de 2008.