La Paz, Bolivia.- El presidente boliviano Evo Morales reconoció hoy que será difícil implementar la nueva Constitución que de paso al proceso de refundación de Bolivia, mientras en el oriente ya empezaron las invasiones de tierras.

El gobernante se reunió la víspera durante 14 horas con su gabinete en Huajchilla, provincia del departamento de La Paz, y al hacer una primera evaluación dijo a los periodistas que el encuentro no ha sido suficiente.

“Es mucha responsabilidad política”, recalcó al indicar que una vez que sea promulgada la nueva carta magna invitará a los prefectos (gobernadores) de Tarija, Santa Cruz y Beni para recoger sus propuestas a fin de que haya una compatibilización.

Recalcó la importancia de que estos participen para aplicar las autonomías de sus regiones, pero dijo que no va a ser tan fácil porque una nueva Constitución que busca un nuevo Estado y un nuevo país reclama de un trabajo permanente.

Demandó la participación del Congreso (Senado y Cámara de Diputados) para la aplicación de la nueva Constitución al tiempo que descartó una eventual negociación con los sectores de la oposición para modificar el contenido de la carta magna.

Señaló que el pasado domingo, vía referendo, se puso fin al latifundio permitiendo la tenencia de tierras hasta un máximo de cinco mil hectáreas en lugar de las 10 mil que contemplaba la anterior carta constitucional.

Insistió en que el nuevo texto constitucional es “innegociable” ya que fue aprobada por la mayoría de los bolivianos (poco más del 60 por ciento).

De acuerdo al escrutinio realizado por la Corte Nacional Electoral (CNE) al 70.06 por ciento de los votos emitidos en el referendo del domingo, un 59.6 por ciento votó Sí a la propuesta de nuevo texto constitucional y un 40.7 por ciento No.

“No va haber un pacto para revisar, para modificar la Constitución porque la decisión soberana del pueblo se respeta y yo se respetar como gobierno nacional”, enfatizó el mandatario.

Mientras tanto ya se empezaron a reportar invasiones de tierras en las regiones de San Julián y San Ramón, en el departamento de Santa Cruz, donde grupos campesinos empezaron a tomar tierras con diversos cultivos.

El director de Tierras del gobierno boliviano, Cliver Rochas, dijo que no se trata de un avasallamiento, sino de un problema típico agrario donde ninguno de los pretendientes de tierras tiene la intensión de sembrar la violencia”.

Señaló que en toda propiedad rural o urbana un avasallamiento constituye el delito de despojo como ocurre en las tierras propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que fueron tomadas en las últimas horas.