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Publicado el jueves, 29 de enero del 2009 a las 06:00
Saltillo, Coah.- Los poco más de 400 robos denunciados en la ciudad en menos de un mes, alertaron a los diputados locales que exigen a las autoridades policiales actualizar los programas de prevención, combate e investigación del delito.
Carlos Orta Canales, integrante de la Comisión de Fomento Económico, advirtió que desde el año pasado el robo a viviendas, comercios, negocios y vehículos, así como el hurto de cobre y bronce de infraestructura urbana y particular se incrementaron de manera alarmante.
“Se calcula que en Saltillo los robos suman una cantidad aproximada a los 400 en lo que va de este año, esto sin tomar en cuenta los que no se denuncian”.
Manifestó que son varios factores los que contribuyen a incrementar el índice delictivo como el desempleo, la cultura de la no denuncia, el temor a denunciar, la desconfianza en las autoridades policiales, la ausencia de programas de vigilancia y prevención, y las fallas en la investigación e impartición de justicia.
“De los factores detonantes del robo, se puede decir que la falta de programas eficientes de parte de las policías preventivas en cada municipio, y la falta de acciones constantes y eficaces en la investigación y persecución de estos ilícitos son de las causas principales que inciden en su crecimiento y frecuencia”.
“No se trata de echar culpas, ni de colgar la responsabilidad a unos cuantos, todos debemos colaborar en la lucha contra este flagelo que se hace presente cada vez con más frecuencia en nuestras ciudades”, refirió, al presentar un punto de acuerdo para que la PGJE y la Policía Municipal presenten programas contra el delito de robo.
Afirmó que es positivo crear leyes y agravar las sanciones contra los delincuentes, pero también urge replantear la forma de enfrentar la delincuencia.
El diputado panista expresó que el robo menoscaba el patrimonio familiar, vulnera y lesiona la tranquilidad y las víctimas se vuelven desconfiadas y hasta paranoicas por el temor de volver a ser asaltados.
El punto de acuerdo fue aprobado por la Diputación Permanente, lo mismo que otro planteamiento del PAN en el que solicitaron a la PGJE informar sobre los programas instrumentados para prevenir delitos contra menores y a la Procuraduría de la Familia rendir un informe sobre el trabajo que realiza.
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