Monclova, Coah.- Personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, encabezado por Alfonso Villarreal Barrera, presidente del Consejo General del Instituto, impartió la mañana de ayer un curso taller de las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Alfonso Villarreal Barrera, en entrevista reconoció los avances en transparencia que tiene el municipio de Monclova, sede del taller en el cual participaron representantes de municipios de Castaños, Frontera, Nadadores, San Buena, Sacramento y Monclova.

Dijo que el curso tuvo como propósito informar a los municipios de que a partir del 14 de marzo entran en vigor obligaciones adicionales para publicar información, y en septiembre otro paquete de obligaciones que los municipios deben acatar.

Dijo que las reformas son para que los municipios estén más cerca de la población, para que den información cada vez más sencilla, coherente y congruente en las páginas de Internet, que el ciudadano tenga la posibilidad de averiguar cuáles son los servicios que el Municipio presta y cómo se ejercen los recursos públicos.

Detalló que se tienen reformas en varios aspectos, uno es en cuanto a las obligaciones de publicar en la página y la definición de lo que son datos personales.

En cuanto a las obligaciones, explicó que no sólo se tiene que tener acceso, correo electrónico o vínculo en la página para que el administrador esté en contacto con la ciudadanía, sino que ahora tienen obligación de publicar no sólo los viáticos, también los gastos de representación, además de publicar los expendios de venta de alcohol y dónde están ubicados.

También deberán publicar quiénes son titulares de concesiones, concesiones de servicios de transporte y quiénes lo manejan, además de los usos de suelo comercial, industrial, para vivienda, es decir, se complementa la información que se requiere de los proyectos y de los programas de las concesiones, y de las autorizaciones que otorga el propio Municipio.

TRANSPARENCIA SERÁ PARA TODOS

También destacó que a partir de marzo las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que reciben apoyos municipales tienen obligación de informar a los municipios en qué invierten estos recursos.

Así mismo, los municipios tienen que informar el perfil de los puestos de los empleados en los municipios y el currículum comprobable de los servidores públicos, lo que se refiere al desempeño de carácter académico y profesional de servidores públicos, sin que se trate de publicar el domicilio, teléfono, características particulares, porque esos caen en datos personales.

En este caso, el funcionario dijo que el acceso a la información es un derecho pero la protección de datos personales también lo es, y el Instituto debe salvaguardar ambos.

“La propia ley establece que toda la información relacionada con las instituciones dedicadas a la seguridad son datos que se tienen que resguardar”, dijo.

PODRÁN SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS

Al afirmar que no hay vuelta atrás en cuanto a que las entidades públicas tienen que entrarle a la transparencia, Alfonso Villarreal Barrera, presidente del Consejo General del ICAI, informó que a partir de marzo que entran en vigor las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Derechos Personales, el Instituto podrá aplicar sanciones a las dependencias o funcionarios que obstaculicen la transparencia a los ciudadanos.

“Las reformas de ley consideran una serie de sanciones a las acciones que obstaculicen la transparencia a los ciudadanos, que tienen derecho a la información”, dijo el funcionario.

Enumeró que las sanciones que contemplan las reformas a la ley son la amonestación privada, pública, multas que van de 10 a mil salarios mínimos vigentes generales en el Estado y la posibilidad de el que Instituto recomiende que se remueva al servidor público de su puesto porque no apoye la transparencia, sino la opacidad.

“En ese sentido se le da al Instituto un instrumento importante de que pueda hacer uso para que sus servidores públicos estén acordes en coherencia y congruencia con la transparencia, que no es una dádiva gubernamental sino una obligación del gobierno, que es decirle a ciudadanos qué se hace con sus impuestos”, mencionó.

Dijo que para que se aplique la sanción tiene que haber un procedimiento, y que las multas que se apliquen deberán ser pagadas ante los órganos recaudatorios para integrar un fondo de fomento a la cultura.
El funcionario informó que la obligación del Municipio concluye cuando el ciudadano está satisfecho con la información que recibe.

El Municipio tiene la obligación de publicar información que el Artículo 19 le dice que tiene que hacerlo, pero además responder las solicitudes de cada ciudadano; si el solicitante pide copias, le tiene que mandar copias vía integral por Internet con firma autógrafa, escaneadas y documentadas.