Monclova, Coah.- Aunque las investigaciones llevan 90 por ciento de avance en el caso de tortura contra los mili-tares, Sergio Jiménez Morales, agente investigador del Ministerio Público destacó que aún así no puede emitir prejuicios a favor ni en contra de nadie.

“No quiero prejuzgar a nadie, porque todavía nos falta ampliar las declaraciones de algunas personas, pero ya estamos por concluir las averiguaciones y entonces si podemos manifestar abiertamente cuál es el resultado”, destacó.

Señaló que falta atender el caso especial de Herlinda Hernández García, una de las mujeres que no sólo sufrió violación por parte de los militares, sino también sufrir graves consecuencias como abortar días posteriores al 11 de julio del 2006.

Comentó que necesitan los expedientes médicos de esta persona, de quien señaló es necesario contar con toda la documentación y copias electrónicas de las sentencias emitidas por el juez, que a la fecha todavía no se las entregan.

El agente investigador del Ministerio Público explicó que en base a la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Gobierno del Estado, fue lo que propició para que el caso de tortura se abriera y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Explicó que el delito de tortura se aplica cuando un funcionario agrede física y sicológicamente a otra persona.

“El delito se aplica en este caso por ser militares quienes supuestamente torturaron a varias personas, son funcionarios públicos y por este hecho, se abrieron las averiguaciones, pero no puedo prejuzgar a nadie en estos momentos, falta trabajo que hacer y cuando tengamos todo concluido, ahora si daremos a conocer si hay o no delito de tortura”, puntualizó.